B.IA.LEGAL

SCP 1127/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 18 de septiembre de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
18 de septiembre de 2025
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
Paola Verónica Prudencio Candia
Expediente
57380-2023-115-AAC
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

Las accionantes denuncian la vulneración de sus derechos al trabajo, al comercio, a la dignidad y al debido proceso; toda vez que, el 1 de junio de 2023, Cecilia Torrico Nogales -hoy demandada- las desalojó de forma arbitraria del local comercial que le arriendan, junto a su hija y a un guardia de seguridad, colocando nuevos candados y reteniendo los enseres y mobiliario del local, impidiendo que puedan acceder al bien inmueble, sin que exista ningún proceso judicial en el que la propietaria hubiera demandado el incumplimiento del contrato o el desalojo del local. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión resuelve: CONFIRMAR la Resolución 100/2023 de 13 de julio, cursante de fs. 123 vta. a 129 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos que la precitada Sala Constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de amparo constitucional ante las medidas o vías de hecho
  2. III.2. El derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia en sentido amplio, es el derecho fundamental común vulnerado con acciones vinculadas a medidas o vías de hecho
  3. III.3. La labor de la justicia constitucional ante la constatación de denuncias o actos vinculados a medidas o vías de hecho y justicia por mano propia
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1127/2025-S3 Sucre, 18 de septiembre de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de amparo constitucional Expediente: 57380-2023-115-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 100/2023 de 13 de julio, cursante de fs. 123 vta. a 129 vta., dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por María Josefa Herrera Barja y Mariela Lizbeth Mariscal Toledo contra Cecilia Torrico Nogales, “su hija” y Emilio “su guardia de seguridad”.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 30 de junio y el 10 de julio, ambos de 2023, cursantes de fs. 76 a 88; y, 96 y vta.; las accionantes manifestaron lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Durante los últimos doce años arrendaron un inmueble de propiedad de Cecilia Torrico Nogales -ahora demandada-, a través de diferentes contratos, estableciendo un prolongado vínculo contractual sobre el bien inmueble arrendado, constituyendo primero una Estación de Servicio y posteriormente un Restaurante denominado “Al Son de las Brasas”, siendo el último contrato suscrito el “3 de marzo” de 2022. El 1 de junio de 2023, la propietaria ahora demandada, su hija y un guardia de seguridad -codemandados-, irrumpieron en el local y después de un cruce de palabras, procedieron a desalojarlas por la fuerza, mediante acciones de hecho, colocando candados a las dos puertas de ingreso, impidiendo su entrada y embargando de facto todos sus bienes y enseres.

Además de haberlas desalojado y cambiado los candados, procedieron a pintar el frontis del inmueble colocando un letrero de “‘Espacio en alquiler (…) para todo acontecimiento social’’” (sic), quedándose el guardia de seguridad custodiando la parte exterior del lugar. Aspectos verificados por la Notaria de Fe Pública 73, a través del Acta Notarial 42/2023 de 26 de junio. Por otro lado, también sufrieron tratos humillantes y violentos por parte de la hija de Cecilia Torrico Nogales, quien les insultó, profiriendo improperios, mellando su dignidad. Finalmente, señalan que no existe ningún proceso judicial en el que la propietaria hubiera demandado el incumplimiento del contrato o el desalojo del local; por lo que, la prenombrada pretendía hacer justicia por mano propia.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunciaron la lesión de sus derechos al trabajo, al comercio, a la dignidad y al debido proceso; citando al efecto los arts. 21.2, 22, 46, 47, 115 y 117 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitaron se conceda la tutela impetrada, y en consecuencia se ordene: a) El cese inmediato de los hechos que les impiden ingresar a su local comercial; b) La devolución inmediata del local comercial; c) La entrega de los bienes muebles y enseres del Restaurante a través de un inventario notariado; d) A los demandados, no impedir o perturbar la posesión del local comercial arrendado; e) El pago de daños y perjuicios; y, f) Costas y costos.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública virtual el 13 de julio de 2023, según consta en el acta cursante a fs. 115 a 123 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

Las accionantes, a través de su abogado, reiteraron in extenso los argumentos esgrimidos en su demanda tutelar, y ampliándolo, alegaron que: 1) El local era un lugar de cena familiar donde incluso la demandada con su esposo y toda su familia fueron a comer en dos oportunidades; entonces, asombra que siga insultándolas y diga que era un lugar de “prostitución”; 2) La prenombrada, de la noche a la mañana destruyó el negocio que les costó más de once años, coartando el derecho al trabajo, no solo a ellas sino a muchas familias que trabajaban para el funcionamiento del local; 3) Si bien la demandada es “mayor de edad”, no justifica que les impida trabajar y las saque como si fueran sus “peones”, como está acostumbrada a hacer con sus trabajadores; 4) Si dice que fueron malas inquilinas, por qué no actuó conforme a ley; toda vez que, nunca les pasó una carta de desalojo; 5) No le quedaron debiendo, es por eso que firmaron un nuevo contrato en 2022; 6) Hicieron una inversión de más de $us50 000.- (cincuenta mil dólares estadounidenses) en el lote baldío que les alquiló, porque no tenía ni piso; 7) Su negocio de un día para otro fue arbitrariamente cerrado, y no pudieron dar explicaciones a sus trabajadores por el mal actuar de la demandada; 8) Son personas conocidas y responsables, porque tienen una profesión y registro matrícula, están legalmente constituidas y emiten factura a la renta y a los clientes; 9) El local fue destruido, la demandada sacó todos los letreros y los rompió, además “pintarrajeó” todo; 10) Respondieron en forma educada a la demandada porque es “mayor de edad”, fueron tolerantes siendo que ella las humilló; y, 11) En ningún momento fueron malas inquilinas; sino que fueron bien respetuosas por su edad y su enfermedad, pero la demandada se apoderó de todas las cosas del local y las hizo desaparecer, porque éste se encuentra todo desmantelado y vacío.

I.2.2. Informe de la demandada

Cecilia Torrico Nogales, a través de informe presentado el 13 de julio de 2023, cursante de fs. 109 a 112, y en audiencia de garantías, manifestó lo siguiente: i) De acuerdo a la propia acción de amparo constitucional, las mismas accionantes confiesan que tienen firmado un contrato de 1 de febrero de 2022 y que este fenecía el 31 de diciembre de ese año; ii) En el presente caso los derechos invocados son inexistentes; puesto que, al aceptar que su contrato de arrendamiento venció en la indicada fecha, sus supuestos derechos lesionados no existen; iii) La acción de amparo constitucional protege derechos consolidados, no así expectaticios; iv) Las propias peticionantes de tutela indican, expresan y confiesan que no cuentan con un contrato de arrendamiento vigente; por lo que, no se pueden dilucidar esas cuestiones de hecho que tengan que ver con un derecho que no existe; ya que, por voluntad propia de las prenombradas no firmaron uno nuevo, ni ampliaron el plazo, siendo que el mismo documento establecía la forma de ampliación; v) De acuerdo a los argumentos y datos indicados por las propias demandantes de tutela, el contrato de arrendamiento existe; sin embargo, para tener derechos debieron presentar su contrato vigente, no con plazo vencido, además deberían haber cancelado el arrendamiento, considerando que es una persona adulta mayor; vi) Adeudan diez meses de arrendamiento, desde el 1 de agosto de 2022 al 1 de junio de 2023, cuando fue a cobrarles, las impetrantes de tutela no tenían el pago; por lo que, en garantía de esta deuda dejaron varios muebles, con la promesa que pagarían el arrendamiento, aspecto que no sucedió; puesto que, la deuda es de $us10 000.- (diez mil dólares estadounidenses) y también adeudan los servicios de agua y luz; vii) No es posible que refieran que se vulneraron sus derechos, cuando ellas mismas no cumplieron sus obligaciones y con esta acción constitucional, piden evitar el acatamiento de obligaciones contractuales, pretendiendo la tutela de derechos consolidados inexistentes; viii) En la cláusula novena del contrato, se establece claramente que al inmueble no puede darse uso distinto al pactado y al terminar el plazo de dicho contrato, las solicitantes de tutela debían entregar el inmueble con el pago al día del arrendamiento de alquiler que venció -reitera-el 31 de diciembre de 2022; ix) La cláusula cuarta señala que las partes podían pedir la ampliación del término del contrato; empero, las accionantes no hicieron el uso de la misma, sencillamente debido a que no pagaron el arrendamiento, alegando de forma “grosera” que se les estaría vulnerado su derecho al trabajo, cuando una de las obligaciones que tenían para la existencia de su trabajo o negocio, es que estén al día en su canon de arrendamiento; x) No tienen una sola evidencia para que indiquen que existen medidas de hecho, toda vez que, la cláusula novena del contrato regula que este quedará disuelto de pleno derecho, ante su incumplimiento; por consiguiente, no se pude utilizar la vía constitucional, cuando existen mecanismos previstos que las nombradas no cumplieron; xi) El supuesto desalojo arbitrario, no es evidente; puesto que, no existe un contrato vigente y menos el pago de arrendamiento durante diez meses; xii) Las peticionantes de tutela confunden la acción constitucional que es de naturaleza netamente tutelar, por una acción que pretende sustituir el ejercicio de un derecho en la vía judicial; xiii) En su condición de mujer adulta, pide se garanticen sus derechos previstos en el art. 67 de la CPE y normas internacionales; xiv) El contrato firmado fue por un año, para el funcionamiento de una estación de lavadero, dado que tenía la rampla; sin embargo, las impetrantes de tutela deshicieron totalmente el espacio, lo pintaron todo negro afuera y adentro, como si fuese un “prostíbulo”; xv) Firmaron otro contrato de 2019 en la pandemia, y el 2022 se hizo otro que ya venció; xvi) En el mes de enero de 2023 fue a comunicarles que tenía comprador para que desocupen el predio; xvii) Ellas sabían que el contrato era por un año, también les llamó para indicarles que no estaban al día en sus pagos; por lo que, les advirtió que debían pagarle el 31 de mayo -de igual año-, caso contrario, el 1 de junio de ese año pondría candado; y, xviii) Salieron por su propia voluntad, nadie las arrastró, el “hombre que dicen” no trabaja en surtidor, “Emilio” a veces hace limpieza o poda el jardín, o ayuda en las bombas en la noche en el surtidor.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por Resolución 100/2023 de 13 de julio, cursante de fs. 123 vta. a 129 vta., concedió la tutela provisional, disponiendo: a) Que en el plazo de setenta y dos horas, se proceda a la devolución de las llaves para el acceso al local comercial, y que el Oficial de Diligencias juntamente con un Notario de Fe Pública y las partes se apersonen al mismo para que se desarrolle el inventario notariado de los bienes que se encuentran dentro; y, b) En cuanto a la cuantificación de daños solicitados por las solicitantes de tutela, se verán en ejecución de la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, a partir de los elementos de prueba que se generen en la instancia pertinente y se cuenten con los elementos probatorios necesarios para ésta; sin imposición de costa por ser excusable. Decisión asumida bajo los siguientes fundamentos: 1)

