Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera Especializada · 9 de julio de 2026
Concede la tutela
El accionante, denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, así como la incorrecta aplicación de la ley; puesto que, en el proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia del accionante contra los ahora terceros interesados, el Vocal hoy accionado mediante Auto de Vista 294/2022 de 28 de octubre, revocó el Auto Interlocutorio 667/2022 de 17 de igual mes y año -que agravó las medidas cautelares de la ahora tercera interesada por incumplimiento de la detención domiciliaria-, manteniendo vigente el Auto Interlocutorio 559/2022 de 24 de agosto, disponiendo la detención domiciliaria de los hoy terceros interesados con autorización para ausentarse únicamente de lunes a viernes, entre las 07:00 y las 19:00 horas; dicha determinación sostenía que si bien se acreditó el incumplimiento de la medida cautelar, no se justificaron los riesgos procesales necesarios para revocar o agravar las medidas cautelares impuestas; así como también sostuvo que en aplicación del art. 398 del CPP, sólo debía pronunciarse sobre los agravios alegados en la apelación; sin embargo, dicho razonamiento contradice lo establecido por el art. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art.
12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 050/2023 de 25 de abril, cursante de fs. 65 a 67 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del departamento de Oruro; y, en consecuencia; 1° CONCEDER la tutela solicitada, respecto a la vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
a) Dejar sin efecto el Auto de Vista 294/2022 de 28 de octubre, debiendo emitir el Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, un nuevo auto de vista en el término de veinticuatro horas de su notificación con el presente fallo constitucional, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el fallo constitucional; siempre y cuando no se hubiese modificado la situación jurídica de “Betty Nina”.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1114/2026-S1 Sucre, 9 de julio de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional Expediente: 55316-2023-111-AAC Departamento: Oruro En revisión la Resolución 050/2023 de 25 de abril, cursante de fs. 65 a 67 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Bismarck Barrón Flores contra Julio Huarachi Pozo, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro.
El accionante, por memoriales presentados el 18 y 20 de abril de 2023, cursantes de fs. 27 a 32 vta.; y, 36, manifestó lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de su persona contra “Betty Nina” y Jhonny Luis Ojeda Fulguera -ahora terceros interesados-, por la presunta comisión del delito de robo agravado, previsto y sancionado por el art. 332 del Código Penal (CP); mediante Auto Interlocutorio 559/2022 de 24 de agosto, emitido por la Jueza de Instrucción Penal Primera de la Capital del departamento de Oruro, quien determinó la aplicación de medidas cautelares de carácter personal de los nombrados; entre ellas, la detención domiciliaria en el domicilio acreditado en audiencia por los hoy terceros interesados, la notificación al Comando Departamental de la Policía Boliviana para la asignación de un custodio policial; con la finalidad de que verifique el cumplimiento de la medida cautelar y remita informes periódicos; asimismo, determinó la autorización de los nombrados para ausentarse del domicilio en días y horas hábiles, de lunes a viernes de 07:00 a 19:00 horas, debiendo permanecer en el indicado domicilio durante los fines de semana, feriados y días inhábiles.
Sin embargo, lo dispuesto por Auto Interlocutorio 559/2022, no fue cumplida por los ahora terceros interesados; por lo que, a través del memorial de 10 de octubre de 2022, informó a la Jueza de Instrucción Penal Primera de la Capital del departamento de Oruro, sobre el incumplimiento de las medidas cautelares; por lo que, la referida Jueza señaló audiencia para el 12 del mismo mes y año, la cual fue suspendida para el 17 del señalado mes y año; en dicha audiencia, se demostró objetivamente que la hoy tercera interesada incumplió la detención domiciliaria al ausentarse en horarios no permitidos por la Jueza de primera instancia y en aplicación del art. 247.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP) mediante Auto Interlocutorio 667/2022 de 17 de octubre, la Jueza de primera instancia dispuso agravar las medidas cautelares de la ahora tercera interesada. El Auto Interlocutorio 667/2022, fue objeto de recurso de apelación incidental, la cual fue resuelta mediante Auto de Vista 294/2022 de 28 de octubre, por el Vocal hoy accionado, revocando el Auto Interlocutorio “559/2022 de 24 de agosto” -lo correcto es 667/2022 de 17 de octubre-, sin la debida fundamentación; por cuanto, en el considerando II del citado Auto Interlocutorio, la Jueza de primera instancia fundamentó que la ahora tercera interesada debía cumplir detención domiciliaria con autorización para ausentarse únicamente entre las 07:00 y las 19:00 horas, de lunes a viernes; sin embargo, con base a la prueba aportada por su persona y obtenida mediante Requerimiento Fiscal, se verificó que la hoy tercera interesada estuvo fuera del domicilio en horarios no autorizados el 26 de agosto, 1, 12, 20 y 22 de septiembre de 2022; dichos elementos fueron considerados como pruebas suficientes para evidenciar el incumplimiento de las medidas cautelares, aplicándose correctamente la ley; empero, el Vocal ahora accionado mediante Auto de Vista 294/2022, señaló que aunque se acreditó el incumplimiento de la medida cautelar, no se justificaron los riesgos procesales necesarios para revocar las medidas cautelares impuestas; en ese entendido, conforme el art. 398 del CPP, se debe tratar únicamente los agravios alegados por la nombrada y para revocar una medida cautelar se requiere acreditar tanto el incumplimiento como la existencia de los riesgos procesales; razonamiento que se aparta de lo establecido por el art. 247.1 del CPP que no exige la concurrencia de los riesgos procesales para la revocatoria, siendo suficiente acreditar el incumplimiento de la obligación impuesta; por lo tanto, la decisión del Vocal hoy accionado al revocar el Auto Interlocutorio 667/2022, sin considerar esa disposición expresa, constituye una errónea aplicación e interpretación de la ley.
El accionante, denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, así como la incorrecta aplicación de la ley, sin citar norma constitucional alguna.
Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia: Se declare “nulo” el Auto de Vista 294/2022 de 28 de octubre, emitido por el Vocal hoy accionado y se disponga la emisión de un nuevo auto de vista que no vulnere derechos fundamentales y declare sin lugar el recurso de apelación incidental planteado por la ahora tercera interesada y se mantenga incólume el Auto Interlocutorio 667/2022 de 17 de octubre.
Celebrada la audiencia pública el 25 de abril de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 61 a 64, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional, y ampliándolo, manifestó que: a) El Auto de Vista 294/2022, vulnera el derecho al debido proceso por una incorrecta aplicación de la ley; puesto que, en la audiencia de revocatoria de medidas cautelares ante la Jueza de primera instancia, presentó documentación suficiente que demostró que la ahora tercera interesada incumplió la medida cautelar de detención domiciliaria dispuesta por Auto Interlocutorio 667/2022, el cual solo le permitía ausentarse de su domicilio en días hábiles de 07:00 a 19:00 horas; b) Al momento de solicitar revocatoria de medidas cautelares aportó como prueba documentación relacionada al listado de madres de familia que participaron en el campeonato de básquet en el Colegio “ANGLO AMERICANO” en el que participó la hoy tercera interesada en horarios nocturnos fuera del margen autorizado -a las 21:37, 19:25, 19:50 y 20:40 horas en diferentes fechas-, lo que evidenció el incumplimiento de la medida cautelar impuesta; en consecuencia, la Jueza de primera instancia, aplicando correctamente el art. 247 del CPP, agravó las medidas cautelares de la hoy tercera interesada; sin embargo, dicho Auto Interlocutorio fue apelado por la nombrada y el Vocal ahora accionado revocó el referido Auto Interlocutorio mediante Auto de Vista 294/2022, basado en una fundamentación alejada de la ley; c) El citado Vocal exigió se demuestre los riesgos procesales, como actos preparatorios de fuga u obstaculización, cuando el art. 247.1 del citado Código -según su redacción actual y respaldado por jurisprudencia constitucional- establece que para revocar una medida cautelar basta con acreditar el incumplimiento de una de las obligaciones impuestas, sin requerir ningún otro presupuesto adicional; y, d) El referido Vocal excedió los límites legales al exigir justificaciones adicionales por parte de la Jueza de primera instancia, como explicar por qué se incrementaron de una a dos veces por semana el presentarse ante el Fiscal de Materia, lo cual no está previsto en la Ley; en consecuencia, solicitó que se declare “con lugar” la acción de amparo constitucional, se anule el Auto de Vista 294/2022 y se ordene que el Vocal ahora accionado emita un nuevo auto de vista.
Julio Huarachi Pozo, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, no asistió a la audiencia de consideración de la acción de amparo constitucional, ni remitió informe alguno, pese a su citación cursante a fs. 39.
“Betty Nina” y Jhonny Luis Ojeda Fulguera, a través de su abogado en audiencia, manifestó que: de la exposición del abogado del accionante, no se evidenció una fundamentación clara ni precisa respecto a la supuesta vulneración de derechos, en particular del debido proceso; asimismo, señaló que no se explicó de manera concreta cómo se hubiesen afectado los derechos reclamados; por lo que, solicitó se declare la “improcedencia” de la acción de amparo constitucional.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, a través de la Resolución 050/2023 de 25 de abril, cursante de fs. 65 a 67 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: 1) En el proceso penal seguido contra los ahora terceros interesados, por la presunta comisión del delito de robo agravado, el Vocal hoy accionado emitió el Auto de Vista 294/2022, que según el accionante, vulneró su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y congruencia; además, existiría una errónea aplicación e interpretación de la ley; 2) De los antecedentes del caso, se advierte que mediante Auto Interlocutorio 559/2022, la Jueza de Instrucción Penal Primera de la Capital del citado departamento, impuso medidas cautelares personales; posteriormente, a solicitud del accionante, se agravaron dichas medidas cautelares mediante Auto Interlocutorio 667/2022; determinación que fue apelada por la ahora tercera interesada dando lugar al Auto de Vista 294/2022; 3) El referido Auto de Vista estructura su razonamiento señalando que para revocar medidas cautelares deben concurrir dos presupuestos conforme el art. 247 del CPP, señalando que debe demostrarse el incumplimiento de las medidas cautelares impuestas en contra del imputado y también la existencia de riesgos procesales a efectos de la revocatoria de las medidas cautelares; en ese entendido, si bien reconoce que hubo incumplimiento de las medidas cautelares, concluye que no se acreditaron riesgos procesales; por lo que, la revocatoria no procedía. Además, cuestiona que la Jueza de primera instancia no justificó debidamente la necesidad de agravar las medidas cautelares como el hecho de exigir que se presenten tres veces a la semana ante el Ministerio Público; 4) Del análisis del citado Auto de Vista se concluye que cuenta con argumentos con base normativa y razonamiento jurídico; ya que, se concluye que dicho Auto de Vista se encuentra debidamente motivado y fundamentado, y no se evidencian vulneraciones a los derechos alegados por el accionante; 5) En cuanto a la supuesta errónea interpretación de la ley, se aclara que no corresponde a la jurisdicción constitucional revisar interpretaciones de legalidad ordinaria, salvo que el nombrado demuestre cómo dicha interpretación afectó los derechos fundamentales, lo cual no ocurrió en el caso presente; puesto que, no se expuso la carga argumentativa suficiente sobre los criterios jurídicos que debieron aplicarse; y, 6) El nombrado no fue quien formuló el recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 667/2022, sino la ahora tercera interesada; por lo tanto, el Auto de Vista 294/2022, fue emitido en respuesta al recurso de esta última, conforme al art. 398 del citado Código.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Asimismo, por Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución a Comisión de Admisión de los expedientes sorteados a los Magistrados cesados que se encontraban pendientes de resolución a efecto de que se realice nuevo sorteo, con la finalidad de que los actuales Magistrados asuman conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del término legal establecido. Mediante decreto constitucional de 11 de mayo de 2026, cursante a fs. 79, se dispuso la suspensión de plazo para la emisión de la correspondiente resolución a efectos de recabar documentación complementaria, reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el decreto constitucional de 8 de julio del citado año, cursante a fs. 83; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del término legal.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:
II.1. Cursa Auto Interlocutorio 559/2022 de 24 de agosto, emitido por la Jueza de Instrucción Penal Primera de la Capital del departamento de Oruro, a través del cual se declaró “…fundada en parte la pretensión expuesta por el Ministerio Público en este actuado judicial; infundada en cuanto a la medida solicitada; fundada en relación a los demás presupuestos y con la facultad conferida por el Artículo 235 ter del Código de Procedimiento Penal, en su inciso 3)…” (sic), en el proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Bismarck Barrón Flores -hoy accionante- contra “Betty Nina” y Jhonny Luis Ojeda Fulguera -ahora terceros interesados-, por la presunta comisión del delito de robo agravado, previsto y sancionado por el art. 332 del CP, imponiendo a los nombrados el cumplimiento de las siguientes medidas cautelares de carácter personal: “1.- La obligación de presentarse ante el Fiscal que conoce su proceso, de manera semanal, los días lunes de cada semana, debiendo notificar al encargado de sistemas de la Fiscalía Departamental de Oruro, a objeto que aperture el registro correspondiente; 2.- Se les prohíbe concurrir al lugar en el que el hecho ha sucedido, así como comunicarse con la víctima, con testigos o con cualquier otra persona que tenga relación con el proceso, salvo que esta incomunicación afecte el ejercicio de su derecho a la defensa o de otros derechos fundamentales, quedando expresamente prohibidos de comunicarse con el ciudadano Julio Tapia de la empresa REMAX, quien es un testigo identificado en la causa; 3.- Se les impone una Fianza Económica en la suma de Bs. 6.000,00.- (Seis mil 00/100 bolivianos), a cada uno, que deberán empozar a favor de este Tribunal Departamental de Justicia, por intermedio de su Departamento Administrativo Financiero; en un término de 5 días hábiles, computables a partir de la fecha, bajo alternativa de ley; 4.- Se les impone la obligación de cumplir una Detención Domiciliaria, en el domicilio que ambos han acreditado en este actuado judicial, ubicado en la calle Pagador No. 1881, esquina Aldana de esta ciudad, a cuyo efecto, deberá notificarse al Comandante Departamental de Policía, a objeto que por su intermedio, se asigne un custodio para la verificación de esta medida y este custodio eleve los informes correspondientes, de manera periódica; siendo que no se acreditado en este actuado judicial, que los imputados carezcan de una ocupación legalmente constituida, tienen autorización de ausentarse de este domicilio en días y horas hábiles, esto es los días lunes a viernes, de horas 07:00 de la mañana a 07.00 de la noche, los demás días de la semana, fines de semana, feriados o días inhábiles, deberán permanecer en este domicilio, adjuntándose a la diligencia de notificación al Comandante Departamental de Policía, los Informes de Verificación Policial Domiciliaria de ambos imputados, a objeto que este domicilio pueda ser habido. Habiéndose los imputados hecho presente en este actuado judicial en Situación Procesal de libertad, se mantiene la misma, en tal condición” (sic [fs. 3 a 6 vta.]). II.2. Consta Auto Interlocutorio 667/2022 de 17 de octubre, emitido por la Jueza de Instrucción Penal Primera de la Capital del departamento de Oruro, mediante el cual declaró fundada la solicitud de revocatoria de medidas cautelares de carácter personal de la ahora tercera interesada; solicitado por el accionante debido al incumplimiento de los horarios autorizados para ausentarse del domicilio donde cumplía detención domiciliaria; por lo que, conforme a la facultad conferida por los arts. 247 y 250 del CPP, modificó la parte dispositiva del Auto Interlocutorio 559/2022, con relación a la nombrada, “…en cuanto al inc. 1), imponiéndole la obligación de presentarse ante el Fiscal que conoce su proceso, 3 (Tres) veces a la semana, los días lunes, miércoles y viernes y; en el inciso 4), disponiéndose que la Detención Domiciliaria, sea cumplida de manera permanente y levantando la autorización de que la misma se ausente de su domicilio en días y hora y hábiles, quedando únicamente autorizada abandonar su domicilio los días lunes, miércoles y viernes, de horas 09.00 a 11.00 de la mañana, a objeto que pueda asistir a la Fiscalía Departamental de Oruro, para suscribir la presentación que le corresponde, las demás horas del día, fines de semana, días festivos y cualquier otro, deberá permanecer en su domicilio” (sic). Así también, dispuso la “…notificación del Comandante Departamental de Policía, a objeto que por su intermedio se disponga que el Sargento Gustavo Fuentes Foronda encargado de verificar la Detención Domiciliaria de los imputados, efectué esta verificación de manera semanal, debiendo emitir el informe correspondiente a este despacho judicial, una vez a la semana, bajo responsabilidad en caso de incumplimiento, se mantiene firme e incólumes las demás decisiones asumidas en el Auto Interlocutorio No. 559/2022” (sic [fs. 9 a 10 vta.]).
II.3. Mediante Auto de Vista 294/2022 de 28 de octubre, emitido por Julio Huarachi Pozo, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro -ahora accionado-, por el cual declaró procedente el recurso de apelación incidental formulada por la hoy tercera interesada contra el Auto Interlocutorio 667/2022, emitido por la Jueza de Instrucción Penal Primera de la Capital del mismo departamento, en consecuencia revocó el referido Auto Interlocutorio, manteniendo la Resolución Judicial adoptada mediante el Auto Interlocutorio 559/2022 (fs. 23 a 24).
El accionante, denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, así como la incorrecta aplicación de la ley; puesto que, en el proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia del accionante contra los ahora terceros interesados, el Vocal hoy accionado mediante Auto de Vista 294/2022 de 28 de octubre, revocó el Auto Interlocutorio 667/2022 de 17 de igual mes y año -que agravó las medidas cautelares de la ahora tercera interesada por incumplimiento de la detención domiciliaria-, manteniendo vigente el Auto Interlocutorio 559/2022 de 24 de agosto, disponiendo la detención domiciliaria de los hoy terceros interesados con autorización para ausentarse únicamente de lunes a viernes, entre las 07:00 y las 19:00 horas; dicha determinación sostenía que si bien se acreditó el incumplimiento de la medida cautelar, no se justificaron los riesgos procesales necesarios para revocar o agravar las medidas cautelares impuestas; así como también sostuvo que en aplicación del art. 398 del CPP, sólo debía pronunciarse sobre los agravios alegados en la apelación; sin embargo, dicho razonamiento contradice lo establecido por el art. 247.1 del citado Código, que no exige la concurrencia de riesgos procesales para la revocatoria, siendo suficiente acreditar el incumplimiento de la obligación impuesta. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) Con relación a la fundamentación, motivación y congruencia como elementos del debido proceso; y, ii) Análisis del caso concreto.
La SCP 0074/2024-S3 de 10 de abril, en cuanto a la fundamentación, motivación y congruencia como elemento del debido proceso, establece que: «“La motivación es una exigencia constitucional de las resoluciones -judiciales y administrativas o cualesquiera otras, expresadas en una resolución en general, sentencia, auto, etc.,- porque se viola la garantía del debido proceso (art. 115.I de la CPE) sin ella. El contenido esencial a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada fue desarrollado en la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, y complementado por la SCP 0100/2013 de 17 de enero, teniendo en cuenta las finalidades que persigue este derecho fundamental. (…) Sobre el segundo contenido, es decir, lograr el convencimiento de las partes de que la resolución no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia, en la SCP 2221/2012, el Tribunal Constitucional ha desarrollado las formas en las que puede manifestarse la arbitrariedad, señalando: la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) una ‘decisión sin motivación’, o extiendo esta es, b.2) una ‘motivación arbitraria’; o en su caso, b.3) una ‘motivación insuficiente, desarrollando más adelante, el contenido de cada una de ellas’. ‘b.1) Por ejemplo, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.), no da razones (justificaciones) que sustenten su decisión, traducido en las razones de hecho y de derecho, estamos ante la verificación de una ‘decisión sin motivación’, debido a que ‘decidir no es motivar’. ‘La justificación conlleva formular juicios evaluativos [formales o materiales] sobre el derecho y los hechos sub iudice [asunto pendiente de decisión]’. b.2) Del mismo modo, verbigracia, cuando una resolución en sentido general ‘judicial, administrativa, etc.’ sustenta su decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas, basadas en conjeturas que carecen de todo sustento probatorio o jurídico alguno, y alejadas de la sumisión a la Constitución y la ley, se está ante una ‘motivación arbitraria’. Al respecto el art. 30.II de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) [Obliga a las autoridades a fundamentar sus resoluciones con la prueba relativa sólo a los hechos y circunstancias, tal como ocurrieron, es escrito cumplimiento de las garantías procesales]. En efecto, un supuesto de ‘motivación arbitraria’ es cuando una decisión coincide o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba o, en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso (SC 0965/2006-R), que influye, en ambos casos, en la confiabilidad de las hipótesis fácticas (hechos probados) capaces de incidir en el sentido, en los fundamentos de la decisión. Es decir, existe dependencia en cómo cada elemento probatorio fue valorado o no fue valorado, para que se fortalezca o debilite las distintas hipótesis (premisas) sobre los hechos y, por ende, la fundamentación jurídica que sostenga la decisión. (…) b.3) De otro lado, cuando una resolución no justifica las razones por las cuales omite o se abstiene de pronunciar sobre ciertos temas o problemas jurídicos planteados por las partes, se está ante una ‘motivación insuficiente’. En ese mismo sentido, la SCP 0071/2018-S1 de 19 de marzo, señalando a la SCP 0558/2016-S2 de 27 de mayo, estableció que: “La fundamentación es una exigencia contenida dentro del debido proceso, siendo que una decisión es arbitraria cuando carece de razones, es antojadiza o producto de conocimientos insuficientes que no pueden sostener un mínimo análisis jurídico legal; al contrario, la decisión tiene fundamento en la medida en que se afirmen circunstancias de hecho y de derecho, sustentada en pruebas y normas aplicables que visualicen la base sobre la cual se apoya la decisión; estas afirmaciones no pueden ser frases trilladas o rutinarias, sino razones coherentes y claras referidas al caso concreto. Quien emita una resolución, sea administrativa o judicial, está en el deber de fundamentarla, porque solo así el administrado tendrá la posibilidad de analizar la decisión y de impugnarla; ante la omisión de una suficiente fundamentación se coarta su derecho a la defensa por estar imposibilitado de ponerla en duda. En ese sentido no debe limitarse la motivación como un mero requisito formal, al contrario, este requisito tiene por finalidad permitir la defensa del administrado. (...) Dicho de otra forma, toda autoridad que dicte una resolución, debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma, por cuanto la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que orientan al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió (SSCC 0863/2007-R, 0752/2002-R, SC 1369/2001-R, entre otras)”. En cuanto a la motivación, la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, determinó lo siguiente: ‘…la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas’, coligiéndose que toda resolución emitida dentro de un proceso judicial o administrativo, debe inexcusablemente contener una adecuada motivación respecto a los hechos en los que se base, a las pruebas que se aportaron y a las disposiciones legales en las que se sustente su decisión, puesto que el relacionamiento de éstas con los hechos que le dieron origen, constituye la fundamentación y motivación a la que el debido proceso se refiere. Ahora bien, de manera inescindible, el derecho a una debida motivación y fundamentación de las resoluciones, se halla interrelacionado con el principio de congruencia entendido como ‘…la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación. Esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, y que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume’ (SCP 0387/2012 de 22 de junio), de donde se infiere que las resoluciones judiciales, deben emitirse en función al sentido y alcance de las peticiones formuladas por las partes procesales. En cuanto al componente de congruencia como elemento del debido proceso, la SCP 0712/2015-S3 de 3 de julio, estableció que: ‘La congruencia fue definida como un principio normativo que limita facultades resolutorias del juez, por el cual debe existir identidad entre lo resuelto y controvertido, oportunamente, por los litigantes, y relación con los poderes atribuidos en cada caso al órgano jurisdiccional por el ordenamiento jurídico, con la finalidad de que exista identidad jurídica entre lo resuelto y lo pretendido. De esta forma es pacífica la noción de congruencia como la debida correspondencia entre las partes que componen un todo. A contrario sensu se entiende como resolución incongruente a aquella que no guarda una resolución lógica entre lo solicitado y lo resuelto. En ese orden, la doctrina estableció una clasificación general de las resoluciones incongruentes, entre las que se encuentran: a) Incongruencia por ultra petita; b) Incongruencia por extra petita; c) Incongruencia por infra petita; y, d) Incongruencia por citra petita (…). Es importante precisar que el principio de congruencia también adquiere un matiz reforzado a partir del Estado Constitucional, así lo reconoció el Tribunal Constitucional Plurinacional que desarrolló dicho principio desde dos ámbitos de acción; de un lado, dentro de cualquier proceso como unidad, delimitando las actuaciones de las partes procesales como del órgano jurisdiccional o administrativo; y de otro, en cuanto a la estructura misma de las resoluciones, situación esta última que involucra la exigencia de que, en dicho fallo, se absuelvan todos los aspectos puestos a consideración del juzgador de manera coherente y que además de ello, se establezca una relación entre los argumentos expuestos por las partes, los fundamentos argüidos por el juzgador donde se incluirá la base normativa, el análisis fáctico y la parte resolutiva que deberá responder o ser el resultado del problema jurídico, analizando y considerado por dicha autoridad (SCP 0037/2012 de 26 de marzo)”’» (las negrillas nos corresponden).
El accionante, denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, así como la incorrecta aplicación de la ley; puesto que, en el proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia del accionante contra los ahora terceros interesados, el Vocal hoy accionado mediante Auto de Vista 294/2022 de 28 de octubre, revocó el Auto Interlocutorio 667/2022 de 17 de igual mes y año -que agravó las medidas cautelares de la ahora tercera interesada por incumplimiento de la detención domiciliaria-, manteniendo vigente el Auto Interlocutorio 559/2022 de 24 de agosto, disponiendo la detención domiciliaria de los hoy terceros interesados con autorización para ausentarse únicamente de lunes a viernes, entre las 07:00 y las 19:00 horas; dicha determinación sostenía que si bien se acreditó el incumplimiento de la medida cautelar, no se justificaron los riesgos procesales necesarios para revocar o agravar las medidas cautelares impuestas; así como también sostuvo que en aplicación del art. 398 del CPP, sólo debía pronunciarse sobre los agravios alegados en la apelación; sin embargo, dicho razonamiento contradice lo establecido por el art. 247.1 del citado Código, que no exige la concurrencia de riesgos procesales para la revocatoria, siendo suficiente acreditar el incumplimiento de la obligación impuesta. De la revisión de los antecedentes que cursan en el cuaderno procesal, se establece que en el proceso seguido por el Ministerio Público a instancia del accionante contra los ahora terceros interesados, conforme el Auto Interlocutorio 559/2022, la Jueza de Instrucción Penal Primera de la Capital del departamento de Oruro, declara “…fundada en parte la pretensión expuesta por el Ministerio Público…” (sic), imponiendo a los ahora terceros interesados el cumplimiento de medidas cautelares, entre ellas, la obligación de cumplir detención domiciliaria con autorización para ausentarse en días y horas hábiles de lunes a viernes, de 07:00 a 19:00 horas, debiendo permanecer en dicho domicilio los fines de semana, feriados y días inhábiles (Conclusión II.1.). Posteriormente, el accionante solicitó la revocatoria de las medidas cautelares de carácter personal impuesta a la hoy tercera interesada, argumentando que la nombrada incumplió los horarios autorizados para ausentarse del domicilio donde cumplía su detención domiciliaria; solicitud que fue resuelta por la Jueza de Instrucción Penal Primera de la Capital del departamento de Oruro, quien mediante Auto Interlocutorio 667/2022, declaró fundada la solicitud del accionante en su condición de víctima y modificó la parte dispositiva del Auto Interlocutorio 559/2022, imponiendo la obligación de presentarse ante el Fiscal de Materia de la causa, tres veces a la semana -los días lunes, miércoles y viernes-; así como, la detención domiciliaria de manera permanente y sin autorización de ausencia en días y horas hábiles, quedando únicamente autorizada a abandonar su domicilio los días lunes, miércoles y viernes, de 09:00 a 11:00 horas, con la finalidad de asistir al Ministerio Publico -Fiscalía Departamental de Oruro- para suscribir la presentación correspondiente, debiendo permanecer en su domicilio los fines de semana, “días festivos y cualquier otro” (Conclusión II.2.). Por Auto Interlocutorio 667/2022, el mismo que fue apelado por la ahora tercera interesada, fue resuelto mediante Auto de Vista 294/2022, emitido por el por el Vocal ahora accionado declarando procedente el recurso de apelación incidental, revocando el referido Auto Interlocutorio; y en consecuencia, mantuvo vigente el Auto Interlocutorio 559/2022 (Conclusión II.3.). Precisada la problemática y revisados los antecedentes, se tiene que el accionante identifica al Auto de Vista 294/2022, como el presunto acto vulnerador de sus derechos fundamentales alegando que el Vocal ahora accionado pronunció dicho Auto de Vista señalando que si bien se acreditó el incumplimiento de la medida cautelar impuesta, no se justificaron los riesgos procesales necesarios para revocar o agravar las medidas cautelares impuestas; en ese entendido, en aplicación del art. 398 del CPP, sostuvo que sólo debía pronunciarse sobre los agravios alegados en la apelación y que para revocar una medida cautelar se requiere acreditar tanto el incumplimiento como la existencia de riesgos procesales. Sin embargo, el accionante sostiene que ese razonamiento se aparta de lo establecido por el art. 247.1 del citado Código que no exige la concurrencia de riesgos procesales para la revocatoria de dichas medidas, siendo suficiente acreditar el incumplimiento de la obligación impuesta.
En ese sentido, a efectos de abordar la problemática planteada, corresponde analizar el Auto de Vista 294/2022, para posteriormente, evaluar y determinar si se encuentra dentro los cánones que exige una debida fundamentación y motivación; es así que el Vocal hoy accionado a través del citado Auto de Vista, declaró procedente el recurso de apelación incidental formulado por la ahora tercera interesada, revocando el Auto Interlocutorio 667/2022, emitido por la Jueza de primera instancia, bajo los siguientes fundamentos: a) Conforme al art. 398 del CPP, el Tribunal de alzada solamente abre competencia en observancia de los agravios, en consecuencia los demás aspectos no alegados en esa audiencia quedaran incólumes a los efectos de la presente resolución; en ese sentido, considerando que la problemática jurídica identificada en el presente caso es tratar la revocatoria de las medidas cautelares impuestas a la ahora tercera interesada, se debe considerar el entendimiento ya desarrollado por ese Tribunal de alzada respecto al art. 247 del citado Código, considerando al respecto que para revocar las medidas cautelares, es necesario que concurran dos presupuestos procesales; la primera, debe demostrarse el incumplimiento de cualquiera de las medidas adoptadas en contra de la imputada -tercera interesada-; puesto que, en el caso concreto la nombrada incumplió las medidas impuestas, conforme la prueba y la contestación que realizó el accionante, señalando que hay prueba que justifica el incumplimiento de esas medidas cautelares; sin embargo, lamentablemente el nombrado no fundamentó los riesgos procesales a los efectos de la revocatoria de las medidas cautelares, como decía la parte imputada -ahora terceros interesados-, “…aquí no hay ningún riesgo procesal” (sic); en ese sentido, no se podía revocar las medidas cautelares adoptadas en el Auto Interlocutorio 559/2022; ya que, son coherentes; por lo que, considera que al tratarse la hoy tercera interesada de una persona que cumple labores de casa, que tiene que atender a sus hijos o hijas; empero, ese no es el razonamiento de fondo; puesto que, no existen riesgos procesales, no se acreditó que la nombrada este obstaculizando la averiguación de la verdad o la existencia de algún riesgo de fuga, casos en los que procede la revocatoria; debiendo considerarse que en el caso concreto se trata de un incumplimiento de la decisión judicial; es decir, no se demostró el hecho punible; y, b) La Jueza de primera instancia no justificó porque ordenó que la ahora tercera interesada asista ante el Fiscal de Materia tres veces a la semana; el hecho de estar imponiendo esta clase de medidas cautelares, tienen que estar orientadas al esclarecimiento del caso, debiendo considerar que dichas medidas cautelares son para asegurar la investigación, el esclarecimiento del caso, motivos que entiende la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, tiene la necesidad de revocar y hacer viable el recurso de apelación interpuesta por la hoy tercera interesada, porque las medidas que adopto originalmente son acordes al proceso (fs. 23 vta. a 24).
En ese marco, corresponde considerar la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, que refiere que toda autoridad que dicte una resolución, debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma; por cuanto, la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se actuó no solo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que orientan al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra manera de resolver los hechos juzgados, sino de la forma en que se decidió y con relación a la motivación se estableció que puede ser concisa pero clara, satisfaciendo todos los puntos demandados, debiendo expresar el juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su determinación en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por cumplidas y que como un supuesto de motivación arbitraria se entiende cuando una decisión coincide o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba o de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso, que influye en la confiabilidad de los hechos probados capaces de incidir en los fundamentos de la decisión; concluyéndose que existe dependencia en cómo cada elemento probatorio fue o no valorado, para que se fortalezca o debilite las premisas sobre los hechos y la fundamentación jurídica que sostenga la decisión. En sentido contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o los motivos por los cuales se falla de una determinada manera, dichas normas se tendrán por vulneradas, coligiéndose que toda resolución emitida dentro de un proceso judicial o administrativo, debe inexcusablemente contener una adecuada motivación respecto a los hechos en los que se basa, las pruebas que se aportaron y a las disposiciones legales en las que se sustenta; puesto que, el relacionamiento de estas con los hechos que le dieron origen, constituye la fundamentación y motivación a la que el debido proceso se refiere.
Bajo ese contexto, considerando la problemática planteada a través de la presente acción de amparo constitucional identificada precedentemente, así como del análisis del Auto de Vista 294/2022, se tiene que el Vocal ahora accionado precisó que su competencia se circunscribe únicamente a los agravios alegados por la hoy tercera interesada como lo determina el art. 398 del CPP, identificando como cuestión central del caso la revocatoria de las medidas cautelares, señalando que conforme al principio de predictibilidad, para revocar la medida cautelar de acuerdo al art. 247 del citado Código, deben concurrir dos presupuestos; el primero, referido al incumplimiento de la medida cautelar impuesta, y el segundo, a la existencia de riesgos procesales; en esa línea, si bien se reconoció que la nombrada incurrió en un incumplimiento de acuerdo a la prueba aportada por el accionante; sin embargo, se observó que la ahora tercera interesada no fundamentó la existencia de los riesgos procesales, como el peligro de fuga u obstaculización de la investigación; razón por la cual, el referido Vocal concluyó que, en ausencia de dichos riesgos, no resultaba jurídicamente viable la revocatoria o el agravamiento de las medidas cautelares dispuesto por la Jueza de primera instancia; asimismo, si bien se consideró que la hoy tercera interesada cumple labores de casa y tiene responsabilidades familiares en la atención de sus hijos o hijas; empero, precisó que ese no era el razonamiento de fondo, debido a que el fundamento central para revocar el Auto Interlocutorio 667/2022, radicaba en la inexistencia de los riesgos procesales; además, observó que la indicada Jueza no fundamentó adecuadamente la necesidad de imponer medidas cautelares más gravosas, como la obligación de presentarse tres veces por semana -lunes, miércoles y viernes- ante el Fiscal de Materia, ni justificó cómo dichas restricciones contribuirían al esclarecimiento del hecho investigado. En consecuencia, el Vocal ahora accionado consideró que las medidas cautelares dispuestas inicialmente mediante Auto Interlocutorio 559/2022, fueron proporcionales y acordes a las circunstancias del proceso; por lo que, correspondía revocar el Auto Interlocutorio 667/2022 y restituir las condiciones inicialmente impuestas.
En ese contexto, es preciso señalar que la revocatoria de las medidas cautelares personales, prevista por el art. 247 del CPP modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, establece que:
“Las medidas cautelares personales podrán ser revocadas a solicitud del fiscal o de la víctima aunque no se haya constituido en querellante, cuando se acrediten sin otra formalidad que: 1) El imputado incumpla alguna de las obligaciones impuestas;
2) Se compruebe que el imputado realiza actos preparatorios de fuga o de obstaculización en la averiguación de la verdad; o, 3) El imputado incumpla alguna de las medidas de protección especial en casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes. La revocación dará lugar a la sustitución de la medida por otra más grave, incluso la detención preventiva cuando sea procedente. La audiencia de revocatoria será señalada dentro de las veinticuatro (24) horas de presentada la solicitud”.
En ese entendido, el segundo párrafo del art. 247 del CPP contempla dos situaciones específicas; por una parte, que las causales de revocación pueden dar lugar a la sustitución de la medida por otra más grave; y por otra, que podrán dar lugar a la detención preventiva, cuando esta resulte procedente.
En el primer supuesto, se establece que las causales de revocación, como el incumplimiento de alguna de las obligaciones impuestas, la comprobación de que el imputado realiza actos preparatorios de fuga o de obstaculización en la averiguación de la verdad o que el imputado incumpla alguna de las medidas de protección especial en casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes; incumplimiento que dará lugar a la sustitución de la medida cautelar por otra más grave, sin que se requiera otra formalidad más que la acreditación de los supuestos de revocación de las medidas cautelares de carácter personal prevista por el art. 247 incs. 1), 2) y 3) del CPP, modificado por la Ley 1173.
En el segundo supuesto, la revocatoria de medidas cautelares de carácter personal no conlleva automáticamente la imposición de la detención preventiva; sino, como previene el segundo párrafo del art. 247 del CPP modificado por la Ley 1173, cuando establece que “…incluso la detención preventiva cuando sea procedente”, lo cual impone al juzgador la obligación de realizar un nuevo juicio de valoración, en el que se fundamente expresamente la concurrencia, o no, de los requisitos previstos en el art. 233 del CPP; puesto que, si bien el incumplimiento de alguna de las obligaciones impuestas, la comprobación de que el imputado realiza actos preparatorios de fuga o de obstaculización en la averiguación de la verdad o el imputado incumpla alguna de las medidas de protección especial en casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes -establecidos en el art. 247 incs. 1), 2) y 3) del CPP, modificado por la Ley 1173-, constituyen causales de revocatoria de las medidas cautelares, no es menos cierto que el juzgador, como consecuencia de esta revocatoria, en caso de considerar la imposición de la medida cautelar de detención preventiva, debe inexcusablemente observar las condiciones exigidas por los arts. 233, 234, 235 y 236 del CPP, requisitos exigidos para disponer la medida cautelar de detención preventiva; caso contrario, se incurriría en detención indebida y se vulneraría el principio de presunción de inocencia. En consecuencia, toda resolución que vaya a revocar las medidas cautelares impuestas y que disponga su sustitución por otra más grave, incluso la detención preventiva, debe realizar un examen integral de todos los antecedentes procesales, debiendo en su caso analizar la comprobación de las causales de revocatoria de las medidas cautelares prevista por el art. 247 incs. 1), 2) y 3) del CPP, modificado por la Ley 1173, para disponer la sustitución de la medida cautelar por otra más grave, incluso la señalada detención preventiva, previa verificación de los requisitos de procedencia; por cuanto, el análisis no se circunscribe solamente a dicho incumplimiento como tampoco su sola evidencia da curso a la aplicación automática de la medida extrema.
En el caso concreto, se verifica que el Vocal ahora accionado, al emitir el Auto de Vista 294/2022, sostuvo que la revocatoria de una medida cautelar requiere acreditar tanto el incumplimiento de las medidas cautelares impuestas como la existencia de riesgos procesales; sin embargo, la solicitud de revocatoria presentada por el accionante ante la Jueza de primera instancia se fundamenta en la causal prevista por el art. 247.1 del CPP, en cuanto al incumplimiento de alguna de las obligaciones impuestas a la ahora tercera interesada, al verificarse con prueba documental que incumplió el horario autorizado para ausentarse del domicilio donde cumplía su detención domiciliaria, debido a que concurrió a varios partidos de “fútbol” en diferentes fechas fuera del horario autorizado por la referida Jueza en el Auto Interlocutorio 559/2022, hecho verificado por el Auto Interlocutorio 667/2022 y confirmado por el Auto de Vista 294/2022. En consecuencia, y conforme al entendimiento previamente expuesto, la conclusión del Vocal hoy accionado resulta contrario a lo establecido por el art. 247 del CPP modificado por la Ley 1173; puesto que, la verificación de las causales de revocatoria de medidas cautelares de carácter personal, darán lugar a la modificación o sustitución de la misma por otra más grave, sin que se requiera otra formalidad para su imposición.
Ahora bien, de la revisión del Auto de Vista 294/2022, se advierte que el Vocal ahora accionado, al considerar el recurso de apelación incidental, no emitió una resolución debidamente fundamentada y motivada en el marco del debido proceso; ya que, en su resolución se limitó a señalar que la revocatoria de una medida cautelar requiere acreditar tanto el incumplimiento de la medida como la existencia de riesgos procesales, sin advertir que la solitud inicial de revocatoria -que dio lugar al Auto Interlocutorio 667/2022- se sustentó expresamente en la causal de revocatoria prevista por el art. 247.1 del CPP, modificado por la Ley 1173; no obstante, el mencionado Vocal sostuvo que, si bien se encontraba acreditada el incumplimiento de la medida cautelar por parte de la hoy tercera interesada, no se justificaron los riesgos procesales necesarios para revocar o agravar dicha medida, como si se tratara de una revocatoria con fines de la imposición de la detención preventiva, supuesto en el que sí es exigible la verificación de las condiciones y requisitos exigidos por los arts. 233, 234, 235 y 236 del CPP, omitiendo considerar que, en el caso concreto era suficiente acreditar el incumplimiento para disponer una medida más gravosa.
En ese entendido, la decisión asumida por el Vocal ahora accionado de revocar el Auto Interlocutorio 667/2022, vulnera el derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; ya que, todo Juez o Tribunal está obligado a exponer de manera clara y suficiente las razones fácticas y jurídicas que sustenten la parte dispositiva de su resolución; en consecuencia, la omisión de esta motivación no sólo suprime una parte estructural de la decisión judicial, sino también en los hechos da lugar a una determinación arbitraria que vulnera de manera flagrante el citado derecho e impide a las partes conocer las razones que justifican la decisión; por lo que, consecuentemente corresponde conceder la tutela solicitada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, obró de manera incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art.
12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 050/2023 de 25 de abril, cursante de fs. 65 a 67 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del departamento de Oruro; y, en consecuencia; 1° CONCEDER la tutela solicitada, respecto a la vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
a) Dejar sin efecto el Auto de Vista 294/2022 de 28 de octubre, debiendo emitir el Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, un nuevo auto de vista en el término de veinticuatro horas de su notificación con el presente fallo constitucional, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el fallo constitucional; siempre y cuando no se hubiese modificado la situación jurídica de “Betty Nina”. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1114_2026-S1.pdf · páginas 1 a 19.
Huella digital del PDF (SHA-256): 437505248ce3c4395eb7af4a77011be48c6f6e2c9107901969f3eaa9fe8a5d22
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