B.IA.LEGAL

SCP 1121/2023-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 19 de septiembre de 2023

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
19 de septiembre de 2023
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Georgina Amusquivar Moller
Expediente
49544-2022-100-AAC
Departamento
Potosí
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La parte accionante denuncia la lesión de su derecho al trabajo e inamovilidad laboral; toda vez que, pese a estar cumpliendo funciones como Asesor Financiero dentro el Concejo Municipal del GAM de Villazon del departamento de Potosí, fue desvinculado de la institución, sin considerar que previo a su retiro puso a conocimiento de la Unidad de Recursos Humanos el estado de gestación de su esposa y el reconocimiento ad-vientre de su hijo; por el cual, aunque solicitó en reiteradas oportunidades al Alcalde y Concejeros Municipales procedan a reincorporarlo a su fuente laboral, los mismos no fueron atendidos. En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si los hechos denunciados son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para dicho fin, se desarrollaran los siguientes ejes temáticos: i) Excepción al principio de subsidiariedad en el caso de mujeres embarazadas y padres progenitores de menores a un año; ii) La garantía de inamovilidad laboral de mujeres embarazadas y progenitores hasta el cumplimiento de un año de edad de la hija o hijo; iii) Sobre la aplicación del principio iuria novit curia en las acciones tutelares; vi) Del cumplimiento y ejecución de las resoluciones constitucionales en resguardo del derecho de acceso a la justicia y su tutela judicial efectiva en acciones constitucionales; v) Análisis del caso concreto; y, vi) Otras consideraciones.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud, de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 01/2022 de 5 de agosto, cursante de fs. 620 a 626 vta., pronunciado por el Juez Público Civil y Comercial Segundo de Villazón del departamento de Potosí; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela impetrada en su totalidad, respecto al derecho a la estabilidad laboral, intrínsecamente relacionado a la inamovilidad e interés superior del niño, niña y adolescente, conforme a los Fundamentos Jurídicos desarrollados en el presente fallo constitucional.

1.1. Disponer que el Alcalde del GAM de Villazón del departamento de Potosí, proceda a la cancelación de sueldos devengados y demás derechos sociales adquiridos de la parte impetrante de tutela; aclarando que, no corresponde su reincorporación en virtud de haberse constatado que a la tramitación de la presente causa en sede del Tribunal Constitucional Plurinacional, el menor de edad cumplió el año de vida el 23 de mayo de 2023 (fs.10), siendo inviable su inamovilidad laboral. CORESPONDE A LA SCP 1121/2023-S1 (viene de la pág. 27). 2º DENEGAR la tutela solicitada en relación a Yolanda Tania Churquina, Edith Colque López, Rubén Choque García, Zenón Pita Peláez y Amalia Ibarra, por carecer de legitimación pasiva según lo señalado en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Excepción al principio de subsidiariedad en el caso de mujeres embarazadas y padres progenitores de menores a un año
  2. III.2. La garantía de inamovilidad laboral de mujeres embarazadas y progenitores hasta el cumplimiento de un año de edad de la hija o hijo
  3. III.3. Sobre la aplicación del principio iuria novit curia en las acciones tutelares
  4. III.4. Del cumplimiento y ejecución de las resoluciones constitucionales en resguardo del derecho de acceso a la justicia y su tutela judicial efectiva en acciones constitucionales
  5. III.5. Análisis del caso concreto
  6. III.6. Otras consideraciones.

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1121/2023-S1 Sucre, 19 de septiembre de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional Expediente: 49544-2022-100-AAC Departamento: Potosí En revisión la Resolución 01/2022 de 5 de agosto, cursante de fs. 620 a 626 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Miguel Ángel Méndez Ríos contra Juan Navia Llanos, Yolanda Tania Churquina, Edith Colque López, Lidia Plaza Daza, Rubén Choque García, Zenón Pita Peláez, Armando Gira Calla y Amalia Ibarra, respectivamente Alcalde y Concejales del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Villazón del departamento de Potosí.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

A través de memorial presentado el 2 de agosto de 2022, cursante de fs. 26 a 31, el accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Mediante memorándum de 21 de marzo de 2022 que deviene de la Resolución Municipal 27/2022 de igual fecha, fue designado por los ahora demandados al cargo de Asesor Económico dependiente del Concejo Municipal. Ahora bien, el 27 de abril de similar año, puso a conocimiento del encargado de Recursos Humanos de la Alcaldía, el Testimonio de reconocimiento de su hijo “Ad-vientre”; empero, pese a ello, el 31 de mayo de citado año, se le comunicó mediante CITE/GAMV/OE 003/2022 de 30 de mayo, que se dejó sin efecto su designación de funciones. El 1 de junio de 2022, presentó al Órgano Ejecutivo y Concejo Municipal de Villazón del departamento de Potosí, solicitud de reincorporación laboral en razón del estado de gestación de su esposa; mismo que, mereció respuesta el 13 de igual mes y año a través de la nota GAMV/RRH/RTC/OE 007/2022 de 13 de junio; por el cual, se le comunicó que previamente a disponer su inamovilidad, demuestre si fuera funcionario de carrera administrativa, adjuntando código institucional. En atención a dicho requerimiento, el 15 de similar mes y año presentó una segunda nota ante el Alcalde Municipal, refiriendo entre otros ser padre progenitor de un niño menor de un año de edad; empero, el mismo no mereció respuesta. Finalmente, el 6 de julio de 2022, por tercera oportunidad reiteró al Ejecutivo y Concejo Municipal, emitan respuesta respecto a su nota de 1 de junio de mismo año; sin embargo, tampoco mereció respuesta alguna.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El ahora peticionante de tutela denunció la lesión de su derecho al trabajo e inamovilidad laboral, citando al efecto los arts. 46.I inc. 2), 48.IV y 60 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada, y se disponga la nulidad de la Resolución Municipal 64/2022 de 27 de mayo, emitida por el Concejo Municipal, y el CITE/GAMV/OE/ 003/2022 de 30 de mayo, evacuado por el Alcalde Municipal, restituyéndolo al cargo que venía desempeñando más el pago de sueldos devengados y demás derechos sociales.

I.2. Audiencia y Resolución de Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 5 de agosto de 2022, según se tiene el acta de audiencia cursante de fs. 608 a 620, se produjeron los siguientes actuados

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El impetrante de tutela a través de su abogada ratificó los extremos planteados en su memorial de acción de amparo constitucional; y, ampliando el mismo señaló que: a) Conforme establece la SCP 0260/2018-S4 de 11 de junio entre otras, el personal de libre nombramiento goza de inamovilidad hasta que el menor (hijo) cumpla un año de edad; esto, en virtud de la interpretación más favorable, garantista y progresiva de derechos; y, b) Si bien se alegó que el citado incumplió sus funciones, empero nunca se le notificó con sanción alguna.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Juan Navia Llanos, Alcalde del GAM de Villazon del departamento de Potosí, mediante informe escrito presentado el 4 de agosto de 2022, cursante de fs. 180 a 187 vta., requirió se deniegue la tutela impetrada bajo los siguientes argumentos: 1) La designación del ahora accionante, fue de libre nombramiento, no siendo el mismo funcionario de carrera contratado; por tal razón, no gozaba de estabilidad laboral; 2) Si bien el municipio no cuenta con un reglamento actualizado respecto a la incorporación a la carrera administrativa, más sin embargo se encuentra vigente el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal, aprobado mediante la Resolución Concejal Municipal 39/2012; 3) La Ley del Estatuto del Funcionario Público (LEFP) -Ley 2027 de 27 de octubre de 1999-, describe que los funcionarios de libre nombramiento no gozan del beneficio o derecho a la estabilidad laboral, como tampoco a impugnar decisiones de carácter administrativo que afecten situaciones relativas a su ingreso, promoción o retiro; y, 4) La SCP 0033/2022-S3 de 7 de marzo, no resulta aplicable al caso, ya que la institución no es una empresa regida bajo la Ley General del Trabajo, sino a la Ley del Estatuto del Funcionario Público. Armando Gira Calla, Concejal del GAM de Villazón del departamento de Potosí, a través de informe escrito presentado el 5 de agosto de 2022, cursante de fs. 413 a 414 vta., solicitó se conceda la tutela impetrada, manifestando que aprobó la solicitud de reincorporación laboral de 1 de junio de igual año, requerida por el ahora impetrante de tutela; empero, que en sesión del Concejo Municipal, por mayoría fue rechazada. En referencia a la nota reiterativa de 6 de julio de igual año presentada por el prenombrada, de igual forma en sesión por mayoría simple fue rechazada. Zenón Pita Peláez, Amalia Ibarra y Lidia Plaza Daza, Concejales del GAM de Villazon del departamento de Potosí, no presentaron informe escrito; sin embargo, en audiencia mediante su abogada, requirieron se deniegue la tutela solicitada bajo los siguiente aspectos: i) El ahora accionante durante el tiempo que desempeño funciones al interior del Concejo Municipal, nunca puso a conocimiento el estado de gestación de su esposa; ii) La Resolución de Contrato del funcionario se dispuso por los constantes retrasos y errores en los que hizo incurrir el prenombrado a los Concejales; iii) El 1 de junio de 2022, el ahora peticionante de tutela recién se hizo conocer al Concejo Municipal el reconocimiento de su hijo, el cual fue deliberado en la cesión ordinaria 35/22; iv) No puede considerarse como vulnerado los derechos invocados, en razón de que en su debido momento no se hizo conocer la condición de su esposa; y, v) La Ley del Estatuto del Funcionario Público establece la condición de los funcionarios de libre nombramiento, de los cuales no se encuentran sujetos a la carrera administrativa. Yolanda Tania Churquina y Rubén Choque García, Concejales del GAM de Villazon del departamento de Potosí, no presentaron informe escrito; empero, en audiencia mediante su abogado solicitaron se deniegue la tutela impetrada, expresando lo siguiente: a) No se establece de que de modo los Concejales habrían vulnerado derechos y garantías constitucionales; b) Si bien la jurisprudencia reconoce que el derecho laboral es universal, ya que protege los trabajadores resguardados por la Ley General del Trabajo; empero, en el ámbito administrativo no es transversal para todos los servidores públicos, y puede verse limitado cuando trata de funcionarios de libre nombramiento, puesto que son reclutados sin proceso previo, no de manera directa o por invitación personal; c) El ahora peticionante de tutela no es funcionario de carrera, y el cargo temporal que desempeño fue por ochenta y nueve días; y, d) No se puede considerar haya operado la inamovilidad laboral, pues el contrato eventual no fue renovado por otro plazo similar. Edith Colque López, Concejal del GAM de Villazon del departamento de Potosí, se hizo presente en la audiencia de la presente acción tutelar; sin embargo, pese a su legal notificación cursante a fs. 37, no presento informe alguno.

I.2.3. Resolución

El Juez Público Civil y Comercial Segundo de Villazón del departamento de Potosí, mediante Resolución 01/2022 de 5 de agosto, cursante de fs. 620 a 626 vta., concedió en parte la tutela solicitada, disponiendo que la institución otorgue al niño hasta el cumplimiento de su año, todos los servicios incluidos los subsidios en especie o en dinero, bajo los siguientes fundamentos: 1) El anuncio del reconocimiento en vientre, es anterior a la finalización el plazo de los ochenta y nueve días e incluso antes de la desvinculación laboral; aspectos que tienen que ver con el derecho a la inamovilidad del servidor público, que encuentran relación con el derecho a la vida, la familia y el interés superior del niño; 2) El ahora accionante, al haber hecho conocer el embarazo de su mujer, paso a ser un progenitor en espera, situación que lo revistió de derechos conexos del menor como es el interés superior, derecho a la salud, seguridad social, entre otros; 3) De la acción de defensa, se entiende que el impetrante de tutela busca conseguir los beneficios para el niño, aunque “añadió” que también quiere su reincorporación; y, 4) El menor de edad, al haber nacido en la Republica de la Argentina, gozaría de determinados beneficios en dos países.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursa en el expediente, se establece las siguientes conclusiones: II.1. Consta Resolución Municipal 27/2022 de 21 de marzo; por el cual, el Concejo Municipal de Villazón del departamento de Potosí, designó a Miguel Ángel Méndez Ríos -ahora accionante- al cargo de Asesor Financiero por el lapso de ochenta y nueve días (fs. 3). II.2. Cursa Memorándum GAMV 003CMV/2022/RRHH/2022 de 21 de marzo; por el cual, el Alcalde del GAM de Villazón del departamento de Potosí –ahora demandado–, designó al ahora impetrante de tutela, al cargo de Asesor Económico por el lapso de ochenta y nueve días; mismo que, fue recepcionado por el citado en similar fecha (fs. 4).

II.3. Por Nota de 27 de abril de 2022 dirigida al responsable de Recursos Humanos del GAM de Villazon del departamento de Potosí, recibido por el Concejo Municipal de referido municipio, el ahora peticionante de tutela señaló adjuntar Testimonio de Reconocimiento de Hijo, e inscripción en libro de actas (fs. 5 a 7 vta.).

II.4. Se corrobora que por Resolución Municipal 64/2022 de 27 de mayo, Armando Gira Calla y Lidia Plaza Daza, respectivamente Presidente y Concejal Secretaria del Concejo Municipal de Villazón del departamento de Potosí, dispusieron abrogar la Resolución Municipal 27/2022 de 21 de marzo; por el cual, en su momento se designó al ahora accionante como Asesor Financiero (fs. 201 a 202).

II.5. Se evidencia que por nota dirigida al ahora peticionante de tutela CITE/GAMV/OE/003/2022 de 30 de mayo, y recibida el 31 de igual mes y año, el ahora demandado comunico al citado lo siguiente:

“Me dirijo a usted muy respetuosamente para notificarle que a partir de hoy el Gobierno Autónomo Municipal de Villazón por lo resuelto de la RESOLUCIÓN MUNICIPAL N° 64/2022 de fecha 27 de mayo de 2022, que abroga la Resolución Municipal N° 27 del 21 de marzo del 2022, por lo que a la vez deja sin efecto el memorándum de designación de funciones, que desempeñaba en el CONCEJO MUNICIPAL, esto en vista de que la RESOLUCIÓN MUNICIPAL emanada del Concejo en vista de sus atribuciones que le confiere la Ley y referente a puntos y aspectos que le atinen al Concejo Municipal, las mismas son de cumplimiento obligatorio y su persona al ser funcionario provisorio, o invitación directa no goza de inamovilidad o estabilidad laboral, según las disposiciones emitidas por el concejo Municipal. Finalmente deberá hacer entrega de todos los activos Fijos que le fueron asignados y gestionar la baja, en el “Formulario de Baja”, correspondiente y declaración Jurada de culminación de cargo a fin de evitar responsabilidad establecidas en la Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales, Ley n° 004 de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción y Decretos Reglamentarios” (sic [fs. 11]). II.6. A través de Memorial con fecha de recepción de 1 de junio de 2022, el ahora impetrante de tutela solicitó al ahora demandado proceda a su reincorporación laboral, en razón de ser padre progenitor (fs. 12 a 13).

II.7. Consta que por Memorial recibido el 1 de junio de 2022, el ahora accionante solicitó a la Presidenta del Concejo Municipal del GAM de Villazón del departamento de Potosí, proceda a su reincorporación laboral al mismo cargo que venía desempeñando (fs. 20 a 21).

II.8. Mediante Memorial recibido el 15 de junio de 2022, el ahora peticionante de tutela reitero al ahora demandado emita respuesta a la nota que presentó el 1 de igual mes y año; además, requirió su reincorporación con goce de haberes (fs. 14 a 15).

II.9. Por Cite GAMV/RRHH-RTC/OE/007/2022 de 13 de junio, el responsable de Recursos Humanos del GAM de Villazón del departamento de Potosí, señaló al ahora impetrante de tutela lo siguiente:

“…En tal sentido, con carácter previo a que podamos emitir respuesta definitiva, y antes de que acuda a cualquier instancia del Gobierno Autónomo Municipal, y antes de que su persona pueda solicitar reincorporación por inamovilidad, primeramente solicitamos muy respetuosamente pueda demostrar que es un funcionario de carrera administrativa, más la certificación emitida por este ente y donde se le reconozca la calidad de ser funcionario de carrera administrativa. Por lo demás en caso de que no se presente lo solicitados, nos veremos imposibilitados de poder atender su petitorio, toda vez de que existe jurisprudencia vigente que nos exige solicitarle este extremo y que de incumplir o hacernos incumplir nos estaría instigando a cometer actos contrarios…” (sic [fs. 19]). II.10. Por Memorial recepcionado el 6 de julio de 2022, el ahora accionante reitero al ahora demandado emita respuesta a la nota presentada el 1 de junio de igual año; además, de solicitar su reincorporación más el goce de haberes (fs. 17 a 18). II.11. Se tiene que por Memorial recibido el 6 de julio de 2022, el ahora peticionante de tutela reiteró a la Presidenta del Concejo Municipal del GAM de Villazon del departamento de Potosí, emita respuesta a la nota que presentó el 1 de junio de similar año; además, acotó se lo reincorpore a su fuente laboral más el pago de sus haberes mensuales (fs. 22 a 23).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La parte accionante denuncia la lesión de su derecho al trabajo e inamovilidad laboral; toda vez que, pese a estar cumpliendo funciones como Asesor Financiero dentro el Concejo Municipal del GAM de Villazon del departamento de Potosí, fue desvinculado de la institución, sin considerar que previo a su retiro puso a conocimiento de la Unidad de Recursos Humanos el estado de gestación de su esposa y el reconocimiento ad-vientre de su hijo; por el cual, aunque solicitó en reiteradas oportunidades al Alcalde y Concejeros Municipales procedan a reincorporarlo a su fuente laboral, los mismos no fueron atendidos. En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si los hechos denunciados son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para dicho fin, se desarrollaran los siguientes ejes temáticos: i) Excepción al principio de subsidiariedad en el caso de mujeres embarazadas y padres progenitores de menores a un año; ii) La garantía de inamovilidad laboral de mujeres embarazadas y progenitores hasta el cumplimiento de un año de edad de la hija o hijo; iii) Sobre la aplicación del principio iuria novit curia en las acciones tutelares; vi) Del cumplimiento y ejecución de las resoluciones constitucionales en resguardo del derecho de acceso a la justicia y su tutela judicial efectiva en acciones constitucionales; v) Análisis del caso concreto; y, vi) Otras consideraciones.

III.1. Excepción al principio de subsidiariedad en el caso de mujeres embarazadas y padres progenitores de menores a un año

Al respecto, la SC 0558/2011-R de 29 de abril, reiterada entre otras por la SCP 0442/2015-S3 de 4 de mayo, estableció que tratándose de resguardar y proteger los derechos de la mujer embarazada y del nuevo ser en gestación, estos deben ser resguardados de manera inmediata, frente a un eventual retiro de la fuente laboral ya sea de la mujer embarazada o del padre progenitor; ya que, se provocaría la supresión del derecho a la seguridad social, conexo con los derechos a la salud y la vida, mismos que no pueden estar condicionados al agotamiento previo de otras vías ya sea judiciales y/o administrativos, no sujetándose al principio de subsidiariedad, debiendo abstraerse el mismo, al buscar la tutela de los derechos antes nombrados, correspondiendo a la justicia constitucional ingresar al análisis de fondo de la problemática.

Posteriormente la SCP 1104/2012 de 6 de septiembre, -reiterada entre otras por la SCP 0772/2020-S2 de 2 de diciembre- concluyó que, al contar con una protección especial la mujer embarazada como el progenitor 1 La SC 0558/2011-R de 29 de abril determinó lo siguiente: “La acción de amparo constitucional, como garantía jurisdiccional extraordinaria hace posible la materialización de los derechos y garantías fundamentales previstos en la Constitución Política del Estado y las leyes, cuando son restringidos, suprimidos o amenazados por particulares o funcionarios públicos y siempre que no hubiere otro medio o recurso legal para su protección. Se activa ante la inexistencia de otras vías, empero, tratándose de resguardar y/o proteger derechos primarios de la mujer trabajadora embarazada y del ser en gestación, cuya protección es urgente e inmediata, ante el retiro intempestivo de la fuente laboral que provoca la supresión del derecho a la seguridad social que a su vez resguarda y garantiza el derecho a la salud, poniendo en riesgo el derecho a la vida que no puede estar supeditado al agotamiento previo de otras vías o instancias legales, es decir, no se sujeta al principio de subsidiariedad, característica de esta acción, debiendo hacer abstracción del mismo con el fin de tutelar en forma prioritaria e inmediata los derechos a la vida y a la salud como parte de la maternidad. En ese entendido, compete ingresar al análisis y resolución del fondo de la problemática planteada” (las negrillas son nuestras).

El FJ III.4 señala: “Inicialmente y respecto al tratamiento que tuvo la denuncia de reincorporación laboral, que el ahora accionante presentó en la Jefatura Departamental de Trabajo, Empleo y Previsión Social de Santa Cruz, se tiene que el titular de dicha repartición pese a contar con un informe que recomendó instruir la conminatoria de reincorporación, no se pronunció en el fondo de lo peticionado, pues con los argumentos desarrollados en la Conclusión II.6 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, concluyó que existiría prueba que requiere ser interpretada en la vía ordinaria, por lo que declinó competencia y dejó expedita la vía para que las partes hagan valer sus derechos. Frente a tal situación, esta Sala conforme al Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, tiene presente que, la tutela que se otorga a las madres trabajadoras en estado de embarazo y a los padres progenitores, prevé una excepción al principio de subsidiariedad; por consiguiente, la falta de conminatoria de reincorporación laboral, no se constituye en impedimento alguno para que esta jurisdicción pueda efectuar el análisis de fondo de la problemática planteada”. 2 La SCP 1104/2012 de 6 de septiembre concluyó que: “Por la protección especial de la que gozan la mujer embarazada y el progenitor-trabajador, hasta que el hijo o hija cumpla un año de edad, el principio de subsidiaridad de la acción de amparo constitucional no es aplicable en razón a los derechos que tutela de la mujer embarazada, lactante o hasta el año de nacimiento del nuevo ser, excepción que es también extensiva en materia de seguridad social referida a las prestaciones del Régimen de asignaciones Familiares dentro de las cuales están contemplados los subsidios prenatal, de natalidad y lactancia, que se encuentran directamente vinculados a la vida y a la salud tanto de la madre como fundamentalmente del nuevo ser futuro capital humano, cuya protección especial y constitucional es deber del Estado y no puede estar condicionada al agotamiento de recursos o vías administrativas, circunstancia que determina se abra el ámbito de protección de esta acción de defensa”.

El FJ III.4 señala: “…En observancia de lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, relativo a la abstracción del principio de subsidiariedad en los casos de grupos vulnerables, se tiene que no es imprescindible que la accionante (madre de un menor de un año de edad) agote los mecanismos previstos en la jurisdicción administrativa u ordinaria para la protección de los derechos fundamentales invocados como lesionados, al tratarse de aspectos formales que rigen a esta acción de defensa, pues las mismas merecen una protección inmediata soslayando esa exigencia procesal; por lo que, corresponde ingresar al examen de fondo del caso”.

trabajador, hasta que su hijo o hija cumpla un año de edad, no es aplicable el principio de subsidiariedad respecto a los derechos de la mujer embarazada, y el nuevo ser hasta el cumplimiento de un año de vida, a lo que también es aplicable a las prestaciones del Régimen de Asignaciones Familiares, siendo estos los subsidios prenatal, de natalidad y lactancia vinculados estos con el derecho a la vida y a la salud, por lo que al ser de protección especial por parte del Estado, y ante una denuncia sobre la vulneración de los referidos derechos, estos no pueden estar supeditados al agotamiento de recursos o vías administrativas.

Finalmente, la SCP 0148/2019-S2 de 17 de abril, siguiendo el lineamiento jurisprudencial descrito en forma precedente, pero a su vez realizando una distinción en las modalidades de acceso a la justicia constitucional en el caso de padres progenitores, concluyó que cuando se busca la restitución del derecho a la inamovilidad laboral de mujeres embarazadas o de padres progenitores de hijos menores de un año de edad, se establecen dos posibilidades de protección:

“a) La tutela directa a través de la acción de amparo constitucional, sin la exigencia del agotamiento de ninguna vía judicial o administrativa; y, b) La tutela a través de la acción de amparo constitucional, vía cumplimiento de la conminatoria de reincorporación emitida por la Jefatura Departamental del Trabajo.” (las negrillas son nuestras) Siendo discrecional la elección por parte del accionante activar la acción de amparo constitucional por cualquiera de los supuestos antes mencionados, siempre y cuando en el primer caso estén comprendidos como trabajadores mujeres embarazadas o padres progenitores de hijos o hijas menores de un año de edad. 3 El FJ III.2 establece que: “Corresponde distinguir las dos modalidades diferenciadas de protección constitucional que proceden y que están en la tradición jurisprudencial ante la vulneración de la garantía de la inamovilidad laboral de las mujeres embarazadas y progenitores hasta el cumplimiento de un año de edad de la hija o hijo y los derechos involucrados, como son: a) La tutela directa a través de la acción de amparo constitucional, sin la exigencia del agotamiento de ninguna vía judicial o administrativa; y, b) La tutela a través de la acción de amparo constitucional, vía cumplimiento de la conminatoria de reincorporación emitida por la Jefatura Departamental del Trabajo.

La distinción mencionada, permite visualizar claramente que ante despidos producidos en el sector público o privado, la búsqueda de la protección de la garantía de inamovilidad laboral de las mujeres embarazadas y progenitores hasta el cumplimiento de un año de edad de la hija o el hijo contenida en la norma constitucional prevista en el art. 48.VI de la CPE, formalmente puede tener dos procedimientos disímiles, por cuanto algunas veces la o el progenitor justiciable opta por acudir directamente a la justicia constitucional vía acción amparo constitucional sin que exista ninguna conminatoria de reincorporación emitida por la autoridad administrativa laboral y, otras veces, elige acudir previamente a la vía administrativa, esto es, ante la Jefatura Departamental del Trabajo y, en este camino procesal, obtiene una conminatoria de reincorporación y, ante su incumplimiento por el empleador, interpone acción de amparo constitucional buscando precisamente se cumpla la misma.

En ese orden, si bien formalmente se plantean dos actos lesivos distintos ante la justicia constitucional, esto es: 1) La denuncia de incumplimiento de la conminatoria de reincorporación emitida por la Jefatura Departamental del Trabajo por el empleador, quien se niega a reincorporar a la o el progenitor o, en su caso; y, 2) La denuncia de despido de mujer embarazada o progenitor, bajo la protección de la garantía de inamovilidad hasta el año de nacimiento de la hija o el hijo, a ser valorado directamente por la justicia constitucional, sin que exista de por medio una conminatoria de autoridad administrativa que cumplir; sin embargo, en ambos casos existe, en realidad, un mismo acto lesivo esencial vinculado al despido o no contratación de las mujeres embarazadas, progenitoras o progenitores, y en ambos casos se busca la protección de la garantía de inamovilidad del progenitor contenida en el art. 48.VI de la CPE y el resguardo de los derechos involucrados en esta garantía, que trascienden a los derechos al trabajo, a la salud, a la seguridad social, a la vida digna y a la vida de la madre y de la niña o el niño…” (las negrillas nos corresponden).

Ahora bien, de las modalidades descritas supra, si bien se tratan de dos actos lesivos distintos, en el fondo se busca reparar un acto lesivo principal vinculado al despido o no contratación de mujeres embarazadas o de padres progenitores, con el objetivo de proteger la garantía de la inamovilidad laboral establecido en el art. 48.VI de la CPE trascendiendo dicha garantía de igual manera, en el resguardo de los derechos al trabajo, a la salud, a la seguridad social, a la vida digna, a la vida de la madre y de la niña o niño nacido. De lo glosado en forma precedente, se establece que cuando se trata de mujeres embarazadas y padres progenitores de hijos menores a un año, no es necesario que se acuda a la Jefatura Departamental de Trabajo solicitando la conminatoria de reincorporación laboral, sino que puede interponerse directamente la acción de amparo constitucional en procura de hacer valer sus derechos y garantías vulnerados.

III.2. La garantía de inamovilidad laboral de mujeres embarazadas y progenitores hasta el cumplimiento de un año de edad de la hija o hijo

El orden constitucional establecido en la Constitución Política del Estado aprobado en Referéndum Nacional de 25 de enero y promulgado por el 7 de febrero, ambos del 2009, consagra la garantía de la inamovilidad laboral de mujeres en estado de embarazo y progenitores, hasta un año de edad de los hijos, disponiendo en forma expresa en el art. 48.VI de referida Norma Suprema:

“Las mujeres no podrán ser discriminadas o despedidas por su estado civil, situación de embarazo, edad, rasgos físicos o número de hijas o hijos. Se garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo, y de los progenitores, hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad.” (las negrillas son agregadas). En sintonía con el citado mandato constitucional, la jurisprudencia constitucional desde el anterior Tribunal Constitucional hasta el actual, ha consolidado el régimen reforzado de protección por la garantía de inamovilidad laboral en favor de mujeres embarazadas y progenitores hasta el cumplimiento de un año de edad de la hija o hijo; en esa comprensión, en un caso de despido injustificado de una dependiente laboral que se encontraba en estado de embarazo, el Tribunal Constitucional razono que no solamente se debe proteger el derecho al trabajo, sino otros derechos primarios de la accionante y el ser en gestación, quienes necesitan protección urgente e inmediata, puesto que el retiro intempestivo de la peticionante de tutela también implica la supresión del derecho a la seguridad social que resguarda y garantiza el derecho a la salud, poniendo en riesgo el derecho primario a la vida.

En la misma línea el actual Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 1245/2014 de 16 de junio, señalo que esta garantía está referida a la protección de trabajadores en su fuente de empleo, su permanencia, sin que el empleador pueda despedirlos, rescindir unilateralmente el contrato de trabajo o modificar desfavorablemente las condiciones laborales para obligarlos a su renuncia de manera encubierta; en ese entendido, la pérdida del puesto de trabajo, cuando un niño o niña está por nacer, puede suponer una terrible afectación a la estabilidad económica y emocional de la familia, con incidencia directa principalmente en el nuevo ser a quien el Estado Plurinacional tiene la intención de proteger. En el mismo sentido, la SCP 0059/2015-S1 de 10 febrero, en lo que atañe a la inamovilidad laboral del progenitor, expresó textualmente:

“En esencia, el derecho a la estabilidad laboral reconocida en favor del trabajador, no se limita a la protección de los derechos del sujeto de la relación laboral, sino que, pretende asegurar y garantizar los derechos fundamentales de la minoridad, permitiendo el afianzamiento de las condiciones para el sustento vital y el desarrollo armónico e integral, debido a su condición de vulnerabilidad física y mental, habida cuenta que desde el momento de la concepción, el ser en proceso de gestación es sujeto de derecho; de ahí que surge la necesidad de establecer una protección reforzada del derecho al trabajo de los progenitores hasta que el hijo o hija cumpla el primer año de edad; en consecuencia, una ruptura abrupta de la relación laboral de los progenitores, implica la directa vulneración de los derechos a la vida, la salud, la integridad física y el desarrollo integral del menor...” (las negrillas son nuestras). Respecto al ámbito de protección de la inamovilidad laboral de la mujer embarazada la SC 0505/00-R de 24 de mayo de 2000, señaló expresamente:

“… por cuanto el derecho que se debe proteger no es solamente al trabajo, sino otros derechos primarios de la recurrente y el ser en gestación, los cuales necesitan protección urgente e inmediata, ya que el retiro intempestivo de la recurrente importa también la supresión del derecho 4 Respecto al ámbito de protección de la inamovilidad laboral de la mujer embarazada la SC 505/00-R de 24 de mayo de 2000, ha señalado expresamente: “… por cuanto el derecho que se debe proteger no es solamente al trabajo, sino otros derechos primarios de la recurrente y el ser en gestación, los cuales necesitan protección urgente e inmediata, ya que el retiro intempestivo de la recurrente importa también la supresión del derecho a la seguridad social que a su vez, resguarda y garantiza el derecho a la salud, derechos que con la medida adoptada ponen en riesgo el primer derecho, la vida, que no puede estar pendiente de otros recursos o vías administrativas que establece la Ley”. Citado por las SSCC 0434/2010-R, 0581/2010-R, 1043/2010-R, 0610/2010-R, 0771/2010-R, 1330/2010-R y 1205/2010-R, entre otras. 5 Respecto a la inamovilidad laboral la jurisprudencia constitucional textualmente expresa en la SCP 1245/2014 de 16 de junio: “… la inamovilidad laboral está referida a la protección del trabajador o trabajadora en su fuente de empleo, respecto a su permanencia, sin que el empleador pueda despedirlos, rescindir unilateralmente el contrato de trabajo o modificar las condiciones laborales en condiciones desventajosas para obligar al trabajador o trabajadora a que renuncie, pues perder el trabajo cuando un niño o niña está por nacer, puede suponer una terrible afectación a la estabilidad económica y emocional de la familia, con incidencia directa principalmente en el nuevo ser a quien el Estado Plurinacional tiene la intención de proteger”, citado por la SCP 0059/2015-S1 de 10 de febrero, SCP 0324/2018-S3 de 29 de junio, entre otros.

a la seguridad social que a su vez, resguarda y garantiza el derecho a la salud, derechos que con la medida adoptada ponen en riesgo el primer derecho, la vida, que no puede estar pendiente de otros recursos o vías administrativas que establece la Ley” (las negrillas son añadidas). El desarrollo de la jurisprudencia constitucional también estableció la excepción a la subsidiariedad de manera implícita desde la citada SC 505/00-R de 24 de mayo de 2000, señalando que la protección de una dependiente laboral en estado de embarazo despedido indebidamente no puede estar pendiente de otros recursos o vías administrativas establecidas por ley; puesto que, se encuentran comprometidos no solo el derecho al trabajo, sino el derecho a la seguridad social, salud y vida, de la mujer embarazada y del ser en gestación, que requiere protección inmediata, urgente. En el mismo sentido la jurisprudencia constitucional pronunciada en la SCP 0785/2003-R de 10 de junio, resalta la procedencia excepcional y extraordinaria del amparo constitucional señalando:

“Si bien el amparo constitucional tiene naturaleza subsidiaria, por ello antes de plantearlo se deben agotar las vías ordinaria de defensa; no es menos cierto que agotar esos medios ordinarios implican para la gestante un perjuicio que podría ser irreparable proveniente de una acción ilegal e indebida de la autoridad recurrida. En tal situación, es viable este amparo como mecanismo rápido y eficaz para proteger prioritariamente los derechos de la recurrente que se encuentra en estado de gravidez y del ser en gestación” (las negrillas son nuestras). La procedencia excepcional y extraordinaria de la acción de amparo constitucional o la excepción a la subsidiariedad, fue establecida de manera expresa en la SC 0530/2010-R de 12 de julio, SCP 0158/2018-S3 de 7 de mayo, entre otras. Otro aspecto de relevancia constitucional según la SC 0771/2010-R de 2 de agosto, la no exigencia del requisito dar aviso del estado de embarazo o de la existencia de una hija o hijo menor a un año al empleador, para acceder a la protección de la garantía constitucional. Por otra parte es 6 En el mismo sentido de la excepción a la subsidiariedad en caso de la inamovilidad laboral por mujer embarazada y padre progenitor de hijos menores hasta la edad de un año, se pronunció la SCP 0198/2013 de 27 de febrero. 7 El FJ III.3, cambiando el entendimiento jurisprudencial contenido en la SC 1416/2004-R, estableció que: “…no está supedita a determinadas condiciones o requisitos que deben ser cumplidos por la mujer o el hombre y, por lo mismo, para su ejercicio, no se requiere el previo aviso al empleador del estado de embarazo o de la existencia de un hijo o hija menor a un año. (…) Efectivamente, el requisito formal de dar aviso a su empleador acerca de su estado de gravidez, sin el cual no existiría la protección estatal en lo que respecta a su inamovilidad laboral, carece de relevancia frente a una necesidad indubitable, que es precisamente asegurar el derecho a la vida y a la salud de la madre y el menor, ya que con una fuente laboral, al menos se asegurará a la madre el poder agenciar los medios necesarios para proteger las necesidades más premiosas que demande el niño o niña recién nacidos”. 8 En el mismo sentido de la no exigencia del requisito formal de dar aviso al empleador del estado de gravidez o la existencia de hijo menor a un año de edad, la SCP 1043/2013 de 27 de junio, expreso en los siguientes términos: “… este beneficio no sólo garantiza la estabilidad laboral de la mujer en estado de gravidez, sino sus alcances se extienden en las mismas condiciones de igualdad al progenitor varón, independientemente de que se tratasen de empleadas (os) del sector privado o funcionarias (os) del sector público; norma constitucional que al ser de aplicación directa por mandato de la propia norma fundamental, no se encuentra supeditada al cumplimiento de exigencias previas para su ejercicio, como el requisito formal de dar aviso al empleador del estado de gravidez o de la existencia del hijo o hija menor de un año antes de gozar de este derecho, aspecto que resulta irrelevante al momento de ejercer esta garantía, al estar frente a una necesidad prioritaria como es el de asegurar el necesario destacar el deber del Estado de otorgar especial asistencia y protección durante el embarazo, parto y en los periodos prenatales y posnatal previsto en el art. 45.V de la CPE.

El presente razonamiento fue desarrollado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0285/2021-S1 y 0346/2021-S1.

III.3. Sobre la aplicación del principio iuria novit curia en las acciones tutelares

Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el Caso de la "Masacre de Mapiripán" vs. Colombia, Sentencia de 7 de marzo de 2005, (Corte I.D.H), (Ser. C) 122 2005, en su párrafo 28 señaló de forma expresa, lo siguiente:

“Asimismo, en relación con la posibilidad de que se aleguen otros hechos o derechos que no estén incluidos en la demanda, la Corte ha determinado que:

[…] En lo que respecta a los hechos objeto del proceso, este Tribunal considera, como lo ha hecho en otras ocasiones, que no es admisible alegar nuevos hechos distintos de los planteados en la demanda, sin perjuicio de exponer aquellos que permitan explicar, aclarar o desestimar los que han sido mencionados en la demanda, o bien, responder a las pretensiones del demandante. Además, hechos que se califican como supervinientes podrán ser remitidos al Tribunal en cualquier estado del proceso antes del dictado de la sentencia.

[…] Asimismo, en lo que atañe a la incorporación de otros derechos distintos a los ya comprendidos en la demanda de la Comisión, esta Corte ha establecido que los peticionarios pueden invocar tales derechos. Son ellos los titulares de todos los derechos consagrados en la Convención Americana, y no admitirlo sería una restricción indebida a su condición de sujetos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Se entiende que lo anterior, relativo a otros derechos, se atiene a los hechos ya contenidos en la demanda. […] Igualmente, este Tribunal tiene la facultad de analizar la posible violación de artículos de la Convención no incluidos en los escritos de demanda y contestación de la demanda, así como en el escrito de solicitudes y argumentos de los representantes, con base en el principio iura novit curia, sólidamente respaldado en la jurisprudencia internacional, 'en el sentido de que el juzgador posee la facultad e inclusive el deber de aplicar las disposiciones jurídicas pertinentes en una causa, aun cuando las partes no las invoquen expresamente', en el entendido de que se le dará siempre a las partes la posibilidad de presentar los argumentos y pruebas que estimen pertinentes para apoyar su posición frente a todas las disposiciones jurídicas que se examinan” (las negrillas son nuestras).

En ese sentido, el Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP 0793/2012 de 20 de agosto, citando el Auto Constitucional (AC) 0202/2011-RCA de 3 de junio, estableció que ante la falta de cita de artículos dentro de una acción de amparo constitucional a efectos de otorgar una tutela efectiva de los derechos denunciados, tal como prevé el art. 97.IV de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC) -Ley 027 de 6 de julio de 2010-, no puede ser interpretada restrictivamente, siendo que dicho razonamiento implica un excesivo formalismo a momento de considerar el contenido de un escrito de acción tutelar, ello considerando que mientras se expliquen los hechos y en qué consisten los derechos considerados lesionados con el respectivo nexo de causalidad entre los mismos y la causa de pedir, la jurisdicción constitucional no deberá desconocer la fundamentación por falta de cita de la normativa en la cual se encuentran consagrados los derechos o garantías constitucionales supuestamente vulnerados.

Posteriormente, la SCP 0304/2013-L de 13 de mayo, citando la SC 0110/2010-R de 10 de mayo, consideró pertinente asumir los referidos razonamientos jurisprudenciales desarrollados en forma precedente, máxime si conforme al precitado fallo constitucional las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, forman parte del bloque de constitucionalidad del Estado Plurinacional de Bolivia, al efecto precisó que:

“… el requisito de presentación de las acciones de defensa, establecido en el art. 33.5 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que dice: “Identificación de los derechos o garantías que se consideren vulnerados”, no deberá ser entendido en un sentido restringido, sino bien en un sentido amplio, por el cual, la parte que solicite la tutela constitucional, tenga que exponer de manera clara y precisa, los hechos y derechos presuntamente lesionados, citando para el efecto las disposiciones constitucionales que consideren vulnerados; empero, en resguardo a la tutela judicial efectiva, si no se mencionaran dichas disposiciones, no podrá rechazarse la demanda presentada, si es que existiese una adecuada exposición de los hechos, así como mención de los derechos lesionados; en ese mismo sentido, tampoco podrá denegarse la tutela de sus derechos, cuando no se los haya mencionado o precisado adecuadamente en su acción de defensa, por error u omisión involuntaria; puesto que en aplicación del principio iura novit curia “el juez conoce el derecho”; el Juzgador constitucional, tiene el deber de analizar, la demanda, informe de los demandados y la participación de las partes en la audiencia de garantías, para verificar si se lesionaron los derechos mencionados en la demanda u otros no invocados; para aplicar de esa manera, si correspondiera, las disposiciones jurídicas pertinentes; aunque no hubiesen sido invocadas por error u omisión involuntaria, por parte del accionante; puesto que podría darse el hecho, que a criterio del demandante, se vulneraron ciertos derechos constitucionales, sin embargo, del contenido de su acción, del informe de la parte demandada, o en su caso de la participación realizada de ambas partes en la audiencia de garantías, se coligiera la vulneración de otros derechos no mencionados.” (las negrillas son nuestras).

Al respecto, la precitada SCP 0304/2013-L, aclara de forma pertinente que la aplicación del principio iura novit curia no debe entenderse en sentido de que la parte impetrante de tutela no tenga la obligación de hacer mención y fundamentación de los derechos que considere vulnerados; sino más bien, deberá entenderse en el sentido de que efectivamente tiene el deber de cumplir con dicho requisito en todas las acciones de defensa; siendo que, este principio, sólo será aplicado por el Juez Constitucional, cuando exista error u omisión involuntaria en su invocación, o cuando pueda deducirse la vulneración de otros derechos no mencionados; puesto que, si obrara en sentido contrario, se estaría pretendiendo que el Juzgador Constitucional, identifique –ante la negligencia de la partes– los derechos lesionados, lo cual no puede ser admisible.

III.4. Del cumplimiento y ejecución de las resoluciones constitucionales en resguardo del derecho de acceso a la justicia y su tutela judicial efectiva en acciones constitucionales

Previamente, es necesario dejar en claro que, el Tribunal Constitucional Plurinacional se constituye en el supremo guardián y máximo intérprete de la Constitución Política del Estado, al tener la potestad exclusiva de ejercer el control de constitucionalidad sobre las diferentes modalidades de acciones constitucionales y de defensa conforme prevé el art. 202 de la CPE, emitiendo resoluciones con un conjunto de razonamientos relacionados al estudio sobre los supuestos que son de su conocimiento que, en muchos de los casos se constituyen en precedentes en materia de derechos fundamentales y garantías constitucionales; bajo esa comprensión, el constituyente ha previsto que toda persona, grupo social o autoridad con legitimación activa reconocida que se sientan perjudicadas en el ejercicio material de sus derechos, pueden interponer las acciones constitucionales contra los actos u omisiones que consideren lesivas buscando la tutela constitucional en resguardo de sus derechos, ejerciendo de esta forma su pleno derecho de acceso a la justicia conforme prevén los arts. 115.I de la Norma Suprema, 8.1 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH); y, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

Bajo ese entender, y en cuanto a la comprensión sobre el derecho al acceso a la justicia, la SC 0600/2003-R de 6 de mayo, manifestó lo siguiente

“…según la norma prevista por el art. 8.1 del Pacto de San José de Costa Rica, ‘toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecidas con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter´, como podrá advertirse la norma transcrita consagra dos derechos humanos de la persona: 1) el derecho de acceso a la justicia; y 2) el derecho al debido proceso, entendiéndose por aquélla la potestad, capacidad y facultad que tiene toda persona para acudir ante la autoridad jurisdiccional competente para demandar que se preserve o restablezca una situación jurídica perturbada o violada que lesiona o desconoce sus derechos e intereses, a objeto de lograr, previo proceso, una decisión judicial que modifique dicha situación jurídica. Conocido también en la legislación comparada como ´derecho a la jurisdicción´ (art. 24 de la Constitución Española), es un derecho de prestación que se lo ejerce conforme a los procedimientos jurisdiccionales previstos por el legislador, en los que se establecen los requisitos, condiciones y consecuencias del acceso a la justicia; por lo mismo, tiene como contenido esencial el libre acceso al proceso, el derecho de defensa, el derecho al pronunciamiento judicial sobre el fondo de la pretensión planteada en la demanda, el derecho a la ejecución de las sentencias y resoluciones ejecutoriadas, el derecho de acceso a los recursos previstos por ley. Finalmente, este derecho está íntimamente relacionado con el derecho al debido proceso y la igualdad procesal” (el resaltado es nuestro). Por su parte, la SCP 1388/2010-R de 21 de septiembre, en su Fundamento Jurídico III.3.4., epigrafiado como “Derechos a la tutela judicial efectiva”, manifestó que:

“La tutela judicial efectiva comprende la posibilidad de activar o iniciar ante los órganos jurisdiccionales un proceso, en el que obtenga una sentencia fundamentada que declare el derecho de cada una de las partes conforme corresponda en justicia, además implica la posibilidad de poder interponer los recursos que la ley establezca y la eventualidad de obtener el cumplimiento efectivo de la sentencia, con el objeto de garantizar el restablecimiento de una situación jurídica vulnerada, evitando la indefensión, involucrando el acceso a los tribunales; la efectividad de las decisiones judiciales; y el ejercicio del recurso previsto en la ley” (el resaltado nos corresponde). De dicha jurisprudencia, se extrae que, el acceso a la justicia no solamente gravita en acudir a las instancias jurisdiccionales o administrativas competentes invocando se resguarden sus derechos mediante una resolución, sino que estas decisiones a ser emitidas deben ser ejecutadas y cumplidas en su verdadera dimensión y precisión; toda vez que, al no materializarse dicha ejecución y cumplimiento efectivo de lo dispuesto se desconoce y vulnera el derecho de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva, generando contrariamente incertidumbre y desamparo en las personas que obtuvieron resguardo de sus derechos mediante resoluciones que en muchas ocasiones son cumplidas parcialmente o en definitiva no son cumplidas totalmente, o en la tarea de cumplirlas otorgan un alcance diferente desfigurando lo establecido en el fallo conforme lo señaló la SCP 1206/2010-R de 6 se septiembre ; así, en el caso de las ahora demandadas constitucionales emergentes de las diferentes acciones constitucionales, el art. 203 de la CPE prevé que: “Las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario alguno”. Al respecto la SCP 1787/2014 de 19 de septiembre , indicó que las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional, revisten una gran importancia por su carácter vinculante para la jurisdicción ordinaria, uso profesional y estudio general, que luego recogiendo estos entendimientos, la SCP 1032/2015-S3 de 29 de octubre; concluyó que, la parte vinculante de una Resolución Constitucional es la ratio decidendi, constituyéndose en la parte más relevante de toda la fundamentación dentro de la sentencia, generando precedentes obligatorios.

En ese marco, incumbe precisar respecto a lo previsto por el mencionado art. 203 de la Norma Suprema, ya que de ella se extrae dos principios o características elementales relacionados a la vinculatoriedad y la obligatoriedad que si bien a primera vista supondría un alcance similar; sin embargo, las mismas difieren conforme se verá seguidamente, pero antes incumbe señalar que toda resolución constitucional, se funda en razones o reflexiones (ratio decidendi) desarrolladas que sirven de sustento para la decisión final expresada en la parte resolutiva -por tanto- Bajo esa comprensión: a) El carácter vinculante de las decisiones constitucionales, se encuentra en los razonamientos desarrollados, que 11 “En consecuencia, se desconoce y vulnera el derecho de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva y a razón de ello, el derecho a la eficacia jurídica de los fallos ejecutoriados pasados en autoridad de cosa juzgada consagrados en el art. 115.I de la CPE, cuando los mismos no son acatados, y si son cumplidos parcialmente, se les da un alcance diferente al establecido en el fallo, es decir, no son concretados en la medida de lo determinado, o cuando su cumplimiento es tardío; esto, en razón a que el acceso a la justicia no implica sólo la posibilidad de presentar una causa ante un tribunal y que éste emita una sentencia definitiva sobre el asunto planteado sino que, además, tal acceso debe ser efectivo. Es por eso, que la CIDH, determinó que el Estado, tiene la obligación de implementar todas las medidas para dar pleno cumplimiento a las sentencias de sus órganos judiciales y no puede apartarse del cumplimiento de éstas, so pena de incurrir en violación a la protección judicial prevista en el art. 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y al deber derivado del art. 2 del mismo instrumento internacional. Es decir, la inejecución de sentencias, su ejecución parcial, distorsionada o tardía, acarrea la violación del derecho fundamental de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva, y dentro de éste a la eficacia jurídica de los fallos ejecutoriados pasados en autoridad de cosa juzgada y la protección judicial por parte del Estado”. 12 El FJ III.1 señala que: “El carácter vinculante y obligatorio de las Resoluciones pronunciadas por el Tribunal Constitucional Plurinacional, según lo previsto por el art. 203 de la CPE, de forma taxativa, determina lo siguiente ‘Las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno’; así también el art. 15.II del Código Procesal Constitucional (CPCo), refiere que: ‘Las razones jurídicas de la decisión, en las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional, constituyen jurisprudencia y tienen carácter vinculante para los Órganos del poder público, legisladores, autoridades, tribunales y particulares’, y en concordancia con el art. 19 del citado código, establece: ‘Las Sentencias, declaraciones y autos constitucionales se publicaran en la Gaceta Constitucional Plurinacional, cuya periodicidad será mensual. El Tribunal Constitucional Plurinacional difundirá sus resoluciones, además de los mecanismos electrónicos, a través de los medios que vea conveniente’, cuyo entendimiento permite especificar que la publicación de las Resoluciones del Tribunal Constitucional Plurinacional, revisten importancia ya que no sólo son de carácter ilustrativo o de información, sino por su carácter vinculante el conocimiento oportuno de las mismas es imprescindible, especialmente para la jurisdicción ordinaria, para el uso profesional y el estudio en genera”. 13 El FJ III.1 indicó que: “Así, podemos advertir que la parte vinculante de una Sentencia Constitucional Plurinacional es la ratio decidendi, que en otras palabras es la parte relevante de la fundamentación de la sentencia, que tiene la capacidad de generar precedentes obligatorios, los cuales deben ser aplicables por los Jueces y Tribunales que forman parte del Órgano Judicial en la resolución de todos los casos que presenten supuestos fácticos análogos, además de todos los administradores de justicia, conforme la línea jurisprudencial que se encuentre vigente a momento de su aplicación.”

deben ser aplicados por los Jueces y Tribunales a casos análogos; esto implica que, las reflexiones o razones desplegadas en las resoluciones deben ser aplicadas a otros casos con hechos similares o análogos, otorgando de esta forma certeza y seguridad jurídica a los justiciables en el entendido que al tener conocimiento que el Tribunal Constitucional dio una determinada solución a un caso parecido al suyo, con seguridad acudirá a la misma instancia constitucional para obtener similar solución (pretensión que posteriormente deberá ser compulsada por la instancia constitucional a objeto de verificar la analogía o no del caso concreto). En ese marco, el carácter vinculante de las decisiones constitucionales se constituye en un principio relevante dentro de la justicia constitucional y debe ser entendida desde dos dimensiones, la dimensión horizontal y la vertical; en tal sentido, la primera se refiere a que las sentencias y decisiones emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional son también vinculantes para ella misma u otras instancias de igual jerarquía; la segunda, referida a que dichas decisiones pronunciadas por la máxima instancia de control constitucional son vinculantes para los Jueces y Tribunales ordinarios de menor jerarquía; y, por su parte; b) El carácter obligatorio de las decisiones constitucionales, se encuentra en la parte dispositiva -por tanto-de las resoluciones, misma que debe ser cumplida por las partes procesales de forma obligatoria; es decir, en este caso, la obligatoriedad del cumplimiento de la decisión asumida está prevista para las partes intervinientes dentro los procesos constitucionales o excepcionalmente para aquellas no intervinientes que la instancia constitucional así lo justifique en cada caso concreto; extremo que, cobra mayor relevancia en amparos constitucionales y acciones de libertad como muestras, donde se dilucidan derechos subjetivos que merecen tutela inmediata que conlleva a la obligatoriedad del cumplimiento de la resolución constitucional conforme prevén los arts. 125.IV y 129.IV de la CPE.

Consecuentemente, y a efectos de ahondar en el verdadero acceso a la justicia y su tutela efectiva, incumbe focalizar sobre el carácter obligatorio de las resoluciones constitucionales y su ejecución, que conllevan un cumplimiento inmediato, conforme prevé el art. 15 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que bajo el epígrafe (CARACTER OBLIGATORIO, VINCULANTE Y VALOR JURISPRUDENCIAL DE LAS SENTENCIAS), en su parágrafo I, prevé que:

“Las sentencias, declaraciones y autos del Tribunal Constitucional Plurinacional son de cumplimiento obligatorio para las partes intervinientes en un proceso constitucional; excepto las dictadas en las acciones de inconstitucionalidad y recurso contra tributos que tienen efecto general”, Contenido legal que tiene su sustento constitucional en el citado art. 203 de la CPE que dice: “Las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario alguno”. En tal sentido, como se vio la obligatoriedad como característica esencial de las resoluciones constitucionales radica en que las partes procesales cumplan inmediatamente con lo dispuesto en las resoluciones emergentes de las acciones constitucionales como amparos constitucionales, acciones de libertad, acción de protección de privacidad, acción de cumplimiento o acciones populares.

No obstante, ante el incumplimiento de las decisiones constitucionales, el legislador ordinario mediante los arts. 16 y 17 del CPCo ha previsto la ejecución y cumplimiento de las resoluciones bajo los siguientes términos:

“Artículo 16.- (Ejecución)

I. La ejecución de una Resolución Constitucional con calidad de cosa juzgada, corresponde al juzgado o tribunal que inicialmente conoció la acción. II. Corresponderá al Tribunal Constitucional Plurinacional conocer y resolver las quejas por demora o incumplimiento en la ejecución antes referida; asimismo el corresponde la ejecución en los procesos que directamente se presenten ante el mismo.

Artículo 17.- (Cumplimiento de resoluciones)

I. El Tribunal Constitucional Plurinacional y las Juezas, Jueces y Tribunales de garantías constitucionales adoptarán las medidas que sean necesarias para el cumplimiento de sus resoluciones. II. Podrán requerir la intervención de la fuerza pública o la remisión de antecedentes ante la autoridad administrativa a fin de la sanción disciplinaria que corresponda. III. Podrán imponer multas progresivas a la autoridad o persona individual o colectiva, que incumpla sus decisiones, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que pudieran emerger.” De las normas procesales constitucionales descritas, se extrae inicialmente que, la ejecución de toda resolución constitucional con calidad de cosa juzgada corresponde al Juzgado o Tribunal que conoció la acción y en casos de demora o incumplimiento en la ejecución, el Tribunal Constitucional Plurinacional tiene la atribución de conocer y resolver las mismas a través del instituto procesal denominado “queja”; empero, en esta parte incumbe precisar dos aspectos que tienen relación con el cumplimiento y ejecución inmediata de las resoluciones constitucionales emergentes de aquellas que previamente son resueltas por los Jueces y Tribunales de garantías; primero, una resolución constitucional adquiere la calidad de cosa juzgada cuando en revisión es emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional ratificando o revocando la inicial decisión asumida por el Juez o Tribunal de garantías, sólo después de este acto procesal emerge el tratamiento del instituto procesal de la “queja” para verificar la demora o su incumplimiento; y, segundo, cuando una resolución emerge del desarrollo de la audiencia efectuada ante el Juez o Tribunal de garantías, su ejecución es inmediata conforme lo prevén los arts. 126.IV (acción de libertad), 129.V (amparo constitucional), 131.III y IV (acción de protección y privacidad), 134.IV y V (acción de cumplimiento), y 136 (acción popular), todos de la CPE, ello supone que no es exigible la remisión previa de la resolución al Tribunal Constitucional Plurinacional para ejecutar las decisiones emitidas por los Jueces y Tribunales de garantías.

Ahora bien, con referencia al cumplimiento (art. 17 CPCo), la disposición procesal refiere que, tanto los Jueces, Tribunales y el Tribunal Constitucional Plurinacional, adoptaran las medidas necesarias para el cumplimiento de sus resoluciones, pudiendo requerir la intervención de la fuerza pública o remitir antecedentes ante la autoridad administrativa con la finalidad de imponer las sanciones que correspondan; asimismo, tienen la potestad de aplicar multas progresivas a la autoridad o persona (individual o colectiva), sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran emerger; regulación que, encuentra sustento constitucional en el carácter inmediato de las acciones de defensa que por su naturaleza protectiva de las garantías y derechos fundamentales, merecen atención prioritaria y reparación inmediata de los derechos vulnerados. Consecuentemente, está claro que los Jueces, Tribunales y el propio Tribunal Constitucional Plurinacional, tienen las amplias prerrogativas para ejercer las acciones necesarias a efectos de hacer cumplir sus decisiones acudiendo a la fuerza pública e imponer multas progresivas o inclusive remitir antecedentes al Ministerio Público para su procesamiento por atentado a las garantías constitucionales, conforme dispone el art. art. 127 de la Norma Suprema, que señala:

“I. Los servidores públicos o personas particulares que resistan las decisiones judiciales en los casos previstos por esta acción, serán remitidos por orden de la autoridad que conoció de la acción ante el Ministerio Público para su procesamiento penal por atentado contra las garantías constitucionales. II. La autoridad judicial que no proceda conforme con lo dispuesto por este artículo quedará sujeta a sanción, de acuerdo con la Constitución y la ley.” (el resaltado es ilustrativo). Previsión constitucional, que es aplicable para todas las acciones de defensa por mandato de la misma Norma Suprema.

De lo ampliamente descrito, es posible concluir en que, se desconoce y vulnera el derecho de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva y a razón de ello, el derecho a la eficacia jurídica de los fallos constitucionales, cuando los mismos: 1) No son acatados; 2) Son cumplidos parcialmente; 3) Se les da un alcance diferente al establecido en el fallo, al no ser concretados en la medida de lo determinado; y, 4) Cuando su cumplimiento es tardío (SC 1206/2010-R de 6 de septiembre); consecuentemente, una vez puestas en conocimiento de los Jueces, Tribunales y el Tribunal Constitucional Plurinacional, estas instancias, se encuentran facultadas para adoptar las medidas necesarias que sean requeridas para el cumplimiento efectivo de las resoluciones, pudiendo asumir las siguientes acciones: i) Requerir la intervención de la fuerza pública; ii) Remitir antecedentes ante la autoridad administrativa en busca de la sanción disciplinaria que corresponda; iii) Imponer multas progresivas a la autoridad o persona individual o colectiva, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que pudieran emerger; y, iv) Remitir antecedentes al Ministerio Público para su procesamiento penal por atentado contra las garantías constitucionales, precisando que la autoridad judicial que no proceda conforme a lo dispuesto estará sujeta a sanción conforme la Norma Suprema y la ley (art. 127 de la CPE). Consecuentemente, tratándose de resoluciones emergentes de procesos constitucionales en las cuales se compulsan denuncias sobre conculcaciones a derechos y garantías constitucionales, su cumplimiento por parte de los demandados debe ser inmediato conforme a la naturaleza de las acciones de defensa; toda vez que, al no efectivizar o materializar dicho cumplimiento se vulnera el derecho al acceso a la justicia y su tutela efectiva conforme prevé el art. 115.I de la CPE, concordante con los arts. 8.1 y 25 de la CADH, y 14.1 del PIDCP. En ese orden, conforme a lo ampliamente desarrollado y en estrecha relación con el art. 9.4 de la CPE, que prevé como uno de los fines y funciones esenciales del Estado: “Garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución”, las autoridades constitucionales (Jueces y Tribunales) al ser parte integrante del Estado como operadores de la justicia constitucional, tienen el deber constitucional y legal de ejercer todas las acciones necesarias destinadas a garantizar la ejecución y cumplimiento inmediato de sus resoluciones en resguardo de los peticionante de tutela que acudieron a la justicia constitucional en busca de tutela, so pena de ser sancionados conforme a la Norma Suprema y disposiciones legales.

III.5. Análisis del caso concreto

La parte accionante denuncia la lesión de su derecho al trabajo e inamovilidad laboral; toda vez que, pese a estar cumpliendo funciones como Asesor Financiero dentro el Concejo Municipal del GAM de Villazon del departamento de Potosí, fue desvinculado de la institución, sin considerar que previo a su retiro puso a conocimiento de la Unidad de Recursos Humanos el estado de gestación de su esposa y el reconocimiento ad-vientre de su hijo; por el cual, aunque solicitó en reiteradas oportunidades al Alcalde y Concejeros Municipales procedan a reincorporarlo a su fuente laboral, los mismos no fueron atendidos.

De los antecedentes que se encuentran descritos en las Conclusiones de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene que por Resolución Municipal 27/2022 de 21 de marzo, el Concejo Municipal de Villazón del departamento de Potosí, designó al ahora impetrante de tutela al cargo de Asesor Financiero por el lapso de ochenta y nueve días; asimismo, mediante Memorándum GAMV 003CMV/2022/RRHH/2022 de 21 de marzo, el Alcalde del GAM de referido municipio y mismo departamento –ahora demandado–, refrendo la designación del citado en el cargo y plazo señalado (Conclusiones II.1 y II.2).

A través de nota 27 de abril de 2022, dirigida al responsable de Recursos Humanos del GAM de Villazón del departamento de Potosí, el ahora peticionante de tutela señaló adjuntar Testimonio de Reconocimiento de Hijo, e inscripción en libro de actas (Conclusión II.3).

Se corrobora que por Resolución Municipal 64/2022 de 27 de mayo, el Presidente y Concejal Secretaria del Concejo Municipal de Villazón del departamento de Potosí, dispusieron abrogar la Resolución Municipal 27/2022; por el cual, se designó al ahora impetrante de tutela como Asesor Financiero; que, a su vez mediante nota CITE/GAMV/OE/003/2022 de 30 de mayo, el ahora demandado puso a conocimiento del ahora accionante el 31 de similar mes y año, que conforme a la Resolución Municipal 64/2022, se abrogó la disposición inicial de su designación de funciones (Conclusiones II.4 y II.5).

Cursa memoriales con fecha de recepción de 1 de junio de 2022, por el cual el ahora impetrante de tutela solicitó tanto al ahora demandado como al Concejo Municipal de Villazón del departamento de Potosí, procedan a reincorporarlo a fuente laboral, en razón de ser padre progenitor (Conclusiones II.6 y II.7). Consta que por memorial recibido el 15 de junio de 2022, el ahora peticionante de tutela reitero al ahora demandado emita respuesta a la nota que presentó el 1 de igual mes y año; además, requirió su reincorporación con goce de haberes (Conclusión II.8). Por cite GAMV/RRHH-RTC/OE/007/2022 de 13 de junio, el responsable de Recursos Humanos del GAM de Villazón del departamento de Potosí, señaló al ahora accionante que previo a emitir respuesta respecto a su reincorporación, demuestre si fuera funcionario de carrera administrativa (Conclusión II.9). A través de memoriales recibidos el 6 de julio de 2022, el ahora impetrante de tutela reitero al ahora demandado como a la Presidenta del Concejo Municipal, emitan respuesta a nota presentada el 1 de junio de igual año; además, solicitó su reincorporación más el goce de haberes (Conclusiones II.10 y II.11).

III.5.1. Consideraciones previas

Corresponde referirse a la concurrencia de la subsidiariedad, que si bien no fue objeto de debate por parte del ahora peticionante de tutela, es imperante que la jurisdicción constitucional aborde todos los elementos con las cuales está revestido la acción de amparo constitucional, como lo es el principio de subsidiariedad; al respecto, la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.1., del presente fallo constitucional, en relación a mujeres embarazadas y padres progenitores con niños menores a un año; señaló que, no es necesario que acuda a la Jefatura Departamental de Trabajo solicitando la conminatoria de reincorporación laboral, sino que puede interponer directamente la acción de amparo constitucional en procura de hacer valer sus derechos y garantías; por lo que, no siendo necesario agotar aquel requisito, al haber presentado la acción de defensa, actuó conforme a derecho; aspecto que, a su vez permite ingresar al análisis de fondo de la problemática identificada.

Así mismo, es menester considerar que de la revisión de obrados, se evidencia que el ahora accionante no denunció como derecho vulnerado el derecho al interés superior del niño, niña y adolescente; empero, este Tribunal tratará o analizará los derechos indicados en apoyo de la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.3., del presente fallo constitucional, el cual señala que el principio iura novit curia; determina que, los Jueces se encuentran vinculados a aplicar las normas jurídicas que correspondan a la solución de determinado conflicto jurídico que se sustancia dentro el proceso establecido por ley, a pesar de que el derecho aplicable al caso concreto no haya sido invocado por las partes del proceso o lo haya sido erróneamente; cuidando que, su aplicación no afecte el principio de congruencia, ya que los Jueces no podrán ir más allá del petitorio, generar indefensión, ni sustentar su fallo en elementos fácticos distintos a los expuestos por las partes. Por lo tanto, los Jueces, en aplicación del principio iura novit curia, en general no deberían dejar de otorgar o resolver alguna pretensión jurídica o de derecho, bajo el sustento o fundamento de que alguna de las partes presentó su exposición de hechos y pretensiones sin el apoyo jurídico que sea aplicable al caso concreto, en otros términos, estas autoridades no deberían omitir o evadir resolver una problemática jurídica en el fondo por la ausencia de cita de normas jurídicas o la cita incorrecta de las mismas.

Así pues, resulta pertinente aclarar que, encontrándose involucrado un menor de edad, el cual se encuentra comprendido dentro de los “grupos de atención prioritaria”, en estricta observancia de lo señalado por la SC 1879/2012 de 12 de octubre, la cual señala que cuando se encuentra implicados la vulneración de derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes, –tal como sucede en el caso en examen– permite prescindir de la subsidiariedad e ingresar al análisis de fondo y resolver la problemática planteada.

Finalmente, es menester tener presente, que si bien el ahora peticionante de tutela a través de su acción de defensa denunció en su totalidad a todos los concejales municipales, al considerar que los mismos atentaron contra sus derechos y garantías constitucionales; sin embargo, de obrados se evidencia que la Resolución 64/2022 (Conclusión II.4) el cual dispuso abrogar la resolución inicial por la cual en su momento se designó al citado en el cargo de Asesor Financiero, solo lleva firma de Armando Gira Calla y Lidia Plaza Daza, respectivamente Presidente y Concejal Secretaria del Concejo Municipal de Villazón del departamento de Potosí, más no de otra autoridad legislativa; en tal razón, los ahora demandados Yolanda Tania Churquina, Edith Colque López, Rubén Choque García, Zenón Pita Peláez y Amalia Ibarra carecerían de legitimación 15 F.J. III.2.1. Prevalencia e interés superior de los derechos del menor como sujeto de especial protección constitucional e internacional. Tanto el Estado Plurinacional de Bolivia como otros Estados, otorgan protección especial a los menores de edad, cuyos derechos fundamentales se hallan insertos en la Ley Fundamental así como en diversos instrumentos internacionales; situación que conlleva el deber de toda autoridad de tomar sus decisiones considerando la situación de los niños, niñas y adolescentes que puedan verse afectados; debiendo en cualquier caso prestar atención al interés superior que merecen al ser sujetos de derechos progresivos. (…). En cuanto a instrumentos internacionales, se tiene la Declaración de los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas de 20 de noviembre de 1959, que en su art. 2, determina que los niños gozarán de una: “...protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensando todo ello por ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño”. El art. 24.I del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), establece el: “…derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a las medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y el Estado”. En igual sentido se encuentran otros instrumentos internacionales que otorgan protección especial a los niños, niñas y adolescentes, tal el caso de la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas de 20 de noviembre de 1989, la Declaración de Ginebra sobre Derechos del Niño y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros. Glosada la normativa constitucional e internacional que demuestra el máximo interés que la legislación ha otorgado a los menores de edad, en prevalencia de sus derechos fundamentales, compele referirse a la jurisprudencia sentada por otros tribunales de justicia constitucional; tal es el caso de la Corte Constitucional de Colombia, que en relación al interés superior del que gozan, a través de su Sentencia T-973/11 de 15 de diciembre de 2011 -entre otros fallos emitidos al respecto- , expresó: “…Bajo la concepción de que los niños, por su falta de madurez física y mental -que les hace especialmente vulnerables e indefensos frente a todo tipo de riesgos-, y por ser quienes representan el futuro de los pueblos, necesitan protección y cuidados especiales, los Estados y en general la comunidad internacional, los han proclamado como sujetos de especial protección por parte de la familia, la sociedad y el Estado, centrado su atención en el propósito de garantizarles un tratamiento preferencial y asegurarles un proceso de formación y desarrollo en condiciones óptimas y adecuadas, acorde al rol de gran trascendencia que están llamados a cumplir en la sociedad. 6.2. Ese especial interés en proporcionarle a los menores un tratamiento preferencial, que implica adoptar ‘una forma de comportamiento determinado, un deber ser, que delimita la actuación tanto estatal como particular en las materias que los involucran’, encuentra particular sustento en los distintos instrumentos o convenios internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia…” (…)De todo lo relacionado se concluye que, los niños, niñas y adolescentes son un grupo de vulnerabilidad que tienen amparo privilegiado por parte del Estado, traducido en un tratamiento jurídico proteccionista en relación a sus derechos fundamentales y garantías constitucionales; a objeto de resguardarlos de manera especial garantizando su desarrollo físico, mental, moral, espiritual, emocional y social en condiciones de libertad, respeto, dignidad, equidad y justicia. Siendo imprescindible resaltar que tal circunstancia de prevalencia concedida no sólo por consagración constitucional sino por expreso reconocimiento de diversas disposiciones de derecho internacional, obliga a que todas las decisiones que deban tomar las autoridades en conocimiento de situaciones que puedan afectar los intereses del niño, sean asumidas velando por su interés superior; cumpliendo de esa manera la protección constitucional a la que están compelidos en su favor la familia, la sociedad y el Estado…”.

pasiva, ya que no fueron quienes suscribieron el acto central que ahora es objeto de cuestionamiento.

Por otra parte cabe aclarar que, si la disposición abrogatoria fue considerada en sesión ordinaria, resultaba obligación de todas las autoridades intervinientes suscribir la citada Resolución 64/2022, extremo que no concurre en el presente caso; por tal razón, el análisis de la causa solo se centrara en participación del Presidente y Concejal Secretaria del señalado órgano legislativo, el cual se desarrollara en el siguiente punto. En ese contexto, ingresando a desarrollar el problema jurídico identificado, el análisis se centrara en lo relativo a la inamovilidad laboral del padre progenitor; correspondiendo, iniciar con su análisis.

III.5.1.1. Respecto a los derechos al trabajo, estabilidad laboral de padres progenitores e inamovilidad laboral

En ese entendido, de la revisión de antecedentes, particularmente de los Memorándums de designación y de desvinculación, se advierte que el ahora impetrante de tutela fue servidor público de libre nombramiento; respecto a los cuales la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.2., de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, estableció que tratándose de servidores públicos progenitores de libre nombramiento, por constituirse los mismos en cargos de confianza, la inamovilidad laboral debe ser entendida como “estabilidad laboral” hasta que el cumplimiento de un año de edad de la hija o hijo, que -a diferencia de la inamovilidad- implica la posibilidad que pueden ser movidos o reincorporados a otro cargo sin que se afecte su nivel salarial; al efecto, señala que se garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en etapa de gestación y de los progenitores desde la concepción de la niña o niño hasta que el mismo cumpla un año de edad.

En ese marco, conforme lo descrito, se establece que el Alcalde ahora demandado por nota CITE/GAMV/OE/003/2022 de 30 de mayo, dispuso desvincular laboralmente al ahora accionante del cargo de Asesor Financiero, usando como base lo dispuesto en la Resolución 64/2022 emitida por el Presidente y Concejal Secretaria del Concejo Municipal de Villazón del departamento de Potosí; por el cual, ambas autoridades legislativas resolvieron dejar de contar con los servicios del citado abrogando la Resolución inicial de designación de funciones, sin considerar que durante el ejercicio de sus funciones, el 27 de abril de 2022 puso a conocimiento de Recursos Humanos de la entidad municipal, el estado de gestación de su esposa, adjuntando para ello Testimonio de reconocimiento ad-vientre (Conclusión II.3); asimismo, conforme a las documentales arrimadas a la causa, se tiene el certificado de nacimiento de su hijo, por el cual se verifica que el mismo nació el 23 de mayo de 2022 (fs. 10); por lo que, en mérito al art. 48.IV del a CPE y la referida jurisprudencia descrita precedentemente, el ahora impetrante de tutela gozaba del derecho a la inamovilidad laboral “estabilidad laboral” por ser padre progenitor; y, por consiguiente ante la comunicación realizada a la entidad ahora demandada respecto al estado de embarazo que tenía su esposa y el reconocimiento en vientre de su hijo, correspondía que dichos aspectos sean tomados en cuenta por parte de los ahora demandados en resguardo, primero del ser en gestación, y segundo velando por el interés superior de la niño menor de un año; contexto y realidad que, lacera los argumentos vertidos por los representantes legales de la Alcaldía y Concejo Municipal, respecto a que el mismo no aviso con anticipación y en su debido momento sobre su situación, y que por ello no les era atribuible cualquier tipo de responsabilidad. Ante ese aspecto, se debe hacer las siguientes aclaraciones: a) La acción de amparo constitucional, fue interpuesta el 2 de agosto de 2022 (fs. 26 a 31); después de varias notas previas dirigidas al Alcalde como a los Concejeros Municipales de Villazón del departamento Conforme a fs. 10 de obrados, el hijo del ahora peticionante de tutela nació el 23 de mayo de 2022; b) La desvinculación laboral fue efectivizada el 31 de mayo de 2022 a través de la nota CITE/GAMV/OE/ 003/2022; y, c) La acción de amparo constitucional, fue interpuesta el 2 de agosto de 2022 (fs. 26 a 31); después de varias notas previas dirigidas al Alcalde como a los Consejeros Municipales de Villazon del departamento de Potosí, bajo el epígrafe “SOLICITUD DE REINCORPORACIÓN LABORAL” (sic [Conclusiones II.6, II.7, II.8, II.19 y II.11]).

En ese orden de ideas, cabe establecer que si bien la inamovilidad -estabilidad laboral- se lo otorga al padre o madre progenitores; empero, el espíritu de dicho derecho va en favor de la vida, salud y alimentación del nuevo ser; no siendo razón suficiente lo vertido por la parte demandada, por cuando los derechos del niño, de la madre y el progenitor de un niño menor a un año, conforme a la aludida jurisprudencia están protegidos desde su concepción. Así también, la argumentación por parte de los ahora demandados de que al no haber reclamado el ahora accionante ante la administración de la institución en su debido momento, o haber puesto a conocimiento sobre su situación oportunamente, recaería en improcedencia de la acción de amparo constitucional, la misma no puede ser tomada en cuenta; puesto que, conforme se estableció de antecedentes, mediante nota de 27 de abril de 2022 (Conclusión II.3), la Alcaldía a través de la Unidad de Recursos Humanos asumió conocimiento del estado de embarazo de la esposa del ahora peticionante de tutela; por lo que, no correspondía al mismo reclamar dicho extremo a la entidad, al tener conocimiento pleno de los antecedentes, y por consiguiente era obligación del GAM de Villazón del departamento de Potosí procurar cumplir con las normas constitucionales y legales en favor del ahora impetrante de tutela, correspondiendo en consecuencia conceder la tutela solicitada.

III.5.1.2. Respecto a la solicitud del pago de los sueldos devengados y vacaciones

Tras haber sido concedido el derecho a la inamovilidad laboral -estabilidad laboral- por su condición de padre progenitor como funcionario público de libre nombramiento, y que no fue desvirtuado por la parte demandada sobre el pago de sus sueldos devengados a los que tuviera derecho el ahora accionante, corresponde que en ejecución de sentencia se proceda a la cancelación de sueldos devengados desde el momento de su desvinculación hasta el momento de su reincorporación (si es que se hubiera realizado); o, en su caso hasta que su hijo hubiera cumplido el año de edad, correspondiendo conceder la tutela solicitada.

III.5.1.3. Respecto al cumplimiento del fallo constitucional

Finalmente, en el marco de lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.4., de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, las resoluciones asumidas dentro de las acciones constitucionales conforme al art. 203 de la CPE y arts. 16 y 17 del CPCo, son de cumplimiento obligatorio por las partes procesales y ejecución inmediata; lo cual, conlleva a que en el caso presente, la parte demandada Alcalde y Concejeros Municipales (Presidente y Concejal Secretaria), están impelidos a dar cumplimiento total, efectivo, cabal e inmediato a lo dispuesto por esta instancia constitucional, so pena de ser inclusive sancionado por el Tribunal de garantías, conforme dispone el indicado art. 17 del CPCo, que con la finalidad de garantizar el cumplimiento podrá efectuar las siguientes acciones: 1) Requerir la intervención de la fuerza pública; 2) Remitir antecedentes ante la autoridad administrativa en busca de la sanción disciplinaria que corresponda; 3) Imponer multas progresivas a la autoridad o persona individual o colectiva, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que pudieran emerger; y, finalmente; 4) Remitir antecedentes al Ministerio Público para su procesamiento penal por atentado contra las garantías constitucionales, precisando que la autoridad judicial que no proceda conforme a lo dispuesto estará sujeta a sanción conforme la Norma Suprema y la ley conforme determina el art. 127 de la CPE ; consecuentemente, en el caso de un supuesto incumplimiento por parte de los demandados, el Tribunal o Juez constitucional debe activar las medidas requeridas; máxime, cuando en el caso presente la decisión asumida otorga la tutela sobre los derechos a la estabilidad laboral, e interés superior del menor que afectan directamente a la familia del ahora peticionante de tutela, etc.

III.6. Otras consideraciones.

Resuelto como se encuentra el caso remitido en revisión; y, tomando en cuenta que, el 30 de septiembre de 2022, se promulgó la Ley de Procedimiento Especial para la Restitución de Derechos Laborales –Ley 1468 de 30 de septiembre de 2022–, el cual abroga el Decreto Supremo (DS) 0495 de 1 de mayo de 2010, y deroga los parágrafos III, IV y V del art. 10, y art. 13 del DS 28699 de 1 de mayo de 2006. Incumbe aclarar que, la Ley 1468 no fue considerada en razón a que los hechos suscitados en este caso, resultan anteriores a la entrada en vigencia de dicha Ley. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder en parte la tutela solicitada, obró de manera parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud, de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 01/2022 de 5 de agosto, cursante de fs. 620 a 626 vta., pronunciado por el Juez Público Civil y Comercial Segundo de Villazón del departamento de Potosí; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela impetrada en su totalidad, respecto al derecho a la estabilidad laboral, intrínsecamente relacionado a la inamovilidad e interés superior del niño, niña y adolescente, conforme a los Fundamentos Jurídicos desarrollados en el presente fallo constitucional.

1.1. Disponer que el Alcalde del GAM de Villazón del departamento de Potosí, proceda a la cancelación de sueldos devengados y demás derechos sociales adquiridos de la parte impetrante de tutela; aclarando que, no corresponde su reincorporación en virtud de haberse constatado que a la tramitación de la presente causa en sede del Tribunal Constitucional Plurinacional, el menor de edad cumplió el año de vida el 23 de mayo de 2023 (fs.10), siendo inviable su inamovilidad laboral. CORESPONDE A LA SCP 1121/2023-S1 (viene de la pág. 27). 2º DENEGAR la tutela solicitada en relación a Yolanda Tania Churquina, Edith Colque López, Rubén Choque García, Zenón Pita Peláez y Amalia Ibarra, por carecer de legitimación pasiva según lo señalado en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que la Magistrada MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo es de Voto Aclaratorio.

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Notas al pie

derecho a la vida y a la salud de la madre y el menor materializadas con la garantía de contar con una fuente de trabajo”.

9 Razonamiento, que fue asumido por la Corte Constitucional de Colombia, mediante su Sentencia T-146/10 de 4 de marzo, en el siguiente sentido: “9. El principio iura novit curia es un principio que rige el proceso de acción de tutela así no se invoque y, la falta de un recurso a la sentencia condenatoria de los congresistas no viola el derecho de toda persona a recurrir la sentencia condenatoria que se le imponga ante el juez o tribunal superior. 9.1. El principio general del derecho iura novit curia, que significa 'el juez conoce el derecho', es una de las columnas vertebrales de la acción de tutela. En la medida que la tutela es un recurso judicial informal que puede ser interpuesto por personas que desconocen el derecho, es deber del juez de tutela, en principio, analizar el caso más allá de lo alegado por el accionante. La manera como se ha entendido y reiterado el principio iura novit curia en la jurisprudencia interamericana de derechos humanos, es que en virtud de éste, «el juzgador posee la facultad e inclusive el deber de aplicar las disposiciones jurídicas pertinentes en una causa, aún cuando las partes no las invoquen expresamente…” (las negrillas son nuestras).

10 Entendimiento que fue reiterado entre otras por la SCP 1126/2019-S2 de 18 de diciembre.

14 Constitución Política del Estado “Artículo 127. I. Los servidores públicos o personas particulares que resistan las decisiones judiciales en los casos previstos por esta acción, serán remitidos por orden de la autoridad que conoció de la acción ante el Ministerio Público para su procesamiento penal por atentado contra las garantías constitucionales. II. La autoridad judicial que no proceda conforme con lo dispuesto por este artículo quedará sujeta a sanción, de acuerdo con la Constitución y la ley”.

16 La legitimación pasiva es la calidad que se adquiere por la coincidencia que se da entre la autoridad que causó la violación a los derechos y aquélla contra quien se dirige la acción; empero, debe entenderse que la demanda debe estar dirigida contra la “autoridad” que ostente el cargo desde el cual se realizó el acto ilegal o se incurrió en la omisión indebida, sin que ello implique que, en caso de existir responsabilidades personalísimas, como la penal, el funcionario que haya accedido al cargo con posterioridad al acto lesivo de derechos, tenga que asumir las consecuencias únicamente por encontrarse en funciones al momento de iniciarse la demanda y porque ésta haya sido dirigida en su contra

17 Constitución Política del Estado “Artículo 127. I. Los servidores públicos o personas particulares que resistan las decisiones judiciales en los casos previstos por esta acción, serán remitidos por orden de la autoridad que conoció de la acción ante el Ministerio Público para su procesamiento penal por atentado contra las garantías constitucionales. II. La autoridad judicial que no proceda conforme con lo dispuesto por este artículo quedará sujeta a sanción, de acuerdo con la Constitución y la ley”.

Más sobre Acción de amparo — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1121_2023-S1.pdf · páginas 1 a 29.

Huella digital del PDF (SHA-256): 39d07ac64db9b4195f17d54925708cec5516e20c321e4318d6a3434700b94cc0

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