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SCP 1126/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 18 de septiembre de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
18 de septiembre de 2025
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
Paola Verónica Prudencio Candia
Expediente
57338-2023-115-AAC
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado, y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 116/2023 de 18 de mayo, cursante de fs. 60 a 62, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada dejando sin efecto la Resolución Jerárquica FDLP/WEAL/D-514/2022 de 5 de octubre y disponiendo que el Fiscal Departamental de La Paz emita un nuevo pronunciamiento debidamente fundamentado y motivado, si aún no lo hubiera hecho. 2° Se llama la atención, a los Vocales de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por ordenar la apertura del proceso penal, siendo esa atribución o competencia del Ministerio Público y en aplicación de la SCP 0645/2018-S3 de 11 de diciembre y los presupuestos que reitera la SC 1523/2004-R se exhorta a que en un futuro no se aparten de las líneas jurisprudenciales establecidas y los límites competenciales.

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1126/2025-S3 Sucre, 18 de septiembre de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de amparo constitucional Expediente: 57338-2023-115-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 116/2023 de 18 de mayo, cursante de fs. 60 a 62, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Luciano Gutiérrez Paz y Nancy Elizabeth Pérez de Gutiérrez contra William Eduard Alave Laura Fiscal Departamental de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 21 de abril de 2023, cursante de fs. 11 a 25, los accionantes manifestaron que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Interpusieron ante el Fiscal Departamental de La Paz denuncia por la resunta comisión del delito de estafa agravada, siendo desestimada mediante resolución H280/2022 de 5 de septiembre. Ante la objeción interpuesta el Fiscal Departamental del referido departamento emitió la Resolución Jerárquica FDLP/WEAL/D-514/2022 de 5 de octubre del mismo año, la cual ratifica la desestimación, señalando que el hecho es atípico y que el derecho penal es de última ratio. Resolución que -a su criterio- carece de fundamentación y es contradictoria, refiriendo que llegó a tal conclusión, aludiendo la examinación de los documentos adjuntos, sin considerar que existían documentos, que no fueron suscritos ni firmados por todas las partes intervinientes, y sin pronunciarse sobre la criminalización de contratos.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunciaron la lesión de sus derechos al debido proceso; y, a la tutela judicial efectiva, citando al efecto el art.115, de la Constitución Política del Estado (CPE) arts. 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio

Solicitaron se conceda la tutela y en consecuencia se disponga que el Fiscal Departamental de La Paz en el plazo de setenta y dos horas de curso a la investigación penal por el delito de estafa y que el principio de última ratio sea solo de alcance del legislador y no del Fiscal o Juez.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 18 de mayo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 57 a 59 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

Los accionantes a través de su abogado, reiteraron íntegramente los términos de su acción tutelar.

I.2.2. Informe del demandado

William Eduard Alave Laura Fiscal Departamental de La Paz, por informe escrito presentado el 18 de mayo de 2023, cursante de fs. 55 a 56 vta., solicitó se deniegue la tutela impetrada en mérito a los siguientes argumentos: a) Los hechos descritos no se subsumen al tipo penal denunciado, por la falta de elementos materiales. Si bien existió un desprendimiento patrimonial fue de manera voluntaria, sin identificar el nexo causal entre el engaño como causa del error y este como causa de la disposición patrimonial; y, b) No determinó de qué manera se vulneró el derecho al debido proceso en su vertiente de tutela judicial efectiva, resultando inexistente el agravio invocado.

