Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera Especializada · 9 de julio de 2026
Deniega la tutela
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y valoración razonable de la prueba, al trabajo, a la presunción de inocencia, así como los principios de reserva de ley, jerarquía normativa; puesto que: a) El Director Departamental hoy coaccionado, confirmó a través del Recurso de Revocatoria de 13 de diciembre de 2022, el Auto de 7 de noviembre de 2022 -que negó su reincorporación-, porque la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso no se encuentra dentro los alcances de la norma por la cual fue suspendido; y, b) El entonces Ministro de Educación ahora accionado, emitió la Resolución Ministerial Jerárquica 009/2023 de 4 de mayo, estableciendo que su reincorporación de funciones como docente del Instituto de Música “María Luisa Luzio” era viable en caso de sobreseimiento ο sentencia absolutoria, y no ante la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso; por lo que, demuestra que no se realizó una correcta interpretación sistémica y teleológica del art. 3.lll del DS 1302, limitándose al tenor literal de la norma. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) La fundamentación y motivación como elementos del derecho al debido proceso; 2) Sobre el derecho al trabajo; y, 3) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 122/2023 de 2 de octubre, cursante de fs. 1121 a 1128, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; en consecuencia, DENEGAR en todo la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1110/2026-S1 Sucre, 9 de julio de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional Expediente: 58898-2023-118-AAC Departamento: Oruro En revisión la Resolución 122/2023 de 2 de octubre, cursante de fs. 1121 a 1128, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Hernando Jerry Murillo Núñez contra Edgar Pary Chambi, ex Ministro de Educación; y, Oscar Copa Gonzales, Director Departamental de Educación de Oruro.
El accionante, por memorial presentado el 22 de septiembre de 2023, cursante de fs. 80 a 93 vta., manifestó lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona, por la presunta comisión del delito de acoso sexual, previsto y sancionado por el art. 312 quater del Código Penal (CP); en el cual, se le imputo formalmente el 16 de septiembre de 2015; por lo que, derivó en el hecho que, el Sub Director de Educación Superior de Formación Profesional de la Dirección Departamental de Educación de Oruro, emita el Memorando DDEO/SUBDESFP/ 028/2016 de 21 de marzo, dirigido a Ana Palmira Paricagua Titichoca, Rectora del Instituto Superior de Música “María Luisa Luzio” donde se desempeñaba como docente; en consecuencia, se remitió fotocopias simples de la imputación formal e instruyo su suspensión inmediata como docente del citado Instituto; por lo que, se procedió a suspenderlo.
Posteriormente, en la audiencia de juicio oral, público y contradictorio de 6 de octubre de 2020, mediante Auto Interlocutorio Definitivo 28/2020 de similar fecha, emitido por el Juzgado de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Oruro, se declaró con lugar a la excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, determinación que en apelación fue confirmada mediante el Auto de Vista 016/2021 de 1 febrero, emitida por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; por lo cual, al ser declarados improcedentes los recursos de apelación interpuestos, el nombrado Auto de Vista se ejecutorio. Ahora bien, al ser la extinción de la acción penal por duración máxima una forma de concluir la persecución penal por el transcurso del tiempo, el 10 de mayo de 2021, presentó memorial dirigido al Director de Educación Superior de Formación Profesional de la Dirección Departamental de Educación de Oruro, solicitando su reincorporación a su cargo de docente, solicitud que fue rechazada sin trámite alguno; por lo que, el 14 de junio de 2021, presentó memorial dirigido a Remy Efraín Ayzacayo Choque, Sub Director de Educación Superior de Formación Profesional de la citada Dirección -ahora tercero interesado-, reiterando su solicitud, recibiendo en respuesta el Oficio con Cite: N/DDEO/SDESFP/091/2021 de 20 de julio, indicándole que, de acuerdo a la unidad de asuntos jurídicos debía cumplir con los requisitos establecidos por el art. 17.I y II de la Resolución Ministerial 1239/2018 de 14 de diciembre -Reglamento para el Registro y Retiro de Rótulo de Observado en el Registro Docente Administrativo (RDA) y el Registro de Personal de la Dirección General de Educación Técnica, Tecnológica y Artística-, mismo que establece los requisitos para el retiro del rótulo observado preventivo de medida cautelar. En ese entendido, el 3 y 25 de agosto de 2021, presentó memorial al Director Departamental hoy coaccionado, solicitando el retiro del rótulo observado preventivo de medida cautelar del RDA y Registro de Personal de Educación Superior (RP-DGESTTLA), último memorial que fue derivado a la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Educación, instancia que emitió el Informe Legal DGAJ-UGJ 002/2021 de 3 de enero, donde se recomienda proceder al retiro del rótulo antes mencionado; puesto que, el proceso penal en su contra se extinguió por duración máxima del proceso. Ante su reiterada solicitud de reincorporación, el Director Departamental ahora coaccionado, emitió un “Auto” -cuando correspondía que se emita una resolución-, donde niega su reincorporación, por no cumplir con lo establecido por el art. 3 del Decreto Supremo (DS) 1302 de 1 de agosto de 2012; por lo que, motivó a que presentó recurso de revocatoria conforme lo dispuesto por los arts. 64 y 65 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) -Ley 2341 de 23 de abril de 2002-, el cual fue resuelto por el citado Director Departamental, por Resolución de 5 de julio de 2022, confirmando el Auto de 3 de junio de ese año, haciendo referencia al art. 3.III del DS 1302, que establece: “En caso de sobreseimiento emitido por Autoridad Competente o sentencia absolutoria, la o el director, docente o administrativo, será restituido en sus funciones con la reposición de la totalidad de sus haberes devengados” señalando que no era atendible su solicitud; considerando que, la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso no se encontraba dentro los alcances de la norma; por lo cual, fue suspendido. Determinación contra la cual presentó recurso jerárquico, que fue resuelto por el entonces Ministro de Educación hoy accionado, mediante la Resolución Ministerial 0909/2022 de 20 de octubre, anulando obrados hasta el vicio más antiguo, que sería el Auto de 3 de junio de 2022, debiéndose emitir nueva resolución; es así que, el referido Director Departamental el 7 de noviembre de 2022, emite nuevo Auto; por el cual, le niega la reincorporación, por no cumplir los requisitos establecidos por el art. 3.III del DS 1302; señalando que, la norma es clara y especifica en cuanto a los casos cuando procede la restitución, donde no ingresa la excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, decisión contra la cual presentó recurso de revocatoria el 25 de noviembre de 2022, el cual fue resuelto a través de la Resolución de Recurso de Revocatoria de 13 de diciembre de 2022, donde se confirmó el Auto de 7 de noviembre de 2022, haciendo referencia nuevamente que no es atendible su solicitud; ya que, la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso no se encuentra dentro los alcances de la norma por la cual fue suspendido. En ese entendido, mediante memorial de 10 de enero de 2023, presenté recurso jerárquico; puesto que, la Resolución de Recurso de Revocatoria de 13 de diciembre de 2022, vulneró sus derechos al debido proceso y al trabajo, así como al principio de presunción de inocencia. Es así que, el entonces Ministro de Educación ahora accionado, emitió la Resolución Ministerial Jerárquica 009/2023 el 4 de mayo de 2023, en la que establece que, de acuerdo al DS 1302 de 1 de agosto de 2012, modificado en parte por el DS 1320 de 8 de agosto de igual año, la restitución de funciones es viable en caso de sobreseimiento ο sentencia absolutoria, y no ante la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso; por lo que, no corresponde dar curso en cuanto a la reincorporación como docente en el Instituto de Música “María Luisa Luzio”, confirmando así la Resolución de Recurso de Revocatoria de 13 de diciembre de 2022; en ese sentido, tanto en el recurso de revocatoria como en el jerárquico, no se realizó una correcta interpretación sistémica y teleológica del art. 3.lll del DS 1302, limitándose al tenor literal de la norma.
El accionante, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y valoración razonable de la prueba, al trabajo, a la presunción de inocencia, así como los principios de reserva de ley, jerarquía normativa; citando al efecto los arts. 14, 46.I.2, 109.II, 115.I, 116.I, 117.I y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 4 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC); 8.2 y 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia se disponga que: a) Se revoque la Resolución Ministerial Jerárquica 009/2023 de 4 de mayo; consecuentemente, se revoque la Resolución de Recurso de Revocatoria de 13 de diciembre de 2022; b) Se le restituya inmediatamente en sus funciones de docente de las asignaturas de piano y técnica vocal en el Instituto Superior de Música “María Luisa Luzio”; y, c) Se le restituya la totalidad de sus haberes devengados, aguinaldos, bonos económicos y ascensos de categoría, hasta la fecha.
Celebrada la audiencia pública el 2 de octubre de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 1112 a 1120 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado, en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional y ampliándolo; manifestó que, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Ricardo Panese vs. Paraguay, estableció que el acusado no debe demostrar que no cometió el delito que se le atribuye; ya que, es labor corresponde al Ministerio Público, los denunciantes y parte coadyuvante; es así que, en su caso por más de cuatro años no se probó su culpabilidad.
Edgar Pary Chambi, entonces Ministro de Educación, a través de su representante legal, mediante informe presentado el 29 de septiembre de 2023, cursante de fs. 1096 a 1101 vta., manifestó que: 1) Con relación a la vulneración de los principios de reserva de ley y jerarquía normativa, se debe considerar que los mismos no son tutelables a través de la acción de amparo constitucional, así la SCP 0069/2017-S2 de 13 de febrero; 2) Con referencia a la vulneración al derecho al trabajo se tiene del Informe Legal DGAJ - UGJ 002/2021, la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Educación, previa verificación del cumplimiento de requisitos concluyó y recomendó se proceda con el retiro de rotulo “observado preventivo medida cautelar” en el RDA del accionante; por lo cual, de la verificación del documento referido se evidencia que a la fecha el nombrado no cuenta con observación alguna que se constituya en un impedimento para ejercer su derecho al trabajo, encontrándose habilitado para presentarse a las convocatorias que considere adecuadas a su especialidad; por lo que, no existe vulneración a dicho derecho; 3) En relación a la vulneración del derecho a la presunción de inocencia, el accionante alega que ante la emisión del Recurso Jerárquico se le deniega su derecho al trabajo, presumiendo su culpabilidad, rechazando su solicitud de reincorporación a su fuente de trabajo, pero se debe considerar que el Auto Interlocutorio Definitivo 28/2020, que da lugar a la excepción de la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, no se adecua a los casos previstos para la restitución de funciones y reposición de haberes devengados; por lo que, no existe vulneración alguna, sino más bien, el Ministerio de Educación al emitir la Resolución Ministerial Jerárquica 009/2023, actuó con sometimiento pleno a la ley; 4) Con relación a la supuesta vulneración del derecho al debido proceso, la accionante señaló que la Resolución Ministerial Jerárquica 009/2023, carece de fundamentación y motivación por no considerar como causal para la reincorporación la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso; sin embargo, como se podrá verificar, la citada Resolución Ministerial de forma fundamentada y motivada expresa porque no corresponde la reincorporación, así como otorga respuesta a los agravios planteados por el accionante, reiterando que la restitución de funciones procede únicamente en caso de sobreseimiento emitido por autoridad competente y sentencia absolutoria; 5) El accionante refiere falta de fundamentación y motivación; empero, no sustenta sus afirmaciones, así como no adjunta documento alguno que haga prueba plena; 6) El art. 3 del DS 1302 modificado por el DS 1320 establece que la restitución de funciones y reposición de haberes devengados, corresponde en caso de sobreseimiento emitido por autoridad competente o sentencia absolutoria, aclarando que en el caso concreto no fue presentado el sobreseimiento o la sentencia absolutoria, que permitan dar cumplimiento a lo pretendido por el accionante; y, 7) Las supuestas vulneraciones alegadas por el accionante, así como su pretensión, se constituyen en hechos controvertidos y frente a ello la jurisprudencia constitucional establece la imposibilidad de ingresar al fondo de lo planteado. Además, manifestó en audiencia que: i) El accionante nunca señaló que es inocente o no hubiese cometido el ilícito que presuntamente fue objeto del proceso penal que se le siguió; ii) El DS 1302 establece mecanismos que coadyuvan a la erradicación de la violencia, maltrato y abuso que atente contra la vida e integridad física psicológica y/o sexual de niñas, niños y adolescentes estudiantes en el ámbito educativo, el cual fue aplicado correctamente a momento de emitir la Resolución Ministerial Jerárquica que ahora es objeto de esta acción de amparo constitucional; y, iii) La suspensión del accionante data del 2015; por lo que, señalar que el memorando que lo dispuso carece de fundamento, y no es legal, no procede por principio de subsidiariedad; ya que, en ningún momento hicieron uso de la vía recursiva contra esa suspensión de su cargo como docente. Oscar Copa Gonzales, Director Departamental de Educación de Oruro, a través de su abogada, en audiencia manifestó que: a) De acuerdo al Informe Legal “IN/DDEO/UAJ 132/2021”, se solicitó al Ministerio de Educación que se retire el rotulo al accionante; puesto que, cumplía los requisitos exigidos por la Resolución Ministerial 1239/2018, para así no privarle de su derecho al trabajo y pueda presentarse a compulsas para ejercer un cargo docente, no se le coartó ese derecho; b) Conforme el DS 1302 un requisito para la reincorporación es el sobreseimiento o la sentencia absolutoria, en este caso para el retiro del rotulo no es exigible ese requisito; c) Es evidente que concluyó el proceso penal seguido en contra del accionante, por una excepción de extinción de la acción, pero no se demostró la inocencia del mismo, siendo que en ningún momento se llegó a la etapa de juicio oral donde se demuestre a través de documentos, testigos y la declaración de la misma víctima que el nombrado es inocente; d) El Magisterio se rige por leyes especiales, también cuentan con reglamentos; por lo que, específicamente tienen que aplicar los mismos para procesar a docentes o personal administrativo; e) El accionante cuenta con el RDA N99555, pero no es profesor, tiene título de bachiller en humanidades, entonces tampoco se puede indicar que se encuentra vulnerando su derecho de ascenso de categoría; f) El nombrado se encuentra trabajando en la Unidad Educativa Privada Americano como docente de música; g) El citado nunca reclamo sueldos devengados, recién ahora en esta acción lo está mencionando; y, h) Se solicitó un informe porque no pueden salirse del marco de lo que indica la norma, caso contrario estaríamos incurriendo en error, el art. 3.III del DS 1302 es claro, especifica las resoluciones de conclusión del proceso que en la vía penal puede dar acceso a la restitución o al pago de haberes devengados; por lo que, de ninguna manera se vulneró derechos y garantías constitucionales.
Remy Efraín Ayzacayo Choque, Sub Director de Educación Superior de Formación Profesional de la Dirección Departamental de Educación de Oruro, en audiencia manifestó que: 1) En el Ministerio de Educación, existen tres subsistemas: Educación Regular, Educación Alternativa y Educación Superior para educación regular y educación alternativa es un requisito ser maestro normalista, anteriormente había maestros interinos que a los cinco años de interinato podían dar su examen y ascendían a quinta categoría, a los diez años podían inscribirse al escalafón y tramitar su titularidad de maestro por antigüedad, y tener los mismos derechos que maestro normalista, pero el accionante a pesar de haber trabajado veintiséis años, no tramitó su título; sin embargo, con la Ley Avelino Siñani desde el 2010, cambio la estructura, la educación superior es exclusivamente para profesionales libres; y, 2) El accionante denuncia que se perjudicó su ascenso de categoría; empero, para realizar citado ascenso, debe ser maestro titular, por antigüedad, maestro normalista o profesional en área técnica tecnológica y el mismo no es ninguno; por lo tanto, no tiene esa opción de ascenso de categoría
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, mediante Resolución 122/2023 de 2 de octubre, cursante de fs. 1121 a 1128, concedió la tutela solicitada; disponiendo que se deje sin efecto la Resolución Ministerial Jerárquica 009/2023, para que el Ministro de Educación emita nueva resolución considerando los fundamentos jurídicos y jurisprudenciales desarrollados en el presente fallo constitucional; y, deniega la tutela solicitada en relación al Director Departamental hoy coaccionado, bajo el principio de subsidiariedad; bajo los siguientes argumentos: i) Mediante el principio de subsidiariedad las denuncias en relación al referido Director Departamental, deben ser denegadas sin ingresar al análisis de fondo del problema en relación a esta autoridad; debido que, los agravios reclamados sobre la Resolución emitida por el mismo fueron reclamados u observados en el recurso jerárquico; en ese entendido, será el Ministro de Educación como autoridad o Tribunal de Alzada y de última instancia, quien subsanará, modificará el fallo impugnado si llega a evidenciar la vulneración de derechos y garantías constitucionales; ii) En el presente caso no se determinó la inocencia o culpabilidad del accionante porque fue beneficiado con la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso; iii) La Resolución Jerárquica cuestionada reitera prácticamente su fundamento en lo establecido expresamente en el DS 1302 y además señala que la autoridad administrativa no puede realizar ninguna interpretación; por lo que, no es admisible como una excusa de parte de la autoridad administrativa; ya que, necesariamente dicha autoridad tenía que resolver esa situación; iv) No existe motivación porque se limitó aplicar lo que dice la norma, labor en la que tampoco se advierte una justificación razonada y lógica; y, v) Con relación a su suspensión inicial que reclama el accionante, es aplicable el principio de preclusión o actos consentidos; puesto que, no se advierte que en su momento el nombrado hubiese reclamado esa situación. En vía de enmienda, complementación y aclaración, el entonces Ministro ahora accionado a través del memorial de 10 de octubre de 2023, cursante de fs. 1139 a 1141 vta., solicitó explicación y complementación sobre la forma como el accionante cumplió con los tres requisitos para que se ingrese a la revisión de la legalidad ordinaria. En merito a esa solicitud, la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, mediante Auto de 11 de octubre de 2023, donde se declaró ha lugar a la solicitud de enmienda, complementación y aclaración; señalando que, la omisión en el cumplimiento de los requisitos formales exigidos para la revisión de la legalidad ordinaria no constituyen requisitos ineludibles, considerando la aplicación del estándar jurisprudencial más alto para el acceso a la justicia constitucional.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Asimismo, mediante decreto constitucional de 13 de marzo de 2026, cursante a fs. 1156, se dispuso la suspensión de plazo para la emisión de la correspondiente resolución a efectos de recabar documentación complementaria, reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el decreto constitucional de 8 de julio de igual año, cursante a fs. 1160; por consiguiente, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del término legal.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por Auto Interlocutorio Definitivo 28/2020 de 6 de octubre, emitido por el Juzgado de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Oruro, se declaró con lugar a la excepción de la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso planteado por Hernando Jerry Murillo Núñez -hoy accionante-, por el delito de acoso sexual (fs. 6 a 12). II.2. A través del Auto de Vista 016/2021 de 1 febrero, la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, confirmó el Auto Interlocutorio Definitivo 28/2020 (fs. 20 a 21). II.3. Mediante Auto de 7 de noviembre de 2022, Oscar Copa Gonzales, Director Departamental de Educación de Oruro -ahora coaccionado-, indicó entre otros aspectos que, se establece que el art. 3.III del DS 1302, es claro y específico en cuanto a los casos cuando procede la restitución y no así cuando se trate de una excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso como se verifica que el accionante fue pasible, encontrándose libre su RDA para acceder a una compulsa, precautelando el derecho al trabajo reconocido por la Constitución Política del Estado (fs. 58 y vta.). II.4. Por Resolución de Recurso de Revocatoria de 13 de diciembre de 2022, el Director Departamental hoy coaccionado, confirmó en todas sus partes el Auto de 7 de noviembre de 2022 (fs. 61 a 68). II.5. Consta Resolución Ministerial Jerárquica 009/2023 de 4 de mayo, emitido por Edgar Pary Chambi, entonces Ministro de Educación -ahora accionado-; en la cual, confirmó la Resolución de Recurso de Revocatoria de 13 de diciembre de 2022, manteniendo firme y subsistente en todo su contenido (fs. 71 a 79).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y valoración razonable de la prueba, al trabajo, a la presunción de inocencia, así como los principios de reserva de ley, jerarquía normativa; puesto que: a) El Director Departamental hoy coaccionado, confirmó a través del Recurso de Revocatoria de 13 de diciembre de 2022, el Auto de 7 de noviembre de 2022 -que negó su reincorporación-, porque la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso no se encuentra dentro los alcances de la norma por la cual fue suspendido; y, b) El entonces Ministro de Educación ahora accionado, emitió la Resolución Ministerial Jerárquica 009/2023 de 4 de mayo, estableciendo que su reincorporación de funciones como docente del Instituto de Música “María Luisa Luzio” era viable en caso de sobreseimiento ο sentencia absolutoria, y no ante la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso; por lo que, demuestra que no se realizó una correcta interpretación sistémica y teleológica del art. 3.lll del DS 1302, limitándose al tenor literal de la norma. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) La fundamentación y motivación como elementos del derecho al debido proceso; 2) Sobre el derecho al trabajo; y, 3) Análisis del caso concreto.
La SCP 0652/2015-S1 de 22 de junio, establece que: «‘‘‘…La garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió. Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que se ha arribado, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia, por lo mismo se le abren los canales que la Ley Fundamental le otorga para que en búsqueda de la justicia, acuda a este Tribunal como contralor de la misma, a fin de que dentro del proceso se observen sus derechos y garantías fundamentales, y así pueda obtener una resolución que ordene la restitución de dichos derechos y garantías, así se ha entendido en varios fallos de este Tribunal, entre ellos, la SC 0752/2002-R de 25 de junio. Asimismo, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiéndose expresar las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas; al contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas’ (SC 2023/2010-R de 9 de noviembre reiterada por la SC 1054/2011-R de 1 de julio).
De lo expuesto, inferimos que la fundamentación y la motivación de una resolución que resuelva cualquier conflicto jurídico, no necesariamente implica que la exposición deba ser exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al contrario una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integre en todos los puntos demandados, donde la autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa, exponga de forma clara las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal y citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución; en suma se exige que exista plena coherencia y concordancia entre la parte motivada y la parte dispositiva de un fallo’’.
(…)
De lo expresado concluimos que la fundamentación y la motivación en una resolución judicial o administrativa, constituye un deber ineludible de toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, en tal razón estos fallos a más de estar debidamente motivadas tienen que tener un sustento jurídico; es decir que, deben estar fundamentadas en elementos de hecho y de derecho» (las negrillas son nuestras).
