B.IA.LEGAL

SCP 1113/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 12 de septiembre de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
12 de septiembre de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Paola Verónica Prudencio Candia
Expediente
75694-2025-152-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante considera lesionados sus derechos al debido proceso y a la libertad; alegando que, dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de violación, se le impuso detención preventiva. Mediante memorial de 18 de julio de 2025, solicitó cesación de dicha medida restrictiva de su libertad teniendo catorce años. En ese orden el Juez -ahora demandado-, señaló audiencia para el 22 de igual mes y año; sin embargo, dicho acto fue suspendido, advirtiendo la existencia de un recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 251/2025 de 11 de julio. A su criterio la autoridad demandada, el demandado incurrió en supuesto incumplimiento de deberes, hecho que, vulneró el debido proceso vinculado a su libertad. Resaltó que, la privación de libertad es una medida excepcional respecto a “PERSONAS ADOLESCENTES”, quienes se encuentran en una etapa sensible del desarrollo, pudiendo ocasionar -dicha medida-, serios efectos negativos incluyendo afectaciones psicológicas irreversibles lo que no se tomó en cuenta en desmedro de sus derechos. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 206/2025 de 25 de julio, cursante de fs. 31 a 32 vta., pronunciada por la Jueza de Ejecución Penal Segunda de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de no haber ingresado al análisis de fondo de la problemática identificada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Activación simultánea del recurso de apelación y la solicitud de medidas cautelares ante la jurisdicción ordinaria
  2. III.2. Análisis del caso concreto

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1113/2025-S3 Sucre, 12 de septiembre de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 75694-2025-152-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 206/2025 de 25 de julio, cursante de fs. 31 a 32 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Gisela Mónica Flores Segales en representación sin mandato de AA contra Wálter Juan Fernández Cuentas, Juez Público de la Niñez y Adolescencia Cuarto de la Capital del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 24 de julio de 2025, cursante de fs. 20 a 23, el accionante a través de su representante, manifestó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de violación, (Nurej: 204225035), se le impuso detención preventiva, en el Centro de Integración Social Varones La Paz. Mediante memorial de 18 de julio de 2025, solicitó cesación a la medida restrictiva de su libertad, al tener catorce años de edad. El Juez Público de la Niñez y Adolescencia Cuarto de la Capital del departamento de La Paz -ahora demandado-, señaló audiencia para el 22 de igual mes y año; sin embargo, dicho acto fue suspendido, advirtiendo la existencia de un recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 251/2025 de 11 de julio. A su criterio, la citada autoridad judicial incurrió en supuesto incumplimiento de deberes, hecho que, vulneró el debido proceso vinculado a su libertad. Resaltó que, la privación de libertad es una medida excepcional respecto a “PERSONAS ADOLESCENTES”, quienes se encuentran en una etapa sensible del desarrollo, pudiendo ocasionar -dicha medida-, serios efectos negativos incluyendo afectaciones psicológicas irreversibles lo que no se tomó en cuenta en desmedro de sus derechos.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso y a la libertad, citando al efecto los arts. 22, 23.I, II y III, 115, 117.I, 119 y 120.I de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo que, el Juez demandado resuelva su pedido de cesación de su detención preventiva y su libertad sin ningún trámite y actuando con la debida celeridad.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 25 de julio de 2025, según consta en el acta cursante de fs. 27 a 30, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado, reiteró íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándolo, manifestó que: a) Instalada la audiencia de cesación a la detención preventiva, el Ministerio Público, solicitó a la autoridad demandada la suspensión de dicho acto, al estar pendiente un recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 251/2025 que dispuso su detención preventiva, adhiriéndose a dicha petición la Defensoría de la Niñez y Adolescencia; b) No se refirió a una audiencia de medidas cautelares, sino de una cesación a la detención preventiva. El Juez demandado, no tomó en cuenta el art. 291.I inc. a) del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA); c) La autoridad demandada señaló que, para llevar adelante la audiencia de cesación a la detención preventiva, previamente debió retirarse el recurso de apelación incidental; d) El Juez demandado, vulneró los arts. 125 de la CPE; y, 48.I.1 del Código Procesal Constitucional (CPCo); e) El art. 60 de la citada Norma Suprema, sostiene que: “Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño o adolescente…” (sic); f) El art. 250 del CPP, prevé que, el Auto que imponga una medida cautelar o la rechace es revocable o modificable aún de oficio, no tiene carácter suspensivo; asimismo, citó la SCP 0461/2021-S1 de 17 de septiembre; y, las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad; g) La autoridad demandada negó llevar la audiencia de cesación a la detención preventiva, señalando que, previamente debió resolverse el recurso de apelación incidental; y, h) Planteó recurso de apelación incidental; sin embargo, el Juez -ahora demandado- a momento de celebrar la acción tutelar, no remitió el cuaderno de apelaciones al Tribunal de alzada, ocasionándole un perjuicio en el desarrollo de sus actividades educativas.

I.2.2. Informe del demandado

Wálter Juan Fernández Cuentas, Juez Público de la Niñez y Adolescencia Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, en audiencia de garantías, señaló que: 1) Asumió conocimiento del proceso penal contra el menor AA -ahora accionante-, por la supuesta comisión del delito de violación, a denuncia de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Catahuma; 2) Mediante Auto Interlocutorio 251/2025, dispuso su detención preventiva ante la existencia de riesgos procesales; 3) De acuerdo al art. 314 del CNNA, el impetrante de tutela, dentro del plazo de tres días, interpuso recurso de apelación incidental y conforme a procedimiento corrió traslado al Ministerio Público y a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia; posterior a ello, ordenó su remisión al Tribunal de alzada; 4) En ese ínterin, estando pendiente el trámite del recurso de apelación de 17 de julio de 2025, la defensa del accionante, el 18 de igual mes y año, solicitó cesación a su detención preventiva; ante ello, señaló audiencia para el 22 del citado año, instalando dicho acto, dispuso la suspensión ante la petición del Ministerio Público y de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia; 5) La determinación asumida, fue puesta a conocimiento del abogado defensor del menor AA -ahora solicitante de tutela-, señalando que no podía llevar adelante una audiencia de cesación a la detención preventiva, estando pendiente un recurso apelación incidental, salvo que pudiera renunciar a dicha apelación; 6) Extrañamente el peticionante de tutela, planteó una acción de libertad en su contra, cuando lo único que hizo es dar cumplimiento a lineamientos jurisprudenciales que establecen el principio de subsidiariedad; 7) La acción de libertad planteada por el impetrante de tutela es inviable, no podrían existir dos resoluciones paralelas en la vía ordinaria y constitucional; y, 8) Solicitó se deniegue la tutela.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Ejecución Penal Segunda de la Capital del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 206/2025 de 25 de julio, cursante de fs. 31 a 32 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: i) La autoridad demandada, mediante Auto Interlocutorio 251/2025, dispuso la detención preventiva del menor AA, -ahora accionante-, ante ello, el mencionado planteó recurso de apelación incidental. El Juez demandado, mediante decreto de 18 de julio de 2025, corrió traslado al Ministerio Público y a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Posteriormente, remitió el cuaderno de apelaciones al Tribunal de alzada, encontrándose a la fecha pendiente de trámite; ii) No existió procesamiento indebido, ni aprehensión ilegal o que esté en riesgo la vida del peticionante de tutela. Se aperturó un proceso penal por el supuesto delito de violación a otra menor de edad; iii) Se deben resguardar los derechos de la víctima y del mencionado, en igualdad de condiciones, tomando en cuenta las recomendaciones realizadas por la Convención sobre de los Derechos del Niño (CDN); iv) El impetrante de tutela, planteó recurso de apelación incidental -pendiente de trámite-; asimismo, por memorial de la data antes señalada, peticionó cesación a la de detención preventiva. Posteriormente interpuso la acción de libertad, lo que evidencia que activó dos instancias, una en la vía ordinaria y la otra en la constitucional; y, v) No cumplió el principio de subsidiariedad.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-AJ-SP-005/2021 de 22 de julio (fs. 35 a 40), se dispuso la priorización en el sorteo de casos de niñas, niños y adolescentes con el fin de hacer efectiva su atención prioritaria y eficaz protección; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, sin guardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por memorial de 18 de julio de 2025, el menor AA –accionante-, a través de su representante, solicitó al, Juez Público de la Niñez y Adolescencia Cuarto de la Capital del Departamento de La Paz -demandado-, cesación de su detención preventiva. Ante ello, por decreto de 21 de igual mes y año, la autoridad demandada, señaló audiencia para el 22 del referido mes y año (fs. 8 a 10). II.2. Consta acta de audiencia de cesación a la detención preventiva, de 22 de julio de 2025, en la que el Juez -ahora demandado- habiendo instalado dicho acto, dispuso la suspensión, advirtiendo la existencia de un recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 251/2025 de 11 de julio -pendiente de resolución-, por el Tribunal de alzada (fs. 18 a 19).

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante considera lesionados sus derechos al debido proceso y a la libertad; alegando que, dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de violación, se le impuso detención preventiva. Mediante memorial de 18 de julio de 2025, solicitó cesación de dicha medida restrictiva de su libertad teniendo catorce años. En ese orden el Juez -ahora demandado-, señaló audiencia para el 22 de igual mes y año; sin embargo, dicho acto fue suspendido, advirtiendo la existencia de un recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 251/2025 de 11 de julio. A su criterio la autoridad demandada, el demandado incurrió en supuesto incumplimiento de deberes, hecho que, vulneró el debido proceso vinculado a su libertad. Resaltó que, la privación de libertad es una medida excepcional respecto a “PERSONAS ADOLESCENTES”, quienes se encuentran en una etapa sensible del desarrollo, pudiendo ocasionar -dicha medida-, serios efectos negativos incluyendo afectaciones psicológicas irreversibles lo que no se tomó en cuenta en desmedro de sus derechos. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Activación simultánea del recurso de apelación y la solicitud de medidas cautelares ante la jurisdicción ordinaria

La SCP 0056/2015-S3 de 29 de enero, estableció que: «Con relación, a la posibilidad de solicitar cesación a una detención preventiva cuando la parte imputada tiene pendiente de resolución una apelación incidental de medida cautelar, la SCP 1902/2014 de 25 de septiembre, que cita a su vez a la SC 1500/2011-R de 11 de octubre, indicó que: “'…cuando la autoridad jurisdiccional, en uso de la atribución conferida por el art. 250 del CPP, rechaza un petitorio de cesación a la detención preventiva, al afectado le queda expedito el recurso de apelación incidental, lo que implica la exteriorización irrefutable de su desacuerdo con la decisión del aquo y, precisamente por ello, acude a una instancia superior del órgano jurisdiccional para solicitar la revisión de la ponderación realizada por el inferior; por lo tanto, como se señaló, una vez activada la vía de impugnación ante el tribunal de alzada, deberá continuarse hasta obtener una resolución final, de otro modo, se estaría movilizando inútilmente todo el aparato judicial. Por lo tanto, mientras no exista un desistimiento o renuncia expresa al recurso de alzada presentado por el agraviado, al órgano jurisdiccional no le cabe la posibilidad de atender una nueva petición de cesación a la detención preventiva, cuando la primera aún no fue resuelta, porque significaría restarle competencia a la instancia revisora. En consecuencia, si bien, como se desarrolló en el Fundamento Jurídico III.1, las medidas cautelares tienen el carácter de modificables y por ende, pueden ser presentadas cuantas veces el imputado considere pertinente, ello no implica que sea posible activar dos vías en forma simultánea para efectuar sus reclamos, no siendo admisible dicha situación y de darse, inviabilizaría la segunda solicitud al activar en forma paralela dos peticiones con idéntica finalidad, para que ambas conozcan y resuelvan en el fondo, creando una disfunción procesal contraria al orden jurídico, dando lugar a la emisión de varias resoluciones relacionadas a la misma problemática y que podrían ser contrarias, lo que provocaría un problema jurídico a tiempo de su cumplimiento'…”. Este entendimiento concuerda con las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1779/2013 de 21 de octubre y 1866/2013 de 29 de octubre; toda vez que, en trámites de apelación incidental de medidas cautelares, se concedió tutela por la falta de remisión de las resoluciones y los antecedentes que, en grado de apelación, mantenían la detención preventiva; ello, bajo la idea que los accionantes no podrían nuevamente solicitar cesación a la detención preventiva mientras no se efectúe dicha devolución. De lo anterior se concluye que por el carácter provisional de las medidas cautelares, una vez apelada la resolución que disponga detención preventiva por la parte imputada, ésta debe ser resuelta de manera oportuna por las autoridades de alzada; y, si en ese ínterin el imputado presenta una nueva solicitud de cesación de la detención preventiva ante el Juez a quo, con argumentos que puedan contraponerse a la resolución anterior, éste se encontrará imposibilitado de resolverla, pues de hacerlo se daría un trámite paralelo a dos solicitudes impetradas por una misma persona y que persiguen un mismo fin; en ese sentido, se generarían disfunciones procesales innecesarias -v.gr. que los vocales, en apelación, revoquen la detención preventiva (disponiendo, por ende, la libertad del imputado) y, que el juez o tribunal de primera instancia emita resolución denegando la nueva solicitud de cesación de la detención preventiva, en la cual incluso pudieron acompañarse nuevos elementos de convicción, resolución que también es apelable; es decir, en este hipotético caso, la presentación paralela de apelación y nueva solicitud de cesación de la detención preventiva, le sería desfavorable al propio imputado y se generaría un conflicto respecto a cuál decisión debería de aplicarse-» (las negrillas son nuestras).

III.2. Análisis del caso concreto

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados se constató que; dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el accionante, por la presunta comisión del delito de violación, se impuso detención preventiva al mencionado quien, mediante memorial de 18 de julio de 2025, solicitó cesación de la medida restrictiva de su libertad, al tener catorce años (Conclusión II.1). Al respecto, el Juez de la causa -ahora demandado-, señaló audiencia para el 22 de igual mes y año; sin embargo, en dicho acto dispuso la suspensión, advirtiendo la existencia de un recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 251/2025 de 11 de julio -pendiente de resolución-, por el Tribunal de alzada (Conclusión II.2).

En ese contexto, contrastada la problemática identificada con la prueba presentada a la jurisdicción constitucional; este Tribunal advierte que, la parte accionante reclama que la autoridad demandada en primera instancia convocó a audiencia de cesación a la detención preventiva y luego la suspendió, calificando ese hecho como un incumplimiento de deberes. Respecto a aquello, no corresponde emitir criterio alguno, pues como se tiene anotado ut supra, en ese momento, la apelación incidental planteada por el menor AA –impetrante de tutela- a través de su representante, aún se encontraba pendiente de resolución, y justamente en atención a ello es que la autoridad judicial demandada decidió suspender ese acto procesal. Es decir, no corresponde un pronunciamiento de fondo sobre la problemática planteada, pues inclusive sin el señalamiento de audiencia, la solicitud impetrada no correspondía ser tramitada ni resuelta, puesto que, siguiendo lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, no es viable que la propia parte imputada impugne una resolución de medidas cautelares y, posteriormente, solicite la cesación o modificación de las mismas, pues ello generaría disfunciones procesales innecesarias que, inclusive, podrían perjudicar al propio impetrante de tutela, dando lugar a un trámite paralelo a dos solicitudes que efectuó y que persiguen un mismo fin, conllevando a un eventual pronunciamiento de dos decisiones sobre su situación jurídica, lo que no puede ser admitido. Finalmente, corresponde resaltar que, si bien la jurisprudencia constitucional establece la inaplicabilidad de la subsidiariedad excepcional en los casos que se trate de niñas, niños y adolescentes; instituyendo al respecto, la SCP 0565/2015-S1 de 1 de junio, citando jurisprudencia constitucional anterior que: “…la SCP 0546/2012 de 9 de julio, manifestó que; “El extinto Tribunal Constitucional, en la SC 0818/2006-R de 21 de agosto, precisó que no es aplicable la subsidiariedad excepcional del habeas corpus -ahora acción de libertad- en aquellos casos en los que estén involucrados menores de edad …” (las negrillas y el subrayado nos corresponden); en el caso, este Tribunal se ve impedido, se reitera, de efectuar pronunciamiento de fondo alguno, y de otorgar la tutela requerida dirigida a obtener que, el Juez demandado resuelva el pedido de cesación de la detención preventiva y la libertad del accionante, sin ningún trámite y actuando con la debida celeridad. Siendo innegable sobre el particular que, en el asunto de análisis, por decisión propia del prenombrado, se abrió una vía anterior destinada a la revisión de su situación jurídica, a través de la interposición del recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 251/2025 de 11 de julio, que determinó su detención preventiva. En ese marco, corresponde denegar la tutela solicitada, precisando que no se efectuó examen de fondo alguno. En consecuencia, la Jueza de garantías al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma correcta; no obstante, en uso de la terminología correcta debió referir que no se efectuó estudio de fondo alguno sobre la temática en cuestión.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 206/2025 de 25 de julio, cursante de fs. 31 a 32 vta., pronunciada por la Jueza de Ejecución Penal Segunda de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de no haber ingresado al análisis de fondo de la problemática identificada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1113_2025-S3.pdf · páginas 1 a 8.

Huella digital del PDF (SHA-256): 507c71a12f14ced429e3623b1e8d885bac6599712690e6a38a17af7056e5dfea

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →