B.IA.LEGAL

SCP 1126/2026-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera Especializada · 9 de julio de 2026

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera Especializada
Fecha
9 de julio de 2026
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Expediente
58539-2023-118-AAC
Departamento
Oruro
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante, denuncia la vulneración a su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, seguridad jurídica vinculado al principio de legalidad; puesto que, el Vocal hoy accionado por Auto de Vista 286/2023 de 11 de septiembre, confirmó el Auto Interlocutorio 640/2023 de 1 igual mes y año, emitido por el Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de Oruro, que dispuso mantener la detención preventiva del accionante, fundamentando su decisión en el informe falso vertido por Secretaría del citado Juzgado; por cuanto, de· los antecedentes del proceso se establece que la acusación formal fue presentada fuera del plazo y no cursaba en despacho.

En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) La fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso; y, b) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 93/2023 de 20 de septiembre, cursante de fs. 41 a 47 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso
  2. III.2. Análisis del caso en concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1126/2026-S1 Sucre, 9 de julio de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional Expediente: 58539-2023-118-AAC Departamento: Oruro En revisión la Resolución 93/2023 de 20 de septiembre, cursante de fs. 41 a 47 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Grover Chiara Quispe contra Daniel Rolando Copa Roque, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante, por memorial presentado el 15 de septiembre de 2023, cursante de fs. 15 a 20, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona por la presunta comisión del delito de abuso sexual, previsto y sancionado por el art. 312 del Código Penal (CP), mediante Auto Interlocutorio 13/2023 de 3 de junio, se dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de Oruro, fijándose audiencia de situación jurídica para el 1 de septiembre de 2023.

Posteriormente, el 1 de septiembre de 2023 a las 14:30 horas se instaló la audiencia de situación jurídica, en la que mediante Auto Interlocutorio 640/2023 de igual mes, se dispuso continuar con la detención preventiva a pesar de la ausencia formal del requerimiento de acusación dentro del plazo establecido; determinación, contra la que planteó recurso de apelación incidental; instancia, que por Auto de Vista 286/2023 de 11 del mismo mes, emitido por el Vocal ahora accionado que lo declaró improcedente y en su mérito confirmó el Auto Interlocutorio 640/2023, dando por bien hecho lo realizado por el Juez de primera instancia, que reconoció la data de la presentación de la acusación formal; empero, no aplicó lo establecido por el art. 233 del Código de Procedimiento Penal (CPP), versando su fundamento en el informe falso vertido por la Secretaria, cuando de los mismos antecedentes del proceso se establece que la acusación formal fue presentada fuera de plazo, no cursaba en despacho y recién cuando se dictaba la resolución se remitió por Gestoría dicha documental, expresando que el interés superior del menor tiene mayor prevalencia, lo que generó la vulneración de sus derechos. Expresó que el principio de informalidad no opera de oficio cuando ni la defensa ni el Ministerio Público solicitaron la aplicabilidad de este principio, tampoco debe ser mal utilizado cuando existe falta de cumplimiento a los plazos establecidos conforme a la norma, en franca vulneración a la aplicabilidad del principio de legalidad.

I.1.2. Derechos, garantías y principios supuestamente vulnerados

El accionante, denuncia la vulneración a su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, seguridad jurídica vinculado al principio de legalidad; citando al efecto los arts. 115, 178, 180 de la Constitución Política del Estado (CPE), 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y, en consecuencia, se ordene la nulidad del Auto de Vista 286/2023 de 11 de septiembre, debiendo el Vocal hoy accionado emitir una nueva resolución en respeto a los derechos y garantías constitucionales.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 20 de septiembre de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 36 a 40 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de la acción de amparo constitucional, y ampliándolo; manifestó que: a) En lo referente a los fundamentos del Auto de Vista 286/2023 en el párrafo tercero, el Vocal ahora accionado reconoció que la acusación llegó de forma extemporánea al despacho, también efectuó una relación de los antecedentes esgrimidos por el Juez de primera instancia y concluyó denegar bajo el entendido que la secretaria de su despacho hubiese informado que bajo el sistema Justicia Libre 1 (JL1), la acusación formal ya existiría en el despacho; sin embargo, no fue razonable porque la Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de Oruro, al momento de informar tiene la obligación de generar elementos de prueba, y en esta oportunidad no existía alguna impresión que demuestre que la acusación formal se encontraba en el despacho; b) También utilizó el principio de informalidad, valoración y compulsa de derechos constitucionales, si bien pesan más los derechos de la víctima; empero, no se debió confundir que la aplicabilidad del derecho objetivo o sustantivo sea factor de afectar al derecho objetivo, si bien bajo jerarquía constitucional la menor de edad tiene todo el derecho a la tutela judicial efectiva, tampoco no es prudente aplicar el principio de informalidad a la negligencia asumida por el Ministerio Público, que tuvo tres meses para presentar su acusación formal y no lo hizo, sino tardíamente para querer salvar la situación jurídica; y, c) Si bien la referida Secretaria reconoció que la acusación se presentó de forma extemporánea; sin embargo, bajo parámetros de legalidad ese elemento no fue mostrado por la nombrada, fue simplemente un informe que no tenía fundamento.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

