Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 22 de septiembre de 2025
Deniega la tutela
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de legitimación de ganancias ilícitas, la Vocal demandada al emitir el Auto de Vista 910/2022, dejó sin efecto el Auto Interlocutorio 584/2022 que dispone su detención preventiva, ordenando que el Juez a quo emita uno nuevo; Auto de Vista que fue emitido en cumplimiento de la Resolución 16/2022, como efecto de una anterior acción de libertad que interpuso, reclamando que tal decisión elude pronunciarse sobre el fondo de su situación jurídica dejando un camino de incertidumbre y de vulneración de sus derechos.
Ante ello, la autoridad demandada señala que, en varias ocasiones se presentaron acciones de libertad con los mismos argumentos reiterativos; asimismo, el Auto de Vista 910/2022 fue emitido en cumplimiento de la Resolución 16/2022, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías; por lo que, el impetrante de tutela debió acudir ante esa instancia y no generar multiplicidad de sentencias constitucionales. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 046/2023 de 24 de abril, cursante de fs. 85 a 86, pronunciada por el Juez de Sentencia Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1125/2025-S2 Sucre, 22 de septiembre de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 55275-2023-111-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 046/2023 de 22 de abril, cursante de fs. 85 a 87, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Maximiliano Dávila Pérez contra Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
Por memorial presentado el 21 de abril de 2023, cursante a fs. 1 y 63 a 66, el accionante manifiesta lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de legitimación de ganancias ilícitas, se encuentra detenido preventivamente por disposición del Auto Interlocutorio 49/2022 de 24 de enero. Después de diferentes audiencias de cesación de la detención preventiva, presentó una nueva solicitud que, mediante Auto Interlocutorio 584/2022 de 2 de agosto, se rechazó su pretensión, mismo que fue recurrido en apelación incidental y resuelto por Auto de Vista de 12 de igual mes y año, emitido por Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora demandada-, dejando sin efecto la Resolución recurrida y ordenando que se emita otro fallo por el Juez a quo, lo que motivó a que interponga una acción tutelar anterior, en la que se determinó dejar sin efecto dicho Auto de Vista y emitir uno nuevo por la autoridad demandada.
En consecuencia, la Vocal demandada emitió el Auto de Vista 612/2022 de 18 de agosto, revocando en parte el Auto Interlocutorio 584/2022, en la que dispone que la autoridad jurisdiccional señale audiencia de consideración de su situación jurídica; no obstante, la misma fue objeto de una nueva acción de libertad, en la cual, el Juez de Sentencia Penal “DECIMO” -siendo lo correcto Decimoquinto- de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 16/2022 de 11 de octubre, concedió en parte la tutela solicitada, disponiendo la nulidad en parte del Auto de Vista 612/2022, con relación a la “motivación y fundamentación”, disponiendo que el Juez a quo ingrese al fondo del proceso y defina su situación jurídica. En consecuencia, la Vocal demandada emitió Auto de Vista 910/2022 de 23 de noviembre, en el que dispuso dejar sin efecto el Auto Interlocutorio 584/2022 y ordenó a la autoridad de primera instancia emita uno nuevo: no obstante, el ordenar la remisión nuevamente al Juez a quo generó una lesión a sus derechos, ya que, eludió cumplir con la obligación del Tribunal de apelación de pronunciarse sobre el fondo de su situación jurídica generando incertidumbre y la conculcación de sus derechos.
El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación, sin citar norma constitucional alguna.
Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia: a) Dejar sin efecto el Auto de Vista 910/2022, debiendo pronunciarse sobre el fondo de la apelación; y, b) Se ordene que, en la emisión del nuevo auto de vista se considere que no se puede ampliar la detención preventiva sin que antes la misma hubiera sido promovida en la vía incidental.
