Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera Especializada · 9 de julio de 2026
Deniega la tutela
La accionante, denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, a no sufrir violencia física o psicológica, a la dignidad, a la propiedad privada y su uso, a la posesión; puesto que, ante el incumplimiento de lo acordado con Jenny Ada Puente Gonzales, relativo al Documento Privado de Compra y Venta en arras; y, Contrato de Arrendamiento ambos de 25 de enero de 2022, relacionado al Departamento 2B, Segundo Piso, Parqueo 4 y Baulera 3, ubicados en el Edificio “Villa Laura”, zona Cota Cota, región Calacoto, calle Las Retamas, del municipio de Palca, provincia Murillo del departamento de La Paz, en los que se establecieron el plazo al 25 de abril de igual año, a partir del cual operaba la resolución de los mismos; en ese sentido pretendió retomar la posesión de los indicados bienes inmuebles; empero, el mismo estaba ocupado por la hoy accionada, a quien no conocía y con quien jamás tuvo trato ni contrato alguno, constituyendo esa ocupación ilegal, vías de hecho y avasallamiento, al verse impedida de ingresar al citado Departamento de su propiedad. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) La naturaleza de la acción de amparo constitucional y la excepción a la subsidiariedad en medidas de hecho; ii) La proscripción de las medidas o vías de hecho o justicia por mano propia; iii) El Estado Constitucional de Derecho y el derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia; su vulneración por las medidas o vías de hecho; iv) La…
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional en su Sala Primera Especializada, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 118/2023 de 26 de junio, cursante de fs. 154 a 157, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por la referida Sala Constitucional y conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1119/2026-S1 Sucre, 9 de julio de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional Expediente: 57207-2023-115-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 118/2023 de 26 de junio, cursante de fs. 154 a 157, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Pamela Romano Aliaga contra Pamela Marcela Garamendy Salas.
La accionante, por memoriales presentados el 24 de marzo y el 4 de abril de 2023, cursantes de fs. 45 a 52; y, 57 a 59, manifestó lo siguiente:
A fines de 2021, encomendó a “Daveiba Hevia y Vaca Morro” la venta de un departamento semi amoblado, un garaje y una baulera, todos de su propiedad, ubicados en el Edificio “Villa Laura”, zona Cota Cota, región Calacoto, calle Las Retamas, del municipio de Palca, provincia Murillo del departamento de La Paz, registrados en la oficina de Derechos Reales (DD.RR.), bajo las matrículas computarizadas 2.01.1.01.0027167, 2.01.1.01.0027192 y 2.01.1.01.0027221, todos en el Asiento A-1 de titularidad sobre el dominio de 16 de junio de 2015; por lo cual, en enero de 2022, “Daveiba Hevia y Vaca Morro”, le informó el interés de Jenny Ada Puente Gonzales, en la compra de los tres bienes inmuebles, a quien no conocía y solo tenía referencia que le brindó, atendiendo los consejos y recomendaciones de la encargada de la venta de los bienes inmuebles, suscribieron el Documento Privado de Compra y Venta en arras el 25 de igual mes y año, por el precio de $us100 000.- (cien mil dólares estadounidenses) por los tres bienes inmuebles. En mérito a dicho acuerdo, Jenny Ada Puente Gonzales, le entregó la suma de $us3 000.- (tres mil dólares estadounidenses), pactando un plazo de tres meses -es decir hasta el 25 de abril de 2022-, para cancelar el total del precio convenido o se desestimaría la relación contractual; en forma paralela se firmó con la nombrada el Contrato de Arrendamiento de 25 de enero igual año, con Certificación de Firmas y Rúbricas 362/2022 de 5 de febrero, emitido por el Notario de Fe Pública 95 de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, que no tenía otra finalidad que la entrega de los tres inmuebles para el uso, goce y disfrute de Jenny Ada Puente Gonzales, quien hasta que le pague la deuda total por la compraventa, se obligó a pagarle un alquiler de $us400.- (cuatrocientos dólares estadounidenses), también con similar plazo; en ambos casos, convinieron que al incumplimiento del pago del saldo adeudado, Jenny Ada Puente Gonzales, debía desalojar voluntariamente el garaje, la baulera y el departamento entregados, quedando sin efecto y valor legal ambos documentos suscritos. Hasta la fecha de interposición de la presente acción de amparo constitucional, Jenny Ada Puente Gonzales, no cumplió con el pago del saldo de $us97 000.-(noventa y siete mil dólares estadounidenses), quedando resueltos el Documento Privado de Compra y Venta en arras y el Contrato de Arrendamiento, ambos de 25 de enero de 2022, todo con las sanciones previstas; vale decir, la consolidación de los $us3 000.- en su favor y la devolución inmediata de los tres bienes inmuebles; por lo que, lo señalado se le hizo saber a la nombrada, mediante Carta Notariada el 28 de abril de igual año. Lamentablemente a tiempo de pretender retomar la posesión de sus tres bienes inmuebles, encontró con que los mismos estaban ocupados por la ahora accionada, quien se introdujo furtivamente en su departamento en franco y claro avasallamiento de su propiedad privada; puesto que, sin tener trato ni contrato con la nombrada ocupó su propiedad, haciendo uso de los muebles que en él se encuentran. Por referencias del administrador del Edificio “Villa Laura”, la misma, mediante una ilegal ocupación de hecho estaría usando, gozando y disfrutando de sus tres bienes inmuebles, muebles y sus enceres personales; bajo el argumento de ser anticresista, sin que hubiese firmado con ella ningún documento, quien entregó la suma de $us25 000.- (veinticinco mil dólares estadounidenses) a Jenny Ada Puente Gonzales y Valeria Alejandra Elio Trewhella. Ante tales circunstancias, acudió al Ministerio Público e interpuso denuncia penal contra la hoy accionada, por la presunta comisión del delito de allanamiento de domicilio o sus dependencias, previsto y sancionado por el art. 298 del Código Penal (CP), al considerar que la nombrada ocupó ilegítimamente el departamento, garaje y baulera de su propiedad; empero, mediante Resolución de Desestimación CRCC 198/2022 de 20 de junio, emitido por el Fiscal de Materia, la denuncia fue desestimada, sin que ello hubiese permitido la restitución de la posesión de los referidos bienes inmuebles. Posteriormente, acudió a la vía ordinaria civil, citando y emplazando a la ahora accionada con la finalidad de llegar a un acuerdo; por lo que, tampoco fue posible; no obstante, que la nombrada, estaría al tanto de todo lo acontecido, constituyéndose así en una avasalladora de su propiedad.
La accionante, denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, a no sufrir violencia física o psicológica, a la dignidad, a la propiedad privada y su uso, a la posesión; y, a la inviolabilidad de domicilio; citando al efecto los arts. 15, 22, 25, 56 y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela; y, en consecuencia, se disponga: a) El desalojo -se entiende de su departamento semi amoblado, un garaje y una baulera, ubicado en el Edificio “Villa Laura”, zona Cota Cota, región Calacoto, calle Las Retamas, del municipio de Palca, provincia Murillo del departamento de La Paz- de la hoy accionada, dentro de las veinticuatro horas siguientes a su legal notificación, con el auxilio de la fuerza pública; y, b) La condenación al pago de costas más daños y perjuicios, en virtud a lo previsto por el art. 113.I de la CPE.
Celebrada la audiencia virtual el 26 de junio de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 148 a 153, se produjeron los siguientes actuados:
La accionante a través de su abogado en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional, y ampliándolo, manifestó que: 1) Su persona cumplió con la carga de la prueba, acreditando de manera objetiva la existencia de actos y medidas de hecho que no podrán desvirtuarse por la ahora accionada, correspondiendo otorgar la tutela solicitada; ya que, no serían permisibles este tipo de acciones en un Estado de derecho, en desmedro de sus derechos; puesto que, los actos de la nombrada, impidieron arbitrariamente el ejercicio de su derecho de propiedad privada; 2) Con la relación de hechos, le informaron que Jenny Ada Puente Gonzales y Valeria Alejandra Elio Trewhella, tenían una infinidad de casos ante el Ministerio Publico, sobre manipulación informática, estafa, uso de instrumento falsificado y otros delitos, que probablemente cometieron, siendo evidente que tenían un frondoso prontuario por delitos de estafa y falsedad; 3) En virtud a ello, es que sucedieron los hechos relatados, aclarando que “Daveiba Hevia y Vaca Morro”, fue una persona confiable; puesto que, es su prima; por lo que, dio lugar a que entregará las llaves, para que Pamela Ada Puente Gonzales, hiciera uso del departamento, desde que firmaron los documentos, pero cuando entregaron la “carta notariada”, se encontraron que en el departamento vivía una persona a quien no conocían -la hoy accionada-; sin embargo, dejaron la referida carta a la persona que estaba en el bien inmueble y posteriormente con la nombrada, tuvieron dos a tres reuniones en las que participó, tratando de llegar a un entendimiento y conocer en principio, el por qué estaba ocupando los tres bienes inmuebles, sin que hubiese una relación de ningún tipo, oportunidad en que la misma comentó que, tomó conocimiento del departamento por la Agencia de Bienes Raíces “Sweet Home Solution”, y confesó también en esa primera reunión que ella obtuvo un “certificado de información rápida”, de la Oficina de DD.RR., donde figuraba como propietaria su persona; no obstante de ello, hizo entrega de dinero a Jenny Ada Puente Gonzales, el 1 de febrero de 2022, por la suma de $us5 000.- (cinco mil dólares estadounidenses) y luego a Valeria Alejandra Elio Trewhella el saldo de $us20 000.- (veinte mil dólares estadounidenses), haciendo un total de $us25 000.-; 4) Cuando se incumplieron los acuerdos establecidos con Jenny Ada Puente Gonzales, acudieron con Pamela Romano Aliaga, a través de una “carta notariada” pidiendo la entrega del documento y que devolviera el departamento, enterándose así que la ahora accionada ocupaba los bienes inmuebles; por lo que, les llevó al convencimiento que mediante medidas de hecho se produjo el avasallamiento del mismo, desde entonces hasta la fecha -se entiende de interposición de la presente acción tutelar- acudió al Ministerio Público, a la jurisdicción ordinaria en vía de conciliación, sin éxito; puesto que, la hoy accionada, indicó que tiene como única garantía el dinero entregado a Valeria Alejandra Elio Trewhella; 5) Entonces, ante la imposibilidad de obtener atención del Ministerio Publico y de llegar a una conciliación con la ahora accionada, acudieron a la jurisdicción constitucional; puesto que, efectivamente se produjeron acciones de hecho que perjudican su derecho a la propiedad privada. Circunstancias que le afectaron; ya que, recientemente dio a luz a su bebe, respecto de quien, también fue vulnerado su derecho fundamental de las mujeres a no sufrir violencia física, ni psicológica por los hechos manifestados, a más de la infracción del derecho a la inviolabilidad de su domicilio; y, 6) Respondiendo a las interrogantes efectuadas en audiencia, por los Vocales de la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, manifestó que: Desconocía la relación que se había establecido entre Jenny Ada Puente Gonzales y Pamela Marcela Garamendy Salas, la cual se basó en un “contrato” que no fue firmado por la supuesta verdadera dueña, entonces como fue posible que se metiera al departamento; por lo que, constituiría una medida de hecho.
Pamela Marcela Garamendy Salas, mediante informe presentado el 26 de junio de 2023, cursante de fs. 144 a 147 vta.; y, así como en audiencia, manifestó que: i) En enero y febrero de 2022, buscaba vivienda para su persona y sus dos hijas menores de edad, contactándose con la Agencia de Bienes Raíces “Sweet Home Solution” a la que accedió a través de la red social Facebook, de propiedad de Valeria Alejandra Elio Trewhella, quien le comunicó de la existencia de un departamento ubicado en el Edificio “Villa Laura”, zona Cota Cota, región Calacoto, calle Las Retamas, del municipio de Palca, provincia Murillo del departamento de La Paz y que la contactaría con la propietaria, que tenía interés de darlo en contrato de anticrético, es así que reunidas en el bien inmueble en cuestión, conoció a Jenny Ada Puente Gonzales, quien le manifestó ser la propietaria, exhibiéndole el “contrato de compraventa” suscrito con la accionante, aseverando que no existía inconveniente de registrarlo en la Oficina de DD.RR.; empero, que debía esperar unos días, hasta que hiciera el cambio de nombre, con esa seguridad el 5 de febrero de ese año, le entregó la suma de $us5 000.-, como reserva del bien inmueble, para posteriormente entregar $us20 000.- el 10 de igual mes y año, oportunidad en la que firmó el contrato, y cuando debía firmarlo la nombrada, decidió abandonar la reunión abruptamente, indicando una emergencia y no firmó el mismo, pidiéndole que entregue el dinero a Valeria Alejandra Elio Trewhella y que luego le darían la copia firmada del contrato, recibiendo en esa ocasión las llaves del departamento; ii) Luego, cuando se comunicó con Valeria Alejandra Elio Trewhella, pidiéndole la copia firmada del Contrato de 10 de febrero de 2022, la nombrada comenzó con sus evasivas, enterándose en el edificio que la accionante, seguía siendo la propietaria; por lo que, la llevó a entrevistarse con ella contándole lo ocurrido, sintiéndose estafada; por lo cual, presentó denuncia y posterior querella ante el Ministerio Público, por el delito de estafa contra Jenny Ada Puente Gonzales y Valeria Alejandra Elio Trewhella, encontrándose esta última a la fecha -se entiende de la celebración de la audiencia de esta acción tutelar-, con detención preventiva en el Centro de Orientación Femenina de Miraflores de La Paz y la otra prófuga; iii) En tanto la accionante le inició proceso penal por allanamiento de domicilio, denuncia que fue desestimada, de igual forma en sede civil, interpuso proceso extraordinario para recuperar la posesión y otro de cumplimiento de obligación, recisión de contrato, procesos que fueron abandonados; iv) La nombrada trata de confundir al expresar que, ingresó al departamento mediante medidas de hecho y en complicidad con Jenny Ada Puente Gonzales y Valeria Alejandra Elio Trewhella, cuando lo hizo mediante conducto legal, con base al Documento Privado de Compra y Venta en arras el 25 de enero de 2022, suscrito por la accionante y Jenny Ada Puente Gonzales, vigente; puesto que, no fue impugnado en la jurisdicción ordinaria; por lo que, en ningún momento ejerció medidas de hecho para poseer el departamento, a donde ingresó de forma legal; v) No podrían utilizar la jurisdicción constitucional para reemplazar a la jurisdicción ordinaria, cuando en el caso existe controversia de derechos y hechos que deben ser dilucidados en la jurisdicción ordinaria, de igual forma y conforme lo dispuesto por el art. 55 del Código Procesal Constitucional (CPCo), el hecho vulnerador hubiese ocurrido el mes de febrero de 2022, habiendo vencido superabundantemente, el plazo establecido de seis meses para interponer la acción tutelar; vi) La relación de hechos efectuada demostró la existencia de hechos controvertidos que no compete resolverse en la jurisdicción constitucional; puesto que, son materia de la jurisdicción ordinaria; no serían evidentes las medidas de hecho para ingresar al departamento por su parte; puesto que, conforme al citado Documento Privado, este tendría plena validez y efectos jurídicos, encontrándose vigente; vii) En resumen, su ingreso, no responde a un acto ilegal; ya que, no sería cierto que hubo una medida de hecho, o avasallamiento; considerando que, dicho Documento Privado de Compra y Venta en arras reconocido con “…firmas y rubricas ante Notario de Fe Pública…” (sic), primer elemento de la acción de la accionante, constituido en prueba, de que no hubo medidas de hecho; viii) Posteriormente, cuando Jenny Ada Puente Gonzales desapareció sin firmar el contrato de anticresis, iniciaron las acciones legales, existiendo un proceso penal por estafa, en el que Valeria Alejandra Elio Trewhella ingresó a la “cárcel”, remarcando que no existió una medida de hecho; tomando en cuenta que, que conforme el referido Documento Privado de Compra y Venta en arras, la accionante transfirió con arras el bien inmueble, correspondiendo a la jurisdicción civil determinar, la validez o no de dicho acto jurídico; por lo cual, a la luz del derecho estaría vigente; ix) Para establecer el test de constitucionalidad, si en la acción invocada aplica o no las medidas de hecho, analizarán si existió consentimiento de los actos denunciados y acusados como medidas de hecho, por cuanto la acción de defensa no puede quedar a merced de la volatilidad de la accionante, pasando de acciones civiles, a penales, a más de abandonos, siendo aplicable al caso la teoría de los actos propios, de ahí que no infringieron el derecho de propiedad, ni lo controvirtieron; x) Otro elemento a considerar sería que, su persona y sus hijas menores de dos y ocho años a la fecha -se entiende de la celebración de la audiencia de esta acción tutelar-, sufren violencia por parte de la accionante, quien reconoció que en diciembre de 2022, cortó el suministro de energía eléctrica, viviendo con miedo y acoso psicológico, violencia moral sistemática, continua y permanente durante los últimos meses; xi) Infiriéndose en resumen, la existencia de hechos controvertidos; ya que, la nombrada al no dirigir adecuadamente su reclamo ante la jurisdicción ordinaria, pretenda sorprender a la jurisdicción constitucional para conseguir su desalojo, quién estaría en una situación de vulnerabilidad, teniendo bajo su guarda a sus dos niñas menores de edad, forzando a dicha jurisdicción para conseguir lo que debe dilucidarse por la vía ordinaria, respondiendo de manera negativa a la acción de amparo constitucional interpuesta por la nombrada; y, xii) Contestando a las interrogantes realizadas en audiencia por los Vocales de la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, manifestó que: a) El Documento Privado de Compra y Venta en arras el 25 de enero de 2022, fue el que generó su confianza, para entregar los primeros $us5 000.- el 5 de febrero de igual año, como reserva del departamento, luego en una segunda reunión el 10 de ese mes y año, la accionante firmó el contrato de anticresis, momento en el que se hizo el ardid por parte de Jenny Ada Puente Gonzales, de salirse y dejar a la propietaria de la Agencia de Bienes Raíces “Sweet Home Solution” Valeria Alejandra Elio Trewhella, a quien se le entregó el saldo de $us20 000.-; recibo de dicha entrega que consta en la documental presentada; b) Si bien sería profesional universitaria, no es abogada y por regla básica, entendió que al existir el mencionado Documento Privado de Compra y Venta en arras “con reconocimiento de firmas”, este acto jurídico tenía validez; y, c) Actualmente ocupa el departamento en calidad de anticresista, el cual evidentemente no llevaría la firma de Jenny Ada Puente Gonzales, por el ardid que realizaron, lo que dio lugar a que iniciarán las acciones penales mencionadas, reiterando que el acto jurídico que permitió el ingreso al bien inmueble ubicado en el Edificio “Villa Laura”, zona Cota Cota, región Calacoto, calle Las Retamas, del municipio de Palca, provincia Murillo del citado departamento, fue el indicado Documento Privado de Compra y Venta en arras, el cual estaría vigente en tanto no sea impugnado en la jurisdicción civil, y se constituye en el respaldo legal para ocupar el departamento; puesto que, no ingresó al mismo por medidas de hecho, por la fuerza ni de manera violenta o clandestina. La permanencia en el inmueble se dará en tanto la justicia dilucide la validez o no de del documento de compraventa con arras; por lo cual, pide se deniegue la tutela solicitada.
La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 118/2023 de 26 de junio, cursante de fs. 154 a 157, denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos: 1) La accionante señaló que por recomendación de Daveiba Hevia y Vaca Morro, siendo propietaria de un departamento, un garaje y baulera, ubicado en el Edificio “Villa Laura”, zona Cota Cota, región Calacoto, calle Las Retamas, del municipio de Palca, provincia Murillo del citado departamento,, registrados en la Oficina de DD.RR., bajo las matrículas computarizadas 2.01.1.01.0027167, 2.01.1.01.0027192 y 2.01.1.01.0027221; por lo cual, Daveiba Hevia y Vaca Morro, le hizo conocer que existía una persona interesada en adquirir en compraventa las propiedades, concretamente Jenny Ada Puente Gonzales, con quien suscribió el Documento Privado de Compra y Venta en arras el 25 de enero de 2022, habiendo recibido la suma de $us3 000.- existiendo un saldo por pagar de $us97 000.-; paralelamente, también por recomendación de Daveiba Hevia y Vaca Morro, suscribió Contrato de Arrendamiento, de igual fecha, por la suma $us400.-, mensuales con Jenny Ada Puente Gonzales; empero, señaló la accionante que ninguno de estos dos Contratos se cumplieron en el plazo acordado; por lo que, quedaron sin efecto, entonces a tiempo de pretender retomar la posesión de su inmueble encontró con que los mismos estaban ocupados por la ahora accionada, respecto de quien señaló la accionante, ingresó en el departamento en franco y claro avasallamiento de su propiedad privada, sin tener trato ni contrato con esa persona, manteniendo una ilegal ocupación de hecho, usando, gozando y disfrutando de ese bien inmueble, así como de los muebles que tenía en el mismo; es decir, ingresó furtivamente a su propiedad junto a dos menores de edad, incurriendo en un avasallamiento, meticulosamente planificado y ejecutado, afectando sus derechos y garantías fundamentales; 2) Entendiendo la accionante, la existencia de vías de hecho por parte de la hoy accionada, por cuanto la misma sin haber tenido relación alguna con su persona, ocupó el referido departamento, manteniéndose en este hasta la fecha -se entiende de la celebración de la audiencia de esta acción de defensa-, acciones que repercuten en los referidos derechos precedentemente, haciendo énfasis en el derecho a la propiedad privada, consagrado por el art. 56 de la CPE; 3) La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, entendió que la doctrina de las medidas de hecho, o los hechos vinculados a la toma de un predio por una invasión indebida, por un acto de avasallamiento, por una acción contraria al ordenamiento jurídico, por supuesto que se encuentra reñida y discutida con nuestro ordenamiento jurídico; por lo que, el desarrollo jurisprudencial del Tribunal Constitucional Plurinacional, desde la gestión 2003, sistematizada el 2012 en la SCP 0998/2012 de 5 de septiembre, estableció tres presupuestos a objeto de conceder la tutela por la comisión de vías y/o medidas de hecho: el primero, vinculado a la acreditación de la titularidad del derecho propietario, susceptible de ser oponible frente a terceros por mandato del art. 1538 del Código Civil (CC), derecho propietario registrado en la Oficina de DD.RR., alegado como vulnerado por la ahora accionada, el cual ciertamente estaría consolidado a mérito de la documentación acompañada, titularidad referida al Departamento 2B, Segundo Piso, ubicado en el Edificio “Villa Laura” zona Cota Cota, región Calacoto, calle Las Retamas, del municipio de Palca, provincia Murillo del departamento de La Paz, con una superficie de 87.55 m, registrado en la Oficina de DD.RR., bajo matrícula computarizada 2.01.1.01.0027167, Asiento A-1 de titularidad sobre el dominio de 16 de junio de 2015; lo mismo el parqueo y la baulera, todos a nombre de la accionante, cumpliendo así con la acreditación del derecho propietario que le asiste; puesto que, este se encuentra debidamente registrado en la Oficina de DD.RR., a partir de su inscripción respectiva, por consiguiente, cumplió con el mandato de la oponibilidad frente a terceros; 4) Segundo presupuesto, sería que ese derecho no este controvertido o sujeto a controversia alguna, en el desarrollo de la acción tutelar, alegaron la existencia de un proceso por allanamiento y otro instaurado en la vía civil; la hoy accionada también dio a conocer el inicio de acciones legales por el delito de estafa, producto del cual Jenny Ada Puente Gonzales a la fecha -se entiende de la celebración de la audiencia de la presente acción de amparo constitucional-, estaría prófuga de la administración de la justicia y Valeria Alejandra Elio Trewhella, Encargada de la Agencia de Bienes Raíces “Sweet Home Solution”, con detención preventiva, como consecuencia de dicho proceso que en criterio de la jurisdicción constitucional, no implica controversia alguna, respecto al derecho propietario que tiene la accionante; ya que, la misma acreditó tener su titularidad en la Oficina de DD.RR.; 5) En cuanto al tercer presupuesto desarrollado por la jurisprudencia, relativo a que se acredite, un acto de ocupación indebida, ingreso indebido, avasallamiento en casos de propiedades extensas; empero, en el caso, la nombrada refirió que Daveiba Hevia y Vaca Morro, le recomendó la transferencia bajo la modalidad de arras que, decantó en la presentación de Jenny Ada Puente Gonzales y nuevamente por recomendación de Daveiba Hevia y Vaca Morro, Jenny Aida Puente Gonzales, también accedió a un contrato de alquiler del departamento, el garaje y la baulera y como consecuencia de esta negociación, se generaron primero, el Contrato de Arrendamiento y el Documento Privado de Compra y Venta en arras, ambos de 25 de enero de 2022, entonces fue voluntad de la accionante, otorgarle la posesión del bien inmueble a Jenny Ada Puente Gonzales; 6) Posteriormente fue evidente, que la nombrada, tuvo la intencionalidad de suscribir un contrato de anticrético con la hoy accionada, establecido en el mismo; puesto que, se suscribió únicamente por la accionante; empero, en su contenido pretendió estar suscrito por Jenny Ada Puente Gonzales; evidenciaron también la reservación efectuada del bien inmueble, para el anticrético de $us5 000.- suscrito por la ahora accionada y una firma ilegible; por lo que, les lleva a concluir que la posesión que ahora efectúa la misma, no emerge de un acto de disposición de la accionante, sino de esa tercera persona Jenny Ada Puente Gonzales, quien permitió el ingreso a la indicada accionada, como consecuencia de un incorrecto, ilegal e “indebido contrato de anticrético” -conforme establece la accionante-; sin embargo, son cuestiones que no definirá, menos dilucidará esta jurisdicción constitucional; 7) En tal sentido, la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, entendió que el tercer presupuesto de la comisión de vías de hecho, no estaría acreditado por la accionante; por lo que, la problemática planteada en la jurisdicción constitucional, en modo alguno podría dilucidarse en este único acto, entendiendo que el derecho propietario de la accionante sí se encuentra consolidado; además, no concierne a esta instancia, resolver el nuevo ingreso de la nombrada a su propiedad; puesto que, los mecanismos de reclamo e impugnación al respecto, se encuentran expeditos y pueden perfectamente activarse, en su protección; y, 8) Respecto a la naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional, la referida Sala Constitucional evidenció del Contrato de Anticresis de 10 de febrero de igual año, sin la firma de Jenny Ada Puente Gonzales, quien la hoy accionada creía que Jenny Ada Puente Gonzales era la propietaria del Departamento 2B, Segundo Piso, ubicado en el Edificio “Villa Laura” zona Cota Cota, región Calacoto, calle Las Retamas, del municipio de Palca, provincia Murillo del departamento de La Paz; quien además supo del “formulario de información rápida” que el mencionado Departamento no estaba a su nombre; sin embargo, le indicaron que regularizaría el trámite de cambio de nombre en unos cuarenta y cinco días, circunstancias que llamaron la atención, aspectos que estarían en conocimiento de la autoridad competente, que si bien no ha de pronunciarse al respecto; puesto que, la apertura de la jurisdicción penal es por el delito de estafa; empero, estos aspectos irregulares, reclamados por la accionante, como el que no tiene suscrito ningún contrato con la ahora accionada, que no efectuó ninguna entrega de su propiedad privada a esta y que en su criterio se trata de una posesión irregular, constituirían cuestiones a dilucidarse por la jurisdicción ordinaria competente, no correspondiendo conceder la tutela, por no haberse establecido el cumplimiento del tercer presupuesto, que hace a la comisión de vías y/o medidas de hecho. La Resolución 118/2023, en modo alguno implica reconocimiento o desconocimiento de los derechos que le asiste a la accionante; puesto que, conforme establecieron, esta cuenta con un derecho propietario consolidado; sin embargo, no sería la vía que dilucide la situación en la cual se encuentra la ahora accionada, teniendo misma la vía expedita para reclamar la protección de sus derechos e intereses, por ante la autoridad competente y en la jurisdicción que establezca y defina el ordenamiento jurídico.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Por Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución a Comisión de Admisión de los expedientes sorteados a los Magistrados cesados, los cuales se encontraban pendientes de resolución; a efecto de que, se realice un nuevo sorteo para que los actuales Magistrados asuman conocimiento y resuelvan dichas causas.
Asimismo, mediante decreto constitucional de 30 de abril de 2026, cursante a fs. 168, se dispuso la suspensión de plazo para la emisión de la correspondiente resolución a efectos de recabar documentación complementaria, reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el decreto constitucional de 8 de julio de igual año, cursante a fs. 172; por consiguiente, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del término legal.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursan Folios Reales de los bienes inmuebles ubicados en el Edificio “Villa Laura”, zona Cota Cota, región Calacoto, calle Las Retamas, del municipio de Palca, provincia Murillo del departamento de La Paz, registrados en la Oficina de DD.RR., bajo las matrículas computarizadas: 2.01.1.01.0027167, relativa al Departamento 2B, Segundo Piso, con una superficie de 87.55 m²; 2.01.1.01.0027192, correspondiente a la Baulera 3, con una superficie de 3.02 m²; y, 2.01.1.01.0027221, relativo al Parqueo 4, con una superficie de 12.50 m², todos en el Asiento A-1 de titularidad sobre el dominio de 16 de junio de 2015, a nombre de Pamela Romano Aliaga -hoy accionante- (fs. 15 a 17). II.2. Consta Documento Privado de Compra y Venta en arras de 25 de enero de 2022, suscrito entre la accionante y Jenny Ada Puente Gonzales, mediante el cual acordaron la transferencia del Departamento 2B, Segundo Piso, Parqueo 4 y Baulera 3, ubicados en el Edificio “Villa Laura”, zona Cota Cota, región Calacoto, calle Las Retamas, del municipio de Palca, provincia Murillo del departamento de La Paz, por el precio total de $us100 000.-, del cual se entregó un adelanto por la suma de $us3 000.-; por lo cual, se estableció, como plazo para la suscripción de la compraventa definitiva el 25 de abril de igual año, vencido el plazo en caso de no cancelar el monto restante la nombrada se obligaba a desalojar el indicado inmueble (fs. 18 a 20). II.3. Mediante Contrato de Arrendamiento de 25 de enero de 2022, con Certificación de Firmas y Rúbricas 362/2022 de 5 de febrero, emitida por el Notario de Fe Pública 95 de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, la accionante, en calidad de propietaria y arrendadora, otorgó en arrendamiento a Jenny Ada Puente Gonzales, el Departamento 2B, Segundo Piso, Parqueo 4 y Baulera 3, ubicados en el Edificio “Villa Laura”, zona Cota Cota, región Calacoto, calle Las Retamas, del municipio de Palca, provincia Murillo del indicado departamento, estableciendo un canon mensual de $us400.- y un plazo de noventa días, computables hasta el 25 de abril de igual año. Asimismo, acordaron que dentro de dicho término la nombrada concretaría la compraventa de los referidos bienes inmuebles conforme a lo estipulado en el Documento Privado de Compra y Venta en arras de la misma fecha; caso contrario, procedería a su devolución y desocupación (fs. 23 y 24). II.4. Por Carta Notariada de 28 de abril de 2022, dirigida a Jenny Ada Puente Gonzales, la accionante pidió la devolución del Departamento 2B, Segundo Piso, Parqueo 4 y Baulera 3, ubicados en el Edificio “Villa Laura”, zona Cota Cota, región Calacoto, calle Las Retamas, del municipio de Palca, provincia Murillo del departamento de La Paz, conforme el Contrato de Arrendamiento de 25 de enero de 2022 (fs. 26). II.5. Cursa Recibo de reserva de bien inmueble de 5 de febrero de 2022, por el que Pamela Marcela Garamendy Salas -ahora accionada-, otorgó la suma de $us5 000.- en favor de Jenny Ada Puente Gonzales, con la finalidad de reservar el Departamento 2B, Segundo Piso, ubicado en el Edificio “Villa Laura”, zona Cota Cota, región Calacoto, calle Las Retamas, del municipio de Palca, provincia Murillo del departamento de La Paz, como anticipo de pago de anticresis del referido bien inmueble que será de $us25 000.-, saldo que deberá completarse para la entrega del mismo (fs. 28). II.6. A través de Recibo manuscrito de 10 de febrero -se entiende 2022-, de Valeria Alejandra Elio Trewhella -como intermediaria de la Agencia de Bienes Raíces “Sweet Home Solution”-, indicando que recibió a solicitud de Jenny Ada Puente Gonzales como supuesta propietaria del Departamento 2B, Segundo Piso, ubicado en el Edificio “Villa Laura”, zona Cota Cota, región Calacoto, calle Las Retamas, del municipio de Palca, provincia Murillo del departamento de La Paz, el monto de $us20 000.-, por concepto de contrato anticrético, ofrecido a la hoy accionada (fs. 29). II.7. Por Contrato de Anticresis de 10 de febrero de 2022, respecto al Departamento 2B, Segundo Piso, ubicado en la Zona Cota Cota, región Calacoto, calle Las Retamas, del municipio de Palca, provincia Murillo del departamento de La Paz, Edificio “Villa Laura”, en el que figura a Jenny Ada Puente Gonzales como supuesta propietaria y a la ahora accionada como anticresista, por un monto de $us25 000.- y con un plazo de vigencia de dos años, el cual solo se encuentra firmado por la nombrada (fs. 31 a 32).
La accionante, denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, a no sufrir violencia física o psicológica, a la dignidad, a la propiedad privada y su uso, a la posesión; puesto que, ante el incumplimiento de lo acordado con Jenny Ada Puente Gonzales, relativo al Documento Privado de Compra y Venta en arras; y, Contrato de Arrendamiento ambos de 25 de enero de 2022, relacionado al Departamento 2B, Segundo Piso, Parqueo 4 y Baulera 3, ubicados en el Edificio “Villa Laura”, zona Cota Cota, región Calacoto, calle Las Retamas, del municipio de Palca, provincia Murillo del departamento de La Paz, en los que se establecieron el plazo al 25 de abril de igual año, a partir del cual operaba la resolución de los mismos; en ese sentido pretendió retomar la posesión de los indicados bienes inmuebles; empero, el mismo estaba ocupado por la hoy accionada, a quien no conocía y con quien jamás tuvo trato ni contrato alguno, constituyendo esa ocupación ilegal, vías de hecho y avasallamiento, al verse impedida de ingresar al citado Departamento de su propiedad. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) La naturaleza de la acción de amparo constitucional y la excepción a la subsidiariedad en medidas de hecho; ii) La proscripción de las medidas o vías de hecho o justicia por mano propia; iii) El Estado Constitucional de Derecho y el derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia; su vulneración por las medidas o vías de hecho; iv) La labor de la justicia constitucional ante la constatación de denuncias de actos vinculados a medidas o vías de hecho y justicia por mano propia; v) Resumen de presupuestos procesales para acceder a la justicia constitucional cuando se denuncian medidas o vías de hecho; y, vi) Análisis del caso concreto.
La SCP 0630/2025-S1 de 10 de junio, señala que: “El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0091/2018-S2 de 29 de marzo, reiterada por las SSCCPP 0119/2018-S2 de 11 de abril y 0373/2018-S2 de 24 de julio -entre otras-, sistematizó y desarrolló el siguiente razonamiento: La acción de amparo constitucional, consagrada en el art. 128 de la CPE, como una acción de defensa contra actos u omisiones ilegales o indebido de los servidores públicos y personas particulares, individuales o colectivas, que restrinjan supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Norma Suprema y la ley; en este mismo sentido el art. 51 del Código Procesal Constitucional (CPCo), prevé al respecto: ‘…tiene el objeto de garantizar los derechos de toda persona natural o jurídica, reconocidos por la Constitución Política del Estado y la Ley, contra los actos ilegales o las omisiones indebidas de las y los servidores públicos o particulares que los restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir’ En esa comprensión, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0046/1012 de 26 de marzo, en el Fundamento Jurídico III.1 expresó que la acción de amparo constitucional:
Se constituye entonces en una de las acciones de defensa más amplia en cuanto al alcance de su ámbito de tutela y protección de derechos, rigiendo para su interposición, los principios de inmediatez y subsidiariedad, conforme lo establece el art. 129 de la Ley Fundamental; denotándose de la naturaleza de esta acción su objeto de protección y resguardo de derechos en el marco de los valores y principios ético-morales establecidos en la Constitución Política del Estado, contribuyendo desde la justicia constitucional a efectivizar y materializar esos valores y principios para una vida armoniosa, con equidad, igualdad de oportunidades y dignidad, entre otros valores, en los que se sustenta el Estado Plurinacional y que son parte de la sociedad plural.
En consecuencia, tal como refiere la SCP 0132/2012 de 4 de mayo, en el Fundamento Jurídico III.1, la acción de amparo constitucional:
…establece un procedimiento de protección cuyo objeto es el restablecimiento inmediato y efectivo de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados, a través de un procedimiento judicial sencillo, rápido y expedito, frente a situaciones de lesión provenientes de la acción u omisión de servidores públicos o particulares; siempre que el ordenamiento jurídico ordinario no prevea un medio idóneo y expedito para reparar la lesión producida. Empero, conforme a su naturaleza jurídica precedentemente citada, su activación procede sobre la base de los principios constitucionales de inmediatez y subsidiariedad, salvo supuestos excepcionales plenamente justificados. No obstante, la jurisprudencia constitucional determinó que las medidas de hecho constituyen uno de los supuestos que se sustraen al principio de subsidiariedad de manera excepcional, porque no solo afecta derechos fundamentales y garantías constitucionales, sino compromete la concepción de la naturaleza misma del Estado Plurinacional Comunitario con Autonomías, entendimiento desarrollado en la SCP 0998/2012 de 5 de septiembre, lo que justifica la consideración de la excepción a la subsidiariedad ante la acción de amparo constitucional y que posibilita a la jurisdicción constitucional ingresar al análisis de fondo de la cuestión planteada para una eventual tutela si corresponde; entendimiento reiterado por la SCP 0064/2018-S3 de 22 de marzo”.
La SCP 0630/2025-S1, establece que: “La justicia constitucional en varias Sentencias relevantes, como en la SC 0832/2005-R de 25 de julio, la SCP 0998/2012 de 5 de septiembre y en especial en la SCP 1478/2012 de 24 de septiembre, refiere que el fundamento esencial de la proscripción de los actos vinculados a medidas o vías de hecho y a la justicia por mano propia, es el resguardo celoso del principio de Estado Constitucional de Derecho y la protección del derecho de acceso a la justicia o derecho a la jurisdicción en sentido amplio, que se ve fracturado y suprimido respectivamente, cuando el acto o los actos cometidos por particulares o servidores públicos, están al margen y en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales vigentes para una administración de justicia, afectando así derechos fundamentales individuales y/o colectivos reconocidos por la Constitución Política del Estado y el bloque de constitucionalidad. En efecto en el Fundamento Jurídico III.1, establece:
…sin ingresar a repasos históricos o formulaciones teóricas, es posible señalar que la afortunada concepción de ‘Estado de derecho’ o ‘Estado bajo el régimen de derecho’ cuya base ideológica es ‘un gobierno de leyes y no de hombres’, nace sepultando el modelo de ‘Estado bajo el régimen de la fuerza’, el que no obstante haber sido llenado de diversos contenidos en diferentes épocas históricas (Estado de Derecho legislativo y actualmente Estado Constitucional de Derecho) tuvo una trascendencia unívoca: La proscripción de la arbitrariedad pública y privada en las reglas de convivencia social y contención del poder, garantizando con ello, el respeto a la ley. En efecto, el Estado de derecho en principio tuvo una versión particular configurada como ‘Estado de derecho legislativo’ o ‘Estado legal de Derecho’, empero, esta concepción reducía a un simple sistema de dominación mediante el instrumento de la ley, pues todo Estado era de 2El FJ III.1, señala: “…Dentro de esos supuestos excepcionales, en los que el amparo entra a tutelar de manera directa e inmediata, prescindiendo inclusive de su carácter subsidiario, está la tutela contra acciones o medidas de hecho cometidas por autoridades públicas o por particulares, entendidas éstas como los actos ilegales arbitrarios que desconocen y prescinden de las instancias legales y procedimientos que el ordenamiento jurídico brinda, realizando justicia directa, con abuso del poder que detentan frente al agraviado, actos que resultan ilegítimos por no tener respaldo legal alguno y que por el daño ocasionado y la gravedad de los mismos, merecen la tutela inmediata que brinda el amparo por vulnerar derechos fundamentales (…)”. 3El FJ III.1, establece que la protección a derechos frente a la denuncia de acciones vinculadas a medidas o vías de hecho, tiene dos finalidades esenciales: “a) Evitar abusos contrarios al orden constitucional vigente; y, b) Evitar el ejercicio de la justicia por mano propia; en ese orden, a partir de estas dos finalidades y dentro del alcance de los presupuestos de activación de la acción de amparo constitucional como mecanismo idóneo para la eficacia tanto vertical como horizontal de derechos fundamentales, las vías de hecho se definen como el acto o los actos cometidos por particulares o funcionarios públicos, contrarios a los postulados del Estado Constitucional de Derecho por su realización al margen y en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales vigentes para una administración de justicia, afectando así derechos fundamentales reconocidos por el bloque de constitucionalidad, por lo que al ser actos ilegales graves que atentan contra los pilares propios del Estado Constitucional de Derecho, de acuerdo al mandato inserto en el art. 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la acción de amparo constitucional, es un medio idóneo para la tutela eficaz, pronta y oportuna de los derechos fundamentales lesionados como consecuencias de vías de hecho”.
Derecho, por el sólo hecho de que la actividad estatal se desarrolle bajo cánones legales (del legislador), siendo irrelevante si las leyes fueran opresoras o autoritarias, concepción que se sustentaba en que la ley (con características de generalidad y abstracción) era la más alta expresión de la soberanía y, por ello, quedaba al margen de cualquier límite o control, con lo cual, las constituciones terminaron siendo meras cartas políticas, afianzándose el imperio de la ley y el principio de legalidad. Actualmente, el Estado de derecho, se configura como ‘Estado constitucional de Derecho’, que es ‘…un estadio más de la idea de Estado de Derecho, o mejor, su culminación’, o en palabras de Prieto Sanchís ‘…no cabe duda que el Estado constitucional representa una fórmula del Estado de Derecho, acaso su más cabal realización’. Este modelo, supone una profunda transformación en la concepción general de ‘Estado de derecho’, debido a que en esta última fórmula ‘Estado Constitucional de Derecho’: a) El poder público (órganos ejecutivo, legislativo, judicial y electoral); y, b) La convivencia social de los ciudadanos están sometidos a la Constitución a través del principio de constitucionalidad que viene a sustituir el principio de legalidad y, por ende, -en el tema que ocupa a esta sentencia constitucional-, supone la proscripción de las acciones vinculadas a medidas de hecho o vías de hecho por el propio Estado o los particulares en cualesquiera de sus formas. De igual forma, la referida SCP 1478/2012, en el Fundamento Jurídico III.1, expresa de manera explícita su preocupación -se reitera en este fallo-sobre las recurrentes denuncias de actos vinculados con medidas o vías de hecho a través de las diferentes acciones de defensa -acciones de amparo constitucional, libertad y popular- en diferentes supuestos, calificándolo como un problema estructural, como son: …i) Avasallamientos u ocupaciones por medidas o vías de hecho de predios urbanos o rurales privados o públicos con limitación arbitraria del derecho a la propiedad, la perturbación o pérdida de la posesión o tenencia del bien inmueble; ii) Cortes de servicios públicos (agua, energía eléctrica, etc.); y, iii) Desalojos extrajudiciales de viviendas; entre otros supuestos que propician, con un solo hecho (vías de hecho) la repetición crónica de violaciones de una serie de derechos humanos de afectación directa e indirecta, conforme se analizará posteriormente y que ameritan un análisis estructural de este problema. En ese orden, la proscripción de las medidas o vías de hecho o justicia por mano propia, desde un análisis estructural, adquiere significado constitucional a partir de un compromiso compartido de reprochar las decisiones subjetivas o motivaciones que llevan a las personas físicas, jurídicas y servidores públicos a asumir justicia por mano propia, con el objetivo de buscar la consolidación de un Estado Constitucional de Derecho fuerte, traducido en la existencia y respeto a la institucionalidad y en especial a la independencia en la administración de justicia, con un modelo de justicia plural eficiente, al servicio de la protección, tanto de derechos individuales como colectivos, con acceso a la justicia en sentido amplio, para la convivencia pacífica de los ciudadanos, que es un mandato prescrito principalmente en los arts. 1, 2, 9 y 178 de la CPE”.
La SCP 0630/2025-S1, señala que: “En correspondencia con lo anteriormente señalado, la citada SCP 1478/2012, entiende que el desconocimiento de particulares o servidores públicos, que existen mecanismos legales y autoridades competentes en el orden constitucional para la solución de sus conflictos, tiene consecuencias jurídicas como es la fractura del Estado Constitucional de Derecho y la supresión del derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia del afectado, que se constituye en el primer derecho fundamental común vulnerado en acciones vinculadas a medidas de hecho en cualesquiera de sus formas. Así, en el Fundamento Jurídico III.1.1, establece: El derecho fundamental a la jurisdicción o acceso a la justicia está consagrado en los arts. 115.I de la CPE, 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y se constituye en ‘el derecho protector de los demás derechos’ y, por lo mismo, en una concreción del Estado Constitucional de Derecho. En efecto, es la Constitución, la que determina cuáles son los órganos que tienen la potestad de impartir justicia (art. 179.I, II y III de la CPE) para la oponibilidad de derechos no solamente vertical sino también horizontal, entonces, es reprochable y censurable acudir a acciones vinculadas a medidas de hecho, so pena de excluir arbitrariamente el ejercicio del derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia de la otra parte, quien tiene la seguridad jurídica y certeza (art. 178.I de la CPE) que para la solución de cualquier diferencia, interés o derecho en conflicto, éste será resuelto por una de las jurisdicciones reconocidas por la Constitución. En ese entendido, la potestad de impartir justicia, por mandato de la Constitución y desde su propia concepción plural (pluralismo jurídico) es la facultad del Estado Plurinacional a administrar justicia emanada del pueblo boliviano (art. 178 de la CPE) a través de los órganos formales competentes (jurisdicción ordinaria, jurisdicción agroambiental y jurisdicciones especializadas: en materia administrativa, coactiva, tributaria, fiscal, conforme a la Disposición Transitoria Décima de la LOJ) y también de las naciones y pueblos indígenas originario campesinos a través de sus autoridades naturales (jurisdicción indígena originaria campesina). Ahora bien, bajo el principio de unidad de la función judicial previsto en el art. 179.I de la CPE, que estipula que ‘La función judicial es única…’, todas las jurisdicciones previstas en la Constitución y la justicia constitucional (ejercida por el Tribunal Constitucional Plurinacional y los jueces y tribunales de garantías) tienen la misma autoridad para ejercer la función judicial, están sometidas a la Constitución y al bloque de constitucionalidad (art. 410.II de la CPE) y deben velar por el respeto a los derechos (art. 178 CPE). Esto, debido a que el modelo de justicia plural diseñado por la Constitución se articula y forma una unidad a partir de la posibilidad de que las resoluciones de las diferentes jurisdicciones sean revisadas por el Tribunal Constitucional, a través del control de constitucionalidad en sus tres ámbitos: a) Control normativo, que precautela la compatibilidad de las normas con la Constitución Política del Estado y el bloque de constitucionalidad; b) Control tutelar, que resguarda el respeto de los derechos y garantías reconocidas en la Constitución; y, c) El control competencial, sobre las competencias asignadas a los órganos del poder público, a las entidades territoriales autónomas y a las jurisdicciones. En ese orden de ideas, siguiendo la normativa referida, corresponde señalar que el derecho a la jurisdicción o de acceso a la justicia -sin pretender agotar todas las perspectivas de este derecho tan ampliamente concebido y desarrollado- contiene: 1) El acceso propiamente dicho a la jurisdicción, es decir, la posibilidad de llegar a la pluralidad de jurisdicciones reconocidas por la Constitución, sin que existan obstáculos, elementos de exclusión, limitación, que dificulten el ejercicio de este derecho tanto por el Estado como por los particulares; 2) Lograr un pronunciamiento judicial proveniente de las autoridades judiciales formales o las autoridades naturales de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, que solucione el conflicto o tutele el derecho, siempre que se hubieran cumplido los requisitos establecidos en la norma; y, 3) Lograr que la Resolución emitida sea cumplida y ejecutada, debido a que si se entiende que se acude a un proceso para que se restablezca o proteja un derecho, un interés o un bien, en la medida que el fallo no se ejecute, el derecho a la jurisdicción o de acceso a la justicia no estará satisfecho. Entonces, si el reconocimiento del derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia, supone una concreción del Estado constitucional de derecho, como instrumento para promover que la solución de conflictos se realice a través de la jurisdicción (sin desconocer otros medios alternativos de solución de conflictos reconocidos por el orden constitucional y legal, como son: la conciliación, la mediación, el arbitraje, entre otros), para evitar la justicia por mano propia, su exclusión, supone que el primer derecho fundamental común vulnerado en acciones vinculadas a medidas o vías de hecho, es precisamente el derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia, que no es infrecuente acarree consigo la lesión a otros derechos conexos a partir de su supresión. Ahora bien, el derecho de acceso a la justicia, a partir del criterio de interpretación contenido en el art. 196.II de la CPE; esto es, de la voluntad del constituyente, debe ser garantizado en un sentido amplio por el Tribunal Constitucional Plurinacional, Órgano final de aplicación, salvaguarda y garantía de la Constitución Política del Estado y de los derechos fundamentales individuales y colectivos, que tiene naturaleza judicial y es de composición plurinacional, sin exclusión; más por el contrario, de forma compartida con los jueces y tribunales de garantías y los de la pluralidad de jurisdicciones; en especial, por los órganos de cierre, como son el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Agroambiental, que se constituyen en los garantes primarios de la Ley Fundamental -SCP 0112/2012 de 27 de abril- que conforman la función judicial única, en mérito al art. 179 de la CPE, mediante la cual se resguarda la unidad del sistema jurídico plural, bajo un modelo de justicia plural, regido por el principio de unidad de la función judicial. Esta pluralidad de jurisdicciones, como se señaló, está compuesta por los órganos judiciales formales competentes -jurisdicción ordinaria; jurisdicción agroambiental; y, jurisdicciones especializadas en materia administrativa, coactiva, tributaria, fiscal, etc.-; por las naciones y pueblos indígenas originario campesinos a través de sus autoridades naturales -jurisdicción indígena originaria campesina (JIOC)-; y, otros medios alternativos de solución de conflictos, reconocidos por el orden constitucional y legal, a los cuales se extiende la responsabilidad de garantía primaria de los derechos fundamentales -SCP 0112/2012-.
En efecto, la Norma Suprema reconoce una pluralidad de fuentes normativas presentes en la realidad jurídica del Estado Plurinacional de Bolivia, que visibilizan la existencia de otras formas de producción jurídica en la sociedad, de grupos, comunidades, sindicatos, corporaciones en general etc., que se autorregulan y ejercen un tipo de función jurisdiccional y solucionan conflictos, que demuestran que no solo el Estado crea derechos y gestiona el conflicto a través de la pluralidad de jurisdicciones formalmente reconocidas, sino que, existen otros derechos creados independientes de aquél; cuyo ejercicio, se advierte, debe tener un techo constitucional, pero además, internacional, de respeto a los derechos fundamentales, en el marco de la unidad de la Constitución Política del Estado, aspecto que constituye un verdadero reto para la conformación y consolidación del Estado Constitucional de Derecho, debido a la necesidad de coordinación, armonización, entre esas fuentes normativas plurales”.
La SCP 0630/2025-S1, establece que: “Después del análisis reflexivo del desarrollo jurisprudencial constitucional sobre este tema, es posible reafirmar, que independientemente de la acción de defensa que interponga el justiciable -acción de amparo constitucional, de libertad o popular-, por vulneración a derechos y garantías individuales o colectivos, por actos vinculados a medidas o vías de hecho provenientes de particulares o servidores públicos; de constarse esta situación, la justicia constitucional, otorga: a) La tutela definitiva, únicamente respecto a la supresión del derecho de acceso a la justicia en un sentido amplio; y, ante la inobservancia y/o fractura del Estado Constitucional de Derecho; y, b) La tutela provisional y transitoria -con efectos preventivos o reparadores-, con relación al derecho sustantivo en cuestión -derechos a la propiedad, a la vivienda, al trabajo, a los servicios básicos, etc.- hasta que la jurisdicción competente o el medio alternativo de solución de conflictos, dentro de un debido proceso, defina o en su caso, reafirme su titularidad; distinciones, que inciden en los efectos de la resolución constitucional, como se pasa a reflexionar. En efecto, la tutela provisional y transitoria ante medidas o vías de hecho, puede tener dos alcances y efectos no excluyentes:1) Preventiva y/o 2) Reparadora, a ser analizada en cada caso en concreto. Por ejemplo, ante denuncias de actos vinculados a medidas de hecho que afectan la propiedad o posesión por avasallamientos, una tutela reparadora en el marco de la provisionalidad, puede disponer la desocupación inmediata de la propiedad, incluso con el auxilio de la fuerza pública, librándose a este fin los mandamientos que correspondan, hasta que la jurisdicción competente o el medio alternativo de solución de conflictos, dentro de un debido proceso defina, o en su caso, reafirme la titularidad del derecho propietario. De ahí, que cesan los efectos de la tutela, que tiene carácter provisional y transitorio cuando la autoridad competente asume conocimiento, y por tanto, se tiene por cumplida en la medida -transitoriedad- de lo determinado. En el mismo ejemplo, una tutela preventiva en el marco de la provisionalidad, puede disponer la prohibición de innovar, de ingreso a la propiedad por parte de los demandados o terceros, cuando la justicia constitucional constate una amenaza potencial inminente y próxima que ponga en peligro el ejercicio del derecho propietario; demostración que no solo es subjetiva, referida al temor del sujeto que ve peligrar su derecho fundamental, sino objetiva y externa, referidas a acreditar las circunstancias que permitan inferir tal peligro, que convalidan la percepción subjetiva; es decir, no opera ante una mera expectativa contingente. Es decir, la tutela -sea preventiva y/o reparadora- en el marco de la provisionalidad, tiene un espacio temporal constitucionalmente y jurisprudencialmente válido de eficacia para la ejecución de una Sentencia Constitucional; que inicia con la notificación legal del fallo a los demandados y/o terceros u otros que incurrieron en medidas o vías de hecho y cesa con la apertura de la jurisdicción competente o el medio alternativo de solución de conflictos, dentro de un debido proceso que defina, o en su caso, reafirme su titularidad; toda vez que, se reitera, la protección brindada no es definitiva con relación al derecho sustantivo en cuestión, sino simplemente es de manera provisional y transitoria. La concesión de la tutela únicamente provisional y transitoria, empero no definitiva en actos vinculados a medidas de hecho, se justifica en razón a que el objeto procesal de las acciones de defensa en este tema, no es definir derechos sustantivos, como la titularidad del derecho propietario de la parte accionante, que determine o ratifique, por ejemplo, colindancias, linderos, sobreposiciones sobre el mismo; por el contrario, no niega el derecho a la propiedad privada de los demandados o terceros interesados sobre propiedad urbana o fundos rústicos aledaños, así exista registro en DD.RR. o sentencia judicial, por cuanto excedería la competencia de la justicia constitucional y generaría disfunción procesal y fallos contradictorios, porque, de existir una sentencia judicial proveniente de autoridad competente, es ésta la que tiene todos los mecanismos procesales para hacer cumplir su decisión. Significa que la justicia constitucional no desplaza la competencia definitiva del juez natural para resolver y definir la titularidad del derecho a la propiedad y su ejercicio, sino, que brinda una protección urgente encaminada exclusivamente a impedir de manera oportuna la violación irreversible e irreparable de los derechos fundamentales”.
La SCP 0630/2025-S1, señala que: “La jurisprudencia determina las siguientes subreglas procesales de activación de la acción de amparo constitucional frente a actos vinculados a medidas de hecho, reafirmando algunas que ya estaban establecidas en nuestra tradición jurisprudencial, señalando que: i) La acción de amparo constitucional puede ser activada directamente; es decir, no existe necesidad de agotar previamente otras vías, menos aún, la vía procesal penal que tiene otro objeto procesal y finalidad; ii) Las personas físicas o jurídicas particulares o servidores públicos, no expresamente demandados, pueden asumir defensa, presentar prueba y hacer valer sus derechos, aun en etapa de revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, sin que se pueda alegar preclusión, lo que supone una flexibilización de las reglas de legitimación pasiva; iii) La acción de amparo constitucional podrá interponerse durante el tiempo que subsista la vulneración o la amenaza a los derechos; por lo que, no se aplica el plazo 11La SCP 0998/2012, en el FJ III.3, establece que las acciones vinculadas a medidas o vías de hecho, constituyen una excepción a la aplicación del principio de subsidiariedad, por tanto, el control tutelar de constitucionalidad, a través de la acción de amparo constitucional, puede ser activado directamente frente a estas circunstancias, sin necesidad de agotar previamente otros mecanismos ordinarios de defensa. 12La SC 382/01-R de 26 de abril de 2001, establece que frente a una medida de hecho, el proceso penal no era idóneo, por cuanto tiene otra finalidad y objeto procesal, por lo que en el caso concreto señala: “…la querella que pudiere interponer contra la recurrida, persigue otro fin distinto al del presente Recurso, cuya demanda se centra en que se le permita utilizar la vivienda que tiene alquilada, lo que podrá hacer en tanto un Juez competente determine lo que corresponda en derecho”. En ese orden, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1013/2014-S3, 0365/2016-S3, 0788/2015-S3 y 0849/2015-S3, consideraron que el propósito del proceso penal, no solo era la determinación de la comisión de delitos y que a través de ellos, también se podían resguardar derechos vinculados a actos por medidas de hecho; constituyéndose en precedentes constitucionales que utilizan criterios restrictivos, en cuanto a la excepción de subsidiariedad y que en el marco de la SCP 2233/2013 de 16 de diciembre, referido al estándar más alto de protección, no corresponde su aplicación. 13La SCP 0998/2012, en el FJ III.5, refiere que por regla general, para la activación de la acción de amparo constitucional, el accionante deberá cumplir en primera instancia con la identificación de los particulares o autoridades demandadas -arts. 33.2 del Código Procesal Constitucional (CPCo)-; empero, tratándose de peticiones de tutela vinculadas con medidas o vías de hecho, el impetrante de tutela deberá cumplir con esta exigencia; sin embargo, de manera excepcional -siempre y cuando no sea posible, por las circunstancias particulares del caso- en caso de la identificación de las personas demandadas, se deberán flexibilizar las reglas de la legitimación pasiva. Ahora bien, en ese supuesto, cuando el peticionante de la tutela no pueda identificar expresamente a todos los demandados o a los terceros interesados, en resguardo del derecho a la defensa de éstos, no se les aplica el principio de preclusión procesal, para la presentación ulterior a la audiencia pública de medios de defensa, por lo mismo, en cualquier etapa del proceso de la acción de amparo constitucional, incluso en revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, podrán hacer valer sus derechos, debiendo en estos casos ser oídos de manera amplia y admitidos sus medios probatorios en cualquier instancia procesal. 14La SCP 0309/2012 de 18 de junio, en el FJ III.3, apunta: “…el tiempo transcurrido, no constituye un óbice para la no concesión de la presente acción de amparo constitucional, toda vez que el avasallamiento y la consiguiente vulneración de los derechos fundamentales del accionante, continuaban a momento de solicitar se prosiga con la tramitación de la misma”. La SCP 1938/2012 de 12 de octubre, en el FJ III.3, refiere: “…en el marco de una interpretación extensiva y progresiva a favor de un acceso eficaz a la justicia constitucional, las denuncias por vías de hecho, en cuanto al plazo de caducidad, implican un análisis teleológico del último supuesto del art. 129.II de la CPE; en ese orden, se tiene que en vías de hecho, pueden existir actos lesivos que generen una afectación a derechos mediata en el tiempo, es decir, cuando a partir del acto inicial lesivo a derechos fundamentales que emerja de una medida de hecho, de manera conexa y como consecuencia directa del primer acto lesivo, se realicen actos ulteriores vulneratorios de derechos fundamentales, al tener directa relación los actos contínuos vulneratorios de derechos emergentes de vías de hecho, el afectado, podrá pedir tutela constitucional, desde el último acto lesivo, supuesto en el cual, al estar los actos denunciados en estricta conexitud y directamente de caducidad de seis meses; y, iv) La carga de la prueba, tendiente a demostrar los actos vinculados a medidas o vías de hecho, debe ser cumplida por el accionante, quien debe acreditar la existencia de los mismos de manera objetiva, asumidas sin causa jurídica; es decir, en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales establecidos para la definición de hechos o derechos y estar circunscrita a aspectos que no impliquen la existencia de hechos controvertidos a ser sustanciados por la jurisdicción ordinaria. A lo anotado, corresponde señalar que la SCP 0998/2012, en el Fundamento Jurídico III.1, establece: Para el caso específico de vías de hecho vinculadas al avasallamiento, al margen de la carga probatoria desarrollada en el anterior inciso, el peticionante de tutela debe acreditar su titularidad o dominialidad del bien en relación al cual se ejerció vías de hecho, aspecto demostrado con el registro de propiedad en mérito del cual se genera el derecho de oponibilidad frente a terceros. Entendimiento que fue complementado por la SCP 1478/2012, en cuyo Fundamento Jurídico III.1.2, determina: Para los supuestos de avasallamientos u ocupaciones por vías de hecho de predios urbanos o rurales privados o públicos cuando se denuncie pérdida o perturbación de la posesión, la accionante, al margen de la carga probatoria desarrollada en el inciso c), referido a la regla general, tiene la carga probatoria específica de acreditar su posesión legal del bien en relación al cual se ejerció vías de hecho, a través de una resolución judicial emitida por autoridad competente, que no esté sometida a controversia judicial”.
La accionante, denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, a no sufrir violencia física o psicológica, a la dignidad, a la propiedad privada y su uso, a la posesión; puesto que, ante el incumplimiento de lo acordado con Jenny Ada Puente Gonzales, relativo al Documento Privado de Compra y Venta en arras; y, Contrato de Arrendamiento ambos de 25 de enero de 2022, relacionado al Departamento 2B, Segundo Piso, Parqueo 4 y Baulera 3, ubicados en el Edificio “Villa Laura”, zona Cota Cota, región Calacoto, calle Las Retamas, del municipio de Palca, provincia Murillo del departamento de La Paz, en los que se establecieron el plazo al 25 de abril de igual año, a partir del cual operaba la resolución de los mismos; en ese sentido pretendió retomar la posesión de los indicados bienes inmuebles; empero, el mismo estaba ocupado por la ahora accionada, a quien no conocía y con quien jamás tuvo trato ni contrato alguno, constituyendo esa ocupación ilegal, vías de hecho y avasallamiento, al verse impedida de ingresar al citado Departamento de su propiedad. De los antecedentes que cursan en la presente acción de defensa, se establece que, conforme a los Folios Reales de los bienes inmuebles ubicados en el Edificio “Villa Laura”, zona Cota Cota, región Calacoto, calle Las Retamas, del municipio de Palca, provincia Murillo del departamento de La Paz, registrados en la Oficina de DD.RR., bajo las matrículas computarizadas: 2.01.1.01.0027167, relativa al Departamento 2B, Segundo Piso, con una superficie de 87.55 m²; 2.01.1.01.0027192, correspondiente a la Baulera 3, con una superficie de 3.02 m²; y, 2.01.1.01.0027221, relativo al Parqueo 4, con una superficie de 12.50 m², todos en el Asiento A-1 de titularidad sobre el dominio de 16 de junio de 2015, se encuentran a nombre de la accionante (Conclusión II.1.). Con el derecho propietario que le asiste la accionante, suscribió con Jenny Ada Puente Gonzales, el Documento Privado de Compra y Venta en arras de 25 de enero de 2022, mediante el cual acordaron la transferencia del Departamento 2B, Segundo Piso, Parqueo 4 y Baulera 3, ubicados en el Edificio “Villa Laura”, zona Cota Cota, región Calacoto, calle Las Retamas, del municipio de Palca, provincia Murillo del departamento de La Paz, por el precio total de $us100 000.-, habiéndose entregado como adelanto la suma de $us3 000.-. Asimismo, convinieron que la suscripción de la compraventa definitiva se efectuaría hasta el 25 de abril de igual año, estableciendo expresamente que, de no cancelarse el saldo restante dentro del plazo acordado, la compradora quedaba obligada a desocupar y devolver el referido inmueble (Conclusión II.2.). Además, suscribió el Contrato de Arrendamiento de 25 de enero de similar año, con la citada en calidad de arrendataria, respecto al mismo bien inmueble, estableciendo un canon mensual de $us400.- y un plazo de noventa días computables hasta el 25 de abril de igual año. Asimismo, acordaron que en dicho término se concretaría la compraventa de los referidos bienes inmuebles conforme a lo estipulado en el indicado Documento Privado de Compra y Venta en arras; caso contrario, procedería a la devolución y desocupación de los bienes inmuebles (Conclusión II.3.).
Es así que, ante el incumplimiento por parte de Jenny Ada Puente Gonzales de las obligaciones asumidas tanto en el Documento Privado de Compra y Venta en arras como en el Contrato de Arrendamiento, ambos de 25 de enero de 2022, no llegó a concretarse la transferencia definitiva del Departamento 2B, Segundo Piso, Parqueo 4 y Baulera 3, ubicados en el Edificio “Villa Laura”, zona Cota Cota, región Calacoto, calle Las Retamas, del municipio de Palca, provincia Murillo del departamento de La Paz, debido a que no canceló el saldo adeudado de $us97 000.- dentro del plazo convenido. En consecuencia, la accionante, mediante Carta Notariada de 28 de abril de similar año, dirigida a Jenny Ada Puente Gonzales, solicitó la devolución de los referidos bienes inmuebles, conforme con lo estipulado en dicho Contrato de Arrendamiento (Conclusión II.4.); empero, dicha devolución no pudo concretarse debido a que dichos bienes inmuebles se encontraban ocupado por la hoy accionada.
Por otra parte, conforme al Recibo de reserva de bien inmueble de 5 de febrero de 2022, la ahora accionada, entregó la suma de $us5 000.-en favor de Jenny Ada Puente Gonzales, para reservar el Departamento 2B, Segundo Piso, ubicado en el Edificio “Villa Laura”, zona Cota Cota, región Calacoto, calle Las Retamas, del municipio de Palca, provincia Murillo del departamento de La Paz, como anticipo de pago de anticresis (Conclusión II.5.). Además, por recibo manuscrito de 10 de febrero de igual año, Valeria Alejandra Elio Trewhella como intermediaria de la Agencia de Bienes Raíces “Sweet Home Solution”-, recibió a solicitud de Jenny Ada Puente Gonzales, como supuesta propietaria del señalado bien inmueble, por el monto de $us20 000.-, por concepto de anticrético del mismo (Conclusiones II.6.). Por lo cual, mediante Contrato de Anticresis de igual fecha, respecto a indicado bien inmueble, figurando como propietaria Jenny Ada Puente Gonzales y como anticresista la hoy accionada, por un monto de $us25 000.- y con un plazo de vigencia de dos años, el cual solo se encuentra firmada por la nombrada (Conclusión II.7).
En ese marco, con tales antecedentes y de lo señalado por las partes procesales, se advierte que, si bien es evidente que la accionante cuenta con derecho propietario consolidado sobre el Departamento 2B, Segundo Piso, ubicado en el Edificio “Villa Laura”, zona Cota Cota, región Calacoto, calle Las Retamas, del municipio de Palca, provincia Murillo del departamento de La Paz; sin embargo, la ahora accionada, ocupa el indicado bien inmueble, como consecuencia del Contrato de Anticresis de 10 de febrero de 2022, el cual emergió del supuesto derecho propietario adquirido por Jenny Ada Puente Gonzales, con la suscripción del Documento Privado de Compra y Venta en arras de 25 de enero de 2022, con la accionante. Por lo cual, conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. III.2. III.3. III.4. y III.5. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, estableció los presupuestos procesales para acceder a la justicia constitucional, cuando se denuncian medidas o vías de hecho, el primero referido, a la activación directa de esta acción tutelar; es decir, no existe necesidad de agotar previamente otras vías, menos aun, la vía procesal penal que tiene otro objeto procesal y finalidad; el segundo, relativo a la flexibilización de las reglas de legitimación pasiva, por el que las personas físicas o jurídicas particulares o servidores públicos, no expresamente demandados, pueden asumir defensa, presentar prueba y hacer valer sus derechos, aun en etapa de revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, sin que se pueda alegar preclusión; el tercer presupuesto, señala que, la acción tutelar podrá interponerse durante el tiempo que subsista la vulneración o la amenaza a los derechos; por lo que, no se aplica el plazo de caducidad de seis meses; y, el último presupuesto se refiere a la carga de la prueba, tendiente a demostrar los actos vinculados a medidas o vías de hecho, que debe ser cumplida por la accionante, quien acreditará la existencia de los mismos de manera objetiva, asumidas sin causa jurídica; vale decir, en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales establecidos para la definición de hechos o derechos y estar circunscrita a aspectos que no impliquen la existencia de hechos controvertidos a ser sustanciados por la jurisdicción ordinaria. En ese contexto, si bien la presente acción tutelar, se ajusta a los tres primeros presupuestos; ya que, la vulneración alegada de los derechos de la accionante persistían, aun cuando la nombrada acudió previamente a otras instancias, sin lograr su protección; añadiéndose a ello, que aparentemente hubiese sido formulada más allá de los seis meses, si se tomaba como acto lesivo el Documento Privado de Compra y Venta en arras de 25 de enero de 2022, dicho plazo de seis meses no aplica cuando persiste la vulneración de derechos; sin embargo, de lo precisado, la accionante no acreditó de manera objetiva la existencia de actos o medidas asumidas sin causa jurídica; es decir, en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales establecidos para la definición de hechos o derechos; puesto que, la ocupación del Departamento 2B, Segundo Piso, Parqueo 4 y Baulera 3, ubicado en el Edificio “Villa Laura”, zona Cota Cota, región Calacoto, calle Las Retamas, del municipio de Palca, provincia Murillo del departamento de La Paz, por parte de la hoy accionada, emerge como consecuencia de un contrato de anticresis, el que a su vez surgió del supuesto derecho propietario, ostentado en ese momento por Jenny Ada Puente Gonzales, en mérito al Documento Privado de Compra y Venta en arras de 25 de enero de 2022, mismo que al momento de suscribir la ahora accionada el Contrato de Anticresis de 10 de febrero de igual año, tenía plena vigencia, que si bien no llegó a concretarse en sus efectos entre las partes, ello ocurrió de manera posterior, solo al cumplimiento del plazo, concretamente el 25 de abril de similar mes, debido al incumplimiento de Jenny Ada Puente Gonzales, el mismo que tampoco fue enervado en sede judicial a través de una resolución de la autoridad competente a efectos de su resolución definitiva. Extremo, que se complejiza cuando el señalado Documento Privado de Compra y Venta en arras, dio lugar a que la hoy accionada; arrendara el departamento en cuestión, en la modalidad de anticresis, reiterando a los pocos días de la compraventa con arras, dándose cuenta posteriormente del engaño en el que había caído; es decir, el 28 de igual mes y año, cuando la accionante, fue con Notario de Fe Pública a ese bien inmueble y luego de reunirse con ésta en más de una ocasión; por lo que, denunció este hecho en la vía penal; por lo que, dio lugar a la detención preventiva de Valeria Alejandra Elio Trewhella y que Jenny Ada Puerta Gonzales, estuviera prófuga; elementos éstos, que permiten inferir que la accionante, no cumplió con este último presupuesto; vale decir, referido a la carga de la prueba, tendiente a demostrar los actos vinculados a medidas o vías de hecho, quien no acreditó la existencia de los mismos de manera objetiva o que esta fueran asumidas sin causa jurídica, por cuanto en el caso; si bien la ocupación del departamento, no emerge de ningún acuerdo o documento suscrito entre Pamela Romano Aliaga y Pamela Marcela Garamendy Salas, no es menos cierto que, ese hecho devino del acto de compraventa con arras, efectuado por la accionante, cuando el mismo estaba vigente, aspectos que no denotan la existencia de vías hecho por parte de la accionada; puesto que, si bien a primera vista dicha ocupación aparentemente resultaría ilegal, dicho extremo debe ser determinado por la autoridad judicial pertinente y no por la jurisdicción constitucional, donde por una parte, en lo que se refiriere a dicho Documento Privado de Compra y Venta en arras, se establezca su validez o no; y por otra, respecto al referido Contrato de Anticresis, se determine su ilegalidad o no, ello mediante las acciones judiciales pertinentes en la vía ordinaria, donde se definirá la permanencia u desalojo de ese bien inmueble de la nombrada. Conforme a lo expuesto, siendo evidente que, en el caso concreto, no se cumplió con la acreditación efectiva de este presupuesto necesario por parte de la accionante; puesto que, otra hubiese sido la situación, si la ahora accionada, aun conociendo que el Documento Privado de Compra y Venta en arras de 25 de enero de 2022, habría quedado resuelto, luego de 25 de abril de igual año, suscribiera el contrato de anticresis, circunstancias en las cuales, sería posible eventualmente la otorgación de tutela; consiguientemente, corresponde denegar la tutela solicitada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional en su Sala Primera Especializada, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 118/2023 de 26 de junio, cursante de fs. 154 a 157, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por la referida Sala Constitucional y conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
1 El FJ III.3, expresa: “…debe inequívocamente flexibilizarse, para consagrar así la vigencia en este nuevo modelo de Estado, de un mecanismo de tutela pronto y oportuno que asegure un real acceso a la justicia constitucional y por ende una tutela constitucional efectiva para el resguardo de derechos fundamentales afectados por vías de hecho. Por los fundamentos antes expuestos, se concluye inequívocamente que las vías de hecho, constituyen una excepción a la aplicación del principio de subsidiariedad, por tanto, el control tutelar de constitucionalidad puede ser activado frente a estas circunstancias sin necesidad de agotar previamente otros mecanismos ordinarios de defensa, aspecto reconocido de manera uniforme por la jurisprudencia emanada en ejercicio del control de constitucionalidad y que debe ser ratificado por este Tribunal Constitucional Plurinacional”.
4 La referida SCP 0998/2012, en un caso en el que se denunció avasallamiento de un predio, señaló: “…todo acto o medida de hecho [en el que incurra el Estado o los particulares] que implique privación o limitación arbitraria e ilegal de la propiedad, implican una directa afectación al contenido esencial del derecho de propiedad en sus tres elementos esenciales: uso, goce y disfrute, motivo por el cual, la justicia constitucional, en el marco del ejercicio de los roles propios del control de constitucionalidad, una vez activada por el o los afectados, deberá tutelar de manera directa dicho derecho fundamental”. Asimismo, se tienen como antecedentes de avasallamientos a la propiedad resueltos por el Tribunal Constitucional, a través del Recurso de amparo constitucional, las SSCC 489/01-R, 151/01-R, 28/2002-R, 944/2002-R, 0312/2003-R, 0178/2003-R, 0615/2003-R, 0376/2004-R, entre muchas otras. 5La SCP 0489/2012 de 6 de julio, concedió la tutela y dispuso la inmediata restitución de la posesión de los accionantes, en la “Librería 16 de julio” salvo exista resolución judicial posterior, que haya modificado la posesión o situación jurídica del inmueble. 6La SC 0517/2003-R de 22 de abril, en el FJ III.3, señaló: “… aunque la recurrida niega haber cortado el suministro de luz, es evidente que este servicio fue suspendido a los recurrentes, y no por la empresa Electropaz como ésta misma informó al responder a la queja de los recurrentes; sin que la supuesta avería que invoca la recurrida, pueda desvirtuar los hechos materiales verificados; cual es el corte del suministro de luz, que privó durante más de quince días a sus inquilinos de luz eléctrica; medida de hecho que no puede ser justificada por la falta de pago de alquileres, ni por la decisión de la recurrida de
rescindir el contrato, comunicada a los inquilinos mediante nota de 14 de enero; ya que para esa eventualidad la propietaria y recurrida cuenta con los mecanismos procesales respectivos, a efectos de hacer valer sus derechos”. Del mismo modo, puede consultarse las SSCC 0014/2007-R, 0374/2007-R, 0832/2005-R y 0011/2007-R, entre otras. 7Las SSCC 0562/2007-R, 0502/2007-R y 0016/2007-R, entre otras, se refieren al caso.
8 El FJ III.1, refiere que la responsabilidad de garantía primaria de los derechos fundamentales, es de la pluralidad de jurisdicciones, por lo mismo, ya no es monopolio del Tribunal Constitucional Plurinacional, que no deja de ser su principal garante.
9 La SC 0182/2007-R de 23 de marzo, en el FJ III.3, sostiene: “...la vulneración se distingue de la amenaza, en cuanto la primera lleva implícita el concepto de daño; así, se vulnera un derecho cuando el bien jurídico que constituye su objeto es lesionado, en cuyo caso, la tutela es reparadora; en tanto que la amenaza pone en peligro a ese bien jurídico, peligro que, como quedó precisado, debe ser potencial y debe presentarse como inminente y próximo, en cuyo caso, la tutela es preventiva. En ese orden, la SC 1853/2004-R de 30 de noviembre, ha señalado que: “…la hipótesis constitucional de la amenaza requiere de la unión de elementos subjetivos y objetivos o externos: a) los primeros referidos al temor del sujeto que ve peligrar sus derechos fundamentales y, b) los segundos, a los aspectos que convalidan dicha percepción; es decir, las circunstancias que permiten inferir la existencia del peligro concreto de los derechos del sujeto”.
10 La SCP 0015/2018-S2 de 28 de febrero, en el FJ III.2, acuñó el derecho a la eficacia del cumplimiento o ejecución de las resoluciones constitucionales en la medida de lo determinado.
vinculados con el primer acto lesivo que surja de vías o medidas de hecho, una vez verificadas las lesiones a derechos fundamentales, en el ejercicio del control tutelar de constitucionalidad, deberá tutelarse los derechos hasta el primer acto que origine la lesión, interpretación acorde con los principios pro-hómine y pro-actione, pautas que aseguran la eficacia máxima del derecho al acceso oportuno a la justicia constitucional frente a vías de hecho y que además consolida una labor hermenéutica según los fines establecidos en los principios fundamentales y valores plurales supremos en el Estado Plurinacional de Bolivia como ser la justicia, igualdad y el vivir bien, consolidando en definitiva la materialización de la Constitución Axiomática”. 15SCP 0998/2012, FJ III.4.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1119_2026-S1.pdf · páginas 1 a 27.
Huella digital del PDF (SHA-256): 98e393913d9c80e87f664f11a05fe257826365a5312be089ab69096dd8084a7f
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