B.IA.LEGAL

SCP 1120/2023-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 19 de septiembre de 2023

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
19 de septiembre de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
57324-2023-115-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

Las accionantes denunciaron la vulneración de sus derechos a la vida, integridad, seguridad y celeridad, toda vez que dentro del proceso signado como LPZ-1CA2000034, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, el Fiscal de Materia demandado dicto resoluciones de rechazo y sobreseimiento que fueron objetados e impugnados por la solicitante de tutela, sin embargo, hasta la presentación de la acción de libertad, no se remitieron las mismas ante el Fiscal Departamental de La Paz, argumentando que la apoderada de una de las víctimas no fue notificada, cuando en los hechos se dio por comunicada el 30 de junio de 2023. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto se analizarán los siguientes temas: a) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; b) El derecho al debido proceso y su protección vía acción de libertad; c) Las normas especiales de la Ley 348, aplicables en los procesos judiciales y administrativos por hechos de violencia en razón de género; y, d) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 269/2023 de 24 de julio, cursante de fs. 151 a 152 vta., pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, 1° CONCEDER totalmente la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; 2° Disponer, que el Fiscal de Materia demandado remita el cuaderno de investigación ante el Fiscal Departamental de La Paz, dentro de las cuarenta y ocho horas de notificado con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, siempre y cuando no haya realizado ya dicha remisión.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida
  2. III.2. El derecho al debido proceso y su protección vía acción de libertad
  3. III.3. Las normas especiales de la Ley 348, aplicables en los procesos judiciales y administrativos por hechos de violencia en razón de género
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1120/2023-S1 Sucre, 19 de septiembre de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 57324-2023-115-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 269/2023 de 24 de julio, cursante de fs. 151 a 152 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jacqueline Eva Azurduy de Borda, por si y en representación sin mandato de Rocío Daniela Azurduy y los menores AA y BB contra Javier Berthy Huanca Yujra, Fiscal de Materia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA

JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 23 de julio de 2023, cursante de fs. 15 a 16 vta., las accionantes a través de su representante sin mandato expresaron lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Señala que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Alan Azurduy Roca y otros por la presunta comisión de los delitos de violencia familiar y discriminación, caso signado LPZ-1CA2000034, en el que se debatían cuestiones de índole familiar entre personas mayores, por hechos suscitados desde la gestión 2016, causa que estuvo bajo control jurisdiccional del Juez de Instrucción Penal de Caranavi del departamento de La Paz, posteriormente se remitieron los antecedentes al asiento judicial de Guanay, sin consignar a los menores AA y BB en calidad de víctimas. A raíz de otros hechos suscitados desde septiembre del 2020, se aperturó otra causa signada como NUREJ 820101122100528 que radicó en el Juzgado de Instrucción Penal Primero de Riberalta del departamento de Beni, donde a su vez se acumuló la causa CUD 802202032100385, proceso en que sí se consignó como víctimas a su persona y los menores AA y BB; y en el que debían resolverse incidentes y apelaciones, en atención a lo establecido en la “SCP 1123/2022-S3”, en el referido caso de autos, existía una imputación formal contra Alan Azurduy Roca y Alan Lawrence Azurduy Claros por el delito de violencia familiar; posteriormente se amplió la investigación contra Oscar José Julio Roca Gonzales, Yorka Azurduy Roca y Moraima Escalera Postigo. Dentro del referido caso LPZ-1CA2000034, en el que no se contempló como víctimas a su persona, ni a los menores AA y BB, el Fiscal Departamental de La Paz ordenó por decreto Fiscal de 11 de noviembre de 2021 que la causa con Número de Registro Judicial (NUREJ) 820101122100528 LPZ 1CA 20000004: “…a conocimiento del Fiscal de Materia de la Provincia de Caranavi”; empero jamás le ordenó a la autoridad accionada acumular dichos actuados a la causa LPZ-1CA2000034, sin embargo, el Fiscal de Materia sin contar con el control jurisdiccional y no siendo titular de la causa NUREJ 820101122100528 que esta acumulada a la causa con Código Único de Denuncia (CUD) 802202032100385 emitió Resoluciones Fiscales de rechazo y sobreseimiento a favor de los imputados. Ante las referidas resoluciones presentaron objeciones e impugnaciones que no fueron remitidas al Fiscal Departamental de La Paz, con el argumento que faltaba la notificación a la apoderada de la víctima Rocío Daniela Azurduy; sin considerar, que ya se dio por notificada el 30 de junio de 2023, incumpliendo el Ministerio Público su deber de debida diligencia y lesionando los derechos de las víctimas menores de edad.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Consideran lesionados sus derechos a la vida, a la integridad, a la seguridad, vinculado al principio de celeridad; citando al efecto los arts. 13.I, 15.II, 23.I, 60 y 115.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se ordene que el cuaderno de investigación LPZ 1CA200034 con la objeción e impugnación sea remitido ante el Fiscal Departamental de La Paz para que se resuelva en el plazo de diez días, dejando sin efecto las resoluciones de rechazo y sobreseimiento, debiendo ponerse a conocimiento de la referida autoridad el fallo constitucional.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 24 de julio de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 149 a 150 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

Las accionantes a través de su abogado, ratificaron in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutela; además en audiencia señaló: a) Las impugnaciones y objeciones fueron presentadas hace casi un año; b) Las notificaciones deben realizarse vía digital, conforme a la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integran contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, y a defecto de ello cualquier medio tecnológico como el Sistema de Justicia Libre 1 y 2; c) El 27 de junio todas las partes se dieron por notificadas con el memorial de subsanación de observación de 24 de marzo de 2023, tanto en sede fiscal y jurisdiccional; y, d) existió dilación al no remitir los antecedentes al Fiscal Departamental de La Paz, a fin de que dicha autoridad corrija procedimiento.

I.2.2. Informe del demandado

Javier Berthy Huanca Yujra, Fiscal de Materia, presentó Informe escrito de 23 de julio de 2023, manifestando lo siguiente: 1) Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Jacqueline Azurduy Roca y Daniela Azurduy Roca y otros, contra Alan Azurduy Roca y otros, caso LPZ-1CA2000034, se emitieron las Resoluciones de rechazo y sobreseimiento; 2) El legajo del caso 820101122100528 fue devuelto a la Fiscalía de Riberalta en cumplimiento de la “SCP 1002/2022”, a fin de su saneamiento procesal; 3) Respecto a la remisión de antecedentes del caso LPZ-1CA2000034, está pendiente la notificación con el memorial que subsanó la observación emitida por el Fiscal Departamental de La Paz a la denunciante Daniela Azurduy Roca; quien tiene su domicilio en Chile; en ese entendido, su apoderada; Laura Borda Azurduy, se negó notificarse de manera personal, razón por la cual, se remitió vía cooperación directa para proceder a su notificación personal en su domicilio real; cumplidas la diligencias, los antecedentes serán remitidos dentro del plazo de veinticuatro (24) horas conforme a lo previsto en el art. 305 y 324 del Código de Procedimiento Penal (CPP); 4) El art. 125 de la CPE establece los presupuestos para ingresar a considerar la presente demanda tutelar; en el caso concreto, los accionantes no acreditaron que su vida estaba en peligro, sino que, se limitaron en señalar presuntas omisiones en el trámite procesal; 5) En el mismo orden, no acompañó prueba alguna para acreditar que los menores se encontraban en peligro; que estaba privada de libertad o ilegalmente perseguida; motivo por el cual, no corresponde atender el presente reclamo; máxime si la propia apoderada de la víctima generó retardación en el trámite al evitar su notificación a fin de remitir los antecedentes ante el superior jerárquico; y, 6) Estos mismos argumentos fueron ofrecidos ante el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Caranavi del departamento de La Paz el 24 de junio de 2023, oportunidad en que se denegó la tutela ante la ausencia de pruebas de cargo; por lo que solicita se deniegue la tutela impetrada.

I.2.3. Intervención de tercero interviniente

Melanie Aranda Claure, abogada responsable de La Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Caranavi del departamento de La Paz, en audiencia alegó que no tenía conocimiento previo de la acción tutelar formulada; sin embargo, al existir dos menores de edad posibles víctimas dentro del proceso penal; el Fiscal de Materia, Javier Berthy Huanca Yujra, nunca emitió requerimiento alguno para evaluarlos de manera Psicológica o Bio-social, en los demás hace conocer que estará a lo que disponga el Juez de garantías.

I.2.4. Resolución

El Juez de Instrucción Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 269/2023 de 24 de julio, cursante de fs. 151 a 152 vta., denegó la tutela, conforme a los siguientes argumentos: I) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho constituye el medio procesal idóneo para que las partes de un proceso puedan obtener la celeridad necesaria en los trámites judiciales o administrativos que no son llevados a cabo en los plazos establecidos por ley; II) La parte accionante alega que dentro del proceso penal seguido contra de Alan Azurduy Roca, Elva Roca Vda. de Azurduy y Yorka Azurduy, se cometieron varias irregularidades, entre ellas, la ausencia de control jurisdiccional; y, III) Conforme la amplia línea jurisprudencial constitucional que señala la prohibición de la justicia constitucional de intervenir en las funciones propias del Ministerio Público puesto que sus actuaciones se encuentran bajo control jurisdiccional a cargo de una autoridad judicial debiendo las partes acudir ante dicha instancia. En vía de aclaración y complementación, la parte accionante solicitó se explique si el Fiscal no está obligado a cumplir con el principio de celeridad, si se va a remitir o no, el cuaderno de investigación para la resolución de la objeción e impugnación. En ese orden, el Juez de garantías determinó que la decisión asumida estaba justificada con argumentos claros y precisos siendo que la autoridad fiscal deberá notificar observando los plazos establecidos en relación a la revisión de las resoluciones de rechazo y sobreseimiento.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa sobreseimiento presentado el 26 de agosto de 2022 por Javier Berthy Huanca Yujra el Fiscal de Materia en el proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Jacqueline Eva Azurduy Roca y Rocío Daniela Azurduy Roca contra Alan Azurduy Roca y Alan Laurence Azurduy Claros por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica en el caso CUD: LPZ-1CA200034 (fs. 22 a 31). II.2. Consta Resolución de rechazo JBHY 18/2022 presentado el 26 de agosto de 2022 por el Fiscal de Materia Javier Berthy Huanca Yujra en el proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Jacqueline Eva Azurduy Roca y Rocío Daniela Azurduy Roca contra Alan Azurduy Roca, Oscar José Julio Roca Gonzales, Yorka Azurduy Roca, Mónica Escalera Postigo, Elva Roca Vda. De Azurduy, Moraima Escalera Postigo, Raúl Sánchez Bolaños, y Alan Laurence Azurduy Claros por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, violencia económica, amenazas, discriminación, alteración, acceso y uso de datos informáticos, falso testimonio, falsedad material, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado en el caso CUD: LPZ-1CA200034 (fs. 32 a 42). II.3. Mediante memorial presentado por la -ahora accionante- el 7 de septiembre de 2022 se objeta la resolución de rechazo JBHY 18/2022 emitido dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Alan Azurduy Roca y otros por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica (fs. 43 a 48). II.4. A través del escrito presentado por la impetrante de tutela el 7 de septiembre de 2022 se impugna la resolución de sobreseimiento emitido dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Alan Azurduy Roca y otros por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica (fs. 49 a 51). II.5. Consta impugnación a Resolución de sobreseimiento presentado por Noel Arturo Vaca López el 16 de septiembre de 2022 (fs. 52 a 59). II.6. Cursa escrito de impugnación a resolución de sobreseimiento interpuesto por Elba Laura Borda Azurduy el 19 de septiembre de 2022 (fs. 60 a 65). II.7. Mediante memorial Elba Laura Borda Azurduy en representación convencional de Rocío Daniela Azurduy Roca presenta objeción a la resolución de rechazo formulado el 27 de septiembre de 2022 (fs. 66 a 70). II.8. A través del escrito de 21 de septiembre de 2022 la representación del Ministerio Público informa a la Jueza Pública Mixta de Familia de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Caranavi que el 26 de agosto de 2022 presento resoluciones de rechazo y sobreseimiento, que se interpuso objeción e impugnación que deben ser puestos a conocimiento de la parte contraria a fin de dar cumplimiento al art. 163 del CPP, sin embargo una de las denunciantes tiene su residencia en Chile por lo que el Ministerio Público viene agotando esfuerzos para dar cumplimiento a la remisión de antecedentes (fs. 71). II.9. Mediante escrito de 21 de diciembre de 2022, Camila Nicol Borda Azurduy impugna resolución de sobreseimiento (fs. 78 a 85).

II.10. Cursa decreto emitido de 17 de enero de 2023 por el Fiscal Departamental de La Paz en el que dispone devolver los antecedentes al Fiscal de Materia a fin de que cumpla con las observaciones realizadas dentro del término de diez días y una vez subsanados remita nuevamente los antecedentes a fin de su análisis en el fondo (fs. 129 a 130). II.11. Consta memorial presentado ante la Jueza Mixta Público Civil y Comercial, de Familia y la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Guanay el departamento de La Paz, por el Fiscal -demandado- el 24 de marzo de 2023 que subsana la observación emitida por el Fiscal Departamental de La Paz y corrige datos en la resolución de rechazo que mereció la providencia de 3 de abril de 2023 (fs. 137 a 138). II.12. A través del escrito de 25 de junio de 2023 Rocío Daniela Azurduy Roca representada por Elba Laura Borda Azurduy hace conocer notificación con decreto de 3 de abril de 2023 y solicita conminatoria al Ministerio Público que mereció la providencia de 27 de junio de 2023 por el que se conmina al representante fiscal a cumplir con lo determinado en el Auto de 17 de enero de 2023 a efectos de la remisión del cuaderno de investigaciones ante el superior jerárquico y se resuelva la objeción a la resolución de rechazo y sobreseimiento (fs. 140 a 143). II.13. Cursa requerimiento Fiscal a Elba Laura Azurduy Borda apoderada legal de Rocío Daniela Azurduy Roca de 26 de junio de 2023 a fin de notificarse con el memorial de 24 de marzo de 2023 que aclara las observaciones realizadas por el Fiscal Departamental de La Paz (fs. 88).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Las accionantes denunciaron la vulneración de sus derechos a la vida, integridad, seguridad y celeridad, toda vez que dentro del proceso signado como LPZ-1CA2000034, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, el Fiscal de Materia demandado dicto resoluciones de rechazo y sobreseimiento que fueron objetados e impugnados por la solicitante de tutela, sin embargo, hasta la presentación de la acción de libertad, no se remitieron las mismas ante el Fiscal Departamental de La Paz, argumentando que la apoderada de una de las víctimas no fue notificada, cuando en los hechos se dio por comunicada el 30 de junio de 2023. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto se analizarán los siguientes temas: a) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; b) El derecho al debido proceso y su protección vía acción de libertad; c) Las normas especiales de la Ley 348, aplicables en los procesos judiciales y administrativos por hechos de violencia en razón de género; y, d) Análisis del caso concreto.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0142/2018-S2 de 30 de abril, reiterada por la SCP 0787/2022-S1 de 12 de agosto, asumió el siguiente razonamiento: La Constitución Política del Estado en su art. 23, establece que toda persona tiene derecho a su libertad física, constituido como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo, por ser inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima, con el propósito que la libertad física goce de protección especial, cuando se pretenda lesionarla o esté siendo amenazada de vulneración. A ese efecto, la SC 1579/2004-R de 1 de octubre efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una vulneración a producirse; o, correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en las que se mantiene a una persona detenida. Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del cual, se encuentra el hábeas corpus instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, traslativo o de pronto 1El FJ III.1.1, señala: “Para la procedencia del hábeas corpus reparador es decisivo que se haya configurado una situación de privación de libertad física ilegal inobservando las formalidades esenciales, por ejemplo una detención ejecutada sin orden escrita, o resuelta por autoridad incompetente (…)”. El FJ III.1.2, menciona: “El hábeas corpus procede como un medio preventivo, cuando la detención aún no se ha producido pero puede presuponerse que la misma es inminente, en tanto que la amenaza pueda demostrarse positivamente (…)”. El FJ III.1.3, determina: “El hábeas corpus denominado correctivo, protege al detenido de aquellas condiciones que agravan en forma ilegítima la detención, violando su condición humana. A través de este recurso, se garantiza el trato humano al detenido, establecido en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos. La base legal de este tipo de hábeas corpus, la encontramos en el art. 89 de la LTC, que amplía los alcances protectivos de esta garantía, al referirse a otras `violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas…´. Conforme a esto, una de las formas en que se manifiestan estas violaciones vinculadas a la libertad, está la referida al agravamiento ilegal de la situación del detenido o condenad (…)”. 2El FJ III.5, indica: “El primer (instructivo); hace referencia a los supuestos, en que el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida, fundamentalmente en los casos de desaparición forzada de personas, y tiene como objeto identificar el paradero de la víctima, disponer su libertad e individualizar a los autores del hecho, garantizándose el derecho a la vida y también el derecho a la integridad física. Este hábeas corpus, ahora está previsto en el art. 125 de la CPE, cuando hace referencia a los casos en los que la persona considere que su vida está en peligro. Esta ampliación es coherente con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en la Opinión Consultiva OC-8/87 de 30 de enero de 1987, al absolver la consulta formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a la interpretación de los arts. 25.1 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación a la última frase del art. 27.2 de dicha Convención, que enumera los derechos que no pueden suspenderse durante los estados de excepción; estableció que, la función del hábeas corpus es esencial como: `…medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes´ (…) Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas nos corresponden).

despacho; a través del que, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos, debiendo ser tramitados, resueltos -SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-. Con ese razonamiento, toda autoridad que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo, podría provocar una restricción indebida del citado derecho; lo que no significa, otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse, dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad.

III.2. El derecho al debido proceso y su protección vía acción de libertad

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0490/2019-S2 de 9 de julio, asumió el siguiente razonamiento: A partir de lo señalado precedentemente, corresponde efectuar un examen de la línea jurisprudencial del Tribunal Constitucional sobre el procesamiento indebido y su protección vía acción de libertad. Así, cabe mencionar como antecedente a la SC 0024/2001-R de 16 de enero, que estableció que la protección al debido proceso a través del entonces recurso de habeas corpus, era viable solamente en aquellos casos en los cuales exista directa causalidad con la libertad personal o de locomoción, es decir, cuando los actos u omisiones denunciados sean la causa directa para la restricción o supresión del derecho a la libertad. Posteriormente, la SC 1865/2004-R de 1 de diciembre, refirió que las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien fue objeto de esa lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y solo agotados éstos, es posible acudir a la justicia constitucional a través del entonces recurso de amparo constitucional, al ser el medio idóneo para precautelar las lesiones al debido proceso, salvo que se constate que a consecuencia de dichas violaciones, se colocó al accionante en absoluto estado de indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad. Los criterios señalados fueron sistematizados en la SC 0619/2005-R de 7 de junio indicando que para la tutela del debido proceso a través del entonces recurso de hábeas corpus, debían concurrir los siguientes requisitos: 1) Los actos u omisiones denunciados debían estar vinculados con la libertad y ser causa directa para su supresión o limitación; y, 2) Debía existir absoluto estado de indefensión, impidiéndoles impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso. Este entendimiento fue seguido por la jurisprudencia constitucional hasta su modulación por la SCP 0217/2014 de 5 de febrero, en la agotados éstos, se podrá acudir ante la jurisdicción constitucional a través del recurso de amparo constitucional, que, como se ha señalado, es el recurso idóneo para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser que se constate que a consecuencia de las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en absoluto estado de indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad”. 5El FJ III.1, refiere: “Consiguientemente, a partir de la doctrina constitucional sentada en la SC 1865/2004-R, de 1 de diciembre, para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad”. 6El FJ III.1, manifiesta: “Los razonamientos citados precedentemente, han permitido la tutela del debido proceso mediante la acción de libertad siempre y cuando se encuentre directamente vinculado con el derecho a la libertad; sin embargo, de una interpretación sistemática y teleológica de los arts. 115.II, 125, 178.I y 180.I de la CPE, con relación al art. 46 del Código de Procedimiento Penal (CPCo), a la luz del principio de favorabilidad y la fuerza expansiva de los derechos fundamentales, corresponde efectuar un cambio de línea jurisprudencial respecto a la tutela del debido proceso mediante la acción de libertad.

A este efecto corresponde extraer las partes esenciales de los precitados preceptos legales; en consecuencia, se tiene que el art. 125 de la Constitución, establece que: “Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o indebidamente procesada o privada de libertad (…), podrá interponer Acción de Libertad (…) ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará (…) se restablezcan las formalidades legales…”(las negrillas son nuestras); lo cual implica expresamente que, la acción de libertad se podrá activar en los siguientes supuestos: 1) Cuando se encuentre en peligro la vida; 2) Cuando exista o se denuncie persecución ilegal; 3) Cuando exista o se denuncie procesamiento indebido; y, 4) Cuando exista amenaza o privación efectiva de la libertad; es decir que, en cualquiera de estos supuestos, podrá acudirse a la acción constitucional a efectos de que los derechos vulnerados sean protegidos o restituidos, no siendo imprescindible la concurrencia simultánea de dos o más de estos presupuestos para activar la presente acción tutelar y tampoco que se encuentren vinculados directamente con el derecho a la libertad o se desprendan de ella.

Efectivamente, debe considerarse, por un lado, que los supuestos de procedencia de la acción de libertad señalados en el art. 125 de la CPE y el art. 47 del CPCo, y cuando se hace referencia al indebido procesamiento, en ningún momento se condiciona la procedencia la vinculación directa con el derecho a la libertad física o personal.

En ese entendido, bajo una interpretación literal de dichas normas, pero también atendiendo a una interpretación teleológica de las mismas, debe señalarse que la garantía del debido proceso en materia penal es tutelable por la acción de libertad, aún no exista una vinculación directa con el derecho a la libertad física o personal, siendo suficiente la existencia de una relación indirecta con dicho derecho ante la amenaza de privación de libertad que el proceso penal supone. Dicho razonamiento se refuerza con lo previsto en el art. 125 de la CPE, que determina que la acción debe ser presentada ante el juez o tribunal competente en materia penal, de donde se puede extraer que tanto la finalidad de dicha previsión como la intención del constituyente es que sean los que, a partir de una interpretación sistemática y teleológica de los arts. 115.II, 125, 178.I y 180.I de la CPE con relación al art. 46 del CPCo, a la luz del principio de favorabilidad y la fuerza expansiva de los derechos fundamentales, estableció en el Fundamento Jurídico III.1, que:

…Efectivamente, debe considerarse, por un lado, que los supuestos de procedencia de la acción de libertad señalados en el art. 125 de la CPE y el art. 47 del CPCo, y cuando se hace referencia al indebido procesamiento, en ningún momento se condiciona la procedencia la vinculación directa con el derecho a la libertad física o personal.

En ese entendido, bajo una interpretación literal de dichas normas, pero también atendiendo a una interpretación teleológica de las mismas, debe señalarse que la garantía del debido proceso en materia penal es tutelable por la acción de libertad, aún no exista una vinculación directa con el derecho a la libertad física o personal, siendo suficiente la existencia de una relación indirecta con dicho derecho ante la amenaza de privación de libertad que el proceso penal supone (…) [resaltado añadido].

Asimismo, la misma Sentencia señaló que: “…las lesiones al debido proceso en materia penal en aquellos casos en los que se colocó al accionante en absoluto estado de indefensión o cuando éste agotó los medios de impugnación intra procesales, son susceptibles de la tutela constitucional que brinda la acción de libertad”. Sin embargo, posteriormente la SCP 1609/2014 de 19 de agosto recondujo la línea al criterio restrictivo; es decir, a la exigencia de la jueces especializados en materia penal los que puedan analizar los supuestos de procedencia que se encuentran dentro del ámbito de la acción de libertad -que en su mayoría emergen de procesos penales- entre ellos el procesamiento indebido, pues, conforme al principio de especialidad, no resultaría congruente que las lesiones al debido proceso sean conocidas y resueltas a través de una acción de amparo constitucional (…)

Como consecuencia, el debido proceso en materia penal, constituye ante todo una limitación al poder punitivo del Estado, siendo que en su esencia comprende el conjunto de garantías sustanciales y procesales establecidas por el legislador a efectos de asegurar la legalidad, regularidad y eficacia de la actividad jurisdiccional en la investigación y juzgamiento de los hechos punibles, siempre bajo la condicionante de proteger los derechos y garantías constitucionales de las personas; protección que abarca entre otros elementos, los principios medulares que integran su núcleo esencial: legalidad, juez natural o legal, favorabilidad, presunción de inocencia, derecho a la defensa (derecho a la asistencia de un abogado, a presentar y controvertir pruebas, a oponer la nulidad de las obtenidas con violación del debido proceso, y a impugnar la sentencia condenatoria), debido proceso público sin dilaciones injustificadas, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.

De esta manera, se concluye que el debido proceso penal, es una garantía procesal establecida por la Constitución Política del Estado, que tiene como objetivo proteger los derechos constitucionales que de él emergen y en ese proceso controlar la capacidad punitiva del Estado que, en su momento puede afectar la libertad personal y la presunción de inocencia de aquellos que se encuentran involucrados en una contienda judicial penal.

En este contexto y estando establecido que toda persona sometida a un proceso penal, se halla constitucionalmente imbuido del derecho a la defensa, a la asistencia de un abogado para su asesoramiento en las diferentes etapas del proceso, a un debido proceso sin dilaciones injustificadas, a la posibilidad de presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en su contra, a impugnar la sentencia condenatoria y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho, en resumen del derecho a un debido proceso, se determina que, únicamente cuando se trata de materia penal, la acción de libertad es el medio idóneo, eficaz y eficiente para restablecer el debido proceso, en todos sus elementos.

En consecuencia, se hace necesario establecer a partir de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional que las lesiones al debido proceso en materia penal en aquellos casos en los que se colocó al accionante en absoluto estado de indefensión o cuando éste agotó los medios de impugnación intra procesales, son susceptibles de la tutela constitucional que brinda la acción de libertad”. 7El FJ III.3, expresa: “Conforme a dicho razonamiento, la exigencia de vinculación entre el derecho a la libertad y el debido proceso, como presupuesto exigible para su tutela a través de la acción de libertad, desaparecía; sin embargo, el Tribunal Constitucional Plurinacional considera que, partiendo de la propia naturaleza jurídica de la acción de libertad, desarrollada en el Fundamento Jurídico anterior y cuyo principal objetivo es precisamente tutelar de manera específica el derecho a la libertad, no puede modificarse su esencia y ampliar su espectro de acción a aquellos asuntos netamente procedimentales que, aun cuando devengan del área penal, no se hallen en vinculación con el derecho a la libertad; en consecuencia, mediante la presente Sentencia directa causalidad entre el acto u omisión denunciados como lesivos y la libertad; y, la existencia de absoluto estado de indefensión. Ahora bien, efectuando un examen de la línea jurisprudencial en cuanto al procesamiento indebido en las acciones de libertad, el estándar jurisprudencial más alto se encuentra contenido en la SCP 0217/2014, por cuanto no limita la protección de la garantía del debido proceso vía acción de libertad a la existencia de indefensión absoluta y vinculación directa con el derecho a la libertad, sino -como se tiene señalado- establece que es posible la protección de la garantía del debido proceso, dentro de los procesos penales, aun no exista una vinculación directa con el derecho a la libertad, siempre que se hubieren agotado los medios intraprocesales de impugnación, salvo los supuestos de indefensión absoluta, en los cuales no se exige el agotamiento previo de las vías de impugnación existentes. De conformidad a lo anotado, se entiende que las subreglas aplicables en materia de procesamiento indebido vía acción de libertad, deberían ser las siguientes: La garantía del debido proceso en materia penal es tutelable por la acción de libertad, cuando: i) Exista vinculación directa o indirecta con el derecho a la libertad física o personal, ante la amenaza de privación de libertad que el proceso penal supone; y, ii) Se hubieren agotado los medios de impugnación dentro del proceso penal, siempre que estos sean idóneos, específicos y aptos para restituir de forma inmediata los derechos que se encuentran en el ámbito de protección de la acción de libertad; salvo indefensión absoluta del accionante, Constitucional Plurinacional, se hace necesario reconducir el anterior entendimiento y restablecer la jurisprudencia constitucional previa, respecto a la exigencia de vinculación entre el derecho a la libertad y el debido proceso.

Este entendimiento, emerge precisamente de la interpretación literal y teleológica del art. 125 CPE, que establece la procedencia de la acción de libertad, cuando se produzca una restricción o amenaza de restricción ilegal o indebida a los derechos fundamentales a la vida y a la libertad física a raíz de una persecución ilegal o un indebido procesamiento; en consecuencia, tratándose de la procedencia de la acción de libertad en relación al debido proceso, debe entenderse que la inobservancia a éste -debido proceso-, ha sido la causal principal para la afectación del bien jurídico libertad; pues, de lo contrario, si los actos emergentes del procesamiento no ponen en riesgo la libertad y no ocasionan su restricción, no podrán ser evaluados y considerados a través de la acción de libertad, correspondiendo su tratamiento, una vez agotados todos los medios intra procesales, a la acción de amparo constitucional, como medio de defensa idóneo en el jurisdicción constitucional para reparar y subsanar los defectos procesales en que pudieran haber incurrido tanto servidores públicos como personas particulares.

En este contexto, corresponde reconducir al entendimiento asumido anteriormente por las SSCC 0219/2004-R de 19 de octubre y 1865/2004-R de 1 de diciembre”. 8La SCP 0160/2005-R de 23 de febrero, que es fundadora de la línea jurisprudencial referida a la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, estableció en el FJ. III.1.2, que: “De lo anterior se extrae, que la existencia de la garantía constitucional en análisis, no implica que todas las lesiones al derecho a la libertad tengan que ser necesariamente reparadas de manera exclusiva y excluyente a través del hábeas corpus; pues no se trata de una garantía que tenga la vocación de reparar, en exclusiva, todas las formas de lesión a la libertad que pudieran invocarse, sino la de dotar a la persona de un medio de defensa sencillo, eficaz y oportuno, para restablecer la lesión sufrida.

En consecuencia, en los supuestos en que la norma procesal ordinaria de manera específica prevea medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado, estos deben ser utilizados, previamente, circunstancia en la que excepcionalmente, el recurso de habeas corpus operará de manera subsidiaria.

El entendimiento interpretativo aludido guarda compatibilidad con los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos. En efecto, lo que exigen tales instrumentos, es que los países partes, provean en sus ordenamientos, un medio de defensa efectivo; esto es pronto y eficaz, contra actos que lesionen los derechos fundamentales, entre ellos, el derecho a la libertad. Conforme a esto, el art. 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, proclama que `Toda persona tiene derecho a un supuesto en el cual, la acción de libertad podrá ser formulada de manera directa.

III.3. Las normas especiales de la Ley 348, aplicables en los procesos judiciales y administrativos por hechos de violencia en razón de género

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0017/2019-S2 de 13 de marzo, asumió el siguiente razonamiento: Los estándares anotados en el anterior Fundamento Jurídico, deben guiar la actuación de las y los servidores públicos de las diferentes instituciones y órganos del Estado, siendo necesario resaltar al estándar de la debida diligencia; pues, se generaron normas de desarrollo internas, contenidas en la Ley 348, que deben ser aplicadas de manera exclusiva en los procesos judiciales -en especial penales- y administrativos, por violencia en razón de género. Así, la Ley 348, en el Título IV sobre Persecución y Sanción Penal, en el Capítulo I, hace referencia a la denuncia, estableciendo específicamente en su art. 45, las garantías que debe tener toda mujer en situación de violencia, entre ellas:

ARTÍCULO 45. (GARANTÍAS). Para asegurar el ejercicio de todos sus derechos y su efectiva protección, el Estado garantizará a toda mujer en situación de violencia: (…)

3. El acceso a servicios de protección inmediata, oportuna y especializada, desde el momento en que el hecho constitutivo de violencia se ponga en conocimiento de las autoridades ordinarias o indígena originario campesinas y afrobolivianas. (...)

7. La protección de su dignidad e integridad, evitando la revictimización y maltrato que pudiera recibir de cualquier persona responsable de su atención, tratamiento o de la investigación del hecho.

8. La averiguación de la verdad, la reparación del daño y prevención de la reiteración de los actos de violencia. (…) [las negrillas son añadidas].

recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley´. En lo regional, el art. 7.6 de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, con más especificidad, proclama que 'Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los Estados partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona'.

Como se puede apreciar, lo que persiguen los pactos internacionales sobre derechos humanos, es garantizar la existencia de un recurso sumario, pronto y eficaz, al que pueda acudir toda persona, para que ésta sin demora, decida sobre la lesión a la libertad alegada, recurso que no necesariamente tiene que ser, el hábeas corpus.

Consiguientemente, como el ordenamiento jurídico no puede crear y activar recursos simultáneos o alternativos con el mismo fin sin provocar disfunciones procesales no queridas por el orden constitucional, se debe concluir que el proceso constitucional del hábeas corpus, únicamente se activa cuando los medios de defensa existentes en el ordenamiento común, no sean los idóneos para reparar, de manera urgente, pronta y eficaz, el derecho a libertad ilegalmente restringido. No es posible acudir a este recurso, cuando el ordenamiento jurídico prevé medios de impugnación específicos y aptos para restituir el derecho a la libertad, en forma inmediata. Conforme a esto, solamente una vez agotado tal medio de defensa y ante la persistencia de la lesión, se podrá acudir a la jurisdicción constitucional, invocando la tutela que brinda el hábeas corpus”.

La misma Ley 348, en el Capítulo II sobre las Investigaciones -del mismo Título I-, en su art. 59, dispone que la investigación debe ser seguida de oficio, independientemente del impulso de la denunciante; norma que está vinculada directamente con la consideración de la violencia en razón género dentro del ámbito público y no privado; por ello, aun la víctima desista o abandone la investigación, el Ministerio Público debe seguirla de oficio; por ello, no es sostenible rechazar denuncias por falta de colaboración de la víctima, o porque ésta, una vez efectuada la denuncia, no volvió a oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) o del Ministerio Público; pues, dichas afirmaciones vulneran no solo la norma expresa contenida en el citado art. 59 de la Ley 348, sino también, el principio de la debida diligencia; la obligación internacional del Estado de investigar, sancionar y reparar los hechos de violencia hacia las mujeres; y, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. De igual modo, en el Capítulo III sobre Persecución Penal -del referido Título I-, específicamente en el art. 61 de la Ley 348, se determina que además de las atribuciones comunes establecidas en la Ley Orgánica del Ministerio Público -Ley 260 de 11 de julio de 2012-, las y los Fiscales de Materia que ejerzan la acción penal pública en casos de violencia hacia las mujeres, deberán adoptar en el ejercicio de sus funciones, entre otras, las siguientes medidas:

Adopción de las medidas de protección que sean necesarias, a 1. fin de garantizar a la mujer en situación de violencia la máxima protección y seguridad, así como a sus hijas e hijos, pedir a la autoridad jurisdiccional su homologación y las medidas cautelares previstas por Ley, cuando el hecho constituya delito.

2. Recolección de las pruebas necesarias, como responsable de la investigación de delitos de violencia en razón de género, sin someter a la mujer a pruebas médicas, interrogatorios, reconstrucciones o peritajes que no sean los imprescindibles, debiendo recurrir a métodos de investigación alternativa, científica y con apoyo de la tecnología, a fin de averiguar la verdad.

3. En caso de requerirse peritajes técnicos, no deberán ser exigidos a la mujer. En caso de delito flagrante, será el imputado el responsable de pagar por éstos, así como por el tratamiento médico y psicológico que la mujer requiera; si fuera probadamente insolvente, se recurrirá a los servicios del Sistema de Atención Integral de su jurisdicción (el resaltado es agregado).

Por otra parte, en el Título V sobre Legislación Penal, en el Capítulo III, específicamente en el art. 86 de la Ley 348, se establecen los principios procesales que deben regir los hechos de violencia contras las mujeres, disponiendo que:

ARTÍCULO 86. (PRINCIPIOS PROCESALES). En las causas por hechos de violencia contra las mujeres, las juezas y jueces en todas las materias, fiscales, policías y demás operadores de justicia, además de los principios establecidos en el Código Penal deberán regirse bajo los siguientes principios y garantías procesales:

1. Gratuidad. Las mujeres en situación de violencia estarán exentas del pago de valores, legalizaciones, notificaciones, formularios, testimonios, certificaciones, mandamientos, costos de remisión, exhortes, órdenes instruidas, peritajes y otros, en todas las reparticiones públicas.

2. Celeridad. Todas las operadoras y operadores de la administración de justicia, bajo responsabilidad, deben dar estricto cumplimiento a los plazos procesales previstos, sin dilación alguna bajo apercibimiento.

3. Oralidad. Todos los procesos sobre hechos de violencia contra las mujeres deberán ser orales.

4. Legitimidad de la prueba. Serán legítimos todos los medios de prueba y elementos de convicción legalmente obtenidos que puedan conducir al conocimiento de la verdad.

5. Publicidad. Todos los procesos relativos a la violencia contra las mujeres serán de conocimiento público, resguardando la identidad, domicilio y otros datos de la víctima.

6. Inmediatez y continuidad. Iniciada la audiencia, ésta debe concluir en el mismo día. Si no es posible, continuará durante el menor número de días consecutivos.

7. Protección. Las juezas y jueces inmediatamente conocida la causa, dictarán medidas de protección para salvaguardar la vida, integridad física, psicológica, sexual, los derechos patrimoniales, económicos y laborales de las mujeres en situación de violencia.

8. Economía procesal. La jueza o juez podrá llevar a cabo uno o más actuados en una diligencia judicial y no solicitará pruebas, declaraciones o peritajes que pudieran constituir revictimización.

9. Accesibilidad. La falta de requisitos formales o materiales en el procedimiento no deberá retrasar, entorpecer ni impedir la restitución de los derechos vulnerados y la sanción a los responsables.

10. Excusa. Podrá solicitarse la excusa del juez, vocal o magistrado que tenga antecedentes de violencia, debiendo remitirse el caso inmediatamente al juzgado o tribunal competente.

11. Verdad material. Las decisiones administrativas o judiciales que se adopten respecto a casos de violencia contra las mujeres, debe considerar la verdad de los hechos comprobados, por encima de la formalidad pura y simple. 12. Carga de la prueba. En todo proceso penal por hechos que atenten contra la vida, la seguridad o la integridad física, psicológica y/o sexual de las mujeres, la carga de la prueba corresponderá al Ministerio Público.

13. Imposición de medidas cautelares. Una vez presentada la denuncia, la autoridad judicial dictará inmediatamente las medidas cautelares previstas en el Código Procesal Penal, privilegiando la protección y seguridad de la mujer durante la investigación, hasta la realización de la acusación formal. En esta etapa, ratificará o ampliará las medidas adoptadas.

14. Confidencialidad. Los órganos receptores de la denuncia, los funcionarios de las unidades de atención y tratamiento, los tribunales competentes y otros deberán guardar la confidencialidad de los asuntos que se someten a su consideración, salvo que la propia mujer solicite la total o parcial publicidad. Deberá informarse previa y oportunamente a la mujer sobre la posibilidad de hacer uso de este derecho.

15. Reparación. Es la indemnización por el daño material e inmaterial causado, al que tiene derecho toda mujer que haya sufrido violencia (el resaltado es nuestro).

En el mismo Capítulo III -del referido Título V-, respecto a las directrices de procedimiento, en el art. 87.4 de la referida Ley 348, se dispone que en todos los procedimientos administrativos, judiciales e indígena originario campesinos (IOC), se aplicarán, entre otras, la siguiente directriz: “Obligación de investigar, proseguir y procesar hasta lograr la sanción de todos los hechos que constituyan violencia hacia las mujeres” (el resaltado es nuestro). Esta obligación se complementa con lo previsto en el art. 90 de la Ley 348, que determina que todos los delitos contemplados en el referido cuerpo normativo, son de acción pública; de ahí, el deber no solo de perseguir de oficio, sino también, de investigar, proseguir y procesar hasta lograr la sanción de los hechos de violencia hacia las mujeres; obligación, que se refuerza con lo previsto por el art. 94 de dicha Ley 348, que con el nombre de Responsabilidad del Ministerio Público, señala que:

Ninguna mujer debe tener la responsabilidad de demostrar judicialmente aquellas acciones, actos, situaciones o hechos relacionados con su situación de violencia; será el Ministerio Público quien, como responsable de la investigación de los delitos, reúna las pruebas necesarias, dentro el plazo máximo de ocho (8) días bajo responsabilidad, procurando no someter a la mujer agredida a pruebas médicas, interrogatorios, reconstrucciones o peritajes, careos que constituyan revictimización.

En caso de requerirse peritajes técnicos, no deberán ser exigidos a la mujer. Si se tratara de delito flagrante, será el imputado el responsable de pagar por éstos; si fuera probadamente insolvente, se recurrirá a los servicios gratuitos de los Servicios Integrales de Atención.

La o el Fiscal deberá acortar todos los plazos de la etapa preparatoria hasta la acusación en casos de violencia contra la mujer por su situación de riesgo (las negrillas son añadidas). De lo anotado, se concluye que en el marco de los estándares internacionales e internos de protección a las mujeres víctimas de violencia, el Estado tiene la obligación de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; debida diligencia que, en la labor de investigación, se traduce en la investigación de oficio de los hechos de violencia hacia las mujeres, la celeridad en su actuación, la protección inmediata a la misma, la prohibición de revictimización y que la carga de la prueba corresponde al Ministerio Público y no a la víctima. Además, cabe señalar, que en la adopción de medidas cautelares, se debe privilegiar la protección y seguridad de la mujer durante la investigación; entendimiento que ya fue plasmado en la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto, que al momento de establecer los criterios de peligro para la víctima, contenidos en el art. 234.10 del CPP, señaló en su Fundamento Jurídico III.2, que:

a) En los casos de violencia contra las mujeres, para evaluar el peligro de fuga contenido en el art. 234.10 del CPP, deberá considerarse la situación de vulnerabilidad o de desventaja en la que se encuentren la víctima o denunciante respecto al imputado; así como las características del delito, cuya autoría se atribuye al mismo; y, la conducta exteriorizada por éste contra las víctimas, antes y con posterioridad a la comisión del delito, para determinar si dicha conducta puso y pone en evidente riesgo de vulneración, los derechos tanto de la víctima como del denunciante;

III.4. Análisis del caso concreto

Las accionantes denunciaron la vulneración de sus derechos a la vida, integridad, seguridad y celeridad, toda vez que dentro del proceso signado como LPZ-1CA2000034, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, el Fiscal de Materia demandado dicto resoluciones de rechazo y sobreseimiento que fueron objetados e impugnados por las solicitantes de tutela, sin embargo, hasta la presentación de la acción de libertad, no se remitieron las mismas ante el Fiscal Departamental de La Paz, argumentando que la apoderada de una de las víctimas no fue notificada, cuando en los hechos esta se dio por notificada el 30 de junio de 2023. Previamente, resulta pertinente aclarar que la denegatoria del Juez de garantías que en lo principal se ha basado en la prohibición para la justicia constitucional intervenir en las funciones propias del Ministerio Público cuyas actuaciones están bajo control jurisdiccional a cargo de una autoridad judicial donde las partes tendrían que acudir ante dicha instancia, no resulta aplicable al caso, por cuanto al tratarse de víctimas menores de edad y considerando la tutela reforzada que tienen los niños en situación de violencia como ocurre en el presente caso, permite la presentación directa de la acción de libertad prescindiendo de la subsidiariedad excepcional, razón por lo que se ingresará a verificar, si evidentemente se vulneraron sus derechos invocados.

En este contexto, de los antecedentes cursantes en el expediente, se advierte que el Fiscal de Materia demandado en el caso CUD: LPZ-1CA200034, el 26 de agosto de 2022 emitió resoluciones de sobreseimiento a favor de Alan Azurduy Roca y Alan Laurence Azurduy Claros y de rechazo a favor de Alan Azurduy Roca, Oscar José Julio Roca Gonzales, Yorka Azurduy Roca, Mónica Escalera Postigo, Elva Roca Vda. De Azurduy, Moraima Escalera Postigo, Raúl Sánchez Bolaños, y Alan Laurence Azurduy Claros por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, violencia económica, amenazas, discriminación, alteración, acceso y uso de datos informáticos, falso testimonio, falsedad material, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado (Conclusión II.1 y 2). Ante tales decisiones, la accionante a través de los escritos de 7 de septiembre de 2022 objetó la resolución de rechazo e impugnó la resolución de sobreseimiento; por su parte, Noel Arturo Vaca López, el 16 de septiembre de 2022 también impugnó la resolución de sobreseimiento, al igual que Elba Laura Borda Azurduy el 19 de septiembre de 2022; de la misma manera el 27 de septiembre de 2022 Elba Laura Borda Azurduy en representación convencional de Rocío Daniela Azurduy Roca presentó objeción a la resolución de rechazo y finalmente, el 21 de diciembre de 2022, Camila Nicol Borda Azurduy impugnó la resolución de sobreseimiento (Conclusiones II.3, 4, 5,6, 7 y 9). Asimismo, se evidencia que por escrito de 21 de septiembre de 2022 la representación del Ministerio Público informó a la Jueza del Juzgado Público Mixto de Familia de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Caranavi del departamento de La Paz que una de las denunciantes tiene su residencia en Chile por lo que el Ministerio Público viene agotando esfuerzos para dar cumplimiento a la remisión de antecedentes (Conclusión II.8), sin embargo, una vez que se remite los antecedentes ante el Fiscal Departamental de La Paz, la referida autoridad superior emite la providencia el 17 de enero de 2023 que dispone devolver los antecedentes al Fiscal de Materia para dentro del término de diez días subsane las observaciones realizadas y remita nuevamente los antecedentes a fin de su análisis en el fondo (Conclusión II.10); en forma posterior, el 24 de marzo de 2023 el Fiscal de Materia presentó escrito ante la Jueza Mixta Público Civil y Comercial, de Familia y la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Guanay del departamento de La Paz, subsanando la observación realizada por el Fiscal Departamental de La Paz y corrigiendo datos en la resolución de rechazo, la que mereció la providencia de 3 de abril de 2023, por el que la autoridad de control jurisdiccional tiene por subsanada y corregida los datos de la Resolución de Rechazo en cuanto a los delitos de discriminación, alteración, acceso y uso indebido de datos informáticos (Conclusión II.11). A través del escrito de 25 de junio de 2023, Rocío Daniela Azurduy Roca representada por Elba Laura Borda Azurduy dirigiéndose al Juez de control jurisdiccional, expresamente hace conocer que se da por notificada con decreto de 3 de abril de 2023, denunciando a su vez dilación de 5 meses y 8 días que no se cumple la orden del fiscal departamental y solicita conminatoria al Ministerio Público para que remita los antecedentes al Fiscal Departamental de La Paz y se resuelva la objeción, que mereció la providencia de 27 de junio de 2023 por el que la Jueza de control jurisdiccional conminó al representante fiscal a cumplir con lo determinado en el Auto de 17 de enero de 2023 a efectos de la remisión del cuaderno de investigaciones ante el superior jerárquico, para que se resuelva la objeción e impugnación a la resolución de rechazo y sobreseimiento (Conclusión II.12), sin embargo, el 26 de junio de 2023 el Fiscal de Materia demandado erróneamente emitió el requerimiento Fiscal a Elba Laura Azurduy Borda apoderada legal de Rocío Daniela Azurduy Roca a fin de notificarse con el memorial de 24 de marzo de 2023 que aclara las observaciones realizadas por el Fiscal Departamental de La Paz (Conclusión II.13). Ahora bien, de acuerdo a lo precisado en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es deber del Estado adoptar las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional, así como toda acción u omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, causar muerte, dolor y sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público o privado; asimismo, erradicar la violencia hacia las mujeres, por cuya razón se promulgó la Ley 348, que tiene por objeto establecer medidas y políticas integrales de atención, prevención y reparación a las personas en situación de violencia, así como la persecución y sanción a los agresores. En ese sentido, el art. 86 de la referida Ley, dispone que todas las operadoras y operadores de la administración de justicia en todas las materias, fiscales, policías y demás operadores de justicia, deben dar estricto cumplimiento a los plazos procesales previstos, sin dilación alguna bajo apercibimiento; lo que quiere decir, que las autoridades públicas que tengan conocimiento de este tipo de casos, deben regirse por el principio procesal de celeridad, así como también en los principios de imposición de medidas cautelares, protección, accesibilidad, verdad material, reparación y simplificar el procedimiento para delitos de violencia contra las mujeres que se encuentran regulados en la misma disposición legal, ya que de no hacerlo se estaría lesionado el derecho a la tutela judicial efectiva y al principio de celeridad procesal de la víctima, al no actuarse con la debida diligencia en la investigación llevada a cabo por la autoridad demandada. Es evidente que la acción de libertad de pronto despacho, fue concebida por la jurisprudencia constitucional, con el objeto de proteger los derechos a la libertad y la vida de los imputados privados de libertad, cuando una dilación ilegal o indebida prolongue su situación jurídica y por ende no se tenga una resolución inmediata o dentro los plazos legales que resuelva su petición; sin embargo, también es cierto que de acuerdo a lo desarrollado en la SCP 0017/2019-S2 de 13 de marzo, en las acciones tutelares, no debe pasarse por alto el equilibrio que debe existir entre los derechos del imputado y la víctima, examinando el contexto y los derechos en conflicto; más aún, cuando se trata de casos de violencia hacia las mujeres y niños como en el presente caso, en los cuales, se deben aplicar los estándares internacionales e internos para la tutela de reforzada de los derechos de este grupo vulnerable. En este contexto, tomando en cuenta que las impugnaciones y objeciones presentadas contra las resoluciones de sobreseimiento y rechazo, fueron interpuestas por las víctimas el 7, 16, 19, 27 de septiembre y 21 de diciembre de 2022, si bien inicialmente fueron remitidos ante el Fiscal Departamental de La Paz, sin embargo, mereció observación de dicha autoridad el 17 de enero de 2023 que ha devuelto para que sean corregidos por el Fiscal de Materia. Una vez que fueron subsanadas, el 24 de marzo de 2023 por el Fiscal de Materia demandado, sucede que hasta la fecha de presentación de la acción de libertad los antecedentes de la objeción e impugnación no fueron aún remitidas para su análisis de fondo ante el Fiscal Departamental de La Paz, lo que evidencia una flagrante dilación o incumplimiento de plazos procesales por parte de la autoridad demandada, demora que lesiona el principio de celeridad procesal y la tutela judicial efectiva de las víctimas de violencia, no siendo justificativo valedero, la supuesta falta de notificación a la víctima Rocío Daniela Azurduy Roca representada por Elba Laura Borda Azurduy, cuando consta que la nombrada apoderada de la denunciante, el 25 de junio de 2023 presentó expresamente memorial ante la Juez de control jurisdiccional, dándose por notificada con la subsanación realizada por el Fiscal y el decreto de 3 de abril de 2023 donde además solicita conminatoria al Ministerio Público para que remita los antecedentes ante el Fiscal Departamental de La Paz; de lo que se advierte que al darse por notificada con la subsanación y el decreto de 3 de abril de 2023, ha cumplido con su finalidad de haber tenido conocimiento de la subsanación realizada por la Fiscal de Materia, por cuanto la señalada víctima tomó conocimiento del escrito de 24 de marzo de 2023 así como del decreto de 3 de abril, esta circunstancia hacía completamente innecesaria su notificación personal a través de su apoderada, en consecuencia, correspondía al Fiscal de Materia demandado actuar con la mayor diligencia posible, remitiendo los antecedentes de la objeción e impugnación al Fiscal Departamental, precisamente en observancia del principio de celeridad procesal y la tutela judicial efectiva para su consideración y resolución; por tales razones, corresponde conceder la tutela a favor de la parte accionante. En consecuencia, el Juez de garantías al denegar la tutela impetrada, no obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 269/2023 de 24 de julio, cursante de fs. 151 a 152 vta., pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, 1° CONCEDER totalmente la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; 2° Disponer, que el Fiscal de Materia demandado remita el cuaderno de investigación ante el Fiscal Departamental de La Paz, dentro de las cuarenta y ocho horas de notificado con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, siempre y cuando no haya realizado ya dicha remisión. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

Notas al pie

3 El último Considerando, señala: “Que la protección que brinda el art. 18 de la Constitución Política en cuanto al debido proceso se refiere, no abarca a todas las formas en que el mismo puede ser infringido, sino sólo a aquellos supuestos en los que está directamente vinculado al derecho a la libertad personal o de locomoción, por operar como causa para su restricción o supresión, quedando por tanto las demás bajo la tutela que brinda el art. 19 constitucional, que a diferencia del Hábeas Corpus, exige para su procedencia el agotamiento de otras vías o recursos idóneos para lograr la reparación inmediata del acto o la omisión ilegal”. 4El FJ III.2, indica: “De lo dicho se concluye que en los procesos instaurados de acuerdo al ordenamiento jurídico boliviano, en el sentido del orden constitucional, las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien ha sido objeto de esa lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su rol dentro del proceso, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo

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Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1120_2023-S1_id64343.pdf · páginas 1 a 20.

Huella digital del PDF (SHA-256): 4911d2ee3ec21032c52f140801b1023cb1530ae14d1a9805909e798c464ca653

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