B.IA.LEGAL

SCP 1126/2023-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 18 de diciembre de 2023

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
18 de diciembre de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Dr. Petronilo Flores Condori
Expediente
44560-2022-90-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de sus representantes sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la defensa técnica y material y a ser oído “en segunda instancia”, a una justicia pronta y oportuna; puesto que el Vocal ahora accionado, emitió el Auto de Vista 168 de 22 de abril de 2021, sin tomar en cuenta que en la celebración de audiencia de apelación de medidas cautelares: 1) No se encontraba presente su persona, pues si bien se cumplió con la emisión del oficio que dispone la orden de salida o conducción de detenido preventivo; empero, no se efectivizó con su presencia en la citada audiencia; y, 2) No se hizo presente su abogada y actuando de forma negligente, solamente presentó un memorial de solicitud de suspensión de la referida audiencia sin su firma. Esas omisiones, ocasionaron que no se consideren los agravios de su recurso de apelación incidental formulado contra el Auto Interlocutorio 23/2021 de 2 de marzo a través de un abogado defensor, previa consulta a su persona. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 17 de 4 de diciembre de 2021, cursante de fs. 46 a 48, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela solicitada, conforme a lo expuesto en los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional, disponiendo: a) Dejar sin efecto la audiencia de apelación de cesación a la detención preventiva del accionante y el Auto de Vista 168 de 22 de abril de 2021, y una vez notificado con esta Sentencia Constitucional Plurinacional, el Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz debe convocar inmediatamente a una nueva audiencia, disponiendo las medidas necesarias para la conducción y comparecencia del accionante a la actuación judicial señalada, con el objeto de resguardar sus derechos a la defensa material, al debido proceso, y a ser oído “en segunda instancia” a una justicia pronta y oportuna, vinculados a su libertad, salvo que la situación jurídica se hubiere modificado, en razón al carácter provisional de las medidas cautelares y/o el defecto jurisdiccional advertido hubiese sido ya subsanado como efecto de la protección tutelar parcial asumido por el Tribunal de garantías. 2º DENEGAR la tutela solicitada, con relación a “Jaqueline Salazar” -en su calidad de abogada del accionante-; conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Naturaleza jurídica de la acción de libertad
  2. III.2. El carácter excepcional de la acción de libertad
  3. III.3. La ausencia del imputado en la audiencia de apelación a la cesación a la detención preventiva y su derecho a asumir defensa material
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1126/2023-S3 Sucre, 18 de diciembre de 2023 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de libertad Expediente: 44560-2022-90-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 17 de 4 de diciembre de 2021, cursante de fs. 46 a 48, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Carlos Justiniano Mariaca Riveros y Carol Daniela Álvarez Mojica en representación sin mandato de Oscar Adán Martínez Durán Canelas contra Julio Nelson Alba Flores, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz y “Jaqueline Salazar”, en su calidad de abogada particular en ese momento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante a través de sus representantes sin mandato por memorial presentado el 3 de diciembre de 2021, cursante de fs. 1 a 5 vta., manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Ana Vivian Zegarra Valdivia y otros, por la presunta comisión del delito de estafa agravada, el Juez de primera instancia emitió el Auto Interlocutorio 23/2021 de 2 de marzo, a través del cual, se dispuso el rechazo de su solicitud de cesación a la detención preventiva planteada, conforme lo establece el art. 239.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), manteniéndose subsistente su detención preventiva, a pesar que el plazo se encontraba vencido. Frente a esa determinación formuló su recurso de apelación, que fue resuelto por el Vocal hoy accionado, quien emitió el Auto de Vista 168 de 22 de abril de 2021, a través del cual confirmó el Auto Interlocutorio 23/2021, sin que su persona se encuentre presente en audiencia de apelación de medidas cautelares, por no haberse remitido el oficio de traslado de detenido, extremo por el cual se provocó su indefensión en razón a que no pudo ser oído por la autoridad competente. Además de ello, su abogada en ese momento “Jaqueline Salazar” -ahora coaccionada-, no se presentó a la citada audiencia para justificar su inasistencia, y más bien presentó un memorial de suspensión de la referida audiencia que no llevaba su firma, a pesar de ello, el Vocal ahora accionado celebró la indicada audiencia en su ausencia; es decir, que no se garantizó su presencia en calidad de imputado debido a los errores negligentes de su abogada. La audiencia de apelación de medidas cautelares de 22 de abril de 2021 debió suspenderse disponiendo una nueva fecha y hora de audiencia, garantizando su presencia y su derecho a ser oído por el Tribunal de alzada al debatirse su libertad, que se encuentra restringida por más de ocho meses; puesto que, su comparecencia a la audiencia de apelación de la cesación a la detención preventiva se presentó a efectos de ejercer su derecho a la defensa material y no dependía de su voluntad, sino de una decisión judicial que si bien se cumplió con la emisión de la orden de conducción; empero, no se efectivizó con su presencia en la citada audiencia; puesto que, el custodio policial quien era el encargado de trasladarlo, no lo condujo de manera oportuna a las instalaciones donde se desarrollaría la referida audiencia. Ese extremo fue de pleno conocimiento del Vocal ahora accionado y según el contenido de la indicada audiencia, una vez instalada la misma su abogado informó al Tribunal de alzada que su persona se encontraba a unos pisos abajo -entendiéndose del edificio donde se llevaría a cabo la citada audiencia-. Ante ello el Vocal hoy accionado no actuó de forma diligente, debido a que solamente otorgaron cinco minutos con el fin de que se haga presente, sin verificar que su persona efectivamente se encontraba en ese lugar para que se ordene su inmediata conducción a la señalada audiencia. Asimismo, el Vocal ahora accionado permitió que su abogada intervenga de forma independiente ya que no tenía poder para participar en la citada audiencia; no obstante a ello, no realizó ninguna exposición que justifique su determinación; por lo que, en aplicación al principio de verdad material y el acceso efectivo a la justicia, debió permitir el uso de la palabra a su abogado defensor para realizar la fundamentación de agravios correspondientes, previa consulta a su persona.

I.1.2. Derechos, garantía y principio supuestamente vulnerados

El accionante a través de sus representantes sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la defensa técnica y material y a ser oído “en segunda instancia”, a una justicia pronta y oportuna; citando al efecto los arts. 115, 116.I y 119 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos Pacto de San José de Costa Rica (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, se disponga: a) Dejar sin efecto el Auto de Vista 168 de 22 de abril de 2021, ordenándose que se señale nuevo día y hora de audiencia de apelación de medidas cautelares en la que se garantice su presencia en calidad de imputado y se dicte uno nuevo en el que se pronuncie únicamente sobre los agravios fundamentados, respetando los principios de congruencia y de favorabilidad; y, b) Se llame severamente la atención a la abogada ahora coaccionada que generó la vulneración de su derecho a la libertad, por no actuar con la diligencia debida e inducir a error al Vocal hoy accionado.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública el 4 de diciembre de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 42 a 45 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su representante sin mandato en audiencia ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo, manifestó que: 1) Respecto al memorial de solicitud de suspensión de audiencia, el Vocal ahora accionado solamente señaló que no existe ninguna causal para suspender ese acto procesal, invocando el “art. 113” refirió que como no se apersonó el imputado ni su abogado, se “va a confirmar” la resolución por falta de la exposición de agravios, sin tomar en cuenta que existe un impedimento legítimo que es su detención preventiva y no dependía de su persona la concurrencia a ese acto procesal; 2) No se hizo presente su abogado defensor para poder justificar su inasistencia por falta de oficio de conducción o tal como se procede en algunos casos donde se exponen los agravios; 3) El Vocal hoy accionado no emitió la orden de conducción; puesto que, en antecedentes no cursa dicha orden y su inexistencia no fue controvertida de ninguna manera, pues no se adjuntó la documentación extrañada, solamente se informó que por Secretaría de la Sala Penal Segunda del Tribunal departamental de Justicia de Santa Cruz se le informó que las notificaciones a los sujetos procesales fueron practicadas y que la normativa para ese tipo de audiencias no establece que el imputado debe estar presente porque no se cuestiona la autoría con relación a los delitos atribuidos sino solamente se tratan aspectos técnicos y de derecho relacionas con los riesgos procesales; 4) Su abogado actuó de forma negligente al no asistir a la audiencia de apelación de medidas cautelares y señalar que no existe una orden de conducción de su persona; y, 5) El Vocal ahora accionado no consideró que a pesar de la incomparecencia de su persona es necesaria la asistencia de una defensa técnica para la audiencia sobre todo si se encuentra privado de libertad.

I.2.2. Informe de la autoridad judicial y la persona accionada

Julio Nelson Alba Flores, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz y “Jaqueline Salazar”, en su calidad de abogada particular en ese momento, no asistieron a la audiencia de consideración de esta acción de libertad ni presentaron informe alguno, pese a su citación cursante a fs. 8 y 23.