I.2.3. Intervención de los terceros interesados

Gonzalo Fausto Solis Claure, Drina Marasovic de Solis, y Edgar Martín Ticona Pimentel, no presentaron informe escrito alguno, ni asistieron a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 30 y 31.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 116/2023 de 18 de mayo, cursante de fs. 60 a 62, concedió la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto la Resolución Jerárquica FDLP/WEAL/D-514/2022, debiendo proceder a la apertura de la investigación penal por el delito de estafa, argumentando que: Existen hechos y elementos probatorios que demuestran el desplazamiento patrimonial; la actitud ilícita y típica de los denunciados, habiendo la autoridad accionada evitado el desarrollo de una de las etapas en las que se colecta los elementos probatorios que advertirá la existencia o no del delito, debiendo cumplir el Ministerio Púbico con su rol de averiguación de la verdad y ser la autoridad jurisdiccional quien determine en el fondo la existencia o no del delito a través de una sentencia.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Resolución de desestimación H280/2022 de 5 de septiembre, emitida por Fiscal Analista de la Fiscalía Departamental de La Paz, por la que se desestima la denuncia por la presunta comisión del delito de estafa con agravación de víctimas múltiples, interpuesta por los solicitantes de tutela (fs. 1 a 2 vta.) II.2. Resolución FDLP/WEAL/D-514/2022 de 5 de octubre, emitida por el Fiscal Departamental de La Paz, mediante la cual ratifica la Resolución de desestimación H280/2022 (fs. 4 a 7).

III. FUNDAMENTO JURÍDICO DEL FALLO

Los accionantes denunciaron la vulneración de sus derechos al debido proceso; y, a la tutela judicial efectiva, por cuanto interpuesta la denuncia por la presunta comisión del delito de estafa agravada, la misma fue desestimada mediante la Resolución H280/2022 emitida por el Fiscal Analista de la Fiscalía Departamental de La Paz. Ante la objeción interpuesta, el Fiscal Departamental del referido departamento emitió la Resolución FDLP/WEAL/D-514/2022 que ratificó la desestimación, señalando que el hecho es atípico y que el derecho penal es de última ratio. Resolución que -a su criterio- carece de fundamentación y es contradictoria, refiriendo que llegó a tal conclusión, aludiendo la examinación de los documentos adjuntos, sin considerar que existían documentos, que no fueron suscritos ni firmados por todas las partes intervinientes, y sin pronunciarse sobre la criminalización de contratos. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La exigencia de una debida fundamentación y motivación de las resoluciones del Ministerio Público en la valoración de la prueba