Daniel Rolando Copa Roque, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, mediante informe presentado el 20 de septiembre de 2023, cursante de fs. 28 a 29, manifestó que: bajo los siguientes fundamentos: 1) De antecedentes se tiene que se señaló audiencia de consideración de situación jurídica para el 1 de septiembre de 2023 a las 14:30 horas; y, del informe de la Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de Oruro, se evidenció que se presentó la acusación formal, si bien no fue antes de la audiencia, sino con cinco minutos de retraso, que se puso en conocimiento de los sujetos procesales, cuando la referida Secretaria informó al inicio de la audiencia: “‘... del sistema inter operativo se encuentra una acusación... ”’ (sic) para luego conceder la palabra al Ministerio Público, que refirió que en “la fecha” fue formulado contra el imputado un pliego acusatorio, que ya se encontraba en el sistema inter operativo del Sistema JL1 y el descargo estaba siendo remitido por la Gestoría; motivo por el que solicitó mantener la detención. Una vez terminada la intervención del Ministerio Público, nuevamente la mencionada Secretaria, indicó lo siguiente: “‘…acaba de llegar la acusación formal en físico y un memorial de aplicación de detención preventiva por la parte victima…”’ (sic) siendo ese el informe que se presentó por Secretaría, lo vertido por el representante del Ministerio Público, la víctima, representación de la “DIO” y finalmente la parte imputada, entonces mal se pudo referir que existió una vulneración al debido proceso, cuando se puso en conocimiento de todos los sujetos procesales la presentación de la acusación formal; 2) Diferente hubiese sido que el informe presentado por la Secretaria del despacho y lo referido por el Ministerio Público, no fuera cierto y no hubiera llegado ese día la acusación formal, claramente se estableció del ticket electrónico, la fecha y hora de presentación de la acusación formal, si bien tardaron en remitir unos minutos; empero, se acreditó por el cargo de recepción de 1 de septiembre de 2023 a las 14:39 horas; por lo que, lo referido por el Ministerio Público tuvo sustento; 3) Bajo el principio de verdad material establecido por el art. 86.11 de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, se debe considerar la verdad de los hechos sobre la formalidad pura y simple; asimismo, el art. 4.11 de la misma Ley, señala que no se exigirá el cumplimiento de requisitos formales o materiales que entorpezcan el proceso, bajo esos lineamientos, el Juez de primera instancia dispuso mantener la detención preventiva que fue ratificada por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justica de Oruro; y, 4) Cuando se trata de un ilícito de orden sexual hacia una mujer, se tiene una doble protección al tratarse de una menor de edad, como refieren los lineamientos establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los arts. 60 y 61 de la CPE; por lo que, al estar debidamente fundamentado y motivado el Auto de Vista 286/2023, correspondía en consecuencia a la parte imputada para poder acceder a la libertad, enervar los riesgos procesales que se encuentran latentes.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, mediante Resolución 93/2023 de 20 de septiembre, cursante de fs. 41 a 47 vta., denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos: i) El Auto de Vista 286/2023, contiene en el punto I, los antecedentes con relevancia jurídica, en el punto II.1 los fundamentos del agravio de la parte imputada, así también transcribió los fundamentos esgrimidos por el Ministerio· Público. En el II.2, se refirió a la contestación de la representación Fiscal, los fundamentos del agravio y en el III.1, hizo una transcripción de los fundamentos de la resolución, el art. 398 del CPP, y luego, el análisis del caso concreto en el III.2 que de su lectura se evidenció que la resolución de alzada estaba debidamente fundamentada, porque explicó las razones al accionante del por qué se validó la acusación presentada por la Fiscalía; además, le señaló en un razonamiento lógico, que no existía norma taxativa que prohíba la presentación de la acusación formal en el transcurso de la audiencia; ii) Bajo el principio de verdad material, en específico del acta de audiencia de situación jurídica, la secretaria de ese despacho señaló: “...para el verificativo de la presente audiencia se han cumplido con las formalidades legales, se encuentra presente el representante del Ministerio Público, se encuentra presente el Abogado de la víctima sin la víctima; asimismo, se encuentra presente el imputado Grover Chiara Quispe, asistido de su defensa técnica, asimismo informar a su digna autoridad Señor Juez, el Sistema Inter Operativo, se encuentra una Acusación presente Señor Juez” (sic); de lo que se establece que la Secretaria del Juzgado cumplió con los actos formales que establece la Ley del Órgano Judicial de informar a su inmediato superior sobre la existencia en sistema de la acusación formal, y debe tomarse en cuenta que los actos emitidos por los funcionarios públicos son considerados como existentes entendiendo que son realizados bajo el principio de buena fe, pudiendo acudir a la vía disciplinaria si considera que no existía aquel acto; iii)

