Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 12 de septiembre de 2025
Concede en parte la tutela
El accionante, denuncia la lesión de su derecho a la libertad y al debido proceso en su vertiente de celeridad, argumenta que su solicitud de cesación a la detención preventiva, no fue considerada hasta la fecha que interpuso la presente la acción tutelar -5 de abril de 2023-, pese a que su petición data de -3 de marzo de igual año-, debido a que el Juez de Instrucción Penal Quinto de El Alto del departamento de La Paz -ahora codemandado- suspendió la realización de la audiencia, inmediatamente después de instalada la misma, al considerar que había perdido competencia, en razón a que el Ministerio Público presentó denuncia formal en su contra y dispuso la remisión de la causa a la siguiente instancia, generando una dilación indebida puesto que la titular del Juzgado de Sentencia Penal Novena de El Alto del mencionado departamento -demandada- al advertir que se encontraba pendiente la consideración a la mencionada solicitud, devolvió el cuaderno procesal al juzgado de origen.
En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 46/2023 de 5 de abril, cursante de fs. 27 a 28, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de Garantías y, en consecuencia:
1º CONCEDER en parte la tutela impetrada respecto a la vulneración de los derechos a la libertad y el debido proceso en su vertiente celeridad; en relación a Freddy Gastón Choque Cortés, Juez de Instrucción Penal Quinto de El Alto del departamento de La Paz. 2º DENEGAR en cuanto a Irene Viviana Alanoca Acarapi, Jueza de Sentencia Penal Noveno de El Alto del departamento de La Paz, por carecer de legitimación pasiva en el presente caso. 3° Llamar la atención y Exhortar al Juez de Instrucción Penal Quinto de El Alto del departamento de La Paz, y conminarlo al estricto cumplimiento del entendimiento jurisprudencial contenido en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1112/2025-S3 Sucre, 12 de septiembre de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 55084-2023-111-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución de 046/2023 de 5 de abril, cursante de fs. 27 a 28, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Héctor Condori Gutiérrez y Elvis Alex Chura Claure en representación sin mandato de Rodrigo Charca Quispe contra Irene Viviana Alanoca Acarapi, Jueza de Sentencia Penal Novena; y, Freddy Gastón Choque Cortés, Juez de Instrucción Penal Quinto, ambos de El Alto del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 5 de abril de 2023, cursante de fs. 13 a 18; la parte accionante expresó lo siguiente:
Dentro del proceso penal, seguido a instancia del Ministerio Público en su contra por el presunto delito de Estafa, se determinó su detención preventiva, por cuatro meses, en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz, añadió que se encuentra con detención preventiva desde el 27 de septiembre de 2022, por disposición del Juez -ahora demandado-. El 25 de enero de 2023, solicitó la cesación a la detención preventiva, en audiencia de consideración a dicha solicitud la misma fue rechazada; razón por la cual el 3 de marzo del mismo año, interpuso otro memorial reiterando su petición conforme al art. 239 numerales 1 y 2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), sin que la misma haya sido atendida hasta la fecha (entiéndase de la presentación de ésta acción tutelar), en ese intervalo de tiempo el Ministerio Público emitió la acusación formal; y, mediante sorteo aleatorio, la causa fue asignada, al Juzgado de Sentencia Penal Noveno de El Alto del departamento de La Paz. También señaló que después de presentar la segunda solicitud y haciendo el seguimiento respectivo, se le informó, que la autoridad jurisdiccional habría dispuesto audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva para el 14 de marzo de 2023, en ese sentido coordinó las notificaciones para dicha audiencia; de igual manera se programó audiencia de consideración de situación jurídica para la misma fecha, es decir que el día señalado debían llevarse a cabo ambas audiencias. Aclaró que en ningún momento se les notificó que la audiencia de consideración a la solicitud de cesación a la detención preventiva, estaba programada para el 13 de marzo de 2023, y tampoco tuvo acceso al cuaderno del proceso. El 14 de marzo de 2023, la autoridad judicial, instaló la audiencia e inmediatamente dispuso suspender la misma, al considerar que había perdido competencia debido a que el Ministerio Público presentó la “acusación formal”; ante el reclamo presentado por la defensa técnica, el Juez de la causa hoy codemandado ratificó su decisión y además señaló que la audiencia de consideración a fin de obtener la cesación a la detención preventiva del prenombrado, estaba programada a realizarse un día antes, es decir para el 13 de marzo del mismo año, lo cual generó el reclamo, que aseveró que no fueron notificados al respecto, y que desconocían de la programación de dicha audiencia, puesto que no se tuvo acceso al cuaderno procesal, resaltó que el indicado día trece, la autoridad judicial, no estaba en su Juzgado, debido a que contaba con permiso, razón por la que no pudo haber convocado a la referida audiencia, enfatizó que desconoce si la audiencia fue programada, realizada o suspendida con nota marginal o que se dispuso en la misma, reiteró que no pudo ver el expediente ya que el 16 del mencionado mes y año fue remitido al Juzgado de Sentencia Penal Noveno de El Alto del departamento de La Paz, instancia que recién devolvió el cuaderno procesal al Juzgado de origen el 28 de ese mes, posteriormente el 4 de abril de igual año, fue remitido nuevamente al referido Juzgado de Sentencia Penal Noveno, razones por las cuales no tuvo acceso al expediente, puesto que siempre le indicaban que estaba en despacho. Concluyó resumiendo que desde el 3 de marzo de 2023 a la fecha de presentación de la acción tutelar -5 de abril-, no se realizó la audiencia para la consideración de cesación a la detención preventiva, vulnerando su derecho a la libertad a causa de las dilaciones indebidas por parte de las autoridades demandadas, que mantienen sin resolver su situación jurídica.
Denunció la lesión de su derecho a la libertad y al debido proceso en su vertiente de celeridad; citando al efecto los arts. 115, 116.I, 117.I y 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se le conceda la tutela; y en consecuencia se disponga que el Juez de Instrucción Penal Quinto o en su caso a la Jueza de Sentencia Penal Novena -ambos de la ciudad de El Alto- del departamento de La Paz, hoy demandados, dependiendo del juzgado donde radique el cuaderno de control jurisdiccional, “…en el día señale día y hora…” (sic) de audiencia para la consideración a la cesación a la detención preventiva.
Celebrada la audiencia pública virtual, el 5 de abril de 2023, según consta en el acta cursante a fs. 26, se produjeron los siguientes actuados:
El impetrante de tutela a través de representante, ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar y ampliándolo manifestó que: Con relación al informe presentado por la Jueza demandada, si bien el expediente ha sido remitido al despacho de la misma, recién el 5 de abril de 2023, la autoridad conocía que el cuaderno procesal estaba en dicho juzgado, puesto que el 16 de marzo, lo devolvió a su similar de Instrucción Penal Quinto, aduciendo que no se llevó a cabo la audiencia de consideración a la cesación de la detención preventiva.
Irene Viviana Alanoca Acarapi, Jueza de Sentencia Penal Novena de El Alto del departamento de La Paz, por informe escrito presentado el 5 de abril de 2023, cursante a fs. 25 y vta., solicitó se deniegue la tutela, manifestando que: a) El expediente del proceso penal correspondiente al accionante fue remitido el 5 de abril de 2023 al juzgado donde ella es titular, el mismo ya se encuentra radicado, dando cumplimiento al plazo de veinticuatro horas previsto por el Código de Procedimiento Penal para tal efecto; b) Respecto a la solicitud de cesación de medidas cautelares de carácter personal, señaló que la misma fue impetrada al Juzgado de Instrucción Penal Quinto de El Alto del mencionado departamento de la misma jurisdicción, por lo cual consideró que el accionante actuó de mala fe al demandarla, puesto que su persona no provocó ninguna dilación en la tramitación o resolución de dicha petición. Freddy Gastón Choque Cortés, Juez de Instrucción Penal Quinto de El Alto del departamento de La Paz, no remitió informe escrito ni se hizo presente en la audiencia, pese a su legal citación cursante de fs. 22.
El Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto, del departamento de La Paz, constituido en Juez de Garantías, mediante Resolución 46/2023 de 5 de diciembre, cursante de fs. 27 a 28, concedió parcialmente la tutela solicitada, solo respecto a Freddy Gastón Choque Cortés, Juez de Instrucción Penal Quinto de El Alto del departamento de La Paz, sin ordenar ninguna circunstancia ya que la causa se encuentra radicada en otro estrado judicial; y, denegó la tutela en cuanto a Irene Viviana Alanoca Acarapi, Jueza de Sentencia Penal Novena de El Alto del departamento de La Paz codemandados; decisión asumida con base a los siguientes fundamentos: 1) El reclamo surge porque la autoridad codemandada no habría resuelto la solicitud de cesación a la detención preventiva, al considerar que perdió competencia, debido a que habría sido formulada una acusación por parte del Ministerio Público; sin embargo, cuando el cuaderno se encuentra en manos de la autoridad debe resolver todas las solicitudes recibidas, al alcance del Art. 239 numeral 1 de CPP, aunque haya ordenado la remisión ante el Juez o Tribunal correspondiente; 2) Estableciéndose una dilación indebida al momento de suspender la audiencia, con el fundamento de la pérdida de competencia, siendo que una autoridad judicial no pierde competencia hasta que la causa no se radique en el otro estrado judicial; 3) Conforme el informe de la Jueza de Sentencia Penal Novena del mencionado departamento, “se habría procedido a la radicatoria de la presente causa asumiendo competencia dentro de la presente acción de libertad, consecuente corresponde solo la aplicación de la acción de libertad innovativa a razón que no vuelva a ocurrir esta circunstancia por la autoridad hoy accionada en razón de que debe resolver las audiencias de medidas cautelares hasta que no se radique en otro estrado judicial…” (sic); y 4) Con relación a la jueza demandada, al haber procedido a una devolución innecesaria, se ha generado dilación, pero se debe tomar en cuenta que mientras no se encuentre radicado en otro juzgado, quien está obligado a atender las solicitudes de cesación a la detención preventiva es el Juez cautelar a cargo del proceso, del informe de la autoridad demandada, se tiene que se ha procedido a su radicatoria en ese despacho judicial (el día de hoy 5 de abril de 2023), asumiendo recién la legitimidad para ser demandada en una acción tutelar, puesto que como se ha señalado quien debía haber resuelto la solicitud de cesación a la detención preventiva es el Juez cautelar, por lo que corresponde denegar la tutela.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa memorial, presentado el 3 de marzo de 2023, el accionante solicitó audiencia para la consideración de la cesación a la detención preventiva, señalando que adjunta pruebas para desvirtuar riesgos que se mantenían vigentes en audiencia pasada de 1 del mismo mes y año (fs. 2 y vta.). II.2. Por memorial presentado el 14 de marzo de 2023, reitera solicitud de audiencia para la consideración de la cesación a la detención preventiva, además refiere que la misma habría sido programada para el 13 de igual mes y año, se lee: “siendo que su autoridad se encontraba con permiso por lo que no se pudo llevar dicha audiencia” (sic), solicitó que a la brevedad posible se señale la misma conforme al Art. 239 numerales 1 y 2 del CPP (fs. 4). II.3. Proveído de 8 de marzo de 2023, que dispone señalamiento de audiencia de consideración de situación jurídico procesal y cesación a la detención preventiva para el imputado Rodrigo Charca Quispe –ahora impetrante de tutela-, a realizarse el 14 de marzo de 2023, signado por el Juez de Instrucción Penal Quinto de El Alto del departamento de La Paz codemandado (fs. 9). II.4. Se tiene Certificado de permanencia y conducta, emitido por el Director del Recinto Penitenciario de San Pedro de La Paz, certifica que Rodrigo Charca Quispe accionante, ingreso a dicho recinto el 27 de septiembre de 2022, con mandamiento de detención preventiva, expedido por el Juez de Instrucción Penal Quinto de El Alto del mencionado departamento, codemandado, concluyendo que a la fecha de presentación (3 de marzo de 2023) su detención era de 5 meses y cuatro días; presentado al referido juzgado, mediante memorial recepcionado el 9 de marzo de 2023, solicitando se tome en cuenta en la audiencia; y, providenciado el mismo día, con el texto “se tiene presente y se considerará en audiencia” [(sic) fs. 10 a 12].
El accionante, denuncia la lesión de su derecho a la libertad y al debido proceso en su vertiente de celeridad, argumenta que su solicitud de cesación a la detención preventiva, no fue considerada hasta la fecha que interpuso la presente la acción tutelar -5 de abril de 2023-, pese a que su petición data de -3 de marzo de igual año-, debido a que el Juez de Instrucción Penal Quinto de El Alto del departamento de La Paz -ahora codemandado- suspendió la realización de la audiencia, inmediatamente después de instalada la misma, al considerar que había perdido competencia, en razón a que el Ministerio Público presentó denuncia formal en su contra y dispuso la remisión de la causa a la siguiente instancia, generando una dilación indebida puesto que la titular del Juzgado de Sentencia Penal Novena de El Alto del mencionado departamento -demandada- al advertir que se encontraba pendiente la consideración a la mencionada solicitud, devolvió el cuaderno procesal al juzgado de origen.
En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela.
Al respecto, SCP 0684/2022-S2 de 27 de junio, citando el mismo entendimiento jurisprudencial referida en la SCP 0232/2016-S3 de 19 de febrero, señaló que: «…“La SCP 0880/2015-S1 de 22 de septiembre, recogiendo la jurisprudencia constitucional y precisando el entendimiento sobre la competencia para ejercer el control jurisdiccional del proceso, estableció que: ʽ…Ahora bien, cuando se trata de una solicitud de cesación, también es posible que un Juez a cargo del control jurisdiccional pueda resolver dicha solicitud aún ya se hubiera presentado la acusación, pero siempre que no se hubiera radicado la causa en un determinado tribunal…ʼ (SC 1584/2005-R de 7 de diciembre, citando la SC 487/2005-R de 6 de marzo). De la jurisprudencia constitucional citada es posible concluir que la radicación de la causa en un juzgado de destino adquiere vital importancia para el ejercicio del control jurisdiccional del proceso, puesto que ese acto determina la pérdida de competencia del juzgado de origen y la asunción de competencia de destino, habida cuenta que no puede haber proceso penal sobre el cual no exista autoridad judicial que no ejerza el control jurisdiccional; en consecuencia, mientras no conste la radicatoria de la causa, la autoridad judicial de origen continúa ejerciendo el control referido, porque, tal como asevera la Sentencia antes citada: ʽ...la solicitud de cesación no deja de tener la misma naturaleza en todos los procesos, es más dicha solicitud debe recibir el mismo tratamiento que la solicitud de detención preventiva que atiende el Ministerio Público al inicio de la investigación, por lo que en observancia del principio de igualdad procesal, el procesado ante una situación similar debe ser también escuchado en su solicitud de cesación de dicha medida, lo que significa que cuando el imputado presenta una solicitud de cesación ante un juez y éste se considera incompetente para asumir el control jurisdiccional o el conocimiento en el fondo de la causa, deberá primero analizar el caso concreto y resolver la solicitud siempre que ello no importe lesionar los derechos de la parte acusadora o del Ministerio Público; y luego remitir el expediente a quien considere competente, pues razonar de forma contraria importaría someter al recurrente una posible dilación, dado que puede ocurrir que el Juez a quien se considera competente no lo sea o que se excuse de la causa, con lo cual se impediría que la solicitud éste considerada oportunamente y con la celeridad que amerita”ʼ.
En el mismo sentido, la SCP 0001/2019-S1 de 7 de enero, estableció el siguiente entendimiento: ‘(…) cuando se trata de una solicitud de cesación, también es posible que un Juez a cargo del control jurisdiccional pueda resolver dicha solicitud aún ya se hubiera presentado la acusación, pero siempre que no se hubiera radicado la causa en un determinado tribunal (…) así la SC 0487/2005-R de 6 de mayo que dice: (…) Situación agravada con el hecho de que el mismo día señalado para la audiencia de consideración de cesación de detención preventiva, se sorteó la causa al Tribunal Tercero de Sentencia, a raíz de la acusación formal presentada por el Ministerio Público contra el recurrente y otros coimputados el día 29 de marzo de 2005; motivo por el cual la autoridad recurrida se negó a considerar la solicitud con el argumento de haber perdido competencia; cuando al margen de la demora injustificada, debió proceder a su consideración, sobre todo tomando en cuenta que ya existía audiencia señalada al efecto y todavía no se procedió a la radicatoria de la causa ante el mencionado Tribunal de Sentencia (…)′. De acuerdo a la jurisprudencia desarrollada precedentemente, se entiende que una vez presentada la acusación formal por el Ministerio Público y en tanto no radique la causa en el Tribunal de Sentencia Penal, el Juez de Instrucción Penal puede proceder a la consideración de la solicitud de cesación de la detención preventiva”» (el resaltado y subrayado es nuestro).
La SCP 0011/2014 de 3 enero, señaló que: “…La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, extraída de la declaración del objeto y finalidad de la acción de libertad (art. 125 de la CPE) cuya comprensión se encuentra recogida en las SSCCPP 0017/2012 y 0112/2012, entre otras, en razón al desarrollo que hicieron las SSCC 1579/2004-R, 0465/2010-R y 0044/2010-R; busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos. (…) Ahora bien, existen supuestos en los cuales posteriormente a las dilaciones indebidas y ante la formulación de la acción de libertad, la autoridad judicial demandada resuelve inmediatamente la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad; sin embargo, este aspecto no elimina la posibilidad que mediante esta acción se evalúe la actividad de la autoridad demandada, en cuanto la acción de libertad se configura también bajo la modalidad innovativa. La misma que procede a efectos de tutelar una situación de dilación indebida cuando ésta ya ha cesado, a efectos de no dejar en impunidad el actuar lesivo de quien ha vulnerado el derecho a la libertad. (…) Recogiendo el espíritu de ésta Sentencia Constitucional; asimismo, la construcción doctrinal del voto disidente de 22 de julio de 2010, respecto de la SC 0451/2010-R de 28 de junio -que estableció que la acción de libertad debe ser interpuesta cuando la lesión al derecho a la libertad existe, caso contrario, se desnaturalizaría su esencia-, entiéndase la figura de la acción de libertad innovativa o habeas corpus innovativo como el mecanismo procesal, por el cual el juez constitucional asume un rol fundamental para la protección del derecho a la libertad personal, y por ello, en la Sentencia que pronuncie debe realizar una declaración sobre la efectiva existencia de lesión al derecho a la libertad física o personal, aunque la misma hubiera desaparecido, advirtiendo a la comunidad y al funcionario o persona particular, que esa conducta es contraria al orden constitucional, en esta Sentencia también se debe emitir una orden al funcionario o particular que lesionó el derecho en sentido que, en el futuro, no vuelva a cometer ese acto, con relación a la misma persona que activó la justicia constitucional o con otras que se encuentren en similares circunstancias…” (las negrillas son añadidas).
El accionante, denuncia la lesión de su derecho a la libertad y al debido proceso en su vertiente de celeridad, argumenta que su solicitud de cesación a la detención preventiva, no fue considerada hasta la fecha que interpuso la presente la acción tutelar -5 de abril de 2023-, pese a que su petición data de -3 de marzo de igual año-, debido a que el Juez de Instrucción Penal Quinto de El Alto del departamento de La Paz -ahora codemandado- suspendió la realización de la audiencia, inmediatamente después de instalada la misma, al considerar que había perdido competencia, en razón a que el Ministerio Público presentó denuncia formal en su contra y dispuso la remisión de la causa a la siguiente instancia, generando una dilación indebida puesto que la titular del Juzgado de Sentencia Penal Novena de El Alto del mencionado departamento -demandada- al advertir que se encontraba pendiente la consideración a la mencionada solicitud, devolvió el cuaderno procesal al juzgado de origen.
Ahora bien, delimitada la problemática que dio lugar a la interposición de la presente acción de defensa y expuestos los argumentos de las partes, se tiene que la solicitud de consideración a la cesación de la detención preventiva del accionante fue presentada el 3 de marzo de 2023, a objeto de poder desvirtuar los riesgos procesales que se encontraron subsistentes en una anterior audiencia celebrada para tal efecto (conclusión II.1), de igual manera conforme a la certificación emitida por el Director del Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz, es evidente que el acusado, hoy impetrante de tutela ingreso con detención preventiva el 27 de septiembre de 2022 (conclusión II.4), en el memorial de presentación de la acción de libertad, el accionante manifiesta que el Juez codemandado, determinó su detención preventiva por el lapso de 4 meses, no especifica si la misma fue ampliada a solicitud de autoridad competente; sin embargo, refiere que el 14 de marzo de 2023, fecha programada para la realización de la audiencia (conclusión II.3), la autoridad judicial -ahora codemandado- se declaró incompetente para conocer la misma, debido a la presentación de acusación formal, por parte del Ministerio Público en contra del accionante, razón por la cual inmediatamente después de instalar la audiencia suspendió la misma; y, posteriormente la causa fue remitida al Juzgado de Sentencia Penal Noveno de El Alto, del referido departamento. Asimismo del informe presentado por la demandada, se evidencia que el expediente procesal del accionante se encuentra radicado en dicho Juzgado recién desde el 5 de abril de 2023, misma fecha de la celebración de la audiencia de la presente acción tutelar, es decir, que formalmente se encuentra ingresado a tal jurisdicción desde ese día (fs. 25), razón por la cual la autoridad demandada carece de legitimación pasiva, a objeto de responder a la denuncia planteada por el accionante, puesto que no tenía competencia para señalar ni instalar la referida audiencia. Consecuentemente no corresponde conceder la tutela, con relación a la Jueza demandada. Por otra parte, al no contar con un informe del Juez -ahora codemandado- quien tampoco asistió a la audiencia de consideración de la presente acción tutelar; en ese sentido, ante lo aseverado por el accionante tanto en la demanda como en la audiencia y lo manifestado por la autoridad demandada, extremos que no fueron controvertidos, corresponde en aplicación del principio de presunción de veracidad, dar por fehacientes los hechos expuestos y tener por acreditados los presupuestos demandados. En ese marco, conforme a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, es posible que el Juez de Instrucción Penal a cargo del control jurisdiccional de una causa, pueda resolver la cesación de la detención preventiva, siempre y cuando aún no se hubiera radicado la acusación formal en un determinado juzgado o tribunal de sentencia.
Sobre todo, en aplicación del razonamiento jurisprudencial citado en el en el referido Fundamento Jurídico III.1, que establece: “…cuando el imputado presenta una solicitud de cesación ante un juez y éste se considera incompetente para asumir el control jurisdiccional o el conocimiento en el fondo de la causa, deberá primero analizar el caso concreto y resolver la solicitud siempre que ello no importe lesionar los derechos de la parte acusadora o del Ministerio Público; y luego remitir el expediente a quien considere competente, pues razonar de forma contraria importaría someter al recurrente una posible dilación, dado que puede ocurrir que el Juez a quien se considera competente no lo sea o que se excuse de la causa, con lo cual se impediría que la solicitud éste considerada oportunamente y con la celeridad que amerita (SCP 0684/2022-S2 [las negrillas y el subrayado fueron añadidos]). De los antecedentes que cursan en el expediente constitucional, este Tribunal advierte que el Juez demandado desplegó una conducta omisiva al no atender la solicitud del accionante y haber suspendido la audiencia de consideración de la cesación a la detención preventiva del solicitante de tutela, bajo el argumento de que el Ministerio Público presentó la acusación en su contra, puesto que como se tiene mencionado al no haberse aún radicado la acusación en otro juzgado hoy solicitante de tutela, la autoridad demandada contaba con la jurisdicción y competencia para conocer y resolver asuntos relacionados a la situación procesal del imputado, conforme determina la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.I de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que de manera clara establece que el Juzgado cautelar, se constituye en la instancia competente para conocer y resolver la situación jurídica de los imputados, mientras la causa no se radique oficialmente en otra instancia jurisdiccional. En ese sentido, se tiene que el Juez demandado provocó una dilación indebida y consecuentemente derivó en una situación de incertidumbre jurídica con relación a la detención preventiva, hecho que confirma la vulneración de los derechos alegados por el impetrante de tutela. En ese mismo orden de ideas, conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.2. la acción de libertad, en la modalidad de traslativa o de pronto despacho constituye el recurso idóneo para la atención del presente caso; puesto que refiere que toda autoridad que conozca una solicitud que en alguna medida implique una definición jurídica vinculada a la libertad del impetrante debe tramitarla con la diligencia en aplicación del principio de celeridad, aspecto que no sucedió en el presente caso, siendo evidente la dilación que provocó el codemandado al suspender la audiencia de consideración a la cesación de la detención preventiva alegando que carecía de competencia y sobre todo al haber remitido el cuaderno procesal al Juzgado de Sentencia Penal Noveno de El Alto del departamento de La Paz, a sabiendas que debía haber considerado la solicitud del imputado; dado que el Juez, tenía desde el 3 de marzo de 2023, hasta el 5 de abril de igual año, para instalar y resolver la audiencia del impetrante de tutela. En ese sentido, si bien a partir del 5 de abril de 2023 la causa ya no radicaba en el estrado judicial de responsabilidad del demandado, se debe dejar establecido que dicha autoridad judicial teniendo competencia para realizar la audiencia de consideración de la cesación a la detención preventiva no cumplió con dicha función; por lo cual este Tribunal, siguiendo lo establecido en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, advertido de la omisión incurrida, lo cual provocó un retardo injustificado, no puede convalidar la señalada lesión a derechos fundamentales, más aún cuando se encuentra involucrada la libertad física de una persona; por cuanto, la finalidad de la presente acción tutelar, no es solamente la de disponer la subsanación del hecho lesivo, sino también exhortar a los funcionarios judiciales a evitar conductas que conlleven una dilación indebida. Conforme a los fundamentos esgrimidos corresponde conceder la tutela, por vulneración al debido proceso -en su elemento celeridad- vinculado al derecho a la libertad del accionante. Consecuentemente, el Juez de garantías al haber CONCEDIDO parcialmente la tutela impetrada, aunque con otros fundamentos actuó de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 46/2023 de 5 de abril, cursante de fs. 27 a 28, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de Garantías y, en consecuencia:
1º CONCEDER en parte la tutela impetrada respecto a la vulneración de los derechos a la libertad y el debido proceso en su vertiente celeridad; en relación a Freddy Gastón Choque Cortés, Juez de Instrucción Penal Quinto de El Alto del departamento de La Paz. 2º DENEGAR en cuanto a Irene Viviana Alanoca Acarapi, Jueza de Sentencia Penal Noveno de El Alto del departamento de La Paz, por carecer de legitimación pasiva en el presente caso. 3° Llamar la atención y Exhortar al Juez de Instrucción Penal Quinto de El Alto del departamento de La Paz, y conminarlo al estricto cumplimiento del entendimiento jurisprudencial contenido en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1112_2025-S3.pdf · páginas 1 a 12.
Huella digital del PDF (SHA-256): b8e8d4d54df9804534781193bc9558d503c8be571c6e83923f7dafe39e5619ff
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