“El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0030/2018-S2 de 6 de marzo -entre otras-, desarrolló el siguiente entendimiento: En el modelo acusatorio, el Ministerio Público monopoliza el ejercicio de la acción penal en los delitos de acción pública, conduciendo la investigación desde su inicio para obtener los elementos de convicción que acrediten los hechos punibles y las responsabilidades de sus autores o partícipes. Una vez que llega la noticia criminal, la denuncia o la querella de un ilícito, el fiscal tendrá que decidir el inicio de la investigación si el hecho reviste carácter delictuoso, disponiendo, por lo general, que la Policía Boliviana realice diligencias preliminares o pesquisas urgentes e inaplazables, siempre bajo su control. Las investigaciones preliminares efectuadas por la referida Policía Boliviana deben concluir en el plazo máximo de veinte días de iniciada la prevención, conforme lo dispone el art. 300 del CPP, modificado por la Ley de Modificaciones al Sistema Normativo Penal -Ley 007 de 18 de mayo de 2010-, salvo la necesidad fundamentada de una ampliación. Ahora bien, tratándose del ejercicio de la acción penal, el fiscal tiene varias alternativas a la conclusión de la etapa preliminar, así, puede imputar formalmente el delito atribuido, si se encuentran reunidos los requisitos legales; ordenar la complementación de las diligencias policiales fijando plazo al efecto; disponer el rechazo de la denuncia, querella o las actuaciones policiales, en consecuencia su archivo; y, solicitar al Juez de Instrucción Penal la suspensión condicional del proceso, la aplicación de un criterio de oportunidad, la sustanciación de un procedimiento abreviado o la conciliación. Al realizar el análisis de las actuaciones policiales, el fiscal debe tener en cuenta que al Ministerio Público le interesa el esclarecimiento material de los hechos, lo que no implica una persecución a cualquier costo. Sobre esta base, juega un papel fundamental el principio de objetividad de la labor fiscal contenido en los arts. 225.II de la CPE; 5.3 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP) -Ley 260 de 11 de julio de 2012-; y, 72 del CPP que hace responsable al fiscal de indagar los hechos que determinen o acrediten tanto la responsabilidad o no del imputado; le exige que investigue las circunstancias que permitan comprobar la atribución de un hecho criminal y también las que sirvan para eximir o atenuar la responsabilidad del imputado; lo mismo puede decirse de la alternativa que tiene el fiscal, una vez concluida la investigación preparatoria, de requerir el sobreseimiento del caso o acusar, dependiendo de la mayor o menor envergadura de los elementos de convicción que haya reunido en el curso de la investigación. En ese sentido, si bien el ejercicio de la acción penal es una competencia otorgada por el constituyente al Ministerio Público conforme lo dispuesto en el art. 225 CPE, constituyéndose en un Órgano sometido a la Norma Suprema; esa facultad de decidir si ejerce o no la acción penal, no puede ser asumida de modo arbitrario. Por lo tanto, cualquier determinación del Ministerio Público, que en los hechos resuelva la situación jurídica del ciudadano al que se le atribuye la comisión de un supuesto delictivo, tales como: 1) Rechazo de una querella; 2) Imputación; 3) Sobreseimiento, entre otros, deben estar debidamente motivadas, es decir, tiene que explicar en su resolución, las razones que le sirven de base para emitir su determinación, de tal manera que los involucrados en una investigación sepan qué elementos consideró para asumir tal decisión, dicho de otro modo, la resolución debe hacer conocer las razones de hecho y derecho para sustentar su determinación. Sobre el particular, el Tribunal Constitucional en la SC 1523/2004-R de 28 de septiembre, entre otras, se pronunció sobre la exigencia de la debida fundamentación y motivación en las resoluciones emitidas por los fiscales de materia en sus requerimientos conclusivos, como en los dictados por los fiscales departamentales en la ratificación o revocatoria respecto a las determinaciones de los inferiores. Consecuentemente, cuando el Ministerio Público tome una determinación que resuelva la situación jurídica del ciudadano al que se le atribuye la comisión de un delito, pudiendo: i) Rechazar la querella; ii) Imputar formalmente; y, iii) Sobreseer; éstos, son supuestos en los cuales debe tener en cuenta todos los elementos probatorios presentados por las partes; es decir, de cada medio probatorio, sea testifical, documental, pericial, etc., valorando la información que extrae de cada una de ellas de manera individual y en conjunto de forma integral, cuya apreciación debe estar acorde con las reglas de la sana crítica; vale decir, no debe contradecir las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia o los conocimientos científicos que necesariamente tienen que estar plasmados en la resolución a través de una debida motivación, conforme lo exige el art. 40.11 de la LOMP, en el marco del principio de objetividad contenido en el art. 225.II de la CPE y de lo dispuesto en los arts. 5.3 de la LOMP y 72 del CPP.

Este estándar debe ser necesariamente observado en cualquiera de las formas de decisión de fondo que asuma el Ministerio Público, pues la motivación que se realice debe satisfacer tanto al querellante como al querellado, y por lo mismo, tiene que ser exigido por el fiscal departamental cuando revisa una objeción a las resoluciones de los fiscales de materia.”

III.2. Análisis del caso concreto

Los accionantes denunciaron la vulneración de sus derechos al debido proceso; y, a la tutela judicial efectiva, por cuanto interpuesta la denuncia por la presunta comisión del delito de estafa agravada, en la Fiscalía Departamental de La Paz, fue desestimada mediante Resolución H280/2022 de 5 de septiembre. Ante la objeción de la misma, el Fiscal Departamental del referido departamento, emitió la Resolución FDLP/WEAL/D-514/2022 que ratificó la desestimación, señalando que el hecho es atípico y que el derecho penal es de última ratio. Resolución que -a su criterio- carece de fundamentación y es contradictoria, refiriendo que llegó a tal conclusión, aludiendo la examinación de los documentos adjuntos, sin considerar que existían documentos, que no fueron suscritos ni firmados por todas las partes intervinientes, y sin pronunciarse sobre la criminalización de contratos.