Posterior a ello en la misma acta, nuevamente con la palabra la Secretaria del Juzgado, respondió: “Señor juez, acaba de llegar la acusación formal en físico y un memorial de ampliación de la detención preventiva por parte de la víctima” (sic) y a objeto de verificar la existencia o no de aquella acusación formal se puede establecer del cuaderno procesal, la presentación de la acusación formal a “fs. 4” presentada por Ronald Martin Vargas Montaño que lleva fecha de recepción 1 de septiembre de 2023 a las 14:35:42 horas, lo que quiere decir, que se presentó cinco minutos después del inicio de la audiencia y bajo el principio que el derecho sustancial está sobre el formal y tomándose en cuenta la prevalencia de los derechos sustanciales esta formalidad, no podía sobrepasar los derechos que tenía la víctima; iv) El Auto de Vista dio respuesta al agravio denunciado por el accionante, porque refirió que esos cinco minutos son excusables y que además no era imprescindible que sea presentada antes de la audiencia la acusación, que no existía norma taxativa que señale aquel extremo y la víctima pertenece a un grupo de protección reforzada; y, v) El Auto de Vista 286/2023, estaba debidamente motivado y fundamentado; ya que, expresó las razones por las que se asumió aquella decisión; por lo que, no vulneró los derechos y garantías del accionante.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Asimismo, por Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución a Comisión de Admisión de los expedientes sorteados a los Magistrados cesados que se encontraban pendientes de resolución a efecto de que se realice un nuevo sorteo, con la finalidad de que los actuales Magistrados asuman conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del término legal establecido. Mediante decreto constitucional de 13 de mayo de 2026, cursante a fs. 57, se dispuso la suspensión de plazo para la emisión de la correspondiente resolución a efectos de recabar documentación complementaria, reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el decreto constitucional de 8 de julio del citado año, cursante a fs. 61; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del término legal.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. Cursa Acta de registro de audiencia de situación jurídica de 1 de septiembre de 2023, que se inició a las 14:30 y concluyó a las 15:07 horas, emitiéndose el Auto Interlocutorio 640/2023 de igual fecha, por el Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de Oruro, que dispuso mantener la detención preventiva del imputado Grover Chiara Quispe -ahora accionante- en el Centro Penitenciario San Pedro de Oruro, remitir la acusación en el plazo establecido; posteriormente, se advirtió que el abogado del nombrado interpuso recurso de apelación; por lo que, el Juez de la causa ordenó la remisión de antecedentes ante el Tribunal de Alzada (fs. 8 a 14). II.2. Consta Requerimiento conclusivo de acusación formal presentado por el Fiscal de Materia el 1 de septiembre de 2023 a las 14:35 horas ante el Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del Departamento de Oruro contra el accionante, registrando en los datos de la víctima y denunciante a su hijastra adolescente de doce años (fs. 30 a 35 vta.). II.3. Mediante Auto de Vista 286/2023 de 11 de septiembre, emitido por Daniel Rolando Copa Roque, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro -ahora accionado- declaró improcedente el recurso de apelación incidental planteado por el accionante y en su mérito confirmó el Auto Interlocutorio 640/2023 (fs. 3 a 7).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, denuncia la vulneración a su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, seguridad jurídica vinculado al principio de legalidad; puesto que, el Vocal hoy accionado por Auto de Vista 286/2023 de 11 de septiembre, confirmó el Auto Interlocutorio 640/2023 de 1 igual mes y año, emitido por el Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de Oruro, que dispuso mantener la detención preventiva del accionante, fundamentando su decisión en el informe falso vertido por Secretaría del citado Juzgado; por cuanto, de· los antecedentes del proceso se establece que la acusación formal fue presentada fuera del plazo y no cursaba en despacho.

En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) La fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso; y, b) Análisis del caso concreto.