La SCP 0276/2025-S4 de 15 de abril, señala que: “Al respecto, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 1530/2012 de 24 de septiembre, respecto al derecho al trabajo señaló: ‘El art. 46.I.1 de la CPE, prevé expresamente que: ‘Toda persona tiene derecho: Al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación, y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una existencia digna’. su parte, el art. 23.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), dispone que: ‘Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo (…) que le asegure a ella, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana…’.
Dada su importancia, el derecho al trabajo forma parte constitutiva de los derechos sociales, por ello también está consagrado por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cuyo art. 6.1, define que el derecho al trabajo es el ‘…derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado…’.
Sobre este derecho, la jurisprudencia constitucional establecida mediante la SC 1132/2000-R de 1 de diciembre, ha definido que el derecho al trabajo es: ‘...la potestad, capacidad o facultad que tiene toda persona para desarrollar cualquier actividad física o intelectual tendiente a generar su sustento diario como el de su familia’’’ (las negrillas nos corresponden).
Por otra parte, la SCP 0001/2014 de 3 de enero, determinó que: “…la interferencia del derecho al trabajo, conlleva a la perturbación del libre desarrollo de la personalidad; es decir, que el derecho referido, al ser de naturaleza social y económica, no sólo busca la perfección del mismo en función a la capacidad de aptitudes que tiene toda persona sino también implica el derecho a buscar un trabajo, postularse o acceder al mismo, y mantenerlo. En su dimensión económica, busca la obtención de una remuneración justa y equitativa, en procura de su propia manutención como la de su familia, de tal forma que le permita la subsistencia en condiciones dignas” (las negrillas nos pertenecen).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y valoración razonable de la prueba, al trabajo, a la presunción de inocencia, así como los principios de reserva de Ley, jerarquía normativa; puesto que: i) El Director Departamental hoy coaccionado, confirmó a través del Recurso de Revocatoria de 13 de diciembre de 2022, el Auto de 7 de noviembre de 2022 -que negó su reincorporación-, porque la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso no se encuentra dentro los alcances de la norma por la cual fue suspendido; y, ii) El entonces Ministro de Educación ahora accionado, emitió la Resolución Ministerial Jerárquica 009/2023 de 4 de mayo, estableciendo que su reincorporación de funciones como docente del Instituto de Música “María Luisa Luzio” era viable en caso de sobreseimiento ο sentencia absolutoria, y no ante la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso; por lo que, demuestra que no se realizó una correcta interpretación sistémica y teleológica del art. 3.lll del DS 1302, limitándose al tenor literal de la norma.
De los antecedentes que cursan en el expediente constitucional, se tiene que, a través del Auto Interlocutorio Definitivo 28/2020, se declaró con lugar a la excepción de la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso planteado por el accionante, por el delito de acoso sexual (Conclusión II.1.), mismo que fue confirmado por el Auto de Vista 016/2021, emitido por la Sala Pena Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro (Conclusión II.2.)
Por otro parte, mediante Auto de 7 de noviembre de 2022, el Director Departamental de Educación hoy coaccionado, indicó entre otras cosas que, se establece que el art. 3.III del DS 1302, es claro y específico en cuanto a los casos cuando procede la restitución y no así cuando se trate de una excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso como se verifica que el accionante fue pasible, encontrándose libre su RDA para acceder a una compulsa, precautelando el derecho al trabajo reconocido por la Constitución Política del Estado (Conclusión II.3.); decisión que, fue confirmada por el Director Departamental ahora coaccionado a través de la Resolución de Recurso de Revocatoria de 13 de diciembre de 2022 (Conclusión II.4.); el cual, la citada Resolución fue confirmado, manteniendo firme y subsistente en todo su contenido, por el entonces Ministro de Educación hoy accionado mediante Resolución Ministerial Jerárquica 009/2023 (Conclusión II.5.).
Antes de ingresar al análisis del problema jurídico planteado, cabe aclarar que, conforme a la configuración procesal de la acción de amparo constitucional -subsidiaria-, la revisión de las decisiones asumidas por otras jurisdicciones se efectúa a partir de la última resolución pronunciada, que en el presente caso es la Resolución Ministerial Jerárquica 009/2023; puesto que, la misma tuvo la posibilidad de corregir, enmendar o anular las determinaciones dispuestas por las autoridades de menor jerarquía.
Para realizar el análisis de la problemática planteada respecto al Ministro de Educación ahora accionado, corresponde inicialmente desglosar los argumentos de la Resolución Ministerial Jerárquica 009/2023; siendo éstos, los siguientes: a) El art. 27 del Código de Procedimiento Penal (CPP), establece los motivos de extinción de la acción penal, entre los que esta la duración máxima del proceso, para luego exponer que la misma consiste en que la autoridad judicial realice una auditoria estableciendo los plazos del desarrollo del proceso, esto con el fin de identificar si se vulneró el derecho del imputado a la conclusión del proceso en el plazo determinado, lo cual no implica ingresar al fondo del proceso; es decir, determinar la culpabilidad o no, siendo que no se resuelve la causa principal; b) Sobre la solicitud del accionante referida a su reincorporación como docente en el Instituto de Música “María Luisa Lucio” en consideración a la declaración de extinción de la acción penal en su favor, se aclaró que el art. 3 del DS 1302 modificado por el DS 1320, establece los casos en los que se configura no solamente la restitución de funciones sino también la reposición de haberes devengados, siendo los mismos el sobreseimiento emitido por autoridad competente y la sentencia absolutoria, donde la autoridad competente realiza la valoración de pruebas que dan lugar a la comprobación o no de la existencia del hecho o del delito, en cumplimiento a lo establecido por los arts. 323 y 363 del CPP; c) El Auto Interlocutorio Definitivo 28/2020, que da lugar a la excepción de la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, no se adecua a los casos previstos para la restitución de funciones; d) No existe duda alguna en la aplicación de la normativa; siendo que, los casos de procedencia de restitución de funciones se encuentran claramente identificados, no correspondiendo a la autoridad administrativa realizar interpretaciones de lo ya establecido; y, e) De conformidad a lo establecido por el DS 1302 modificado por el DS 1320, la restitución de funciones es viable en caso de sobreseimiento o sentencia absolutoria, condicionantes que no se cumplen en el caso concreto; siendo que, el recurrente -ahora accionante- cuenta con el Auto Interlocutorio Definitivo 28/2020 que declara con lugar a la excepción de la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, no correspondiendo dar curso a lo solicitado en cuanto a la reincorporación como docente en el Instituto de Música “María Luisa Lucio”.
De los fundamentos esgrimidos en la Resolución Ministerial Jerárquica 009/2023; se evidencia que, el entonces Ministro de Educación hoy accionado determinó que no correspondía realizar ninguna interpretación al contenido del art. 3.III del DS 1302 modificado por el DS 1320 en relación a restitución del accionante al cargo de docente en el Instituto de Música “María Luisa Lucio”; siendo que, dicha normativa establece los casos en los que corresponde la restitución de funciones e incluso reposición de haberes devengados, los cuales son el sobreseimiento y la sentencia absolutoria previstos por los arts. 323 y 363 del CPP, aclaró también que estos son emitidos por autoridad competente, luego de realizada la valoración de pruebas con lo que se comprueba si existió o no el delito.
Asimismo, argumenta que la figura de la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso no implica ingresar al análisis de fondo del proceso para determinar la culpabilidad o no, sino que consiste en realizar una auditoría a los plazos del proceso para determinar si el mismo se encuentra dentro los plazos determinados.
Concluyendo que, en el caso concreto se emitió el Auto Interlocutorio Definitivo 28/2020, que declara con lugar a la excepción de la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, que no se adecua a los casos previstos para la restitución de funciones.
En ese entendido, conforme al Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo constitucional, el fundamento expuesto por el entonces Ministro de educación ahora accionado expresa los motivos de hecho y de derecho en que basó su decisión, si bien la misma no es ampulosa en consideraciones y citas legales; sin embargo, es clara, siendo que realiza la diferencia entre las dos resoluciones que se encuentran consignadas expresamente por el art. 3.III del DS 1302 modificado por el DS 1320 y la resolución que declaró con lugar la excepción de la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, si bien todas son formas de concluir un proceso, pero como correctamente señaló el entonces Ministro de educación hoy accionado el sobreseimiento establecido en el art. 323.3 del CPP y la sentencia absolutoria previsto en el art. 363 del citado Código, ponen fin al proceso penal realizando el análisis de fondo del caso; es decir, pronunciándose sobre los hechos que han sido objeto del proceso, sobre la participación que en los mismos tuvo el imputado y valorando la prueba, mientras que la resolución definitiva de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, no ingresa al análisis de fondo del proceso sino únicamente extingue el proceso porque se superó los plazos legales para su tramitación; es decir, sin analizar los hechos, participación ni valorar la prueba, de cuya diferencia, claramente se infiere que las formas de conclusión del proceso penal determinadas por el art. 3.III del DS 1302 modificado por el DS 1320, no son lo mismo que la forma extraordinaria de conclusión del proceso, de forma anticipada, por vencimiento del plazo máximo de duración del proceso, que “…es una forma de concluir la persecución penal por el transcurso del tiempo, sin la conclusión del proceso, por la que se extingue la acción o precluye el derecho del Estado a imponer una sanción” (SCP 1199/2012 de 6 de septiembre); ya que, la resolución emitida por el entonces Ministro de Educación ahora accionado cuenta con un soporte argumentativo racional, sin que sea necesario realizar una rebuscada interpretación del citado artículo, para determinar si procede o no la restitución del accionante al cargo del cual fue suspendido como efecto de la imputación formal presentada en su contra, por la presunta comisión de delitos que atentan contra la vida, la integridad física, psicológica y/o sexual de las niñas, niños y adolescentes estudiantes; por lo cual, corresponde denegar la tutela solicitada en relación a los derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación.
Ahora bien, sobre el derecho al trabajo, que el accionante indica que se le vulneró; debido a que, se le niega la reincorporación a su fuente de trabajo, se entiende al cargo de docente en el Instituto Superior de Música “María Luisa Luzio”; por lo que, no tendría acceso a una fuente laboral y una remuneración justa y equitativa que permita su subsistencia, se tiene que aquello no es evidente, en el entendido que, si bien efectivamente fue suspendido sin goce de haberes de sus funciones como docente del mencionado Instituto (fs. 4), como efecto de la imputación formal que se presentó en su contra por la presunta comisión del delito de acoso sexual, derivando dicha situación en el hecho que se consigne en su RDA el rótulo de observado preventivo medida cautelar; situación que, implicaba que no podía ser reubicado o designado en otro distrito educativo, así se tiene del art. 8.3 del Reglamento para el Registro y Retiro del Rótulo Observado en el RDA, en el RP-DGESTTLA y en el Registro de Personal de las Direcciones Departamentales y Distritales de Educación (RP-DIDEP) aprobado mediante Resolución Ministerial 1239/2018; sin embargo, como el propio accionante señala en su memoria de interposición de esta acción tutelar y además cursa en antecedentes, el retiro del mencionado rótulo fue recomendado por el Informe Legal DGAJ-UGJ 002/2021, de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Educación (40 a 45); puesto que, el proceso penal en contra del accionante se extinguió por duración máxima del proceso; extremo que también fue objeto de análisis en el Auto de 7 de noviembre de 2022, el cual estableció que el accionante podía acceder a compulsas por estar libre de observaciones su RDA-DGESTTLA, determinación que fue confirmada en recurso de revocatoria y en recurso jerárquico; de lo que se colige que el accionante puede acceder a un cargo dentro el sistema educativo nacional para generar su sustento (Fundamento Jurídico III.2.); en ese entendido, se debe denegar la tutela solicitada en relación a este derecho.
En relación al derecho de presunción de inocencia, el accionante señala que el mismo fue vulnerado al no habérsele restituido en el cargo de docente en el Instituto Superior de Música “María Luisa Luzio”, porque se presumió su culpabilidad al no contar con sobreseimiento o sentencia absolutoria, cuando dicha reincorporación no se efectivizó por el motivo reclamado, sino en cumplimiento a las exigencias expresamente establecidas por el art. 3.III del DS 1302 modificado por el DS 1320, ocurriendo lo mismo respecto a la presunta vulneración al derecho a la valoración de la prueba; debido a que, el Auto Interlocutorio Definitivo 28/2020 -que declaró con lugar a la excepción de la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso-, no fue valorado irrazonablemente por no ser considerarlo como documento idóneo que prueba la conclusión del proceso penal sin responsabilidad, sino que únicamente fue valorado en el marco de las exigencias de la normativa antes citada; por lo que, corresponde denegar la tutela solicitada respecto a los mencionados derechos.
Finalmente, en cuanto a los principios de reserva de ley y jerarquía normativa, la presente acción de defensa no tiene por objeto su tutela, extendiéndose su protección únicamente cuando se los vincule con derechos fundamentales (SCP 1167/2015-S3 de 16 noviembre), lo que en el presente caso no aconteció; ya que, el accionante solo señaló que se otorgó mayor jerarquía a un decreto supremo que la Constitución Política del Estado, sin vincularlos con los derechos que alega, correspondiendo por ello denegar la tutela solicitada respeto a los mismos. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder en parte la tutela solicitada, obró de forma parcialmente incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 122/2023 de 2 de octubre, cursante de fs. 1121 a 1128, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; en consecuencia, DENEGAR en todo la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1110_2026-S1.pdf · páginas 1 a 17.
Huella digital del PDF (SHA-256): 60441303752d873143b705249cd0c473395de7a7eec41028a501d3a53097cd72
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