Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera Especializada · 9 de julio de 2026
Concede la tutela
Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; así como, a los principios de verdad material vinculada al pro actione; puesto que, en el proceso laboral sobre pago de beneficios sociales que sigue la ahora tercera interesada contra la empresa ZUMOS Ltda., los entonces Vocales ahora accionados, en etapa recursiva de dicho proceso laboral, emitieron el Auto de Vista 02 de 13 de enero de 2023, confirmando el Auto Interlocutorio 138/22 de 15 de febrero de 2022, que declaró improbada la excepción previa de impersoneria en el demandado, sin la debida fundamentación con relación a la prueba documental obtenida del SEPREC, que acredita al actual representante legal de la referida empresa; además que, no observaron el principio de verdad material. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia; y, b) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 143-2023 de 15 de septiembre, cursante de fs. 293 vta. a 297 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada, respecto al derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; así como, a los principios de verdad material vinculada al pro actione, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.
a) Dejar sin efecto el Auto de Vista de 02 de 13 de enero de 2023, para que los Vocales de la Sala Social, Administrativa, Contencioso y Contencioso Administrativa y Tributaria Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitan un nuevo auto de vista, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1121/2026-S1 Sucre, 9 de julio de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional Expediente: 58923-2023-118-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 143-2023 de 15 de septiembre, cursante de fs. 293 vta. a 297 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Katia Ribera Aponte y Rene Osvaldo Balcázar Callau contra Edil Robles Lijeron y Mirael Salguero Palma, ex Vocales; y, Sandra Aguada Romero y Oscar Jesús Menacho Angeleri, actuales Vocales, todos de la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa y Tributaria Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.
Los accionantes, por memoriales presentados el 15 y 29 de agosto de 2023, cursantes de fs. 248 a 265; y, 268 a 275 vta., manifestaron lo siguiente:
Mediante citación de 6 de diciembre de 2021, tomaron conocimiento de la demanda de pago total de derechos y beneficios sociales de 17 de noviembre de 2020, planteada por Gian Carla Cuellar Rivero -ahora tercera interesada- contra la empresa ZUMOS Limitada (Ltda.), respecto de la cual la Jueza de Partido del Trabajo y Seguridad Social Octava de la Capital del departamento de Santa Cruz, por decreto de 19 de igual mes y año, observó la citada demanda; puesto que, no se identificó al representante legal de la misma; por lo que, mediante memorial de 8 de febrero de 2021, la hoy tercera interesada sin adjuntar algún documento que acredite esa situación, cumplió lo observado ratificando la mencionada demanda; además, señaló erróneamente que sus personas son representantes legales de la indicada empresa; es así que, la referida Jueza sin el respaldo de alguna documentación legal, basándose sólo en la palabra de la ahora tercera interesada, por Auto de Admisión de 10 de febrero del mismo año, admitió la indicada demanda, ordenando en consecuencia que se cite a sus personas. Habiendo sido citados con la demanda de pago total de derechos y beneficios sociales como supuestos representantes legales de la empresa ZUMOS Ltda., sin tener atribución alguna, no pudieron solicitar a la “Notaría” el documento idóneo para demostrar que no son los representantes legales de la empresa ZUMOS Ltda., tampoco realizar alguna solicitud a la Fundación para el Desarrollo Empresarial (FUNDEMPRESA) -anterior ente regulador de registro de comercio-; razón por la que, el 7 de enero de 2022, sus personas plantearon excepción previa de impersonería en el demandado, solicitando en el “Otrosí 1ro.” que se ordene a la indicada Fundación para que el registro de comercio certifique quién es el representante legal de la misma y bajo qué poder se encuentra registrada. Asimismo, en la misma fecha sus personas contestaron la injusta demanda de pago total de derechos y beneficios sociales, indicando de manera contundente que no son representantes legales de la mencionada empresa. Así también, mediante memorial presentado el 14 de febrero del citado año, la ahora tercera interesada contestó la mencionada excepción con el argumento de que la carga de la prueba la tuviesen sus personas; y no la nombrada; en consecuencia, mediante Auto Interlocutorio 138/22 de 15 de febrero de 2022, emitido por la Jueza de Partido del Trabajo y Seguridad Social Octava de la Capital del departamento de Santa Cruz, se declaró improbada la citada excepción, bajo el argumento utilizado por la hoy tercera interesada; vulnerando su derecho al debido proceso y al principio de verdad material; olvidando la indicada Jueza que es obligación de la ahora tercera interesada, identificar correctamente a los demandados, tal como lo estipula el art. 117 inc. b) del Código Procesal del Trabajo (CPT). Ante el rechazo de la referida excepción, sus personas plantearon recurso de apelación contra el mencionado Auto Interlocutorio, además, tuvieron que efectuar las gestiones en el presente caso ante el Servicio Plurinacional de Registro de Comercio (SEPREC); ya que, existió una transición de la FUNDEMPRESA hacia el SEPREC, con la finalidad de obtener documentación correspondiente de dicha empresa, ocupando su tiempo y realizando gastos económicos; puesto que, no quisieron facilitarles la misma por no tener legitimidad, es así que adjuntaron a “Fs. 48” como prueba el -Certificado Específico con Código de Trámite 4180/2022 de 18 de abril- al memorial del mencionado recurso de apelación de “fs. 49 a 50”, el cual señala que el representante legal de la referida empresa es Ricardo Ribera Aponte, con Poder “1575/2011”, dejando claro que sus personas no eran representantes legales de la misma; por lo que, mediante decreto de 20 de abril del mismo año, la citada Jueza, corrió en traslado el indicado recurso de apelación; en razón a que, la hoy tercera interesada responde al mismo bajo el argumento utilizado en su memorial de contestación a la referida excepción con relación a que la carga de la prueba la tenían sus personas, como demandados, y lo que es peor, no mencionó nada respecto al citado Certificado de “Fs. 48”, una vez remitido el proceso y radicado en la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa y Tributaria Primera del Tribunal Departamental de Justicia del indicado departamento, con la finalidad de demostrar una vez más que sus personas no son representantes legales de la indicada empresa, mediante memorial de 12 de octubre de ese año, a “Fs. 72 y vta”, presentado ante la referida Sala, adjuntaron nuevamente un Certificado Específico con Código de Trámite 192/2022 de 11 de ese mismo mes, emitido por el SEPREC a “Fs. 71”, en el cual de manera contundente y objetiva señala que el representante legal de la empresa ZUMOS Ltda. es Ricardo Ribera Aponte mediante Poder 1575/2011 de 1 de diciembre. Posteriormente, los entonces Vocales ahora accionados, emitieron el Auto de Vista 02 de 13 de enero de 2023; confirmando el Auto Interlocutorio 138/22, bajo el argumento de dar cumplimiento a lo ordenado en el art. 128 del CPT, el cual indica: “‘…Todas las excepciones previas se opondrán al mismo tiempo, antes de contestar a la demanda acompañando prueba preconstituida…’” (sic). Asimismo, argumentaron que la carga de la prueba le corresponde a la parte patronal “…(En este caso supuestamente nuestras personas)…” (sic), en cumplimiento a los arts. 3 inc. h), 66 y 150 del mencionado Código. Además, indicaron que la demandante -ahora tercera interesada- puede dirigir la demanda contra el demandado o su representante sin mayores exigencias, de conformidad con los arts. 117 inc. b) y 120 del referido Código. Con relación al principio de verdad material, señalaron que la misma no elimina las formas procesales establecidas por ley, sino que las subsume con la finalidad de resguardar derechos y garantías constitucionales, vulnerando de esa manera nuestros derechos al debido proceso y a la verdad material; finalmente, no explicaron cuáles fueron las motivaciones y fundamentaciones para determinar su decisión; por lo que, mediante memorial presentado el 22 de febrero de 2023, ante la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa y Tributaria Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, solicitaron que se aclare el por qué no fundamentaron y tampoco motivaron; y, menos aún valoraron las pruebas objetivas y contundentes de los Certificados Específicos con Códigos de Trámite 4180/2022 y 192/2022 emitidos por el SEPREC que demuestran que sus personas no son representantes legales de la empresa ZUMOS Ltda., en respuesta al citado memorial los Vocales hoy accionados, emitieron el Auto de 27 de febrero de 2023, disponiendo no ha lugar a su solicitud, con el argumento de que el Auto de Vista 02, tiene una fundamentación clara, completa y de fácil comprensión.
Los accionantes, denuncian la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; así como, a los principios de verdad material vinculada al pro actione; citando al efecto los arts. 115.I.II y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitan se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga: a) Dejar sin efecto el Auto de Vista 02 de 13 de enero de 2023; y, b) Ordenar a los Vocales ahora coaccionados que emitan un nuevo auto de vista salvaguardando sus derechos y principios vulnerados.
Celebrada la audiencia virtual el 15 de septiembre de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 290 a 293 vta., se produjeron los siguientes actuados:
Los accionantes a través de su abogado en audiencia, ratificaron de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional, y ampliándolo, manifestaron que: 1) Fueron citados con una demanda contra la empresa ZUMOS Ltda., como representantes legales de la misma, el 7 de enero de 2022, plantearon excepción previa de impersonería en el demandado, en el “Otrosí primero” solicitaron que se oficie al SEPREC para que certifique quienes son los representantes legales de la referida empresa, dicha entidad pública se encontraba en transición en FUNDEMPRESA; por lo que, fue imposible realizar la indicada certificación, ante la contestación negativa a la mencionada excepción, a través de Auto Interlocutorio 138/22, la Jueza de Partido del Trabajo y Seguridad Social Octava de la Capital del departamento de Santa Cruz, de la causa declaró improbada la citada excepción, contra dicha determinación formularon recurso de apelación, adjuntando Certificado Específico con Código de Trámite 4180/2022 emitido por el SEPREC; puesto que, hasta ese entonces lograron recabar el mismo, en el que indica que el representante legal de la referida empresa es Ricardo Ribera Aponte con Poder 1575/2011, una vez remitido el proceso y radicado en la Sala Social Administrativa, Contencioso y Contencioso Administrativa y Tributaria Primera del Tribunal Departamental de Justicia de igual departamento, mediante memorial de 12 de “septiembre” de 2022, nuevamente adjuntaron en “original” el Certificado Específico con Código de Trámite 192/2022 emitido por el SEPREC, en el que señala que el representante legal de la mencionada empresa es Ricardo Ribera Aponte mediante Poder 1575/2011; es decir, que arrimaron la prueba consistente en Certificados en dos oportunidades; 2) Sin tomar en cuenta los Certificados Específicos con Código de Trámite 4180/2022 y 192/2022 emitidos por el SEPREC, los entonces Vocales ahora accionados, emitieron el Auto de Vista 02, confirmando el Auto Interlocutorio 138/22, que declaró improbada la excepción previa de impersoneria en el demandado, bajo el argumento de que los mencionados Certificados debieron ser adjuntados con la indicada excepción, no en esa etapa procedimental, vulnerando de esa manera el derecho al debido proceso y el principio de verdad material, ante dicha determinación mediante memorial de 22 de “enero” del 2023, solicitaron se aclare el por qué no se mencionó ni se motivó y tampoco se fundamentó; y, menos aún se argumentó el valor de la prueba presentada consistentes en los mencionados Certificados. En respuesta los Vocales hoy coaccioandos mediante Auto de 27 de febrero de igual año, dispusieron no ha lugar a su solicitud; ya que, el mencionado Auto de Vista es claro y específico; 3) De esa forma se vulneró su derecho al debido proceso en sus elementos de motivación y fundamentación, consagrado por el art. 115.2 de la CPE; asimismo, la SC 1365/2005 del 31 de octubre y la SCP 112/2012-R de 10 mayo, refirieren que es ineludible imponer los motivos que sustentan la decisión; así también, indicaron que es necesario que se expongan los hechos establecidos, si la problemática lo exige y en el presente caso si lo exige; ya que, existen dos Certificados objetivos y contundentes que señalan que sus personas no son los representantes legales de la empresa ZUMOS Ltda.; además, fundamentar un acto o una resolución, implica indicar con precisión la norma que justifica la decisión, motivar consiste en describir las circunstancias del hecho, que hacen aplicables a las normas jurídicas al caso concreto; y, 4) En el presente caso, el Auto de Vista 02 vulnera el derecho al debido proceso en sus elementos de motivación y fundamentación; puesto que, en ninguna parte se indica que valor probatorio se otorga a los mencionados Certificados, los cuales son contundentes y objetivos; y, demuestran que sus personas no son los representantes legales de la empresa ZUMOS Ltda., siendo el representante legal Ricardo Rivera Aponte, con el Poder 1575/2011, tampoco señala con precisión la norma que justifica el rechazo y la no valoración de dicha prueba; es decir, que no existe un nexo de causalidad entre la norma aplicable y la valoración de la prueba aportada; y, la decisión judicial. De igual manera se vulneró el principio de verdad material previsto por el art. 180 de la CPE, vinculado al pro actione; ya que, ordena al juez que adopte todas las medidas necesarias para arribar a una decisión de fondo y apegada a una justicia real, siendo la justicia material la cúspide de la verdad y de la justicia, en el presente caso los entonces Vocales ahora accionados al emitir el señalado Auto de Vista pretenden que sus personas sean los representantes legales de la indicada empresa, existiendo los referidos Certificados emitidos por el ente regulador y la autoridad competente que es el SEPREC, que señalan totalmente lo contrario, los nombrados señalan que los referidos Certificados no tienen valor; puesto que, no se presentaron con la señalada excepción, demostrando claramente que priorizan el formalismo antes que la verdad material, por ello vulneran dicho principio; asimismo, el principio pro actione, indica que debe prevalecer la justicia material a cuyo efecto su labor hermenéutica de ponderación, generará la flexibilización o ritualismo extremos para que en casos graves se repare un derecho vulnerado como en el presente caso; por lo que, solicitan la interpretación y valoración de los citados Certificados y se conceda la tutela solicitada.
Mirael Salguero Palma y Edil Robles Lijeron, entonces Vocales de la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa y Tributaria Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, no asistieron a la audiencia de consideración de la acción de amparo constitucional, ni remitieron informe alguno, pese a sus citaciones, cursantes de fs. 285 y 286.
Sandra Aguada Romero y Oscar Jesús Menacho Angeleri, actuales Vocales de la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa y Tributaria Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, no asistieron a la audiencia de consideración de la acción de amparo constitucional, ni remitieron informe alguno, pese a sus citaciones, cursantes de fs. de fs. 287 a 288.
Gian Carla Cuellar Rivero, no asistió a la audiencia de consideración de la acción de amparo constitucional, pese a su notificación, cursante a fs. 289.
La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 143-2023 de 15 de septiembre, cursante de fs. 293 vta. a 297 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: i) El Auto de Vista 02 señala lo siguiente: “‘…en el presente caso, se tiene que la parte recurrente acusa que la juez de instancia, con el Auto Interlocutorio N° 138, ha vulnerado su derecho a un debido proceso una justicia pronta y oportuna y sobre todo de la verdad material al argumentar que la carga de la prueba lo tendrían como demandado, resaltan que no tienen la obligación de adjuntar documentos que acrediten que son representantes legales de la Empresa ZUMOS LTDA., de conformidad con el artículo 117 inc. b) del Código Procesal del Trabajo, es un requisito que deben cumplir el demandante mediante documentos que acrediten que son los representantes de la empresa ZUMOS LTDA…’” (sic), continua “‘…respecto se tiene que la parte recurrente no da no ha dado cumplimiento al ordenado en el artículo 128 del Código Procesal del Trabajo, que indica todas las excepciones previas se opondrán al mismo tiempo antes de contestar la demanda, acompañando pruebas pre constituidas, siendo la excepción de impersonería una excepción previa, es evidente que la fundamentación la juez de instancia, es correcta, esta autoridad a tiempo de emitir su Auto Interlocutorio, no contó con ningún documento que acredite que él o los representantes de la Empresa ZUMOS, eran otros, máxime, que en materia Laboral la carga de la prueba le corresponde a la parte patronal, en este caso la parte demandada, tal como está previsto en los artículos 3.h), el artículo 66 y 150 del código, por último, el trabajador puede exigir la demanda contra el demandado o su representante sin mayores exigencias de conformidad con el artículo 117.b), en concordancia con el artículo 120 del Código Procesal del trabajo…’” (sic), el artículo 128 del CPT establece que todas las excepciones previas se opondrán al mismo tiempo, antes de contestar a la demanda, acompañando prueba preconstituida, concordante con el art. 120 del referido Código, que la demanda será dirigida contra la parte a quien se reclama o contra su representante; asimismo, el art. 48.II de la CPE, establece que las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad y considerando el principio de preclusión de las etapas procesales, no pudiendo retrotraerse los mismos; ii) En la interposición de la excepción de impersonería, los accionantes señalaron que sería responsabilidad de la demandante -ahora tercera interesada- acreditar quiénes son los representantes de la empresa ZUMOS Ltda., al respecto se señala que bajo el tema de la inversión de la carga de la prueba corresponde a los nombrados; y, iii) Así también, corresponde precisar que de la documental que acompañaron los accionantes, se puede advertir que a “fs. 71” del cuaderno procesal, la citada empresa “actualmente se encuentra” con estado de matrícula depurada -1 de junio de 2018-; es decir, que desde el 2018, daría a entender que no estarían actualizados sus datos en el SEPREC o estaría depurada por no cumplir algunos requisitos; empero, se advierte que la demanda, así como la documental que se acompaña, señalarían que la desvinculación o por lo menos la solicitud de pago de sueldos y salarios devengados, serían hasta el 1 de julio de 2020; además que, al momento de plantear la excepción de impersonería no se presentó prueba idónea que acredite quiénes serían los representantes legales, teniendo en cuenta la obligatoriedad que implica el art. 128 del CPT y que a la luz de la carga argumentativa, conforme lo establece el art. 111 del mencionado Código, el demandante no estará obligado a presentar con la demanda la prueba de la existencia de la personería jurídica contra la cual va a dirigir ni la que en juicio se debata como cuestión principal de ese punto. Al respecto, no se advierte que el Auto de Vista 02 hubiese vulnerado algún derecho fundamental; más aun, se puede advertir que de la lectura del mismo, se genera una suficiente comprensión de las determinaciones de la decisión ahora solicitada, de igual manera, los accionantes no establecieron con absoluta claridad, porqué consideran que esa labor interpretativa establecida en el citado Auto de Vista resultaría insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, ilógica y con un error evidente, tampoco identificaron reglas de interpretación que hubiesen sido omitidas en instancia judicial, menos aun, el nexo de causalidad entre la ausencia de motivación, arbitrariedad u otra situación absurda, por no aplicar la interpretación, los derechos y garantías que fueron vulnerados con la referida interpretación, explicando el resultado “dañoso” y lo más importante, cual es la relevancia constitucional; en consecuencia, se puede advertir que el error de efecto procesal será calificado como vulneratorio el derecho al debido proceso solo en aquellos casos que tengan relevancia constitucional; es decir, cuando provoquen indefensión material a la persona que lo denuncia y sea determinante a la adhesión final adoptada; puesto que, no tendría sentido alguno conceder la tutela y disponerse “subsana” en los defectos procedimentales si es que finalmente se llegara a los mismos resultados, a los que ya se arribó mediante la decisión objeto de los errores procesales.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.
Mediante decreto constitucional de 16 de marzo de 2026, cursante a fs. 301, se dispuso la suspensión de plazo para la emisión de la correspondiente resolución a efectos de recabar documentación complementaria, reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el decreto constitucional de 8 de julio del citado año, cursante a fs. 305; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del término legal.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por memorial presentado el 7 de enero de 2022, ante la Jueza de Partido del Trabajo y Seguridad Social Octava de la Capital del departamento de Santa Cruz, Katia Ribera Aponte y Rene Osvaldo Balcázar Callau -ahora accionantes- plantearon excepción previa de impersonería en el demandado, solicitando se declare probada la misma y se ordene a la entonces FUNDEMPRESA, ahora el SEPREC certifique quien es el representante legal de la empresa ZUMOS Ltda. y bajo qué poder se encuentra registrada (fs. 99 y vta.). II.2. Mediante Auto Interlocutorio 138/22 de 15 de febrero de 2022, emitido por la Jueza de Partido del Trabajo y Seguridad Social Octava de la Capital del departamento de Santa Cruz, se declaró improbada la excepción de impersonería planteada por los accionantes, disponiendo proseguir la presente causa en su estado (fs. 112). II.3. Consta Certificado Específico con Código de Tramite 4180/2022 de 18 de abril, emitido por el SEPREC, en el cual, se certificó el Certificado de Testimonio de Poder. Que, revisados los datos de inscripción en el Registro de Comercio se acredita que la sociedad ZUMOS Ltda., se encuentra inscrita bajo la matrícula 194822027; con Número de Documento 0485/18, a nombre, de Ricardo Ribera Aponte, Tipo de Documento, Testimonio de Revocatoria y Nuevo Otorgamiento, Tipo de Vínculo, representante legal, noticia, Testimonio de Revocatoria de Poder 1575/2011 y otorgamiento de nuevo Poder General de Administración en favor de Ricardo Ribera Oponte “GESTIÓN ACTUALIZADA 2016 - ESTADO DE MATRICULA NO ACTUALIZADA” (sic [fs. 118]). II.4. Por memorial presentado el 19 de abril de 2022, ante la Jueza de Partido del Trabajo y Seguridad Social Octava de la Capital del departamento de Santa Cruz, los accionantes formularon recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio 138/22, solicitando sea revocado, al “Otrosí 1” adjuntaron Certificado impreso del SEPREC (fs. 119 a 120). II.5. Cursa Certificado Específico con Código de Tramite 192/2022 de 11 de octubre, emitido por el SEPREC, en el que, se certificó el nombre de los representantes legales de la empresa. Que, revisados los datos de inscripción en el Registro de Comercio, se acredita que la sociedad ZUMOS Ltda., inscrita bajo la Matrícula 194822027. Que, la sociedad tiene registrado el Instrumento Público 485/2018 de 4 de abril, relativo a Revocatoria de Poder 1575/2011 fecha 1575/2011 de 1 de diciembre y otorgamiento de nuevo Poder General de Administración y Representación Amplio Bastante y Suficiente que confiere la empresa Zumos Ltda., a favor del socio Ricardo Ribera Oponte en el citado instrumento se consigna: Representante Legal: Ricardo Ribera Aponte. “GESTIÓN ACTUALIZADA: 2016 - ESTADO DE LA MATRÍCULA: Depurada al 01 de junio de 2018” (sic [fs. 142]). II.6. A través de memorial presentado el 12 de octubre de 2022, ante la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa y Tributaria Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, los ahora accionantes solicitaron se revoque el Auto Interlocutorio 138/22, al “Otrosí 1” adjuntaron certificado del SEPREC (fs. 143 y vta.). II.7. Cursa Auto de Vista 02 de 13 de enero de 2023, emitido por Edil Robles Lijeron y Mirael Salguero Palma entonces Vocales de la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa y Tributaria Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -ahora accionados-, mediante el cual, confirmaron el Auto Interlocutorio 138/22 (fs. 148 a 150 vta.).
Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; así como, a los principios de verdad material vinculada al pro actione; puesto que, en el proceso laboral sobre pago de beneficios sociales que sigue la ahora tercera interesada contra la empresa ZUMOS Ltda., los entonces Vocales ahora accionados, en etapa recursiva de dicho proceso laboral, emitieron el Auto de Vista 02 de 13 de enero de 2023, confirmando el Auto Interlocutorio 138/22 de 15 de febrero de 2022, que declaró improbada la excepción previa de impersoneria en el demandado, sin la debida fundamentación con relación a la prueba documental obtenida del SEPREC, que acredita al actual representante legal de la referida empresa; además que, no observaron el principio de verdad material. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia; y, b) Análisis del caso concreto.
La SCP 0927/2024-S3 de 26 de diciembre citando a la SCP 0061/2018-S2 señala que: “El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre; la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se vulnera dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio, se aclara que dicha garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios. En el Fundamento Jurídico III.3 de la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se establecieron los requisitos que debe contener toda resolución jurisdiccional o administrativa con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación como elemento configurativo del debido proceso, como son: a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado. Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre refiere a los supuestos de motivación arbitraria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: i) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; ii) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; iii) Garantizar la posibilidad del control de la resolución por medio de los recursos; iv) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y, v) La observancia del principio dispositivo que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013-.
Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión sin motivación, con motivación arbitraria, insuficiente y por la falta de coherencia del fallo. Ejemplificando refiere, que la decisión sin motivación se presenta cuando la resolución no da razones que la sustenten; en tanto que la motivación arbitraria es la que basa la decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas o cuando deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; la motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; finalmente, la falta de coherencia del fallo se da, en su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; en su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010-R de 22 de junio, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo, es decir su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo, señaló que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada.
Por otra parte, la jurisprudencia constitucional a partir de la SC 0995/2004-R de 29 de junio, estableció que los errores o defectos de procedimiento -entre los que se encuentra el caso de la resolución arbitraria- para ser corregida por vía de amparo, debe tener relevancia constitucional; es decir, que siendo el error o defecto la causa de la lesión de los derechos y garantías denunciados, de no haberse incurrido en ellos, la resolución impugnada tendría una decisión de fondo diferente. En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o ésta sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa, cuya tutela por vía de amparo procederá siempre y cuando tenga relevancia constitucional” (las negrillas y el subrayado son nuestros).
Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; así como, a los principios de verdad material vinculada al pro actione; puesto que, en el proceso laboral sobre pago de beneficios sociales que sigue la ahora tercera interesada contra la empresa ZUMOS Ltda., los entonces Vocales ahora accionados, en etapa recursiva de dicho proceso laboral, emitieron el Auto de Vista 02 de 13 de enero de 2023, confirmando el Auto Interlocutorio 138/22 de 15 de febrero de 2022, que declaró improbada la excepción previa de impersoneria en el demandado, sin la debida fundamentación con relación a la prueba documental obtenida del SEPREC, que acredita al actual representante legal de la referida empresa; además que, no observaron el principio de verdad material. De la revisión de antecedentes, cursa memorial presentado el 7 de enero de 2022, ante la Jueza de Partido del Trabajo y Seguridad Social Octava de la Capital del departamento de Santa Cruz, a través del cual los accionantes plantearon excepción previa de impersonería en el demandado, solicitando se declare probada la misma y se ordene a FUNDEMPRESA, ahora el SEPREC certifique quien es el representante legal de la empresa ZUMOS Ltda. y bajo qué poder se encuentra registrado (Conclusión II.1.), en respuesta mediante Auto Interlocutorio 138/22, emitido por la referida Jueza, se declaró improbada la excepción de impersonería planteada por los accionantes, disponiendo proseguir la presente causa en su estado (Conclusión II.2.). Asimismo, consta Certificado Específico con Código de Trámite 4180/2022, emitido por el SEPREC, en el cual, se certificó el Certificado de Testimonio de poder, mismo que refiere, que revisados los datos de inscripción en el Registro de Comercio se acredita que la sociedad ZUMOS Ltda. se encuentra inscrita bajo la matrícula 194822027; con Número de Documento 0485/18, a nombre, de Ricardo Ribera Aponte, Tipo de Documento, Testimonio de Revocatoria y Nuevo Otorgamiento, Tipo de Vínculo, representante legal, noticia, Testimonio de Revocatoria de Poder 1575/2011 y otorgamiento de nuevo Poder General de Administración en favor de Ricardo Ribera Aponte “GESTIÓN ACTUALIZADA 2016 - ESTADO DE MATRICULA NO ACTUALIZADA” (Conclusión II.3.), a ese efecto por memorial presentado 19 de abril de 2022, ante la Jueza de Partido del Trabajo y Seguridad Social Octava de la Capital del departamento de Santa Cruz, los accionantes plantearon recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio 138/22, solicitando sea revocado, al “Otrosí 1” adjuntaron el Certificado impreso del SEPREC (Conclusión II.4.). De igual manera, cursa Certificado Específico con Código de Tramite 192/2022, emitido por el SEPREC, en el cual, se certificó el nombre de los representantes legales de la empresa. Que, revisados los datos de inscripción en el Registro de Comercio, se acredita que la sociedad ZUMOS Ltda., inscrita bajo la matrícula 194822027. Que, la sociedad tiene registrado el Instrumento Público 485/2018, relativo a Revocatoria de Poder 1575/2011 y otorgamiento de nuevo Poder General de Administración y Representación Amplio Bastante y Suficiente que confiere la empresa ZUMOS Ltda., en favor del socio Ricardo Ribera Aponte en el citado instrumento se consigna: Representante Legal: Ricardo Ribera Aponte. “GESTIÓN ACTUALIZADA: 2016 - ESTADO DE LA MATRÍCULA: Depurada al 01 de junio de 2018” (Conclusión II.5.), a ese efecto por memorial presentado el 12 de octubre de 2022, ante los entonces Vocales hoy accionados, los accionantes solicitaron se revoque el referido Auto Interlocutorio, al “Otrosí 1” adjuntaron certificado del SEPREC (Conclusión II.6.). Por lo que, cursa Auto de Vista 02, emitido por los referidos Vocales, mediante el cual, confirmaron el Auto Interlocutorio 138/22 (Conclusión II.7.). Ahora bien, antes de ingresar a analizar el fondo de la problemática planteada, se aclara que; los accionantes interpusieron la presente acción de amparo constitucional contra los entonces Vocales ahora accionados y contra los actuales Vocales hoy coaccionados, el análisis a efectuarse se centrará en el Auto de Vista de 02 de 13 de enero de 2023, emitido por los entonces Vocales ahora accionados; puesto que, son las autoridades judiciales llamadas por ley para revisar decisiones adoptadas en primera instancia y en caso de evidenciar alguna vulneración, se encuentran facultadas para restituir cualquier acto ilegal, atendiendo el alcance del principio de subsidiariedad, correspondiendo en consecuencia, que la jurisdicción constitucional únicamente analice el fallo de última instancia, considerando las denuncias efectuadas al respecto. De conformidad a lo establecido en la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, que refiere que toda decisión emitida dentro de un proceso judicial o administrativo debe ser necesariamente motivada y fundamentada, lo que implica cumplir con las exigencias de la estructura de forma como de contenido de las mismas, de tal manera que los sujetos procesales puedan entender y conocer cuál es la razón jurídica de la decisión y en ese sentido, se indicó que la motivación debe ser entendida como la justificación razonada de los fallos, mediante la cual el juzgador arriba a una conclusión y asume una decisión, lo que implica que se expongan las razones fácticas y circunstancias de hecho y probatorias que sustenten la determinación asumida; y, que la fundamentación constituye la estructura jurídico legal que sustenta los entendimientos fácticos expresados por quien emite la decisión a objeto de resolver las causas sujetas a su conocimiento, en consecuencia implica que las razones fácticas o criterios que son parte de la motivación se subsumen a la norma aplicable al caso, de esa manera que se permita a las partes entender las razones de la decisión. Por su parte, la congruencia fue definida como un principio normativo que limita facultades resolutorias del Juez de la causa; por el cual, debe existir identidad entre lo resuelto y controvertido, oportunamente, por los litigantes y la relación con los poderes atribuidos en cada caso al órgano jurisdiccional por el ordenamiento jurídico, con la finalidad de que exista identidad jurídica entre lo resuelto y lo pretendido; es decir, debe existir correspondencia entre las partes que componen un todo. Con relación al problema planteado: Es necesario precisar cuáles fueron los agravios planteados por los accionantes en su memorial de Recurso de Apelación de 19 de abril de 2022 contra el Auto Interlocutorio 138/22; en ese marco, los agravios formulados por los accionantes son los siguientes: 1) Con relación a la carga de la prueba que les atribuye como accionantes la Jueza de Partido del Trabajo y Seguridad Social Octava de la Capital del departamento de Santa Cruz, “…NO ES PUES NUESTRA OBLIGACIÓN ADJUNTAR DOCUMENTALES QUE ACREDITEN QUE NO SOMOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA EMPRESA ZUMOS…” (sic); puesto que, según la Ley del Notariado Plurinacional, los accionantes no se encuentran revestidos de legalidad para apersonarse a las Notarías y solicitar documentación de la empresa ZUMOS Ltda. en fotocopia legalizada o testimonio; ya que, no son parte de dicha documentación; 2) En cumplimiento al art. 117 inc. b) del CPT respecto al representante legal de la empresa demandada en el presente caso ZUMOS Ltda., es un requisito que debe contener la demanda y debió cumplir la parte demandante -hoy tercera interesada-, apersonándose a la FUNDEMPRESA para recabar esa información, requisito de la demanda cuyo cumplimiento no debe excusarse bajo el pretexto de que la carga de la prueba la tiene el empleador; por lo tanto, la Jueza de Partido del Trabajo y Seguridad Social Octava de la Capital del departamento de Santa Cruz “cayó” en error al no solicitar la referida documentación; y, 3) Al ser rechazada su excepción previa de impersonería por la indicada Jueza, se vieron en la necesidad de apersonarse al SEPREC y obtener el Certificado Específico con Código de Trámite 4180/2022, emitido por el SEPREC bajo su costo -tiempo, honorarios y aranceles-, el mismo fue emitido virtualmente y acredita que el representante legal de la empresa ZUMOS Ltda., es Ricardo Ribera Aponte y no así los accionantes. Por lo que, solicitaron la revocatoria del Auto Interlocutorio 138/22, observando el principio de verdad material. Ante las alegaciones de los accionantes los entonces Vocales ahora accionados emitieron el Auto de Vista de 02 de 13 de enero de 2023, confirmando el Auto Interlocutorio 138/22 de 15 de febrero de 2022, bajo los siguientes fundamentos. i) Los recurrentes -accionantes- no dieron cumplimiento a lo establecido por el art. 128 del CPT; por lo tanto, la fundamentación de la Jueza de Partido del Trabajo y Seguridad Social Octava de la Capital del departamento de Santa Cruz fue correcta; puesto que, a tiempo de emitir el Auto Interlocutorio 138/22, no contaba con ningún documento que acredite que el o los representantes de la empresa ZUMOS Ltda., eran otra persona; ya que, en materia laboral la carga de la prueba corresponde a la parte patronal; ii) El trabajador puede dirigir la demanda contra el demandado o su representante legal, sin mayores exigencias conforme al art. 117 inc. b)
concordante con el art. 120, ambos del citado Código; y, iii) Con relación al principio de verdad material, ese extremo no elimina las formas procesales establecidas por ley, con la finalidad de resguardar derechos y garantías constitucionales; por lo que, la indicada Jueza interpreto correctamente su alcance. De la lectura del Auto de Vista de 02, impugnado en la presente acción de amparo constitucional, es posible advertir que los entonces Vocales ahora accionados fundaron su decisión en incumplimiento del art. 128 del CPT, que señala que: “Todas las excepciones previas se opondrán al mismo tiempo, antes de contestar a la demanda acompañando prueba preconstituida”; es decir, los accionantes no adjuntaron prueba documental preconstituida alguna a la excepción previa de impersonería planteada. Ahora bien, respecto a la consideración del presunto incumplimiento del deber de la demandante -ahora tercera interesada- de designar el nombre de la parte demandada y de su representante legal previsto por el art. 117 inc. b) concordante con el art. 120 del CPT, aspecto vinculado al principio constitucional de verdad material; ya que, según los excepcionistas -accionantes-, no son representantes de la empresa demandada en el presente caso ZUMOS Ltda., afirmación sustentada en los Certificados Específicos con Código de Trámite 4180/2022 y 192/2022 emitidos por el SEPREC, que fueron obtenidos a su costa, cuando era un deber de la demandante -hoy tercera interesada-, sus personas no tenían la obligación de demostrar ese extremo; por lo que, los entonces Vocales ahora accionados no emitieron consideración ni pronunciamiento alguno. Sin embargo, los entonces Vocales hoy accionados en la presente acción de amparo constitucional no se pronunciaron con relación al Certificado Específico del SEPREC con Código de Tramite 4180/2022, emitido por el SEPREC, que se refiere a la inscripción del Testimonio de Revocatoria del Poder 1575/2011 y otorgamiento de nuevo Poder General de Administración de la empresa ZUMOS Ltda. (Conclusión II.3.), adjunto al memorial de recurso de apelación presentado el 19 de abril de 2022, en fotocopia simple (Conclusión II.4.), al que aluden expresamente los accionantes; documento que tiene como antecedente el Certificado Específico del SEPREC con Código de Trámite 192/2022, que se refiere a la inscripción del registro del Instrumento Público 485/2018, relativo a la Revocatoria de Poder 1575/2011 y otorgamiento de nuevo Poder General de Administración y Representación Amplio Bastante y Suficiente que confiere la empresa ZUMOS Ltda., ambos en favor del socio Ricardo Ribera Aponte (Conclusión II.5.) adjunto al memorial presentado el 12 de octubre de 2022, en fotocopia simple (Conclusión II.6.). Su consideración y análisis permitirá a la autoridad judicial concluir si la hoy tercera interesada cumplió o no con su deber de designar el nombre de la parte demandada y de su representante legal al momento de la presentación de la demanda laboral, respecto al cobro de beneficios sociales previsto por el art. 117 inc. b) del CPT. Con relación a la prueba documental consistentes en fotocopias simples que presentan los accionantes. Al respecto es necesario remitirnos al entendimiento de la SCP 0245/2012 de 29 de mayo, la cual señala que: “En el marco de la Constitución Política del Estado vigente, requiere ser modulado en sentido que si bien la prueba documental que la parte accionante debe acompañar a su demanda o la que señala en su ubicación debe ser idónea es decir original o en su caso legalizada ello no impide que habiendo la o el servidor público o la persona individual o colectiva demandada, que además es la tenedora de la misma, respondido la demanda sin desconocerla pueda valorarse por jueces, tribunales de garantías y por este Tribunal, fotocopias simples al tenor del art. 129.IV de la CPE, porque en la justicia constitucional cualitativamente diferente a la justicia ordinaria no puede admitirse prueba tasada y porque no puede aceptarse que la negligencia o malicia en la parte accionada que tiene el deber procesal de presentar un informe documentado afecte al ejercicio de los derechos”. En el presente caso, los accionantes para acreditar los supuestos que den lugar a la concesión de la presente acción de amparo constitucional, adjuntaron a la misma los Certificados Específicos con Código de Trámite 4180/2022 y 192/2022, emitidos por el SEPREC en fotocopias simples y en su “OTROSÍ 1ro.-” hicieron mención a los mismos, a pesar de ello la parte adversa ahora tercera interesada no cuestionó la prueba presentada, menos aún, no asistió a la audiencia de consideración de la presente acción tutelar para efectuar su observación, pese a su citación, lo que faculta a esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional a valorarla, al tenor de lo referido anteriormente. De ese análisis, se concluye que si la representación de la empresa ZUMOS Ltda., se encontraba siendo ejercida por otra u otras personas, entonces a los accionantes no les alcanzaba el deber de representación y asumir las obligaciones emergentes del proceso laboral iniciado contra sus personas, como presuntos representantes de la referida empresa. En ese entendido, al existir falta de pronunciamiento basado en esos elementos, mismos que fueron planteados en el recurso de apelación, en el que además los accionantes expusieron sus agravios, los entonces Vocales hoy accionados incurrieron en la vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; así como, a los principios de verdad material vinculada al pro actione; por consiguiente, corresponde conceder la tutela solicitada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, obró de manera incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 143-2023 de 15 de septiembre, cursante de fs. 293 vta. a 297 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada, respecto al derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; así como, a los principios de verdad material vinculada al pro actione, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.
a) Dejar sin efecto el Auto de Vista de 02 de 13 de enero de 2023, para que los Vocales de la Sala Social, Administrativa, Contencioso y Contencioso Administrativa y Tributaria Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitan un nuevo auto de vista, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1121_2026-S1.pdf · páginas 1 a 17.
Huella digital del PDF (SHA-256): 79dba802b933a4b6cabc2af08d20b3ca923bb4c4b9f607cec4c2f68027d48e49
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →