Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 18 de septiembre de 2025
Deniega la tutela
Los accionantes denunciaron la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, la tutela judicial efectiva, el derecho a la defensa y la presunción de inocencia; ello debido a que estos fueron denunciados por Bernardino Huanca Mamani (ahora tercer interesado) por la supuesta comisión del delito de trata y tráfico de personas, pero ante la falta de elementos de prueba la Fiscal de Materia, por Resolución Nº 36/2022 de 25 de agosto, rechazó dicha denuncia; motivo por el cual el tercer interesado presentó, de manera extemporánea, objeción a dicho rechazo, que fue conocido y resuelto, por el Fiscal Departamental de La Paz, mediante Resolución Jerárquica FDLP/WEAL/R/295/2022 de 7 de febrero de 2023, que revocó el rechazo y ordenó la prosecución de la investigación, al considerar que existían suficientes elementos para sustentar imputación formal; resolución que los imperantes de tutela consideran arbitraria y lesiva a sus derechos, ya que la autoridad ahora demandada no tomó en cuenta que el denunciante carecía de legitimación activa para interponer dicha objeción, ya que este no era víctima del hecho denunciado, ni es pariente consanguíneo de la presunta víctima, por lo que se incumplió lo establecido por el art. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión resuelve: CONFIRMAR la 141/2023 de 19 de julio, cursante de fs. 86 a 90, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, y en consecuencia DENEGAR la tutela impetrada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1122/2025-S3 Sucre, 18 de septiembre de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional Expediente: 57453-2023-115-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 141/2023 de 19 de julio, cursante de fs. 86 a 90, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Jorge Esteban Vidaurre Belmonte, Fabiola Stephanie Vidaurre Belmonte y Magaly Julieta Belmonte Flores contra William Eduard Alave Laura, Fiscal Departamental de La Paz. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA I.1. Contenido de la demanda Por memoriales presentados el 4 y 17 de mayo de 2023, cursante de fs. 30 a 40 y 44 a 45, los accionantes manifestaron que: I.1.1. Hechos que motivan la acción Fueron denunciados por Bernardino Huanca Mamani, por la supuesta comisión del delito de trata y tráfico de personas, previsto por el art. 281 bis del Código Penal (CP), acto que supuestamente hubiera ocurrido el 22 de agosto de 2007; proceso que fue llevado por la Fiscal de Materia, Sheila Rodríguez Arteaga, quien emitió el Requerimiento de Rechazo, mediante Resolución 36/2022 de 25 de agosto, concluyendo que no existían suficientes elementos de convicción que sostengan una imputación formal. El denunciante, ahora tercer interesado, se apersonó el 14 de septiembre con el objetivo de solicitar la reapertura del caso, aclarando que estaba notificado con el rechazo de la denuncia; sin embargo, posteriormente, el 21 de septiembre del mismo año se lo notificó vía edictos, por lo que el 26 de septiembre, de manera ilegal presentó su objeción a la resolución de rechazo; cuando el plazo se encontraba vencido. El Fiscal Departamental de La Paz, William Eduard Alave Laura, emitió la Resolución Jerárquica FLDP/WEAL/R/295/2023 de 7 de febrero de 2023, por la cual se resolvió revocar la Resolución de Rechazo, determinando continuar con la investigación y realizar las actuaciones necesarias para el esclarecimiento de dicho caso. Los impetrantes de tutela sostuvieron que tal resolución emitida por el Fiscal Departamental de La Paz vulneró sus derechos, ello debido a que no se consideró que Bernardino Huanca Mamani no cuenta con legitimación activa para ser parte del proceso penal por dos elementos esenciales, el primero es su calidad de denunciante y no así víctima del supuesto hecho delictivo, por lo que no cuenta con legitimación activa para objetar la resolución de rechazo emitido por el Fiscal de Materia, al no ser este un sujeto procesal, ello conforme a lo establecido por el art. 76 del Código Procesal Penal (CPP) y la SCP 0064/2016-S2. El otro elemento a tomar en cuenta es que la objeción presentada por el denunciante se presentó fuera del plazo de 5 días establecido por el art. 305 del CPP, ya que este se dio por notificado el 14 de septiembre de 2022, y la notificación practicada el 21 de septiembre del mismo año no genera la interrupción o ampliación del plazo para su presentación, por lo que la objeción presentada el 26 de septiembre se encontraba fuera del plazo establecido por ley. Sostiene que al no haber observado la legitimación activa del denunciante dentro del presente caso, implica que la autoridad demandada no revisó el legajo, lo que significa una vulneración de la valoración razonable de la prueba, generando una motivación arbitraria, ya que la excepción para poder presentar dicha objeción, sin ser víctima directa del hecho ni parte del proceso, se da para familiares hasta el cuarto grado de consanguineidad y segundo de afinidad, para que estos se consideren directamente ofendidos, cuando como producto del delito hubiese ocurrido la muerte de la víctima u ofendido principal, conforme lo establecido por el art. 76.2 del CPP; requisitos que no son cumplidos por el delito denunciado (trata y tráfico de personas) ni por el denunciante, al no ser familiar ni afín a las supuestas víctimas, por lo que dicha objeción no debió de ser admitida. I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados Los impetrantes de tutela denunciaron la lesión de sus derechos y garantías fundamentales al debido proceso, la tutela judicial efectiva, el derecho a la defensa y la presunción de inocencia, citando al efecto los arts. 115.I y II, 116.I y 119.II de la Constitución Política del Estado (CPE). I.1.3. Petitorio Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga: a) Se deje sin efecto la resolución jerárquica FDLP/WEAL/R/295/2022 de 7 de febrero de 2023; y, b) Se rechace la objeción presentada por Bernardino Huanca Mamani por carecer de legitimación activa y ser extemporánea; c) Se multe al accionado en la suma de Bs25 000.- (veinticinco mil bolivianos) a su favor. I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional Celebrada la audiencia pública el 19 de julio de 2023, según consta en acta cursante de fs. 82 a 85, se produjeron los siguientes actuados: I.2.1. Ratificación de la acción Los accionantes, a través de su abogado, en audiencia de garantías se ratificaron íntegramente en los términos de la acción tutelar. I.2.2. Informe de la autoridad demandada William Eduard Alave Laura, en su condición de Fiscal Departamental de La Paz, presentó informe escrito, cursante de fs. 79 a 80 vta., donde manifiesta que: a) El cuaderno de investigación fue remitido ante su despacho el 25 de enero de 2023, por la Fiscal de Materia, respecto a la objeción a la Resolución 36/2022 de 25 de agosto; interpuesta por Bernardino Huanca Mamani el 26 de septiembre de 2022, mismo que se encontraba dentro del plazo legal establecido por el art. 305 del CPP, ya que este fue notificado con la resolución apelada el 21 del mismo mes y año, mediante cédula; por lo que se procedió a resolver el recurso de objeción, dictándose la resolución jerárquica FDLP/WEAL/R/295/2022 de 7 de febrero de 2023, en la que se dispuso la continuación de la investigación, al identificarse la falta de actuación investigativa que permita arribar a la verdad material del hecho denunciado; b) Respecto a la supuesta falta de legitimidad activa del denunciante para interponer el recurso de objeción a la resolución de rechazo, de la lectura del memorial de denuncia de 28 de junio de 2022, se tiene que este es probable víctima del hecho denunciado, ya que se denuncia que Magaly Julieta Belmonte raptó a un infante de 5 días de nacido, lo entregó a su ex cónyuge, Alicia Lecoña Kantuta de Huanca, como forma de pago por beneficios sociales, por labores domésticas, y que contra su voluntad el denunciante fue obligado por Magaly Julieta Belmonte a reconocer al niño como su padre; tal relación de hechos permite al Ministerio Público que el denunciante pueda ser considerado como víctima del hecho denunciado, lo que permite el inicio de la investigación y la consideración del referido memorial de objeción, conforme a lo establecido por el art. 76.1) del CPP; y, c) Refiere que su autoridad emitió el Requerimiento de Observación Jerárquica de 19 de diciembre de 2022, a efectos de que se notifique a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia con la Resolución de Rechazo Nº 36/2022, tomando en cuenta que, conforme a lo establecido por el art. 188 del Código Niña Niño Adolescente (Ley 548), es una atribución de la referida defensoría tomar conocimiento de las causas donde las víctimas sean menores de edad; en ese sentido la Defensoría fue notificada el 16 de enero de 2023, y esta entidad dentro del plazo establecido por el art. 305 del CPP, objetó la resolución de rechazo, memorial que si bien no se encuentra adjunto a los antecedentes del proceso, fue remitido antes de la emisión de la resolución jerárquica. I.2.3. Resolución La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 141/2023 de 19 de julio, cursante de fs. 86 a 90, denegó la tutela solicitada; tal determinación se dio con base en los siguientes fundamentos: i) Dentro del presente caso se han cumplido los requisitos de procedencia de esta acción tutelar, establecidas en el art. 33 del CPCo, ya que se ha cumplido con el principio de subsidiariedad, tomando en cuenta que no existe recurso ulterior contra la resolución de impugnación emitida por el Fiscal Departamental de La Paz, ahora accionado, y por otra, la inmediatez que se halla dentro de los seis meses que establece la norma constitucional, art. 55 CPCo; ii) La denuncia penal presentada refiere que el 22 de agosto de 2007, se hubiera raptado a un menor de 5 días de nacido, AA, que en la actualidad contaría con 15 años de edad, y que este fue entregado a la ex cónyuge del denunciante, y que los denunciado realizaron un intercambio de dinero, lo cual aparenta ser la compra del niño en favor de su ex cónyuge como pago de beneficios sociales que Magaly Julieta Belmonte Flores debía, y que se le obligó al denunciante a reconocer al niño a pesar que este se hubiera opuesto; iii) Los accionantes impugnan la Resolución Jerárquica FDLP/WEAL/R/ No. 295/2022 de 7 de febrero, emitida por el Fiscal Departamental de La Paz, considerando que la autoridad demandada no observó la falta de legitimación activa del denunciante para presentar la referida objeción a la resolución de rechazo emitida por la Fiscal de Materia; y que debió de tomarse en cuenta que la presentación de dicha objeción fue realizada fuera del plazo establecido por ley, art. 305 del CPP; iv) Respecto a la falta de legitimación activa, se debe considerar que el denunciante, ahora tercer interesado, presentó la denuncia ante el Ministerio Público por el delito de rapto (art. 333) y tráfico de personas (art. 271 bis del CP), adjuntando un certificado de nacimiento del menor con fecha de partida de 26 de enero de 2008, teniendo como padres al denunciante y a Alicia Lecoña Kantuta, lo que implica que aunque existan observaciones a su legitimidad, ante las circunstancias denunciadas, este conforme a lo establecido por el art. 76del CPP, se puede considerar como víctima, lo que le da la legitimación activa para ser parte activa del proceso; v) Respecto a que la objeción se hubiera presentado fuera de plazo establecido por el art. 305 del CPP, se tiene por un aparte que el tercer interesado fue notificado el 21 de septiembre de 2022 con la resolución de rechazo, por lo que este tenía el plazo de 5 días para presentar la objeción, y esta fue presentada el 26 de septiembre, por lo que evidentemente esta fue presentada dentro del plazo establecido por ley; en cuanto a lo alegado por los accionantes, de que el tercer interesado se hubiera dado por notificado por el referido rechazo de denuncia, al solicitar la reapertura del caso el 14 de septiembre; procedimentalmente se debe tomar en cuenta la notificación realizada el 21 de septiembre de 2022; vi) Aparte de lo previamente detallado, dentro de la resolución del Fiscal departamental existen otros elementos a tomar en cuenta, ya que concluyó que es esta etapa no ha existido la investigación como corresponde, justificando su fallo, tomando en cuenta que el caso implica un delito de interés público, revocando la resolución de rechazo emitido por la Fiscal de Materia, por lo que no se advierte la vulneración de los derechos de los accionantes.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: II.1. Cursa en obrados Resolución de Rechazo N° 36/2022 de 25 de agosto, emitida por Sheila Rodríguez Arteaga, Fiscal de Materia de la Fiscalía Departamental de La Paz (fs. 18 a 22). II.2. Mediante notificación efectuada el 21 de septiembre de 2022, Bernardino Huanca Mamani tuvo conocimiento de la Resolución de Rechazo 36/2022 de 25 de agosto de igual año (fs. 10). II.3. Mediante memorial de 26 de septiembre de 2022, Bernardino Huanca Mamani, objetó la Resolución de Rechazo 36/2022 de 25 de agosto ante el Ministerio Público (fs. 11 a 14). II.4. Por Resolución FDLP/WEAL/R/N° 295/2023 de 7 de febrero de 2023, emitida por William Eduard Alave Laura, Fiscal Departamental de La Paz, se revocó la Resolución de Rechazo N° 36/2022 y dispuso la continuidad de la investigación (fs. 23 a 25 vta.).
Los accionantes denunciaron la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, la tutela judicial efectiva, el derecho a la defensa y la presunción de inocencia; ello debido a que estos fueron denunciados por Bernardino Huanca Mamani (ahora tercer interesado) por la supuesta comisión del delito de trata y tráfico de personas, pero ante la falta de elementos de prueba la Fiscal de Materia, por Resolución Nº 36/2022 de 25 de agosto, rechazó dicha denuncia; motivo por el cual el tercer interesado presentó, de manera extemporánea, objeción a dicho rechazo, que fue conocido y resuelto, por el Fiscal Departamental de La Paz, mediante Resolución Jerárquica FDLP/WEAL/R/295/2022 de 7 de febrero de 2023, que revocó el rechazo y ordenó la prosecución de la investigación, al considerar que existían suficientes elementos para sustentar imputación formal; resolución que los imperantes de tutela consideran arbitraria y lesiva a sus derechos, ya que la autoridad ahora demandada no tomó en cuenta que el denunciante carecía de legitimación activa para interponer dicha objeción, ya que este no era víctima del hecho denunciado, ni es pariente consanguíneo de la presunta víctima, por lo que se incumplió lo establecido por el art. 76.2 del CPP; y por otra parte, dicha objeción se presentó de manera extemporánea, ya que el tercer interesado se apersonó ante el Ministerio Público el 14 de septiembre, para solicitar la reapertura del proceso, admitiendo que conocía la resolución de rechazo emitida por el Fiscal de Materia, pero la objeción fue presentada recién el 26 de septiembre de 2022, fuera de los 5 días de plazo que se encuentran establecidos por el art. 305 del CPP; por lo que ante tales circunstancias, el Fiscal Departamental no debió de admitir tal objeción; motivo por el cual solicita que se le conceda la tutela impetrada, dejando sin efecto la resolución confutada y se rechace la objeción presentada por el denunciante. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
En relación a la fundamentación y motivación que deben observar los requerimientos del Ministerio Público la SCP 0645/2018-S3 de 11 de diciembre, entendió que: “La SC 1523/2004-R de 28 de septiembre, estableció al respecto que: ‘…toda decisión emitida dentro de un proceso penal que no implique cuestión de mero trámite sino que concierna al fondo de lo que se investiga debe ser necesariamente motivada o lo que es lo mismo, debidamente fundamentada, lo que significa, que tanto el fiscal o los jueces que conozcan el proceso, sea en control jurisdiccional o para resolver el fondo, deberán dictar sus requerimientos o resoluciones cumpliendo las exigencias de la estructura de forma como de contenido de las mismas. En particular en lo relativo al contenido de fondo, no sólo deberán circunscribirse a relatar lo expuesto por las partes sino también citar las pruebas que aportaron las partes, exponer su criterio sobre el valor que le dan a las mismas luego del contraste y valoración que hagan de ellas dando aplicación a las normas jurídicas aplicables para finalmente resolver. Si no proceden de esa forma y dictan una resolución sin respetar la estructura señalada, resulta obvio que su decisión será arbitraria y considerada subjetiva e injusta, pues el sujeto procesal a quien no le sea favorable no podrá entender y menos saber la razón jurídica de la decisión; y de incurrirse en esta omisión al disponer sobreseimiento a favor de la parte imputada, la víctima podrá impugnar el requerimiento ante el superior jerárquico, y si éste igualmente incurre en la misma omisión, quedará abierta la jurisdicción constitucional para que acuda a la misma en busca de protección a sus derechos a la seguridad jurídica y de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva, cuyo alcance no abarca, como se dijo, a que la parte acusadora pretenda que este Tribunal obligue a un Fiscal a presentar obligatoriamente la acusación si no únicamente a que dicha autoridad emita su requerimiento conclusivo debidamente fundamentado como lo exigen las normas previstas por los arts. 45. 7) de la LOMP, 73 y 323.3 del CPP’. La fundamentación y motivación de resoluciones como componente del debido proceso, es también exigible en los requerimientos emitidos por el Ministerio Público, máxime, si en ejercicio del principio de objetividad los Fiscales de Materia como tenedores del monopolio de la investigación criminal en delitos de acción pública, optan por la desestimación, rechazo de la denuncia y sobreseimiento; por lo cual, resulta pertinente establecer, que a tiempo de analizar la fundamentación y motivación desplegada por los Fiscales de Materia, se debe considerar el momento procesal de la investigación penal; es decir, que, en los actos iniciales no se puede exigir la misma intensidad argumentativa que en los momentos conclusivos de la investigación penal; por cuanto, una resolución de rechazo de denuncia, y la de sobreseimiento -formas de requerimientos conclusivos de la etapa preliminar y preparatoria-, son el resultado del análisis de los actos investigativos, en tanto que, una desestimación solo obedece al incumplimiento de las formalidades o presupuestos para la activación de la etapa inicial de la investigación. Dicho criterio se aplica no solo en cuanto a las resoluciones y requerimientos emitidos por los fiscales del caso, sino también a las autoridades jerárquicas, cuando resuelven impugnaciones contra las determinaciones de los primeros” (las negrillas nos pertenecen).
De los hechos que motivan la presente acción tutelar se tiene que, la parte accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, la tutela judicial efectiva, el derecho a la defensa y la presunción de inocencia; toda vez que, habiéndose resuelto a través de la Resolución Jerárquica FDLP/WEAL/R/N° 295/2023 de 7 de febrero, emitida por William Eduard Alave Laura, Fiscal Departamental de La Paz, que basada en una objeción fuera del plazo establecido en el art. 305 del CPP y la falta de legitimación activa, constituye una vulneración de los derechos fundamentales de los accionantes, sometiéndolos a un procesamiento penal sin un fundamento legal válido.
De la prueba arrimada al proceso constitucional, se tiene la Resolución de Rechazo N° 36/2022 de 25 de agosto, emitida por Sheila Rodríguez Arteaga, Fiscal de Materia de la Fiscalía Departamental de La Paz, que fue notificada por cédula a Bernardino Huanca Mamani el 21 de Septiembre de 2022 (Conclusiones II.1 y II.2). Asimismo, cursa en obrados el memorial de 26 de septiembre de 2022, mediante el cual Bernardino Huanca Mamani, objetó la Resolución de Rechazo 36/2022 de 25 de agosto de igual año ante el Ministerio Público; objeción que fue resuelta por Resolución Jerárquica FDLP/WEAL/R/N° 295/2023 de 7 de febrero de 2023, emitida por William Eduard Alave Laura, Fiscal Departamental de La Paz, misma que revocó la Resolución de Rechazo y dispuso la continuidad de la investigación (Conclusión II.3 y II.4). Si bien el contenido del memorial de la acción de amparo resulta confuso, se puede advertir que los accionantes aducen que la Resolución FDLP/WEAL/R/N° 295/2023 de 7 de febrero, emitida por el Fiscal Departamental de La Paz, al haber revocado la resolución del fiscal de Materia y dispuesto la continuidad de las investigaciones en su caso, ha vulnerado sus derechos al debido proceso, debido a que dicha resolución resulta arbitraria, ya que no consideró que el denunciante no tenía legitimación activa para objetar la resolución del Fiscal de Materia y por otro lado, que dicha objeción fue presentada de manera extemporánea.
En este punto los accionantes denuncian que la autoridad demandada no revisó los antecedentes del caso, ni valoró razonablemente las pruebas, ya que el denunciante, Bernardino Hunaca Mamani, no forma parte del proceso, porque no es víctima del supuesto hecho delictivo (trata y tráfico de personas), sino que su papel remite a la denuncia, y que conforme a lo establecido por el art. 76.2) del CPP, solamente se permite intervenir en un proceso penal a terceros, cuando se trate de los parientes consanguíneos directos hasta el cuarto grado y lo que tienen un vínculo de afinidad hasta el segundo grado, y ello solamente en los delitos en los que la víctima haya fallecido, requisitos que dentro del presente caso no se han cumplido, por lo que el ahora tercer interesado carecía de legitimación activa para presentar una objeción a la resolución de rechazo emitida por el Fiscal de Materia.
Al respecto, de la revisión de los antecedentes, se concluye que en momento alguno tales reclamos, sobre la supuesta falta de legitimidad del denunciante para proseguir el proceso penal fueron puestos a conocimiento del Fiscal Departamental ahora demandado, ya que tales argumentos recién fueron expuestos dentro de la presente acción de amparo constitucional ahora analizada; ello se comprueba de la documental presentada, en la que no consta memorial alguno interpuesto por los accionantes que en su contenido se haya referido a este punto en particular.
Ahora, si bien los accionantes no refieren la falta de fundamentación y motivación como uno de los derechos vulnerados, pero, del contenido del memorial de esta acción tutelar, resulta claro que se cuestiona una supuesta falta de fundamentación y motivación que dio origen a una determinación arbitraria.
De ello, se advierte que los argumentos del Fiscal Departamental, al haber admitido dicha objeción por el denunciante; del análisis del caso concreto, en su punto 2, realiza una descripción de los hechos suscitados, llegando a advertir que el denunciante no solamente es un tercero testigo o que su papel se remita a la simple presentación de la denuncia, sino que este fue inclusive una presunta víctima de los hechos denunciados, al ser presuntamente obligado por los denunciados a reconocer como hijo propio al menor recién nacido que hubiese sido raptado por uno de ellos; hechos que por su gravedad y relevancia social, al incluir posibles afectaciones a los derechos fundamentales de un menor de edad como víctima del delito de tráfico de personas, deben de ser aclarados, mediante un proceso de investigación correspondiente, en el que intervenga el Estado por medio de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.
Por el informe de la autoridad demanda, así como del contenido de la indicada resolución confutada, se tiene que lo determinado se basó en las pruebas presentadas, por las que consideró la participación del denunciante en los hechos denunciados, además que tales actos pueden involucrar la vulneración de derechos de un menor de edad, que pertenece a un grupo vulnerable de prioritaria atención por parte del Estado, cumpliendo a cabalidad los requisitos de fundamentación y motivación que tiene que tener las resoluciones emitidas por el Ministerio Público, descritas en el FJ III.1 de la presente Sentencia Constitucional, por lo que al determinar la revocación de la Resolución Fiscal de rechazo de denuncia, no se advierte que exista falta de fundamentación y motivación, dentro de la resolución del Fiscal Departamental de La Paz, ni que se haya vulnerado el contenido del art. 76.2 del CPP, y que el denunciante pueda incluso ser considerado como víctima o hasta participe de los hechos que denunciados.
En relación con la objeción que, según la parte accionante, habría sido presentada fuera del plazo legal, corresponde precisar que el contenido del art. 305 del CPP establece que las partes cuentan con el término de cinco días, computables desde la notificación con la resolución de rechazo, para objetarla ante el fiscal que la dictó, quien a su vez debe remitir los antecedentes al fiscal superior dentro de las veinticuatro horas siguientes.
En el presente caso, consta en obrados que Bernardino Huanca Mamani fue notificado formalmente el 21 de septiembre de 2022, conforme a la diligencia practicada por el Auxiliar Legal de la Fiscalía Departamental de La Paz, Alfredo Hilaquita Quispe, circunstancia que fija el punto de partida para el cómputo del plazo procesal; de este modo, la objeción presentada por el ahora tercer interesado el 26 de septiembre, resulta plenamente válida al encontrarse dentro de los cinco días previstos por la norma, por lo que carece de sustento la afirmación de que la misma se hubiese interpuesto de manera extemporánea.
En consecuencia, queda demostrado que la objeción fue formulada en estricto cumplimiento del plazo legal, siendo improcedente cualquier alegación que pretenda desconocer su validez, correspondiendo denegar la tutela.
Finalmente, respecto a la lesión de los derechos y garantías fundamentales al debido proceso, en su elemento de la tutela judicial efectiva, el derecho a la defensa y la presunción de inocencia, y como se advirtió previamente, el contenido de la acción de amparo resulta confuso, ya que, de la relación de los hechos, no se llega a establecer cómo y en qué sentido se hubiera limitado o restringido pales derechos por parte de la autoridad demandada, correspondiendo también denegar la tutela. En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber denegado la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión resuelve: CONFIRMAR la 141/2023 de 19 de julio, cursante de fs. 86 a 90, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, y en consecuencia DENEGAR la tutela impetrada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1122_2025-S3.pdf · páginas 1 a 11.
Huella digital del PDF (SHA-256): 42428fa9c52903d110967df054d79f3c28ba5809776ed33e70f4364a65535997
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