Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 18 de septiembre de 2025
Concede la tutela
Los accionantes denuncian la lesión de su derecho al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, congruencia, defensa e igualdad, y de los principios de seguridad jurídica y legalidad; toda vez que, dentro del proceso penal que les sigue el Ministerio Público por la presunta comisión de los delitos usurpación de funciones y asociación delictuosa, a través del Auto Interlocutorio 155/2023, al haberse acreditado su presunta autoría de los delitos de usurpación de funciones y asociación delictuosa, y el riesgo procesal previsto en el art. 235.2 del CPP, se les impuso la medida cautelar de la detención preventiva, a cumplirse en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, por el plazo de noventa días; apelada tal resolución por las partes procesales esta fue resuelta por la ex Vocal demandada, mediante el Auto de Vista 283, en la que dispuso, con relación a su situación jurídica, ampliar la persecución penal por la presunta comisión del delito de concusión, y determinó ampliar el plazo de la detención preventiva a ciento cincuenta días, además de establecer la existencia del riesgo procesal previsto en el art. 235 núm. 1 del CPP; tal determinación fue complementada mediante Auto de Vista 156, dictado por los actuales Vocales codemandados; los accionantes denuncian que se cometieron las siguientes irregularidades: i) La Vocal demandada, sin existir petición expresa del Fiscal de Materia o la víctima -parte civil-, les amplió el plazo de detención preventiva a ciento cincuenta días y el riesgo procesal previsto en el art. 235.1 del mismo cuerpo normativo. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera, en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 105/2023 de 21 de julio, cursante de fs. 190 a 195 vta., y, en consecuencia, CONCEDER la tutela, en los mismos términos dispositivos, establecidos por la referida Sala Constitucional, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1125/2025-S3 Sucre, 18 de septiembre de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora : Paola Verónica Prudencio Candia Magistrada Correlator : Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional Expediente: 57315-2023-115-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 105/2023 de 21 de julio, cursante de fs. 190 a 195 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Eduar Javier Campero Chumacero y Hernando Centella Rivero contra Arminda Méndez Terrazas, José Emerson Figueroa Morales y Edil Robles Lijeron, ex y actuales Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.
Por memoriales presentados el 28 de junio, 6 y 11 de julio de 2023, cursantes de fs. 84 a 100, 102 a 104 vta., y 106 y vta.; los accionantes expresaron que:
En el proceso penal que les sigue el Ministerio Público, por la presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones y asociación delictuosa; a través del Auto Interlocutorio 155/2023 de 6 de mayo, se les impuso la medida cautelar de detención preventiva, a cumplirse en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, por el plazo de noventa días, considerando que se demostró la existencia del riesgo procesal previsto en el art. 235.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP). Ante dicha determinación, plantearon recurso de apelación de medidas cautelares contra el precitado Auto interlocutorio; así como el Fiscal de Materia, la víctima (parte civil) y el coimputado Elio Pinto Saucedo.
Los recursos de apelación interpuestos fueron resueltos por la ex Vocal demandada, mediante el Auto de Vista 283 de 5 de junio de 2023; disponiendo, con relación a su situación jurídica, ampliar la persecución penal por la presunta comisión del delito de concusión, y determinó ampliar el plazo de la detención preventiva a ciento cincuenta días, además de establecer la existencia del riesgo procesal previsto en el art. 235.1 del CPP; tal determinación fue complementada mediante Auto de Vista 156 de 26 de junio de 2023, dictado por los actuales Vocales de dicha Sala Penal -codemandados-. En ese orden, denuncian la vulneración de sus derechos fundamentales, puesto que en la emisión de los Autos de Vista ahora confutados se incurrieron en las siguientes irregularidades: a) Pese a que, en el Auto Interlocutorio 155/2023, se determinó el objeto de las apelaciones de medidas cautelares planteadas; la ex Vocal hoy demandada, sin existir petición expresa por parte del Ministerio Público o la víctima -parte civil-, les amplió el plazo de detención preventiva de noventa a ciento cincuenta días, además de concluir que aparte del riesgo procesal establecido en el art. 235.2 CPP, también confluía el señalado en el numeral 1 del mismo artículo; por otro lado, sin fundamentación, motivación y valoración integral de la prueba, también se les sindicó la presunta comisión del delito de concusión; sin realizar un ejercicio de subsunción entre el acto atribuido, el nexo de causalidad y el resultado conocido; b) En el acta de audiencia de apelación de medidas cautelares, específicamente en el apartado correspondiente al Fiscal de Materia, fueron insertos argumentos que nunca se mencionaron; los cuales sustentan parte de lo dispuesto por la ex Autoridad demandada. Aspecto que corrigieron los actuales Vocales codemandados mediante Auto de Vista 156, después que su Auxiliar haya dado una simple disculpa; empero, sin pronunciarse en cuanto a la falsedad ideológica que se cometió y a la incidencia de dicha corrección sobre el fondo del Auto de Vista 283, que sólo mantuvieron incólume.
Denuncian la lesión de su derecho al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, congruencia, defensa e igualdad, y de los principios de seguridad jurídica y legalidad; citando al efecto, los arts. 115, 119 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitan se conceda la tutela, disponiendo se deje sin efecto los Autos de Vista 283 y 156; y se emita nueva resolución judicial en el plazo de setenta y dos horas.
Celebrada la audiencia pública virtual el 19 de julio de 2023, conforme consta en acta cursante de fs. 176 a 190, se produjeron los siguientes actuados:
Los accionantes reiteraron íntegramente los términos de su acción de defensa.
Arminda Méndez Terrazas, ex Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, no presentó informe escrito ni concurrió a la audiencia de garantías. Empero, por memorial presentado el 18 de julio de 2023, cursante a fs. 174, devolvió la acción de defensa que se le notificó señalando que, la misma debe ser diligenciada sólo a los actuales Vocales de dicha Sala Penal; puesto que su persona ya ocupa otro cargo. José Emerson Figueroa Morales y Edil Robles Lijeron, actuales Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, no presentaron informe escrito ni concurrieron a la audiencia de garantías, pese a que fueron notificados para el efecto; conforme consta de las diligencias cursantes de fs. 109 a 110.
