Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera Especializada · 9 de julio de 2026
Deniega la tutela
El accionante, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, a la igualdad procesal, de acceso a la justicia, a la propiedad privada, a la vivienda; y al principio de verdad material; puesto que: a) La Jueza hoy coaccionada, dispuso el embargo judicial de su bien inmueble y que se ejecutó el 30 de julio de 2021, sin tomar en cuenta, que su persona no fue parte del proceso ejecutivo y que su derecho propietario fue inscrito en la Oficina de DD.RR. el 20 de octubre de 2017, en el Asiento A-5 de Titularidad del Dominio y registrado en la Oficina de DD.RR. bajo la matrícula computarizada 7.10.0.00.0001942, con anterioridad al embargo judicial; b) Los Vocales ahora accionados, no explicaron las razones del por qué aplicaron de manera directa el art. 1363 del CC, para proceder a la cancelación de su registro propietario, cuando su persona no formó parte de la demanda ejecutiva; la sentencia no dispuso nada respecto a sus derechos, obviando dar respuesta al fondo de los cuestionamiento legales, limitándose a referir el supuesto conocimiento que tuvo su persona respecto a la deuda de la vendedora del bien inmueble; y, c) Las autoridades ahora accionadas, no tomaron en cuenta que la vía judicial para hacer prevalecer el art. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 111/2024 de 31 de mayo, cursante de fs. 262 a 264, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1123/2026-S1 Sucre, 9 de julio de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional Expediente: 64650-2024-130-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 111/2024 de 31 de mayo, cursante de fs. 262 a 264, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Constancio Cussi Cussi contra Marisol Ortiz Hurtado y José Enrique Terán Romero, Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, Yesenia Esther Barreto Condori, Jueza Pública Civil y Comercial Tercera de Montero del citado departamento.
El accionante, por memoriales presentados el 19 y 26 de abril de 2024, cursantes de fs. 8 a 22; y, 29 a 30, manifestó lo siguiente:
En el proceso ejecutivo seguido por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta San Martín Porres Responsabilidad Limitada (R.L.) contra Hilda Sánchez Coronado y Sandro Ortuño Arébalo -ahora terceros interesados-, su persona no fue parte; razón por la cual, los efectos de las sentencias emitidas no le alcanzan o afectan; puesto que, con anterioridad al embargo judicial, inscribió su derecho propietario respecto al bien inmueble inscrito en la Oficina de Derechos Reales (DD.RR.) bajo matrícula computarizada 7.10.0.00.0001942, registrado en el Asiento A-5 de titularidad del dominio el 20 de octubre de 2017, y el embargo dentro del proceso ejecutivo, fue ejecutado el 30 de julio de 2021, sin que su persona sea parte de dicho proceso. Sin ser sujeto procesal, se embargó su bien inmueble y se procedió a su remate, adjudicándose la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta San Martín Porres R.L.; desconociendo el registro de su derecho propietario conforme lo estipula el art. 1538 del Código Civil (CC); registro que sólo podía ser cancelado mediante una sentencia judicial, aspecto que no sucedió en el proceso ejecutivo. Cuando tomó conocimiento de la aprobación del ilegal remate mediante Auto de 9 de agosto de 2023; y Auto Complementario de 17 de igual mes y año, de manera oportuna formuló recurso de reposición con alternativa de apelación, que fue rechazado por la Jueza ahora coaccionada, activándose el recurso de apelación; lamentablemente el Tribunal de alzada, mediante Auto de Vista 15/2024 de 2 de enero, confirmó el Auto de 9 de agosto de 2023, y el Auto complementario de 17 de igual mes y año, con el argumento de que su persona como comprador del bien inmueble rematado y adjudicado, reconoció y aceptó el gravamen hipotecario que existía sobre el bien inmueble registrado en la Oficina de DD.RR. bajo matrícula computarizada 7.10.0.00.0001942; razón por la cual, es aplicable lo dispuesto por el art. 1363.II y III del CC; ya que, la hipoteca es indivisible y subsiste por entero sobre todos los bienes hipotecarios, sobre cada uno de ellos y sobre cada una de sus partes, garantiza la deuda y cada una de sus partes y saldos, y que toda hipoteca subsiste en el bien inmueble aun cuando el mismo pase a otras manos y los adquirientes gozan de los términos y plazos concedidos al primer deudor. Los Vocales ahora accionados, en el Auto de Vista 15/2024, afirmaron también, que la adquisición del bien inmueble por parte de su persona, se efectuó el 20 de octubre de 2017, de acuerdo al certificado alodial, es decir, con posterioridad a la hipoteca y con su conocimiento y aceptación de la deuda, para concluir señalando que, no resulta evidente haberse vulnerado su derecho a la propiedad privada; por lo que, al aceptar su persona la existencia de un gravamen hipotecario, podía hasta antes de la aprobación del remate, pagar el importe del capital, intereses, costas y costos para sobreseer el bien inmueble subastado y adjudicado conforme lo previene el art. 421.IV del Código Procesal Civil (CPC); sin embargo, no tomaron en cuenta, que la acción ejecutiva fue interpuesta el 2020; es decir, tres años después de que su persona registró en la Oficina de DD.RR. su derecho propietario -20 de octubre de 2017-; por lo tanto, dicha demanda, debió también estar dirigida contra su persona, y al no haberle incluido en la demanda, la sentencia emitida no puede afectarle, aspecto que no fue tomado en cuenta ni por la Jueza hoy coaccionada ni los Vocales ahora accionados. Las autoridades ahora accionadas, no tomaron en cuenta que la vía judicial para hacer prevalecer el art. 1363 del CC, es la acción pauliana, como el mecanismo judicial de defensa de los acreedores, mediante el cual éstos pueden solicitar la revocación de actos realizados por el deudor en perjuicio del acreedor, proceso a través del cual se garantiza el derecho a la defensa del comprador o nuevo propietario; empero, en el presente caso, se aplicó de manera directa e ilegal el art. 1363 del mismo Código, en ejecución de sentencia del proceso ejecutivo, y con base a ello, procedieron a la cancelación del registro de su derecho propietario en la Oficina de DD.RR., cuando lo correcto era que dicha cancelación emerja de un proceso judicial en el que su persona asuma defensa, tomando en cuenta que el derecho propietario está garantizado constitucionalmente y nadie puede perder un derecho sin antes no ser vencido en juicio. No es posible pretender aplicar un mero formalismo procesal, cuando en rigor de verdad y de justicia, la verdad real y material pone en evidencia que no se puede afectar derechos de un tercero; empero, tanto la Jueza hoy coaccionada y los Vocales ahora accionados; no lo consideraron así, y sin notificarle de inicio con la demanda, la sentencia inicial y la final, en ejecución de sentencia, se pretende despojarle de su derecho propietario, sin que sea parte de la contienda judicial ejecutiva. Las autoridades ahora accionadas vulneraron su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, al no explicar las razones del por qué aplicaron el art. 1363 del CC, cuando su persona no formó parte de la demanda ejecutiva, la sentencia no dispuso nada respecto a sus derechos, y su derecho propietario fue anterior a la interposición de la demanda ejecutiva; los motivos por los cuales ante la aprobación del remate se le denieguen sus derechos, el Auto de Vista 15/2025, es totalmente arbitrario, dado que no responde el fondo de los cuestionamiento legales, simplemente refiere el supuesto conocimiento que tuvo su persona respecto a la deuda de los hoy terceros interesados. Las resoluciones judiciales denunciadas de ilegales y lesivas a sus derechos constitucionales, sin duda ponen en evidencia un trato desigual ante la ley; ya que, le pusieron en una condición de desventaja, al afectar sus derechos sin que sea parte del proceso de ejecución, y sin que la Sentencia Final 29/2020 de 2 de diciembre, se pronuncie respecto a su derecho a la propiedad privada. En el proceso ejecutivo se cuestionó e impugnó conforme a procedimiento toda ilegalidad, denunciada oportunamente, y a pesar de ello, la respuesta judicial no cumplió con las exigencias de motivación, ni dio respuesta a la vulneración de derechos denunciada oportunamente, al no ingresar al análisis de la cuestión de fondo, desconociendo la verdad material, la justicia real y de esta manera denegarle el acceso a la justicia con el solo argumento de que su persona conocía el crédito de su vendedora, cuando lo que correspondía al acreedor era iniciar en proceso judicial ordinario de acción pauliana, y no convocarlo en ejecución de sentencia del proceso ejecutivo; puesto que, en dicha etapa procesal ya le es imposible defenderse en el fondo. Al procederse a la ejecución ilegal de su bien inmueble registrado legalmente, rematar el mismo y notificarle concediendo a su persona el plazo de diez días para desalojar, vulneró su derecho a la propiedad privada; asimismo, pretender desalojarlo del bien inmueble de su propiedad ilegalmente embargado y rematado, se vulneró su derecho a la vivienda y hábitat, poniendo en peligro su vida al ser una persona adulta mayor que goza de protección especial del Estado.
El accionante, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, a la igualdad procesal, de acceso a la justicia, a la propiedad privada, a la vivienda; y al principio de verdad material; citando al efecto los arts. 56 y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga que se deje sin efecto el Auto de Vista 15/2024 de 2 de enero, el Auto de 9 de agosto de 2023, y el Auto Complementario de 17 de igual mes y año, mediante los cuales la Jueza hoy coaccionada aprobó el remate de su bien inmueble.
Celebrada la audiencia virtual el 31 de mayo de 2024, según consta en el acta cursante de fs. 257 a 261 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante no asistió a la audiencia de consideración de la presente acción de amparo constitucional, pese a su notificación con el acta de diferimiento de audiencia, cursantes de fs. 33 y 165.
Marisol Ortiz Hurtado y José Enrique Terán Romero, Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, no asistieron a la audiencia de consideración de la acción de amparo constitucional, ni remitieron informe alguno pese a sus citaciones, cursantes de fs. 34 y 35. Yesenia Esther Barreto Condori, Jueza Pública Civil y Comercial Tercera de Montero del departamento de Santa Cruz, mediante informe de 13 de mayo de 2024, cursante de fs. 109 a 110 vta., manifestó que: a) Carece de legitimación pasiva; ya que, quienes emitieron la última resolución fueron los Vocales hoy accionados; b) El accionante pretende utilizar la jurisdicción constitucional como una instancia ordinaria a los fines de que se proceda a revisar todos los actuados realizados en su Juzgado y en el Tribunal de apelación; c) Dentro del proceso monitorio de ejecución formulado por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta San Martín de Porres R.L.; contra los ahora terceros interesados, se emitió la Sentencia Inicial 07/2020 de 7 de septiembre, declarando probada la demanda y ordenando el pago de la suma de $us95 714,06.- (noventa y cinco mil setecientos catorce 06/100 dólares estadounidenses) más intereses y costas, con base a un documento de préstamo de dinero con garantía hipotecaria de un bien inmueble de propiedad de los deudores registrado en la Oficina de DD.RR. bajo matrícula computarizada 7.10.0.00.0001942; d) La emisión del Auto de aprobación de remate de 9 de agosto de 2023, y el Auto complementario de 17 de igual mes y año, fueron en aplicación de los arts. 397, 400, 413 y 422.I del CPC, al estar el proceso en fase de ejecución, se procedió al embargo del bien inmueble objeto de garantía, se efectuó la publicación de los avisos de remate, y posteriormente se procedió al remate y adjudicación en favor del acreedor, y como efecto, se conminó a quienes ocupaban el bien inmueble a la desocupación del mismo; e) Respecto a que el accionante registró su derecho propietario antes del embargo, y que de manera previa a la afectación de su bien inmueble, tendría que tramitarse un proceso ordinario de acción pauliana, al respecto aclaró que la hipoteca sobre el bien inmueble fue registrado en la Oficina de DD.RR. el 2 de junio de 2017, es decir, con anterioridad al registro propietario del accionante ocurrido el 19 de octubre del señalado año, de donde resulta correcta la aplicación del art. 1363 del CC, considerando que dicha normativa prevé que toda hipoteca subsiste en el bien inmueble aunque pase a otras manos; asimismo, señaló que, por disposición del art. 1470 del citado Código, puede obtenerse el embargo y la venta forzosa contra los bienes de un tercero cuando están vinculados al crédito como garantía; f) No es correcto entender que previamente se debe formular una demanda ordinaria para afectar el bien inmueble hipotecado; g) De acuerdo a la Cláusula Quinta del documento de transferencia de 9 de igual mes y año, se hizo conocer al comprador de la existencia de gravamen hipotecario sobre el bien inmueble adquirido; h) El accionante el 1 de noviembre de 2021, tomó conocimiento del proceso ejecutivo a través de la notificación correspondiente practicada en su domicilio real, y por efecto, planteó incidentes y apelaciones a las resoluciones judiciales emitidas, lo que demuestra, que no se vulneró su derecho a la defensa; y, i) La conminatoria de desocupación del bien inmueble fue emitida en el marco del debido proceso y verdad material.
María Wilma Rojas Arteaga y Edson Luis Quiroz Flores, en representación legal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Martín de Porres R.L.; mediante memorial presentado el 31 de mayo de 2024, cursante de fs. 252 a 255, y en audiencia, manifestaron que: 1) La acción de amparo constitucional no es una instancia adicional de la jurisdicción ordinaria, para que, a través de ella, se pretenda revisar la aplicación de normas procesales y sustantivas; 2) En la demanda ejecutiva no se discute hechos contradictorios, simplemente se ejecuta el instrumento aparejado a la demanda, para el pago de la obligación a través de un procedimiento especial; 3) La Escritura Pública 516/2017 de 30 de mayo, relativa al contrato de préstamo de dinero con garantía hipotecaria, fue suscrita por la mencionada Cooperativa de Ahorro y los ahora terceros interesados, constando en la Cláusula Novena la garantía hipotecaria del bien inmueble de propiedad de la hoy tercera interesada; razón por la cual, la demanda ejecutiva fue dirigida solo contra los deudores y no así contra personas ajenas al contrato como pretende el accionante; 4) Si el nombrado consideraba tener un derecho real sobre el bien inmueble en el marco de los señalado por el art. 27 del CPC, debió plantear una tercería de dominio excluyente; 5) De acuerdo a la Cláusula Quinta del documento de transferencia del bien inmueble efectuado por la deudora ahora tercera interesada, el accionante declara de manera expresa conocer la hipoteca que pesa sobre el bien inmueble a los fines de la evicción y saneamiento de ley; 6) Una vez que se conoció la transferencia del bien inmueble, la Jueza hoy coaccionada ordenó la citación del accionante a los efectos que asuma defensa en la presente causa, además de haberle notificado con la resolución que ordenó el embargo del bien inmueble objeto de garantía, posteriormente el nombrado, devolvió la notificación mediante cédula argumentando no ser parte del proceso y tampoco tercero, aun así, se le fue notificando con todos los actuados, los cuales fueron devueltos al juzgado utilizando el mismo argumento, lo que demuestra que no se lo dejó en indefensión al accionante; 7) En ejecución se procedió al embargo y remate del bien inmueble otorgado en garantía hipotecaria, lo que dio lugar a que el accionante de manera extemporánea plantee tercería de dominio excluyente y posterior incidente de nulidad de obrados; 8) El Auto de Vista 15/2024, no vulneró el derecho al debido proceso del nombrado, por el contrario el proceso se desarrolló conforme la normativa civil; 9) El accionante en el marco del art. 360.III del CPC podía plantear tercería de dominio excluyente y también hacer uso de la facultad establecida por el art. 421.IV del mismo Código, para el sobreseimiento del bien inmueble rematado; 10) El accionante actúa en complicidad con la principal obligada a los fines de evitar se ejecute la sentencia; puesto que, por el informe emitido por Oficial de Diligencias del Juzgado Público Civil y Comercial Tercero de Montero del departamento de Santa Cruz, donde se tramitó la causa, en el bien inmueble otorgado en garantía, viven la obligada ahora tercera interesada, su hijo y el accionante; y, 11) Mediante contrato debidamente reconocido en sus firmas y rúbricas de 26 de julio de 2022, el nombrado resolvió el documento público de transferencia y el bien inmueble volvió a manos de la deudora y garante hipotecaria y precisamente por ello no es de aplicación al presente caso los arts. 1360 y 1446 del CC. Hilda Sánchez Coronado, Sandro Ortuño Arébalo, Adrián Ricalde Sánchez en representación de Jaime Ricalde Suárez, no asistieron a la audiencia de consideración de la presente acción de amparo constitucional, pese a su notificación cursante de fs. 38 a 40.
La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 111/2024 de 31 de mayo, cursante de fs. 262 a 264, denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: i) El Auto 9 de de agosto de 2023, y el Auto Complementario de 17 de igual mes y año, emitida por la Jueza hoy coaccionada no es de cierre, y en consecuencia, corresponde denegar la tutela solicitada respecto a ella; ii) De acuerdo a la Cláusula Quinta del documento de transferencia el accionante tenía conocimiento de la obligación que tenía la vendedora con la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta San Martín de Porres R.L.; y aceptó expresamente la hipoteca que pesaba sobre el bien inmueble adquirido; y, iii) La jurisdicción constitucional no es una instancia de revisión de las actuaciones procesales efectuadas en los procesos.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Asimismo, por Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución a Comisión de Admisión los expedientes sorteados a los Magistrados cesados que se encontraban pendientes de resolución, a efecto de que se realice nuevo sorteo, con la finalidad de que los actuales Magistrados asuman conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas por lo que la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del término legal establecido. Mediante decreto constitucional de 20 de marzo de 2026, cursante a fs. 465, se dispuso la suspensión de plazo para la emisión de la correspondiente resolución a efectos de recabar documentación complementaria, reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el decreto constitucional de 8 de julio del citado año, cursante a fs. 469; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del término legal.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Escritura Pública 516/2017 de 30 de mayo, suscrita por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta San Martín de Porres R.L.; e Hilda Sánchez Coronado y Sandro Ortuño Arébalo -ahora terceros interesados-; por el que, se protocolizó contrato de préstamo de dinero con la garantía hipotecaria del bien inmueble de propiedad de la nombrada, ubicado en la ciudad de Montero del departamento de Santa Cruz, con una superficie de 365,20 m de acuerdo al título de propiedad y registrado en la Oficina de DD.RR. bajo matrícula computarizada 7.10.0.00.0001942 (fs. 42 a 47 vta.) II.2. Consta documento de transferencia de 9 de octubre de 2017, respecto al bien inmueble ubicado en calle Francisco Manchego esquina Julián Apaza de la ciudad de Montero, del departamento de Santa Cruz inscrito bajo matrícula computarizada 7.10.0.00.0001942, suscrito entre la hoy tercera interesada y Constancio Cussi Cussi -ahora accionante- (fs. 59 y vta.). II.3. Por memorial presentado el 1 de septiembre de 2020, ante el Juzgado Público Civil y Comercial de Turno de Montero del departamento de Santa Cruz, los representantes legales de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta San Martín de Porres R.L.; con base a la Escritura Pública 516/2017, plantearon demanda ejecutiva contra los ahora terceros interesados persiguiendo el pago de la suma de $us95 714,06.- (fs. 48 a 50). II.4. Mediante Sentencia Inicial 07/2020 de 7 de septiembre, emitida por Marcelo Velásquez Molina, Juez Público Civil y Comercial Tercero de Montero del departamento de Santa Cruz, dispuso el embargo de los bienes propios de los hoy terceros interesados, para hacerse efectivo el pago de la suma reclamada (fs. 51 y vta.) II.5. A través de la Sentencia Final 29/2020 de 2 de diciembre, emitida por el Juez Público Civil y Comercial Tercero de Montero del departamento de Santa Cruz; por el que, declaró probada la demanda ejecutiva, interpuesta por Katerine Cuellar Cardona y Álvaro Mauricio Solar Peralta en representación legal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta San Martín de Porres R.L. e improbada la excepción de falta de fuerza ejecutiva formulada por los ahora terceros interesados (fs. 52 a 53 vta.). II.6. Cursa Informe de 8 de abril de 2021, emitido por el Oficial de Diligencias del Juzgado Público Civil y Comercial Tercero de Montero del departamento de Santa Cruz, haciendo conocer al Juez de la causa, que el bien inmueble de propiedad de los deudores registrado en la Oficina de DD.RR. bajo matrícula computarizada 7.10.0.00.0001942 que se pretende embargar es de propiedad del accionante (fs. 57). II.7. Consta decreto de 2 de julio de 2021, pronunciado por el Juez Público Civil y Comercial Tercero de Montero del departamento de Santa Cruz, en el marco del art. 1363 del Código Civil CC, ordenó el embargo del bien inmueble registrado en la Oficina de DD.RR. bajo matrícula computarizada 7.10.0.00.0001942 de propiedad del accionante (fs. 61). II.8. Mediante notificación de 1 de noviembre de 2021, emitida por el Oficial de Diligencias del Juzgado Público Civil y Comercial Tercero de Montero del departamento de Santa Cruz, al accionante, con varios actuados procesales (fs. 67). II.9. Por Acta de segunda audiencia de subasta y remate de 2 de diciembre de 2022; por la cual, la Martillera Judicial 4 de Provincia del departamento de Santa Cruz, adjudicó el bien inmueble de propiedad del accionante a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta San Martín de Porres R.L.; (fs. 68 a 69). II.10. Cursa decreto de 6 de diciembre de 2022, pronunciado por Yesenia Esther Barreto Condori, Jueza Pública Civil y Comercial Tercera de Montero del departamento de Santa Cruz -ahora coaccionada-; por el cual, dispuso se ponga en conocimiento del accionante en su domicilio real, el acta de remate y adjudicación (fs. 71). II.11. Consta memorial presentado el 9 de febrero de 2023, el accionante devolvió el cedulón de notificaciones con varios actuados procesales, arguyendo no ser parte del proceso ni como demandado o demandante (fs. 72 y vta.). II.12. Mediante Auto de 9 de agosto de 2023, la Jueza hoy coaccionada, aprobó el remate y adjudicación efectuada por la Martillera Judicial de Provincia del departamento de Santa Cruz, en favor de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta San Martín de Porres R.L.; respecto el bien inmueble de propiedad del accionante (fs. 73 a 74 vta.). II.13. A través de memorial presentado el 15 de agosto de 2023, ante el Juzgado Público Civil y Comercial Tercero de Montero del departamento de Santa Cruz, el accionante planteó incidente de nulidad de obrados, argumentando que su persona como propietario del bien inmueble rematado no fue incluido en la demanda y solo fue notificado en ejecución de fallos generándole indefensión (fs. 80 a 83). II.14. Por memorial presentado el 22 de agosto de 2023, ante la Jueza ahora coaccionada; por el que, el accionante formuló tercería de dominio excluyente respecto al bien inmueble registrado en las Oficina de DD.RR. bajo matrícula computarizada 7.10.0.00.0001942 (fs. 88 y vta.). II.15. Mediante decreto de 24 de agosto de 2023, la Jueza hoy coaccionada, en el marco de los arts. 59 y 360.II del CPC, declaró no ha lugar a la interposición de la tercería de dominio excluyente por su presentación extemporánea (fs. 89 vta.). II.16. Consta Auto de Vista 15/2024 de 2 de enero, emitido por Marisol Ortiz Hurtado y José Enrique Terán Romero, Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -ahora accionados- confirmaron el Auto de 9 de agosto de 2023, y el Auto Complementario de 17 de igual mes y año (fs. 97 a 98 vta.).
II.17. Mediante decreto de 3 de abril de 2024, la Jueza hoy coaccionada, conminó a los ahora terceros interesados, así como al accionante a la desocupación del bien inmueble ubicado en la zona Este, Urbanización “VILLA COCHABAMBA”, con una superficie de 365,20 m², según títulos registrado en la Oficina de DD.RR. bajo la matrícula computarizada 7.10.0.00.0001942, sea en el plazo de diez días, bajo prevención de desapoderamiento (fs. 99).
El accionante, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, a la igualdad procesal, de acceso a la justicia, a la propiedad privada, a la vivienda; y al principio de verdad material; puesto que: a) La Jueza hoy coaccionada, dispuso el embargo judicial de su bien inmueble y que se ejecutó el 30 de julio de 2021, sin tomar en cuenta, que su persona no fue parte del proceso ejecutivo y que su derecho propietario fue inscrito en la Oficina de DD.RR. el 20 de octubre de 2017, en el Asiento A-5 de Titularidad del Dominio y registrado en la Oficina de DD.RR. bajo la matrícula computarizada 7.10.0.00.0001942, con anterioridad al embargo judicial; b) Los Vocales ahora accionados, no explicaron las razones del por qué aplicaron de manera directa el art. 1363 del CC, para proceder a la cancelación de su registro propietario, cuando su persona no formó parte de la demanda ejecutiva; la sentencia no dispuso nada respecto a sus derechos, obviando dar respuesta al fondo de los cuestionamiento legales, limitándose a referir el supuesto conocimiento que tuvo su persona respecto a la deuda de la vendedora del bien inmueble; y, c) Las autoridades ahora accionadas, no tomaron en cuenta que la vía judicial para hacer prevalecer el art. 1363 del mismo Código, es la acción pauliana, como el mecanismo judicial de defensa de los acreedores, mediante el cual éstos pueden solicitar la revocación de actos realizados por el deudor en perjuicio del acreedor, proceso a través del cual se garantiza el derecho a la defensa del comprador o nuevo propietario. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) La fundamentación, motivación y congruencia como elementos del derecho al debido proceso; y, 2) Análisis del caso concreto.
La SCP 0652/2015-S1 de 22 de junio, establece que: [«“‘La garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió. Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que se ha arribado, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia, por lo mismo se le abren los canales que la Ley Fundamental le otorga para que en búsqueda de la justicia, acuda a este Tribunal como contralor de la misma, a fin de que dentro del proceso se observen sus derechos y garantías fundamentales, y así pueda obtener una resolución que ordene la restitución de dichos derechos y garantías, así se ha entendido en varios fallos de este Tribunal, entre ellos, la SC 0752/2002-R de 25 de junio. Asimismo, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiéndose expresar las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas; al contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas’ (SC 2023/2010-R de 9 de noviembre reiterada por la SC 1054/2011-R de 1 de julio). De lo expuesto, inferimos que la fundamentación y la motivación de una resolución que resuelva cualquier conflicto jurídico, no necesariamente implica que la exposición deba ser exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al contrario una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integre en todos los puntos demandados, donde la autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa, exponga de forma clara las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal y citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución; en suma se exige que exista plena coherencia y concordancia entre la parte motivada y la parte dispositiva de un fallo‟.
(…) De lo expresado concluimos que la fundamentación y la motivación en una resolución judicial o administrativa, constituye un deber ineludible de toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, en tal razón estos fallos a más de estar debidamente motivadas tienen que tener un sustento jurídico; es decir que, deben estar fundamentadas en elementos de hecho y de derecho»] (las negrillas son nuestras). En cuanto a la congruencia, la SCP 0687/2016-S2 de 8 de agosto, citando a la SCP 0177/2013 de 22 de febrero, señala que: “…la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes. (…)
El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia, la resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia” (las negrillas nos pertenecen).
El accionante, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, a la igualdad procesal, de acceso a la justicia, a la propiedad privada, a la vivienda; y al principio de verdad material; puesto que: i) La Jueza hoy coaccionada, dispuso el embargo judicial de su bien inmueble y que se ejecutó el 30 de julio de 2021, sin tomar en cuenta, que su persona no fue parte del proceso ejecutivo y que su derecho propietario fue inscrito en la Oficina de DD.RR. el 20 de octubre de 2017, en el Asiento A-5 de Titularidad del Dominio y registrado en la Oficina de DD.RR. bajo matrícula computarizada 7.10.0.00.0001942, con anterioridad al embargo judicial; ii) Los Vocales ahora accionados, no explicaron las razones del por qué aplicaron de manera directa el art. 1363 del CC, para proceder a la cancelación de su registro propietario, cuando su persona no formó parte de la demanda ejecutiva; la sentencia no dispuso nada respecto a sus derechos, obviando dar respuesta al fondo de los cuestionamiento legales, limitándose a referir el supuesto conocimiento que tuvo su persona respecto a la deuda de la vendedora del bien inmueble; y, iii) Las autoridades ahora accionadas, no tomaron en cuenta que la vía judicial para hacer prevalecer el art. 1363 del mismo Código, es la acción pauliana, como el mecanismo judicial de defensa de los acreedores, mediante el cual éstos pueden solicitar la revocación de actos realizados por el deudor en perjuicio del acreedor, proceso a través del cual se garantiza el derecho a la defensa del comprador o nuevo propietario. Con carácter previo al análisis de la problemática planteada, se aclara en el marco del principio de subsidiariedad, que la revisión de los actuados judiciales, se efectuará respecto a la última resolución que tuvo la posibilidad de corregir, enmendar y/o anular las determinaciones asumidas por las autoridades de menor jerarquía. En ese sentido, corresponde realizar el análisis de la problemática expuesta a partir del Auto de Vista 15/2024. Ahora bien, de la revisión de antecedentes, se tiene que; por efecto de la Escritura Pública 516/2017, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta San Martín de Porres R.L.; otorgó un préstamo de dinero a los ahora terceros interesados, con la garantía hipotecaria del bien inmueble de propiedad de la hoy tercera interesada, ubicado en la calle Francisco Manchego esquina Julián Apaza de la ciudad de Montero del departamento de Santa Cruz, con una superficie de 365,20 m según título e inscrito en la Oficina de DD.RR. bajo matrícula computarizada 7.10.0.00.0001942 (Conclusión II.1.). documento de transferencia de 9 de octubre de 2017, respecto al mencionado bien inmueble, suscrito entre la nombrada y el accionante (Conclusión II.2.). Por memorial presentado el 1 de septiembre de 2020, ante el Juzgado Público Civil y Comercial de Turno de Montero del departamento de Santa Cruz, los representantes legales de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta San Martín de Porres R.L.; con base a la Escritura Pública 516/2017, plantearon demanda ejecutiva contra los hoy terceros interesados persiguiendo el pago de la suma de $us95 714,06.-(Conclusión II.3.). Por efecto de la referida demanda, se emitió la Sentencia Inicial 07/2020, mediante la cual la Jueza hoy coaccionada, dispuso el embargo de los bienes propios de los hoy terceros interesados y la Sentencia Final 29/2020, a través de la cual, la referida Jueza declaró probada la demanda ejecutiva e improbada la excepción de falta de fuerza ejecutiva interpuesta por los demandados ahora terceros interesados (Conclusiones II.4. y 5.).
De acuerdo al Informe de 8 de abril de 2021, emitido por el Oficial de Diligencias del Juzgado Público Civil y Comercial Tercero de Montero del departamento Santa Cruz, hizo conocer al Juez de la causa, que el bien inmueble inscrito en la Oficina de DD.RR. bajo matrícula computarizada 7.10.0.00.0001942, que se pretende embargar es de propiedad del accionante (Conclusión II.6). Lo que derivó que el indicado Juez previo traslado a la parte ejecutante, por decreto de 2 de julio de igual año, en el marco del art. 1363 del CC, ordenó el embargo del señalado bien inmueble de propiedad del accionante (Conclusión II.7.). Cursa notificación al accionante de 1 de noviembre de 2021, con varios actuados procesales (Conclusión II.8.). Consta Acta de segunda audiencia de subasta y remate con adjudicación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta San Martín de Porres R.L.; de 2 de diciembre de 2022, respecto al bien inmueble de propiedad del accionante (Conclusión II.9.). Por decreto de 6 de igual mes y año, la Jueza de causa dispuso se ponga en conocimiento del nombrado en su domicilio real, el acta de remate y adjudicación (Conclusión II.10.). Como consecuencia, a través del memorial presentado el 9 de febrero de 2023, el accionante, devolvió el cedulón de notificaciones con varios actuados procesales, alegando no ser parte del proceso ni como demandado o demandante (Conclusión II.11.). De manera posterior, por Auto de 9 de agosto del referido año, la Jueza ahora coaccionada, aprobó el remate y adjudicación efectuada por la Martillera Judicial 4 de Provincia del departamento de Santa Cruz, en favor de la mencionada Cooperativa de Ahorro, respecto el bien inmueble de propiedad del accionante (Conclusión II.12.). Por memorial presentado el 15 de agosto de 2023, ante la Jueza hoy coaccionada, mediante el cual el accionante formuló incidente de nulidad de obrados, argumentando que su persona como propietario del bien inmueble rematado no fue incluido en la demanda y solo fue notificado en ejecución de fallos generándole indefensión (Conclusión II.13.). Asimismo, mediante memorial presentado el 22 de igual mes y año, ante la referida Jueza, el accionante interpuso tercería de dominio excluyente respecto al bien inmueble inscrito en la Oficina de DD.RR. bajo matrícula computarizada 7.10.0.00.0001942 (Conclusión II.14.). Como consecuencia, por decreto de 24 del citado mes y año, la señalada Jueza, en el marco de los arts. 59 y 360.II del CPC, declaró no ha lugar a la interposición de la tercería de dominio excluyente por su presentación extemporánea (Conclusión II.15.).
Por efecto de la impugnación contra el Auto de 9 de agosto de 2023, los Vocales ahora accionados confirmaron el mismo y el Auto Complementario de 17 de igual mes y año (Conclusión II.16.). Finalmente, por decreto de 3 de abril de 2024, la Jueza hoy coaccionada, conminó a los ahora terceros interesados, así como al accionante a la desocupación del bien inmueble registrado en la Oficina de DD.RR. bajo matrícula computarizada 7.10.0.00.0001942, sea en el plazo de diez días, bajo prevención de desapoderamiento (Conclusión II.17.). Establecidos los antecedentes procesales e identificadas las problemáticas respecto al Auto de Vista 15/2024, se advierte que el accionante precisa que los Vocales ahora accionados suscribientes del mismo, vulneraron su derecho al debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación y congruencia, al explicar las razones del por qué aplicaron de manera directa el art. 1363 del CC, para proceder a la cancelación de su registro propietario, cuando su persona no formó parte de la demanda ejecutiva; la Sentencia Final 29/2020, no dispuso nada respecto a sus derechos, obviando dar respuesta al fondo de los cuestionamiento legales, limitándose a referir el supuesto conocimiento que tuvo su persona respecto a la deuda de la vendedora del bien inmueble; en ese sentido, con la finalidad de verificar si esas denuncia resulta evidente, corresponde revisar el contenido del recurso de reposición con alternativa de apelación formulado por el accionante y contrastarlo con los argumentos expuestos en el Auto de Vista 15/2024. El accionante por memorial cursante a fs. 85 y vta., planteó recurso de reposición con alternativa de apelación contra el Auto de 9 de agosto 2023, señalando que: a) Su persona no es parte del proceso ejecutivo, no figura como sujeto procesal, no es ejecutado y su derecho propietario está inscrito con anterioridad al embargo judicial, razones por las cuales, no le alcanzarían los efectos de la sentencia; por lo que, considera que es ilegal la aprobación de remate y adjudicación de su bien inmueble inscrito en la Oficina de DD.RR. bajo matrícula computarizada 7.10.0.00.0001942, Asiento A-5 de Titularidad del Dominio de 20 de octubre de 2017; ya que, el embargo se produjo el 30 de julio de 2021. b) Su derecho propietario sobre el bien inmueble rematado y adjudicado, adquirió publicidad a través de su registro en la Oficina de DD.RR., conforme lo establece el art. 1538 del CC, y solo puede ser vencido mediante una sentencia judicial que anule su registro propietario y tenga calidad de cosa juzgada, con base en esos fundamentos, solicitó que se revoque el Auto de 9 de agosto de 2023, y se anule el remate y la adjudicación ilegal, dejando excluido de la ejecución el bien inmueble de su propiedad registrado en la Oficina de DD.RR. bajo matrícula computarizada 7.10.0.00.0001942, asiento A-5 de 20 de octubre de 2017. Al respecto, los Vocales ahora accionados en el Auto de Vista 15/2024, señalaron lo siguiente:
i) De la revisión de los antecedentes procesales, en particular del documento de compra y venta de 17 de octubre de 2017, se evidencia que, en la Cláusula Quinta, el accionante, reconoce y acepta el gravamen hipotecario que recaía sobre el bien inmueble registrado en la Oficina de DD.RR. bajo matrícula computarizada 7.10.0.00.0001942 el que posteriormente fue rematado y adjudicado, consiguientemente no podía alegar desconocimiento de dicho gravamen hipotecario.
ii) El art. 1363.II del CC, establece que, la hipoteca es indivisible, y subsiste por entero sobre todos los bienes hipotecarios, sobre cada uno de ellos y sobre cada una de sus partes, garantiza toda la deuda y cada una de sus parte o saldo, y el parágrafo III del referido Código, previene que, toda hipoteca subsiste en el bien inmueble aun cuando el mismo pase a otras manos y los adquirientes gozan de los términos y plazos concedidos al primer deudor. En el caso de autos, se tiene que la adquisición del bien inmueble por parte del accionante, se efectuó el 20 de octubre de 2017; es decir, con posterioridad a la inscripción de la hipoteca y con conocimiento y aceptación del apelante de la existencia de la deuda por parte de la vendedora, de donde no resulta evidente que la Juez hoy coaccionada, no consideró lo establecido por el art. “1368” del CC o que le vulneró su derecho a la propiedad privada; puesto que, el accionante al haber aceptado la existencia del gravamen hipotecario, podía hasta antes de la aprobación del remate pagar el importe del capital, intereses, costas y costos para sobreseer el bien inmueble subastado y adjudicado conforme lo previene el art. 421.IV del CPC. Con base en esos razonamientos, confirmaron el Auto de 9 de agosto de 2023, y el Auto Complementario de 17 de igual mes y año. En el antecedente referido, se analizará como la presunta falta de congruencia, traducido en la supuesta falta de respuesta al fondo de los cuestionamientos legales; seguidamente, se examinará los otros reclamos como la falta de fundamentación y motivación, la igualdad procesal, el acceso a la justicia, a la propiedad privada, a la vivienda; y al principio de verdad material. En ese contexto, corresponde precisar que conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, La garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones; por lo que, significa que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o dicte una resolución enmendando una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión con base a los hechos y la normativa aplicable al caso; asimismo, la decisión adoptada debe de tener coherencia o congruencia interna o externa; es decir, la necesaria adecuación entre lo resuelto por la autoridad y lo planteado por las partes dentro de la litis, de manera que la resolución no puede apartarse de lo pedido, ni otorgar más o menos de lo solicitado, ni pronunciarse sobre aspectos no introducidos al proceso. Asimismo, la jurisprudencia constitucional sostuvo que la vulneración de ese principio se traduce en una afectación directa al debido proceso en su elemento de fundamentación y motivación; puesto que, desconoce el derecho de las partes a obtener una respuesta motivada y coherente con los términos de su pretensión. En ese entendido, la congruencia externa no solo es una exigencia formal, sino una garantía sustancial de justicia, en tanto preserva la correlación necesaria entre lo demandado, lo debatido y lo resuelto, consolidando la confianza de los justiciables en la imparcialidad y legalidad de la función jurisdiccional. En el marco de lo referido, y efectuando la contrastación entre los agravios expuestos en el recurso de apelación y lo resuelto por los Vocales ahora accionados en el Auto de Vista 15/2024, se advierte, que con relación al primer agravio expuesto en el recurso de reposición con alternativa de apelación, referido a que el accionante no fue parte del proceso ejecutivo, no figura como sujeto procesal, no es ejecutado y su derecho propietario está inscrito con anterioridad al embargo judicial, razones por las cuales, no le alcanzarían los efectos de la sentencia y por lo tanto la aprobación de remate y su correspondiente adjudicación resultarían ilegales, los referidos Vocales, señalaron que de acuerdo al documento de compra y venta de 17 de octubre de 2017, se evidencia que en la Cláusula Quinta, el accionante, reconoce y acepta el gravamen hipotecario que recaía sobre el bien inmueble registrado en la Oficina de DD.RR. bajo matrícula computarizada 7.10.0.00.0001942, el que posteriormente fue rematado y adjudicado, consiguientemente no podía alegar desconocimiento de dicho gravamen hipotecario. Al respecto, del análisis de la respuesta otorgada por los Vocales ahora accionados, se evidencia que los mismos se pronunciaron sobre ese agravio, dando por bien hecho el remate y la correspondiente adjudicación del bien inmueble de propiedad del accionante; puesto que, consideraron que el nombrado, en el documento de compra y venta de 17 de octubre de 2017, reconoció y acepto el gravamen hipotecario que recaía sobre bien inmueble registrado en la Oficina de DD.RR. bajo matrícula computarizada 7.10.0.00.0001942; por lo que, no podía alegar desconocimiento de dicho gravamen hipotecario.
Ahora bien, los Vocales hoy accionados en el Auto de Vista 15/2024, no se pronunciaron respecto a la denuncia de que el accionante no fue parte del proceso ejecutivo y no figura como ejecutado; lo que aparentemente vulneraría el debido proceso en su elemento de congruencia; sin embargo, esta omisión, carece de relevancia jurídica; puesto que, de concederse la tutela, los referidos Vocales volverán a emitir un nuevo auto de vista pronunciándose el respecto sin cambiar la decisión adoptada, tomando en cuenta que la naturaleza jurídica del proceso ejecutivo es la de un proceso especial, sumario y de ejecución, cuyo objetivo no es declarar derechos dudosos, sino efectivizar coactivamente una obligación clara, expresa, líquida y exigible, respaldada por un título ejecutivo, suscrita entre el ejecutante y el ejecutado; razón por la cual, no puede incluirse como demandado a un tercero, en ese caso al comprador del bien otorgado en garantía hipotecaria, quien tiene otras vías para hacer valer su derecho sobre el bien inmueble. En cuanto al segundo agravio contenido en el recurso de apelación referido a que, su derecho propietario sobre el bien inmueble rematado y adjudicado, adquirió publicidad a través de su registro en la Oficina de DD.RR., conforme lo establece el art. 1538 del CC, y solo puede ser vencido mediante una sentencia judicial que anule su registro propietario y tenga calidad de cosa juzgada. Al respecto, las autoridades hoy accionadas respondieron, señalando que el art. 1363.II y III del CC, establece que, la hipoteca es indivisible, y subsiste por entero sobre todos los bienes hipotecarios, sobre cada uno de ellos y sobre cada una de sus partes, garantiza toda la deuda y cada una de sus partes o saldos, y que toda hipoteca subsiste en el bien inmueble aun cuando pase a otras manos y los adquirientes gozan de los términos y plazos concedidos al primer deudor, agregando que, la adquisición del bien inmueble por parte del accionante, se efectuó el 20 de octubre de 2017, es decir, con posterioridad a la inscripción de la hipoteca y con conocimiento y aceptación del apelante de la existencia de la deuda por parte de la vendedora; por lo que, no se puede alegar vulneración del derecho de propiedad, pero que además, el accionante al haber aceptado la existencia del gravamen hipotecario, podía hasta antes de la aprobación del remate pagar el importe del capital, intereses, costas y costos para sobreseer el bien inmueble subastado y adjudicado conforme lo previene el art. 421.IV del CPC. Del análisis efectuado, es posible concluir que el Auto de Vista 15/2024, cumplió con la congruencia externa; por cuanto, contiene la necesaria correspondencia entre los agravios planteados por el accionante en su recurso de reposición con alternativa de apelación y lo resuelto por las autoridades hoy accionadas, ya que la decisión jurisdiccional y los argumentos que la respaldan se circunscriben estrictamente conforme fueron planteados los agravios y las cuestiones sometidas a debate, de manera que no resulta evidente que el mencionado Auto de Vista hubiese incurrido en una decisión infra o citra petita, respecto a los argumentos de fondo planteados en dicho recurso de reposición con alternativa de apelación, con excepción de la denuncia de no haber sido parte del proceso ejecutivo, sobre la cual no se puede conceder la tutela por carecer de relevancia constitucional. La conclusión anterior, también representa que los Vocales hoy accionados cumplieron con el debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, por cuanto en relación a la segunda problemática planteada en la presente acción tutelar, expresaron las razones del porque aplicaron de manera directa el art. 1363 del CC, para proceder a la cancelación de su registro propietario, argumentando que la hipoteca es indivisible, y subsiste por entero sobre todos los bienes hipotecarios, sobre cada uno de ellos y sobre cada una de sus partes, garantiza toda la deuda y cada una de sus partes o saldos, y que toda hipoteca subsiste en el bien inmueble aún cuando pase a otras manos y los adquirientes gozan de los términos y plazos concedidos al primer deudor, agregando que, la adquisición del bien inmueble por parte de recurrente, se efectuó el 20 de octubre de 2017, es decir, con posterioridad a la inscripción de la hipoteca efectuada (2 de junio de 2017). En cuanto a la tercera problemática identificada en la presente acción de amparo, referida a que autoridades ahora accionadas, no tomaron en cuenta que la vía judicial para hacer prevalecer el art. 1363 del CC, es la acción pauliana, como el mecanismo judicial de defensa de los acreedores, mediante el cual éstos pueden solicitar la revocación de actos realizados por el deudor en perjuicio del acreedor, proceso a través del cual se garantiza el derecho a la defensa del comprador o nuevo propietario. Al respecto, los Vocales hoy accionados, en el marco del principio de subsidiariedad, no tenían obligación de pronunciarse sobre ese aspecto; ya que, no fue denunciado como agravio en el recurso de reposición con alternativa de apelación; no obstante, de la revisión del contenido del Auto de Vista 15/2024, se establece que los mencionados Vocales, haciendo mención a la Cláusula Quinta del documento de transferencia suscrita entre la deudora hipotecaria ahora tercera interesada y el comprador -accionante-, concluyeron de manera correcta, que el nombrado reconoció y aceptó el gravamen hipotecario que recaía sobre el bien inmueble registrado en la Oficina de DD.RR. bajo matrícula computarizada 7.10.0.00.0001942, y que su posterior remate y adjudicación se lo hizo en el marco del art. 1363 del CC, debido a que toda hipoteca subsiste en el bien inmueble aún cuando pase a otras manos y los adquirientes gozan de los términos y plazos concedidos al primer deudor, argumentos que demuestran que los Vocales hoy accionados explicaron las razones de su decisión; además, de citar los preceptos legales en los que se apoyó su determinación, correspondiendo en consecuencia denegar la tutela solicitada respecto a los mencionados componentes del debido proceso. En cuanto a la denuncia de vulneración del derecho de acceso a la justicia, entendido como un derecho fundamental que garantiza a todas las personas, sin discriminación, la posibilidad de acudir ante tribunales u órganos competentes para defender sus derechos, al respecto, de la revisión de antecedentes, se evidencia que, una vez que, la Jueza hoy coaccionada en ejecución de sentencia, tomó conocimiento de que el bien inmueble hipotecado pertenecía al accionante, dispuso su notificación personal en su domicilio real con varios actuados procesales antes de procederse al remate y posterior adjudicación; sin embargo, el propio accionante devolvió los actuados aduciendo no ser parte del proceso y que la sentencia no le afecta, cuando bien pudo en dicha oportunidad, en el marco de los arts. 360.III del CPC, plantear tercería de dominio excluyente hasta antes de la aprobación del remate y también hacer uso de la facultad establecida en el art. 421.IV del mismo Código, para el sobreseimiento del bien inmueble rematado, en ese sentido, no se evidencia vulneración del derecho de acceso a la justicia, siendo que fue el accionante quien por su propia voluntad no quiso acceder a la misma para la defensa de sus derechos. Finalmente, respecto a la denuncia de vulneración del derecho de igualdad, a la propiedad privada, a la vivienda; y al principio de verdad material, no resultan evidentes por los motivos desarrollados anteriormente. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 111/2024 de 31 de mayo, cursante de fs. 262 a 264, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1123_2026-S1.pdf · páginas 1 a 21.
Huella digital del PDF (SHA-256): c7d37a5c858474777b2b15f2c2b2255cedb11aab79a922141998984eb0596073
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