Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 22 de julio de 2026
Concede la tutela
La accionante denunció la lesión de sus derechos a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual, a la seguridad social, a la maternidad y a la inamovilidad laboral; debido a que, las autoridades demandadas, emitieron la Resolución Municipal 072/2022, que dispuso su desvinculación laboral, sin considerar que, el 18 de octubre de 2022, dichas autoridades dispusieron el cambio del lugar de prestación de sus funciones, pretendiendo consumar un despido indirecto, que fue oportunamente denunciado en atención a su condición de madre gestante, amparada por el régimen de inamovilidad laboral. Ante ello, las autoridades demandadas señalaron que: a) Se comunicó a la impetrante de tutela de manera verbal que, desde el 18 de octubre de 2022, debía desempeñar tareas bajo dependencia del asesor legal del Concejo Municipal; por tanto, no existió un despido unilateral sino una reasignación de funciones, precautelando su estado de embarazo; y, b) La solicitante de tutela dejó de asistir a su fuente laboral durante ocho días continuos, situación que se habría producido a partir del 20 del indicado mes y año.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 136/2023 de 14 de junio, cursante de fs. 220 a 222, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada respecto al derecho a la inamovilidad laboral, conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; empero, únicamente disponer que las autoridades demandadas procedan al pago de los derechos laborales correspondientes hasta que el hijo de la accionante hubiera cumplido un año de edad, en virtud a los derechos a la seguridad social y a la maternidad invocados por la nombrada, previa deducción de las remuneraciones que esta hubiera percibido por la prestación de servicios en otras instituciones durante dicho período, conforme a lo previsto por el art. 113.II de la Constitución Política del Estado.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1111/2026-S2 Sucre, 22 de julio de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional Expediente: 57833-2023-116-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 136/2023 de 14 de junio, cursante de fs. 220 a 222, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Pedro Francisco Callisaya Aro, Defensor del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia en representación sin mandato de Nely Estela Paucara Laura contra Rolando Erlan Tapia Muñoz, Presidente; Matilde Flora Lara Flores, Vicepresidenta; Edwin Amaru Flores, Concejal; y, Froilan Miguel Choque Cruz, Secretario todos del Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Palca del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 15 de mayo de 2023, cursante de fs. 73 a 87, la accionante, a través de su representante sin mandado, manifestó lo siguiente:
Mediante Resolución Municipal 05/2021 de 11 de mayo, fue designada como Secretaria del Concejo Municipal del GAM de Palca del departamento de La Paz; posteriormente, el 4 de mayo de 2022, comunicó su estado de embarazo, a partir del cual comenzó a sufrir una serie de actos de discriminación y acoso laboral. En ese contexto, el 18 de octubre del mismo año, al presentarse en su fuente de trabajo, se le informó que ya no desempeñaría funciones en el referido Concejo Municipal, sino que debía apersonarse al “…Ejecutivo Municipal de Palca; es decir, que el Alcalde le designaría nuevas actividades…” (sic); sin embargo, no se le permitió efectuar la entrega de los activos fijos asignados, advirtiendo además que las cerraduras de su oficina habían sido cambiadas y que las funciones que venía desempeñando fueron encomendadas al chofer de dicha institución. Ante esa situación, el mismo día, formuló una denuncia ante la Defensoría del Pueblo, alegando un despido indirecto; asimismo, el 20 de octubre de 2022, presentó denuncia ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social exponiendo los mismos hechos y solicitando su reincorporación laboral; no obstante, dicha instancia no dio curso a su solicitud. Posteriormente, el 26 del mismo mes y año, dirigió una nota al Alcalde del GAM de Palca, informando que se le había impedido el ingreso a su fuente laboral, sin obtener respuesta. Con posterioridad, debido a una emergencia médica, permaneció internada durante un mes en la Caja de Salud de Caminos y Ramas Anexas (R.A.), extremo acreditado mediante los certificados médicos correspondientes. En ese contexto, el 2 de diciembre de 2022, presentó dos notas al Alcalde del referido municipio, comunicando que se encontraba con baja médica por incapacidad laboral por maternidad, por el lapso de cuarenta y cinco días, adjuntando la documentación médica respectiva y realizando la devolución del chip corporativo. No obstante, el 10 de marzo de 2023, al concluir su baja médica e intentar reincorporarse a sus funciones, fue notificada con la Resolución Municipal 072/2022 de 15 de noviembre, mediante la cual se revocó la Resolución Municipal 05/2021 y, en consecuencia, se dispuso su desvinculación del cargo, bajo el argumento de un supuesto abandono de funciones; sin considerar que, el 18 de octubre de 2022 el propio Concejo Municipal dispuso un cambio del lugar de prestación de sus funciones, pretendiendo realizar un despido indirecto, que fue oportunamente denunciado en atención a su condición de madre gestante, amparada por el régimen de inamovilidad laboral.
Denunció la lesión de sus derechos a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual, a la seguridad social, a la maternidad y a la inamovilidad laboral; citando al efecto los arts. 15.I, 45.I, III y V; y, 48.VI de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela; y, en consecuencia: a) Deje sin efecto la Resolución Municipal 072/2022; b) Ordene su reincorporación laboral en el puesto de Secretaria, sin afectar su nivel; y, c) Disponga el pago de salarios devengados desde el 1 de noviembre de 2022 hasta la efectiva reincorporación, además del pago de asignaciones familiares y otros derechos conexos.
Celebrada la audiencia pública el 14 de junio de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 218 a 219, se produjeron los siguientes actuados:
La accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de amparo constitucional.
Rolando Erlan Tapia Muñoz, Presidente; Matilde Flora Lara Flores, Vicepresidenta; Froilan Miguel Choque Cruz, Secretario; y, Edwin Amaru Flores, Concejal, todos del Concejo Municipal del GAM de Palca, por informe escrito cursante de fs. 211 a 212 vta. -no consta firma del último de los nombrados-, solicitaron se deniegue la tutela impetrada, manifestando que: 1) La accionante fue destituida de su cargo debido al abandono injustificado de sus funciones durante ocho días continuos, situación que se habría producido a partir del 20 de octubre de 2022; 2) El 18 del mismo mes y año se le comunicó verbalmente que, desde esa fecha, debía desempeñar funciones bajo dependencia del asesor legal del Concejo Municipal, para cuyo efecto se emitió el Instructivo Interno GAMP/CMP/RTM-004/2022 de igual data; en consecuencia, no existió un despido unilateral, sino una reasignación de funciones destinada a precautelar su estado de embarazo; 3) Nunca se le impidió presentar los informes correspondientes, pudiendo hacerlo durante la vigencia de la relación laboral o incluso después de haber concluido el vínculo laboral; y, 4) El cargo de Secretaria es de libre nombramiento y de confianza, requiriéndose además un determinado nivel de formación para su desempeño.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Resolución 136/2023 de 14 de junio, cursante de fs. 220 a 222, concedió la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto la Resolución Municipal 072/2022 y ordenando la reincorporación de la accionante a su fuente laboral; asimismo, instruyó que el Concejo Municipal del GAM de Palca informe sobre la situación laboral de la nombrada hasta que su hijo cumpla el año de edad, debiendo abstenerse de realizar cualquier tipo de afectación o intimidación contra su persona durante el ejercicio de sus funciones; con base en los siguientes argumentos: i) Los demandados desconocieron la situación de embarazo de la impetrante de tutela al emitir la Resolución Municipal 072/2022 de desvinculación, generándole una expectativa falsa de que continuaría desempeñando funciones bajo dependencia del Alcalde Municipal; ii) Existe una línea jurisprudencial uniforme que reconoce la protección reforzada de la inamovilidad laboral de las madres gestantes y de quienes tienen hijos menores de un año de edad, criterio que no fue observado por las autoridades demandadas; y, iii) El informe presentado por los demandados carece de razonabilidad, pues hace referencia a un supuesto proceso sancionatorio del que no se acreditó su existencia ni se aportaron antecedentes que lo sustenten, evidenciando inconsistencias que generan dudas sobre la actuación asumida por el Concejo Municipal.
En fase de aclaración, complementación y enmienda, la Sala Constitucional complementó la concesión de tutela; disponiendo, además, el pago de salarios devengados, aportes a la seguridad social de corto y largo plazo, así como todas las asignaciones familiares que corresponda a la peticionante de tutela.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 004/2025-II de 30 de diciembre, ante el cese de cinco Magistraturas, se dispuso que los expedientes y causas sorteadas a los mismos, sean devueltas a Comisión de Admisión, para la realización de un nuevo sorteo de manera aleatoria y equitativa entre las Salas Primera, Segunda y Tercera del Tribunal Constitucional Plurinacional, a fin de que los actuales Magistrados asuman el conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas hasta su conclusión, garantizando así la continuidad del servicio jurisdiccional (fs. 226 a 230); en cumplimiento a dicha determinación, el presente fallo constitucional es emitido dentro del plazo establecido por ley.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Mediante nota presentada el 4 de mayo de 2022, Nely Estela Paucara Laura -ahora accionante- hizo conocer al Concejo Municipal del GAM de Palca del departamento de La Paz, que “…se encuentra con 4 semanas de gestación, en el cual adjunto la ECOGRAFÍA REALIZADA EL 3 DE MAYO DE 2022…” (sic [fs.6]). II.2. A través de nota presentada el 18 de octubre de 2022, ante el Concejo Municipal del GAM de Palca, la impetrante de tutela denunció que fue desalojada de su fuente laboral sin que pueda realizar inventario ni el informe correspondiente respecto a la documentación de la que era respetable (fs. 22). II.3. Mediante memorial presentado el 20 de octubre de 2022, la peticionante de tutela presentó una denuncia ante la Defensoría del Pueblo, alegando que fue despedida injustificadamente; instancia que, a su vez, solicitó informe al mencionado Concejo Municipal para que pueda esclarecer los agravios formulados (fs. 28 a 32); en respuesta, Rolando Erlan Tapia Muñoz, Presidente del señalado Concejo Municipal -hoy demandado-, emitió la Nota GAMP/CMP/RTM/AL/LJCA-200/2022 de 28 de noviembre, mediante la cual informó que la accionante abandonó su puesto de trabajo de manera intempestiva (fs. 38 a 39).
II.4. Por Informe GAMP/CMP/AL/LCHA/05/2022 de 1 de noviembre, Luis Jhonny Chávez Apaza, Asesor Legal del Concejo Municipal del GAM de Palca, refirió que la peticionante de tutela abandonó sus funciones como secretaria del 20 al 27 de octubre de 2022, recomendando se inicie el correspondiente proceso administrativo interno por incumplimiento de deberes, uso indebido de bienes públicos y otros atribuibles a los servidores públicos de libre nombramiento (fs. 182 a 184). II.5. Cursan certificados médicos -de 11 y 29 de noviembre de 2022, 6 de diciembre de igual año y, 7 de enero de 2023-, emitidos por la Caja de Salud de Caminos y R.A., mediante los cuales se acreditó que la peticionante de tutela fue atendida por maternidad, emitiéndose la incapacidad temporal correspondiente (fs. 10 a 14). II.6. Cursa nota presentada el 27 de febrero de 2023, mediante la cual la accionante solicitó al Presidente demandado el retorno a sus funciones debido al cese de su baja por maternidad (fs. 20); en respuesta, el citado Presidente; Matilde Flora Lara Flores, Vicepresidente; Edwin Amaru Flores, Concejal; y, Froilan Miguel Choque Cruz, Secretario todos del Concejo Municipal del GAM de Palca del departamento de La Paz -hoy codemandados-emitieron la Resolución Municipal 072/2022 de 15 de noviembre, mediante la cual revocaron la Resolución Municipal 05/2021 de 11 de mayo y, por consiguiente, dispusieron la desvinculación laboral de la nombrada. Dicha Resolución fue puesta a conocimiento de la impetrante de tutela a través de la Nota CITE: GAMP/CMP/RTM/ 042/2023 de 2 de febrero (fs. 7, 8 y 21).
La accionante denunció la lesión de sus derechos a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual, a la seguridad social, a la maternidad y a la inamovilidad laboral; debido a que, las autoridades demandadas, emitieron la Resolución Municipal 072/2022, que dispuso su desvinculación laboral, sin considerar que, el 18 de octubre de 2022, dichas autoridades dispusieron el cambio del lugar de prestación de sus funciones, pretendiendo consumar un despido indirecto, que fue oportunamente denunciado en atención a su condición de madre gestante, amparada por el régimen de inamovilidad laboral. Ante ello, las autoridades demandadas señalaron que: a) Se comunicó a la impetrante de tutela de manera verbal que, desde el 18 de octubre de 2022, debía desempeñar tareas bajo dependencia del asesor legal del Concejo Municipal; por tanto, no existió un despido unilateral sino una reasignación de funciones, precautelando su estado de embarazo; y, b) La solicitante de tutela dejó de asistir a su fuente laboral durante ocho días continuos, situación que se habría producido a partir del 20 del indicado mes y año.
Al respecto, la SCP 0131/2015-S1 de 26 de febrero, refirió lo siguiente: “…La Constitución Política del Estado, reconoce a favor de la mujer embarazada, del progenitor, así como del ser en gestación y del recién nacido hasta el año de su nacimiento, una protección especial, de innegable importancia, al constituir un sector de la población vulnerable, que requiere de cuidados máximos y especiales a fin de garantizar esencialmente, los derechos a la vida y a la salud de los titulares de dicho amparo. En ese marco, el art. 45.V de la CPE, dispone que: ‘Las mujeres tienen derecho a la maternidad segura, con una visión y práctica intercultural; gozarán de especial asistencia y protección del Estado durante el embarazo, parto y en los periodos prenatal y posnatal’; estableciendo a su vez, el art. 48.VI de la misma Ley Fundamental: ‘Las mujeres no podrán ser discriminadas o despedidas por su estado civil, situación de embarazo, edad, rasgos físicos o número de hijas o hijos. Se garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo, y de los progenitores, hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad’. Resalta de las normas transcritas que, la Norma Suprema, otorga protección no sólo a las mujeres en estado de gestación sino también a los progenitores, justamente para resguardar no sólo los derechos de la madre, sino principalmente los del nasciturus. En igual sentido de tutela a este sector, se halla la Ley 975 de 2 de marzo de 1988, que prevé: ‘Toda mujer en periodo de gestación hasta un año de nacimiento del hijo, gozará de inamovilidad en su puesto de trabajo en instituciones públicas o privadas’. Por su parte, el DS 0012, en sus arts. 1 y 2, establece la inamovilidad de la madre y el padre progenitores que presten funciones en el sector público o privado hasta que su hijo o hija cumpla un año de edad, no pudiendo ser despedidos, afectarse su nivel salarial ni su ubicación en su puesto de trabajo; regulando en su art. 3, los requisitos a objeto de beneficiarse de la inamovilidad laboral aludida; a cuyo efecto, determina que deben presentarse los siguientes documentos: ‘a) Certificado médico de embarazo extendido por el Ente Gestor de Salud o por los establecimientos públicos de salud. b) Certificado de matrimonio o Acta de reconocimiento ad vientre extendido por el Oficial de Registro Civil. c) Certificado de Nacimiento del hijo o hija extendido por el Oficial del Registro Civil’. Reglamentando asimismo que: ‘Quienes incurran en la falsificación o alteración de los documentos requeridos en el Artículo 3 del presente Decreto Supremo, serán pasibles a las sanciones establecidas en la normativa vigente’ (art. 4); previendo de otro lado, en cuanto a la vigencia del beneficio, que: ‘I. No gozarán del beneficio de inamovilidad laboral la madre y/o padre progenitores que incurran en causales de conclusión de la relación laboral atribuible a su persona previo cumplimiento por parte del empleador público privado de los procedimientos que fijan las normas para extinguir la relación laboral…’” (las negrillas son añadidas).
Con carácter previo, corresponde señalar que, si bien la acción de amparo constitucional se rige por el principio de subsidiariedad previsto en el art. 128 de la CPE, dicho presupuesto admite una excepción cuando se denuncia la vulneración del derecho a la inamovilidad laboral reforzada de la madre gestante o del padre progenitor, hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad, conforme al entendimiento desarrollado por la SCP 0390/2014 de 25 de febrero. En el presente caso, la accionante acreditó su condición de madre gestante mediante los certificados médicos emitidos durante su embarazo (Conclusiones II.1 y II.5); por consiguiente, al encontrarse comprendida dentro del ámbito de protección reforzada reconocido por la jurisprudencia constitucional, corresponde prescindir del examen de subsidiariedad y analizar directamente el fondo de la problemática planteada.
Delimitado el objeto procesal y los antecedentes, se tiene que la impetrante de tutela cuestiona la Resolución Municipal 072/2022 de 15 de noviembre, mediante la cual los demandados dispusieron su desvinculación laboral, sin considerar que el 18 de octubre de 2022, al presentarse en su fuente de trabajo, se le informó que ya no desempeñaría funciones bajo dependencia del Concejo Municipal del GAM de Palca y que debía apersonarse ante el Alcalde Municipal, quien le designaría nuevas labores; sin embargo, “…no le permitieron hacer la entrega de los activos del Concejo, cambiaron de candado a su oficina, posteriormente, se enteró que su puesto de Secretaria del Concejo Municipal, era realizado por el chofer” (sic).
Frente a esa situación, la peticionante de tutela denunció inicialmente estos hechos ante el propio Concejo Municipal, mediante una nota que nunca mereció respuesta. Posteriormente, al persistir dicha situación, acudió a la Defensoría del Pueblo, denunciando la consumación de un despido indirecto y una serie de actos de acoso laboral vinculados a su condición de madre gestante (Conclusión II.3), entidad que, a su vez, requirió un informe al referido Concejo Municipal respecto de los agravios denunciados.
Con posterioridad a dichos acontecimientos, debido a una complicación médica derivada del nacimiento de su hijo, la accionante fue internada en la Caja de Salud de Caminos y R.A., entidad que, luego de la valoración médica correspondiente, emitió la baja por incapacidad temporal por maternidad (Conclusión II.5).
Pese a ello, las autoridades demandadas emitieron la Resolución Municipal 072/2022, que dispuso su desvinculación del cargo, la cual fue notificada después de aproximadamente tres meses de haber sido emitida; precisamente, en respuesta a la nota que la impetrante de tutela presentó el 27 de febrero de 2023, mediante la cual solicitó el retorno a sus funciones, toda vez que ya había concluido su baja por maternidad (Conclusión II.6).
Ahora bien, conforme a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, las autoridades demandadas no podían desconocer que la accionante se encontraba amparada por el régimen de inamovilidad laboral; máxime cuando dicha circunstancia fue oportunamente comunicada el 4 de mayo de 2022 (Conclusión II.1). En efecto, aun con pleno conocimiento de su estado de gestación, inicialmente dispusieron su alejamiento de la oficina donde desempeñaba funciones, señalando de manera ambigua e imprecisa que pasaría a depender de otra unidad administrativa; extremo que, posteriormente fue utilizado como argumento para justificar su desvinculación alegando un supuesto abandono laboral.
En ese contexto, si bien las autoridades demandadas sostienen en la Nota GAMP/CMP/RTM/AL/LJCA-200/2022 de 28 de noviembre, que “La señora NELY E. PAUCARA LAURA desarrollo funciones en el Concejo Municipal de Palca hasta el 19 de octubre de 2022. Siendo que, desde esa fecha abandono su puesto de trabajo de forma intempestiva sin comunicar a nadie mucho menos a la directiva del Concejo…” (sic [Conclusión II.3]); no existe pronunciamiento alguno ni se acredita la sustanciación de un proceso administrativo interno o de otro procedimiento de similar naturaleza en el que la impetrante de tutela hubiera podido ejercer su derecho a la defensa respecto del supuesto abandono de funciones. Más aún, de haberse producido dicho hecho en los términos alegados por las autoridades demandadas, fue el propio Asesor Legal del referido Concejo Municipal quien, mediante informe GAMP/CMP/AL/LCHA/05/2022 de 1 de noviembre, recomendó: “Se inicie proceso interno por incumplimiento de deberes…” (sic [Conclusión II.4]); sin embargo, no cursa en obrados constancia alguna de que esa recomendación hubiera sido ejecutada ni que dicho extremo fuese alegado.
A ello se suma que las autoridades demandadas tampoco controvirtieron las afirmaciones de la accionante respecto al cambio intempestivo del lugar de prestación de sus funciones, el impedimento de ingreso a su fuente laboral y el cambio de cerraduras de su oficina, hechos que fueron puestos en su conocimiento mediante la nota presentada el 18 de octubre de 2022 (Conclusión II.2). En ese sentido, correspondía a dichas autoridades desvirtuar tales extremos, en observancia del principio de inversión de la prueba previsto por el art. 48.II de la CPE, en favor de la parte trabajadora.
En ese entendido, resulta evidente que las autoridades demandadas lesionaron el derecho a la inamovilidad laboral que asistía a la impetrante de tutela, pretendiendo justificar la desvinculación mediante la invocación unilateral de un supuesto abandono de funciones que no fue respaldado con prueba, ni con un procedimiento que garantizara su derecho a la defensa, correspondiendo conceder la tutela solicitada; no obstante, considerando que, a la fecha de emisión de este fallo constitucional, el hijo de la accionante superó el año de edad, cesaron los efectos de la protección derivada de la inamovilidad laboral; por ello, no corresponde disponer su reincorporación, sino únicamente el pago de los derechos laborales que correspondan, en virtud a los derechos a la seguridad social y a la maternidad invocados por la accionante, siempre que estos no hubiesen sido satisfechos, previa deducción de los ingresos que la impetrante de tutela hubiera percibido por la prestación de servicios en otras instituciones durante el período correspondiente.
Finalmente, respecto a la alegada lesión de sus derechos a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual; la accionante no explicó de qué manera tales derechos habrían sido vulnerados, ni estableció una relación objetiva y directa con los agravios analizados en la presente acción tutelar; por lo que no corresponde emitir mayor pronunciamiento sobre dichos extremos. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela impetrada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 136/2023 de 14 de junio, cursante de fs. 220 a 222, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada respecto al derecho a la inamovilidad laboral, conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; empero, únicamente disponer que las autoridades demandadas procedan al pago de los derechos laborales correspondientes hasta que el hijo de la accionante hubiera cumplido un año de edad, en virtud a los derechos a la seguridad social y a la maternidad invocados por la nombrada, previa deducción de las remuneraciones que esta hubiera percibido por la prestación de servicios en otras instituciones durante dicho período, conforme a lo previsto por el art. 113.II de la Constitución Política del Estado. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1111_2026-S2.pdf · páginas 1 a 10.
Huella digital del PDF (SHA-256): d36b6ca8eda31867e382703dd450cd822ae8f31161a8201c2be00de33acbc807
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