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SCP 1117/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 18 de septiembre de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
18 de septiembre de 2025
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
57295-2023-115-AAC
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus componentes de fundamentación y motivación e incorrecta valoración de la prueba; alegando que, dentro del proceso penal, seguido por el Ministerio Público a denuncia de Hermógenes Víctor Maldonado Ríos y Martha Greta Lordemann Luna Vda. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 57/2023 de 13 de marzo, cursante de fs. 645 a 647, pronunciada por Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la motivación y fundamentación de las resoluciones emitidas por el Ministerio Público
  2. III.2. Sobre la valoración de la prueba en sede constitucional
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1117/2025-S3 Sucre, 18 de septiembre de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional Expediente: 57295-2023-115-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 57/2023 de 13 de marzo, cursante de fs. 645 a 647, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Gilda Eugenia Lordemann Luna contra William Eduard Alave Laura, Fiscal Departamental de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 27 de octubre de 2022 y 17 de enero de 2023, cursante de fs. 592 a 601 y 603 a 607, la accionante manifestó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, a denuncia de Hermógenes Víctor Maldonado Ríos y Martha Greta Lordemann Luna Vda. de Noya -ahora terceros interesados- contra su persona, por la presunta comisión del delito de estelionato -caso signado bajo el número de Código Único de Denuncia (CUD) 201102012003430-; el 20 de agosto de 2021, la Fiscal de Materia asignada al caso, pronunció Resolución de sobreseimiento a su favor. Tal Resolución, fue impugnada por los terceros interesados, por memorial presentado el 29 de noviembre de 2021; recurso de impugnación que fue resuelto mediante la Resolución FDLP/WEAL/S- 484 “A”/2022 de 27 de junio -ahora confutada-, que fue pronunciada por William Eduard Alave Laura, Fiscal Departamental de La Paz -autoridad demandada-, por la que se revocó la Resolución de sobreseimiento y en consecuencia dispuso la emisión de acusación formal en su contra, fallo que la dejó en total estado de indefensión, pues “mutiló” los elementos indiciarios y colectados en la investigación.