Celebrada la audiencia pública virtual el 22 de abril de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 79 a 84 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El impetrante de tutela, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad y ampliando señaló que, la pretensión no radica en el hecho de solicitar el cumplimiento de una anterior acción de libertad, sino que, el Tribunal de apelación, en este caso la Vocal demandada tiene la obligación de definir su situación jurídica mediante una resolución debidamente motivada.
Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por informe escrito cursante a fs. 78, sostuvo que: 1) Fue objeto de diferentes acciones de libertad en su contra, realizando un abuso excesivo del mismo por parte del accionante; y, 2) Emitió el Auto de Vista 910/2022, en cumplimiento de la Resolución 16/2022, emitida por el Juez de Sentencia Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por lo que, el impetrante de tutela pudo acudir ante esa instancia y no generar multiplicidad de sentencias constitucionales que a la fecha -se entiende 21 de abril de 2023- se encuentra en revisión por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional, máxime considerando que en una anterior oportunidad el mismo Juez de garantías de la presente acción tutelar emitió la Resolución 041/2023 de 13 de abril, denegando la tutela solicitada por el accionante; por lo que, se podrá observar que son los mismos argumentos reiterativos descritos por el prenombrado; en consecuencia, solicitó se deniegue la tutela impetrada.
El Juez de Sentencia Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 046/2023 de 22 de abril, cursante de fs. 85 a 87, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: i) Es necesario hacer mención a las subreglas que son aplicables a toda acción tutelar, entendiendo que no es posible activar otra acción de defensa cuando ya existe una resolución en una primera acción de la cual emerge la que se interpone; ya que, esto restaría la eficacia a las resoluciones emitidas por los jueces de garantías; por lo que, no se puede pretender activar otra acción tutelar para el cumplimiento de una resolución emergente de una anterior; y, ii) El accionante debió haber acudido ante la autoridad constituida en Juez de garantías -ante el Juez de Sentencia Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de La Paz- a efectos de dar a conocer estos aspectos y en su caso, asumir las acciones que correspondan. En vía de aclaración, enmienda y complementación, el accionante preguntó al Juez de garantías, sobre si se consideró que la pretensión en la actual acción de libertad estaba enfocada no en el cumplimiento de una anterior acción de libertad, sino este hecho debe ser considerado como nuevo y lesivo a sus derechos; asimismo, se aclare si es obligación de la Resolución 16/2022 el solicitar el cumplimiento de la misma habiéndose aclarado que no se ha cumplido, porque no se ingresa al fondo de la situación jurídica. Al respecto, el Juez de garantías señaló que ha sido claro al expresar los fundamentos de su decisión, haciendo constar que la autoridad demandada emitió el Auto de Vista 910/2022 en cumplimiento a la Resolución 16/2022.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Auto de Vista 910/2022 de 23 de noviembre, emitido por Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -demandada-, en cumplimiento a la Resolución 16/2022 de 11 de octubre, emitida por el Juez de Sentencia Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, que determina en el fondo dejar sin efecto el Auto Interlocutorio 584/2022 de 2 de agosto, debiendo la autoridad jurisdiccional dictar nueva resolución en el plazo de veinticuatro horas (fs. 3 a 9). II.2. De la revisión del Sistema de Gestión Procesal del Tribunal Constitucional Plurinacional se tiene una acción de libertad presentada el 16 de agosto de 2022 por José Ramiro Uriarte Ortiz en representación sin mandato de Maximiliano Dávila Pérez -ahora accionante- contra la autoridad demandada, la misma que fue resuelta mediante Resolución 038/2022 de 17 de agosto y en revisión por este Tribunal mediante la SCP 0002/2025-S3 de 18 de febrero, por la que concedió la tutela solicitada por el impetrante de tutela. II.3. Del Sistema de Gestión Procesal del Tribunal Constitucional Plurinacional se tiene la acción de libertad presentada el 10 de octubre de 2022 por José Ramiro Uriarte Ortiz y Pamela Rosse Mary Figueroa Selaez en representación sin mandato del accionante contra la Vocal demandada, la misma que fue resuelta por Resolución 16/2022 de 11 de octubre y en revisión por este Tribunal mediante la SCP 0250/2025-S3 de 15 de abril, por la que se denegó la tutela impetrada por el accionante.
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de legitimación de ganancias ilícitas, la Vocal demandada al emitir el Auto de Vista 910/2022, dejó sin efecto el Auto Interlocutorio 584/2022 que dispone su detención preventiva, ordenando que el Juez a quo emita uno nuevo; Auto de Vista que fue emitido en cumplimiento de la Resolución 16/2022, como efecto de una anterior acción de libertad que interpuso, reclamando que tal decisión elude pronunciarse sobre el fondo de su situación jurídica dejando un camino de incertidumbre y de vulneración de sus derechos.
Ante ello, la autoridad demandada señala que, en varias ocasiones se presentaron acciones de libertad con los mismos argumentos reiterativos; asimismo, el Auto de Vista 910/2022 fue emitido en cumplimiento de la Resolución 16/2022, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías; por lo que, el impetrante de tutela debió acudir ante esa instancia y no generar multiplicidad de sentencias constitucionales. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto, la SCP 0516/2012 de 9 de julio, estableció que: «“‘…toda acción tutelar de derechos y garantías debe concluir con la Resolución del Tribunal Constitucional que conoce en revisión los fallos pronunciados por el Juez o Tribunal de amparo o hábeas corpus, conforme prescriben los arts. 18 y 19.IV de la CPE, 93 y 102.V de la LTC´. es decir que las partes deben aguardar el pronunciamiento definitivo del Tribunal Constitucional, sin que sea legalmente factible que se instauren nuevas acciones de tutela en ese lapso por causas similares, lo que constituye un acto temerario por cuanto se estaría pretendiendo activar la jurisdicción constitucional a objeto de que se dicte una duplicidad de fallos sobre la misma problemática”. …“A partir de esa Sentencia dictada en revisión, y sólo en caso de que la misma hubiera declarado la improcedencia del recurso por cuestiones formales que no significan el análisis del fondo del asunto, la parte recurrente podrá intentar un nuevo recurso cumpliendo con todos los requisitos extrañados, para lograr un pronunciamiento sobre el fondo de su petición; lo contrario, es decir la interposición de un nuevo recurso sobre los mismos hechos, estando el primero en trámite y sin contar con un pronunciamiento definitivo, no es conforme a derecho, constituyendo un acto temerario que pretende lograr una duplicidad de fallos sobre un mismo hecho, induciendo a error a los Tribunales de garantías”» (las negrillas son nuestras).
El accionante manifiesta que dentro del proceso penal seguido en su contra a instancias del Ministerio Público, solicitó cesación de la detención preventiva, que fue resuelta mediante Auto Interlocutorio 584/2022 de 2 de agosto, el cual rechazó su pretensión; razón por la cual, apeló dicha determinación y en alzada la Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora demandada- emitió el Auto de Vista de 12 de igual mes y año, dejando sin efecto el Auto Interlocutorio 584/2022 ordenando que el Juez a quo se emita otro fallo.
Sin embargo, José Ramiro Uriarte Ortiz, actuando en representación sin mandato del ahora accionante, presentó una acción de libertad el 16 de agosto de 2022 contra la Vocal demandada, argumentando la lesión de su derecho al debido proceso en sus componentes motivación, fundamentación, congruencia y valoración razonable de la prueba. Esta acción fue resuelta a través de la Resolución 038/2022 de 17 de agosto, emitida por el Juez del Tribunal de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, concediendo la tutela solicitada y anulando el Auto de Vista de 12 de agosto de 2022, debiendo la Vocal demandada emitir uno nuevo (Conclusión II.2). En consecuencia, la Vocal demandada, en cumplimiento de la decisión establecida por la Resolución 038/2022 emitida por el Tribunal de garantías mencionado, expidió el Auto de Vista 612/2022 el 18 de agosto, revocando parcialmente el Auto Interlocutorio 584/2022 y ordenando que el juez de control jurisdiccional convoque a una nueva audiencia; no obstante, José Ramiro Uriarte Ortiz y Pamela Rosse Mary Figueroa Selaez, actuando en representación sin mandato del accionante, interpusieron una acción de libertad el 10 de octubre de 2022, argumentando que, aunque se cumplió en cierta medida con la solicitud del impetrante de tutela, no se abordó la situación jurídica del mencionado, alegando la violación al debido proceso en sus componentes fundamentación, motivación, congruencia interna y valoración de la prueba. Esta cuestión fue resuelta por la Resolución 16/2022 de 11 de octubre, dictada por el Juez de Sentencia Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de La Paz, quien actuó como Juez de garantías, concediendo parcialmente la tutela solicitada y declarando la nulidad parcial del Auto de Vista 612/2022, debiendo la autoridad demandada emitir uno nuevo (Conclusión II.3). En ese sentido, la Vocal demandada en cumplimiento a la Resolución 16/2022 pronunciada por el Juez de garantías referido, emite el Auto de Vista 910/2022 de 23 de noviembre, en el que deja sin efecto el Auto Interlocutorio 584/2022 y ordena que el Juez a quo dicte uno nuevo; no obstante, el accionante interpone nuevamente acción de libertad el 21 de abril de 2023 manifestando que el Auto de Vista 910/2022 elude pronunciarse sobre el fondo de su situación jurídica como detenido preventivo, alegando la lesión a sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación, la misma que es resuelta mediante Resolución 046/2023 de 22 de abril, ahora objeto de revisión por parte de este Tribunal.
Asimismo, considerando el informe presentado por la autoridad demandada, respecto a la existencia de "...anteriores acciones de libertad..." (sic [fs. 78]), que tiene como finalidad la emisión de una nueva resolución de alzada, debidamente fundamentada y motivada; además, de acuerdo con la información que se observa del Sistema de Gestión Procesal de este Tribunal, la primera acción de libertad presentada el 16 de agosto de 2022 fue resuelta mediante la Resolución 038/2022, fallo que se revisó por este Tribunal a través de la SCP 0002/2025-S3 de 18 de febrero, la cual confirmó y concedió la tutela solicitada (Conclusión II.2); igualmente, la acción de libertad interpuesta el 10 de octubre de 2022 fue resuelta por la Resolución 16/2022, la cual también fue revisada por este Tribunal mediante la SCP 0250/2025-S3 de 15 de abril (Conclusión II.3). Toda la información referida permite deducir la existencia de acciones de libertad interpuestas previamente, dado que la acción de defensa, que ahora se analiza, fue presentada por la misma parte accionante contra la misma autoridad demandada con la misma finalidad; y resulta del cumplimiento de una acción de defensa anterior, problemática que ya fue resuelta por la justicia constitucional a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales mencionadas, evidenciándose una conexión entre dichas Resoluciones y la actual acción de libertad que se revisa por este Tribunal (Conclusiones II.1 y II.2); razón por la cual, el caso en cuestión se clasifica dentro de la improcedencia, en virtud de lo señalado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, máxime si el antecedente del cual proviene, ya ha sido resuelto en la vía constitucional; por lo que, si la parte accionante considera incumplidas las decisiones anteriores corresponde que acuda a la autoridad judicial que conoció la acción de tutela a efectos de solicitar el cumplimiento de la decisión. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 046/2023 de 24 de abril, cursante de fs. 85 a 86, pronunciada por el Juez de Sentencia Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1125_2025-S2.pdf · páginas 1 a 8.
Huella digital del PDF (SHA-256): c14ff2445657bf2070eb4b758efc5e3a4c50a4fd3293f3a1f0eb2ffd3b0de4e0
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