Elio Pinto Saucedo y Boris Gerald Sokol Roca, no intervinieron en el presente proceso, pese a que fueron notificados para el efecto, conforme consta de las diligencias cursantes de fs. 111 a 112. A través de Resolución de 10 de julio de 2023, cursante a fs. 105, la Sala Constitucional constituyó como “terceros interesados” al Ministerio Público y a Daniel Fernando Perdomo -víctima y parte civil-; sin embargo, en el expediente remitido en revisión no constan las diligencias de notificación con la acción de defensa que se examina.
La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, a través de la Resolución 105/2023 de 21 de julio, cursante de fs. 190 a 195 vta., concedió la tutela solicitada; disponiendo en consecuencia dejar sin efecto los Autos de Vista 283 de 5 de junio y 156/2023 de 26 de junio, y que se emita nueva resolución judicial; tal determinación se dio sobre la base de los siguientes fundamentos: 1) La acción de amparo constitucional plantea dos cuestiones, la primera vinculada a la falta de fundamentación, motivación de las resoluciones confutadas; y la segunda cuestión se encuentra relacionada respecto a la ampliación del plazo de investigación; en cuanto a la primera cuestión, referida a la probabilidad de autoría o participación de un delito, el juez debe realizar una explicación en cuanto a los elementos constitutivos del tipo penal, vinculado a los hechos que le hayan sido presentados; en esa línea se concluye que la decisión de la Vocal demandada no realiza una explicación coherente, motivada y razonada en cuanto a los elementos constitutivos del tipo por tanto a la probabilidad de autoría del imputado al delito de concusión, ya que esta tenía mínimamente la obligación de enumerar cuáles eran los elementos que consideraba como suficientes para establecer la posibilidad de autoría o participación de los dos hoy accionantes, con relación al hecho que se les imputa, pero no lo hizo;y 2) En cuanto a la ampliación del término, si bien es cierto que es una facultad privativa del tribunal evaluar los elementos, pero en el caso particular, no se encuentran los motivos que explique la autoridad de cuáles serían los motivos por los cuales se considera que se debe atender la solicitud del Ministerio Público, ya que debería de existir una congruencia entre el pedido realizado por el Ministerio Público, y la decisión que toma la autoridad judicial; al respecto, el Ministerio Público fundamentó que en los hechos investigados existen varios imputados; en virtud a ello, el plazo de la detención preventiva está relacionado al tiempo que le va tomar al Ministerio Público poder recolectar los elementos probatorios; en ese sentido, el Juez de primera instancia consideró prudente el establecer el plazo de noventa días; por lo que, ésta debió expresar porque tal determinación resultaba incorrecta o insuficiente, para proceder a ampliar el plazo de la detención preventiva, lo que implica que al no hacerlo ha vulnerado el derecho de los impetrantes de tutela de una valoración e interpretación adecuada.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Auto Interlocutorio 155/2023 de 6 de mayo, emitido por el Juez de Instrucción Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz; se acreditó la probabilidad de autoría de los delitos de usurpación de funciones y asociación delictuosa, pero no así respecto al delito de concusión, al no existir elemento indiciario alguno, motivo por el cual se impuso a Eduar Javier Campero Chumacero y Hernando Centella Rivero -accionantes- la medida cautelar de la detención preventiva a cumplir en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, por el plazo de noventa días, debido a que se acreditó el riesgo procesal previsto en el art. 235.2 del CPP; dentro de la misma audiencia plantearon recurso de apelación en la vía incidental el Misterio Público, la parte civil y los ahora impetrantes tutela y el coimputado Elio Pinto Saucedo (fs. 31 a 41). II.2. Por Auto de Vista 283 de 5 de junio, la Vocal demandada resolvió las apelaciones de medidas cautelares planteadas contra el Auto Interlocutorio 155/2023; declarando y disponiendo: “1. ADMISIBLE E IMPROCEDENTE EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR LA PARTE IMPUTADA ELIO PINTO SAUCEDO; 2. ADMISIBLE E IMPROCEDENTE EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR LA PARTE IMPUTADA EDWARD JAVIER CAMPERO Y HERNÁN CENTELLA RIVERO; 3. ADMISIBLE Y PROCEDENTE PARCIALMENTE LA APELACIÓN INCIDENTAL INTERPUESTA POR EL MINISTERIO PÚBLICO, PARTE CIVIL DANIEL FERNANDO PERDOMOM; EN CONSECUENCIA: SE MODIFICA PARCIALMENTE EL AUTO INTERLOCUTORIO N°155/2023 DE FECHA 6 DE MAYO DEL 2023, DICTADO POR EL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN ANTICORRUPCIÓN N° 1 DE LA CAPITAL.
Con relación al imputado Elio Pinto Saucedo, mantiene la concurrencia del Art. 233 núm. 1) del C.P.P. con relación al tipo penal de estafa y asociación delictuosa. Y asimismo la concurrencia del Art. 233 núm. 2) del C.P.P. en su Art. 234 núm. 1) y 2) del C.P.P., sin embargo, se dispone la modificación de la fianza económica de 50.000 bs a 100.000 bs. Con relación a los imputados Edward Javier Chumacero y Hernando Centella, Se habilita la probabilidad autoría con relación al tipo penal Concusión Art. 151 del C.P., asimismo se habilita la concurrencia del riesgo procesal de obstaculización Art. 235 núm. 1) del C.P.P. y se amplía la detención preventiva de 90 días a 150 días” (sic [fs. 122 vta. a 138] lo resaltado es añadido). II.3. Mediante Auto de Vista 156 de 26 de junio de 2023, los Vocales codemandados, en mérito a lo señalado por su Auxiliar a través del informe de igual fecha, dispusieron: “…dejar sin efecto el párrafo resaltado con marcador plomo que consta en el acta de audiencia de fs. 6 en la intervención del representante del Ministerio Público del acta de audiencia de fecha 05/06/23” (sic [fs. 139 y 140]).
Los accionantes denuncian la lesión de su derecho al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, congruencia, defensa e igualdad, y de los principios de seguridad jurídica y legalidad; toda vez que, dentro del proceso penal que les sigue el Ministerio Público por la presunta comisión de los delitos usurpación de funciones y asociación delictuosa, a través del Auto Interlocutorio 155/2023, al haberse acreditado su presunta autoría de los delitos de usurpación de funciones y asociación delictuosa, y el riesgo procesal previsto en el art. 235.2 del CPP, se les impuso la medida cautelar de la detención preventiva, a cumplirse en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, por el plazo de noventa días; apelada tal resolución por las partes procesales esta fue resuelta por la ex Vocal demandada, mediante el Auto de Vista 283, en la que dispuso, con relación a su situación jurídica, ampliar la persecución penal por la presunta comisión del delito de concusión, y determinó ampliar el plazo de la detención preventiva a ciento cincuenta días, además de establecer la existencia del riesgo procesal previsto en el art. 235 núm. 1 del CPP; tal determinación fue complementada mediante Auto de Vista 156, dictado por los actuales Vocales codemandados; los accionantes denuncian que se cometieron las siguientes irregularidades: i) La Vocal demandada, sin existir petición expresa del Fiscal de Materia o la víctima -parte civil-, les amplió el plazo de detención preventiva a ciento cincuenta días y el riesgo procesal previsto en el art. 235.1 del mismo cuerpo normativo. Y, por otro lado, les atribuyó la presunta autoría del delito de concusión; sin realizar un ejercicio de subsunción entre el acto atribuido, el nexo de causalidad y el resultado conocido; y, ii) En el acta de audiencia de apelación de medidas cautelares, específicamente en el apartado correspondiente al Fiscal de Materia, fueron insertos argumentos que nunca se mencionaron; los cuales sustentaron parte de lo dispuesto por la Vocal demandada. Aspecto que corrigieron los Vocales codemandados, después que su Auxiliar haya dado una simple disculpa; empero, sin pronunciarse en cuanto a la falsedad ideológica que se cometió y a la incidencia de dicha corrección sobre el fondo de la resolución judicial que agravó su situación jurídica, la cual sólo mantuvieron incólume; motivo por el cual solicitan se conceda la tutela, disponiendo se dejen sin efecto los Autos de Vista 283 y 156; y que se emita nueva resolución judicial en el plazo de setenta y dos horas. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
En relación a la temática, la SCP 0002/2018-S2 de 7 de febrero, señaló: «El art. 31 del Código Procesal Constitucional (CPCo), inserto en el Título II “Acciones de Defensa” Capítulo Primero “Normas Comunes de Procedimiento en Acciones de Defensa”, prevé lo siguiente en relación a la comparecencia de terceros. “I. La persona natural o jurídica que pruebe interés legítimo en una Acción de Defensa podrá presentarse ante la Jueza, Juez o Tribunal, que de estimarlo necesario, admitirá sus alegaciones en audiencia. II. La Jueza, Juez o Tribunal, de oficio o a petición de parte cuando considere necesario podrá convocar a terceros interesados”. Por su parte, el 33.1 del Código referido, indica que, en el caso de terceras personas que tengan interés legítimo, se deberá acreditar el interés alegado. De otro lado, el art. 35.2 del mismo Código, estipula como una actuación previa en las acciones de defensa, que: “La Jueza, Juez o Tribunal, de estimarlo necesario, ordenará la notificación para la audiencia a terceros interesados que puedan ser afectados en sus derechos o que aporten mayores elementos de juicio, para dictarse resolución”.
(…) Por otra parte, la SCP 0137/2012 de 4 de mayo, de un análisis de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, que sí establecía como requisito de la acción de amparo constitucional, la identificación del tercero interesado, en su art. 77.2; sistematizó la forma, procedimiento y efectos jurídicos en caso de incumplirse aquello, efectuando una integración del precepto señalado con la jurisprudencia ya emitida por este órgano sobre el particular; concluyendo que: “1) La teleología de la citación a los terceros interesados con la acción de amparo constitucional es garantizar su derecho a ser oídos, en el entendido que, si bien los terceros interesados no son parte en el amparo constitucional, empero, tienen un interés legítimo en su resultado por la probable afectación de sus derechos, que pudiera derivar con el pronunciamiento del fallo de tutela constitucional (…). 2) La citación de los terceros interesados con la demanda de amparo constitucional, al no ser una mera formalidad, en razón a que se encuentra destinada a garantizar el derecho a ser oídos a quienes puedan verse afectados con el resultado del fallo de tutela, se constituye en un requisito de carácter formal imprescindible para la admisión de la acción de amparo constitucional, que debe ser observado por el accionante, quien tiene la carga procesal de identificar con precisión a los terceros interesados y señalar sus domicilios; en cuyo caso el Tribunal de garantías tiene el deber inexcusable de ordenar la citación del tercero interesado (…). 3) Cuando el accionante no haya cumplido con la carga procesal de identificar al tercero interesado, dicha omisión debe ser observada por el tribunal de garantías en la etapa de admisibilidad de la acción y no a tiempo de resolverla, debiendo ordenar su subsanación, otorgando para tal efecto el plazo de cuarenta y ocho horas (…). (…) Consecuentemente, la omisión del accionante en identificar al tercero interesado, no exime al tribunal de garantías del deber de ordenar la observancia de este requisito en la etapa de admisibilidad, quedando también implícita la obligación del Tribunal, tratándose de causas que no emergen de procesos judiciales o administrativos, de extraer de los hechos que motivan la acción, la existencia de terceros con interés legítimo, para así asegurar su debida citación y resguardar el debido proceso constitucional y la igualdad jurídica de las partes y de quienes se pudieren encontrar afectados con su resultado.
4) En etapa de admisibilidad, ante el incumplimiento de este requisito por parte del accionante, se mantienen los efectos jurídicos establecidos por la jurisprudencia constitucional debiendo rechazarse la acción cuando el accionante no subsanó su omisión en el plazo otorgado por el Tribunal de garantías. 5) Cuando en etapa de revisión este Tribunal advierte que la acción de amparo fue admitida y se llevó a cabo la audiencia de consideración pese a la inobservancia de este requisito, dará lugar a la denegatoria de la acción sin ingresarse al análisis de fondo del asunto, sin perjuicio que el accionante pueda volver a interponer la acción; en cuyo caso se suspende el cómputo del plazo de caducidad del amparo constitucional para los efectos de una nueva presentación, cómputo que se reiniciará desde la notificación con la sentencia constitucional que no ingresó al fondo. 6) En caso que este Tribunal constatare en revisión, que la falta de citación al tercero interesado es atribuible al Tribunal de garantías, por no haberlo citado, no obstante que el accionante cumplió con la carga procesal de identificación, se anulará obrados siempre y cuando sea previsible la afectación o alteración de la situación jurídica del tercero interesado”. En ese orden de ideas, la misma SCP 0137/2012, citando a la SC 0814/2006-R de 21 de agosto, expresó respecto a la notificación de los terceros interesados, que: “‘…la exigencia se reduce al señalamiento del domicilio y la citación o notificación respectiva con la admisión de la demanda, debido a que el ejercicio del derecho a la defensa del tercero interesado, una vez notificado, es potestativo y no imperativo; empero, si comparece será debidamente escuchado’”. Comprensiones jurisprudenciales que no obstante de haber sido emitidas en vigencia de la anterior Norma Suprema y antes de la promulgación del Código Procesal Constitucional, respectivamente, son compatibles con el nuevo orden constitucional y procesal constitucional; toda vez que, de acuerdo a los arts. 31, 33.1 y 35.2 del CPCo, el juez o tribunal de garantías, se halla facultado para convocar a terceros interesados, de oficio o a petición de parte cuando se considere necesario, encontrándose incluso regulado en el art. 33.1 precitado, como requisito para la acción, el que se acredite el interés de terceras personas dentro de la garantía constitucional; presentándose aquello lógicamente, cuando la problemática demandada en la acción tutelar, derive de procesos judiciales o administrativos, en los que resulta ineludible, que la parte contraria a la que plantea la garantía constitucional, tenga conocimiento de la misma, siendo que los resultados de ésta, podrían generar la afectación de sus derechos o intereses legítimos; debiendo velarse que, en mérito al derecho a la defensa que le asiste, pueda ser oída haciendo uso de los alegatos y medios de defensa pertinentes al caso, a fin que el juez o tribunal de garantías, falle teniendo una comprensión certera sobre el tema, escuchando a todas las partes que tengan interés en la problemática en particular. Finalmente, cabe referirse a lo establecido en la SCP 2040/2013 de 18 de noviembre, en sentido que este Tribunal: “…también determinó excepciones para evitar la nulidad de obrados o denegar la tutela por falta de identificación o notificación al tercero interesado cuando la misma no se justifica en mérito a la ponderación de los principios de celeridad, economía procesal, eficacia y eficiencia; puesto que la sentencia constitucional a pronunciarse no afectaría derechos o intereses de las partes, ya sea porque: a) Ingresando al fondo de todas maneras se denegará la tutela; b) Se aplicará alguna causal de improcedencia o de rechazo de la acción; o, c) La concesión de la tutela no irá en desmedro de los derechos e intereses del tercero interesado (SC 0178/2011 de 11 de marzo)…”. Por lo que, de no presentarse los casos descritos en las subreglas anotadas, se deduce ser imperativa la nulidad de obrados, a fin de no provocar dentro de la consideración de una acción de amparo constitucional, la vulneración del derecho a la defensa del tercero con interés legítimo, quien conforme se anotó, se reitera, debe ser notificado a fin de asumir su defensa, de así considerarlo conveniente a sus derechos e intereses» (las negrillas son nuestras).
El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre ; la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se vulnera dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio, se aclara que dicha garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios. En el Fundamento Jurídico III.3, de la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se establecieron los requisitos que debe contener toda resolución jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación como elemento configurativo del debido proceso, como son:
a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado. En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio, precisó que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso. Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre se refirió a la fundamentación como sustento de una resolución disciplinaria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre , la que desarrolla el contenido 2El FJ III.3 indica que: “…la garantía del debido proceso no es únicamente aplicable en el ámbito judicial, sino también en el administrativo y disciplinario, cuanto tenga que determinarse una responsabilidad disciplinaria o administrativa e imponerse una sanción como ha ocurrido en el presente caso”. 3 El FJ III.2.3, señala: “Toda autoridad administrativa que emita una resolución en segunda instancia, debe mínimamente exponer en la resolución: 1) Los hechos, citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución, efectuando la relación de causalidad entre los hechos y la norma aplicable; 2) Pronunciamiento sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso de alzada, actuando en mínima petita, considerando cada aspecto de manera puntual y expresa, desarrollando una valoración lógica de los puntos impugnados, efectuar lo contrario, elimina la parte fundamental de la resolución, lesionando efectivamente el debido proceso, derivando en el extremo inaceptable que los procesados no puedan conocer cuáles son las razones del fallo y cual es la posición del tribunal de alzada en relación con los puntos impugnados.
En tanto y en cuanto, las resoluciones administrativas de segunda instancia conlleven insertas en su texto de manera expresa, las respuestas a todos los aspectos cuestionados en el recurso de impugnación, el sujeto sometido al proceso disciplinario, tendrá la plena convicción respecto a que la decisión asumida por la autoridad administrativa es a todas luces justa. Esta afirmación nos lleva a concluir que no le está permitido a la autoridad administrativa, reemplazar una adecuada y sustanciosa fundamentación por una elemental relación de antecedentes”. 4 El FJ III.4, expresa: “Consiguientemente, aplicando los principios informadores del derecho sancionador, las resoluciones pronunciadas por el sumariante y demás autoridades competentes deberán estar fundamentadas en debida forma, expresando lo motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. Fundamentación que no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos y presentación de pruebas o los criterios expuestos por las partes, y en los casos en los que existan coprocesados, resulta primordial la individualización de los hechos, las pruebas, la calificación legal de la conducta y la sanción correspondiente a cada uno de ellos en concordancia con su grado de participación o actuación en el hecho acusado”. 5 El FJ III.1, manifiesta: “En ese marco, se tiene que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que esencial del derecho a una resolución fundamentada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: i) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; ii) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; iii) Garantizar la posibilidad del control de la resolución por medio de los recursos; iv) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y, v) La observancia del principio dispositivo, que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-.
Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión: a) Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten; b) Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; c) Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son: (1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad. Estos elementos se desarrollarán a continuación: (…)
(2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia. (…) b) En correspondencia con lo anterior, la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) Una `decisión sin motivación´, o extiendo esta es b.2) Una `motivación arbitraria´; o en su caso, b.3) Una `motivación insuficiente´. (…) c) La arbitrariedad también se expresa en la falta de coherencia, o incongruencia de la decisión (principio de congruencia), cuando el conjunto de las premisas, -formadas por las normas jurídicas utilizadas para resolver el caso, más los enunciados fácticos que describen los hechos relevantes- no son correctas, fundadas y si, además, su estructura también no lo es. Esto, más allá si la resolución que finalmente resuelva el conflicto es estimatoria o desestimatoria a las pretensiones de las partes. Es decir, como señala Robert Alexy, se trata de ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación”. 6 El FJ III.2, establece: “A las cuatro finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión cuáles son: 1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad (SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, se suma un quinto elemento de relevancia constitucional; y, 5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo. 5) La observancia del principio dispositivo, implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos”.
partes; y, d) Por la falta de coherencia del fallo, que se manifiesta: d.1) En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto o parte resolutiva-; y, d.2) En su dimensión externa, que implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010-R de 22 de junio, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de 10 mayo señaló que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada. En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o sea 7 El FJ III.3, expresa: “Que, al margen de ello, también cabe reiterar que el art. 236 CPC, marca el ámbito de contenido de la resolución a dictarse en apelación, pues estipula que la misma, deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que además hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, de manera que el Juez o tribunal ad-quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”. 8 El FJ III.3.1, señala: “De esa esencia deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”. 9 El FJ III.2, indica: “La abundante jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, ha señalado con relación al principio de congruencia -que es determinante en cualquier proceso judicial o administrativo- como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, que implica la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume (SC 1619/2010-R de 15 de octubre). Bajo ese razonamiento, el principio de congruencia forma parte de derecho-garantía-principio del debido proceso, contemplado en el art. 115.I de la CPE”. 10 El FJ III.1, refiere: “Además de ello, toda resolución dictada en apelación, no sólo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de apelación expuestos por la parte apelante, que se entiende deben estar relacionados con lo discutido ante el juez a quo. Para el mismo objetivo -resolver la apelación-, también el juez ad quem, si se trataran de varias apelaciones y deba resolverlas en una sola resolución deberá individualizar a las partes, lo que supone también, la individualización de sus pretensiones y resolverlas de la misma forma; pues en el único caso que podrá dirigirse en su fundamentación a dos o más apelantes, será cuando éstos hubieran coincidido en sus argumentos al presentar su apelación, o varios hubieran presentado apelación en forma conjunta. Ahora bien, la misma obligación que tiene el juez ad quem frente a los apelantes, también debe cumplirla frente a la parte adversa, para el caso de que el procedimiento aplicable admita que la misma pueda responder al recurso, pues omitir las consideraciones a la respuesta igual que no responder a los puntos de apelación, resulta arbitrario y por lo mismo, daría lugar a una omisión indebida plasmada en la resolución que resuelve la apelación”.
arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa. La jurisprudencia contenida en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2221/2012 y 0100/2013, citadas anteriormente, fue modulada por la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero; la cual, entendió que únicamente es posible conceder la tutela y disponer la nulidad de la resolución judicial o administrativa, ordenando se emita otra nueva, ante la denuncia de arbitraria o insuficiente fundamentación, previo análisis de la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; es decir, previo análisis de su relevancia constitucional; por cuanto, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal, únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; en ese sentido, en el Fundamento Jurídico III.1, estableció:
Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aún carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela por carecer de relevancia constitucional, con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna. La sistematización jurisprudencial señalada precedentemente fue desarrollada en la SCP 0353/2018-S2 de 18 de julio, acogiendo la sistematización realizada en la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero.
Los estándares de fundamentación y motivación contenidos en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2221/2012 y 0100/2013 -citadas anteriormente-, son aplicables a las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares, conforme a las exigencias específicas en materia procesal penal y a lo dispuesto en los arts. 233.1 y 2; 234 y 235 del CPP; asimismo, la SCP 0077/2012 de 16 de abril, en una resolución judicial que resolvió una medida cautelar en apelación, interpretó el art. 398 del mismo Código.
Ahora bien, la modulación efectuada por la SCP 0014/2018-S2, que analiza previamente la relevancia constitucional, para disponer la nulidad de la resolución cuando se denuncia arbitraria o insuficiente motivación, no alcanza a las resoluciones que imponen la medida cautelar de detención preventiva, en las que sí, es exigible disponer la nulidad y realizar el reenvío ante la autoridad jurisdiccional ordenando se emita nueva resolución; por cuanto, en estos casos, aun se advierta que la corrección de una decisión con fundamentación o motivación arbitraria o insuficiente, no modificará la parte resolutiva, esto es, la decisión de la detención preventiva; sin embargo, es esencial que el imputado y el juez o tribunal conozcan las razones jurídicas que sustentaron la decisión de detención preventiva respecto a las condiciones establecidas en el art. 233.1 y 2 del CPP, vinculadas a los arts. 234 y 235 del citado cuerpo legal; es decir, es esencial que conozcan cuáles fueron los elementos de convicción y supuestos que determinaron la imposición de la medida, a efectos que: a) Por una parte, el imputado pueda solicitar en el futuro su cesación, aportando nuevos elementos de convicción que demuestren que ya no concurren los motivos que la determinaron, y por tanto, solicite medidas sustitutivas o su libertad irrestricta; y, b) Por otra, el juez o tribunal analice de manera ponderada, si los nuevos elementos de convicción que aportó el imputado, demuestran que ya no concurren los motivos que determinaron la medida o la conveniencia que la misma sea sustituida por otra. En efecto, conforme destacó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs. Ecuador, en la Sentencia de 21 de noviembre de 2007 sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, la motivación de la decisión judicial que restringe la libertad personal, garantiza el derecho a la defensa, por cuanto, evita que una falta de motivación impida que el imputado conozca las razones por las cuales permanece privado de libertad, además, que le dificulta su tarea de presentar nueva evidencia o argumentos con el fin de lograr su liberación o impugnar de mejor manera una prueba de cargo determinante. Por lo que, tanto la resolución que impone la medida cautelar de detención preventiva, como la que resuelve la apelación deben tener, en palabras de la Corte IDH, una fundamentación suficiente, que permita al privado de libertad conocer los motivos por los cuales se mantiene su restricción a este derecho; y si la detención se ajusta a las condiciones necesarias para su aplicación -indicios razonables que vinculen al acusado, fines legítimos, aplicación excepcional y criterios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad-. En el marco de lo anotado, el art. 236 del CPP, exige que la resolución que disponga la detención preventiva, se encuentre debidamente motivada sobre los presupuestos que dieron lugar a su determinación. Por su parte, el Tribunal Constitucional en la SC 0012/2006-R de 4 de enero, en el Fundamento Jurídico III.1.7, explicó la necesidad constitucional de motivar las resoluciones que disponen la detención preventiva, así como las que rechazan el pedido de su imposición, las que la modifican, sustituyen o revocan, al señalar lo siguiente: La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, consagrados en el art. 16.IV Constitucional, y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria; sin embargo, ello no supone que las decisiones jurisdiccionales tengan que ser exhaustivas y ampulosas o regidas por una particular estructura; pues se tendrá por satisfecho este requisito aun cuando de manera breve, pero concisa y razonable, permita conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez a tomar la decisión; de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la resolución; y así, dada esa comprensión, puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el ordenamiento; resulta claro que la fundamentación es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla. Más tarde, la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, en el Fundamento Jurídico III.4, sobre la motivación de las resoluciones judiciales, estableció que éstas deben expresar las razones de hecho y derecho en las cuales basa su convicción y el valor que otorga a los medios de prueba que presenten las partes, aclarando que esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes, señalando que:
…la autoridad judicial competente, para adoptar la decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, está obligado a verificar y determinar la concurrencia de los requisitos mencionados por el art. 233 CPP, para lo que deberá contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio Público con los elementos de prueba presentados sobre la concurrencia de los requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 234 y 235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar en derecho la decisión de aplicar la medida cautelar de carácter personal, pues tomando en cuenta que uno de los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho es la motivación de las decisiones de las autoridades públicas, el juez está obligado a expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basa su convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, así como el valor otorgado a los medios de prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado a expresar los presupuestos jurídicos que motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la descripción clara y objetiva de los elementos de convicción concurrentes. Por otra parte, el deber de motivación de las resoluciones judiciales también ataña a los tribunales de apelación, sobre el particular la jurisprudencia constitucional recalcó la importancia de que los tribunales de segunda instancia fundamenten sus decisiones, debido a que en los hechos, hacen una revisión de la resolución del inferior, teniendo especial importancia la del tribunal de apelación, que revisa una decisión que impuso una medida cautelar, que la revoca, la modifica, la sustituye u ordena la cesación de una detención preventiva, por su vinculación con los derechos a la libertad y la presunción de inocencia. Al respecto, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, reiterada, entre otras, por la SCP 0166/2013 de 19 de febrero, en el Fundamento Jurídico III.2, establece que:
…la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar.
Consecuentemente, el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva. Recogiendo dichos entendimientos, la SCP 0077/2012 de 16 de abril señala que el art. 398 del CPP, establece que los tribunales de alzada deben circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución; lo que no implica, que estos se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución, por la cual, deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, revocarla, sustituirla o disponer la cesación; quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los presupuestos que la normativa legal prevé. En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares o determine la cesación o rechace ese pedido, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP. Cuando se trata de la protección del derecho a la libertad personal por medio del recurso de apelación de la medida cautelar, el análisis del tribunal de alzada, no puede reducirse a una mera formalidad, sino, debe examinar las razones invocadas por el recurrente y manifestarse expresamente sobre cada una de ellas, de acuerdo a los parámetros establecidos en el punto anterior, debiendo expresar fundadamente los motivos por los que considera que efectivamente se dan los riesgos procesales previstos por el art. 233 del CPP. En todo caso, el tribunal de apelación debe realizar una revisión integral del fallo del juez que impuso la medida cautelar, considerando los motivos de agravio que fundamenta el recurso de apelación, los argumentos de 13 El FJ III.3, refiere: “Finalmente, cabe remitirse a lo previsto en el 236 del CPP, entre cuyos requisitos del auto de detención preventiva se encuentran: `3) La fundamentación expresa sobre los presupuestos que motivan la detención, con cita de las normas legales aplicables´. En el marco de las normas legales citadas, aplicables al caso que se examina, se establece que el límite previsto por el art. 398 del CPP a los tribunales de alzada, de circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución, no implica que los tribunales de apelación se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución por la cual deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva, en el entendido que ésta última determinación únicamente es válida cuando se han fundamentado los dos presupuestos de concurrencia, para cuya procedencia deberá existir: 1) El pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiere constituido en querellante; 2) La concurrencia de los requisitos referidos a la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible y la existencia de elementos de convicción suficiente de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad; circunstancias que deben ser verificadas y determinadas por el tribunal y estar imprescindiblemente expuestas en el auto que la disponga, por lo mismo, la falta de motivación por parte de los tribunales de alzada no podrá ser justificada con el argumento de haberse circunscrito a los puntos cuestionados de la resolución impugnada o que uno o varios de los presupuestos de concurrencia para la detención preventiva no fueron impugnados por la o las partes apelantes. En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos para su procedencia, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP”.