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 17 de 4 de diciembre de 2021, cursante de fs. 46 a 48, concedió la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 168 de 22 de abril de 2021, debiendo señalar en el término de cuarenta y ocho horas nueva audiencia de apelación a la detención preventiva, en cumplimiento a las Sentencias Constitucionales Plurinacionales “0190/2018” y 0578/2020-S3 de 28 de septiembre, que son de cumplimiento obligatorio y el art. 46 del Código Procesal Constitucional (CPCo). Asimismo, denegó la tutela solicitada contra la abogada “JAQUEJINE SALAZAR”; todo ello, bajo los siguientes fundamentos expuestos sobre todo, en la audiencia de la presente acción tutelar -entendiéndose que al no ser contradictorios respaldan la determinación asumida-, en ese sentido se advierte que por una parte, Lily Salazar Valverde, Jueza del citado Tribunal, manifestó que: i) De la revisión del cuaderno procesal se evidenció que a (fs. 826), en el decreto de señalamiento de audiencia no señala, ni se autoriza la emisión de oficio para el Director del Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz con el fin de efectivizar su presencia en la audiencia de consideración de la apelación de medidas cautelares, pues si bien no se requiere de una notificación personal para este tipo de audiencia; empero, se debe oficiar al Director del citado Centro Penitenciario para que se proceda a la remisión del imputado, a efectos de cumplirse con los arts. 8, 119.I y 315 del CPP; es decir, que se resguarde el derecho a la defensa material que tiene toda persona que se encuentra sometida a un proceso penal; ii) No se tiene ninguna constancia de la emisión del referido oficio ni que se le haya designado un abogado defensor de oficio al accionante, que son dos requisitos en los que una vez instalada la audiencia se deben analizar; y, iii) En el presente caso no procedía la resolución de confirmación del Auto Interlocutorio 23/2021, pues no debió suscitarse de esa manera, vulnerando el derecho a la defensa porque no se cumplieron con los dos requisitos; es decir, por la no remisión para la presencia del imputado al referido Centro Penitenciario y la falta de designación de abogado defensor de oficio. Por otra parte se advierte que Carlos René Roca Rivero, en su calidad de Presidente del indicado Tribunal, manifestó que: a) No existe ningún informe del Vocal hoy accionado; por lo que, en su rebeldía se continuó con la audiencia de consideración de la presente acción tutelar; b) De la revisión de antecedentes se tiene que el 22 de abril de 2021 se llevó a cabo la audiencia de apelación de medidas cautelares, previamente al decreto de 1 de igual mes y año, cursante a (fs. 826) del expediente original, a través del cual se señala el día y la hora de audiencia e indicando que la misma “…no podrá suspenderse y se realizará inclusive sin la presencia de los sujetos procesales en caso de ausencia…” (sic). En ese sentido, se evidencia que la autoridad jurisdiccional no ordena que se remita al acusado a la audiencia de apelación de medidas cautelares, pues no dispone su remisión para la audiencia ni cursa un oficio que disponga la remisión del accionante a dicha audiencia; c) En la “resolución” emitida por el juez se dispone que únicamente al haber desistido del presente recurso de apelación planteado, daría lugar a la suspensión, en consecuencia confirmó el Auto Interlocutorio 23/2021 emitido por el Juez de primera instancia, con esa actuación se advierte que esos son los actos procesales ilegales que dieron lugar a la presentación del recurso; sin embargo, todo imputado o acusado tiene el derecho a ejercer la defensa material o técnica en todos los actos procesales. En el presente caso, el Vocal ahora accionado no ordenó la remisión del acusado a la audiencia de apelación de medidas cautelares a pesar de ser su responsabilidad de disponer y verificar que se disponga esa situación, no actuó de esa manera dando lugar a que se lleve a cabo la referida audiencia sin la presencia del acusado que era indispensable; es decir, que en primer lugar era una ausencia involuntaria debido a que el Vocal hoy accionado no ordenó que sea remitido a la audiencia para que esté presente; y en segundo lugar, para que pueda hacer uso de su defensa material y además ser oído, vulnerando con ello los arts. 115.I y 119.2 de la CPE; y, d) Sin lugar a la concesión de la abogada ahora coaccionada, en atención a las Sentencias Constitucionales Plurinacionales “0190/2018” y 0578/2020-S3, que son de cumplimiento obligatorio, conforme lo establece el art. 46 del CPCo.

I.3. Trámite ante el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante decreto constitucional de 29 de marzo de 2023, cursante a fs. 62, se dispuso la suspensión de plazo para la emisión de la correspondiente resolución a efectos de recabar documentación complementaria, reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el decreto constitucional de 12 de diciembre de 2023 cursante a fs. 75; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del término legal.

II. CONCLUSIÓN

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Acta de audiencia de apelación de cesación a la detención preventiva de 22 de abril de 2021, en la cual Julio Nelson Alba Flores, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -ahora accionado- emitió el Auto de Vista 168 de la misma fecha, por el que confirmó el Auto Interlocutorio 23/2021 de 2 de marzo, dictado por el Juez de primera instancia (fs. 40 y 41).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de sus representantes sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la defensa técnica y material y a ser oído “en segunda instancia”, a una justicia pronta y oportuna; puesto que el Vocal ahora accionado, emitió el Auto de Vista 168 de 22 de abril de 2021, sin tomar en cuenta que en la celebración de audiencia de apelación de medidas cautelares: 1) No se encontraba presente su persona, pues si bien se cumplió con la emisión del oficio que dispone la orden de salida o conducción de detenido preventivo; empero, no se efectivizó con su presencia en la citada audiencia; y, 2) No se hizo presente su abogada y actuando de forma negligente, solamente presentó un memorial de solicitud de suspensión de la referida audiencia sin su firma. Esas omisiones, ocasionaron que no se consideren los agravios de su recurso de apelación incidental formulado contra el Auto Interlocutorio 23/2021 de 2 de marzo a través de un abogado defensor, previa consulta a su persona. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Naturaleza jurídica de la acción de libertad

La SCP 0037/2012 de 26 de marzo, respecto a la acción de libertad, señaló que: “Esta garantía de carácter procesal constitucional se encuentra consagrada en el art. 125 de la CPE, donde dispone que: ‘Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y, solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad’ (…). En tal sentido, debe señalarse que la ingeniería dogmática de la acción de libertad está diseñada sobre la base de dos pilares esenciales, el primero referente a su naturaleza procesal y el segundo, compuesto por los presupuestos de activación. En cuanto al primer aspecto que configura el contenido esencial de esta garantía, es decir, su naturaleza procesal, se establece que se encuentra revestida o estructurada con una tramitación especial y sumarísima, reforzada por sus características de inmediatez en la protección, informalismo, generalidad e inmediación; procede contra cualquier servidor público o persona particular, es decir, no reconoce fueros ni privilegios. Postulados que pueden ser inferidos de la norma constitucional antes referida. Ahora bien, el segundo pilar que estructura el contenido esencial de esta garantía, se encuentra configurado por sus presupuestos de activación, que al amparo del art. 125 de la CPE, se resumen en cuatro: a) Atentados contra el derecho a la vida; b) Afectación de los derechos a la libertad física como a la libertad de locomoción; c) Acto u omisión que constituya procesamiento indebido; y, d) Acto u omisión que implique persecución indebida” (las negrillas son nuestras). El art. 46 del CPCo señala que: “La Acción de Libertad tiene por objeto garantizar, proteger o tutelar los derechos a la vida, integridad física, libertad personal y libertad de circulación, de toda persona que crea estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, presa o que considere que su vida o integridad física está en peligro” (sic). En cuanto a la procedencia de esta acción tutelar, el art. 47 del citado Código establece que: “La Acción de Libertad procede cuando cualquier persona crea que: 1. Su vida está en peligro; 2. Está ilegalmente perseguida; 3. Está indebidamente procesada; y 4. Está indebidamente privada de libertad personal” (las negrillas son nuestras). La jurisprudencia constitucional, a través de la SCP 0090/2018-S2 de 29 de marzo, establece que: “Constituye un medio de defensa extraordinario, inmediato, eficaz y sumarísimo, que tiene por objeto la protección de los derechos fundamentales a la libertad física y de locomoción; y, a la vida. Para que el accionante logre la tutela, cese la persecución indebida, se establezcan las formalidades o se restituya su derecho a la libertad, se dispone los siguientes supuestos para su activación, cuando: i) La vida se encuentre en peligro; ii) Exista persecución ilegal o indebida; iii) Haya procesamiento ilegal o indebido; y, iv) Exista privación de libertad indebida. En ese sentido, la SCP 0862/2014 de 8 de mayo, en el Fundamento Jurídico III.1. resalta las siguientes características de la acción de libertad: …el informalismo, que se manifiesta en la ausencia de requisitos formales en su presentación y la posibilidad, inclusive, de su formulación oral; la inmediatez, por la urgencia en la protección de los derechos que resguarda; la sumariedad, por el trámite caracterizado por su celeridad; la generalidad porque no reconoce ningún tipo de privilegio, inmunidad o prerrogativa, y la inmediación, porque se requiere que la autoridad judicial tenga contacto con la persona privada de libertad; autoridad que, inclusive, puede acudir inmediatamente a los lugares de detención e instalar allí la audiencia (las negrillas son nuestras).

III.2. El carácter excepcional de la acción de libertad

La SCP 1424/2016-S3 de 6 de diciembre, asumiendo los entendimientos sentados por el anterior Tribunal Constitucional, sostuvo que: “…la SC 0008/2010-R de 6 de abril, estableció que: 'I. El recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad, es el medio idóneo y eficaz para conocer y restituir cualquier tipo de lesión o vulneración que pueda atentar al derecho a la vida, la libertad o constituir una persecución o procesamiento indebido que atente o ponga en peligro el derecho a la libertad, cuando de acuerdo a las circunstancias concretas, a pesar de existir mecanismos de protección específicos y establecidos por la ley procesal vigente, éstos resulten ser evidentemente inoportunos o inconducentes, de manera tal que esta acción de defensa, por la urgencia de la situación, se configura como el medio más eficaz para restituir los derechos afectados; empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas'” .

III.3. La ausencia del imputado en la audiencia de apelación a la cesación a la detención preventiva y su derecho a asumir defensa material

La SC 1698/2005-R de 19 de diciembre, precisó que: “…debe recordarse que el representado impugnó de la resolución que dispuso su detención preventiva, la cual supone que se encuentra detenido; consiguientemente su concurrencia a la audiencia no dependerá de él únicamente sino de la orden que emita el Tribunal ad quem y del cumplimento a dicha orden de parte de los funcionarios del recinto donde se encuentre detenido el imputado, situación que debe considerar dicho Tribunal para celebrar la audiencia y para determinar el rechazo si el apelante no concurriera” (las negrillas son nuestras).

En esta misma línea jurisprudencial la SC 1234/2006-R de 1 de diciembre, estableció los siguientes aspectos: “a) no es exigible la notificación personal del imputado con el decreto de señalamiento de audiencia de apelación de medida cautelar; b) si el imputado es legalmente notificado con ese decreto, y no comparece a la audiencia, ésta puede desarrollarse válidamente pese a su ausencia; c) ausente el imputado, resulta exigible la concurrencia del defensor, quien lo representa y ejerce el derecho a la defensa.

(…)

Sin embargo, la situación de los imputados detenidos en los recintos carcelarios, merece un análisis distinto, teniendo en cuenta que si bien en esos casos, tampoco es exigible una notificación personal, su comparecencia a la audiencia de apelación, por ende, el ejercicio del derecho a la defensa material reconocida por el art. 8 del CPP, no depende de su propia voluntad, sino de una decisión judicial que autorice su salida del recinto carcelario y facilite su comparecencia a la audiencia de fundamentación del recurso de apelación, sea o no el apelante, teniendo en cuenta que al tratarse de un imputado sometido a detención preventiva, el art. 238 del CPP dispone: ‘(…) Todo permiso de salida o traslado, únicamente lo autorizará el juez del proceso’; en consecuencia, si el proceso penal involucra a un imputado sometido a detención preventiva, el Tribunal de alzada, para garantizar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en los arts. 16.II de la CPE, 5, 8 y 84 del CPP, deberá emitir la respectiva orden de salida, a fin de que el imputado sea conducido ante el tribunal y pueda ejercer su derecho a la defensa material. Entendimiento que implica una modulación de la SC 0663/2006-R, de 10 de julio” (las negrillas nos corresponden).

Al respecto, la SCP 2200/2013 de 16 de diciembre, haciendo referencia a la precitada SC 1234/2006-R, señaló que: “Dicho precedente constitucional, más adelante, afirma que cuando el imputado fue legalmente notificado con el decreto de señalamiento de audiencia, y no comparece para su realización, no puede alegar estado de indefensión, porque esta fue provocada por voluntad propia; sin embargo, precisa, que ello no es aplicable a los imputados detenidos en los recintos carcelarios, sosteniendo que ellos merecen un análisis diferenciado por cuanto si bien en esos casos, tampoco es exigible una notificación personal, su comparecencia a la audiencia de apelación, por ende, el ejercicio de su derecho a la defensa material reconocida por el art. 8 del CPP, no depende de su propia voluntad, sino de una decisión judicial que autorice su salida del recinto carcelario y facilite su comparecencia a la audiencia de fundamentación del recurso de apelación, sea o no el apelante”. (las negrillas son agregadas).

Bajo ese mismo razonamiento se pronunciaron las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0756/2015-S3 de 8 de julio y 0074/2018-S3 de 23 de marzo, así, esta última sostuvo que: “…referente a la ausencia del imputado en la audiencia de fundamentación del recurso de apelación en sentido que el accionante no pudo ejercer su derecho constitucional a la legítima defensa en la sustanciación de dicha audiencia por haber llegado demorado debido a que se encontraba con detención preventiva en el Centro de Rehabilitación de San Antonio del departamento de Cochabamba, no fue considerado por la autoridad demandada, quién se limitó a declarar improcedente la apelación planteada (…) vulnerando de esta manera el derecho a la defensa del ahora accionante”.

III.4. Análisis del caso concreto

El accionante a través de sus representantes sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la defensa técnica y material y a ser oído “en segunda instancia”, a una justicia pronta y oportuna; puesto que, el Vocal ahora accionado, emitió el Auto de Vista 168 de 22 de abril de 2021, sin tomar en cuenta que en la celebración de audiencia de apelación de medidas cautelares: i) No se encontraba presente su persona, pues si bien se cumplió con la emisión del oficio que dispone la orden de salida o conducción de detenido preventivo; empero, no se efectivizó con su presencia en la citada audiencia; y, ii) No se hizo presente su abogada y actuando de forma negligente, solamente presentó un memorial de solicitud de suspensión de la referida audiencia sin su firma. Esas omisiones, ocasionaron que no se consideren los agravios de su recurso de apelación incidental formulado contra el Auto Interlocutorio 23/2021 de 2 de marzo a través de un abogado defensor, previa consulta a su persona. De la revisión de antecedentes que cursan en obrados se tiene que en el Acta de audiencia de apelación de cesación a la detención preventiva y el Auto de Vista 168 de 22 de abril de 2021, emitido por el Vocal ahora accionado, a través del cual confirmó el Auto Interlocutorio 23/2021, dictado por el Juez de primera instancia (Conclusión II.1.). En dicha Acta de audiencia se tiene que el Secretario de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, informó entre otros, que de la revisión del cuaderno procesal que fue en apelación, las partes se encuentran legalmente notificadas para esa audiencia de apelación y con relación a la parte apelante informó que ha presentado memorial solicitando la suspensión de audiencia. De igual forma, se evidencia que en el Auto de Vista 168 de 22 de abril de 2021, el Vocal ahora accionado, argumentó que si bien es cierto que la parte imputada presentó un memorial solicitando la suspensión de la audiencia de apelación de la cesación a la detención preventiva, pues el fondo de la problemática del memorial presentado se trata el tema que extrajudicialmente las partes quieren llegar a una conciliación; sin embargo, enfatizando lo establecido por el art. 113 del CPP, modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integran contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, refirió que en ese caso no se adecúa a lo previsto en dicho artículo, pues no existe causa de fuerza mayor en el memorial presentado y de caso fortuito debidamente justificado o la necesidad del abogado de oficio para preparar la defensa, en razón a que los imputados tienen un abogado particular, aspecto por el cual se evidenció que el memorial que se ha presentado contiene la firma de su abogado particular. Asimismo, señaló que según lo establecido por el art. 113.II del citado Código, en su párrafo tercero establece que: “Si el defensor, de manera injustificada, no comparece a la audiencia o se retira de ella, se considerará abandono malicioso y se designará un abogado estatal o de oficio…” (sic); por lo que, al no haberse justificado su incomparecencia para poder suspender la audiencia, considera que se debe tener por desistido el recurso de apelación planteado por la parte imputada. En ese contexto y de acuerdo a la revisión de antecedentes que realizó el Tribunal de garantías, se advierte que efectivamente el 22 de abril de 2021 se llevó a cabo la audiencia de apelación de la cesación a la detención preventiva, y previamente a ese acto procesal se emitió el decreto de 1 de igual mes y año, a través del cual solamente se señaló fecha y hora de la referida audiencia, en consecuencia, en el mismo decreto únicamente se señaló que la referida audiencia no podía suspenderse y que se realizará inclusive sin la presencia de los sujetos procesales en caso de ausencia.

Al respecto, sobre la inasistencia del imputado -detenido preventivamente- a la audiencia de apelación de la cesación a la detención preventiva, entre otros, la SCP 2200/2013 de 16 de diciembre, en un caso similar al que se analiza, donde del mismo modo los Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, continuaron con la audiencia de apelación de medidas cautelares y dictaron resolución sin garantizar la defensa material del imputado, pese a que su abogado advirtió explícitamente que el nombrado no estaba presente en la señalada audiencia, este Tribunal Constitucional Plurinacional, estableció que “…no puede concluir que para la realización de una audiencia de apelación de medidas cautelares se tenga por satisfecho el derecho a la defensa material previsto en el art. 8 del CPP, de una persona recluida, cuando el Tribunal de apelación, únicamente se limita a ordenar mediante oficio la salida al Gobernador del recinto penitenciario del imputado o procesado, debido a que es deber del Tribunal de apelación, velar porque dicha orden se efectivice”. Por ello concluyó: “…cuando, se evidencie inasistencia del imputado o procesado a la audiencia de apelación de medidas cautelares y por ende, se constate vulneración a su derecho a la defensa material, será en dos supuestos: i) No emisión de orden de salida o conducción al Gobernador del recinto penitenciario; o, en su caso, ii) Emisión de orden de salida o conducción, empero, no actuación diligente hasta su efectivización…” (las negrillas nos corresponden).

En este mismo sentido, la SCP 0756/2015-S3 de 8 de julio, en otro caso similar en el que los Vocales de la Sala Penal Segunda y Sala Social y Administrativa, ambos del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, declararon la improcedencia del recurso de apelación de medida cautelar planteado por el imputado -apelante-, en razón a la falta de fundamentación de los agravios sufridos, emergentes de su inasistencia a la audiencia de la señalada apelación, aspecto que consideraron como una renuncia tácita o desistimiento de dicho recurso, este Tribunal Constitucional también, determinó que: “…la asistencia del imputado -ahora accionante- a la audiencia señalada, al encontrarse con detención preventiva, no dependía de su fuero propio, sino que obedecía al cumplimiento efectivo de la orden de salida librada por el Tribunal de alzada; aspecto que en el caso sub judice, no ocurrió; en consecuencia, le fue imposible asistir a dicho acto procesal, sin tener la oportunidad de sustentar los fundamentos de agravio de su apelación; por lo que (…) se puede concluir que el razonamiento del Tribunal de alzada trasunta en la vulneración del derecho a la defensa del ahora accionante; toda vez que, emergente de la omisión de su traslado a la audiencia, la facultad potestativa relacionada con la defensa material; y, coyunturalmente la defensa técnica -cuyo defensor de oficio designado tampoco concurrió- fueron limitados en su ejercicio; obviando las autoridades demandadas, el deber positivo de evitar la indefensión del justiciable en la tramitación del proceso penal, al constituir un derecho sustantivo que debe ser protegido y garantizado; mismo que tendría que haber sido materializado…” (las negrillas son nuestras).

De igual forma, la SCP 0074/2018-S3 de 23 de marzo, también en un caso similar en el que el Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, declaró improcedente el recurso de apelación incidental de la cesación a la detención preventiva planteada por el imputado -accionante-, por no encontrarse presente en la citada audiencia, ello a pesar de que asistió con demora en compañía de su custodio, la actuación de dicho Vocal fue cuestionado por este Tribunal Constitucional Plurinacional; toda vez que, no consideró que la salida de un recinto penitenciario, para asistir a una actuación judicial como la presente, no depende de su propia voluntad, sino de una decisión judicial que efectivice la misma, mediante una orden del juez competente al gobernador del centro penitenciario.

Bajo esas circunstancias y tomando en cuenta la jurisprudencia constitucional citada anteriormente, en el caso concreto se tiene que, el Vocal ahora accionado en el decreto de 1 de abril de 2021, no autorizó la emisión de oficio de traslado de detenido preventivo para el Director del Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz en el que se encontraba el accionante; es decir, que no existe ningún actuado procesal que acredite que se emitió el referido oficio, ni se evidencia que al momento de la celebración de la audiencia de apelación de la cesación a la detención preventiva, se hubiera suspendido la audiencia y designado un abogado defensor de oficio, debido a la inasistencia injustificada de su abogada ahora coaccionada, quien solamente presentó un memorial de suspensión de la señalada audiencia. Con esas omisiones se advierte que en el presente caso el Vocal hoy accionado vulneró los derechos del accionante al debido proceso, a la defensa, a ser oído y a una justicia pronta y oportuna, vinculados al derecho a la libertad, pues no tuvo la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa material en la celebración de dicha audiencia por encontrarse cumpliendo la medida cautelar en el citado Centro Penitenciario que se dispuso su detención preventiva; vale decir, que ante la imposibilidad del accionante de concurrir en hora al acto procesal referido -por razones ajenas a su voluntad al encontrarse detenido preventivamente-el Vocal ahora accionado debió suspender la audiencia y señalar una nueva fecha y hora de audiencia con celeridad, disponiendo la notificación a las partes procesales, la emisión del oficio de traslado o conducción de detenido preventivo para el Director del indicado Centro Penitenciario en el que se encuentra el accionante y la designación de un defensor de oficio para la fundamentación de los agravios correspondientes -previa consulta al accionante- con el fin de no vulnerar los derechos alegados en la presente acción tutelar. En ese sentido, se concluye que el Vocal hoy accionado al emitir el Auto de Vista 168 de 22 de abril de 2021, confirmando el Auto Interlocutorio 23/2021 en razón a que no se cumplió con lo previsto por el art. 113 del CPP que fue modificado por la Ley 1173, que son las causales de suspensión de una audiencia y al no haberse justificado la incomparecencia de su abogado particular, consideró que debe tener por desistido el recurso de apelación planteado por el accionante, vulnerando con ello los derechos alegados en la presente acción tutelar; puesto que, su comparecencia a la audiencia de apelación de la cesación a la detención preventiva, a efectos de ejercer su derecho a la defensa material no dependía de su propia voluntad, sino de una decisión judicial que no se cumplió con la emisión de la orden de conducción ni se efectivizó con la presencia del imputado en audiencia, pues no fue conducido oportunamente a las instalaciones donde se iba a desarrollar la indicada audiencia. Además se advierte que en el presente caso, esa situación no fue informada con claridad por el Secretario de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, sino más bien informó que las partes fueron notificadas legalmente y que la parte apelante presentó un memorial de suspensión de audiencia, permitiendo que por ello el Vocal hoy accionado también incurra en un error procedimental y que no subsane su error de forma diligente ante la situación de incomparecencia del accionante, pues no se realizó la verificación de que efectivamente se emitió la orden de conducción a la audiencia convocada del nombrado, garantizando de esa manera su derecho a la defensa material, a una justicia pronta y oportuna vinculados con la libertad, por esa razón, corresponde conceder la tutela solicitada. Finalmente es preciso señalar que, en caso de que el abogado defensor no justifique su inasistencia a la audiencia de apelación, el Vocal tiene la facultad de imponer una sanción, conforme al Reglamento del poder ordenador para audiencias penales; así también en el presente caso si el accionante considera que su abogada particular “Jaqueline Salazar”, que es hoy coaccionada, incurrió en un incumplimiento a su deber de cumplir con su labor profesional -al no asistir a la audiencia y solamente interponer un memorial de solicitud de suspensión de la citada audiencia sin su firma-, debió efectuar la denuncia ante el Tribunal de Honor del Ministerio de Justicia; es decir que el accionante, conforme a la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.2. de este fallo constitucional, debió agotar los mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para resguardar los derechos, previamente a recurrir a la jurisdicción constitucional; por lo que, corresponde denegar la tutela solicitada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.

En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder en parte la tutela solicitada, obró de manera parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 17 de 4 de diciembre de 2021, cursante de fs. 46 a 48, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela solicitada, conforme a lo expuesto en los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional, disponiendo: a) Dejar sin efecto la audiencia de apelación de cesación a la detención preventiva del accionante y el Auto de Vista 168 de 22 de abril de 2021, y una vez notificado con esta Sentencia Constitucional Plurinacional, el Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz debe convocar inmediatamente a una nueva audiencia, disponiendo las medidas necesarias para la conducción y comparecencia del accionante a la actuación judicial señalada, con el objeto de resguardar sus derechos a la defensa material, al debido proceso, y a ser oído “en segunda instancia” a una justicia pronta y oportuna, vinculados a su libertad, salvo que la situación jurídica se hubiere modificado, en razón al carácter provisional de las medidas cautelares y/o el defecto jurisdiccional advertido hubiese sido ya subsanado como efecto de la protección tutelar parcial asumido por el Tribunal de garantías. 2º DENEGAR la tutela solicitada, con relación a “Jaqueline Salazar” -en su calidad de abogada del accionante-; conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1126_2023-S3.pdf · páginas 1 a 15.

Huella digital del PDF (SHA-256): 65351714eeccac290d8e28bc6a346940e3d393143c413316a929436ce3158de3

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