III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso

La SCP 0994/2025-S1 de 27 de agosto, sobre el particular establece que: “La SC 0752/2002-R de 25 de junio, señala que: …el derecho al debido proceso, entre su ámbito de presupuestos exige que toda resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma. Que consecuentemente cuando un juez omite la motivación de una resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el citado derecho que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido; o lo que es lo mismo cuál es la ratio decidendi que llevó al Juez a tomar la decisión”.

La SC 1365/2005-R de 31 de octubre, aclaró los alcances del debido proceso y la exigencia referida a la necesidad de fundamentar y motivar las resoluciones, al establecer que: “…es necesario recordar que la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió” .

III.2. Análisis del caso en concreto

El accionante, denuncia la vulneración a su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, seguridad jurídica vinculado al principio de legalidad; puesto que, el Vocal hoy accionado por Auto de Vista 286/2023 de 11 de septiembre, confirmó el Auto Interlocutorio 640/2023 de 1 igual mes y año, emitido por el Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de Oruro, que dispuso mantener la detención preventiva del accionante, fundamentando su decisión en el informe falso vertido por Secretaría del citado Juzgado; por cuanto, de· los antecedentes del proceso se establece que la acusación formal fue presentada fuera del plazo y no cursaba en despacho. Al respecto, de los antecedentes procesales que cursan en el cuaderno procesal, se advierte que en el proceso penal seguido contra el accionante por la presunta comisión de delito de abuso sexual, el Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de Oruro, por Auto Interlocutorio 413/2023 de 3 de junio, dispuso su detención preventiva como medida de carácter personal por el plazo de tres meses, señalando audiencia de situación jurídica para el 1 de septiembre de igual año (Conclusión II.1.); fecha en la que, instalada la audiencia a las 14:30 horas, la Secretaria del citado Juzgado, informó a la autoridad jurisdiccional que del “…sistema inter operativo se encuentra una acusación…” (sic), concediendo el uso de la palabra al representante del Ministerio Público, quien ratificó la presentación de la acusación formal ese día en el Sistema JL1, momento en el que se recepcionó el memorial del pliego acusatorio y escrito de la víctima solicitando la ampliación de la detención preventiva del accionante; circunstancia por la que, el Juez de la causa ante la acusación formal formulada, por Auto Interlocutorio 640/2023, dispuso mantener la detención preventiva del accionante, quien contra dicha decisión planteó en la misma audiencia recurso de apelación incidental; instancia que, mediante Auto de Vista 286/2023 de 11 de igual mes y año, emitido por la Sala Penal Tercera del Tribunal departamental de Justicia de Oruro, lo declaró improcedente y en su mérito confirmó el Auto Interlocutorio 640/2023, apelado, que es impugnado por el accionante. Planteada la problemática y dentro del contexto señalado, lo que se cuestiona a través de presente acción tutelar es la falta de fundamentación y motivación del Auto de Vista 286/2023, emitido por el Vocal ahora accionado; siendo por ello, necesario remitirse a los puntos expuestos como agravios en el recurso de apelación y que fueron establecidos en la resolución impugnada, habiendo al efecto alegado el accionante que: 1) En el proceso penal seguido en su contra, el Juez de la causa dispuso su detención preventiva como medida cautelar de carácter personal por el plazo de tres meses, señalando audiencia de consideración de su situación jurídica, para el 1 de septiembre de 2023 a las 14:30 horas, sin que hasta esa fecha y hora, el Ministerio Público hubiese presentado el pliego acusatorio; sin embargo, luego de ser instalado el actuado procesal a la hora fijada, la Secretaria del Juzgado informó al Juez de la causa que el Fiscal de Materia habría presentado la acusación formal a las 14:35 horas, la que fue tomada en cuenta para que dicho Juez disponga que continúe su privación de libertad, argumentando la verdad material contraviniendo de esta manera el principio de legalidad, del debido proceso como el derecho a la seguridad jurídica y la igualdad de las partes; ya que, el Ministerio Público no fundamentó ninguna ampliación de su detención preventiva, y, 2) El Juez de la causa, incurrió en incongruencia; puesto que, no obstante de manifestar que el Ministerio Público dejó vencer el plazo de tres meses para la presentación de la acusación, la admitió; por lo que, solicitó se declare procedente el recurso de apelación incidental planteado y se proceda a la cesación de la detención preventiva en cumplimiento del art. 239.2 del CPP, determinando las medidas cautelares, entre ellas, la detención domiciliaria, tres garantes, fianza económica, arraigo y presentación de dos veces por semana ante la autoridad que corresponda. Al asumir conocimiento de la apelación incidental, el Vocal ahora accionado, emitió el Auto de Vista 286/2023, declarándolo improcedente y en su mérito, confirmó el Auto Interlocutorio 640/2023, quedando