B.IA.LEGAL

SCP 1125/2025-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 10 de septiembre de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
10 de septiembre de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
55002-2023-111-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La accionante denuncia lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso en su vertiente de defensa y a una justicia pronta, oportuna, gratuita y transparente; toda vez que, la Jueza demandada, rechazó el incidente de nulidad de obrados, con reserva de apelación, en base a una Sentencia Constitucional del año 2004, por haber sido presentada fuera de plazo. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: a) El deber constitucional de asistencia familiar y la prevalencia del derecho substancial; b) La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad aplicable en materia de asistencia familiar; c) El incidente en el Código de las Familias y del Proceso Familiar; y, d) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 109/23 de 8 de abril, cursante de fs. 76 a 78 vta., pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Décimo de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías y conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El deber constitucional de asistencia familiar y la prevalencia del derecho substancial
  2. III.2. La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad aplicable
  3. III.3. El incidente en el Código de las Familias y del Proceso Familiar
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1125/2025-S1 Sucre, 10 de septiembre de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 55002-2023-111-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 109/23 de 8 de abril, cursante de fs. 76 a 78 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Juan Carlos Oro Ramos en representación sin mandato de Nilda Castro Chino contra Ketty Nancy Velásquez Rosales, Jueza, y Lilian Ochoa Calle, Oficial de Diligencias, ambas del Juzgado Público de Familia Primero de El Alto del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memorial presentado el 7 de abril de 2023, cursante de fs. 63 a 69, la accionante, a través de su representante sin mandato, expresó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Señala que en el Juzgado Público de Familia Primero de El Alto del departamento de La Paz, cursa una demanda de divorcio en su contra, por la cual se dispuso asistencia familiar por la suma de Bs1 000.- (Un mil 00/100 bolivianos), a favor de sus hijos de nombres Ronald y José Mamani Castro que cuentan con 22 y 18 años de edad, respectivamente, por lo cual fue recluida injustamente en cumplimiento del mandamiento de apremio 034 de 2 de marzo de 2023, y que se encuentra privada de libertad en compañía de su hijo lactante de un año y seis meses. Asimismo, el 5 de abril de 2023, a horas 15:53, su abogado Juan Carlos Oro Ramos fue legalmente notificado, con carátula de demanda, informe de secretaría de despacho de 4 de abril de igual año, decreto de 5 de abril del mismo año, imágenes de captura de pantalla, e informe de la oficial de diligencias de 4 de igual mes y año.

De la documentación descrita identificó más actos irregulares dentro de la demanda escrita, como la falsedad a momento de emitir formulario de notificación, porque la notificación en Secretaría 20129803-17 cursante a fs. 168, “la oficial de diligencias Lilian Ochoa Calle, manifestó a la autoridad judicial que notifico vía whatsapp número 72529339 al Dr. Chávez a horas 15:13 del día 7 de febrero de 2023, con memorial 128415939 de 02-02-2023 y auto de 03-02-2023 fs. 165; memoriales que corresponden a la aprobación de liquidación y su correspondiente auto”(sic). De la revisión de las imágenes e informe que presentó Lilian Ochoa Calle, Oficial de diligencias -ahora demandada-, la misma emitió datos falsos en documento público, toda vez, que manifestó lo siguiente: “…dando cumplimiento al decreto de fecha 4 de abril de la presente gestión, tengo a bien en poner en conocimiento a su autoridad lo siguiente: que en fecha 8 de febrero de 2023 se procedió a la notificación mediante whatsapp al Dr. Silver Chavez con el auto de aprobación..”(sic); con el fin de justificar este falso informe, ajuntó dos imágenes de captura de pantalla, confirmando la falsedad con los siguientes motivos: a) En la notificación cursante a fs. 168, la misma manifestó que realizó notificación en fecha 7 de febrero de 2023, pero en el informe presentado en fecha 4 de abril de igual año, y la imagen adjunta, señala como día de notificación el 8 de febrero del mismo año; b) También solicita se tome en cuenta que en la notificación cursante a fs. 168, señaló como hora de notificación 15:13, pero de la imagen adjunta al informe se puede advertir que la notificación fue a horas 13:16; c) En la notificación cursante a fs. 172, la mencionada Oficial de diligencias, informó a su autoridad la notificación a horas 10:13, empero de la imagen adjunta al informe presentado a fs. 192, se puede advertir que la supuesta notificación se realizó a horas 09:49, incurriendo nuevamente en información falsa; por lo que solicita que estos aspectos sean tomados en cuenta a momento de adoptar una determinación dentro de la presente acción tutelar. Agrega que mediante memorial de 4 de abril de 2023, solicitó informe a la secretaria del referido Juzgado, que fue concedido por Decreto del mismo día, respecto a lo cual la mencionada funcionaria informó lo siguiente: “cuando la suscrita asumió funciones, el señor Julio Cesar Carrasco Magne ya no se encontraba trabajando en presente juzgado”(sic), quedando demostrado que el abogado Julio César Carrasco Magne, con RPA 4315675JCCM, es favorecido de forma injusta por la Jueza demandada, según detalla a continuación: mediante memorial de 02/02/2023, los ciudadanos Hugo Marcial Mamani Riva, Ronald Mamani Castro y José Mamani Castro, presentan memorial solicitando aprobación y liquidación, señalando lo siguiente: ”solicitamos la aprobación de la liquidación cursante a fs. 157 a 158 por el monto de Bs 58.733 (CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES 00/100 BOLIVIANOS…”(sic); empero, señala que de la revisión de la liquidación cursante a fs. 157 y 158 de la demanda, la misma es maliciosa, malintencionada, dolosa, confusa, que emite datos falsos, porque extrañamente señala que realizando la operación de resta del total adeudado de Bs. 64. 733 – Bs 6.000 = Bs 58.733 (Cincuenta y Ocho Mil Setecientos Treinta y Tres Bolivianos) sería lo que adeudaría, pero de la revisión de los cuadros siguientes, y de una forma más clara y precisa, advirtió una falsedad. Desde la notificación de 20 de septiembre de 2017, hasta cumplida la mayoría de edad de los beneficiarios: de Ronald Mamani Castro adeuda Bs 9.243, y de José Mamani Castro adeuda 29.500, y sumado los dos adeudos sería un total de Bs38 743 (Treinta Ocho Mil Setecientos Cuarenta y Tres 00/100 Bolivianos), monto de dinero al cual se debe restar las boletas de depósito que se encuentran adjuntos en el expediente, al número de cuenta 10000026564050 del Banco Unión, señalado por la parte demandante y que no fueron considerados, habiéndose detallado lo siguiente:

- Boleta de fecha 23/05/2018 con el monto de Bs. 2000. - Boleta de fecha 12/06/2018 con el monto de Bs. 2000. - Boleta de fecha 05/06/2019 con el monto de Bs. 2000. - Boleta de fecha 01/08/2018 con el monto de Bs. 1000. - Boleta de fecha 19/09/2018 con el monto de Bs. 1000. - Boleta de fecha 17/10/2018 con el monto de Bs. 1000. Realizada la suma total de los depósitos, hacen un total de Bs9 000 (Nueve mil bolivianos), y restando esto último, al monto de Bs38 743 (Treinta y ocho mil setecientos cuarenta y tres bolivianos), emite un saldo adeudado por asistencia familiar de Bs29 743 (Veintinueve mil setecientos cuarenta y tres bolivianos); cuestionándose de dónde sale el referido monto de Bs58 733 (Cincuenta y ocho mil setecientos treinta y tres bolivianos). Por los motivos expuestos, y ante una evidente vulneración de derechos y garantías constitucionales, refiere que el 3 de abril de 2023, presentó memorial con la glosa: “Mujer privada de libertad, plantea incidente de nulidad de obrados, con reserva de apelación” (sic), en el cual hace conocer éstas y otras irregularidades, empero de forma dolosa se emitió el decreto de 4 de abril de igual año, en el que se rechaza el referido incidente, en mérito a la SC 0182/2004-R de 9 de febrero.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

La peticionante de tutela considera lesionados sus derechos a la libertad personal, al debido proceso en su vertiente de defensa y a una justicia pronta, oportuna, gratuita y transparente; citando al efecto los arts. 115 y 125 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia: 1) Emita inmediatamente mandamiento de libertad; 2) Se llame la atención severamente a Ketty Nancy Velásquez Rosales, Jueza, y Lilian Ochoa Calle, Oficial de Diligencias, ambas del Juzgado Público de Familia Primero de El Alto del departamento de La Paz; 3) Deje sin efecto las notificaciones de la siguiente documentación: memorial de liquidación de 2 de febrero de 2023, Auto de 3 de febrero de igual año, memorial y Auto de 15 de igual mes y año, esto a fin de poder ejercer debida defensa; y, 4) Se sortee y posteriormente remita a Juzgado de Familia de turno de El Alto del mismo departamento, la demanda de divorcio en su contra con NUREJ 20129803 caratulado Mamani contra Castro.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 8 de abril de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 72 a 75, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante a través de su abogado se ratificó en el contenido íntegro de su demanda tutelar y en el desarrollo de la audiencia, señaló lo siguiente: i) Esta acción de libertad es en cuanto a los domicilios señalados, porque supuestamente la parte demandante es quien le hace conocer a la autoridad judicial los domicilios donde ella debería realizar las notificaciones, así también se ha observado con respecto al memorial presentado por quien ahora era su último abogado, en el año 2019, por el cual en ningún momento cita número de whatsapp, aspecto que se ha hecho notar; en ese entendido, mediante memorial de 4 de abril de 2023, se solicitó a la Jueza, ordene a la auxiliar o a la oficial de diligencias adjunte la correspondiente placa fotográfica, imagen de captura de pantalla, y pueda corroborar la notificación cursante a fs. 168, así también se le ha comunicado en otrosí, que el abogado de nombre Julio César Carrasco Magne hubiera sido funcionario del Juzgado como asistente legal, en ese entendido, se solicitó también ordene por secretaría, si efectivamente este funcionario pertenece como asistente o como funcionario a dicho Juzgado; ii) De la revisión de obrados podrá advertir que cursa la correspondiente notificación por secretaría de despacho vía whatsapp al Abogado, y que la notificación se hubiera realizado el 7 de febrero de 2023 a horas 15:13, informe que ha emitido la accionada Lilian Ochoa Calle, quien emitió un dato falso, toda vez que esa notificación se ha realizado el 8 de febrero de igual año, según consta en la captura de pantalla; y como segundo aspecto, que las notificaciones una vez practicadas recién son impresas y no así como pretende hacer creer la demandada, quien en su calidad de oficial de diligencias, debería primero haber realizado la notificación y recién debería haber impreso esta notificación. Otro aspecto que señala el Código de las Familias y del Proceso Familiar -Ley 603 de 19 de noviembre de 2014-, en su art. 232, es que sin perjuicio de otras disposiciones establecidas en el Código, la autoridad jurisdiccional tiene los siguientes deberes: “b) Sancionar el fraude procesal como la colusión, deslealtad, malicia o temeridad, y cualquier otra situación tendiente a vulnerar o mediatizar los principios procesales”; iii) Como privada de libertad se ha presentado el correspondiente incidente, haciendo conocer el 3 de abril de 2023, actos irregulares que hubieran acontecido en el despacho, así también se le dijo que la parte demandante ha presentado otra dirección falsa, y que nuevamente presenta otra dirección sin que su autoridad pueda corroborar, siendo la séptima vez que presenta direcciones diferentes, así también se le dijo que tiene privada de libertad a Nilda Castro Chino por la suma de Bs58 000 (Cincuenta y ocho mil 00/100 Bolivianos), empero sin haber cancelado un solo boliviano de la asistencia familiar, la mencionada tan sólo debe Bs39 500 (Treinta y nueve mil quinientos 00/100 Bolivianos), y sin haber cancelado ni una cuota, aun así la señora Jueza rechaza el incidente presentado, toda vez que de haber sacado fotocopias simples por ende ya estaría notificado, es decir no realiza la correspondiente valoración en cuanto a lo manifestado, no permite acudir y poder realizar el correspondiente principio de subsidiariedad, toda vez que si la misma hubiera resuelto como en derecho corresponde, se hubiera acudido directamente al Tribunal de alzada; iv) Se tome en cuenta que las notificaciones no han sido debidamente realizadas, en ese entendido la señora Jueza tenía la obligación y de oficio señalar nulidad de obrados, toda vez que todo está viciado, pero no lo ha hecho. Como segundo aspecto, tome en cuenta la participación de quien es el abogado de la contraparte, el ciudadano Julio César Carrasco Magne, pues la secretaria del Juzgado ya ha identificado a esta persona, él trabajaba en este lugar, ahora el hecho no radica en que él trabajaba o era asistente, el hecho radica en que se le ha favorecido a esta persona con liquidaciones mal practicadas con montos de dinero mal calculados, con notificaciones las cuales está pudiendo advertir que han sido defectuosas, maliciosas, relacionadas al delito de falsedad material; la Juez obstruye y se niega a resolver este aspecto, que conlleva a que lastimosamente e injustamente se encuentre privada de libertad, acompañada de su bebé; v) Esta situación vulnera derechos y garantías constitucionales, ya que refieren que de acuerdo al art. 314 de la Ley 603, se han realizado las notificaciones, empero se ha señalado una sentencia constitucional que data del 2004, antes de que la referida Ley sea dictada, entonces en favorabilidad de una persona privada de libertad, la misma debería anteponerse en una balanza cuál es la mejor Ley, por la cual pueda llegar a favorecer a una mujer privada de libertad, aspecto que no lo han hecho y se niega a resolver todos los extremos que han sido denunciados, y que la Jueza no ha sabido resolver; y, vi) Acude a esta instancia para que revierta estos hechos al amparo del art. 125 de la CPE, a efecto que pueda reestablecer los derechos y garantías constitucionales vulnerados, en ese sentido y por todo lo vertido es que las ahora demandadas, no han sabido desvirtuar todo los extremos vertidos en la misma acción de libertad interpuesta en contra de estas personas, no han sabido justificar los errores en los cuales han incurrido, habiendo favorecido al abogado de la parte contraria, no porque haya sido asistente, sino porque él ha sido Abogado y ya se conocían, en ese entendido solicita se emita el correspondiente mandamiento de libertad a favor de su representada Nilda Castro Chino, y sea de forma inmediata, porque se encuentra detenida injustamente por un monto inexistente, así también solicita se llame severamente la atención a las ahora accionadas.

I.2.2. Informe de la autoridad y funcionaria demandadas

Ketty Nancy Velásquez Rosales, Jueza Pública de Familia Primero de El Alto del departamento de La Paz, por informe oral expuesto el 8 de abril de 2023, según el acta cursante de fs. 72 a 73 vta., manifestó lo siguiente: a) Que la presente demanda se constituye en una demanda de divorcio desde el año 2017, misma que hubiera sido interpuesta por el ex esposo de la señora Nilda Castro Chino, ahora accionante; b) Con relación a los domicilios, cabe informar que la parte demandante, al momento de interponer la demanda de divorcio, habría señalado un domicilio real que posteriormente, al tenor de lo previsto en el artículo 262 de la Ley 603, la demanda se puede modificar hasta antes de la respuesta, lo mismo hubiera modificado los domicilios de la ahora accionante, en ese entendido se ha notificado a la ahora accionante en su domicilio real señalado por las partes; asimismo, la misma se ha apersonado al Juzgado Público de Familia Primero a momento de señalar las medidas provisionales, la misma ha estado en audiencia de las medidas provisionales donde se le ha hecho conocer el señalamiento de la asistencia familiar de Bs 500 a favor de cada hijo; c) La señora Nilda Castro Chino desde el año 2017 ha tomado conocimiento sobre su obligación de madre frente a sus dos hijos, que en ese entonces eran menores de edad, es así que la misma ha venido cubriendo algunos montos de asistencia familiar, sin embargo, lo hizo de manera irregular y con el transcurso del tiempo se han emitido dos mandamientos de apremio en su contra, una de Bs2 000.-, y el otro de Bs4 000.- que sin embargo la suscrita administradora de justicia, siempre velando que los procesos se desarrollen sin vicios de nulidad, en uno de los actuados procesales se ha podido establecer que los dos mandamientos de apremio tenían ciertas contradicciones, motivo por el cual se ha dejado sin efecto todas las liquidaciones que se hubieran practicado, así como los mandamientos de apremio, y se dispuso se practique otra liquidación a partir de la fecha de citación con la demanda hasta la fecha, y en ese entonces habrían practicado otra liquidación a los beneficiarios, por una suma de Bs58 000.-, desde la fecha de la citación con la demanda hasta el presente; d) Con la liquidación realizada, se ha dispuesto la notificación en el último domicilio procesal de la ahora accionante, que hubiera hecho conocer en la presente demanda, domicilio procesal conforme prevé el art. 442 de la Ley 603, cuando establece que la liquidación debe practicarse en el domicilio procesal del obligado, asimismo se ha notificado en su último domicilio real con la liquidación que ahora reclama en la presente acción de libertad, por esos antecedentes, la ahora accionante en fecha 31 de marzo del presente año, ha iniciado otra acción de libertad, es decir el anterior viernes y por los antecedentes que ha presentado se ha negado la acción de libertad, toda vez que la misma ha tomado conocimiento de su obligación desde el año 2017, ya que ha sido legalmente notificada con la liquidación en su domicilio procesal y también en su domicilio real, liquidación que se ha realizado el 31 de marzo del presente año; e) Como antecedente de la presente acción de libertad, cabe mencionar lo siguiente: i) La ahora accionante manifiesta que existe cierta contradicción con relación a la diligencia de fojas 168, indicando que estaría falseada, al respecto, manifestar que si se observa nítidamente la diligencia de fojas 168, la misma ha sido generada por el sistema, es decir no es escrita, y no se sabe de qué falsedad se estaría hablando debiendo tomarse en cuenta lo previsto en los arts. 1287 y 1289 del Código Civil, que señala claramente que toda actuación judicial cumplida por un funcionario auxiliar del ramo judicial y cumpliendo los requisitos formales es un acto auténtico, en ese entendido, la diligencia de fojas 168 es un acto auténtico porque cumple con todo lo previsto por el art. 306 de la Ley 603, y si bien existiría contradicciones con relación a la fotografía o impresión del whatsapp, la misma ya no es responsabilidad de la administradora de justicia, toda vez que la responsabilidad es únicamente la diligencia de fojas 168, que ha sido generada a través del sistema, vía whatsapp, y ha sido incluido cuando estábamos en época de pandemia, además el art. 315 de la Ley 603 refiere que las notificaciones deben realizarse en secretaría de Juzgado, en ese entendido la diligencia de fojas 168 ha sido insertada tal cual prevé la referida norma; en ese entendido, cabe señalar que este fundamento con relación a la diligencia no es un fundamento legal para interponer la demanda de acción de libertad; ii) Como segundo punto, la ahora accionante manifiesta que en el Juzgado se estaría cometiendo el delito de consorcio de abogados y jueces, toda vez que el abogado de la parte contraria, Julio César Carrasco Magne, sería ex funcionario del Juzgado; al respecto, manifestar que la suscrita administradora de justicia tiene más de diez años de experiencia en el mismo Juzgado, lo que significa que durante estas gestiones he tenido muchos funcionarios ex secretarios, auxiliares, pasantes, que a la fecha están fungiendo como abogados en la profesión libre, lo que no significa que los mismos tengan procesos en su Juzgado y/o que se estaría trabajando como un consorcio de abogados, debiendo tomarse en cuenta que no sólo en su Juzgado tiene procesos el ex funcionario, si no en la mayoría de todos los demás Juzgados, por lo tanto también este fundamento no es propio de una acción de libertad; iii) Como tercer punto, la parte accionante hace referencia a una liquidación, que el mandamiento de apremio es por la suma de Bs58 000, sin embargo, los mismos cálculos hacen una deducción de algunos justos e ilegítimos pagos, y se está desconociendo el procedimiento, toda vez que según el art. 415 de la Ley 603, se tiene que la parte obligada tenía tres días para presentar alguna observación de la liquidación de asistencia familiar, y no tres años, porque desde el año 2018-2019, están observando esa liquidación después de ese tiempo, lo que significa que se están haciendo la burla del procedimiento, toda vez que extraña que teniendo conocimiento la parte accionante con relación a lo que prevé el art. 415 del plazo de tres días, y dentro de la presente acción de libertad pretendan observar una liquidación con fundamento de que no es ese monto sino otro, lo cual tampoco es propio de una acción de libertad; f) Con relación a la denegación del recurso de apelación, al respecto, cabe manifestar que evidentemente la parte accionante en fecha 3 de abril de 2023, habría presentado un incidente de nulidad en el Juzgado de Familia Primero, extraña que ahora presenten la acción cuando no se tiene la notificación a los mismos con ese Auto que rechaza el incidente de nulidad, es decir, que ellos no tienen conocimiento, y si es así, cómo pudieron presentar acción de libertad, sin embargo, manifestar que la ahora accionante de una forma maliciosa se presentan al Juzgado con mucho respeto a la secretaria y sacan fotocopias de todo el proceso, en el presente caso el abogado de la parte accionante no es parte principal para que el mismo obtenga las fotocopias a la secretaria del Juzgado, para presentarla en la demanda de acción de libertad, lo que significa que la parte accionante, si bien no se le hubiera notificado con ese Auto que rechaza el incidente de nulidad, sin embargo, de las fotocopias se hubieran dado por notificados del rechazo del incidente de nulidad, y sin embargo, en su demanda de acción de libertad manifiestan que únicamente se le ha notificado con el decreto de fecha 5, con el informe el decreto de fecha 4, ignorando el Auto que rechaza el incidente de nulidad, reiterando que no se le ha notificado, pero extraña que haya presentado la acción de libertad, sin embargo, se tiene por notificado de forma tácita, desde el momento que hubiera sacado de forma temeraria y maliciosa las fotocopias de todo el expediente por secretaría del Juzgado; g) Hacen referencia al rechazo del incidente de nulidad, manifestando que se les hubiera rechazado los mismos a través de una Sentencia Constitucional del año 2004, que establece claramente que las fotocopias se otorgan a las partes como una notificación tácita con todos los actuados, teniendo en cuenta que las sentencias constitucionales son vinculantes, es decir que deben aplicarse y no así como trata de hacer creer a su autoridad que debería aplicarse los arts. 314 y 315 de la Ley 603, con relación a las notificaciones en secretaria del Juzgado, si bien la norma ya referida no establece claramente que la saca de las fotocopias de todo lo obrado significa que las partes de la misma estarían notificadas con todos los actuados, sin embargo se tiene las sentencias constitucionales vinculantes, y en ese entendido el incidente de nulidad que hubiera presentado la parte accionante se encuentra fuera del plazo previsto en el art. 256 de la Ley 603; y, h) Hace conocer que la ahora accionante no ha interpuesto los recursos establecidos por Ley, es decir no ha agotado el principio de subsidiariedad, el mismo pretende hacer valer con una interposición de la demanda de acción de libertad por lo manifestado, se tiene los fundamentos esgrimidos en la presente acción de libertad, en primera instancia son repetitivos de la primera acción de libertad, y lo único nuevo es con relación al informe del oficial de diligencias, sobre la contradicción de fojas 168 de obrados y con relación del Auto que rechaza el incidente de nulidad; fundamentos que no son constitutivos de una acción de libertad, toda vez que son contrarios a disposiciones legales ya señaladas, por lo que solicita deniegue la acción de libertad, por no haberse agotado el principio de subsidiariedad y por no ser claro con relación a la vulneración de algún derecho que corresponde a la señora Nilda Castro Chino, y sea con imposición de multa de Un mil bolivianos a la accionante, ya que es la segunda vez que interpone acción de libertad, por ser la misma temeraria y maliciosa, y en caso de no imponer multa, solicita se califique los daños y perjuicios a la administración de justicia del agotamiento que está haciendo la misma de forma maliciosa y temeraria y también sea de Un mil bolivianos, y que califique los daños y perjuicios. Lilian Ochoa Calle, Oficial de diligencias del Juzgado Público de Familia Primero de El Alto del departamento de La Paz, por informe oral expuesto el 8 de abril de 2023, según el acta cursante de fs. 73 vta., manifestó lo siguiente: 1) Con relación al formulario de notificación de fojas 168, donde el abogado de la parte accionante señala que existe una contradicción, informa que si bien en el formulario de fojas 168 se observa una notificación que se hubiera generado en fecha 7 de febrero en secretaría de Juzgado, conforme el art. 314 de la Ley 603 vía whatsapp al abogado Silver Chávez, evidentemente el 7 de febrero realiza esa notificación y ha sido generada mediante el sistema en esa fecha, en tal sentido es que existe una contradicción con relación a las capturas de pantalla que se hubieran adjuntado al informe que había presentado el 4 de abril; 2) El 8 de febrero, por la carga procesal que existe en el Juzgado se ha revisado, y evidentemente se habría validado los envíos vía whatsapp al abogado con el memorial y el Auto de aprobación, en ese entendido se constata que no se habría efectivizado la notificación vía whatsapp al abogado Silver Chavez, entonces al verificar la validación del envío en fecha 8 de abril; asimismo, el 17 de febrero es que nuevamente se notifica en secretaría de Juzgado conforme al citado art. 314 de la Ley 603, vía whatsapp al abogado Silver Chavez con el Auto donde se expide el mandamiento de apremio, en ese entendido, se tiene la respuesta vía whatsapp por parte del mencionado abogado, que responde muchas gracias.

I.2.3. Resolución

El Juez de Instrucción Penal Décimo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 109/23 de 8 de abril, cursante de fs. 76 a 78 vta., denegó la tutela solicitada; decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: i) Del análisis del caso concreto, se tiene que la parte accionante acude a esta instancia constitucional a través de sus abogados y presenta esta acción de libertad en contra de la Jueza Pública de Familia Primero de El Alto del departamento de La Paz, y contra la Oficial de diligencias del mismo Juzgado, impetrando que se deje sin efecto las notificaciones que hace referencia en su memorial de acción de libertad, ello a objeto de poder ejercer una debida defensa y, en consecuencia, se emita el mandamiento de libertad en favor del accionante de forma inmediata, se llame la atención severamente a la Jueza demandada como a la Oficial de diligencias, y se sortee a otro Juzgado de Familia en el entendido de que la Jueza accionada ha perdido credibilidad en relación a la ahora accionante, puesto que fue denegado el incidente de nulidad de obrados con reserva de apelación, con el argumento de que fue planteado fuera de plazo en atención al art. 256 inciso b) de la Ley 603, basado en que la accionante habría recogido fotocopias simples de todo el expediente en fecha 28 de marzo del presente año, y que el memorial del incidente de nulidad de obrados con reserva de apelación habría sido presentando en fecha 3 de abril de 2023, negación que fue efectuada mediante decreto de fecha 4 de abril de 2023, en base a una Sentencia Constitucional del año 2004, que es anterior a la promulgación de la Ley 603; ii) Que de lo señalado y en atención al art. 366 del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF), que indica: “Las resoluciones judiciales podrán impugnarse mediante los recursos de: a) Reposición, b) Apelación, c) Casación, d) Compulsa; y el artículo 368 del mismo cuerpo legal menciona: “el recurso de reposición procede contra los decretos o autos interlocutorios para que la autoridad judicial que los haya dictado advertida de su error puedan modificarlos o dejarlos sin efecto”;

procede la reposición con alternativa de apelación únicamente contra los Autos Interlocutorios; de lo anotado, y sin entrar al fondo, se puede colegir que la accionante, dentro del marco de la normativa y jurisprudencia, antes de acudir a la vía constitucional debió agotar los recursos legales que la ley le franquea; en ese entendido, de todo lo fundamentado y valoración de los elementos probatorios presentados, el suscrito operador de justicia, constituido en Juez de garantías de derechos fundamentales, en aplicación de lo que rige la normativa y la Constitución, dispondrá lo que corresponda. Asimismo, ante la solicitud de complementación, se estableció que la Resolución emitida ha sido en forma clara, y no existía ninguna omisión que corregir o error material de hecho, manteniéndose lo dispuesto.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta memorial presentado el 3 de abril de 2023, por el cual la ahora accionante en su calidad de privada de libertad, presenta incidente de nulidad de obrados, con reserva de apelación. (fs. 27 a 30 vta.) II.2. Cursa el proveído de 4 de abril de 2023, pronunciado por Ketty Nancy Velásquez Rosales, Jueza Pública de Familia Primero de El Alto del departamento de La Paz -autoridad ahora demandada-, dentro del proceso de divorcio seguido contra Nilda Castro Chino -ahora accionante-, por el cual declara no ha lugar al incidente de nulidad por encontrarse fuera de plazo previsto por ley, establecido en el art. 256 inc. b) del Código de las Familias. (fs. 31)

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denuncia lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso en su vertiente de defensa y a una justicia pronta, oportuna, gratuita y transparente; toda vez que, la Jueza demandada, rechazó el incidente de nulidad de obrados, con reserva de apelación, en base a una Sentencia Constitucional del año 2004, por haber sido presentada fuera de plazo. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: a) El deber constitucional de asistencia familiar y la prevalencia del derecho substancial; b) La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad aplicable en materia de asistencia familiar; c) El incidente en el Código de las Familias y del Proceso Familiar; y, d) Análisis del caso concreto.

III.1. El deber constitucional de asistencia familiar y la prevalencia del derecho substancial

El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0828/2018-S2 de 10 de diciembre, desarrolló el siguiente entendimiento:

La Constitución Política del Estado vigente desde el 7 de febrero de 2009, estipula en su art. 64.I, el deber de los cónyuges o convivientes de aportar, en igualdad de condiciones, a la formación integral de los hijos, expresando textualmente que: “Los cónyuges o convivientes tienen el deber de atender, en igualdad de condiciones y mediante el esfuerzo común, el mantenimiento y responsabilidad del hogar, la educación y formación integral de las hijas e hijos mientras sean menores o tengan alguna discapacidad” (las negrillas son nuestras).

En correspondencia con dicha normativa, el art. 108.9 de la referida Ley Fundamental prescribe, entre los deberes de los bolivianos y bolivianas, el de: “Asistir, alimentar y educar a las hijas e hijos”; cuyo cumplimiento tiene que ser garantizado por el Estado boliviano, de acuerdo con el art. 9.4 de la citada Norma Suprema.

En sintonía con la Constitución Política del Estado, el Código de las Familias y del Proceso Familiar -Ley 603 de 19 de noviembre de 2014-, en su art. 109, establece el contenido y extensión de la asistencia familiar, expresando:

I. La asistencia familiar es un derecho y una obligación de las familias y comprende los recursos que garantizan lo indispensable para la alimentación, salud, educación, vivienda, recreación y vestimenta; surge ante la necesidad manifiesta de los miembros de las familias y el incumplimiento de quien debe otorgarla conforme a sus posibilidades y es exigible judicialmente cuando no se la presta voluntariamente; se priorizará el interés superior de niñas, niños y adolescentes.

II. La asistencia familiar se otorga hasta cumplida la mayoría de edad, y podrá extenderse hasta que la o el beneficiario cumpla los veinticinco (25) años, a fin de procurar su formación técnica o profesional o el aprendizaje de un arte u oficio, siempre y cuando la dedicación a su formación evidencie resultados efectivos.

III. Asimismo, garantizará la recreación cuando se trate de niñas, niños y adolescentes, de personas en situación de discapacidad y de personas adultas mayores.

IV. La asistencia familiar para personas con discapacidad se otorgará en tanto dure la situación de su discapacidad y no cuente con recursos. Las y los adultos mayores tienen ese derecho hasta el término de sus vidas.

V. La asistencia familiar se otorgará a la madre, durante el periodo de embarazo, hasta el momento del alumbramiento; el mismo beneficio será transferido a la hija o hijo nacido de acuerdo a lo establecido en este Código.

Por su parte, la doctrina constitucional desarrollada por este Tribunal, señaló las características distintivas y especiales de la obligación de la asistencia familiar -su carácter personalísimo respecto del acreedor, la intransmisibilidad a titulo universal, oneroso o gratuito-, que la diferencia de las obligaciones civiles; en contrapartida, expresó también que este derecho se extingue con la muerte de su titular. En síntesis, uno de los deberes que surge del vínculo familiar, es la asistencia familiar, que no solo se limita a la carga económica, sino, abarca una responsabilidad social, destinada a contribuir al bienestar de los miembros de la familia y específicamente a la formación integral de los hijos que se encuentran en una situación de necesidad, de apoyo económico y moral. En ese sentido, la jurisprudencia constitucional expresada en la SCP 1011/2013 de 27 de junio -Fundamento Jurídico III.3-, sostiene:

…que el deber de asistencia familiar ha sido constitucionalizado en los siguientes términos: a) Los conyugues o convivientes tienen el deber de asistencia en términos de responsabilidad igualitaria; b) La asistencia mínima vital implica los deberes de alimentar y educar a los hijos; c) En virtud del Estado Social de Derecho se entiende que la asistencia sólo es exigible en situaciones de “minoridad” o discapacidad; y, d) El deber de asistencia implica insoslayablemente una asistencia integral que implica una formación espiritual y humana completa destinada a que los padres ejerzan su rol de formación y que sean coadyuvantes en garantizar conjuntamente con el Estado el derecho fundamental a la educación (las negrillas son añadidas). Ahora bien, la justicia constitucional desarrolló el alcance de los principios necesarios para la labor interpretativa de este Tribunal y de los diferentes jueces, tribunales y autoridades, para un adecuado análisis de los problemas jurídicos planteados en cada caso concreto. Así, respecto al principio de verdad material previsto en el art. 180.I de la CPE, la SCP 1662/2012 de 1 de octubre, reiterada por la SCP 1071/2014 de 10 de junio, en el Fundamento Jurídico III.3, señala:

…corresponde ser aplicado a todos los ámbitos del derecho; en ese orden, debe impregnar completamente la función de impartir justicia. Por ende, no es posible admitir la exigencia de extremados ritualismos o formalismos, que eclipsen o impidan su materialización, dado que todo ciudadano 1La SC 0177/2006-R de 17 de febrero, en el FJ III.1, señala: “La obligación de prestar asistencia familiar tiene características especiales que la diferencian de las demás obligaciones civiles. La disposición del citado artículo señala algunos, que por implicación comprende otros de relevancia, y configuran la naturaleza jurídica de ella. En primer término, corresponde señalar que se trata de una obligación personalísima respecto del acreedor, lo que constituye su característica distintiva. Sólo el beneficiario puede demandarla, de ahí que es intransferible, no le es dado transmitirla o cederla a título oneroso o gratuito a otra persona. Igualmente no puede transmitirse a los herederos, porque constituye uno de los derechos que se extingue con la muerte, según el art. 1003 del Código civil (CC) y 26.5 del CF, salvo los derechos de los herederos a las pensiones devengadas y a los gastos funerarios.

También es una obligación personalísima para el obligado (art. 26.5 del CF) menos lo relativo a las pensiones devengadas, que deben oblarse por sus herederos, porque no se trata de hacer nacer una obligación, sino de ejecutar una ya existente y no extinguida, cuya transmisión se hace conforme al derecho común.

Por ser un derecho personalísimo, todas las acciones que se relacionan con él tienen el carácter de exclusivamente personales, de lo cual resulta que los acreedores no pueden ejercerlas en lugar de los interesados”.

2La SCP 1011/2013 de 27 de junio, en el FJ III.3, expresa: “Del vínculo familiar nacen relaciones de distinta índole, por ello incorporan derechos y deberes de unos hacia otros, adquiere especial relevancia el deber de asistencia, pues éste lejos de ser una mera carga económica implica la responsabilidad social de una persona al formar parte de un núcleo familiar de contribuir en el bienestar de los miembros de la familia en la medida de sus posibilidades y el rol específico que juega dentro de la sociedad, así los padres tienen el deber fundamentalísimo de contribuir en el bienestar integral de los hijos en la medida que éstos se encuentren en una situación de necesidad de apoyo moral y económico (…)”.

tiene derecho a una justicia material, como se desprende de lo estipulado por el art. 1 de la CPE, por lo que, debe garantizarse que las decisiones de las autoridades jurisdiccionales a cargo del proceso, sean producto de apreciaciones jurídicas, procurando la resolución de fondo de las problemáticas sometidas a su jurisdicción y competencia; pues si bien, las normas adjetivas prevén métodos y formas que aseguren el derecho a la igualdad de las partes procesales, para garantizar la paz social evitando cualquier tipo de desorden o caos jurídico; sin embargo, los mecanismos previstos no pueden ser aplicados por encima de los deberes constitucionales, como es la de otorgar efectiva protección de los derechos constitucionales y legales, accediendo a una justicia material y por lo tanto, verdaderamente eficaz y eficiente. Todo ello con el objetivo final de que el derecho sustancial prevalezca sobre cualquier regla procesal que no sea estrictamente indispensable para resolver el fondo del caso sometido a conocimiento del juez (las negrillas son incorporadas). También corresponde referirse al principio de prevalencia del derecho sustancial respecto al formal; en virtud al cual, de acuerdo a la SC 0897/2011 de 6 de junio (-Fundamento Jurídico III.5-, reiterada por la SCP 1071/2014 de 10 de junio),

…la garantía del debido proceso, con la que especialmente se vincula el derecho formal, no ha sido instituida para salvaguardar un ritualismo procesal estéril que no es un fin en sí mismo, sino esencialmente para salvaguardar un orden justo que no es posible cuando, pese a la evidente lesión de derechos, prima la forma al fondo, pues a través del procedimiento se pretende lograr una finalidad más alta cual es la tutela efectiva de los derechos (el resaltado es ilustrativo). En consonancia con los principios referidos, es pertinente citar el principio de justicia material, cuyo alcance fue establecido por la SC 0548/2007-R de 3 de julio, reiterada por la SC 2029/2010-R de 9 de noviembre y la SCP 0684/2014 de 10 de abril, entre otras, al expresar en su Fundamento Jurídico III.1, que en la tarea de administrar justicia, se tiene la obligación de procurar la realización de la justicia material,

…como el objetivo axiológico y final para el que fueron creadas el conjunto de instituciones, jueces y tribunales, así como normas materiales y adjetivas destinadas a la solución de la conflictividad social; en síntesis, la justicia material es la cúspide de la justicia, donde encuentra realización el contenido axiológico de la justicia; por ello, está encargada a todos los órganos de administración de justicia; empero, cuando dicha realización ha sido soslayada, es deber de la jurisdicción constitucional procurarla mediante los mecanismos instrumentados para ello, como el recurso de amparo constitucional, no como una instancia más dentro del proceso judicial, sino como la vía por medio de la cual, se despejan, en determinados casos, aquellas dudas o vacíos que impiden la vigencia verdadera de los derechos materiales de las personas (es resaltado es añadido).

III.2. La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad aplicable

en materia de asistencia familiar El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0018/2020-S1 de 12 de marzo -entre otras-, asumió el siguiente entendimiento: El art. 125 de la Constitución Política del Estado (CPE) refiere respecto al planteamiento de la acción de libertad y señala que:

Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad. Por su parte el Tribunal Constitucional a través de la SC 0008/2010-R de 6 de abril, hace mención a la naturaleza de esta acción de defensa al indicar que: “Su naturaleza hace que esta acción, frente a otros mecanismos ineficaces, se configure como un medio de defensa idóneo para la protección efectiva y real de derechos fundamentales vinculados a la vida, libertad y procesamientos indebidos que hagan peligrar, supriman o restrinjan estos derechos”. Asimismo, esta misma Sentencia Constitucional en el Fundamento Jurídico III.4 modulando en entendimiento señalado en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, manifiesta:

El recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad, es el medio idóneo y eficaz para conocer y restituir cualquier tipo de lesión o vulneración que pueda atentar al derecho a la vida, la libertad o constituir una persecución o procesamiento indebido que atente o ponga en peligro el derecho a la libertad, cuando de acuerdo a las circunstancias concretas, a pesar de existir mecanismos de protección específicos y establecidos por la ley procesal vigente, éstos resulten ser evidentemente inoportunos o inconducentes, de manera tal que esta acción de defensa, por la urgencia de la situación, se 3El FJ III.3 señala: “La Constitución vigente, como eje central del bloque de constitucionalidad imperante, diferencia, derechos fundamentales, garantías jurisdiccionales y acciones de defensa. En esa perspectiva, en su art. 23 garantiza el derecho fundamental a la libertad y los arts. 115.II y 117.I, 119 y 120.I disciplinan los elementos esenciales que configuran la garantía jurisdiccional del debido proceso. La protección eficaz tanto del derecho fundamental a la libertad como de la garantía jurisdiccional del debido proceso, se encuentra resguardada por la acción de defensa denominada “acción de libertad” regulada en los arts. 125 y 126 de esta norma suprema.

Declaración Universal de Derechos Humanos, instrumento que forma parte del bloque de constitucionalidad, en su art. 8 establece el derecho de toda persona a contar con un recurso efectivo ante los tribunales competentes para resguardar sus derechos, criterio también recogido por el art. 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En el marco de estas declaraciones se determina que la acción de libertad reconocida por la constitución es un mecanismo breve y sumario destinado a resguardar tanto el derecho a la libertad como el derecho al debido La proceso.

Su naturaleza hace que esta acción, frente a otros mecanismos ineficaces, se configure como un medio de defensa idóneo para la protección efectiva y real de derechos fundamentales vinculados a la vida, libertad y procesamientos indebidos que hagan peligrar, supriman o restrinjan estos derechos. Esta esencia procesal no difiere a la naturaleza procesal asignada en el art. 18 de la CPE abrg. al recurso de hábeas corpus.

De lo expuesto precedentemente, debe establecerse que en caso de existir norma expresa que prevea mecanismos intraprocesales efectivos y oportunos de defensa de estos derechos fundamentales, deben ser utilizados previamente antes de activarse la tutela constitucional, aspecto que se encuentra enmarcado en los mandatos insertos en los arts. 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos”.

configura como el medio más eficaz para restituir los derechos afectados; empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas. En ese contexto la SC 0080/2010-R de 3 de mayo, señaló que la acción de libertad, no puede ser desnaturalizada en su esencia y finalidad, debiendo evitarse que se convierta en un medio alternativo o paralelo que provoque confrontación jurídica con la jurisdicción ordinaria. En consecuencia, este entendimiento debe ser asumido en materia de asistencia familiar ante la emisión de un mandamiento de apremio que vulnera el derecho a la libertad como resultado de una supuesta ilegal persecución, indebido procesamiento o privación de libertad, debiendo agotarse los mecanismos idóneos, eficaces y oportunos al alcance, a efectos de buscar la restitución del derecho lesionado, no siendo pertinente activar de manera directa la justicia constitucional.

III.3. El incidente en el Código de las Familias y del Proceso Familiar

El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0018/2020-S1 -entre otras-, asumió el siguiente entendimiento:

La doctrina define al incidente como una cuestión que difiere de la causa principal de un proceso judicial, los cuales sin embargo se encuentran relacionados; es decir que, se trata de un litigio accesorio al procedimiento judicial principal, que el juez de la causa debe resolverlo a través de un auto debidamente fundamentado. El art. 255 del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF), señala referente a la procedencia de un incidente: “Todo incidente deberá formularse de manera fundamentada”; seguidamente los artículos del mismo Código hacen referencia a la tramitación de los incidentes planteados, señalando:

Artículo 256. (TRAMITACIÓN). La tramitación de los incidentes deberá observar las siguientes disposiciones:

a) Los incidentes serán resueltos en audiencia.

b) Si el incidente se planteare fuera de audiencia, éste deberá ser presentado dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes de la notificación.

c) El incidente planteado en el curso de una audiencia será fundado y formulado verbalmente; oída la parte contraria si corresponde, se resolverá de inmediato.

d) Si el incidente es notoriamente improcedente o se funda en hechos alegados anteriormente, la autoridad judicial lo rechazará sin más trámite. Además, si la resolución que resuelve el incidente planteado no fuere positiva para el incidentista, tiene la posibilidad de activar los medios de impugnación que el referido Código establece en los arts. 364.I “Las resoluciones judiciales son impugnables de acuerdo a las disposiciones previstas en el presente Código”; art. 366 del mismo cuerpo legal indica: “Las resoluciones judiciales podrán impugnarse mediante los recursos de: a) Reposición. b) Apelación. c) Casación. d) Compulsa”; y, art. 368 del Código referido menciona: “…procede la reposición con alternativa de apelación únicamente contra los autos interlocutorios”. En conclusión, el incidente es una figura jurídica que se aplica en el ámbito de la jurisdicción ordinaria en materia familiar, medio procesal al que debe acudir la parte que se creyere afectada por defectos en el proceso, como ser falta de notificación o diligencia defectuosa entre otros, previo a acudir a la vía constitucional; y una vez agotada la misma, es decir, apelada ante la instancia superior, recién queda expedita la presente acción tutelar.

III.4. Análisis del caso concreto

La accionante denuncia lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso en su vertiente de defensa y a una justicia pronta, oportuna, gratuita y transparente; toda vez que, la Jueza demandada, rechazó el incidente de nulidad de obrados, con reserva de apelación, en base a una Sentencia Constitucional del año 2004, por haber sido presentada fuera de plazo. De manera inicial, cabe señalar que la asistencia familiar constituye un deber constitucional esencial que se enmarca en los principios fundamentales de la Constitución Política del Estado, donde se establece que los cónyuges o convivientes deben contribuir, en igualdad de condiciones y mediante esfuerzo común, al sostenimiento, educación y formación integral de sus hijos, especialmente cuando son menores de edad o presentan alguna discapacidad (art. 64.I de la CPE). Esta obligación, además, se reconoce como un derecho prioritario y exigible judicialmente, orientado a garantizar no sólo el sustento económico, sino también el bienestar integral y la recreación de los miembros más vulnerables de la familia, tal como lo desarrolla el art. 109 del CFPF. La jurisprudencia constitucional ha destacado el carácter personalísimo de esta obligación, su vinculación al principio de verdad material y la prevalencia del derecho sustancial sobre el formalismo procesal, subrayando que la asistencia familiar trasciende lo económico para convertirse en una responsabilidad social que asegura la protección y el desarrollo integral de quienes la requieren, en consonancia con los fines superiores de justicia material que rigen nuestro ordenamiento jurídico. Por otro lado, cabe indicar que la acción de libertad, reconocida en el art. 125 de la CPE, constituye un mecanismo excepcional y urgente de defensa de derechos fundamentales relacionados con la vida, la libertad y la protección contra procesamientos indebidos. No obstante, su activación está supeditada a la verificación de la ineficacia o inconducta de otros medios procesales ordinarios, en virtud del principio de subsidiariedad, desarrollado de forma reiterada por la jurisprudencia constitucional. En materia de asistencia familiar, esta subsidiariedad cobra particular relevancia frente a situaciones de privación de libertad originadas por mandamientos de apremio derivados del incumplimiento de obligaciones alimentarias. En este sentido, el Tribunal Constitucional Plurinacional, mediante la SCP 0018/2020-S1 de 12 de marzo, estableció que antes de acudir a la acción de libertad, debe agotarse la vía ordinaria prevista en el Código de las Familias y del Proceso Familiar, en particular a través del planteamiento y resolución de incidentes conforme a los arts. 255 y 256 del citado Código, así como la utilización de los medios impugnativos pertinentes (reposición, apelación, casación o compulsa). De esta manera, se evita la desnaturalización de la acción de libertad como un recurso alternativo o paralelo a la jurisdicción ordinaria, reservándola únicamente para los casos en que, pese al agotamiento de los mecanismos idóneos, eficientes y oportunos, no se haya logrado la restitución efectiva del derecho afectado. Así, en respeto al bloque de constitucionalidad y a los estándares internacionales establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se asegura que la justicia constitucional intervenga solo como última ratio para tutelar de manera efectiva los derechos fundamentales comprometidos en el contexto de la asistencia familiar. De los antecedentes que cursan en obrados, se tiene que la ahora accionante, presentó escrito planteando incidente de nulidad de obrados con reserva de apelación, por haber sido notificada ilegalmente con el desarchivo, la planilla de liquidación y otros actos procesales; es así que la Jueza Pública de Familia, ahora demandada, emitió el proveído de 4 de abril de 2023, a través del cual, considerando los antecedentes, la SC 0182/2004-R de 9 de febrero y la normativa procesal aplicable a la materia, estableció no ha lugar al incidente de nulidad por encontrarse fuera de plazo previsto por ley (Conclusión II.1 y II.2.). De la revisión de antecedentes que cursan en obrados, se evidencia que lo impetrado en la presente acción tutelar también fue realizado previamente ante la Jueza Pública de Familia ahora demandada, mediante memorial presentado el 3 de abril de 2023, conforme se detalla en la Conclusión II.1. En dicho escrito, la demandante de tutela solicitó la nulidad de obrados por no haber sido notificada legalmente con ciertos actos procesales, aduciendo que le están privando el derecho a la contradicción, como ser la réplica, presentar prueba y hacer uso de los recursos que le franquea la ley. Dicho pedido fue atendido por la autoridad judicial mediante decreto de 4 de abril de 2023, disponiendo respecto a la nulidad de obrados, que al tener conocimiento de todo lo obrado desde el momento que se le entregó las fotocopias simples, es decir desde el 28 de marzo de igual año, considerado como notificación tácita, citando la SC 0182/2004-R de 9 de febrero, motivo por el cual, desde la indicada fecha tenía cuarenta y ocho horas para interponer cualquier incidente, lo que significa que se encuentra fuera de plazo previsto en el art. 256 inc. b) de la Ley 603. Ante tal respuesta, el accionante, en lugar de utilizar los mecanismos procesales ordinarios establecidos en el ordenamiento jurídico para cuestionar la providencia del 4 de abril de 2023 -en particular-, el recurso de reposición previsto en los arts. 366 y 368 del CFPF, que faculta impugnar resoluciones judiciales dictadas dentro de un proceso familiar- optó por activar directamente la jurisdicción constitucional a través de la presente acción de libertad.

En este entendido, se advierte que el impetrante de tutela pretende que este Tribunal Constitucional Plurinacional, resuelva directamente los supuestos agravios que se habrían suscitado por el referido decreto de 4 de abril de 2023, desconociendo el carácter subsidiario y excepcional de la acción de libertad. En efecto, la jurisprudencia constitucional ha establecido que, ante la existencia de medios ordinarios de defensa idóneos, eficientes y oportunos, éstos deben ser agotados antes de recurrir a la tutela constitucional. En consecuencia, la acción de libertad no puede ser utilizada como un mecanismo paralelo o alternativo a los procedimientos ordinarios, ni como una instancia de alzada que revise decisiones jurisdiccionales, función que corresponde exclusivamente a los tribunales superiores de la jurisdicción ordinaria. En el presente caso, existía un mecanismo intraprocesal idóneo que pudo ser promovido por la accionante en sede ordinaria para solicitar la revisión de la providencia cuestionada, restituyendo así sus derechos supuestamente vulnerados. Por tanto, al no haber agotado los mecanismos ordinarios de defensa previstos en el ordenamiento procesal familiar, la presente acción de libertad resulta improcedente, en aplicación estricta del principio de subsidiariedad excepcional que rige esta acción de defensa, conforme a la doctrina constitucional vigente y los estándares internacionales que forman parte del bloque de constitucionalidad. En consecuencia, el Juez de garantías al denegar la tutela solicitada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 109/23 de 8 de abril, cursante de fs. 76 a 78 vta., pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Décimo de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías y conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1125_2025-S1.pdf · páginas 1 a 19.

Huella digital del PDF (SHA-256): cc23555ca9d3a395bccdc35e15886edfd625c377f103ad517a3a31c122d2fd1d

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