Por tal razón, denuncia la lesión al debido proceso, en su elemento motivación y la errónea valoración de la prueba, alegando que la autoridad fiscal demandada soslayó considerar y analizar las pruebas correspondientes a: La demanda de nulidad de venta de bien inmueble y reposición de partida más daños y perjuicios; providencia de 22 de septiembre de 2017 -remisión a la unidad de conciliación-; providencias de 25 de septiembre y 4 de octubre de 2017 -señalamiento y reprogramación de audiencia de conciliación-; memorial y notificación de 5 y 16 de octubre de 2017 -notificación a la solicitante de tutela; acta de incomparecencia de 17 de octubre de 2017; Auto Interlocutorio 844/2017 de 20 de octubre; Formularios de notificación de 27 de octubre de 2017 y 9 de mayo de 2019; Memoriales de 1 y 6 de noviembre de 2017 -Martha Greta Lordemann Luna Vda. de Noya, pidió decreto de admisión-; Memoriales de Hermógenes Víctor Maldonado Ríos “…apoderado de GILDA EUGENIA LORDEMANN LUNA, por el cual solicita la rebeldía de la GILDA EUGENIA LORDEMANN LUNA (…) por el que adjunta fotografías y croquis -Formulario de notificación de fecha 11 de julio de 2018…” (sic); memoriales de interposición y ratificación de incidente de nulidad de notificación -por la accionante- de 29 de octubre de 2018 y 14 de enero de 2019 y, Auto Interlocutorio 222/2019 de 4 de abril de 2019. La lista de documentos previamente detallada, resulta para su defensa de vital importancia, ya que tales pruebas demuestran de forma inobjetable su inocencia, ya que se sostuvo que en el proceso ordinario civil de nulidad de venta de bien inmueble, reposición de partida y daños y perjuicios, a través del Auto Interlocutorio 222/2019, el Juzgado Público Civil y Comercial Tercero de la Capital del departamento de La Paz, determinó la nulidad de obrados dentro de dicho proceso, determinación que se dio precisamente al haberse demostrado la incorrecta notificación a su persona, situación que demuestra que nunca conoció de dicho proceso civil, lo que implica que desconoció de tal extremo al momento de realizar la transferencia -se entiende que tal transferencia era respecto al inmueble objeto del presente proceso penal-, aspecto que enerva el delito por el cual fue denunciada -estelionato-. Por ello, sostiene que los elementos colectados en el proceso civil, son de vital importancia, porque demuestran su inocencia, aclarando que no solicita una revalorización de la prueba, sino que ello demuestra que la autoridad demandada, en forma arbitraria sin sustento legal, guardó silencio sobre estos elementos probatorios, pues tenía la obligación de pronunciarse por medio de una motivación intelectiva y descriptiva, ya sea de forma positiva o negativa; sin embargo, la resolución cuestionada “fractura” la motivación descriptiva.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso, en sus componentes de fundamentación y motivación e incorrecta valoración de la prueba, citando al efecto el art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga la revocatoria de la Resolución FDLP/WEAL/S- 484 “A”/2022 de 27 de junio, y se ordene a la autoridad fiscal demandada, no soslaye la prueba reclamada como no valorada ni considerada, y que el Fiscal Departamental de un valor negativo o positivo a los elementos de prueba, en especial a la Resolución 222/2019 de 4 de abril.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 13 de marzo de 2023, según consta en acta cursante de fs. 640 a 644, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante a través de su abogado, en el desarrollo de la audiencia, amplió, indicando que: a) Dentro del proceso penal, seguido a instancia del Ministerio Público, a denuncia de los terceros interesados en su contra, por la presunta comisión del delito de estelionato; la Fiscal de Materia asignada al caso, emitió Resolución de sobreseimiento -no indicó cual- a su favor; sin embargo, la autoridad ahora demandada revocó tal decisión mediante Resolución Jerárquica FDLP/WEAL/S- 484 “A”/2022, ordenando emitir acusación formal, decisión que “fracturó” el debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación, así como, la correcta valoración de la prueba; para ello, mediante requerimientos fiscales debidamente diligenciados ante el Juzgado Público Civil y Comercial Tercero de la Capital del departamento de La Paz, este remitió fotocopias legalizadas del proceso civil al Ministerio Público “…se ha presentado como prueba todo el cuaderno de investigaciones (…) elementos de prueba correspondientes al proceso civil seguido por la Sra. Martha Greta Lordemann Luna…” (sic); b) Los documentos presentados demuestran que dentro del referido proceso civil, a través de memoriales -29 de octubre de 2018 y 14 de enero de 2019-, formuló y ratificó incidente de nulidad de notificación, siendo contestado por los terceros interesados; es así que, la autoridad jurisdiccional del citado Juzgado, por Auto Interlocutorio 222/2019, declaró procedente dicho incidente, anulando hasta “…la notificación con la demanda civil por la acción de nulidad de escritura pública…” (sic), fallo que sería el “punto neurálgico”, porque al ser anulada la figura del ilícito de estelionato “desaparecía”; sin embargo, dicha prueba no fue valorada de forma correcta, omitiendo pronunciarse con la debida motivación descriptiva de forma positiva o negativa; c) La jurisprudencia constitucional establece que cuando el Ministerio Público toma una determinación de rechazo o sobreseimiento, deben tomar en cuenta los elementos probatorios -testifical, documental y pericial-; por otro lado, el art. 40.11 de la Ley Orgánica del Ministerio Público -Ley 260 de 11 de julio de 2012-, establece que, la decisión de sobreseimiento debe ser resuelta de manera fundamentada; no obstante de ello, el fallo ahora cuestionado, carece de motivación intelectiva y descriptiva, así como también, se omitió valorar los medios probatorios de manera individual y en conjunto, siendo evidente la vulneración a la motivación “…no estoy solicitando, reitero, la revalorización de la prueba, lo que pido, es la motivación, porque razón, motivo o circunstancia se allá, sea una respuesta positiva o negativa…” (sic); y, d) En la presente acción tutelar, solicita que la demanda de nulidad de venta de bien inmueble, reposición de partida y daños y perjuicios, sea reconocida. Seguidamente, la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, ejecutó las siguientes consultas: 1) ¿Qué resolución y porqué solicita dejar sin efecto?; 2) ¿Cuáles o que número de pruebas? 3) ¿En qué fecha inició el proceso penal? ¿A instancia de quién?; 4) ¿Porque delito?; 5) El Fiscal de Materia ¿Qué número de resoluciones dictó, respecto a la imputación formal y sobreseimiento?; 6) En qué estado está el proceso penal; y, 7) Ya existe acusación formal. En mérito a las interrogantes planteadas, en respuesta a las mismas, indicaron que: i) Solicitó dejar sin efecto la Resolución FDLP/WEAL/S- 484 “A”/2022, porque no existió valoración de la prueba; ii) Especialmente la Resolución 222/2019, emitida dentro del referido proceso civil que anuló todo lo obrado, al haberse demostrado su desconocimiento del indicado proceso, además de las pruebas citadas dentro de su acción de amparo constitucional; iii) El proceso inició el año 2018, a denuncia de Martha Greta Lordemann Luna Vda. de Noya -que resulta ser su hermana y tercera interesada-; iv) Por la presunta comisión del delito de Estelionato; v) La Resolución 002/2021 de 20 de agosto -imputación formal- y la Resolución de sobreseimiento “LPZM-DBHF 002/2021 de 20 de agosto”; vi) Existe una acusación que fue enviada a la autoridad jurisdiccional; además, existen otras partes procesales; y, vii) Si existe, se trata de la Resolución 07/2022.

I.2.2. Informe del demandado

William Eduard Alave Laura, Fiscal Departamental de La Paz, por escrito presentado el 10 de marzo de 2023, cursante de fs. 612 a 613 vta., indicó que: a) La Resolución FDLP/WEAL/S- 484 “A”/2022, contiene valoración analítica, objetiva y criterios respecto a la sana crítica, así como la aplicación de doctrina y jurisprudencia sobre la fundamentación y motivación de las resoluciones, argumentos que se encuentran en el acápite “II.3. Análisis del Caso” del fallo cuestionado; b) La SCP 0996/2017-S2 de 25 de septiembre, sostuvo que, cualquier autoridad que pronuncie una resolución, necesariamente debe exponer los hechos; además, la fundamentación legal y motivación que sustente la parte dispositiva a objeto de brindar certeza a las partes procesales; por lo que, el fallo confutado contiene precisión a las circunstancias especiales y particulares del proceso penal de estelionato; además, contiene aplicación de doctrina y jurisprudencia aplicable, cumpliendo con lo establecido por el art. 73 del Código de Procedimiento Penal (CPP); c) Nótese que la demanda de acción tutelar, contiene incongruencia, a momento de identificar agravios; asimismo, pide estudio sobre valoración de la prueba, la cual no es viable por medio de la presente acción tutelar, tal como lo señaló la SC 2074/2010-R de 10 de noviembre, la jurisdicción constitucional no puede ingresar a valorar y menos otorgar tutela constitucional sobre una resolución fiscal, cuando el objeto de la acción o el hecho identificado como vulnerador de derechos y garantías constitucionales se encuentran destinados al cuestionamiento de fondo de la resolución fiscal, que por su naturaleza, únicamente puede ser restituido por la autoridad judicial encargada del control de la investigación; asimismo, la SCP 0267/2015 de 26 de marzo, señaló que, el efecto de la revocatoria de sobreseimiento no es absoluto ni similar a una sentencia condenatoria, pues no contiene los mismos efectos, ya que, pronunciada la resolución por el fiscal departamental, el fiscal de materia emitirá acusación, delimitando el objeto procesal, para luego identificar a los posibles autores y los hechos que se deben probar en juicio; por lo que, el procesado ejercerá su defensa ante la acusación formulada, pudiendo ampliamente demostrar en juicio si la acusación es errónea; por ello, la justicia constitucional solo puede realizar la revisión cuando las incongruencias sean de tal magnitud que hagan inteligible la decisión, pero de ninguna manera corresponde revisar la contundencia o no de las pruebas consideradas por el fiscal departamental; por tales motivos, no se advierte la concurrencia de los presupuestos para ingresar a revisar la citada Resolución por medio del mecanismo de defensa; y, d) La intervención oral que pretende la accionante, resulta contraria a la previsión del art. 36.4 del Código Procesal Constitucional (CPCo), debiendo desestimar cualquier ampliación o complementación de vulneración de derechos y garantías constitucionales; toda vez que, un razonamiento contrario implicaría la emisión de un pronunciamiento sobre cuestiones o controversias jurídicas, que no fueron detalladas a momento de interponer la demanda de acción de amparo constitucional, en razón al derecho a la defensa y al principio de igualdad de las partes; por lo que, solicitó que la tutela sea denegada.

I.2.3. Intervención de la tercera interesada

Martha Greta Lordemann Luna Vda. de Noya y Hermógenes Víctor Maldonado Ríos, mediante memorial presentado el 9 de marzo de 2023, cursante de fs. 620 a 623 vta., y en audiencia de garantías a través de su abogado, solicitaron que la tutela sea denegada, sosteniendo que: 1) Se presentó proceso penal, ante el Ministerio Público contra la accionante por el delito de estelionato, ya que, la prenombrada conocía que el bien inmueble se encontraba en litigio y a pesar de ello, procedió a “venderla”, acciones que configuraron el indicado ilícito; por otro lado, la Fiscal de Materia asignada al caso, emitió -nueva- acusación 07/2022 de 3 de octubre, conforme dispuso la Resolución FDLP/WEAL/S- 484 “A”/2022 -ahora cuestionada-, decisión que fue enviada para su respectivo sorteo a los juzgados de turno en materia penal; en consecuencia, al dictarse nuevo fallo serían actos posteriores que contienen plena validez, dado que, la accionante no formuló ningún reclamó sobre dicha resolución -acusación-; 2) Respecto al desconocimiento del mencionado inmueble en litigio, si bien la autoridad judicial declaró probado el incidente de nulidad de notificación, ello fue hasta “fojas” cuarenta de la demanda ordinaria civil, circunstancia que demuestran que la solicitante de tutela conocía a plenitud del proceso civil y del litigio; por otro lado, antes de la admisión de la demanda civil, existe un trámite previo de conciliación, actuado con el que fue notificada la solicitante de tutela en el mismo domicilio consignado en su demanda tutelar; sin embargo, no asistió, por lo que, la demanda de nulidad de venta de bien inmueble y reposición de partida más daños y perjuicios, siguió su curso ante el Juzgado Publico Civil y Comercial Tercero de la Capital del departamento de La Paz; y, 3) No es evidente que la autoridad demandada no hubiese valorado las pruebas; al contrario, en la demanda tutelar sustentó el fallo impugnado, sosteniendo que, la Fiscal de Materia acreditó el hecho denunciado, por medio de la fundamentación fáctica del proceso civil; por otro lado, los argumentos vertidos en el mecanismo de defensa son contradictorios, ya que, primero alegó falta de motivación y luego argumentan motivación errada, tampoco identificaron el nexo de causalidad entre el hecho y los derechos supuestamente lesionados ni identificaron que prueba no fue valorada y cuál sería el criterio que tendría esa prueba; además, no argumentaron que pruebas tendrían que ser valoradas de manera integral.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Resolución 57/2023 de 13 de marzo, cursante de fs. 645 a 647, denegó la tutela impetrada, decisión con base en los siguientes fundamentos: i) El Tribunal Constitucional Plurinacional, emitió líneas jurisprudenciales respecto a la procedibilidad de las acciones de tutelares, implicando que, quien acciona tiene la “carga” de demostrar e identificar el objeto procesal y su pretensión en términos claros; El art. 128 de la CPE, por su parte indica que, la acción de amparo constitucional, tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, que restrinjan, supriman o suprimir derechos; afirmación de orden normativo que adquiere relevancia, ya que, la accionante identificó el objeto de debate procesal la Resolución FDLP/WEAL/S- 484 “A”/2022, remitida por el Fiscal Departamental, que determinó revocar la Resolución de sobreseimiento L.P.Z.M.-D.V.CH.F. 002/2021 emitida por el Fiscal de Materia, determinación que ordenó la presentación de acusación formal, contra la solicitante de tutela por el presunto delito de estelionato; ii) La solicitante de tutela, argumentó tanto en la demanda tutelar como en la audiencia de garantías, su discrepancia respecto a la valoración “racional” de los medios probatorios presentados en dicho proceso; sin embargo, dicha omisión de valoración de la prueba no se demuestra con un listado de medios que cursa en el cuaderno de investigación, sino se trata de una actividad intelectiva por parte del Ministerio Público; por lo que, de su análisis, se concluye que la autoridad fiscal demandada brindó un “grado” de verosimilitud respecto a las cuestiones que se debaten; es decir, valorar los medios probatorios es asignarle un contenido a cada medio probatorio, para que de esa forma, quienes se encuentran involucrados en cualquier tipo de proceso, conozcan cual es el razonamiento de la autoridad, respecto a la cuestión fáctica que condicione o no la decisión asumida; y, iii) Conforme a tales antecedentes, se tiene que la problemática de la acción tutelar decantaría en la teoría del hecho superado, porque dicha decisión fue puesta a conocimiento del “Juzgado de Instrucción Cautelar Quinto en lo Penal”; siendo además que, el acto impugnado ha sido superado mediante una nueva resolución fiscal, cambiando de esa manera la situación procesal de la impetrante de tutela, independientemente o no que haya pluralidad de sujetos procesales, aspecto que cierra la posibilidad de conceder la tutela, porque ante la presentación de la acusación formal, ante el juzgado de sentencia, existen actuaciones procesales posteriores, que se tramitan ante la autoridad jurisdiccional, pues los sujetos procesales formularán excepciones e incidentes, que podrán postular fallo y cambiar la situación jurídica; por lo que, existe impedimento legal, recayendo en la doctrina del hecho superado.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento L.P.Z.M.- D.V.CH.F.-002/2021 de 20 de agosto, dictada por Dolores Vanessa Chacón Forra, Fiscal de Materia, a favor de Gilda Eugenia Lordemann Luna -accionante-, por la presunta comisión del delito estelionato (fs. 361 a 363 vta.). II.2. Martha Greta Lordemann Luna Vda. de Noya, representada por Hermógenes Victo Maldonado Rios, por memorial presentado el 29 de diciembre de 2021, impugnó el sobreseimiento dictado por el Fiscal de Materia, solicitando su revocatoria, ya que de la prueba adjuntada al proceso se demostraría que la imputada cometió el delito de estelionato, no solo por el hecho de gravar un bien que se encontraba en litigio; sino que, siendo litigioso y gravado, procedió también a venderlo, causando daño a la víctima (fs. 533 a 539 vta.); Gilda Eugenia Lordemann Luna, por memorial presentado el 3 de marzo respondió a la impugnación, solicitando que se confirme el sobreseimiento, ello porque se ha cumplido con el principio de objetividad, previsto en el Código de Procedimiento Penal, al concluir que no se contaban con suficientes elementos de prueba que permitan fundar penalmente una acusación formal (fs. 543 a 544). II.3. Consta Resolución FDLP/WEAL/S - 484 “A”/2022 de 27 de junio, emitida por William Eduard Alave Laura, Fiscal Departamental de La Paz -demandado-, como resultado de la objeción interpuesta por Martha Greta Lordemann Luna Vda. de Noya -tercera interesada-, contra el citado Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento, revocó la misma y ordenó a la Fiscal de Materia asignada al caso, en el plazo de diez días desde su legal notificación, presente acusación formal ante la autoridad jurisdiccional correspondiente; notificada tal decisión a la abogada de la solicitante de tutela el 13 de septiembre de 2022, vía ciudadanía digital (fs. 585 a 587 vta., y 591).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus componentes de fundamentación y motivación e incorrecta valoración de la prueba; alegando que, dentro del proceso penal, seguido por el Ministerio Público a denuncia de Hermógenes Víctor Maldonado Ríos y Martha Greta Lordemann Luna Vda. de Noya -ahora terceros interesados- en su contra, por la presunta comisión del delito de estelionato, el Fiscal Departamental mediante Resolución FDLP/WEAL/S - 484 “A”/2022 de 27 de junio, revocó el Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento L.P.Z.M.- D.V.CH.F.- 002/2021 de 20 de agosto, emitido por la Fiscal de Materia, disponiendo la emisión de acusación formal en su contra; fallo que no contenía motivación descriptiva ni sustentó legal sobre las pruebas del proceso ordinario civil que presentó de su parte, ya que, dichas pruebas documentales presentadas, son de vital importancia, porque demuestran su inocencia, aclarando que no solicita una revalorización de la prueba, sino que ello demuestra que la autoridad demandada, en forma arbitraria sin sustento legal, guardó silencio sobre estos elementos probatorios, pues tenía la obligación de pronunciarse por medio de una motivación intelectiva y descriptiva; lo que motiva que solicite se conceda la tutela, y en consecuencia se disponga la revocatoria de la Resolución FDLP/S- 484 “A”/2022 de 27 de junio, y se ordene a la autoridad fiscal demandada, no soslaye la prueba reclamada como no valorada ni considerada, y que el Fisca Departamental de un valor negativo o positivo a los elementos de prueba, en especial a la Resolución 222/2019 de 4 de abril. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Sobre la motivación y fundamentación de las resoluciones emitidas por el Ministerio Público

Al respecto, la SCP 0645/2018-S3 de 11 de diciembre, señaló que: “La SC 1523/2004-R de 28 de septiembre, estableció al respecto que: ʽ…toda decisión emitida dentro de un proceso penal que no implica cuestión de mero trámite sino que concierna al fondo de lo que se investiga debe ser necesariamente motivada o lo que es lo mismo, debidamente fundamentada, lo que significa, que tanto el fiscal o los que conozcan el proceso, sea en control jurisdiccional o para resolver el fondo, deberán dictar sus requerimientos o resoluciones cumpliendo las exigencias de la estructura de forma como de contenido de las mismas. En particular en lo relativo al contenido de las mismas, no sólo deberán circunscribirse a relatar lo expuesto por las partes sino también citar las pruebas que aportaron las partes, exponer su criterio sobre el valor que le dan a las mismas luego del contraste y valoración que hagan de ellas dando aplicación a las normas jurídicas aplicables para finalmente resolver.

Si no proceden de esa forma y dictan una resolución sin respetar la estructurada señalada, resulta obvio que su decisión será arbitraria y considerada subjetiva e injusta, pues el sujeto procesal a quien no le sea favorable no podrá entender y menos saber la razón jurídica de la decisión; y de incurrirse en esta omisión al disponer sobreseimiento a favor de la parte imputada, la víctima podrá impugnar el requerimiento ante el superior jerárquico, y si éste igualmente incurre en la misma omisión, quedará abierta la jurisdicción constitucional para que acuda a la misma en busca de protección a sus derechos a la seguridad jurídica y de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva, cuyo alcance no abarca, como se dijo, a que la parte acusadora pretende que este Tribunal obligue a un Fiscal a presentar obligatoriamente la acusación si no únicamente a que dicha autoridad emita su requerimiento conclusivo debidamente fundamentado como lo exigen las normas previstas por los arts. 45. 7) de la LOMP, 73 y 323.3 del CPPʼ.

La fundamentación y motivación de resoluciones como componente del debido proceso, es también exigible en los requerimientos emitidos por el Ministerio Público, máximo, si en ejercicio del principio de objetividad los Fiscales de Materia como tenedores del monopolio de la investigación criminal en delitos de acción pública, optan por la desestimación, rechazo de la denuncia y sobreseimiento; por lo cual, resulta pertinente establecer, que a tiempo de analizar la fundamentación y motivación desplegada por los Fiscales de Materia, se debe considerar el momento procesal de la investigación penal; es decir, que, en los actos iniciales no se puede exigir la misma intensidad argumentativa que en los momentos concluyentes de la investigación penal; por cuanto, una resolución de rechazo de denuncia, y la de sobreseimiento -formas de requerimientos conclusivos de la etapa preliminar y preparatoria-, son el resultado del análisis de los actos investigativos, en tanto que, una desestimación solo obedece al incumplimiento de las formalidades o presupuestos para la activación de la etapa inicial de la investigación. Dicho criterio se aplica no solo en cuanto a las resoluciones y requerimientos emitidos por los fiscales del caso, sino también a las autoridades jerárquicas, cuando resuelven impugnaciones contra las determinaciones de los primeros” (las negrillas nos corresponden).

III.2. Sobre la valoración de la prueba en sede constitucional

Al respecto, la SCP 0301/2018-S2 de 28 de junio, refirió que:

“…la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, estableció lo siguiente: 'El entendimiento que consideró este Tribunal respecto a la revisión de la valoración de la prueba, tiene como antecedes a las SSCC 0129/2004-R de 28 de enero y 0873/2004-R de 8 de junio junio, en las cuales se establece que dicha actividad es propia de la jurisdicción ordinaria sin embargo, abrió la posibilidad de que la justicia constitucional pueda realizar el control tutelar de constitucionalidad, cuando la autoridad hubiere omitido la valoración de la prueba o se hubiere apartado de los marcos de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; 7 de marzo, sostiene que También era posible revisar la valoración de la prueba cuando la decisión de la autoridad se basó en una prueba inexistente o que refleja un hecho diferente al utilizado como argumento.

En ese marco, la SCP 1215/2012 de 6 de septiembre, resume los supuestos de procedencia de revisión de valoración de la prueba, señalando que la justicia constitucional debe verificar si en dicha labor las autoridades: 1) No se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; 2) No omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, 3) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleja un hecho diferente al utilizado como argumento.

Por otro lado, en cuanto a los alcances de la revisión de la valoración de la prueba por parte de la justicia constitucional, la referida SCP 1215/2012, en el Fundamento Jurídico III.3.2, señaló que dicha competencia: …se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, distorsionando la realidad y faltando al principio de rango constitucional, como es la verdad material, pero en ningún caso podrá pretender sustituir a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función que no le está conferida ni legal ni constitucionalmente.

En este entendido y de la precedente contextualización de línea jurisprudencial referida a la valoración de prueba, debe considerarse que una de las principales funciones de la justicia constitucional es la tutela de derechos fundamentales y garantías constitucionales; en consecuencia, debe ser una premisa en esta su labor el garantizar un real acceso a la justicia constitucional”' (énfasis agregado).

III.3. Análisis del caso concreto

De los antecedentes remitidos a este Tribunal y conforme las Conclusiones arribadas en el presente fallo constitucional, se tiene que, cursa Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento L.P.Z.M.- D.V.CH.F.- 002/2021 de 20 de agosto, dictada por Dolores Vanessa Chacón Forra, Fiscal de Materia, en favor de la accionante por la presunta comisión del delito estelionato (Conclusión II.1). Como resultado de la objeción interpuesta por la tercera interesada, contra el referido requerimiento conclusivo, el Fiscal Departamental demandado a través de la Resolución FDLP/WEAL/S - 484 “A”/2022 de 27 de junio, revocó dicha determinación, y dispuso en el plazo de diez días, la presentación de acusación formal; notificada tal decisión a la solicitante de tutela el 13 de septiembre de 2022 (Conclusión II.3). Ahora bien, la accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus componentes de fundamentación y motivación e incorrecta valoración de la prueba; alegando que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de estelionato, el Fiscal Departamental mediante Resolución FDLP/WEAL/S - 484 “A”/2022 de 27 de junio, revocó el Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento L.P.Z.M.- D.V.CH.F.-002/2021 de 20 de agosto, disponiendo la emisión de acusación formal en su contra, fallo que no contendría motivación descriptiva ni sustento legal sobre las pruebas del proceso ordinario civil que presentó, ya que, dichas pruebas generarían su inocencia respecto al delito endilgado.

Bajo ese contexto fáctico, concierne verificar si la autoridad demandada incurrió en las infracciones denunciadas de lesionadas; a ese efecto, cabe señalar que si bien la parte accionante no impugnó -la Resolución L.P.Z.M.- D.V.CH.F.- 002/2021-, pero respondió a la impugnación efectuada por la tercera interesada (Conclusión II.2), además, de lo señalado en el memorial de acción de amparo constitucional contra la Resolución FDLP/WEAL/S - 484 “A”/2022, en lo inherente al análisis del caso; se tiene lo siguiente:

a) A través del Auto Interlocutorio 222/2019 de 4 de abril, el Juez del Juzgado Público Civil y Comercial Tercero de la Capital, declaró probado el incidente de nulidad de obrados hasta “fojas cuarenta y ocho”; determinación que, denotaría que no conocía del proceso ordinario civil de nulidad de venta de bien inmueble, reposición de partida y daños y perjuicios, porque la notificación practicada -16 de octubre de 2017- para la audiencia de conciliación, se realizó en otro domicilio distinto al de la accionante; y, b) La Resolución emitida por la Fiscal de Materia “…cumplió con el principio de objetividad, previsto en el Código de Procedimiento Penal, fundamentando de manera correcta la Resolución L.P.Z.M.- D.V.CH.F 002/2021 de fecha 20 de agosto…” (sic). Resolviendo dichas alegaciones, el Fiscal Departamental demandado, pronunció la Resolución FDLP/WEAL/S - 484 “A”/2022; a través de la cual, recovó el Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento L.P.Z.M.-D.V.CH.F.- 002/2021 de 20 de agosto y dispuso la emisión de acusación formal; a tal efecto, en su tercer acápite “Análisis del Caso Concreto” efectuó un resumen de los antecedentes fácticos del hecho investigado, describiendo que:

Primero, la denuncia presentada por Martha Greta Lordemann Luna Vda. de Noya -tercera interesada- describió que el 14 de abril de 2017, al fallecimiento de Clara Luna Fernández -progenitora-, pretendió inscribir el derecho sucesorio del departamento del de cujus, ubicado en el edificio Los Álamos, pasaje Jáuregui 225 de la zona Sopocachi de la ciudad de La Paz, con una superficie 107 m2, registrado en Derechos Reales (DD.RR.), bajo la Matrícula 2010990079415; no obstante, el inmueble se encontraba registrado a nombre de la accionante, mediante transferencia efectuada por su progenitora, mediante escritura pública 83/2009 de 18 de septiembre, ante Notaria de Fe Pública;

Segundo, debido a esa situación, el 20 de septiembre de 2017, inició proceso de acción civil sobre nulidad de transferencia y nulidad de inscripción de partida en derechos reales contra la solicitante de tutela, causa radicada en el Juzgado Público Civil y Comercial Tercero de La Paz;

Tercero, recepcionada la declaración de la tercera interesada, denunció que Javier Aliaga Lordemann -sobrino-, Javier Aliaga Monrroy -cuñado-, Rodrigo Ballivián Liendo -yerno- y la solicitante de tutela -hermana-, dio a conocer que transfirieron el inmueble de propiedad de su progenitora, quien se encontraba enferma con esquizofrenia y Alzheimer, situación aprovechada por la accionante para sacar beneficio y obtener ilegalmente el indicado inmueble;

Cuarto, del Testimonio 207/2018 de 16 de octubre -escritura pública, minuta de ratificación de compra venta, autorización de venta de bien inmueble, departamento aclaración de ubicación y aceptación de gravamen-, suscrito por Notaria de Fe Pública, se estableció que la impetrante de tutela y otro, transfirieron a favor de Francisco Javier Aliaga Lordemann, un departamento, ubicado en el edificio Los Álamos, pasaje Jáuregui 225 de la zona Sopocachi, con una superficie de 107 m², registrado en Derechos Reales (DD.RR.), bajo la matrícula 2010990079415, por el precio libremente convenido de $us90 000.- (noventa mil dólares estadounidenses);

Quinto, información rápida de DD.RR. de 19 de noviembre de 2021, sobre el inmueble con matrícula 2010990079415, registrando restricciones vigentes - gravamen de hipoteca, consistentes en: i) De $us110 000, 00.- (ciento diez mil dólares estadounidenses) de 25 de julio de 2018, a favor de Pablo Rodrigo Ballivián Liendo; ii) Gravamen aclarativo por “Bs0.00” de 25 de julio de 2018, a favor de Pablo Rodrigo Ballivián Liendo; y, iii) Anotación preventiva, medidas precautorias de 17 de octubre de 2017 por “Bs. 0.00” a favor de la tercera interesada.

Sexto, elementos de los cuales se tomó conocimiento que efectivamente la solicitante de tutela, el 16 de octubre de 2018, transfirió el inmueble registrado bajo la Matrícula 2010990079415 a favor de Francisco Javier Aliaga Lordemann;

Séptima, es evidente que el bien inmueble estaba con restricción de gravamen de hipoteca de 25 de julio de 2018, por un monto de $us110 000.- a favor de Pablo Rodrigo Ballivián Liendo y Javier Marcelo Aliaga Monrroy; además, el mencionado inmueble se encontraba con proceso contra la accionante, por nulidad de venta en el Juzgado Civil y Comercial Tercero de la Capital del departamento de La Paz, con número de registro judicial NUREJ-20141183;

Octava, del registro de propiedad de inmueble de 25 de julio de 2018, consta en el asiento segundo como titular a la impetrante de tutela del departamento, ubicado en el edificio Los Álamos, pasaje Jáuregui 225 de la zona Sopocachi, con una superficie 107 m², describiendo un agravante aclaratorio de Pablo Rodrigo Ballivián Liendo;

Novena, registro del lugar del hecho de 30 de noviembre de 2021, Tomas Huanca Condori -Investigador asignado al caso- junto a Abigail Mireya Chumacero Delgado -División escena del crimen-, constituyeron a la Notaria de Fe Pública 53, evidenciando que las Escrituras Públicas del 59/2018 al 110/2018 del tomo II, contiene la escritura pública - minuta de préstamo de dinero con garantías hipotecaria suscrito por Francisco Javier Aliaga Lordemann -deudor-, y la accionante y -acreedora- por la suma de $us110 000.-

Diez, el bien inmueble de las litis fue otorgado en calidad de hipoteca “…a favor Pablo Rodrigo Ballivian Liendo y la compra venta de inmueble Departamento de fecha 17 de octubre de 2018 suscrito ante Dra. Lorna Sofía Cartagena Lagrava - Notaria Fe Pública Gilda Eugenia Lordemann Luna (vendedor) a favor Francisco Javier Aliaga Lordemann (comprador) del inmueble ubicado Edificio "Los Alamos" pasaje Jáuregui Nº 225, zona de Sopocachi con una superficie de 107.0000 m² , bajo la Matrícula No. 2.01.0.99.0079415, también fue gravado por el Juzgado Público Civil y Comercial Tercero de la ciudad de La Paz…” (sic);

El tipo penal de estelionato prevé dentro de su estructura de subsunción el vender o el gravar un bien litigioso embargado o gravado, así como también, el vender y gravar bienes ajenos -aparentar como propio-; por lo que, el hecho denunciado se advierte que Francisco Javier Aliaga Lordemann compró el departamento; Javier Marcelo Aliaga Monrroy autorizó el gravamen y vendió el inmueble a Pablo Rodrigo Ballivián Liendo, quién gravo la hipoteca a su nombre sabiendo que el inmueble está en litigio dentro de un proceso ordinario civil; de esta manera, causaría un perjuicio a la víctima hoy tercera interesada;

Once, de la compulsa efectuada a los antecedentes de la investigación, se advierte la inconcurrencia de la declaración informativa de Javier Marcelo Aliaga Monroy; motivo por el cual, corresponde que la Directora Funcional de la Investigación, diligencie la recepción de dicha declaración, en uso y observancia de las facultades propias de la función fiscal; toda vez que, se constituye en un derecho que posee toda persona sometida a un proceso para de ese modo tener conocimiento de los cargos existentes en su contra, asumir defensa, ofrecer su versión de los hechos y razonamiento jurídico, proponer pruebas que desvirtúen la acusación en su contra; y,

Doce, considerando que en el presente caso, se dispuso la Revocatoria de la Resolución de Sobreseimiento L.P.Z. M. D.V.CH.F. 002/2021 de 20 de agosto, por el cual corresponde emitir la Resolución de Acusación Formal, dada la complejidad y dificultad investigativa, a efectos de evitar el retardo procesal y facilitar el ejercicio de la defensa deberá proceder conforme a procedimiento y solicitar a la autoridad de control jurisdiccional la tramitación separada de hechos, a fin de no obstaculizar la prosecución del juicio oral, público, contradictorio y continuó, aplicando lo previsto por el Instructivo RJGP/DGFSE 078/2013 de fecha 18 de noviembre. Establecidos como están los antecedentes procesales; así como, lo objetado por la accionante, respecto al Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento L.P.Z.M.- D.V.CH.F.- 002/2021 y el razonamiento expuesto por la autoridad demandada en la Resolución FDLP/WEAL/S - 484 “A”/2022, a efectos de determinar si existió vulneración de los derechos fundamentales denunciados por la accionante, corresponde a continuación realizar un contraste entre los aspectos reclamados en la presente acción de defensa y lo resuelto por el fallo ahora impugnado, con la finalidad de establecer si la Resolución pronunciada observa el debido proceso en cuanto al derecho a obtener una resolución fundamentada y motivada, con valoración razonable de la prueba; tarea que será desarrollada a continuación. En atención a lo expuesto y conforme a lo glosado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, los representantes fiscales están compelidos a pronunciar sus requerimientos o resoluciones, dilucidando el fondo de la cuestión planteada evitando circunscribirse sólo a lo relacionado por las partes, sino que, se ven constreñidos a citar las pruebas que cursan en antecedentes, explicar el valor que le dan a las mismas luego del contraste y valoración que hagan de ellas, dando aplicación a las normas jurídicas para finalmente emitir su decisión. En ese contexto, el Fiscal Departamental demandado, en la Resolución FDLP/WEAL/S - 484 “A”/2022, sintetizó los motivos que fundaron la objeción al Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento, formulado por la tercera interesada, y en respuesta, identificó de forma detallada las piezas procesales que componen el cuaderno de investigación, que permitirían establecer la presunta participación de la solicitante de tutela; por otra parte, la señalada autoridad, al momento de revocar el sobreseimiento, advirtió que de los antecedentes del proceso ordinario civil de nulidad de venta de bien inmueble y reposición de partida más daños y perjuicios; pudo evidenciar como primer factor que, el bien inmueble objeto de la Litis, fue registrado a nombre de la ahora accionante, por escritura pública 83/2009 de 18 de septiembre; y, segundo factor, se advirtió que dicho bien fue otorgado en calidad de hipoteca en favor de “…Pablo Rodrigo Ballivián Liendo y la compra venta de inmueble Departamento de fecha 17 de octubre de 2018 suscrito ante Dra. Lorna Sofía Cartagena Lagrava - Notaria Fe Pública Gilda Eugenia Lordemann Luna (vendedor) a favor Francisco Javier Aliaga Lordemann (comprador) del inmueble ubicado Edificio "Los Alamos" pasaje Jáuregui Nº 225, zona de Sopocachi con una superficie de 107.0000 m², bajo la Matrícula No. 2.01.0.99.0079415, también fue gravado por el Juzgado Público Civil y Comercial Tercero de la ciudad de La Paz…” (sic). Tales motivos respaldaban la decisión de revocar el Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento y disponer la presentación de acusación formal dentro de los diez días; en ese entendido, no se advierte que se haya producido lesión alguna al debido proceso en sus componentes fundamentación y motivación; por cuanto, esa determinación obedeció principalmente a dos factores; el primero, consistente en la recolección de actos investigativos que le fueron encomendado a la Fiscal de Materia para determinar la posible autoría o participación del hecho a la accionante por la presunta comisión del delito de estelionato; y, segundo, la emisión de resolución de acusación formal contra la solicitante de tutela, dada la complejidad y dificultad investigativa, se ordenó solicitar a la autoridad de control jurisdiccional la tramitación separada del hecho, a efectos de evitar algún retraso procesal y fin de no obstaculizar la prosecución del juicio oral, público, contradictorio y continuo. A lo anterior debe agregarse que, la impetrante de tutela, a tiempo de responder a la objeción interpuesta por la tercera interesada al Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento 002/2021, se limitó a señalar que, por Auto Interlocutorio 222/2019, el Juez del Juzgado Público Civil y Comercial Tercero de la Capital del departamento de La Paz, declaró probado el incidente de nulidad de obrados hasta “fojas cuarenta y ocho” (fs. 224 a 225 vta.); circunstancia que, denotaría que no conocía del proceso ordinario, al respecto, pese a que la accionante individualizó la prueba -Auto Interlocutorio 222/2019-, y otros actuados procesales realizados en el citado ordinario civil -Demanda de nulidad de venta de bien inmueble y reposición de partida más daños y perjuicios; Providencia de 22 de septiembre de 2017; Providencias de 25 de septiembre y 4 de octubre de 2017; Memorial y notificación de 5 y 16 de octubre de 2017; Acta de incomparecencia de 17 de octubre de 2017; Auto Interlocutorio 844/2017 de 20 de octubre; Formularios de notificación de 27 de octubre de 2017 y 9 de mayo de 2019; Memoriales de 1 y 6 de noviembre de 2017; Memoriales de Hermogenes Víctor Maldonado Ríos “…apoderado de GILDA EUGENIA LORDEMANN LUNA, por el cual solicita la rebeldía de la GILDA EUGENIA LORDEMANN LUNA (…) por el que adjunta fotografías y croquis - Formulario de notificación de fecha 11 de julio de 2018…” (sic); Memoriales de interposición y ratificación de incidente de nulidad de notificación, de 29 de octubre de 2018 y 14 de enero de 2019-, señalando que estas pruebas no fueron valoradas de manera descriptiva y analítica por el Fiscal departamental demandado, alegatos que desde todo punto de vista resultan ser genéricos, ya que no existe carga argumentativa alguna de su parte, más allá de citar esa extensa lista de documentos, sin individualizarlos y explicar cuál era la relevancia de cada uno de estos para demostrar su supuesta inocencia. Asimismo, en esta parte del análisis, cobra relevancia que la acción tutelar venida en revisión, no se proporcionó ningún argumento tendiente a demostrar cómo la autoridad demandada, al momento de valorar la prueba, se apartó de los marcos legales de razonabilidad y equidad; u omitió de manera arbitraria su consideración de forma parcial o total; y, cómo basó su decisión en una prueba inexistente o que refleja un hecho diferente al utilizado como argumento, únicos supuestos en los que la justicia constitucional tiene potestad para analizar el reclamó inherente a la prueba conforme lo desglosado en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional. En tal sentido, de la revisión de la Resolución FDLP/WEAL/S - 484 “A”/2022, resulta claro, que la autoridad demandada, actuó correctamente, en uso de sus facultades y atribuciones legales, al analizar los argumentos contenidos al Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento L.P.Z.M.- D.V.CH.F.- 002/2021, pronunciándose en cuanto a la revisión de los argumentos por los que la Fiscal de Materia asignada al caso sustentó su determinación; fundamentando y motivando respecto a la falta de elementos que revelen un supuesto grado de autoría o participación de la accionante en la presunta comisión del delito de estelionato, señalando y aplicando la normativa legal que rige la materia, para concluir, luego de lo argumentado, con revocar la decisión de sobreseimiento dictada por la Fiscal de Materia, no siendo evidente lo alegado por la solicitante de tutela en la interposición de la presente acción de amparo constitucional; toda vez que, la labor desempeñada por el Fiscal Departamental demandado está enmarcada dentro de los parámetros establecidos en la jurisprudencia desglosada en los Fundamentos Jurídicos de este fallo constitucional; es decir, suficiente y clara fundamentación y motivación, que sustenta la decisión; cumpliendo con las reglas del debido proceso, lo que repercute en la denegatoria de la tutela. En consecuencia, la Sala Constitucional al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 57/2023 de 13 de marzo, cursante de fs. 645 a 647, pronunciada por Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1117_2025-S3.pdf · páginas 1 a 17.

Huella digital del PDF (SHA-256): 989e8ec7853e64057daa12c63fc96b1915a4887faac3973abe63d2ec6845d0f1

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