el mismo firme e incólume, con los siguientes fundamentos: i) Revisado el Auto Interlocutorio impugnado, se verificó que el Juez de la causa, ante el informe presentado por la Secretaria del Juzgado que la acusación formal contra el imputado se presentó ese día a las 14:35 horas, señaló que si bien podría observarse que ello recae en defecto absoluto al haber fenecido el plazo de su presentación a las 14:30 horas, y la víctima ante esa ausencia de acusación presentó memorial solicitando la ampliación del plazo de la detención preventiva dispuesto; no es menos evidente que la Ley 348 protege al sector vulnerable como es la víctima de doce años de edad, no pudiendo aplicarse otra normativa preferente a la señalada; ya que, tampoco se solicitó la cesación de la detención preventiva por la parte imputada, quien peticionó solo el control jurisdiccional para anular la acusación formal; sin embargo, en el presente caso presentada la acusación y efectuando la ponderación de derechos, se tuvo en cuenta que el derecho de acceso a la justicia de una menor de edad pesa más; por lo que, no se vulneró los derechos del sindicado; por cuanto, el Ministerio Público cumplió con la emisión de la acusación en el plazo solicitado considerando el principio de informalidad y la aplicación preferente de la Ley 348 en delitos de violencia contra estos sectores vulnerables que merecen una protección reforzada; señalando al respecto como Tribunal de alzada, que fue correcto el análisis lógico del Juez de la causa, quien consideró el informe de la Secretaria del juzgado respecto a la presentación de la acusación formal contra el imputado; por lo que, dicho Juez actuó conforme a la normativa procesal penal; ii) Se estableció que el Ministerio Público al presentar la acusación formal, dispuso que continúe la detención preventiva del imputado; puesto que, a partir de ese momento podía acceder a la libertad con base a enervar los riesgos procesales; y, iii) No existe una norma procesal penal que establezca taxativamente que la presentación de la acusación debe ser antes de la audiencia de situación jurídica procesal del imputado; por lo cual, la decisión del Juez de primera instancia fue resultado de haber tomado en cuenta la presentación de la acusación formal y el derecho de la víctima que es una menor de edad; además, que aplicó el principio de informalidad y la verdad material; en virtud, a que tratándose de los derechos de la niñez no se debe exigir el cumplimiento de requisitos formales o materiales que entorpezcan el proceso de restablecimiento de los derechos vulnerados y la sanción correspondiente conforme lo dispone el art. 4.11 de la Ley 348, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que demostró que la resolución impugnada se enmarcó a lo establecido por los arts. 60 y 61 de la CPE, referentes al interés superior del niño y de la prohibición y sanción de toda forma de violencia contra niños, niñas y adolescentes, tanto en la familia como en la sociedad; advirtiéndose por lo expresado, no ser evidente la vulneración de los derechos alegados por la parte recurrente; por lo que, no tuvo asidero legal el agravio expresado por el imputado. Como se constata de la revisión del Auto de Vista 286/2023, no resulta ser verídico lo denunciado por el accionante, que el Vocal hoy accionado que lo emitió, vulneró su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, seguridad jurídica vinculado al principio de legalidad; puesto que, contrariamente, como se advierte actuando correctamente y conforme a procedimiento, previo análisis de la resolución impugnada, luego de establecer los agravios expuestos en el recurso de apelación incidental, se pronunció sobre cada uno de ellos, refiriendo que el Juez de la causa actuó correctamente al haber estimado que si bien la acusación formal contra el accionante, fue presentada por el Ministerio Público cinco minutos después de haber sido instalada la audiencia de consideración de su situación jurídica; sin embargo, en aplicación del principio de verdad material y ante la inexistencia de normativa procesal penal que condicione la presentación de dicha acusación antes de la audiencia de situación jurídica, la admitió y efectuando la ponderación de derechos al tratarse de un ilícito en el que la víctima es una menor de edad, hizo énfasis que al pertenecer al grupo denominado vulnerable goza de protección reforzada a niñas, niños y adolescentes, conforme lo dispone la Ley 348, y su aplicación preferente cumplió con su deber de aplicar el enfoque de género; por lo que, el referido Vocal obró de manera correcta al aplicar en su fallo la perspectiva de género y el enfoque interseccional, que conllevó por el Juez de la causa a admitir el pliego acusatorio y la ampliación de la detención preventiva del accionante. Por lo expresado y no habiéndose establecido la vulneración de los derechos invocados en la presente acción de defensa, corresponde denegar la tutela solicitada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 93/2023 de 20 de septiembre, cursante de fs. 41 a 47 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Notas al pie

1

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1126_2026-S1.pdf · páginas 1 a 11.

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