De la revisión de los antecedentes adjuntos se puede advertir que el Fiscal analista de la mencionada Fiscalía Departamental de La Paz por Resolución de H280/2022, (Conclusión II.1) desestima la denuncia interpuesta por los solicitantes de tutela, interponiendo la correspondiente objeción, el superior Jerárquico emitió la Resolución FDLP/WEAL/D-514/2022 (Conclusión II.2) que determinó ratificar la desestimación de denuncia. En tal sentido, de la verificación de la Resolución Jerárquica FDLP/WEAL/D-514/2022, se puede evidenciar que la misma en el apartado II.3 “Análisis del caso concreto”, numeral tres, señala que, de los razonamientos jurídicos expuestos así como de la compulsa de los elementos adjuntos a la denuncia, se tiene que los solicitantes de tutela erogaron sumas de dinero en favor de los denunciados contando con el documento privado de compra venta de acciones de la Sociedad Oncoservice SRL por el que las hijas de los accionantes entregaron la suma de $us280.000.-(doscientos ochenta mil dólares estadounidenses) que supuestamente correspondían al 5% del monto del capital de la empresa. Así mismo, refiere que el 15 de enero de 2016, una de las denunciadas suscribió un documento privado sobre garantía de inversión. Sin embargo, posteriormente los impetrantes de tutela no fueron incluidos como socios de dicha empresa, descubrieron que el capital de la misma contaba solo con Bs100 000.- (cien mil bolivianos) es decir que la inversión que realizaron que supuestamente correspondía al 5% del capital fue un engaño y ante los reclamos realizados fueron ignorados por los denunciados. Continúa señalando la Resolución FDLP/WEAL/D-514/2022, que posteriormente los accionantes se vieron en la necesidad de pedir la devolución de su dinero mediante el envío cartas notariadas. Ante lo cual los sindicados intentaron hacer figurar el dinero otorgado en inversión, como un préstamo de dinero, documento que los solicitantes de tutela se negaron a firmar. Posteriormente la señalada resolución, indicó que, de la documentación adjunta se advierte que una de las partes incumplió con el compromiso asumido al no contar la Sociedad Oncoservice SRL con la documentación societaria, regularizada y no incluirlos como socios, señalando la existencia de un incumplimiento contractual y que por tal motivo el hecho no tuvo entidad o relevancia penal, citando jurisprudencia constitucional sobre el derecho penal de ultima ratio. Indicó que resultó inviable disponer el inicio de investigación, toda vez que los hechos no se subsumen al tipo penal denunciado, por falta de los elementos materiales, grado de participación de cada uno de los sindicados en modo tiempo y espacio. Señalando que no se identificó el doble nexo causal de ardid o engaño como causa del error y el error como causa de la disposición patrimonial. En consecuencia, de los hechos relatados y la documentación adjunta se advierte el incumplimiento de una obligación conforme a lo detallado precedentemente. De lo expuesto se puede evidenciar que la Resolución FDLP/WEAL/D 514/2022 a fines de determinar la ratificación de la desestimación de la denuncia centra su fundamento en que existió un incumplimiento contractual de una de las partes, y que por tal motivo no se puede advertir entidad o relevancia penal. Sin embargo, la fundamentación referida no indica cual es el documento que se incumplió o cual la parte del mismo que decanto en un incumplimiento que puede ser reclamado en la vía legal pertinente por los solicitantes de tutela. Es decir que dicha fundamentación señala en reiteradas oportunidades que se identificó un incumplimiento de contrato sin señalar o identificar cual el documento que se incumplió y que determinaría la inexistencia de entidad penal o cual la cláusula de ese documento que se tiene incumplida y que da cuenta que el hecho pueda ser reclamado por el accionante en otra vía que no sea la penal. Siendo un aspecto importante en la fundamentación de la resolución la indicación concreta del incumplimiento y a partir de ello explicar los razonamientos que permitan concluir que ese incumplimiento identificado, no contiene relevancia penal y puede ser reclamado en otra vía. Lo cual no se encuentra argumentado en el caso presente ya que la fundamentación hace referencia de manera genérica en reiteradas ocasiones que llegó a tal determinación a partir de los documentos adjuntos; aspecto que cobra relevancia, tomando en cuenta que la resolución demandada señala más de un documento que fue suscrito por las partes procesales. Pero de la misma fundamentación de la resolución se advierte que no todas las partes intervinientes -tanto denunciantes como denunciados- suscriben todos los documentos a los que se hace referencia. Siendo una fundamentación que la resolución debe contener a fines de dar certeza de su determinación exponiendo con claridad los hechos pertinentes, debiendo describir de forma individualizada los medios de prueba aportados por las partes procesales, en los que basa su decisión e indicando cuál el valor probatorio de estos componentes por los que llegó a tal conclusión.

En tal sentido, el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, refiere que el Tribunal Constitucional en la SC 1523/2004-R de 28 de septiembre, entre otras, se pronunció sobre la exigencia de la debida fundamentación y motivación en las resoluciones emitidas por los fiscales de materia en sus requerimientos conclusivos, como en los dictados por los fiscales departamentales en la ratificación o revocatoria respecto a las determinaciones de los inferiores. Indicando que cuando el Ministerio Público tome una determinación que resuelva la situación jurídica del ciudadano al que se le atribuye la comisión de un delito, pudiendo: 1) Rechazar la querella; 2) Imputar formalmente; y, 3) Sobreseer; éstos, son supuestos en los cuales debe tener en cuenta todos los elementos probatorios presentados por las partes; es decir, de cada medio probatorio, sea testifical, documental, pericial, etc., valorando la información que extrae de cada una de ellas de manera individual y en conjunto de forma integral, cuya apreciación debe estar acorde con las reglas de la sana crítica; vale decir, no debe contradecir las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia o los conocimientos científicos que necesariamente tienen que estar plasmados en la resolución a través de una debida motivación, conforme lo exige el art. 40.11 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP) -Ley 260 de 11 de julio de 2012- en el marco del principio de objetividad contenido en el art. 225.II de la CPE y de lo dispuesto en los arts. 5.3 de la LOMP y 72 del Código de Procedimiento Penal (CPP).

Extremos que no se advierten en la Resolución FDLP/WEAL/D 514/2022, la cual se limita a señalar que arribó a sus conclusiones a partir del examen de la documentación adjunta sin la especificación extrañada y que en virtud de ello advierte la presencia de un incumplimiento contractual, concluyendo que el reclamo se deber realizar en la vía legal pertinente. Pues a fines de determinar que, en atención a la existencia del incumplimiento de documentos suscritos entre las partes, el hecho carece de entidad penal; y, acudirse a la vía pertinente para su reclamo; debe identificarse el documento, realizarse un examen minucioso del mismo y explicar de forma fundada porque no resulta ser un documento criminalizado. Especificando la forma de su incumplimiento, razón por la cual se llegó a concluir que el referido hecho debe ser reclamado por el accionante en otra vía que no sea la penal, análisis sumamente importante que debe realizar la autoridad que emite la resolución a fines de otorgar un convencimiento a las partes intervinientes y que conozcan la explicación razonada y argumentada en los elementos probatorios correspondientes que dieron lugar a la determinación asumida. Lo cual no concurre en el caso presente por la insuficiente fundamentación vertida en la resolución FDLP/WEAL/D-514/2022, por lo que al carecer de los argumentos referidos para optar por ratificar la desestimación de la denuncia, lesiona el derecho al debido proceso en la vertiente de motivación y convierte al recurso jerárquico en un instrumento puramente formal, evitando de manera injustificada absolver las cuestiones planteadas en la impugnación afectando así negativamente el derecho de acceso a la tutela judicial efectiva que tiene como uno de sus componentes el derecho de las partes, correspondiendo en consecuencia conceder la tutela solicitada. En consecuencia, la sala Constitucional, al haber concedido la tutela impetrada, aunque con otros fundamentos obró en forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado, y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 116/2023 de 18 de mayo, cursante de fs. 60 a 62, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada dejando sin efecto la Resolución Jerárquica FDLP/WEAL/D-514/2022 de 5 de octubre y disponiendo que el Fiscal Departamental de La Paz emita un nuevo pronunciamiento debidamente fundamentado y motivado, si aún no lo hubiera hecho. 2° Se llama la atención, a los Vocales de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por ordenar la apertura del proceso penal, siendo esa atribución o competencia del Ministerio Público y en aplicación de la SCP 0645/2018-S3 de 11 de diciembre y los presupuestos que reitera la SC 1523/2004-R se exhorta a que en un futuro no se aparten de las líneas jurisprudenciales establecidas y los límites competenciales. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1126_2025-S3.pdf · páginas 1 a 10.

Huella digital del PDF (SHA-256): b2cf022665b89a72c1eff57f825ed003a6db3d8a8080d95b823b2978d2de57d0

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