Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera Especializada · 9 de julio de 2026
Concede la tutela
El accionante, denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación y congruencia; puesto que, los Vocales ahora accionados emitieron el Auto de Vista de 8 de noviembre de 2021; por el que, confirmaron el rechazo emitido por la Jueza de causa, respecto del pedido de resarcimiento de daños y perjuicios por haberse impuesto medida cautelar de anotación preventiva sobre un bien inmueble de su propiedad; decisión de segunda instancia que, fue asumida sin tomar en cuenta que no pudo plantear a dicho efecto, incidente con la prueba y argumentos correspondientes; y, sin realizar valoración integra de los antecedentes del caso concreto. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) La fundamentación, motivación y congruencia de las resoluciones como componentes del debido proceso y su relevancia constitucional. Jurisprudencia reiterada; y, b) El análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución RAC-SCIII 91/2023 de 14 de agosto, cursante de fs. 108 a 113, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, dejando sin efecto el Auto de Vista de 8 de noviembre de 2021, debiendo los Vocales de la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, a emitir uno nuevo, dentro del plazo de setenta y dos horas, a partir de la notificación, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1120/2026-SI Sucre, 9 de julio de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional Expediente: 57797-2023-116-AAC Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución RAC-SCIII 91/2023 de 14 de agosto, cursante de fs. 108 a 113, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Hernán Saúl Gonzáles Guzmán contra Janeth Rivas Solís y Juan Edgar Balderrama Balderrama, Vocales de la Sala Civil Primera y Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.
El accionante, por memoriales presentados el 13 y 21 de julio de 2023, cursante de fs. 36 a 41; y, 46 a 48, manifestó lo siguiente:
En el fenecido proceso ordinario de cumplimiento de obligación, lucro cesante y daño emergente, seguido por Orietta Angulo Torrico de Pereyra en representación de “Quimbol Lever” Sociedad Anónima (S.A.) -hoy tercera interesada-, -ahora denominada Unilever Andina Boliviana- en su contra como representante y dueño de la empresa unipersonal “‘Comercial Bruno”’ , “...la cual asumió defensa en fecha 21 de junio del año 2000, (es decir hace más de 23 años), en ese entonces y hasta la fecha todas las acciones legales fueron realizadas en contra del Sr. Hernan Saul Gonzales Guzman (...) inclusive el juez que tramitó la causa en ningún momento ha solicitado al accionante que acompañe un poder actualizado o certificación de que la empresa en cuestión ya no existe, aspecto que tampoco fue cuestionado por las instancias superiores..." (sic), se emitió Sentencia de 21 de junio de 2004; por la cual, el entonces Juez de Partido Civil y Comercial Cuarto de la Capital del departamento de Cochabamba, declaró probada en parte la referida demanda e improbadas sus excepciones perentorias de ilegalidad, falta de acción y de derecho; y, falsedad, decisión revocada por Auto de Vista de 28 de agosto de 2009, expedida por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia del referido departamento, que declaró improbada la demanda y probadas las indicadas excepciones; y finalmente, el Auto Supremo 337 de 15 de agosto de 2014, emitido por la Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, declaró infundado el recurso de casación deducido por la ahora tercera interesada. Conforme a los antecedentes mencionados, en ejecución de fallos, “...se ha realizado la anotación preventiva de un bien inmueble de propiedad del accionante Sr. Hernan Saul Gonzales Guzman y no así de los bienes de Comercial Bruno” (sic); por ello, inició acciones legales incidentales tendientes a demostrar la existencia de daños y perjuicios en razón de la imposición de tal medida cautelar en su contra; sin embargo, la actual Jueza Pública Civil y Comercial Cuarta de la Capital del departamento de Cochabamba, a través de Auto Interlocutorio de 25 de septiembre de 2020, rechazó tal solicitud, a tiempo de ordenar la cancelación de la mencionada anotación preventiva que pesaba sobre el bien inmueble registrado en la Oficina de Derechos Reales (DD. RR.) bajo la matrícula computarizada 3.01.1.99.0000355. El rechazo a la solicitud de resarcimiento de daños y perjuicios, formuló recurso de apelación, que mereció el Auto de Vista de 8 de noviembre de 2021; por el cual, la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, confirmó la resolución apelada, sin tomar en cuenta que no pudo plantear antes incidente con la prueba y argumentos correspondientes ni realizar valoración integra de los antecedentes del caso concreto.
El accionante, denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación y congruencia; sin citar de norma constitucional alguna.
Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga que: a) se deje sin efecto el Auto de Vista de 8 de noviembre de 2021, emitido por los Vocales ahora accionados; y, b) La nulidad del Auto Interlocutorio de 25 de septiembre de 2020.
Celebrada la audiencia virtual el 14 de agosto de 2023, conforme consta en el acta cursante de fs. 105 a 107 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, a través de su abogado, en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional, y ampliándolo, manifestó que: “Otro aspecto de relevancia que omiten indicar es el hecho de que el daño y perjuicio deriva de la anotación preventiva sobre un bien inmueble de una persona natural, cuando el proceso fue entre personas jurídicas, la empresa Unilever en su memorial de 2 de agosto solo hace una interpretación subjetiva citando normativa de naturaleza impositiva que nada tiene que ver con las pretensiones del proceso ordinario, en tal sentido, se debe realizar una interpretación extensiva en favor de los grupos vulnerables…” (sic).
Janeth Rivas Solís y Juan Edgar Balderrama Balderrama, Vocales de la Sala Civil Primera y Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante informe presentado el 3 de agosto de 2023, cursante de fs. 94 a 96 vta., manifestaron que: 1) En relación a que el Auto de Vista de 8 de noviembre de 2021, no tomó en cuenta lo expresado por el accionante en sentido que una vez cancelada la anotación preventiva, acompañaría la prueba pertinente en la vía incidental para acreditar los daños y perjuicios que le ocasionó al accionante, corresponde señalar que al verificar este Tribunal que por Auto de 22 de marzo del 2022, el Juez de la causa “...había declarado la caducidad de la anotación preventiva solicitada por los demandantes y ordenado otra sólo respecto al 50% de acciones y derechos del demandado, sin que esta última hubiera sido formalizada, concluyó que el recurrente no puede demandar el pago de daños y perjuicios ocasionados por una anotación preventiva que al haber caducado se extinguió de pleno derecho , dejando de tener eficacia jurídica, por lo que el argumento del recurrente de que acompañaría prueba en forma posterior a la cancelación de la anotación preventiva, ciertamente, no podía ser considerado...” (sic); y, 2) El referido Auto de Vista, se encuentra debidamente fundamentado y motivado al citar los preceptos legales en que apoya la determinación asumida, así como los razonamientos lógicos jurídicos y las razones por las cuales este Tribunal de alzada asumió la determinación de confirmar la resolución apelada.
Orietta Ángulo Torrico de Pereyra, representante de la empresa "Unilever Andina Bolivia" S.A., por memorial presentado el 2 de agosto de 2023, cursante de fs. 84 a 91 vta., manifestó que: i) La desestimación de la demanda, no siempre acarrea responsabilidad indemnizatoria para quien solicitó la aplicación de una medida cautelar; así como, por el tiempo transcurrido; ya que, este aspecto debe ser demostrado, como la norma exige; puesto que, para emitir una cancelación con condenación de daños y perjuicios, resulta necesaria la exigencia de la prueba del nexo causal, de modo que la ausencia o insuficiencia de la misma provoca la desestimación de la pretensión indemnizatoria; siendo que, no toda indemnización reclamada deviene en procedente; ya que, es preciso probar precisamente la existencia del daño reclamado, la relación de causalidad y el factor atributivo de responsabilidad; ii) Para que la condenación en daños y perjuicios sea aplicable, es preciso acreditar que el demandado se hubiera excedido en la solicitud de anotación preventiva, hubiera abusado del derecho u obrado excediendo los límites impuestos por la buena fe; por cuanto, el ordenamiento legal al respecto adopta la doctrina subjetiva de la responsabilidad, que conlleva a la no admisión automática de la reparación, en función de lo cual, quién hubiese obtenido la medida será responsable de los perjuicios que irrogare tal medida, en tanto se demuestre la culpa o dolo de dicha parte que hubiese derivado en un daño injusto, a la que se debe añadir la negligencia del agente, los cuales deben ser demostrados; y, iii) Las Leyes no pueden interpretarse aisladamente; por ello, normas atinentes a la responsabilidad civil deben ser interpretadas de forma conjunta para así poder establecer la existencia o no de los daños y perjuicios.
La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante Resolución RAC-SCIII 91/2023 de 14 de agosto, cursante de fs. 108 a 113, denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: a) La fundamentación y motivación de toda resolución, como elemento del debido proceso, es un deber que debe ser cumplido por los Jueces y Tribunales, “...de una lectura del Auto de Vista de 08 de noviembre de 2021, emitida por las autoridades ahora recurridas Dra. Janeth Rivas Solis y el Dr. Edgar Balderrama Balderrama, la parte accionante, indica que se vulnero su derecho al debido proceso en su elemento de coherencia, motivación y fundamentación, así se tiene que la resolución mencionada, en el CONSIDERANDO II (Análisis del caso concreto), en primera instancia señala los agravios relativos dentro la solicitud de cancelación de anotación preventiva, para luego realizar la fundamentación en derecho, y señalar los motivos para CONFIRMAR el auto de 25 de septiembre de 2020...” (sic); y, b) El indicado Auto de Vista, tiene una secuencia y estructura, expresando los motivos por los que confirmó la Resolución apelada; además que, como establece la jurisprudencia constitucional una resolución no necesariamente implica que sea ampulosa, sino que debe ser concisa clara, además se exige que exista una correspondencia y concordancia entre la parte motivada y la parte dispositiva de un fallo, debiéndose expresar las convicciones determinativas que la justifiquen razonablemente, en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas, como establecen las Sentencias Constitucionales 2023/2010-R de 9 de noviembre, reiterada por la SC 1054/2011-R de 1 de julio, “...por lo que no se verifica que la resolución hoy impugnada a través del presente Amparo Constitucional no traduzca las razones o motivos por las cuales se tomaron aquellas determinaciones…” (sic). En vía de aclaración, complementación y enmienda, el accionante a través de su abogado por del memorial presentado de 23 de agosto de 2023, cursante de fs. 123 y vta., solicitó a la Sala Constitucional aclaración del por qué no se aplicó en el caso concreto y a momento de resolver la acción tutelar, los criterios sobre la perspectiva relacionada con los grupos vulnerables pertenecientes a una persona adulta mayor. En mérito a esa solicitud la Sala Constitucional, por Auto de 24 de agosto de 2023, cursantes a fs. 124 y vta.; señaló que, argumentó que tal aclaración no puede darse sin entrar al fondo de lo resuelto o dispuesto; sin embargo, refirieron que al no acreditar daño inminente e irreparable, no es posible dar razón a tal perspectiva relacionada con los grupos vulnerables.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Asimismo, por Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución a Comisión de admisión los expedientes sorteados a los Magistrados cesados que se encontraban pendientes de resolución, a efecto de que se realice nuevo sorteo, con la finalidad de que los actuales Magistrados asuman conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas; por lo que, la presente sentencia constitucional plurinacional emitida dentro de término legal establecido Mediante decreto constitucional de 27 de abril de 2026, cursante a fs. 146, se dispuso la suspensión de plazo para la emisión de la correspondiente resolución a efectos de recabar documentación complementaria, reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el decreto constitucional de 8 de julio del citado año, cursante a fs. 150; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del término legal.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Sentencia de 21 de junio de 2004; emitida por el Juez de Partido Cuarto en lo Civil de la Capital del departamento de Cochabamba; por el cual, declaró probada en parte la de cumplimiento de obligación, lucro cesante y daño emergente, formulada por Orietta Ángulo Torrico de Pereyra -ahora tercera interesada- en representación de "Quimbol Lever" S.A. e improbadas las excepciones perentorias de ilegalidad, falta de acción y de derecho; y, falsedad, deducidas por Hernán Saúl Gonzales Guzmán -hoy accionante-, decisión revocada por Auto de Vista de 28 de agosto de 2009, expedido por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia del indicado departamento, que declaró improbada la demanda y probadas las indicadas excepciones; y, el Auto Supremo 337 de 15 de agosto de 2014, dictado por la Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, que declaró infundado el recurso de casación deducido por la citada tercera interesada (fs. 3 a 14.).
II.2. Constan memoriales presentados el 11 y 25 de agosto de 2017, ante el Juez Publico Civil y Comercial Cuarto de la Capital departamento de Cochabamba, mediante los cuales el accionante solicitó el levantamiento de medida cautelar de anotación preventiva y la calificación del monto por resarcimiento de daños y perjuicios emergentes de la aplicación de la misma (fs. 16 a 17 vta. y 19 a 20 vta.). II.3. Por Auto Interlocutorio de 25 de septiembre de 2020, emitido por Nancy Blanco Fernández, Jueza Pública Civil y Comercial Cuarto de la Capital del departamento de Cochabamba, en el que se rechazó la solicitud de calificación del monto por resarcimiento de daños y perjuicios anteriormente referida; asimismo, ordenó la cancelación de la mencionada anotación preventiva que pesaba sobre el bien inmueble registrado en la Oficina de DD.RR. bajo la matrícula computarizada 3.01.1.99.0000355 (fs. 73 a 77). II.4. Mediante memorial presentado el 15 de octubre de 2020, ante el Juez Publico Civil y Comercial Cuarto de la Capital del departamento de Cochabamba; por el que, el accionante presentó recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio de 25 de septiembre de 2020, con base en la siguiente fundamentación: 1) Como emergencia del presente proceso ordinario, se efectivizó medida cautelar consistente en la anotación preventiva solicitada y dispuesta mediante “...orden judicial de 9 de enero de 1999 registrada en el inmueble con matricula 3.01.1.99.0000355, asiento B-3 de fecha 12/01/1999, acreditada mediante documentales cursantes a fs. 53, 54 y 55 de obrados, la misma que ha causado a mi persona una serie de daños y perjuicios, superiores a los Bs. 1.270.737, 90 Bs, que fueron precautelados con esta medida cautelar GRAVOSA Y EXCESIVA dispuesta por V. Despacho y la cual se solicito sea levantada en reiteradas oportunidades por esta parte sin darse lugar a tal levantamiento…” (sic); y, 2) La parte adversa, se opuso sistemáticamente a dichas solicitudes, lo cual como se dijo generó daños y perjuicios por encima del monto resguardado
“...ya que fruto de esta medida cautelar el Banco con el que mi persona tenía créditos bancarios ha iniciado la acción de cobro para precautelar su derecho, habiendo incluso precipitado la subasta y remate de este bien inmueble, mismo que debido al inicio de este proceso al presente se halla en litigio ante el juzgado publico civil N° 12 de esta capital...” (sic [fs. 30 a 31]). II.5. A través de Auto de Vista de 8 de noviembre de 2021, Janeth Rivas Solís y Edgar Balderrama Balderrama, Vocales de la Sala Civil Primera y Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, -ahora accionados- confirmaron el Auto Interlocutorio de 25 de septiembre de 2020, con base a las siguientes fundamentos: i) La condena al pago de daños y perjuicios, es procedente únicamente cuando el accionante a momento de formular su pretensión demuestre con documentación idónea, la existencia de los mismos; a fin de que, la autoridad judicial de primera instancia en el caso concreto, eventualmente en la misma Resolución de cancelación de la medida cautelar disponga su pago; ii) Se advierte que, el nombrado a momento de formular su pretensión, no respaldó ni demostró con prueba alguna, de qué manera la anotación preventiva impuesta sobre el bien inmueble registrado en la Oficina de DD.RR. bajo la matrícula computarizada 3.01.1.99.0000355, “…en el Asiento B-3 en fecha 09 de enero de 1999…” (sic), le habría ocasionado daños y perjuicios en la suma de dinero reclamada; por el contrario, de la lectura del Auto Interlocutorio de 22 de marzo del 2002, se advierte que la misma cuya cancelación fue ordenada en la resolución apelada, así como su prórroga inscrita en el “asiento B-6 en fecha 29 de enero del 2001" (sic), hubiesen caducado, “...habiéndose ordenado una nueva anotación preventiva por providencia de 01 de Febrero del 2002, sólo sobre el 50%, de acciones y derechos que le corresponden al demandado en el bien inmueble motivo del presente juicio , sin que conste en antecedentes que la misma hubiera sido formalizada pues de la revisión del folio real que corre a fs, 132, no se advierte su registro” (sic); y, iii) Si bien la resolución citada resulta contradictoria, por cuanto en la parte considerativa concluye que la anotación preventiva caducó, “... por lo que sólo correspondía efectuar una nueva anotación preventiva, empero en la parte resolutiva rechaza la solicitud de cancelación efectuada por el demandado; no es menos evidente que no consta en antecedentes que el apelante hubiera hecho uso de los medios legales para lograr enmendar el referido error en el que incurrió el juez de la causa, permitiendo su ejecutoria; por lo que no puede demandar el pago de daños y perjuicios ocasionados por una anotación preventiva que al haber caducado se extinguió, dejando de tener eficacia jurídica” (sic [fs. 82 a 83 vta.]).
El accionante, denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación y congruencia; puesto que, los Vocales ahora accionados emitieron el Auto de Vista de 8 de noviembre de 2021; por el que, confirmaron el rechazo emitido por la Jueza de causa, respecto del pedido de resarcimiento de daños y perjuicios por haberse impuesto medida cautelar de anotación preventiva sobre un bien inmueble de su propiedad; decisión de segunda instancia que, fue asumida sin tomar en cuenta que no pudo plantear a dicho efecto, incidente con la prueba y argumentos correspondientes; y, sin realizar valoración integra de los antecedentes del caso concreto. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) La fundamentación, motivación y congruencia de las resoluciones como componentes del debido proceso y su relevancia constitucional. Jurisprudencia reiterada; y, b) El análisis del caso concreto.
la SCP 0450/2012 de 29 de junio, sobre los elementos constitutivos del debido proceso, individuales en su vigencia, en algunos casos, e interdependientes entre sí, en otros, luego de puntualizar la línea jurisprudencial establece: "La jurisprudencia señaló que el debido proceso es de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales, jurisdiccionales y administrativas, y constituye una garantía de legalidad procesal prevista por el constituyente para proteger la libertad, la seguridad jurídica y la fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales o administrativas. Abarca un conjunto de derechos y garantías mínimas que garantizan el diseño de los procedimientos judiciales y administrativos, entre sus elementos se encuentra la fundamentación y motivación de las resoluciones, a las que toda autoridad a cargo de un proceso estaría obligada a cumplir, no solamente a efectos de resolver el caso sometido a su conocimiento, sino exponiendo de manera suficiente, las razones que llevaron a tomar cierta decisión, así como las disposiciones legales que sustentan la misma, es decir, debe llevar al convencimiento que se hizo justicia, tanto a las parte, abogados, acusadores y defensores, así como a la opinión pública en general; de lo contrario, no sólo se suprimiría una parte estructural de la resolución sino impediría que las partes del proceso conozcan los motivos que llevaron a dicha autoridad a asumir una determinación, lo que no implica que dicha motivación contenga una exposición ampulosa y sobrecargada de consideraciones y citas legales, basta con que esta sea concisa pero clara y satisfaga todos los aspectos demandados. El tratadista mexicano Javier Alba Muñoz indicó que el debido proceso debemos entenderlo como: '...el razonamiento mediante el cual se da la explicación lógicamente razonable del porqué el acto de autoridad tiene su apoyo en la disposición legal...’ (ALBA MUÑOZ, Javier, Contrapunto Penal, cárdenas Editor y Distribuidor, México, 1998, p. 7)” (las negrillas nos corresponden).
La SCP 0712/2015-S3 de 3 de julio por su parte, a tiempo de establecer la diferenciación existente entre fundamentación y motivación como elementos del debido proceso, señala que: “...la fundamentación consiste en la justificación normativa de la decisión judicial, y la motivación es la manifestación de los razonamientos que llevaron a la autoridad a la conclusión de que el acto concreto que se trate, se encuentra, por una parte probado, lo que supone que la autoridad judicial debe explicar las razones por las cuales considera que la premisa fáctica se encuentra probada, poniendo de manifiesto la valoración de la prueba efectuada, y por otra explicando por que el caso encuadra en la hipótesis prevista en el precepto legal -contexto de justificación-. Por consiguiente, no basta que en el derecho positivo exista un precepto que pueda sustentar el acto de la autoridad, ni un motivo para que esta actúe en consecuencia, sino que es indispensable que se hagan saber al afectado los fundamentos y motivos del procedimiento respectivo, ya que solo así estará en aptitud de defenderse como estime pertinente; de esta forma, se entiende que la fundamentación debe ser especifica al caso de que se trate y la motivación explicita”.
La SC 0486/2010-R de 5 de julio, así también, respecto a la congruencia como parte del debido proceso, entendió dicho principio en sus elementos interna y externa como el “...principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes” (las negrillas son nuestras).
La SCP 0005/2019-S2 de 19 de febrero, por su parte a tiempo de considerar los entendimientos asumidos por la jurisprudencia con relación a esos elementos del debido proceso, complementó los mismos con un razonamiento central refiriéndose a la relevancia constitucional, como efecto del análisis de verificación de los mismos; así al respecto establece que: “Ahora bien, la jurisprudencia-precedentemente citada debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva Resolución con el mismo resultado; consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aún carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela por carecer de relevancia constitucional. Con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna”.
El accionante, denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación y congruencia; puesto que, los Vocales ahora accionados emitieron el Auto de Vista de 8 de noviembre de 2021; por el que, confirmaron el rechazo emitido por la Jueza de causa, respecto del pedido de resarcimiento de daños y perjuicios por haberse impuesto medida cautelar de anotación preventiva sobre un bien inmueble de su propiedad; decisión de segunda instancia que, fue asumida sin tomar en cuenta que no pudo plantear a dicho efecto, incidente con la prueba y argumentos correspondientes; y, sin realizar valoración integra de los antecedentes del caso concreto.
A efectos de ingresar al análisis de la problemática planteada en la presente acción de defensa, de la revisión de los antecedentes se tiene la Sentencia de 21 de junio de 2004; por la cual, el Juez de Partido Cuarto en lo Civil de la Capital departamento de Cochabamba, declaró probada en parte la demanda de cumplimiento de obligación, lucro cesante y daño emergente, formulada por la ahora tercera interesada en representación “Quimbol Lever” S.A. e improbadas las excepciones perentorias de ilegalidad, falta de acción y de derecho;
y, falsedad, deducidas por el accionante, decisión revocada por Auto de Vista de 28 de agosto de 2009, expedida por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia del indicado departamento, que declaró improbada la demanda y probadas las indicadas excepciones; y, el Auto Supremo 337 de 15 de agosto de 2014, dictado por la Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, declaró infundado el recurso de casación deducido por la hoy tercera interesada (Conclusión II.1.).
Posteriormente, memoriales presentados el 11 y 25 de agosto de 2017, ante el Juez Publico Civil y Comercial Cuarto de la Capital departamento de Cochabamba, mediante los cuales el accionante solicitó el levantamiento de medida cautelar de anotación preventiva y la calificación del monto por resarcimiento de daños y perjuicios emergentes de la aplicación de la misma (Conclusión II.2.); en cuyo efecto, por Auto Interlocutorio de 25 de septiembre de 2020, emitido por la Jueza Pública Civil y Comercial del departamento de Cochabamba, en el que se rechazó la solicitud de calificación del monto por resarcimiento de daños y perjuicios anteriormente referida; asimismo, ordenó la cancelación de la mencionada anotación preventiva que pesaba sobre el bien inmueble registrado en la Oficina de DD.RR. bajo la matrícula computarizada 3.01.1.99.0000355 (Conclusión II.3.).
Por memorial presentado el 15 de octubre de 2020, el accionante presentó recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio de 25 de septiembre de 2020, bajo los siguiente fundamentos: 1) Como emergencia del proceso ordinario, se efectivizó medida cautelar consistente en la anotación preventiva solicitada y dispuesta mediante “...orden judicial de 9 de enero de 1999 registrada en el inmueble con matricula 3.01.1.99.0000355, asiento B-3 de fecha 12/01/1999, acreditada mediante documentales cursantes a fs. 53, 54 y 55 de obrados, la misma que ha causado a mi persona una serie de daños y perjuicios, superiores a los Bs. 1.270.737, 90 Bs, que fueron precautelados con esta medida cautelar GRAVOSA Y EXCESIVA dispuesta por V. Despacho y la cual se solicito sea levantada en reiteradas oportunidades por esta parte sin darse lugar a tal levantamiento…” (sic); y, 2) La parte adversa, se opuso sistemáticamente a dichas solicitudes; lo, cual como se dijo generó daños y perjuicios por encima del monto resguardado “...ya que fruto de esta medida cautelar el Banco con el que mi persona tenía créditos bancarios ha iniciado la acción de cobro para precautelar su derecho, habiendo incluso precipitado la subasta y remate de este bien inmueble, mismo que debido al inicio de este proceso al presente se halla en litigio ante el juzgado publico civil N° 12 de esta capital...” (sic [Conclusión II.4.]).
Los Vocales ahora accionados por Auto de Vista de 8 de noviembre de 2021, confirmaron el referido Auto Interlocutorio; con base en las siguientes justificaciones: i) La condena al pago de daños y perjuicios, es procedente únicamente cuando el accionante a momento de formular su pretensión demuestre con documentación idónea, la existencia de los mismos; a fin de que, la autoridad judicial de primera instancia en el caso concreto, eventualmente en la misma resolución de cancelación de la medida cautelar, disponga su pago; ii) Se advierte que el accionante al momento de formular su pretensión, no respaldó ni demostró con prueba alguna, de qué manera la anotación preventiva impuesta sobre el bien inmueble registrado en la Oficina de DD.RR. bajo la matrícula computarizada 3.01.1.99.0000355, “…en el Asiento B-3 en fecha 09 de enero de 1999…” (sic), le hubiese ocasionado daños y perjuicios en la suma de dinero reclamada; por el contrario, de la lectura del Auto Interlocutorio de 22 de marzo del 2002, se advierte que la misma cuya cancelación fue ordenada en la resolución apelada, así como su prórroga inscrita en el “asiento B-6 en fecha 29 de enero del 2001" (sic), hubiesen caducado, “...habiéndose ordenado una nueva anotación preventiva por providencia de 01 de Febrero del 2002, sólo sobre el 50%, de acciones y derechos que le corresponden al demandado en el bien inmueble motivo del presente juicio , sin que conste en antecedentes que la misma hubiera sido formalizada pues de la revisión del folio real que corre a fs, 132, no se advierte su registro” (sic); y, iii) Si bien la resolución citada resulta contradictoria, por cuanto en la parte considerativa concluye que la anotación preventiva caducó, “... por lo que sólo correspondía efectuar una nueva anotación preventiva, empero en la parte resolutiva rechaza la solicitud de cancelación efectuada por el demandado; no es menos evidente que no consta en antecedentes que el apelante hubiera hecho uso de los medios legales para lograr enmendar el referido error en el que incurrió el juez de la causa, permitiendo su ejecutoria; por lo que no puede demandar el pago de daños y perjuicios ocasionados por una anotación preventiva que al haber caducado se extinguió, dejando de tener eficacia jurídica” (sic [Conclusión II.5.]). Una vez identificada la problemática planteada y descritos los antecedentes, es preciso señalar que conforme el Fundamento Jurídico III.1. desarrollado en esta Sentencia Constitucional Plurinacional, resulta necesario referirnos en el presente caso, al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, de donde se entiende que las Resoluciones; a las que, toda autoridad a cargo de un proceso está obligada a cumplir, no solamente a efectos de resolver el caso sometido a su conocimiento, sino exponiendo de manera suficiente, las razones que llevaron a tomar cierta decisión, así como las disposiciones legales que sustentan la misma; es decir, debe llevar al convencimiento que se hizo justicia, tanto a las partes, abogados, acusadores y defensores, como a la opinión pública en general; de lo contrario, no sólo se suprimiría una parte estructural de la Resolución sino impediría que las partes del proceso conozcan los motivos que llevaron a dicha autoridad a asumir una determinación, lo que no implica que dicha motivación contenga una exposición ampulosa y sobrecargada de consideraciones y citas legales, basta con que ésta sea concisa pero clara y satisfaga todos los aspectos demandados; asimismo, la congruencia implica la concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume, con base en esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes, siempre teniendo en cuenta en todo lo anteriormente referido, la necesaria relevancia constitucional.
Previo análisis de fondo en el caso concreto, debe anotarse que la problemática presente, versa esencialmente en que si es evidente que los Vocales ahora accionadas emitieron el Auto de Vista de 8 de noviembre de 2021, confirmando el rechazo del pedido de resarcimiento de daños y perjuicios por haberse impuesto medida cautelar de anotación preventiva sobre un bien inmueble de su propiedad; sin tomar en cuenta que no pudo el accionate plantear a dicho efecto, incidente con la prueba y argumentos correspondientes a tal efecto; y, sin realizar valoración íntegra de los antecedentes del caso concreto, vulnerando con ello, el debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación y congruencia.
Ahora, a efectos de otorgar claridad en la presente resolución, procederemos a verificar si en la emisión del Auto de Vista de 8 de noviembre de 2021, se observaron los derechos antes citados; para ello, resulta necesario contrastar los puntos alegados como vulneraciones por el accionante en su recurso de apelación y la respuesta otorgada por los Vocales hoy accionados, como sigue:
a) Como emergencia del presente proceso ordinario, se efectivizó una medida cautelar consistente en la anotación preventiva solicitada y dispuesta mediante “...orden judicial de 9 de enero de 1999 registrada en el inmueble con matricula 3.01.1.99.0000355, asiento B-3 de fecha 12/01/1999, acreditada mediante documentales cursantes a fs. 53, 54 y 55 de obrados, la misma que ha causado a mi persona una serie de daños y perjuicios, superiores a los Bs. 1.270.737, 90 Bs, que fueron precautelados con esta medida cautelar GRAVOSA Y EXCESIVA dispuesta por V. Despacho y la cual se solicito sea levantada en reiteradas oportunidades por esta parte sin darse lugar a tal levantamiento…” (sic).
Respuesta: La condena al pago de daños y perjuicios, es procedente únicamente cuando el accionante, al momento de formular su pretensión demuestre con documentación idónea, la existencia de los mismos, a fin de que la autoridad judicial de primera instancia en el caso concreto, eventualmente en la misma resolución de cancelación de la medida cautelar, disponga su pago. En el caso, se advierte que el apelante a momento de formular su pretensión, no respaldó ni demostró con prueba alguna, de qué manera la anotación preventiva impuesta sobre el bien inmueble registrado DD.RR. bajo la Matricula Computarizada 3.01.1.99.0000355, “registrada en el Asiento B-9 en fecha 09 de enero de 1999” (sic), le hubiera ocasionado daños y perjuicios en la suma de dinero redamada; por el contrario, de la lectura del Auto Interlocutorio de 22 de marzo del 2002, se advierte que la misma, cuya cancelación fue ordenada en la Resolución apelada, así como su prórroga inscrita en el “asiento B-6 en fecha 29 de enero del 2001…” (sic) hubieran caducado, “...habiéndose ordenado una nueva anotación preventiva por providencia de 01 de Febrero del 2002, sólo sobre el 50%, de acciones y derechos que le corresponden al demandado en el bien inmueble motivo del presente juicio, sin que conste en antecedentes que la misma hubiera sido formalizada pues de la revisión del folio real que corre a fs. 132, no se advierte su registro.” (sic).
Contraste.- El agravio es especifico en este punto, y tiene que ver, con la alegación de “…una serie de daños y perjuicios, superiores a los Bs. 1.270.737, 90 Bs, que fueron precautelados con esta medida cautelar GRAVOSA Y EXCESIVA dispuesta por V. Despacho...” (sic); es decir, el accionante reclamó sobre la existencia de dichos daños y perjuicios por habérsele aplicado una medida cautelar -anotación preventiva-, a su entender “GRAVOSA Y EXCESIVA” porque lesionó su derecho propietario; por ende, sin necesidad de anticipar criterios jurídicos y fácticos de fondo, debió procederse conforme a lo dispuesto por el art. 323 del Código Procesal Civil (CPC), que establece sobre la responsabilidad en esos temas que, cuando se dispusiere que una medida cautelar se levante por demostrar que el accionante abusó o se excedió en su derecho para obtenerla, la resolución lo condenará al resarcimiento de daños y perjuicios si la otra parte lo solicitare; y la determinación del monto se sustanciara por vía incidental. Entonces, en el caso, sólo debía observarse el procedimiento establecido; vale decir, sólo quedaba observar los arts. 338 y ss. del Código adjetivo de la materia, respecto a los procesos incidentales y así permitir más amplitud en la aportación y valoración de prueba; y si fuera necesario, se deberán también aplicar las sanciones procesales dispuestas en caso de mala fe y costas procesales, si la pretensión resulta desestimada; y, b) La parte adversa, se opuso sistemáticamente a dichas solicitudes;
lo cual, como se dijo, generó daños y perjuicios por encima del monto resguardado “...ya que fruto de esta medida cautelar el Banco con el que mi persona tenía créditos bancarios ha iniciado la acción de cobro para precautelar su derecho, habiendo incluso precipitado la subasta y remate de este bien inmueble, mismo que debido al inicio de este proceso al presente se halla en litigio ante el juzgado publico civil N'’ 12 de esta capital...” (sic).
Respuesta: Si bien la resolución precitada resulta contradictoria, por cuanto en la parte considerativa concluye que la anotación preventiva caducó, “...por lo que sólo correspondía efectuar una nueva anotación preventiva, empero en la parte resolutiva rechaza la solicitud de cancelación efectuada por el demandado; no es menos evidente que no consta en antecedentes que el apelante hubiera hecho uso de los medios legales para lograr enmendar el referido error en el que incurrió el juez de la causa, permitiendo su ejecutoria; por lo que no puede demandar el pago de daños y perjuicios ocasionados por una anotación preventiva que al haber caducado se extinguió, dejando de tener eficacia jurídica” (sic). Contraste.- Este agravio o punto objetado, tiene total conexión con el primero, teniendo como respuesta, la mención de la caducidad de la anotación preventiva y su falta de impugnación en su imposición en su momento; empero, como se fundó antes, deben esos contextos ser discutidos dentro de un incidente procesal; puesto que, no puede a priori tomarse una decisión que necesita de prueba, misma a ser proporcionada por el accionante y la parte adversa de ser necesario, quienes además puede señalar las que les pueden favorecer del mismo expediente. De lo analizado y razonado; es posible concluir que, los Vocales ahora accionados, carecieron de exhaustividad en las respuestas otorgadas en el recurso de apelación formulado por el accionante, inobservando de este modo el contenido del Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo constitucional, que establecen la necesaria observancia de los elementos que componen del debido proceso, siendo que en el caso concreto debe de Oficio la Jueza de la causa, promover incidente, para determinar si es necesario el resarcimiento de daños y perjuicios emergentes de la aplicación de la medida cautelar de anotación preventiva. En consecuencia, de conformidad con las consideraciones expuestas, se advierte que los Vocales hoy accionado, a tiempo de emitir el Auto de Vista de 8 de noviembre de 2021; por el que, confirmaron el rechazo al pedido de resarcimiento de daños y perjuicios por la medida cautelar de anotación preventiva impuesta sobre un bien inmueble registrado en oficina de DD.RR. de su propiedad, evidentemente no tomaron en cuenta que previamente debe incidentarse tal reclamo, implicando ello, la necesaria aportación de prueba y la valoración de forma íntegra de los antecedentes del caso concreto, habiendo vulnerado con ello, los derechos al debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación, congruencia y valoración de la prueba. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, obró de manera incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución RAC-SCIII 91/2023 de 14 de agosto, cursante de fs. 108 a 113, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, dejando sin efecto el Auto de Vista de 8 de noviembre de 2021, debiendo los Vocales de la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, a emitir uno nuevo, dentro del plazo de setenta y dos horas, a partir de la notificación, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1120_2026-S1.pdf · páginas 1 a 16.
Huella digital del PDF (SHA-256): 7e0ad0053cd363322ea811428be3f59c268681a7cdbc04d5a524f267c2b00eb7
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