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SCP 1124/2025-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 22 de septiembre de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
22 de septiembre de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
55270-2023-111-AL
Departamento
Oruro
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad; toda vez que, el Juez de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de Oruro -demandado-, no emitió el mandamiento de libertad provisional en su favor, incumpliendo lo dispuesto por el Auto de Vista 143/2023 -que revocó su detención preventiva dictada en el Auto Interlocutorio 313/2023-, escudando su omisión en que previamente debían cumplirse las demás medidas dispuestas por la propia resolución de alzada, cuando dicho pronunciamiento no condicionó a ningún requisito la emisión del mencionado mandamiento, aun cuando no resulta pertinente en la problemática, aplicar el régimen de la cesación a la detención preventiva. Ante ello, la autoridad demandada señala que la antecedida resolución de alzada, si bien revocó la detención preventiva, determinó otras medidas cautelares menos gravosas, además que su autoridad emita el mandamiento de libertad provisional previo las formalidades y requisitos que se tiene dispuesto en la presente resolución; determinación oscura que le causó duda acerca de si la expedición del señalado mandamiento debía ser ejecutado inmediatamente o después que se cumplan las medidas impuestas. De ahí que, el 28 de abril de 2023, solicitó aclaración ante la aludida autoridad de alzada, justificando la no emisión del pretendido mandamiento de libertad. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve:

CONFIRMAR la Resolución 331/2023 de 30 de abril, cursante de fs. 41 a 44 vta., pronunciada por la Jueza de Instrucción Penal Séptima de la Capital del departamento de Oruro; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Medidas sustitutivas a la detención preventiva. Efectivización de la libertad en los casos de no haberse dispuesto la cesación a la detención preventiva
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1124/2025-S2 Sucre, 22 de septiembre de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 55270-2023-111-AL Departamento: Oruro En revisión la Resolución 331/2023 de 30 de abril, cursante de fs. 41 a 44 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Teddy Ramiro Yapari Mendoza en representación sin mandato de Pastor Almendra Mamani contra Alipio Veliz Veliz, Juez de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de Oruro.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 2 de mayo de 2023, cursante a fs. 1 y 22 a 23 vta., el accionante, a través de su representante sin mandato, manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, Alipio Veliz Veliz, Juez de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de Oruro -ahora demandado-, en audiencia de aplicación de medidas cautelares de 7 de abril, mediante Auto Interlocutorio 313/2023, dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro del mismo departamento. Contra dicha determinación, interpuso recurso de apelación, anunciado en el mismo actuado y posteriormente fundamentado de forma oral en audiencia ante la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, mereciendo el Auto de Vista 143/2023 de 25 de abril, por el cual, el Tribunal ad quem declaró procedente la apelación, revocando el Auto Interlocutorio 313/2023 y ordenando la expedición de mandamiento de libertad provisional en su favor; al mismo tiempo, le impuso medidas cautelares personales consistentes en: “1º La presentación periódica de mi defendido ante el órgano jurisdiccional y el Ministerio Publico, 2º el arraigo correspondiente, debiendo notificarse a la oficina de Migraciones de esta capital, otorgando el plazo de tres días. 3º fianza personal en la presentación de cuatro garantes fiables y abonables en derecho, a ser cumplida en el plazo de tres días. 4º Finalmente, se ordena la detención domiciliaria de mi persona, para cuyo efecto se ordena el deber de constitución domicilio correspondiente” (sic). Dicha decisión se fundamentó en la existencia de duda razonable, ante la inexistencia de sustancia controlada alguna que justifique el delito atribuido, en aplicación del art. 233.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP); sin embargo, una vez devuelta la decisión de alzada al Juez a quo -ahora demandado-, éste incumplió la orden de emitir el mandamiento de libertad provisional, bajo el argumento de que previamente debían cumplirse las demás medidas personales dispuestas en el Auto de Vista. Tal postura resulta errónea, pues el Auto de Vista 143/2023 en ningún momento condicionó la expedición del mandamiento de libertad a la previa ejecución de otras medidas, limitándose a fijar plazos para su cumplimiento. Además, la problemática no corresponde al régimen de la cesación a la detención preventiva, máxime cuando se acreditó duda razonable respecto al requisito sustancial previsto en el art. 233.1 del CPP. En consecuencia, la conducta del Juez demandado generó una indebida privación de libertad, al incumplir la resolución de segunda instancia que expresamente dispuso su libertad provisional.

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado

El impetrante de tutela, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de su derecho a la libertad; citando al efecto los arts. 21.7 y 22 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, el Juez demandando, en el día, de forma inmediata y sin exigir el cumplimiento de medidas personales, emita mandamiento de libertad provisional en su favor.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública el 30 de abril de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 36 a 40, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El peticionante de tutela, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad y, ampliando señaló que: a) El Juez demandado, en su informe, manifestó la existencia de una supuesta duda respecto a lo dispuesto en el Auto de Vista 143/2023, alegando que, si bien dicha resolución revocó la detención preventiva e impuso medidas personales al accionante, no habría establecido con precisión si el mandamiento de libertad debía emitirse previo cumplimiento de las mismas; sin embargo, tal interpretación resulta infundada, puesto que el Auto de Vista únicamente fijó plazos para que el impetrante de tutela cumpla con las medidas “sustitutivas” dispuestas, sin condicionarlas como requisito previo para la expedición del mandamiento de libertad. En consecuencia, no puede admitirse excusa ni confusión alguna por parte de la autoridad demandada; y, b) La representación que la autoridad demandada efectuó ante el Tribunal de alzada que emitió el referido Auto de Vista constituye un acto administrativo inadmisible como justificación de su omisión, pues no exime el deber de acatar de manera inmediata lo resuelto en segunda instancia. En tal sentido, desde el 28 de abril de 2023, el peticionante de tutela se encuentra indebidamente privado de su libertad, en desconocimiento de la resolución del Tribunal de apelación y sin que exista motivo legal alguno que justifique la restricción de su derecho fundamental a la libertad.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Alipio Veliz Veliz, Juez de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de Oruro, por informe escrito cursante a fs. 34, expreso que, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, en alzada, revocó la detención preventiva que impuso el Auto Interlocutorio 313/2023, sustentando su decisión en la presencia de duda sobre la probable autoría del imputado, conforme el art. 233.1 del CPP; empero, determinó además, otras medidas cautelares menos gravosas -entre ellas el arraigo, fianza personal de cuatro garantes y detención domiciliaria-, disponiendo que: “‘el juez inferior emita el mandamiento de libertad provisional previo las formalidades y requisitos que se tiene dispuesto en la presente resolución’” (sic). Determinación oscura, que le causó duda acerca de si el mandamiento de libertad provisional debe ser ejecutado inmediatamente o después que se cumplan las medidas cautelares del art. 231 bis del CPP. De ahí que, para evitar contradicciones, el 28 de abril de 2023, solicitó aclaración ante la aludida autoridad de alzada, lo cual justifica la no emisión del pretendido mandamiento de libertad.

I.2.3. Intervención del Ministerio Público

Felipe Mamani Camacho, Fiscal de Materia, en audiencia de garantías solicitó se deniegue la tutela solicitada, sosteniendo que: 1) Si bien lo dispuesto en el Auto de Vista 143/2023 causo duda en el Juez demandado en cuanto al momento en que debía emitir el mandamiento de libertad, dicha decisión jurisdiccional en ningún momento consideró desacreditada o enervada la previsión del art. 233.1 del CPP; por ello, se decidió aplicar el régimen de los riesgos procesales establecidos en el art. 233.2 de la citada norma procesal penal, manteniendo la concurrencia de los mismos que fundaron la detención preventiva del accionante; y, 2) La confusión se originó en el antecedido Auto de Vista, cuando se dispuso el plazo de tres días para constituir fianza personal, y que la expedición del mandamiento de libertad provisional debía hacerse previa formalidades; de modo que no existió equivocación por la autoridad demandada cuando solicitó aclaración ante la autoridad de alzada sobre la parte resolutiva de su resolución, así, con la debida diligencia y celeridad, la autoridad recurrida informará en su momento los términos que corresponda.

I.2.4. Resolución

La Jueza de Instrucción Penal Séptima de la Capital del departamento de Oruro, constituida en Jueza de garantías, por Resolución 331/2023 de 30 de abril, cursante de fs. 41 a 44 vta., denegó la tutela solicitada; no obstante, dispuso: “…la notificación ante la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, a efecto de que en el plazo de 24 horas aclare cuales fueran las formalidades y requisitos a los cuales sujeta la emisión del mandamiento de libertad por el Juzgado de Instrucción Penal 4º de la capital…” (sic), con base en los siguientes fundamentos: i) La parte dispositiva del Auto de Vista 143/2023, no condiciona la emisión del mandamiento de libertad a presupuestos estrictamente legales, en cuyo caso la autoridad ahora demandada debió librar de manera inmediata el mandamiento de libertad -debido a la amplia jurisprudencia que, establece la inmediata emisión del mandamiento de libertad, ante la revocatoria de la detención preventiva no evacuada en mérito a una cesación-. Más, al contrario, el aludido pronunciamiento de alzada condiciona la emisión del mandamiento de libertad a formalidades dispuestas por la propia resolución. De esa manera, la decisión del Tribunal ad quem, no es clara sobre dichas formalidades o requisitos previos para efectuar el libramiento del mandamiento de libertad, en cuanto a si debe aplicarse los términos de la ley, o los términos de la resolución superior, generando así divergencia entre el accionante y la autoridad demandada; ii) La competencia del Juez demandado se limita a conocer asuntos en primera instancia y en etapa investigativa, de modo que, de acuerdo al art. 122 del CPE, su marco competencial le impide modificar los términos del Auto de Vista 143/2023. De manera que, en base al principio de jerarquía y competencia, corresponde a la autoridad emisora del aludido pronunciamiento de alzada determinar las condiciones claras para librar eficientemente el mandamiento de libertad. En este sentido, el Juez demandado como sujeto pasivo de la acción tutelar, no cuenta con suficiente potestad para disponer el mandamiento de libertad de la persona mencionada, ante la falta de claridad del aludido Auto de Vista de referencia; considerándose que podría generar responsabilidad en el propio juez, pero también perjuicio a los sujetos procesales en la causa penal, ante la posibilidad de acarrear nulidades procesales; y, iii) Los términos ambiguos generados en el nombrado Auto de Vista, ameritaba al interés y diligencia del impetrante de tutela, para solicitar las aclaraciones correspondientes en el marco del art. 125 del CPP, y así evitar cualquier dilación en la emisión del mandamiento de libertad, aspecto no advertido de los antecedentes.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Por Auto Interlocutorio 313/2023 de 7 de abril, Alipio Veliz Veliz, Juez de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de Oruro -ahora demandado-, resolvió: “…DECLARA FUNDADA Y PROCEDENTE LA DETENCIÓN PREVENTIVA DEL IMPUTADO PASTOR ALMENDRA MAMANI, sea este en el penal de San Pedro de esta capital Oruro…” (sic [fs. 16 a 21]). II.2. Mediante Auto de Vista 143/2023 de 25 de abril, Julio Huarachi Pozo, Vocal Presidente de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, declaró: “…PROCEDENTE el recurso de apelación, formulado por el imputado Pastor Almendra Mamani, en consecuencia se REVOCA la Resolución Judicial Nº 313/2023 de 7 de abril de 2023, de fs. 23 a 28, en consecuencia se adopta las siguientes medidas cautelares en contra del Imputado Pastor Almendra Mamani: 1°.- Se ordena que el imputado debe presentarse ante el Ministerio Público y ante el Órgano Jurisdiccional de la causa, de manera semanal, a cuyo efecto debiendo suscribirse en el Libro de Presentaciones de dicho despacho judicial, así como el registro ante el sistema biométrico del Ministerio Público respectivamente; 2°.- Se ordena el arraigo del imputado, a ese efecto debiendo notificarse a la Dirección Departamental de Migraciones, a objeto que se proceda al arraigo correspondiente, certificación que deberá ser presentada en el término de tres días ante el juez de la causa del control jurisdiccional; 3°.- Se fija fianza de carácter personal a través de cuatro personas fiables y abonables en derecho, mayores de 18 años y menores de 60 años, fianza personal que debe ser admitida ante el juez inferior; 4°.- Finalmente, se ordena la detención domiciliaria del imputado, a ese efecto deberá constituir domicilio en esta ciudad, con vigilancia policial esporádica, a cuyo efecto debiendo notificarse al Comando Departamental de la Policía, para que otorgue escolta policial, debiendo hacer cumplir por el juez inferior en los de la materia. Asimismo, se aclara para constituir fianza personal debe ofrecer en el plazo de tres días y señalamos también que, el mandamiento de libertad provisional, deberá ser expedida por el juez inferior, previo las formalidades y requisitos que se tiene dispuesto en la presente resolución” (sic [fs. 5 a 7 vta.]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad; toda vez que, el Juez de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de Oruro -demandado-, no emitió el mandamiento de libertad provisional en su favor, incumpliendo lo dispuesto por el Auto de Vista 143/2023 -que revocó su detención preventiva dictada en el Auto Interlocutorio 313/2023-, escudando su omisión en que previamente debían cumplirse las demás medidas dispuestas por la propia resolución de alzada, cuando dicho pronunciamiento no condicionó a ningún requisito la emisión del mencionado mandamiento, aun cuando no resulta pertinente en la problemática, aplicar el régimen de la cesación a la detención preventiva. Ante ello, la autoridad demandada señala que la antecedida resolución de alzada, si bien revocó la detención preventiva, determinó otras medidas cautelares menos gravosas, además que su autoridad emita el mandamiento de libertad provisional previo las formalidades y requisitos que se tiene dispuesto en la presente resolución; determinación oscura que le causó duda acerca de si la expedición del señalado mandamiento debía ser ejecutado inmediatamente o después que se cumplan las medidas impuestas. De ahí que, el 28 de abril de 2023, solicitó aclaración ante la aludida autoridad de alzada, justificando la no emisión del pretendido mandamiento de libertad. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Medidas sustitutivas a la detención preventiva. Efectivización de la libertad en los casos de no haberse dispuesto la cesación a la detención preventiva

Sobre el particular, el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la jurisprudencia glosada en la SCP 0140/2015-S3 de 19 de febrero, estableció que: “Cuando una autoridad judicial determina la aplicación de medidas sustitutivas a una persona imputada, existen dos circunstancias en las que se puede hallar la persona obligada a su observancia; la primera, es cuando el beneficiado con las medidas sustitutivas se encuentra ya con detención preventiva y consecuentemente, la autoridad judicial a cargo no puede librar mandamiento de libertad sin que anteriormente el beneficiado haya demostrado el cabal cumplimiento de las mismas, por lo que éste se mantendrá detenido en tanto no cumpla con lo dispuesto por el juez de la causa, en ese sentido están dirigidas varias sentencias constitucionales como la SC 1194/2011-R de 6 de septiembre; y por otro lado, está el supuesto cuando la persona a momento de que se le impone medidas sustitutivas se halla gozando de libertad; es decir, no tiene una detención preventiva previa, por lo que la autoridad judicial no puede disponer su detención como una medida de presión para que el procesado acate su determinación, por el contrario otorgará al imputado un plazo prudente para que haga efectivas las medidas impuestas y si es que vencido el mismo, se constata su incumplimiento, recién podrá revocarlas y ordenar su detención preventiva a fin de garantizar su presencia en el proceso que se le sigue, en ese sentido ya la SC 1194/2000-R de 18 de diciembre, indicó sobre el tema que: ‘En efecto, como quiera que no concurrían las causales o requisitos establecidos por el art. 233 del nuevo Código de Procedimiento Penal, en la audiencia pública realizada el 6 de noviembre de 2000 (fs. 189 a 191) dispuso la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva a favor del encausado, hoy recurrente, sin embargo, de manera contradictoria y en una inadecuada aplicación de la norma prevista por el art. 245 del nuevo Código de Procedimiento Penal, ordenó su detención preventiva hasta que ofrezca la fianza, dando como resultado la desnaturalización de la medida cautelar de detención preventiva, al ser utilizada como un medio de coacción para lograr el cumplimiento de la fianza; pues debe entenderse que la norma prevista por el art. 245 del citado cuerpo legal es aplicable a los casos en los que el encausado o procesado se encuentre privado de su libertad por una detención preventiva y se disponga la cesación de la medida sustituyéndola por una fianza económica, es en ese caso que la libertad sólo se hará efectiva luego de haberse otorgado la fianza, hecho que no se dio en el caso que motiva el presen e Recurso, por cuanto el encausado no estuvo privado de su libertad sino que al haber prestado su declaración indagatoria, a solicitud del mismo y al no concurrir los requisitos establecidos por Ley, la Jueza dispuso la aplicación de medidas cautelares de fianza económica y obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad” (las negrillas nos corresponde).

III.2. Análisis del caso concreto

Dentro del proceso penal instaurado contra el accionante por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, el Juez de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de Oruro -autoridad demandada-, dispuso su detención preventiva mediante Auto Interlocutorio 313/2023 de 7 de abril. Dicha determinación fue recurrida en apelación, con anuncio previo en el mismo acto y posterior fundamentación oral en audiencia ante el Presidente de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, mereciendo el Auto de Vista 143/2023 de 25 de abril, que declaró procedente el recurso, revocando la resolución apelada y dispuso la imposición de otras medidas cautelares. Con base en esos antecedentes, el impetrante de tutela acude a la justicia constitucional denunciando que el Juez demandado no emitió en su favor mandamiento de libertad provisional dispuesto por el Auto de Vista 143/2023, alegando que previamente debían cumplirse las demás medidas dispuestas fijadas en dicha resolución de alzada, cuando en realidad dicho pronunciamiento, si bien consignó las aludidas medidas, no las condicionó para que el señalado mandamiento sea recién librado. De otro lado, la autoridad demandada, en el curso del trámite constitucional, justificó la falta de libramiento del señalado mandamiento en la confusión que le produjo la supuesta oscuridad de la parte dispositiva del citado Auto de Vista, que incluso lo llevó a solicitar aclaración ante la autoridad ad quem que la emitió. En ese marco, si bien cada una de las partes del presente proceso constitucional asume una posición distinta sobre los alcances de la parte dispositiva del Auto de Vista 143/2023, este Tribunal considera que el antecedido pronunciamiento de alzada es suficientemente claro, en cuanto exige el cumplimiento previo de las medidas “sustitutivas” para la emisión del tantas veces señalado mandamiento “…señalamos también que, el mandamiento de libertad provisional, deberá ser expedida por el juez inferior, previo las formalidades y requisitos que se tiene dispuesto en la presente resolución” (sic); de manera que, no es necesario realizar una mayor consideración interpretativa de los alcances de la parte resolutiva del referido Auto de Vista, al ser clara sobre la acreditación previa de las medidas sustitutivamente dispuestas. En consecuencia, la consulta realizada al Tribunal ad quem, resulta dilatoria en la medida en la que, el Juez demandado debe aplicar la resolución superior competente para interpretar y aplicar la decisión de la autoridad judicial jerárquica. Así, siendo que el beneficiario de medidas “sustitutivas” previamente se encontraba con detención preventiva, no puede obtener inmediatamente el libramiento del mandamiento de libertad sin que demuestre en forma previa, el cumplimiento de las otras medidas determinadas, resultando legítima su detención hasta que acredite dicho cumplimiento. En el particular, como el ahora impetrante de tutela se encontraba anteriormente con detención preventiva, impuesto por el Auto Interlocutorio 213/2023 y efectivo “en el Penal de San Pedro de esta capital de Oruro” (sic); las medidas “sustitutivas” determinadas por el Auto de Vista 143/2023, que revocó la antecedida detención, no son otra cosa que medidas cautelares sucedáneas impuestas en su contra; por cuanto, para transitar de una situación a la otra, resulta necesario que se cumplan dichas medidas como lo entiende la jurisprudencia citada. De esa manera, resulta legítimo y exigible el cumplimiento de las medidas “sustitutivas” dictadas en el señalado pronunciamiento de alzada para la conclusión de su detención preventiva, decantando en irrelevante que dicha modificación emerja de una solicitud de cesación o mediante la interposición de un recurso, como argumenta el accionante. En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve:

CONFIRMAR la Resolución 331/2023 de 30 de abril, cursante de fs. 41 a 44 vta., pronunciada por la Jueza de Instrucción Penal Séptima de la Capital del departamento de Oruro; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que la Magistrada MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas es de Voto Aclaratorio.

Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1124_2025-S2.pdf · páginas 1 a 9.

Huella digital del PDF (SHA-256): 226da4e1e0ad95a757d315032e81bb0f4101c0a6412ef798036ed632a421f0a9

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