A partir de toda la documental, se puede advertir que, el 1 de junio de 2023, la ahora demandada junto con su hija y un tercero, habrían procedido al desalojo de las ahora accionantes del local comercial; hecho que genera convicción que existieron medidas de hecho, más aun, cuando existe un contrato de arrendamiento que de manera taxativa establece en su cláusula novena, que se procederá al desalojo en caso de incumplimiento de los pagos de alquiler, conforme a las previsiones prescritas por los arts. 623 y 628 del Código Procesal Civil (CPC); es decir, que la ahora demandada debió acudir ante la autoridad competente, a efectos que sea la misma, a través de los mecanismos legales pertinentes, la que proceda al desalojo por falta de los pagos del arrendamiento. Es en este contexto, que al no haber ocurrido aquello, se advierte la vulneración de los derechos invocados, producto de las medidas o vías de hecho; lo cual decanta en que, se tenga que otorgar una tutela provisional, pudiendo la demandada acudir ante las instancias pertinentes, para pedir el cumplimiento del contrato o el desalojo de las ahora peticionantes de tutela, pero conforme al procedimiento, en un debido proceso, conforme manda la Constitución Política del Estado y la ley; 2) Respecto a que existirían causales de improcedencia, podrá prescindirse del carácter subsidiario de la acción de amparo constitucional cuando la lesión que se denuncia hubiese sido cometida por medidas de hecho, generándose con ello un abuso de poder, por quien tenga ventaja respecto a otro, y con ello ocasionando la vulneración de sus derechos fundamentales, lo cual no corresponde a la solicitud impetrada por parte de la ahora demandada; 3) Con relación a que la nombrada es una mujer adulta mayor, corresponde precisar que el solo hecho de señalar que es una persona adulta mayor, no le da ningún derecho a aplicar o cometer medidas de hecho; 4) En cuanto a la cuantificación de daños, corresponde precisar que, la jurisprudencia constitucional, ha establecido a la luz del art. 39 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que los daños y perjuicios, pueden comprender la pérdida o disminución patrimonial que haya sufrido la parte damnificada, como consecuencia del acto ilegal cometido en su contra, y los gastos que la recurrente tuvo que efectuar, para lograr la reposición de su derecho conculcado; y, 5) No habiendo sido presentados elementos que sustenten la posibilidad de una cuantificación inmediata de los daños y perjuicios, ocasionados por la vulneración de los derechos de las impetrantes de tutela, es que se deberá estar en ejecución de la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional. En la vía de la aclaración, complementación y enmienda, la demandada pidió se aclare y complemente, respecto a la cláusula cuarta del contrato, por qué razón no se valoró el hecho que el contrato ya estaba vencido y que las solicitantes de tutela, podrían renovar el contrato y no lo hicieron. La aludida Sala Constitucional, declaró no ha lugar a la solicitud impetrada; por cuanto, se tomó como punto de partida el contrato realizado entre las partes, para establecer precisamente la existencia de las vías de hecho; ya que, documentalmente se tiene cuál es el mecanismo que debió utilizarse, una vez cumplido este, o ante su inobservancia por alguna de las partes, frente al mecanismo utilizado por la demandada que no es otra cosa, que haber hecho justicia por mano propia, al haberse apersonado, desapoderado y echado llave al inmueble, utilizado como tienda comercial o restaurante, prescindiendo propiamente de lo que pueda resolverse a través de la justicia ordinaria.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. Cursa Contrato de Arrendamiento de Inmueble de 1 de febrero

de 2022, suscrito entre Cecilia Torrico Nogales -ahora demandada- y María Josefa Herrera Barja y Mariela Lizbeth Mariscal Toledo -hoy accionantes-, sobre un bien inmueble registrado bajo la matrícula computarizada 7011990030795, ubicado en la av. Santos Dumont, Tercer Anillo de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, para el funcionamiento del Restaurant y Centro de Eventos “Al Son de las Brazas”, con un plazo de alquiler hasta el 31 de diciembre del mismo año, o la “…VENTA DEL INMUEBLE cualquiera que ocurra primero…” (sic). En su Cláusula Novena respecto a las multas e incumplimiento y rescisión, señala que: “En caso de incumplimiento en el pago del alquiler por tres meses consecutivos y las correspondientes multas penales, el ARRENDADOR procederá al desalojo del ARRENDATARIO de acuerdo a la previsión establecida por los Arts. 623 y 628 del Código de Procedimiento Civil” (sic [fs. 6 a 7]). Constando el reconocimiento de firmas y rúbricas de 3 de marzo de 2022 (fs. 5). II.2. A través de Acta Notarial 42/2023 de 26 de junio, la Notaria de Fe Pública 73 de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, constituyéndose en el inmueble ubicado en la zona de la av. Santos Dumont, sobre el Tercer Anillo externo y la esquina de la calle Max Fuss 3015; verificó, entre otros hechos, que las peticionantes de tutela exhibieron las llaves de los candados que como inquilinas usaban para ingresar al inmueble, pero cuando intentaron “despegar[los]”, no fue posible abrirlos, indicando las prenombradas que fueron cambiados impidiendo así su acceso al inmueble. Asimismo, se incluye el muestrario fotográfico (fs. 14 a 20). II.3. Consta Disco Compacto (CD) que contiene el video del desalojo de las impetrantes de tutela del local, en el que se tiene el diálogo transcrito en el memorial de demanda de esta acción de defensa, en fs. 83 a 84. Así como videos grabados del registro de las cámaras de seguridad del bien inmueble (fs. 75).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Las accionantes denuncian la vulneración de sus derechos al trabajo, al comercio, a la dignidad y al debido proceso; toda vez que, el 1 de junio de 2023, Cecilia Torrico Nogales -hoy demandada- las desalojó de forma arbitraria del local comercial que le arriendan, junto a su hija y a un guardia de seguridad, colocando nuevos candados y reteniendo los enseres y mobiliario del local, impidiendo que puedan acceder al bien inmueble, sin que exista ningún proceso judicial en el que la propietaria hubiera demandado el incumplimiento del contrato o el desalojo del local. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La acción de amparo constitucional ante las medidas o vías de hecho

La SCP 0084/2019-S1 de 3 de abril, señaló que: «…resulta evidente que existen situaciones en las cuales los derechos fundamentales de las personas se ven afectados ante actitudes de hecho protagonizadas por terceros que buscan imponer una pretendida justicia por mano propia, incurriendo así en medidas de hecho sin considerar la existencia de mecanismos o recursos previstos por ley en los que se deben hacer valer reclamos sobre mejor derecho, o resolver conflictos interpartes. Al respecto, la SCP 0998/2012 de 5 de septiembre, promovió que: “En principio y en el marco de los postulados del Estado Constitucional de Derecho, debe definirse a las llamadas 'vías de hecho', a cuyo efecto, es imperante señalar que la tutela de derechos fundamentales a través de la acción de amparo constitucional frente a estas vías de hecho, tiene dos finalidades esenciales: a) Evitar abusos contrarios al orden constitucional vigente; y, b) Evitar el ejercicio de la justicia por mano propia; en ese orden, a partir de estas dos finalidades y dentro del alcance de los presupuestos de activación de la acción de amparo constitucional como mecanismo idóneo para la eficacia tanto vertical como horizontal de derechos fundamentales, las vías de hecho se definen como el acto o los actos cometidos por particulares o funcionarios públicos, contrarios a los postulados del Estado Constitucional de Derecho por su realización al margen y en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales vigentes para una administración de justicia, afectando así derechos fundamentales reconocidos por el bloque de constitucionalidad, por lo que al ser actos ilegales graves que atentan contra los pilares propios del Estado Constitucional de Derecho, de acuerdo al mandato inserto en el art. 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la acción de amparo constitucional, es un medio idóneo para la tutela eficaz, pronta y oportuna de los derechos fundamentales lesionados como consecuencias de vías de hecho. Ahora bien, en el marco de la definición de las vías de hecho desarrollada precedentemente, corresponde en este estado de las cosas, delimitar los presupuestos de activación de la acción de amparo constitucional frente a vías de hecho, razón por la cual, es pertinente señalar que al ser las vías de hecho actos ilegales graves que necesitan una tutela pronta y oportuna, con la finalidad de brindar una tutela efectiva, es necesario precisar tres aspectos constitucionales esenciales para la activación del control tutelar de constitucionalidad: 1) La flexibilización del principio de subsidiaridad; 2) La carga probatoria a ser cumplida por la parte peticionante de tutela; y, 3) Los presupuestos de la legitimación pasiva, su flexibilización excepcional y la flexibilización del principio de preclusión para personas que no fueron expresamente demandadas…”. Ante la denuncia de medidas de hecho, la citada Sentencia Constitucional Plurinacional sostiene que la carga probatoria debe ser cumplida por la o el accionante, señalando que: “…si bien debe garantizarse para los afectados con vías de hecho una tutela constitucional efectiva y un real acceso a la justicia constitucional, por la naturaleza de estos actos ilegales graves, para asegurar una certeza jurídica y consolidar así la justicia material, debe establecerse deberes o cargas probatorias para la parte peticionante de tutela; en ese orden, para la determinación de las mismas, debe considerarse como punto de inicio que las vías de hecho se configuran por la realización de actos y al margen medidas y en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales vigentes para una administración de justicia, por tanto, la carga probatoria a ser realizada por el peticionante de tutela, debe acreditar de manera objetiva la existencia de actos o medidas, asumidas sin causa jurídica , es decir, en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales establecidos para la definición de hechos o derechos”» (las negrillas nos pertenecen).

III.2. El derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia en sentido amplio, es el derecho fundamental común vulnerado con acciones vinculadas a medidas o vías de hecho

La SCP 0091/2018-S2 de 29 de marzo, señaló que: “En correspondencia con lo anteriormente señalado, la citada SCP 1478/2012, entiende que el desconocimiento de particulares o servidores públicos, que existen mecanismos legales y autoridades competentes en el orden constitucional para la solución de sus conflictos, tiene consecuencias jurídicas como es la fractura del Estado Constitucional de Derecho y la supresión del derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia del afectado, que se constituye en el primer derecho fundamental común vulnerado en acciones vinculadas a medidas de hecho en las cualesquiera de sus formas. Así, en el Fundamento Jurídico III.1.1, establece: El derecho fundamental a la jurisdicción o acceso a la justicia está consagrado en los arts. 115.I de la CPE, 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y se constituye en ‘el derecho protector de los demás derechos’ y, por lo mismo, en una concreción del Estado Constitucional de Derecho. En efecto, es la Constitución, la que determina cuáles son los órganos que tienen la potestad de impartir justicia (art. 179.I, II y III de la CPE) para la oponibilidad de derechos no solamente vertical sino también horizontal, entonces, es reprochable y censurable acudir a acciones vinculadas a medidas de hecho, so pena de excluir arbitrariamente el ejercicio del derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia de la otra parte, quien tiene la seguridad jurídica y certeza (art. 178.I de la CPE) que para la solución de cualquier diferencia, interés o derecho en conflicto, éste será resuelto por una de las jurisdicciones reconocidas por la Constitución. (…) Entonces, si el reconocimiento del derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia, supone una concreción del Estado constitucional de derecho, como instrumento para promover que la solución de conflictos se realice a través de la jurisdicción (sin desconocer otros medios alternativos de solución de conflictos reconocidos por el orden constitucional y legal, como son: la conciliación, la mediación, el arbitraje, entre otros ), para evitar la justicia por mano propia, su exclusión, supone que el primer derecho fundamental común vulnerado en acciones vinculadas a medidas o vías de hecho, es Precisamente el derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia, que no es infrecuente acarree consigo la lesión a otros derechos conexos a partir de su supresión” (el resaltado es ilustrativo).

III.3. La labor de la justicia constitucional ante la constatación de denuncias o actos vinculados a medidas o vías de hecho y justicia por mano propia

La misma SCP 0091/2018-S2, estableció que: “Después del análisis reflexivo del desarrollo jurisprudencial constitucional sobre este tema, es posible reafirmar, que independientemente de la acción de defensa que interponga las medidas justiciables -acción de amparo constitucional, de libertad o popular-, por vulneración a derechos y garantías individuales o colectivos, por actos vinculados a o vías de hecho provenientes de particulares o servidores públicos; de constarse esta situación, la justicia constitucional, otorga: 1) La tutela definitiva, únicamente respecto a la supresión del derecho de acceso a la justicia en un sentido amplio; y, ante la inobservancia y/o fractura del Estado Constitucional de Derecho; y, 2) La tutela provisional y transitoria -con efectos preventivos o reparadores-, con relación al derecho en cuestión -derechos a la propiedad, a la vivienda, al trabajo, a los servicios básicos, etc.-hasta que la jurisdicción competente o el medio alternativo de solución de conflictos, dentro de un debido proceso, defina o en su caso, reafirme su titularidad; distinciones , que inciden en los efectos de la resolución constitucional, como se pasa a reflexionar. En efecto, la tutela provisional y transitoria ante medidas o vías de hecho, puede tener dos alcances y efectos no excluyentes: i) Preventiva y/o ii) Reparadora, a ser analizada en cada caso en concreto. Por ejemplo, ante denuncias de actos vinculados a medidas de hecho que afectan la propiedad o posesión por avasallamientos, una tutela reparadora en el marco de la provisionalidad, puede disponer la desocupación inmediata de la propiedad, incluso con el auxilio de la fuerza pública, librándose a este fin los mandamientos que corresponden, hasta que la jurisdicción competente o el medio alternativo de solución de conflictos, dentro de un debido proceso definido, o en su caso, reafirmar la titularidad del derecho propietario. De ahí, que cesan los efectos de la tutela, que tiene carácter provisional y transitorio cuando la autoridad competente asume conocimiento, y por tanto, se tiene por cumplida en la medida -transitoriedad- de lo determinado. En el mismo ejemplo, una tutela preventiva en el marco de la provisionalidad, puede disponer la prohibición de innovar, de ingreso a la propiedad por parte de los demandados o terceros, cuando la justicia constitucional constate una amenaza potencial inminente y próxima que ponga en peligro el ejercicio del derecho propietario; demostración que no solo es subjetiva, referida al temor del sujeto que ve peligrar su derecho fundamental, sino objetiva y externa, referidas a acreditar las circunstancias que permiten inferir tal peligro, que convalidan la percepción subjetiva; es decir, no opera ante una mera expectativa contingente. Es decir, la tutela -sea preventiva y/o reparadora- en el marco de la provisionalidad, tiene un espacio temporal constitucionalmente y jurisprudencialmente válido de eficacia para la ejecución de una Sentencia Constitucional; que inicia con la notificación legal del fallo a los demandados y/o terceros u otros que incurrieron en medidas o vías de hecho y cesan con la apertura de la jurisdicción competente o el medio alternativo de solución de conflictos, dentro de un debido proceso que defina, o en su caso, reafirme su titularidad; hoy que, se reitera, la protección brindada no es definitiva con relación al derecho sustantivo en cuestión, sino simplemente es de manera provisional y transitoria. La concesión de la tutela únicamente provisional y transitoria, empero no definitiva en actos vinculados a medidas de hecho, se justifica en razón a que el objeto procesal de las acciones de defensa en este tema, no es definir derechos sustantivos, como la titularidad del derecho propietario de la parte accionante, que determine o ratifique, por ejemplo, colindancias, linderos, sobreposiciones sobre el mismo; por el contrario, no niega el derecho a la propiedad privada de los demandados o terceros interesados sobre propiedad urbana o fundos rústicos aledaños, así existe registro en DD.RR. o sentencia judicial, por cuanto excedería la competencia de la justicia constitucional y generaría disfunción procesal y fallos contradictorios, porque, de existir una sentencia judicial proveniente de autoridad competente, es ésta la que tiene todos los mecanismos procesales para hacer cumplir su decisión. Significa que la justicia constitucional no desplaza la competencia definitiva del juez natural para resolver y definir la titularidad del derecho a la propiedad y su ejercicio, sino que brinda una protección urgente encaminada exclusivamente a impedir de manera oportuna la violación irreversible e irreparable de los derechos fundamentales (las negrillas fueron añadidas).

III.4. Análisis del caso concreto

Las accionantes denuncian la vulneración de sus derechos al trabajo, al comercio, a la dignidad y al debido proceso; toda vez que, el 1 de junio de 2023, Cecilia Torrico Nogales -ahora demandada- las desalojó de forma arbitraria del local comercial que le arriendan, junto a su hija y a un guardia de seguridad, colocando nuevos candados y reteniendo los enseres y mobiliario del local, imposibilitando que puedan acceder al bien inmueble, sin que exista ningún proceso judicial en el que la propietaria hubiera demandado el incumplimiento del contrato o el desalojo del local. Al respecto, de los antecedentes venidos en revisión y plasmados en las Conclusiones de este fallo constitucional; se tiene que, cursa un Contrato de Arrendamiento de Inmueble de 1 de febrero de 2022, suscrito entre Cecilia Torrico Nogales -ahora demandada- y María Josefa Herrera Barja y Mariela Lizbeth Mariscal Toledo -hoy peticionantes de tutela-, sobre un bien inmueble registrado bajo la matrícula computarizada 7011990030795, ubicado en la av. Santos Dumont, Tercer Anillo de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, para el funcionamiento del Restaurant y Centro de Eventos “Al Son de las Brasas”, con un plazo de alquiler hasta el 31 de diciembre del mismo año, o la “…VENTA DEL INMUEBLE cualquiera que ocurra primero…” (sic). En su Cláusula Novena respecto a las multas e incumplimiento y rescisión, señala que: “En caso de incumplimiento en el pago del alquiler por tres meses consecutivos y las correspondientes multas penales, el ARRENDADOR procederá al desalojo del ARRENDATARIO de acuerdo a la previsión establecida por los Arts. 623 y 628 del Código de Procedimiento Civil” (sic). Constando su reconocimiento de firmas y rúbricas de 3 de marzo de 2022 (Conclusión II.1). Por otro lado se tiene que, a través de Acta Notarial 42/2023 de 26 de junio, la Notaria de Fe Pública 73 de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, constituyéndose en el inmueble ubicado en la zona de la av. Santos Dumont, sobre el Tercer Anillo externo y la esquina de la calle Max Fuss 3015, verificó entre otros hechos, que las accionantes exhibieron las llaves de los candados que como inquilinas usaban para ingresar al bien inmueble, pero cuando intentaron “despegar[los]”, no fue posible abrirlos, indicando las prenombradas que fueron cambiados impidiendo así su acceso al inmueble. Asimismo, se incluye el muestrario fotográfico (Conclusión II.2). Así también, consta CD que contiene el video del desalojo de las impetrantes de tutela del local, en el que en efecto se tiene el diálogo transcrito en el memorial de demanda de esta acción de defensa en fs. 83 a 84. Así como videos grabados del registro de las cámaras de seguridad del bien inmueble (Conclusión II.3). En ese orden de cosas, a fin de ingresar a analizar la problemática planteada, cabe precisar que conforme la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, para los casos en los que se reclaman medidas o vías de hecho, se debe tener presente que el principio de subsidiariedad característico de esta acción de defensa, se flexibiliza; por lo tanto, la revisión tutelar puede ser activada frente a este tipo de circunstancias sin necesidad de agotar previamente otros mecanismos ordinarios. Consiguientemente, habiendo la parte solicitante de tutela denunciado la existencia de medidas de hecho, que no solamente estarían atentando su derecho al trabajo sino al comercio, a la dignidad y al debido proceso, no es pertinente exigir el agotamiento previo de otros medios o recursos ante este tipo de actos ilegales, por la necesidad de una pronta protección de los derechos invocados. Bajo ese marco, se debe razonar acerca del presupuesto de la legitimación pasiva, debido a la flexibilización excepcional y del principio de preclusión para personas que no fueron expresamente demandadas; por cuanto, no es posible exigir la identificación de todas las personas que incurrieron conjuntamente con la ahora demandada, en la ejecución de las medidas de hecho de 1 de junio de 2023, cuya determinación de cerrar el local comercial que arrendaban las accionantes para el funcionamiento de un local de servicio de comida y entretenimiento, ciertamente les limita el uso, goce y disfrute del mismo, no siendo razonable por estas circunstancias exigir a éstas ante este tipo de actos, la individualización de todos los miembros intervinientes en el hecho, a quienes no se aplica la preclusión procesal, ya que pueden presentarse en cualquier etapa de la presente acción tutelar, inclusive en etapa de revisión ante este Tribunal. En esa línea de análisis, es de importancia sustancial para este caso concreto considerar lo establecido en el Fundamento jurídico III.2 de este fallo constitucional, en relación a que el primer derecho fundamental común vulnerado en acciones vinculadas a medidas o vías de hecho, es precisamente el derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia, que acarrea consigo la lesión a otros derechos conexos a partir de su supresión, siendo reprochable acudir a acciones vinculadas a medidas de hecho, so pena de excluir arbitrariamente el ejercicio del derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia de la otra parte, quien tiene la seguridad jurídica y certeza que para la solución de cualquier diferencia, interés o derecho en conflicto, éste será resuelto por una de las jurisdicciones reconocidas por la Norma Suprema. Ahora bien, conforme los argumentos esgrimidos previamente, se evidencia la existencia de medidas de hecho asumidas por la parte demandada, mediante el colocado de nuevos candados a los ingresos al bien inmueble de la demandada Cecilia Torrico Nogales, quien, si bien es la propietaria del mismo, dio el predio en calidad de alquiler a las accionantes, para el funcionamiento del local “Al Son de las Brazas” -conforme señala el contrato (Conclusión II.1)-; en tal sentido, de manera autoritaria ejecutó la determinación de impedir el ingreso de las prenombradas a su negocio, valiéndose de acciones ilegales y arbitrarias con el fin de lograr el pago de las mensualidades que presuntamente le adeudaban; ya que, de lo expresado en la audiencia de garantías, se entiende que la finalidad de este cierre de puertas, era el pago del canon de alquiler adeudado. Así, el colocado de los nuevos candados imposibilitando el ingreso de las peticionantes de tutela, fue realizado bajo la figura de medidas de hecho; es decir, desconociendo y prescindiendo de las instancias legales y procedimientos existentes en el ordenamiento jurídico, de forma directa y haciendo uso de poder -conforme se tiene de las grabaciones del CD-frente a las mencionadas, ocasionando un perjuicio a las mismas, por ser el local, su fuente de ingreso y laboral de su personal de atención, mereciendo la tutela inmediata que brinda el instituto de la presente acción constitucional en forma provisional y transitoria. Debiendo en todo caso las partes, llegar a las instancias reconocidas por ley para que en su caso se determine si corresponde el desalojo de las impetrantes de tutela por la presunta falta de pago de alquileres; esto en razón a que, debido a la naturaleza jurídica de la presente acción tutelar, cuando se reclaman medidas de hecho, la tutela es provisional, en consonancia a lo consignado en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que concluye que la tutela de derechos en el marco de la provisionalidad, tiene un espacio temporal constitucionalmente y jurisprudencialmente válido de eficacia, que inicia con la notificación legal del fallo a los que incurrieron en medidas o vías de hecho y cesa con la apertura de la jurisdicción competente o el medio alternativo de solución de conflictos, que dentro de un debido proceso -el que también fue transgredido en el caso por las razones anotadas-defina, o en su caso, reafirme su titularidad; por cuanto, la protección brindada no es definitiva con relación al derecho sustantivo en cuestión, sino simplemente es de manera provisional y transitoria, en tanto el conflicto principal se resuelva en las vías pertinentes; en este caso, como expresamente lo señala el Contrato en su cláusula novena. En ese mismo sentido, con relación a que la demandada hubiese conculcado el derecho al trabajo de las peticionantes de tutela, previsto en el art. 46 de la CPE, el cual fue desarrollado por la SC 0051/2004-R de 1 de junio, reiterada por la SCP 0421/2012 de 22 de junio, entendiéndolo como: “…la facultad que tiene la persona para desarrollar cualquier actividad física o intelectual tendiente a generar su sustento diario, así como el de su familia…”; corresponde referir que, en efecto se evidencia la lesión de este derecho como emergencia de las medidas de hecho asumidas, derivadas -se reitera- de la pretensión de hacer cumplir el pago del canon de alquiler expresado en el contrato; por cuanto, al haber restringido el ingreso o acceso al local comercial precedentemente citado, les impidieron realizar su trabajo -dedicado a la atención de comensales-; más aún, tomando en cuenta que con esa actividad generan empleos para otras personas de servicio. En concordancia con lo anterior, respecto al derecho al comercio reclamado, la jurisprudencia constitucional, a través de la SCP 0348/2012 de 22 de junio, haciendo mención a los derechos que la ley otorga a quienes ocupan un inmueble en virtud de un contrato de arrendamiento, ya sea para fines de vivienda o para desarrollar sus actividades laborales o de comercio, concluyó que: “En síntesis, no es compatible con la normativa legal vigente y menos con la doctrina y jurisprudencia constitucional, que los propietarios de bienes inmuebles dados en arrendamiento ya sea para fines de vivienda o para el desarrollo de actividades comerciales o laborales, perturben la posesión pacífica o bien acudan al ejercicio de vías de hecho, haciendo justicia por mano propia con el objetivo de desalojar de manera extrajudicial a los locatarios, para lo cual, deben acudir a las instancias legales pertinentes a efectos de lograr la desocupación de los ambientes, previo cumplimiento de requisitos normativos” (el resaltado es ilustrativo). En ese marco, considerando que la actividad que realizaban las accionantes, comprendía el comercio de comida, en el local que arrendaban y del cual fueron desalojadas por la parte demanda con medidas de hecho, también se acredita la vulneración del derecho invocado. Con relación al derecho a la dignidad, la SC 0483/2010-R de 5 de julio, afirmó que: “…el art. I de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DHDH), señala que: ‘Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros’. La dignidad personal, implica reconocer al otro como otro yo, y al Estado, le corresponde reconocer, garantizar y promover la dignidad y los derechos humanos, desechando los obstáculos que se oponen a ello, su acatamiento es la base del Estado de Derecho. Definir la dignidad de la persona no es posible, sólo podemos apreciar su vulneración, la que se concreta cuando se perturba, amenaza o priva de los derechos esenciales a la persona, o se denigra o humilla, cada vez que se discrimina. De esta forma, la dignidad de la persona, constituye una realidad ontológica constitucional, siendo la esencia y fundamento de los derechos humanos…” (las negrillas fueron agregadas). Tomando en cuenta esta definición y de la revisión de los antecedentes, en concreto el CD descrito en la Conclusión II.3 de este fallo constitucional, se puede advertir la forma de desalojo de las impetrantes de tutela por la hija de la demandada, que sale de los cánones del respeto fraterno que debe existir entre personas, con el uso de palabras soeces y subidas de tono, que demuestran un trato que afecta el derecho alegado como lesionado. Conforme a los razonamientos precedentemente expuestos, corresponde conceder la tutela provisional y transitoria en cuanto a las medidas de hecho asumidas contra la parte accionante, en relación a todos los derechos denunciados como vulnerados, hasta que la jurisdicción competente o medio alternativo de solución de conflictos, dentro de un debido proceso, defina lo que en derecho corresponda.

Por otra parte, respecto a las solicitudes de condenación de pago de daños y perjuicios, costas y costos; de acuerdo al art. 39.I del CPCo, las accionantes podrán acudir ante la Sala Constitucional, a efectos que determine lo que corresponde conforme a ley. En consecuencia, la Sala Constitucional, al haber concedido la tutela impetrada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión resuelve: CONFIRMAR la Resolución 100/2023 de 13 de julio, cursante de fs. 123 vta. a 129 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos que la precitada Sala Constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1127_2025-S3.pdf · páginas 1 a 16.

Huella digital del PDF (SHA-256): 4e08edeb71b1c46cfa737126e76d8a59a2551d32f29c77e0255c1d202c3f659e

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