contrario, analizar y valorar fundadamente las pruebas que se traen a su consideración, para finalmente en su determinación, expresar las circunstancias concretas de la causa que le permiten presumir razonadamente la existencia de los riesgos procesales que justifican que se mantenga la detención preventiva; no siendo posible un rechazo sistemático de la solicitud de revisión, limitándose a invocar, por ejemplo, presunciones legales relativas al riesgo de fuga. El tribunal de apelación no puede limitarse a invocar presunciones legales relativas a los riesgos procesales o normas, que de una forma u otra, establecen la obligatoriedad del mantenimiento de la medida. Si a través del fundamento de la resolución, no se demuestra que la detención preventiva de la persona es necesaria y razonable, para el cumplimiento de sus fines legítimos, la misma deviene en arbitraria (negrillas añadidas). En virtud a lo señalado, la fundamentación y motivación no exige que las resoluciones sean ampulosas, sino que contengan una explicación razonable de los motivos que llevaron a la autoridad judicial a decidir sobre la aplicación de una medida cautelar, en especial la detención preventiva; lo que implica que, se deberá razonar sobre el cumplimiento de los requisitos formales y materiales de legalidad, así como de los principios de proporcionalidad y razonabilidad, siempre que corresponda; aclarándose que, respecto a la proporcionalidad, cuando se analice la necesidad de la medida, no es menester que la autoridad judicial exponga las razones por las cuales se desestima cada una de las medidas sustitutivas previstas en el Código de Procedimiento Penal, sino que explique, por qué resulta indispensable su aplicación en mérito a los riesgos procesales existentes, a partir de la argumentación realizada por el Ministerio Público o la parte acusadora. El entendimiento precedente fue desarrollado en la SCP 0447/2018-S2 de 27 de agosto, precedida por la SCP 0353/2018-S2 de 18 de julio.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se constató que: Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra los impetrantes de tutela, por ser presuntos autores de los delitos de usurpación de funciones y asociación delictuosa; a través del Auto Interlocutorio 155/2023, se les impuso detención preventiva a cumplir en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, por el plazo de noventa días, siendo que se acreditó el riesgo procesal previsto en el art. 235.2 del CPP. Resolución judicial contra la que plantearon apelación de medidas cautelares; así como el Fiscal de Materia, la víctima -parte civil- y el coimputado Elio Pinto Saucedo (Conclusión II.1).
Medios de impugnación que resolvió la Vocal demandada por Auto de Vista 283 de 5 de junio de 2023, disponiendo con relación a su situación jurídica, ampliar la persecución penal por la presunta comisión del delito de concusión; el plazo de detención preventiva a ciento cincuenta días; y, el riesgo procesal previsto en el art. 235.1 del mismo cuerpo normativo (Conclusión II.2) Complementado mediante Auto de Vista 156 de 26 de junio de 2023, dictado por los Vocales codemandados (Conclusión II.3). En ese contexto, previamente amerita referirse sobre una cuestión procesal que ha sido identificada por este Tribunal, en el examen del expediente del presente proceso constitucional. Con carácter previo, es necesario el referir que los accionantes, al interponer la acción de defensa que se examina, consignaron como terceros interesados al Ministerio Público, Daniel Fernando Perdomo -víctima y parte civil-, Elio Pinto Saucedo y Boris Gerald Sokol Roca -coimputados-; todos sujetos procesales de la causa penal que se les sigue. Los cuales, fueron constituidos como tales por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en la respectiva etapa de admisibilidad, a través de Resolución de 10 de julio de 2023, cursante a fs. 105. Sin embargo, de la evaluación exhaustiva de todos los actuados remitidos en revisión se manifiesta la inexistencia de las diligencias de notificación con la acción de defensa que se examina, al Ministerio Público y Daniel Fernando Perdomo -víctima y parte civil-; lo que lleva a la compresión que ambos no fueron notificados con la aludida demanda tutelar; y, por ende, nunca tuvieron conocimiento de la misma y si bien conforme a los entendimientos desarrollados en el Fundamentos Jurídicos III.1 del presente fallo constitucional, implicaría la posibilidad que se declare la nulidad de obrados; sin embargo, es necesario el considerar que la acción tutelar corresponde a la gestión 2023, además de que en el presente caso el Tribunal de garantías concedió la tutela ante la evidente falta de fundamentación de las resoluciones confutadas, lo que implica que el proceso penal debe encontrarse en otra etapa; por lo que, carecería de sentido el disponer la nulidad de obrados, ya que el derecho sustancial siempre debe prevalecer ante las exigencias formales. Ahora bien, analizando el fondo de lo solicitado, de la revisión del acta de audiencia de apelación a las medidas cautelares realizada el 5 de junio, se tiene los argumentos del representante del Ministerio Público quien manifestó que los ahora accionantes, debieron ser imputados por el delito de concusión; ya que, si bien no existen pruebas de que estos hayan recibido dinero de manera directa por parte de la víctima, por su intermedio lograron que se beneficiara con dicho monto a un tercero; también solicitó que se considere la aplicación del riesgo procesal establecido en el art. 235.1 del CPP, ya que al ser los imputados policías podrían destruir las pruebas dentro del caso investigado; se tiene que la parte civil se remitió a adherirse a los argumentos del Ministerio Público. La defensa de los ahora accionantes, manifestó que no existió denuncia por parte de la víctima, ahora parte civil, respecto a la presunta comisión de los delitos de concusión y organización criminal, y que solamente existió la denuncia del delito de estafa; cuestionó la imputación por el delito de usurpación de funciones y concusión, ya que estos tampoco fueron objeto de denuncia por parte de la presunta víctima, además que estos en momento alguno sostuvieron ser parte de la FELCN, y que no correspondía que estuvieran detenidos porque en su caso solamente concurrió un solo riesgo procesal, que se encuentra establecido en el art. 235.2 del CPP. En ese contexto, del contenido del Auto de Vista 283, se tiene que atendiendo la solicitud del Ministerio Público, en cuanto a que se debió de imputar a los ahora accionantes por la comisión del delito de concusión, previsto por el art. 151 del CP, se advirtió que estos se presentaron en el lugar de los hechos, donde se encontraba la víctima con el objeto de amedrentarle, afirmando que estaban realizando un allanamiento, mostrando una foto de Aldo Justiniano Costa enmanillado, al que antes se le hubiera entregado un monto de dinero, considerando que estos beneficiaron a una persona con este comportamiento en forma irregular; toda vez que, conocen al prenombrado ciudadano e intentaron protegerlo, extremo que no fue desvirtuado por la defensa de los ahora impetrantes de tutela; además que falsificaron los datos del proceso y coaccionaron a la víctima, calumniándole afirmando que este estaba siendo investigado por el delito de narcotráfico, aunque no esté demostrado el acto de la entrega de dinero a los ahora peticionantes de tutela; empero, ese es un elemento que debería de ser probado por el Ministerio Público, para así poder llegar a la verdad histórica del hecho. Sobre este punto, se advierte que la Vocal demandada se remitió a realizar una descripción de los hechos, sin hacer alusión alguna a los argumentos presentados por la defensa de los impetrantes de tutela, y llegar a una conclusión que evidentemente estos hubieran cometido con probabilidad el delito de concusión, sin explicar qué elementos constitutivos del referido tipo se acomodaban a los hechos descritos de su parte, ya que reconoce que no existía evidencia alguna que los impetrantes de tutela hubieran requerido la entrega de algún monto de dinero; reiterando que estos hubieran amedrentado a la víctima, protegiendo a quienes les hubieran sonsacado su dinero, siendo estas conclusiones completamente subjetivas y sin apoyo de prueba alguna; extremo demostrado cuando se exige que es el Ministerio Público el que debía de colectar prueba para demostrar la comisión del delito de concusión; lo que demuestra la falta de fundamentación y motivación sobre este punto en particular, correspondiendo que se les conceda la tutela impetrada. En lo concerniente a la inclusión del riego procesal establecido en el art. 235.1 del CPP, el Juez ad quo consideró que las pruebas producidas, respecto al desdoblamiento de imágenes, los celulares de ambos imputados ya fueron entregados a la policía; por lo que, el modificar, ocultar o suprimir elementos de prueba no se encontraba latente; al respecto, la Vocal demandada advirtió que los imputados, como oficiales de policía tienen toda la posibilidad para destruir los elementos de prueba; sobre este punto en particular, la autoridad demandada se limitó a afirmar que los ahora accionantes al ser oficiales de la policía podían destruir la prueba, sin explicar cómo podían hacerlo, ya que la prueba ya estaba colectada; por lo que, no se advierte que hayan existido nuevos elementos que impliquen la necesidad de aplicar el riesgo procesal establecido en el art. 235.1 del CPP; en ese entendido, no se advierte la suficiente fundamentación sobre tal determinación. Máxime, si se considera que la inclusión del párrafo relativo al citado riesgo procesal, fue suprimida del acta de audiencia de apelación de medidas cautelares de 5 de junio de 2023, por Auto de Vista 156 emitido por el Vocal codemandado; en virtud a un informe de la funcionaria de apoyo judicial que elaboró ese documento es decir que el argumento para sustentar ese riesgo procesal por parte del Fiscal de Materia a cargo de la investigación fue dejado sin efecto. Por otra parte, no se advierte que el Ministerio Público haya solicitado la ampliación del plazo para la detención preventiva de los ahora accionantes; sin embargo, dentro del Auto de Vista a tiempo de considerar correcta la medida asumida por el Juez ad quo de aplicar la detención preventiva en contra de los peticionantes de tutela; señalando el plazo de los noventa días no resulta ser suficiente para que el Ministerio Público pueda realizar los actos investigativos, toda vez que este tiene que ejecutar mandamientos de allanamiento, recabar entrevista informativa de todas las personas que tienen relación directa o indirecta con los imputados, recibir la declaración de otros testigos, etc; por lo que se dispuso la ampliación del plazo a ciento cincuenta días. Al respecto, sobre este tema se tiene que la resolución confutada peca de incongruente, ya que la ampliación de la detención preventiva no fue requerida por parte del Ministerio Público; por lo que, tal extremo se constituye en una determinación extra petita, motivo por el cual se constata la incongruencia de ésta correspondiendo conceder la tutela impetrada. En cuanto al Auto de Vista 156, emitido por los Vocales codemandados; del contenido de tal resolución, ante lo solicitado y la respuesta dada. Si bien no se advierte la vulneración de los derechos de los impetrantes de tutela; empero, el precitado fallo deviene de un error cometido por la funcionaria de apoyo judicial que transcribió el acta de la audiencia de apelación incidental de 5 de junio de 2023 incluyendo un párrafo que contenía argumentos del Ministerio Público que no fueron desarrollados en ese acto y pertenecían a otro caso; en virtud a ello, dado el devenir del tiempo transcurrido y ante la concesión inicial de tutela que dejó sin efecto el Auto de Vista 283 que contenía dicho yerro; se infiere que el mismo debería haberse subsanado con la emisión de un nuevo fallo dispuesto por la Sala Constitucional; por ende, el Auto de Vista 156, inevitablemente hubiera dejado de tener el efecto para el que fue pronunciado; en ese entendido corresponde mantener la decisión inicial de anular ambos Autos de Vista. En consecuencia, la Sala Constitucional, al haber concedido la tutela solicitada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera, en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 105/2023 de 21 de julio, cursante de fs. 190 a 195 vta., y, en consecuencia, CONCEDER la tutela, en los mismos términos dispositivos, establecidos por la referida Sala Constitucional, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
1 El Cuarto Considerando, señala: “…el derecho al debido proceso, que entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos y al margen de ello, la fundamentación legal que sustenta la parte dispositiva de la misma. (…) consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión arbitraria y dictatorial que vulnera de manera flagrante el citado derecho que otorga a las partes saber el porqué de la parte dispositiva de un fallo o Resolución”.
11 El párrafo 118, señala: “Por otro lado, la Corte destaca que la motivación de la decisión judicial es condición de posibilidad para garantizar el derecho de defensa. En efecto, la argumentación ofrecida por el juez debe mostrar claramente que han sido debidamente tomados en cuenta los argumentos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado rigurosamente, más aún en ámbitos en los que se comprometen derechos tan importantes como la libertad del procesado. Ello no ocurrió en el presente caso. La falta de motivación en las decisiones de la Jueza impidió que la defensa conociera las razones por la cuales las víctimas permanecían privadas de su libertad y dificultó su tarea de presentar nueva evidencia o argumentos con el fin de lograr la liberación o impugnar de mejor manera una prueba de cargo determinante”.
12 El párrafo 107, indica: “El Tribunal recalca que son las autoridades nacionales las encargadas de valorar la pertinencia o no del mantenimiento de las medidas cautelares que emiten conforme a su propio ordenamiento. Al realizar esta tarea, las autoridades nacionales
deben ofrecer la fundamentación suficiente que permita a los interesados conocer los motivos por los cuales se mantiene la restricción de la libertad (…)”. Del mismo modo, el párrafo 117, subraya: “De igual forma, ante cada solicitud de liberación del detenido, el juez tiene que motivar aunque sea en forma mínima las razones por las que considera que la prisión preventiva debe mantenerse (…)”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1125_2025-S3.pdf · páginas 1 a 22.
Huella digital del PDF (SHA-256): 5c58b28990ccbe02ccea28e82b17df9546b7e20a373af59e2b0db46a4291fe99
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →