Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 25 de septiembre de 2023
Concede en parte la tutela
Los accionantes denuncian la lesión de sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral, la seguridad social y la inamovilidad laboral; toda vez que, fueron despedidos de manera injustificada por el Rector de la Universidad Amazónica de Pando; ante lo cual, acudieron a la Jefatura Departamental de Trabajo del citado departamento, entidad que emitió las conminatorias de reincorporación respectivas; por lo que: 1) En el caso de: a) Diego Alfonso Álvarez Aguilera, denuncia que el Jefe Departamental de Trabajo del indicado departamento, emitió Conminatoria MTEPS-JDTP 54/21 de 5 de agosto de 2021, declinando competencia y declarando controversial la denuncia de reincorporación, apartándose del informe de su dependiente INF-NMV 081/2021 e incumpliendo el principio protector al trabajador, tampoco realizó un análisis sobre los contratos suscritos con la referida Universidad, menos del incumplimiento de la normativa laboral en la que viene incurriendo la misma; b) Carmen Sabene Siviora alega que, habiéndose emitido la CONMINATORIA MTPES - JDTP 55/21 de 5 de agosto de 2021, mediante la cual la Jefatura Departamental de Trabajo del mencionado departamento, conminó a la referida Universidad a su reincorporación inmediata por inamovilidad laboral, al mismo puesto y rango de escala salarial que percibía desde el momento de su desvinculación así como los demás derechos que le fueron restringidos, la misma que no fue cumplida por la universidad empleadora, sin respetar además, su contrato que tiene vigencia hasta el 31 de diciembre del referido año; y, 2) Ambos impetrantes de tutela denu…
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 066/2021 de 19 de agosto, cursante de fs.129 a 132 vta., pronunciada por la Sala Constitucional del departamento de Pando; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada en relación a Carmen Sabene Siviora, Disponiendo el cumplimiento de la Conminatoria MTPES-JDTP 55/21 de 5 de agosto de 2021, en los mismos términos en que fue dispuesta, además de otorgarle los seguros a corto y largo plazo y demás derechos sociales hasta que la hija o hijo cumpla el año de edad; salvo que a la fecha de notificación con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional ya se hubiera cumplido dicho año, correspondiendo solo el pago de sueldos devengados, asignaciones familiares y los derechos laborales que le correspondan: 2° CONCEDER la tutela impetrada, respecto al derecho a la petición de Carmen Sabene Siviora y Diego Alfonso Álvarez Aguilera, conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; 3° Disponer que en el plazo de veinticuatro horas de notificado con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la autoridad ahora demandada emita una respuesta pronta, oportuna, formal, material y debidamente fundamentada y motivada, sobre las solicitudes realizadas por los accionantes, de acuerdo a los argumentos expresados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 4° DENEGAR la tutela solicitada respecto a Diego Alfonso Álvarez Aguilera, conforme a lo establecido en los Fundamentos Jurídicos de este fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1110/2023-S1 Sucre, 25 de septiembre de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional Expediente: 42390-2021-85-AAC Departamento: Pando En revisión la Resolución 066/2021 de 19 de agosto, cursante de fs. 129 a 132 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Diego Alfonso Álvarez Aguilera y Carmen Sabene Siviora contra Franz Navia Miranda, Rector de la Universidad Amazónica de Pando.
Por memorial presentado el 18 de agosto de 2021, cursante de fs. 54 a 59 vta., los accionantes expresaron los siguientes argumentos de hecho y derecho:
Diego Alfonso Álvarez Aguilera trabajó como auditor interno en la modalidad de consultoría individual en línea en la Universidad Amazónica de Pando, desde 2012 hasta el 31 de diciembre de 2018, las gestiones 2019, 2020 y 2021 los contratos fueron a plazo fijo, bajo el siguiente desarrollo circunstancial: a) Del último año referido, existe el contrato a plazo fijo de 15 de enero a 31 de diciembre del 2021, con nivel salarial de Técnico I, siendo que fue retirado intempestivamente el 9 de julio del mismo año; b) El 8 de junio de idéntico año fue notificado con nota refrendada por el Jefe de Recursos Humanos a.i. y el Director Administrativo Financiero a.i. de la indicada Universidad mencionando en la misma la Resolución del Honorable Consejo Universitario 159/2021 de 2 de junio, que en su parte resolutiva determina dejar sin efecto el precitado contrato del mes de enero, a su vez le pidió apersonarse a la dirección de Asesoría Legal a firmar un nuevo contrato; toda vez que, por información de recursos humanos no contarían con copia del documento suscrito el 15 de enero de 2021; c) Por esos motivos irregulares, presentó impugnación, señalando que la Resolución del Honorable Consejo Universitario 159/2021 más allá de dejar sin efecto el contrato no refiere a la modificación de contratos y la escala salarial conforme establece la “Ley 1356”, no teniendo respuesta a la misma -se entiende hasta la presentación de esta acción tutelar-; d) Con un grupo de trabajadores afectados por igual motivo denunciaron a la Jefatura Departamental de Trabajo de Pando el despido injustificado, pese a la existencia del indicado contrato hasta el 31 de diciembre de 2021; e) El inspector de trabajo emite Informe “INF.NMV N° 0871/2021” de 2 de agosto, que en la parte conclusiva recomienda: “…se sugiere a su autoridad se conmine al señor FRANZ NAVIA MIRANDA en su condición de RECTOR DE LA UNIVERSIDAD AMAZÓNICA DE PANDO; la REINCORPORACIÓN POR DESPIDO INJUSTIFICADO del trabajador DIEGO ALFONSO ALVAREZ AGUILERA con C.I. N° 5883870 SC. Hasta tanto y cuando se cumpla con la NATURALEZA Y DURACIÖN del contrato N° 063/2021 en la que textualmente en la cláusula Octava señala (RESCISIÓN LABORAL)…. Pero el Jefe Departamental de Trabajo de Pando en la CONMINATORIA MTEPS-JDTP N° 54/21 de fecha 05 de agosto DECLINA COMPETENCIA y declara controversial la demanda de reincorporación, apartándose del Informe de su dependiente e incumpliendo de manera abierta el Principio Protector…” (sic). Carmen Sabene Siviora trabajó en la modalidad de consultoría individual en línea, en la Universidad Amazónica de Pando, desde el 2010 hasta el 9 de julio de 2021, y desde el 2019 bajo la modalidad eventual, refiriendo: 1) Junto al coaccionante realizaron el reclamo ante las autoridades de la Universidad Amazónica de Pando por vulneraciones del derecho al trabajo e inamovilidad laboral, poniendo a conocimiento el estado de gestación de la impetrante de tutela y para su efecto adjuntó documentación pertinente; 2) En ese entendido, presentó varias notas a las autoridades de la Universidad Amazónica de Pando, sin llegar a contar con una respuesta, quedando demostrado que no aplica el principio de informalismo; 3) Por ese motivo denunció el despido injustificado y el estado de gestación a la Jefatura Departamental de Trabajo de Pando, adjuntando documentación pertinente de lo vertido; 4) El inspector de trabajo emitió Informe “INF.NMV N° 082/2021” de 2 de agosto, que en la parte conclusiva recomienda “…se conmine al señor FRANZ NAVIA MIRANDA en su condición de RECTOR DE LA UNIVERSIDAD AMAZÓNICA DE PANDO; la REINCORPORACIÓN POR INAMOVILIDAD LABORAL de la trabajadora CARMEN SABENE SIVIORA con C.I. N° 1769685 Pdo.” (sic.). Como consecuencia del precitado informe el Jefe Departamental de Trabajo de Pando, emitió: “…la CONMINATORIA MTEPS-JDTP 55/21 de fecha 05 de agosto, que en su parte conclusiva expresa mi REINCORPORACIÓN INMEDIATA POR INAMOVILIDAD LABORAL. El cual tampoco surte efecto jurídico que corresponde motivo por el cual nos encontramos en esta instancia legal, con la finalidad de que se respete nuestros contratos que tienen una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021…” (sic). Finalmente, ambos refirieron que la autonomía universitaria reconocida por el art. 92 de la Constitución Política del Estado (CPE) faculta a las universidades para su autogobierno y administración de sus normas propias normas dentro el marco del sistema universitario y el restado, “pero la misma no es óbice para que vulnere derechos fundamentales“, consecuentemente, la parte demandada no se pronunció ni respondió a las solicitudes presentadas, ni mucho menos las conminatorias emitidas por la Jefatura Departamental de Trabajo de Pando.
Los impetrantes de tutela denunciaron la lesión de sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral, la seguridad social; y, inamovilidad laboral; señalando al efecto los arts. 24, 46.I y III, 48.I, II, IV y VI, 49.III, de la CPE.
Los accionantes solicitaron se conceda la tutela impetrada, disponiendo la inmediata reincorporación a su fuente laboral más el pago de sueldos devengados, la inamovilidad laboral, el reconocimiento y cumplimiento de todos los derechos sociales que le corresponde.
La audiencia (virtual), se realizó el 19 de agosto de 2021, según consta en acta cursante de fs. 127 a 128 vta., produciéndose los siguientes actuados:
Los impetrantes de tutela a través de su abogado ratificaron de forma íntegra su memorial de acción de amparo constitucional, y ampliándola manifestaron que tienen contratos suscritos y el demandado por Resolución del Honorable Consejo Universitario no puede anular contratos laborales de empleados administrativos, siendo que éstos están regulados por la Ley General del Trabajo -Ley de 8 de diciembre de 1942-, son del área de auditoria interna correspondiendo a funciones propias de la universidad y que existe un procedimiento que regula rebajas de sueldos y salarios como la contratación de personal nuevo, el retiro injustificado de su fuente de trabajo y la denuncia ante la Jefatura Departamental de Trabajo de Pando que resultado de ello los funcionarios de la precitada jefatura presentaron Informe INF-NMV 081/2021 de 2 de agosto con recomendación de reincorporación; sin embargo, el Jefe Departamental de Trabajo de Pando declinó competencia “sin fundamentar ni motivar”, siendo que el contrato laboral establece hasta el 31 de diciembre del 2021. Con referencia a la subsidiariedad, señaló tratándose de derechos laborales se hace una excepción por encontrase relacionado con los derechos a la alimentación, salud, vivienda solicitando el cumplimento de los contratos suscritos con la reincorporación en veinticuatro horas a sus fuentes laborales en especial de Diego Alfonso Álvarez Aguilera.
Franz Navia Miranda a través de Mirtha Janett Serrano Ramos abogada de la Universidad Amazónica de Pando, en audiencia, manifestó: i) Diego Alfonso Álvarez Aguilera el 21 de julio de 2021 sentó denuncia y a su vez solicitó la reincorporación laboral a la Jefatura Departamental de Trabajo del citado departamento, esta última emitió la Conminatoria MTPES-JDTP 54/21 de 5 de agosto de 2021, que en su parte conclusiva determina que por la existencia de hechos controvertidos en los contratos laborales será la judicatura laboral quien resuelva este hecho; ii) Con relación a los contratos laborales refirió que no son acordes a la nueva escala salarial, motivo por el que solicitó a los accionantes a firmar nuevos contratos, que no lo hicieron…”En ese sentido estamos frente hechos controversiales de acuerdo a las SCP 145/2012, 675/2011-R, 0278/2006-R que refieren que la vía del amparo constitucional se activa cuando los derechos están consolidados, no siendo esta vía la adecuada para dirimir hechos controvertidos ya que se tiene la jurisdicción ordinaria o administrativa para definir hechos controvertidos…”(sic), en ese entendido corresponde declarar su improcedencia y denegar la tutela en base del “art. 54” de Código Procesal Constitucional (CPCo). Con relación a Carmen Sabene Siviora que hizo saber su estado de gestación y acreditando documentación respectiva al momento de acudir a la Jefatura Departamental de Trabajo del indicado departamento donde dispone la reincorporación, motivo por el que modificaron el contrato hasta el 31 de diciembre 2021 y con la nueva escala salarial, para su efecto no lograron comunicarse con la impetrante de tutela para su firma correspondiente, quedando este actuado pendiente.
La Sala Constitucional del departamento de Pando, por Resolución 066/2021 de 19 de agosto, cursante de fs. 129 a 132 vta., concedió la tutela solicitada, de forma provisional, respecto a Carmen Sabene Siviora disponiendo que el Rector de la Universidad Amazónica del mencionado departamento proceda al cumplimiento de la Conminatoria MTPES/JDTP 55/21 de 5 de agosto de 2021, bajo los siguientes fundamentos: a) De la documentación presentada se advierte el análisis de laboratorio, receta médica emitida por la Caja de Salud “CORDES” que demuestra el estado de embarazo de la peticionante de tutela, asimismo por los contratos laborales que hacen la relación contractual con la Universidad Amazónica del referido departamento y la conminatoria emitida por la Jefatura Departamental de Trabajo del indicado departamento que dispuso su reincorporación en el plazo de tres días hábiles a lugar de trabajo con el mismo sueldo al momento de su desvinculación laboral con la mencionada Universidad; b) Ante un despido injustificado la solicitante de tutela acudió a la Jefatura Departamental de Trabajo de Pando; por lo que, el Jefe Departamental de Trabajo de esta entidad emitió Conminatoria MTPES/JDTP 55/21 de 5 de agosto de 2021; ordenando al Rector de la Universidad Amazónica del citado departamento proceda con la reincorporación de la solicitante de tutela; empero, el demandado refiere la existencia de un contrato que no fue refrendado por la accionante, señalando la predisposición para su reincorporación; c) Finalmente, se entiende que al otorgar la tutela impetrada se considera que es de manera provisional, siendo que la autoridad demandada tiene la oportunidad de impugnar la conminatoria emitida por la Jefatura departamental de Trabajo del citado departamento sea en la vía laboral o administrativa.
Por decreto Constitucional de 11 de julio de 2022, cursante a fs. 137, se dispuso la suspensión del plazo procesal a objeto de recabar documentación complementaria, reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el Decreto Constitucional de 5 de septiembre de 2023, cursante a fs. 141; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del plazo establecido.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente:
Resolución 159/2021, suscrita entre: Diego Alfonso Álvarez Aguilera y Carmen Sabene Siviora -ahora accionantes- y Franz Navia Miranda Rector a.i. de la Universidad Amazónica de Pando, ambos con haber mensual de Bs7 655.46.- (siete mil seiscientos cincuenta y cinco 46/100 bolivianos) en cumplimiento al Decreto Supremo (DS) 20511 de 21 de septiembre de 1984. (fs. 17 a 19; fs. 30 a 32; y, fs.74 a 76). II.2. Por nota con Cite. REC: DAF:RH: OF: 002/2021 de 7 de junio, Ericka Llanos Rizzo, Jefa de Recursos Humanos a.i. de la Universidad Amazónica de Pando puso a conocimiento que por medio de la Resolución 159/2021 de 2 de junio, el Honorable Consejo Universitario deja sin efecto el contrato laboral de la institución con Diego Alfonso Álvarez Aguilera, y al no contar con documentos respaldatorios pidieron apersonarse a la dirección de Asesoría Legal a firmar un nuevo contrato con la finalidad de respaldar pagos realizados en concordancia con la nueva escala salarial (fs. 44). II.3. A través de memorial presentado el 9 de junio de 2021, dirigido a Ericka Llanos Rizzo Jefa de Recursos Humanos a.i. de la Universidad Amazónica de Pando, los ahora impetrantes de tutela hicieron conocer:
“que dentro el Sistema Universitario Boliviano la relación del personal administrativo, se encuentra normado por la Ley General del Trabajo; es decir, que la relación laboral se puede acreditar mediante “…un contrato expreso o contrato tácito” y a la luz de la Constitución Política del Estado, en aplicación a los principios constitucionales y laborales establecidos en el art. 48.II de la CPE…” (sic).
Asimismo aclararon que:
“…la Resolución del Honorable Consejo universitario dispone dejar sin efecto el contrato suscrito entre el personal administrativo y el Señor Rector, pero, en la misma NO indica que se modifique contratos; es decir, dicha resolución no expresa que la Unidad de Recursos Humanos u otra unidad organizacional deba modificar las cláusulas del contrato y que el personal se apersone a la Dirección de Asesoría legal para firmar un nuevo contrato…” (sic).
Pidiendo el cumplimiento a las normas y principios laborales de las y los trabajadores de la Universidad Amazónica de Pando, solicitando el cumplimiento en la vía administrativa la regulación de la escala salarial; toda vez que, la norma suprema expresa que los derechos establecidos en la Constitución Política del Estado no pueden ser objeto de violación (fs. 45 a 46). II.4. Por nota de 17 de junio de 2021, dirigido a Franz Navia Miranda Rector de la Universidad Amazónica de Pando, Carmen Sabene Siviora y Diego Alfonso Álvarez Aguilera solicitaron respuesta de forma escrita al memorial de solicitud de 9 del mismo mes y año (fs. 52). II.5. Cursa nota con Cite. REC: DAF: RRHH: CONEV: 0010/2021 de 2 de julio, emitido por Ericka Llanos Rizzo, Jefa de Recursos Humanos a.i., y Pablo Tirina Berrocal, Director Administrativo Financiero a.i. ambos de la Universidad Amazónica de Pando dirigida a Diego Alfonso Álvarez Aguilera, con referencia de recordatorio de conclusión de contrato 2021, con la baja del registro biométrico solicitándole la entrega de la documentación requerida y los activos fijos a su cargo (fs. 47). II.6. Consta nota de 12 de julio de 2021, presentada por Carmen Sabene Siviora -ahora accionante- a Franz Navia Miranda, Rector de la Universidad Amazónica de Pando, poniendo en conocimiento su estado de gestación, solicitando el cumplimiento del art. 48.VI de la CPE, adjuntando documentación de respaldo (fs. 40). II.7. Por nota de 14 de julio de 2021, Diego Alfonso Álvarez Aguilera, solicitó a Franz Navia Miranda, Rector de la Universidad Amazónica de Pando su reincorporación laboral como funcionario administrativo de la Universidad donde mencionó que:
“…mi contrato concluye el día viernes 09 de julio de 2021 con su correspondiente baja en el biométrico. Siendo que dicha nota no corresponde porque hace referencia a otros contratos que concluyen en julio de 2021, el cual no he firmado ya que cuento con un contrato firmado por las Autoridades desde el mes de enero hasta el 31 de diciembre de 2021…” (sic).
Solicitando la reincorporación con habilitación del biométrico y se respete el contrato (fs. 48). II.8. Cursa, nota de 14 de julio de 2021 de Carmen Sabene Siviora a Franz Navia Miranda Rector de la Universidad Amazónica de Pando solicitando la reincorporación laboral y habilitación en el Registro biométrico y se respete el contrato firmado (fs. 39). II.9. Por nota presentada el 16 de julio de 2021 a Luis Alejandro Garvizu Echave, Jefe Departamental de Trabajo de Pando, Diego Alfonso Álvarez Aguilera “denuncia por reincorporación y estabilidad laboral” (fs. 49 a 51). II.10. Cursa INFORME INF-NMV 081/2021 de 2 de agosto, de Noelia Alfonsina Montero Vaca Inspectora de Trabajo a Luis Alejandro Garvizu Echave Jefe Departamental de Trabajo de Pando, sobre la denuncia interpuesta de reincorporación por estabilidad laboral, que en su parte conclusiva sugiere se conmine a Franz Navia Miranda Rector de la Universidad Amazónica del Pando la REINCORPORACIÓN POR DESPIDO INJUSTIFICADO del trabajador Diego Alfonso Álvarez Aguilera (fs. 4 a 7). II.11. Consta INFORME INF-NMV 082/2021 de 2 de agosto, de Noelia Alfonsina Montero Vaca Inspectora de Trabajo a Luis Alejandro Garvizu Echave Jefe Departamental de Trabajo de Pando, sobre la denuncia interpuesta de reincorporación por inamovilidad laboral, que en su parte conclusiva sugiere se conmine a Franz Navia Miranda Rector de la Universidad Amazónica de Pando la REINCORPORACIÓN POR INAMOVILIDAD LABORAL por despido injustificado de la trabajadora CARMEN SABENE SAVIORA (fs. 24 a 26 vta.). II.12. A través de CONMINATORIA MTPES–JDTP 54/21 de 5 de agosto de 2021, que en su parte conclusiva determinó:
“…Principio Protector, en el que el Estado tiene la obligación de proteger al trabajador asalariado, entendido en base a las siguientes reglas: in dubio pro operario, de la condición más beneficiosa; por estabilidad laboral, de la revisión y análisis de los antecedentes y la documentación presentada se puede establecer que existe controversia con relación a los contratos de trabajado presentados por el trabajador y la entidad demandada y su vigencia y su legalidad de ambos contratos siendo la judicatura laboral la instancia competente para dirimir dicha controversia, por lo cual el suscrito Jefe Departamental de Trabajo de Pando, RESUELVE DECLARAR CONTROVERSIAL LA DENUNCIA DE REINCORPORACIÓN INTERPUESTA POR EL SR. DIEGO ALFONZO ÁLVAREZ AGUILERA CON C.I. 5883870 S.C., salvando los derechos del denunciante para que pueda acudir a la vía judicial…” (sic [fs. 12 a 16]).
II.13. A través de CONMINATORIA MTPES-JDTP 55/21 de 5 de agosto de 2021, que en su parte conclusiva determinó:
“…Principio Protector, en el que el Estado tiene la obligación de proteger al trabajador asalariado, entendido en base a las siguientes reglas: -in dubio pro operario, de la condición más beneficiosa; D.L. 16187 y la R.M. 868/10, D.S. 0012 por INAMOVILIDAD LABORAL y habiéndose emitido el INF-NMV N° 082/21 y adjuntando antecedentes, por imperio de la ley CONMINO AL SR. FRANZ NAVIA MIRANDA-RECTOR DE LA UNIVERSIDAD AMAZONICA DE PANDO A EFECTUAR LA REINCORPORACIÓN INMEDIATA POR INAMOVILIDAD LABORAL DE LA TRABAJADORA CARMEN SABENE SIVIORA 1769685 PDO. EN EL PLAZO MÁXIMO DE TRES DÍAS HÁBILES, en el mismo puesto y rango de la escala salarial que percibía desde el momento de la desvinculación laboral, así como los demás derechos laborales que le fueron restringidos al trabajador a la fecha de reincorporación…” (sic [fs. 28 a 29 vta.]).
Los accionantes denuncian la lesión de sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral, la seguridad social y la inamovilidad laboral; toda vez que, fueron despedidos de manera injustificada por el Rector de la Universidad Amazónica de Pando; ante lo cual, acudieron a la Jefatura Departamental de Trabajo del citado departamento, entidad que emitió las conminatorias de reincorporación respectivas; por lo que: 1) En el caso de: a) Diego Alfonso Álvarez Aguilera, denuncia que el Jefe Departamental de Trabajo del indicado departamento, emitió Conminatoria MTEPS-JDTP 54/21 de 5 de agosto de 2021, declinando competencia y declarando controversial la denuncia de reincorporación, apartándose del informe de su dependiente INF-NMV 081/2021 e incumpliendo el principio protector al trabajador, tampoco realizó un análisis sobre los contratos suscritos con la referida Universidad, menos del incumplimiento de la normativa laboral en la que viene incurriendo la misma; b) Carmen Sabene Siviora alega que, habiéndose emitido la CONMINATORIA MTPES - JDTP 55/21 de 5 de agosto de 2021, mediante la cual la Jefatura Departamental de Trabajo del mencionado departamento, conminó a la referida Universidad a su reincorporación inmediata por inamovilidad laboral, al mismo puesto y rango de escala salarial que percibía desde el momento de su desvinculación así como los demás derechos que le fueron restringidos, la misma que no fue cumplida por la universidad empleadora, sin respetar además, su contrato que tiene vigencia hasta el 31 de diciembre del referido año; y, 2) Ambos impetrantes de tutela denuncian, que habiendo impugnado la determinación que se les puso en conocimiento a través de nota de 8 de junio del mencionado año, respecto a que por Resolución del Honorable Consejo Universitario 159/2021 de 2 de junio, se dejó sin efecto el contrato suscrito para esa gestión, así como otros escritos reiterando los extremos de la impugnación, hasta el momento no obtuvieron respuesta alguna a los mismos. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela; para ello, se desarrollarán los siguientes temas: i) Sobre la unificación jurisprudencial respecto a las conminatorias de reincorporación laboral: Estándar jurisprudencial más alto, en relación al cumplimiento de las conminatorias de reincorporación laboral, su cumplimiento integral, y el acceso directo a la justicia constitucional; ii) La acción de amparo constitucional no se constituye en la vía para dilucidar hechos controvertidos ni conocer derechos; iii) La subsidiariedad de la acción de amparo constitucional; iv) La garantía de la inamovilidad laboral de mujeres embarazadas y progenitores hasta el cumplimiento de un año de edad de la hija o hijo; y, v) Análisis del caso concreto.
laboral, su cumplimiento integral, y el acceso directo a la justicia constitucional
Al respecto, inicialmente se debe precisar que con relación a esta temática la suscrita Magistrada relatora asumió los entendimientos más progresivos para el acceso a la justicia constitucional en cuanto a la protección laboral ante despidos injustificados e incumplimiento integral de las conminatorias de reincorporación, en mérito a las atribuciones que tiene este Tribunal, las cuales están enmarcadas estrictamente a verificar el respeto de los derechos fundamentales o garantías constitucionales, con la finalidad de otorgar una pronta e idónea protección del derecho al trabajo; en ese entendido, a partir de la emisión de la Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021 de 16 de junio, que efectuó el análisis de los precedentes jurisprudenciales asumidos en este Tribunal con relación a la temática mencionada, concluyó en identificar el estándar más alto respecto a la tutela de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, siendo el mismo coincidente con la línea asumida con anterioridad por la suscrita Magistrada relatora.
Ahora bien, teniendo clara la vinculatoriedad de la Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021, conforme al art. 203 de la CPE, se tiene que la misma recogió los fallos del Tribunal Constitucional Plurinacional, emitidos por cada una de sus Salas respecto al tema laboral de cumplimiento de las Conminatorias de Reincorporación, identificando los precedentes jurisprudenciales contradictorios ante supuestos análogos facticos, a fin de unificar los criterios al respecto, mismos que en su diversidad generan inseguridad jurídica en la administración de justicia constitucional y ordinaria, cuyos jueces y tribunales tienen a su cargo la resolución de una situación jurídica.
Es así que este Tribunal en cumplimiento del art. 28.I.15 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, que le reconoce la competencia de unificar sus líneas jurisprudenciales ya sea por avocación o mediante resolución de doctrina constitucional como herramienta hermenéutica realizó la sistematización de las líneas jurisprudenciales o precedentes contradictorios, para determinar la aplicación y vigencia de un determinado entendimiento o precedente jurisprudencial en vigor, de carácter vinculante y aplicado de manera prospectiva, a fin de evitar la afectación del derecho de los justiciables a ser tratados con igualdad y por supuesto la seguridad jurídica.
El precedente constitucional pronunciado como doctrina constitucional que es objeto de revisión, tiene un alto grado de vinculatoriedad, en su dimensión vertical y horizontal; lo cual conlleva que en mérito a este último debe ser respetado y aplicado por el mismo Tribunal, pudiendo apartarse solo de manera fundamentada y motivada, mediante una carga argumentativa reforzada para justificar su modulación, cambio o reconducción de la línea jurisprudencial, que desde ese momento tendrá un carácter vinculante, y por otra, vertical; puesto que, debe ser respetado y aplicado por los demás Órganos del Estado, jueces y tribunales que se encuentran constreñidos a respetar y aplicar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, por mandato del art. 203 de la CPE.
En ese marco, la referida Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021 de 16 de junio, desarrolló las siguientes reflexiones constitucionales:
Al respecto la mencionada Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021, tomó como fundamento inicial, la Observación General 18 aprobada el 24 de enero de 2005, del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, referida al derecho al trabajo, en la que se enfatiza entre otras, la obligación de los Estados Partes de velar por la realización progresiva del ejercicio del derecho al trabajo, adoptando de manera rápida medidas para lograr el empleo pleno por una parte y por otra, en principio no deben adoptarse medidas regresivas y si deben adoptarse, corresponde a los Estados Partes en cuestión, demostrar que lo hicieron tras considerar todas las alternativas y justificarlas plenamente. El incumplimiento de esa obligación se produce cuando los Estados Partes se abstienen de adoptar todas las medidas adecuadas para proteger a la personas contra vulneraciones del derecho al trabajo en su jurisdicción; no reglamentar actividades de particulares, grupos o sociedades para impedirles que vulneren el derecho al trabajo; o no protegen a los trabajadores frente al despido improcedente.
Así entonces la Resolución de la Doctrina ahora comentada, citando normas constitucionales (arts. 46, 48 de la CPE), disposiciones reglamentarias (DS 29894 de 7 de febrero de 2009, DS 28699 de 1 de mayo de 2006, DS 0495 de 1 de mayo de 2010 y la Resolución Ministerial (RM) 868/10 de 26 de octubre de 2010, que reglamenta el procedimiento para la reincorporación laboral caracterizado por su carácter sumario y expedito), concluyó que la Norma Fundamental por una parte:
“va más allá de los parámetros de protección establecidos por los organismos internacionales de tutela de derechos de los trabajadores, pues no solamente individualiza al despido injustificado como una conducta de desvalor de la relación jurídico-laboral, sino que además, lo prohíbe estableciendo la estabilidad laboral como regla, derecho y principio de interpretación”. Y por otra, el espíritu del art. 10 del DS 28699, da la opción al trabajador de aceptar la ruptura de la relación laboral y cobrar sus beneficios sociales o impugnar la decisión del empleador denunciando el retiro intempestivo, con el fin de alcanzar seguridad jurídica en caso de que el trabajador acepte la primera opción y concluya la relación laboral, y a ese efecto también señaló que:
“…deben concurrir los siguientes elementos: a) La voluntad inequívoca y documentada del trabajador, declarando conocer los efectos jurídicos de la rescisión del contrato de trabajo; y, b) La constancia escrita del pago de los beneficios y derechos sociales del trabajador, así como las obligaciones sociales del empleador, debiendo necesariamente incluir: b.1) La totalidad de salarios devengados hasta la fecha del retiro; b.2) El desahucio, indemnización por antigüedad, vacaciones, aguinaldos y otros derechos pagaderos a la conclusión de la relación laboral; b.3) Los aportes a la caja de salud; y, b.4) Los aportes a la Administradora de Fondo de Pensiones (AFP)”.
Sobre la base de lo anterior, la misma Resolución Doctrinal refirió que, antes de las modificaciones del DS 0495 a las disposiciones reglamentarias del DS 28699, si el trabajador optaba por la reincorporación laboral -impugnando la decisión del empleador por retiro intempestivo-, constatada la negativa del empleador al cumplimiento de la conminatoria de reincorporación, únicamente podía acudir a la judicatura laboral para demandarla y la jurisdicción constitucional no tenía la obligación de ingresar directamente en el análisis de las problemáticas vinculadas a la inobservancia de las conminatorias de reincorporación laboral, posición que también fue asumida por el Tribunal Constitucional, al rechazar in limine la acción tutelar interpuesta, según AC 0287/2010-RCA de 21 de septiembre. Entonces, desde dichas modificaciones, el procedimiento cambio e introdujo cambios substanciales para la jurisdicción constitucional en cuanto a las denuncias de incumplimiento de conminatorias de reincorporación, al otorgar al trabajador la facultad para interponer las acciones constitucionales que correspondan para la protección del derecho constitucional de estabilidad laboral, tomando en cuenta la inmediatez, en ese entendido, también precisó que:
“…en los que una trabajadora o trabajador demande la reincorporación a su fuente de trabajo ante un despido sin causa legal justificada, por la inmediatez que merece la tutela que pretende, sólo exige acudir a las Jefaturas Departamentales de Trabajo. En ese caso, ante la existencia de una conminatoria de reincorporación laboral, aun existiendo la posibilidad de impugnarla por la vía administrativa o judicial, el nuevo paradigma de protección de los derechos de los trabajadores, no exige agotar las mismas para demandar su cumplimiento en la jurisdicción constitucional, siendo clara tanto la normativa laboral y desde entonces la jurisprudencia constitucional emitida sobre el particular, en sentido que, ante su inobservancia, se hace viable la tutela constitucional a través de la acción de amparo constitucional; siendo la instancia administrativo laboral la que, a través de los procedimientos establecidos para el efecto, determine en definitiva si el despido fue o no justificado, correspondiendo a la jurisdicción constitucional únicamente viabilizar la tutela ante la decisión unilateral del empleador que opta por un despido intempestivo”.
De igual forma la referida Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021, señaló que Tribunal, en ejercicio la facultad de unificar la línea jurisprudencial prevista por el art. 28.I.15 de la Ley 027, respecto al incumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral denunciada mediante acciones de amparo constitucional, efectúo: 1) El análisis diacrónico de las líneas jurisprudenciales sobre el incumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral denunciado a través de las acciones de amparo constitucional; y, 2) El análisis sobre la aplicación de estas líneas en la resolución de causas por parte de las actuales Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional.
En ese marco, ingresó a verificar las líneas jurisprudenciales de esta instancia constitucional, abordando como un primer acápite las “Líneas jurisprudenciales constitucionales en torno al incumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral” entre las cuales fue citando las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0138/2012 de 4 de mayo, y 0177/2012 de 14 de mayo, las cuales establecen que es posible presentar directamente la acción de amparo constitucional ante el incumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral, así como la concesión de su tutela inmediata, teniendo el empleador la vía judicial y administrativa expeditas en caso de no estar de acuerdo con la conminatoria. Aludió también que dicho razonamiento fue modulado en la SCP 2355/2012 de 22 de noviembre, que señaló que para que la jurisdicción constitucional ordene el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral emitida por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, esta debe encontrarse debidamente fundamentada y motivada. Más adelante, de igual forma identificó la SCP 0900/2013 de 20 de junio, que representa un cambio de línea al respecto estableciendo que el Tribunal Constitucional Plurinacional no puede simplemente ordenar el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral, sino que debe hacer una valoración integral de los hechos, datos del proceso, de las circunstancias y de los supuestos derechos vulnerados. No obstante, la SCP 1712/2013 de 10 de octubre, 1 La SCP 0138/2012 de 4 de mayo, resolvió una causa en la que, el accionante denunció la vulneración de sus derechos laborales ante el despido intempestivo e injustificado de su fuente laboral; y, pese a que la Dirección Departamental de Trabajo del Beni conminó a la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de la Universidad Autónoma del Beni para que restituya al trabajador, se mantuvo vigente dicho despido, concediendo la tutela el Tribunal Constitucional Plurinacional con el argumento que: "...si en materia laboral, es permitido a la trabajadora o al trabajador solicitar su reincorporación por la vía administrativa ante el Ministerio del ramo, y existiendo una resolución que ordena la reincorporación a la fuente laboral, debe estimarse la misma como el fin de la vía administrativa, y ante una negativa por parte del empleador, se abre la posibilidad de que el trabajador acuda a la vía ordinaria, o conforme jurisprudencia, acuda en acción de amparo constitucional para que se le restituyan sus derechos, sin tener que agotar la vía judicial con carácter previo, más aún cuando existen normas que así le faculta al trabajador, en este caso, los DDSS 28699 y 0495”.
En este sentido, la SCP 0177/2012 de 14 de mayo, resolviendo un caso en el que la accionante denunció que el Rector de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) de manera injustificada dejó sin efecto la Resolución que la designó como Docente Investigadora; por lo que, acudió ante el Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social, entidad que dentro de las atribuciones conferidas por la Constitución Política del Estado y los Decretos Supremos (DDSS) 28699 y 0495 emitió la conminatoria de reincorporación a su fuente de trabajo, más el pago de salarios devengados y demás derechos sociales y laborales, la cual, no obstante de ser notificada no fue cumplida. Destacándose el argumento que refiere que: “…si bien la acción de amparo constitucional tiene carácter subsidiario; empero, en el caso específico en que se advierte un retiro intempestivo sin causa legal justificada de una trabajadora o trabajador de su fuente de trabajo, se prescinde de este principio debido al imperativo categórico de la Ley Fundamental, que impone la protección del derecho del trabajo; así como su estabilidad, porque en estos casos no solo se afecta a la persona individual sino a todo el grupo familiar que depende de una trabajadora o trabajador, puesto que el trabajo está vinculado a la subsistencia y a la vida misma de una persona; de ahí que se enfatiza la connotación social que tiene el elemental derecho al trabajo”. 2 La SCP 2355/2012 de 22 de noviembre, moduló la SCP 0177/2012, indicando que, para el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación a través de la acción de amparo constitucional, se exige como presupuesto adicional que aquella se encuentre debidamente fundamentada, refiriendo que: "...ante una destitución intempestiva e injustificada de una trabajadora o un trabajador, las Jefaturas Departamentales de Trabajo, luego de imprimir el trámite del DS 0495, deben emitir la correspondiente conminatoria de reincorporación pudiendo la parte procesal plantear amparo constitucional para su cumplimiento, pese a ello, debe entenderse que la justicia constitucional no puede hacer cumplir una conminatoria cuando la misma carece de fundamentación alguna…” 3 La SCP 0900/2013 de 20 de junio, concluyó que: "...el Tribunal Constitucional Plurinacional, no es una instancia más dentro del proceso administrativo laboral iniciado ante las Jefaturas Departamentales de Trabajo, si bien, dichas instituciones pretenden precautelar los derechos de los trabajadores a la estabilidad laboral, empero, al emitirse una resolución que conmine la reincorporación, ello no debe significar que de manera inmediata, la jurisdicción constitucional, haga cumplir la misma tal cual se refirió, como si fuera una instancia más, que ordene la automática reincorporación del trabajador a su fuente laboral, en su caso, el Tribunal Constitucional Plurinacional, en la revisión de los procesos puestos en su conocimiento, debe hacer una valoración integral de todos los datos del proceso, los hechos y los supuestos derechos vulnerados, y después de ello, haciendo prevalecer la 'verdad material’ sobre la verdad formal, emitirá un criterio, mediante una decisión justa y armónica con los principios, valores, derechos y garantías, contenidos en el texto Constitucional y en la ley, normas en la cual, el Tribunal debe circunscribir sus decisiones. Aspecto concordante con el art. 2.1 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP) (Ley moduló el razonamiento de la SCP 0900/2013, reconduciendo la línea a lo previsto en la SCP 2355/2012, determinando que, la conminatoria de reincorporación laboral es de cumplimiento inmediato; por lo que, su inobservancia habilita la actuación inmediata de la jurisdicción constitucional, a menos que en su tramitación se evidencien violaciones del derecho al debido proceso.
Por otro lado, citó la SCP 0709/2017-S2 de 31 de julio, que establece que ante la denuncia de incumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral, el Tribunal Constitucional Plurinacional debe verificar únicamente su emisión e incumplimiento, sin ingresar en cuestiones de fondo, ni verificar posibles lesiones al debido proceso en relación con el empleador; siendo que, la tutela brindada en esta jurisdicción es provisional. Después, hizo referencia a la SCP 0015/2018-S4 de 23 de febrero, la cual, identificando el estándar jurisprudencial más alto de protección del derecho fundamental al trabajo en materia de cumplimiento de conminatoria de reincorporación laboral ante despido injustificado, vinculándolo a los principios de estabilidad laboral y continuidad de la relación laboral, y el vivir bien, realizó una reconducción a la SCP 0177/2012, indicando que, se debe dar cumplimiento a la conminatoria de reincorporación laboral en todos sus términos, teniendo este Tribunal atribuciones limitadas para vigente en su primera parte), que señala: 'La justicia constitucional será ejercida por el Tribunal Constitucional Plurinacional y tiene la finalidad de velar por la supremacía de la Constitución Política del Estado, ejercer el control de constitucionalidad y precautelar el respeto y vigencia de los derechos y garantías constitucionales". 4 la SCP 1712/2013 de 10 de octubre, moduló el razonamiento de la SCP 0900/2013, reconduciendo la línea a lo previsto en la SCP 2355/2012, en ese sentido, estableció que: "...mal podría pretenderse que esta jurisdicción llegue al convencimiento de que el despido fue o no justificado, pues el acervo probatorio con el que cuenta no le permitiría llegar a verdades históricas materiales, así como tampoco corresponde reemplazar a toda la judicatura laboral con la jurisdicción constitucional; justamente de este escenario proviene el hecho de que la conminatoria es de cumplimiento inmediato, y que su incumplimiento vulnera el núcleo esencial del derecho al trabajo, desarrollado en el Fundamento Jurídico III. 1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, situación que habilita a la actuación inmediata de esta jurisdicción constitucional a menos que se evidencie en la tramitación del proceso administrativo violaciones del debido proceso que impidan que esta jurisdicción constitucional haga ejecutar una conminatoria que emerge de vulneración de derechos fundamentales, lo que implica una modulación de la SCP 0900/2013 de 20 de junio”. 5 En la SCP 0709/20017-S2 de 31 de julio, en la que los accionantes denunciaron la vulneración de su derecho al fuero sindical -entre otros-; y, a pesar de la existencia de conminatoria de reincorporación laboral, esta no fue cumplida por el empleador, este Tribunal refirió que: "...la normativa laboral de nuestro Estado, busca que la jurisdicción constitucional resguarde los derechos del trabajador disponiendo que la conminatoria de reincorporación sea cumplida en forma inmediata y obligatoria, puesto que el solo incumplimiento vulnera el derecho a la estabilidad laboral del trabajador, tal como la uniforme jurisprudencia constitucional lo precisó, razón por la que corresponderá al Tribunal Constitucional Plurinacional, cuando esté ante una denuncia de incumplimiento de conminatoria, verificar únicamente si en este tipo de casos se emitió una conminatoria a favor de trabajadores amparados por la Ley General del Trabajo y si ¡a misma fue cumplida o incumplida, para otorgar la tutela solicitada, sin ingresar a resolver cuestiones de fondo, ni verificar posibles lesiones al debido proceso del empleador (al no ser accionante) y de forma provisional, lo que quiere decir que el fallo a emitirse en esta jurisdicción no llega a ser definitivo, en virtud a que la validez de la conminatoria puede ser impugnada en la vía administrativa y/o judicial. El presente razonamiento constituye un cambio de línea jurisprudencial en resguardo y protección máxima de los derechos del trabajador (como principal fuerza de desarrollo del país y como sustento de su familia), en razón a que el Tribunal Constitucional Plurinacional, no se constituye en una instancia de impugnación de los procesos laborales".
verificar el respeto de los derechos fundamentales o garantías constitucionales.
Así también, refirió que la SCP 0133/2018-S2 de 16 de abril, realizó una sistematización de los precedentes jurisprudenciales emitidos concluyendo que para ordenar el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral, la jurisdicción constitucional debe verificar en cada caso su pertinencia, limitando su análisis a constatar que aquella haya sido emitida a favor del trabajador o la trabajadora y que se encuentra dentro del rango de protección de la Ley General del Trabajo y su normativa complementaria. Luego, señaló la SCP 0359/2018-S1 de 26 de julio, de forma implícita recondujo el entendimiento de la SCP 0900/2013, señalando que en los casos en que se denuncie incumplimiento de una conminatoria de reincorporación laboral, deben analizarse los aspectos inherentes al caso, que permitan concluir en una decisión razonable, sin que ello implique ingresar al fondo de la problemática.
6 La SCP 0015/2018-S4 de 23 de estableció que: "...no es posible suponer que en la tarea de verificar una denuncia de incumplimiento de la conminatoria, lesivo del derecho al trabajo, se conciba al Tribunal Constitucional Plurinacional como una instancia de ejecución de decisiones administrativas o como un órgano de policía, encargado de hacer cumplir las mismas, sino como un garante del ejercicio del derecho fundamental en cuestión, asumiéndose que en el marco del principio protector del trabajador, la instancia laboral administrativa, actuó conforme al marco constitucional y legal previsto para viabilizar el retiro o despido de un trabajador, encontrándose imposibilitada esta jurisdicción de ingresar a analizar si la conminatoria efectuó una indebida o ilegal fundamentación a tiempo de determinar la reincorporación, o si los datos, hechos y circunstancias que le dieron lugar, ameritaban tal determinación, debido a que eso corresponde a la jurisdicción ordinaria que contiene una etapa amplia de producción de prueba y potestad de valorar la misma, posibilidad que está al alcance del empleador, en caso de disentir con la decisión de la instancia de administración laboral, lo que de ningún modo le posibilita incumplir la determinación de reincorporación; en contrario, este Tribunal tiene atribuciones limitadas estrictamente a verificar el respeto de los derechos fundamentales o garantías constitucionales; en consecuencia, corresponde reconducir el razonamiento jurisprudencial desarrollado sobre esta problemática, volviendo a sumir el previsto en la SCP 0177/2012 de 14 de mayo, con la finalidad de otorgar una pronta e idónea protección del derecho al trabajo”. 7 La SCP 0133/2018-S2 de 16 de abril, creó las siguientes subreglas: "...ante la evidente existencia de jurisprudencia dispersa que resuelve de manera diferente una misma problemática,; y con la finalidad de otorgar certeza jurídica al justiciable, corresponde establecer las siguientes subreglas respecto al incumplimiento de la conminatoria de reincorporación pronunciada por la autoridad del trabajo: a) Procede la acción de amparo constitucional de manera directa, lo que significa que el trabajador no requiere agotar previamente la jurisdicción laboral ni la vía administrativa, constituyendo una excepción al principio de subsidiariedad; b) La jurisdicción constitucional verificará en cada caso la pertinencia de la conminatoria de reincorporación, limitándose tal análisis a constatar que aquella fue emitida a favor de! trabajador que se encuentra dentro del rango de protección de la Ley General del Trabajo y la normativa laboral complementaria; supuestos que permitirán ordenar el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación; y, c) La tutela que otorga la jurisdicción constitucional es provisional, al quedar todavía mecanismos pendientes que pudieran eventualmente ser activados por el empleado o el empleador”. 8 La SCP 0359/2018-S1 de 26 de julio, de forma implícita recondujo el entendimiento de la SCP 0900/2013, señalando que: "...no es posible ante un conflicto laboral por un presunto despido injustificado, disponer el cumplimiento de una conminatoria de reincorporación laboral cuando su emisión no resulta jurídicamente razonable. Debiendo en cada caso verificar la pertinencia de la conminatoria de reincorporación laboral, constatando que la misma haya sido emitida a favor del trabajador que se encuentre dentro del rango de protección de la Ley General del Trabajo y la normativa complementaria, analizando también que no se trate de una relación laboral sujeta a un contrato a plazo fijo es decir, que la entidad encargada de emitir las conminatorias de reincorporación, en aplicación del principio de legalidad y conservación de la norma, debe identificar incuestionablemente la naturaleza de la relación laboral de la cual emergen los supuestos actos ilegales, dada la diversidad de trabajadores y disposiciones normativas que existen en protección a estos, dentro de nuestro ordenamiento jurídico, puesto que no pueden recibir el mismo tratamiento los trabajadores que se encuentran bajo la protección de la Ley General del Trabajo y los servidores públicos, respecto a los cuales el legislador emitió el Estatuto del Funcionario Público.
(...)
En ese entendido, el Tribunal Constitucional Plurinacional, en su labor de velar por el respeto de los derechos de toda persona, a efectos de conceder o denegar la tutela en los casos en que se denuncie el cumplimiento de una conminatoria de reincorporación laboral, debe analizar todos los aspectos inherentes al caso que le permitan concluir en una decisión razonable, sin que ello implique ingresar al fondo de la problemática, determinando cuestiones que por su naturaleza, deben ser resueltas en la vía laboral ordinaria, sin dejar de mencionar; además, que la tutela otorgada por este Tribunal tiene carácter provisional Por último, hizo referencia a la SCP 0795/2019-S3 de 14 de noviembre, la cual definió que la jurisdicción constitucional debe procurar el cumplimiento integral de la conminatoria de reincorporación laboral.
b) La Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021, bajo el epígrafe “Análisis sobre la vigencia de las líneas jurisprudenciales en materia de conminatorias de reincorporación laboral por parte de las actuales Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional”, efectuó la identificación de los problemas jurídicos inherentes a la resolución de casos en los que se denuncia incumplimiento de las conminatorias de reincorporación laboral, a partir de la individualización de los precedentes jurisprudenciales más relevantes respecto a la protección de los derechos de los (as) trabajadores (as) a partir de la inobservancia de las conminatorias de reincorporación laboral; entonces definió que: 1) Respecto a los alcances del cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral; es decir, cuando la conminatoria de reincorporación laboral establece además el pago de sueldos devengados y otros derechos sociales; las Sentencias Constitucionales, establecieron distintas formas de resolución, siendo éstas: i) Disponer el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral en los mismos términos en que fue dispuesta, incluyendo el pago de sueldos devengados y otros derechos que correspondan por ley; ii) Ordenar el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral y no así el pago de salarios y sueldos devengados: argumentando que, estos por cuanto, tanto empleador como trabajador pueden concurrir ante la judicatura laboral a efectos de que sea la autoridad competente quien a través de un contradictorio, defina el fondo del problema laboral”. 9 La SCP 0795/2019-S3 de 14 de noviembre, indicó que a la jurisdicción constitucional le compete hacer cumplir de forma integral de la conminatoria de reincorporación: "En este entendido, este Tribunal Constitucional Plurinacional como guardián de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, precautelando el derecho al trabajo del cual derivan otros derechos conexos, entiende que debe dar cumplimiento íntegro a la conminatoria de reincorporación con todos los aspectos que habrían considerado una situación diferente que no está regulada ni por la normativa laboral del Estado ni por la Constitución Política del Estado, lo señalado no implica una negación del derecho a la defensa de la parte empleadora, quien, como está establecido, puede acudir a la jurisdicción laboral denunciando la supuesta ilegalidad de la misma interponiendo los recursos previstos por ley, con independencia del cumplimiento de ya conminatoria y la concesión de la tutela”. 10 Así las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0376/2019-S4 18 de junio, 0904/2019-S4 de 16 de octubre, 0938/2019-S4 de 2 de octubre, 0683/2019-S4 de 28 de agosto, 0619/2019-S4 de 14 de agosto, 0564/2019-S4 de 29 de julio, 0236/2019-S4 de 16 de mayo, 0173/2019-S4 de 25 de abril, 0117/2019-S4 de 17 de abril, 0502/2018-S4 de 5 de septiembre, 0370/2018-S4 de 25 de julio, 0342/2018-S4 de 17 de julio, 0259/2018-S4 de 11 de junio, 0169/2018-S4 de 8 de mayo, 0123/2018-S4 de 16 de abril, 0084/2018-S4 de 27 de marzo, 0778/2019-S4 de 12 de septiembre, 0123/2018-S4 de 16 de abril, 0143/2019-S3 de 11 de abril, 0496/2019-S4 de 12 de julio, 1057/2019-S4 de 16 de diciembre, 0693/2019-S4 de 28 de agosto, 0417/2019-S4 de 2 de julio, 0529/2019-S4 de 12 de julio, 0082/2018-S4 de 27 de marzo, 0229/2019-S4 16 de mayo, 0068/2019-S4 de 5 de abril, 0092/2018-S4 de 27 de marzo, 0846/2018-S4 de 12 de diciembre, 0689/2018-S4 de 25 de octubre, 0617/2018-S4 de 2 de octubre, 0420/2018-S4 de 15 de agosto, 0318/2018-S4 de 27 de junio, 0235/2018-S4 de 21 de mayo, 0340/2018-S4 de 17 de julio, 0809/2018-S2 de 11 de diciembre, 0589/2018-2 de 28 de septiembre, 0564/2019-S4 de 29 de julio, 0028/2018-2 de 28 de febrero, 0096/2018-S3 de 4 de abril, 0212/2018-S3 de 1 de junio, 0396/2018-S3 de 14 de agosto, 0509/2018-S3 de 18 de septiembre, 0524/2018-S3 de 12 de octubre, 0457/2019-S3 de 23 de agosto, 0650/2019-S3 de 2 de octubre, 0498/2019-S3 de 26 de agosto, 0181/2019-S2 de 24 de abril, 0094/2019-S2 de 5 de abril y 0814/2018-S2 de 11 de diciembre; inclusive, debe ordenarse este pago aunque la conminatoria de reincorporación no lo hava dispuesto: Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0148/2019-S2 de 27 de abril, 0823/2020-S4 de 15 de diciembre y 0809/2020-S4 de 9 de diciembre.
aspectos deben dilucidarse en la vía administrativa y judicial; y, iii) Ordenar el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral, además dispuso la suscripción de un contrato por tiempo indefinido, teniendo en cuenta que el accionante trabajó durante varios años continuos bajo la modalidad de contratos a plazo fijo en la zafra y prezafra; asimismo, se dispuso el pago de los sueldos devengados, aunque este aspecto no haya sido dispuesto por la Jefatura Departamental del Trabajo.
2) Con relación al análisis de la jurisdicción constitucional de la pertinencia y del contenido de la conminatoria de reincorporación; es decir, cuando la jurisdicción constitucional, previamente a disponer su cumplimiento realiza un control de la conminatoria de reincorporación e incluso de la relación laboral, los fallos emitidos por este Tribunal se resumen en lo siguiente: a) Se ordenó el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral, limitándose la jurisdicción constitucional a constatar que esta haya sido emitida a favor del trabajador o de la trabajadora dentro del marco de protección de la Ley General del Trabajo y la normativa laboral complementaria; b)Se denegó la tutela argumentando que la conminatoria de reincorporación laboral no se encontraba debidamente fundamentada; c) No obstante, que la Jefatura Departamental del Trabajo dispuso la reincorporación del trabajador, la jurisdicción constitucional denegó la tutela considerando que esta decisión no era pertinente ni razonable, por no haber tomado en cuenta que el accionante cobró sus beneficios sociales; y, en otro caso, se denegó la tutela indicando que para el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral, esta debe contener fundamentos jurídicamente razonables; d) En otro supuesto en el que, el empleador acusó el cobro de beneficios sociales por parte del trabajador se concedió la tutela, ordenando la restitución del trabajador progenitor al último cargo que desempeñaba al momento de su desvinculación, así como el pago de salarios devengados y demás derechos laborales; puesto que, el referido cobro del finiquito y la consiguiente inejecutabilidad de la conminatoria de reincorporación laboral, entre otras causales, deben ser dilucidadas en la jurisdicción ordinaria laboral que podrá ser activada por el empleador, para determinar con mayor libertad probatoria si el despido fue justificado o no; e) Se denegó la tutela por cuanto, a pesar de que, la relación laboral se encontraba dentro del ámbito de la Ley General del Trabajo y su Reglamento, la modalidad de trabajo fue pactada bajo el contrato a plazo fijo; por lo que, no resulta posible: "...ir más allá de lo pactado en el contrato” teniendo conocimiento las partes de la fecha de su conclusión; asimismo, la Jefatura Departamental de Trabajo "...no estableció ni realizó la conversión de la relación laboral de temporal a indefinida...": en este caso, el accionante suscribió cuatro contratos a plazo fijo y dos verbales, y la desvinculación se produjo meses después de la conclusión del último contrato; f) Se denegó la tutela indicando que, la conminatoria de reincorporación emitida por la Jefatura Departamental de Trabajo omitió considerar la existencia de derechos controvertidos, imposibilitando que su cumplimiento pueda ser dispuesto por esta jurisdicción; g) Se dispuso la reincorporación del trabajador en los términos de la conminatoria -que además ordenaba el pago de salarios devengados y demás derechos sociales-, sin hacer referencia a la existencia de varios contratos a plazo fijo y que la desvinculación se produjo antes del cumplimiento del último contrato; asimismo, se concedió la tutela señalando que, no está permitida la celebración de más de dos contratos a plazo fijo y menos en tareas propias y permanentes de la entidad; por lo tanto, no existe impedimento para que el empleador cumpla con la conminatoria, produciéndose la desvinculación al día siguiente de cumplido el cuarto contrato; y, por último, se concedió la tutela concluyendo que, la suscripción de más de dos contratos a plazo fijo que tengan como objeto cumplir con tareas propias y permanentes de la entidad, infringen las normas laborales vigentes debiendo disponerse la conversión a un contrato a plazo indefinido en cuanto concurra el tercer contrato, constituyéndose en este caso el despido en uno injustificado; en el caso, la desvinculación se produjo al cumplimiento del último contrato; h) No se ordenó la reincorporación del trabajador -denegándose la tutela- debido a que, el presupuesto o límite del cumplimiento de la conminatoria -además de que sus fundamentos jurídicos sean razonables- es la naturaleza jurídica de la relación laboral, considerando aspectos como la firma de contratos a plazo fijo o por tiempo indefinido, la prestación de servicios de consultoría o si el contrato es de naturaleza administrativa o civil; i) Se denegó la tutela con el argumento de que, el accionante pretende la conversión de sus contratos a plazo fijo a uno de carácter indefinido, circunstancia que incumbe a la judicatura laboral; en razón a que, los hechos controvertidos o aún pendientes de resolución en la vía judicial o administrativa no pueden ser dilucidados en la vía constitucional; j) Se ordenó el cumplimiento de la conminatoria en los términos que fue dispuesta mismo que ordenaba la reincorporación y además la cancelación de sueldos devengados desde el despido injustificado y manteniendo su antigüedad y demás derechos que correspondían por ley; respecto a la denuncia sobre la desvinculación posterior al vencimiento del contrato a plazo fijo, haciendo hincapié en que a la justicia constitucional no le compete ingresar a analizar los elementos que hacen al fondo de la causa, pues ello implicaría un pronunciamiento previo y anticipado respecto a los hechos a ser conocidos por la autoridad laboral competente; siendo que, la presente acción tutelar está destinada únicamente a garantizar de manera provisional el cumplimiento de una conminatoria de reincorporación laboral, en atención a los bienes jurídicos protegidos.
3) Respecto al pago de sueldos y salarios del trabajador con inamovilidad por fuero sindical; es decir, cuando el accionante denuncia despido injustificado, sin tomar en cuenta su inamovilidad por fuero sindical y la jurisdicción constitucional considera la pertinencia o no del pago de salarios devengados; se presentaron las siguientes formas de resolución del caso concreto: i) Se ordenó el cumplimiento íntegro de la conminatoria de reincorporación laboral, incluidos salarios devengados, por cuanto el accionante tenía inamovilidad laboral en razón a su fuero sindical; no obstante, la suscripción de varios contratos a plazo fijo; ii) Sin hacer referencia al pago de sueldos y salarios devengados, se estableció el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral aclarando que el accionante se encontraba bajo el amparo del art. 51.VI de la CPE, dada su condición de dirigente sindical; en consecuencia, para proceder a su desvinculación laboral, se debió previamente instaurar un proceso de desafuero sindical en su contra; y, iii) En otro caso, este Tribunal consideró que, a pesar de la inamovilidad por fuero sindical del trabajador, sólo debe ordenarse el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación y no así el pago de los salarios y sueldos devengados.
Seguidamente, la referida Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021 bajo el título “UNIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE CONMINATORIAS DE REINCORPORACIÓN LABORAL” procedió a efectuar la Unificación de la jurisprudencia constitucional advertida precedentemente, argumentando que existen precedentes jurisprudenciales constitucionales que, bajo los principios pro operario, de primacía de la relación laboral y de continuidad y estabilidad laboral, han logrado estándares significativos en el respeto, protección y realización de los derechos sociales de las trabajadoras y los trabajadores, lo cual sin duda constituye un avance en la materialización de los postulados de la Constitución Política del Estado y el cumplimiento de las obligaciones internacionales que tiene el Estado boliviano.
Así, la Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021 identificó el estándar más alto de la jurisprudencia constitucional que, de manera progresiva haya tutelado de mejor manera los derechos fundamentales y garantías constitucionales, con referencia a los precedentes jurisprudenciales constitucionales que de manera óptima tutelaron los derechos de las trabajadoras y los trabajadores, aplicando los principios y valores constitucionales, estableciendo lo siguiente:
1) En cuanto al cumplimiento integral de la conminatoria de reincorporación, esto es además de la reincorporación, el pago de sueldos y salarios devengados y otros derechos sociales, precautelando el derecho al trabajo del cual derivan otros derechos conexos, conforme a los entendimientos y la sistematización realizada en la SCP 0795/2019-S3 de 14 de noviembre, es decir:
1.i) Cuando una trabajadora o trabajador sea despedido injustificadamente o por causas no contempladas en el art. 16 de la LGT, podrá optar por el pago de los beneficios sociales o por su reincorporación;
1.ii) Es posible interponer directamente la acción de amparo constitucional -abstrayendo el principio de subsidiariedad- cuando la trabajadora o el trabajador demande el incumplimiento de la conminatoria de reincorporación emitida por las Jefaturas
Departamentales o Regionales de Trabajo por parte de su empleador;
1.iii) La referida conminatoria no constituye una resolución definitiva respecto a la situación laboral de la trabajadora o el trabajador siendo netamente provisional la otorgación de la tutela puesto que las autoridades administrativas o judiciales en materia laboral son las idóneas para resolver en el fondo y con carácter definitivo la situación laboral tanto para el empleador como para el trabajador;
1.iv) El prenombrado tiene el deber de dar cumplimiento inmediato a la conminatoria precitada aunque hubiera planteado recurso de revocatoria o jerárquico que este pendiente de resolverse o hubiera interpuesto cualquier otro recurso en la vía judicial o administrativa;
1.v) La justicia constitucional se encuentra imposibilitada de ingresar a analizar si la conminatoria efectuó una indebida o ilegal fundamentación a tiempo de determinar la reincorporación, o si los datos, hechos y circunstancias que le dieron lugar -incluyendo la prueba-, ameritaban tal determinación, debido a que ese aspecto le corresponde a la jurisdicción ordinaria; y, 1.vi) La conminatoria de reincorporación antedicha debe ser acatada en su integridad, sin omitir ninguna de las determinaciones dispuestas.
2) Y con relación al cumplimiento integral de la conminatoria de reincorporación del trabajador con inamovilidad laboral por fuero sindical, de acuerdo con los lineamientos de la SCP 0476/2018-S3 de 1 de octubre; es decir, disponiendo el cumplimiento inmediato de la conminatoria en su integridad, incluyendo el pago de los salarios devengados, considerando que el fuero sindical constituye un medio de protección constitucional contra arbitrariedades o represalias de los empleadores producto de las actividades desarrolladas en defensa de los intereses de su gremio, situación que amerita la imposibilidad de ser despedidos de sus fuentes laborales hasta un año después de concluida su gestión, salvo la existencia de un proceso de desafuero” (negrillas agregadas). En ese marco, reiterando el contenido esencial del razonamiento precedentemente citado, se concluye que: i) En cuanto al alcance de la conminatoria de reincorporación laboral de trabajadoras y trabajadores en general, que contemple además de la reincorporación, el pago de sueldos y salarios devengados y otros derechos sociales, corresponde a la jurisdicción constitucional velar por el cumplimiento integral de la conminatoria sin omitir ninguna de sus determinaciones; ii) Respecto de la conminatoria de reincorporación laboral emitida en favor de trabajadoras y trabajadores que cuentan con fuero sindical, se debe considerar al fuero sindical como un medio de protección constitucional contra arbitrariedades o represalias de los empleadores, ordenando el cumplimiento integral de la conminatoria de reincorporación laboral incluyendo todos los derechos concedidos; y, iii) En caso de que la trabajadora o el trabajador escoge aceptar el despido injustificado en el marco del art. 10 del DS 28699 de 1 de mayo de 2006, el empleador deberá acreditar el pago de la totalidad de los beneficios y derechos sociales, además de sus obligaciones patronales, a los efectos de brindar seguridad jurídica en la relación jurídico-laboral que se extingue.
El presente razonamiento fue desarrollado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0285/2021-S1, 0331/2021-S1 y 0346/2021-S1 entre otras.
Al respecto, el Tribunal Constitucional en SC 1370/2002-R de 11 de noviembre, expresó que el ámbito de la acción de amparo constitucional como garantía de derechos fundamentales, no alcanza a definir derechos ni analizar hechos controvertidos, pues esto corresponderá -de acuerdo al caso- a la jurisdicción judicial ordinaria o administrativa, cuyos jueces, tribunales o autoridades de acuerdo a la materia, son las facultadas para conocer conforme a sus atribuciones específicas las cuestiones de hecho.
Posteriormente, la SC 1079/2010-R de 27 de agosto, siguiendo entre otras la línea jurisprudencial establecida en la SC 0680/2006-R de 17 de julio, determinó de manera clara que los hechos controvertidos o aún pendientes de ser resueltos en la vía judicial o administrativa, no pueden ser solucionados por la vía constitucional. Asimismo, la SC 1539/2011-R de 11 de octubre, siguiendo la línea jurisprudencial desarrollada señaló:
“El art. 128 de la CPE, establece que la acción de amparo constitucional tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidas de los servidores públicos o de persona individual o colectiva que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley.
Del texto de este precepto constitucional, es posible inferir que quien acude a esta vía extraordinaria, debe acreditar su titularidad respecto de los derechos cuya tutela solicita, de manera que no será posible plantear la acción de amparo constitucional invocando derechos que se encuentren en disputa o estén en controversia” (las negrillas son nuestras). El Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP 0977/2012 de 22 de agosto, siguiendo el entendimiento jurisprudencial desarrollado en forma precedente señaló:
“En consecuencia, claro está que, a la jurisdicción constitucional no le corresponde el conocimiento de las acciones de amparo constitucional cuando se tengan que dilucidar derechos controvertidos pues es la justicia formal u ordinaria la instancia competente para el conocimiento y la resolución de aquellas causas, ello debido a que en dicha instancia se podrá dilucidar el litigio a partir de la demostración mediante los medios probatorios existentes conducente a demostrar las situaciones respecto a las cuales se generó la controversia”. Finalmente, la SCP 0712/2020-S1 de 10 de noviembre, siguiendo el entendimiento jurisprudencial desarrollado estableció que:
“…quien activa la acción de amparo constitucional reclamando sus derechos sobre un bien, deberá demostrar su titularidad respecto de los derechos cuya tutela solicita, lo que implica que no será posible plantear esta acción de defensa invocando derechos que se encuentren en disputa o estén en controversia
(…)
ya que tal labor corresponde a la jurisdicción judicial ordinaria correspondiente, instancia en la cual las partes actualmente procesales, podrán demostrar en el proceso civil correspondiente, el derecho propietario que les asista a cada una de las partes” (las negrillas son nuestras). De lo señalado en forma precedente, se establece que no corresponde a la jurisdicción constitucional el conocimiento de las acciones de amparo constitucional en el caso que se invoque derechos que se encuentren en disputa o estén en controversia, siendo que esta acción de defensa se instituye como un instrumento no sustitutivo para la dilucidación de hechos controvertidos, pues ello corresponderá su conocimiento y resolución -de acuerdo al caso- a la jurisdicción ordinaria o administrativa.
La Constitución Política del Estado, en su art. 128, establece:
“La Acción de Amparo Constitucional tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la Ley”
Asimismo, en su art. 129.I, señala:
“La Acción de Amparo Constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados” (las negrillas son nuestras). En coherencia con la última disposición, el art. 54 del Código Procesal Constitucional (CPCo), respecto a la subsidiariedad e inmediatez, dispone:
“I. La Acción de Amparo Constitucional no procederá cuando exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados de serlo.
II. Excepcionalmente, previa justificación fundada, dicha acción será viable cuando:
1. La protección pueda resultar tardía.
2. Exista la inminencia de un daño irremediable e irreparable a producirse de no otorgarse la tutela”. El Tribunal Constitucional a través de la SC 1337/2003-R de 15 de septiembre, sostuvo que la acción de amparo constitucional, constituye un instrumento subsidiario, porque no es posible utilizarlo si previamente no se agotó la vía ordinaria de defensa, y supletorio, pues viene a reparar y reponer las deficiencias de esa vía ordinaria. Es así, que en el Fundamento Jurídico III.1, estableció reglas y subreglas de improcedencia por subsidiariedad:
“…cuando: 1) las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha planteado recurso alguno, así: a) cuando en su oportunidad y en plazo legal no se planteó un recurso o medio de impugnación y b) cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico; y 2) las autoridades judiciales o administrativas pudieron haber tenido o tienen la posibilidad de pronunciarse, porque la parte utilizó recursos y medios de defensa, así: a) cuando se planteó el recurso pero de manera incorrecta, que se daría en casos de planteamientos extemporáneos o equivocados y b) cuando se utilizó un medio de defensa útil y procedente para la defensa de un derecho, pero en su trámite el mismo no se agotó, estando al momento de la interposición y tramitación del amparo, pendiente de resolución. Ambos casos, se excluyen de la excepción al principio de subsidiaridad, que se da cuando la restricción o supresión de los derechos y garantías constitucionales denunciados, ocasionen perjuicio irremediable e irreparable, en cuya situación y de manera excepcional, procede la tutela demandada, aún existan otros medios de defensa y recursos pendientes de resolución” (las negrillas son incorporadas).
Asimismo, el principio de subsidiariedad de la acción de amparo constitucional supone que ésta no podrá activarse mientras no se agoten otros medios o recursos legales que permitan la protección del o los derechos de la persona interesada; así lo establecen los arts. 129.I de la CPE y 54 del CPCo.
La garantía de la inamovilidad laboral de mujeres en estado de embarazo y progenitores, hasta un año de edad de los hijos, establecido en la Constitución Política del Estado aprobado en Referéndum Nacional de 25 de enero y promulgado por el 7 de febrero ambos del 2009, consagra, disponiendo en forma expresa en su art. 48.VI:
“Las mujeres no podrán ser discriminadas o despedidas por su estado civil, situación de embarazo, edad, rasgos físicos o número de hijas o hijos. Se garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo, y de los progenitores, hasta que la hija o el hijo cumplan un año de edad”. La jurisprudencia constitucional desde el anterior Tribunal Constitucional hasta el actual, en sintonía con el citado mandato constitucional, ha afianzado el régimen fortalecido de protección por la garantía de inamovilidad laboral en favor de mujeres embarazadas y padres progenitores hasta el cumplimiento de un año de edad de la hija o hijo; con esa sabiduría, en un caso de despido injustificado de una dependiente laboral que se encontraba en estado de embarazo, el Tribunal Constitucional ha razonado que no solamente se debe proteger el derecho al trabajo, sino otros derechos primarios de la accionante y el ser en gestación, quienes necesitan protección urgente e inmediata, puesto que el retiro intempestivo de la impetrante de tutela, también implica la supresión del derecho a la seguridad social que resguarda y garantiza el derecho a la salud, poniendo en riesgo el derecho primario a la vida. El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 1245/2014 de 16 de junio, refirió que esta garantía está referida a la protección de trabajadores en su fuente de empleo, su permanencia, sin que el empleador pueda despedirlos, rescindir unilateralmente el contrato de trabajo o modificar desfavorablemente las condiciones laborales para obligarlos a su renuncia de manera encubierta, en ese entendido, la pérdida del puesto de trabajo, cuando un niño o niña está por nacer, puede suponer una terrible afectación a la estabilidad económica y emocional de la familia, con incidencia directa principalmente en el nuevo ser a quien el Estado Plurinacional tiene la intención de proteger.
En el mismo sentido, la SCP 0059/2015-S1 de 10 febrero, en lo que atañe a la inamovilidad laboral del progenitor, expresó textualmente:
“En esencia, el derecho a la estabilidad laboral reconocida en favor del trabajador, no se limita a la protección de los derechos del sujeto de la relación laboral, sino que, pretende asegurar y garantizar los derechos fundamentales de la minoridad, permitiendo el afianzamiento de las condiciones para el sustento vital y el desarrollo armónico e integral, debido a su condición de vulnerabilidad física y mental, habida cuenta que desde el momento de la concepción, el ser en proceso de gestación es sujeto de derecho; de ahí que surge la necesidad de establecer una protección reforzada del derecho al trabajo de los progenitores hasta que el hijo o hija cumpla el primer año de edad; en consecuencia, una ruptura abrupta de la relación laboral de los progenitores, implica la directa vulneración de los derechos a la vida, la salud, la integridad física y el desarrollo integral del menor...”. Respecto al ámbito de protección de la inamovilidad laboral de la mujer embarazada la SC 0505/00-R de 24 de mayo de 2000, ha señalado expresamente: “
“… por cuanto el derecho que se debe proteger no es solamente al trabajo, sino otros derechos primarios de la recurrente y el ser en gestación, los cuales necesitan protección urgente e inmediata, ya que el retiro intempestivo de la recurrente importa también la supresión del derecho a la seguridad social que a su vez, resguarda y garantiza el derecho a la salud, derechos que con la medida adoptada ponen en riesgo el primer derecho, la vida, que no puede estar pendiente de otros recursos o vías administrativas que establece la Ley”. El desarrollo de la jurisprudencia constitucional también ha establecido la excepción a la subsidiariedad de manera implícita desde la citada SC 505/00-R de 24 de mayo de 2000, señalando que la protección de una dependiente laboral en estado de embarazo despedida indebidamente, no puede estar pendiente de otros recursos o vías administrativas establecidas por ley, puesto que se encuentran comprometidos no solo el derecho al trabajo, sino el derecho a la seguridad social, salud y vida, de la mujer embarazada y del ser en gestación, que requiere protección inmediata, urgente. En el mismo sentido la jurisprudencia constitucional pronunciada en la SCP 0785/2003-R de 10 de junio, resalta la procedencia excepcional y extraordinaria del amparo constitucional señalando:
“Si bien el amparo constitucional tiene naturaleza subsidiaria, por ello antes de plantearlo se deben agotar las vías ordinaria de defensa; no es menos cierto que agotar esos medios ordinarios implican para la gestante un perjuicio que podría ser irreparable proveniente de una acción ilegal e indebida de la autoridad recurrida. En tal situación, es viable este amparo como mecanismo rápido y eficaz para proteger prioritariamente los derechos de la recurrente que se encuentra en estado de gravidez y del ser en gestación”.
La procedencia excepcional y extraordinaria de la acción de amparo constitucional o la excepción a la subsidiariedad, fue establecida de manera expresa en la SC 0530/2010-R de 12 de julio, SCP 0158/2018-S3 de 7 de mayo entre otras.
Otro aspecto de relevancia constitucional según la SC 0771/2010-R de 2 de agosto, la no exigencia del requisito de dar aviso del estado de embarazo o de la existencia de una hija o hijo menor a un año al empleador, para acceder a la protección de la garantía constitucional.
Por otra parte es necesario destacar el deber del Estado de otorgar especial asistencia y protección durante el embarazo, parto y en los periodos prenatales y posnatal previsto en el art. 45.V de la CPE (las negrillas nos pertenecen).
De la glosa de la norma y jurisprudencia constitucional citada precedentemente puede concluirse que la garantía constitucional de la inamovilidad laboral de mujeres embarazadas y progenitores hasta el cumplimiento de un año de edad de la hija o hijo, esta instituida para la protección del retiro intempestivo o injustificado, ante la rescisión unilateral del contrato de trabajo por el empleador o la modificación desfavorable de las condiciones de trabajo del dependiente para obligarles a renunciar de manera encubierta; puesto que, la pérdida de trabajo no solo supone una afectación terrible a la estabilidad económica y emocional de la familia, con incidencia principal en el nuevo ser; en esa comprensión, la citada garantía no solo protege el derecho al trabajo, sino la seguridad social, la salud, la integridad física, el desarrollo integral del menor, así como pone en riesgo la vida de la mujer embarazada y el hijo por nacer. Ante la protección 33El FJ III.3, cambiando el entendimiento jurisprudencial contenido en la SC 1416/2004-R, estableció que: “…no está supedita a determinadas condiciones o requisitos que deben ser cumplidos por la mujer o el hombre y, por lo mismo, para su ejercicio, no se requiere el previo aviso al empleador del estado de embarazo o de la existencia de un hijo o hija menor a un año. (…) Efectivamente, el requisito formal de dar aviso a su empleador acerca de su estado de gravidez, sin el cual no existiría la protección estatal en lo que respecta a su inamovilidad laboral, carece de relevancia frente a una necesidad indubitable, que es precisamente asegurar el derecho a la vida y a la salud de la madre y el menor, ya que con una fuente laboral, al menos se asegurará a la madre el poder agenciar los medios necesarios para proteger las necesidades más premiosas que demande el niño o niña recién nacidos”. 34En el mismo sentido de la no exigencia del requisito formal de dar aviso al empleador del estado de gravidez o la existencia de hijo menor a un año de edad, la SCP 1043/2013 de 27 de junio, expreso en los siguientes términos: “… este beneficio no sólo garantiza la estabilidad laboral de la mujer en estado de gravidez, sino sus alcances se extienden en las mismas condiciones de igualdad al progenitor varón, independientemente de que se tratasen de empleadas (os) del sector privado o funcionarias (os) del sector público; norma constitucional que al ser de aplicación directa por mandato de la propia norma fundamental, no se encuentra supeditada al cumplimiento de exigencias previas para su ejercicio, como el requisito formal de dar aviso al empleador del estado de gravidez o de la existencia del hijo o hija menor de un año antes de gozar de este derecho, aspecto que resulta irrelevante al momento de ejercer esta garantía, al estar frente a una necesidad prioritaria como es el de asegurar el derecho a la vida y a la salud de la madre y el menor materializadas con la garantía de contar con una fuente de trabajo”.
inmediata y urgente que requiere, se ha establecido la excepción a la subsidiariedad, de tal forma que la acción de amparo constitucional es el medio idóneo para la protección de los derechos que incumben a la citada garantía de la inamovilidad laboral; además no requiere que se dé aviso del estado de embarazo o la existencia del hijo menor a un año para la eficacia de la protección de la citada garantía; a lo precedentemente señalado hay que enfatizar que al Estado le corresponde el deber de proteger al trabajo en cualquiera de sus formas y el deber de protección al nuevo ser desde la concepción, hasta que cumpla un año de edad.
Los accionantes denuncian la lesión de sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral, la seguridad social y la inamovilidad laboral; toda vez que, fueron despedidos de manera injustificada por el Rector de la Universidad Amazónica de Pando; ante lo cual, acudieron a la Jefatura Departamental de Trabajo del citado departamento, entidad que emitió las conminatorias de reincorporación respectivas; por lo que: i) En el caso de: a) Diego Alfonso Álvarez Aguilera, denuncia que el Jefe Departamental de Trabajo del indicado departamento, emitió Conminatoria MTEPS-JDTP 54/21 de 5 de agosto de 2021, declinando competencia y declarando controversial la denuncia de reincorporación, apartándose del informe de su dependiente INF-NMV 081/2021 e incumpliendo el principio protector al trabajador, tampoco realizó un análisis sobre los contratos suscritos con la referida Universidad, menos del incumplimiento de la normativa laboral en la que viene incurriendo la misma; b) Carmen Sabene Siviora alega que, habiéndose emitido la CONMINATORIA MTPES - JDTP 55/21 de 5 de agosto de 2021, mediante la cual la Jefatura Departamental de Trabajo del mencionado departamento, conminó a la referida Universidad a su reincorporación inmediata por inamovilidad laboral, al mismo puesto y rango de escala salarial que percibía desde el momento de su desvinculación así como los demás derechos que le fueron restringidos, la misma que no fue cumplida por la universidad empleadora, sin respetar además, su contrato que tiene vigencia hasta el 31 de diciembre del referido año; y, ii) Ambos impetrantes de tutela denuncian, que habiendo impugnado la determinación que se les puso en conocimiento a través de nota de 8 de junio del mencionado año, respecto a que por Resolución del Honorable Consejo Universitario 159/2021 de 2 de junio, se dejó sin efecto el contrato suscrito para esa gestión, así como otros escritos reiterando los extremos de la impugnación, hasta el momento no obtuvieron respuesta alguna a los mismos.
Ahora bien, siendo esas las denuncias planteadas por los peticionantes de tutela a través de esta acción tutelar, alegando la vulneración a sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral, seguridad social e inamovilidad laboral, corresponderá efectuar la verificación constitucional de acuerdo a lo reclamado por cada uno de los solicitantes de tutela, así se tiene que:
Primer punto de la problemática
En relación a Diego Alfonso Álvarez Aguilera
El prenombrado denuncia que, el Jefe Departamental de Trabajo de Pando, emitió Conminatoria MTEPS-JDTP 54/21 de 5 de agosto de 2021, declinando competencia y declarando controversial la denuncia de reincorporación, apartándose del informe de su dependiente INF-NMV 081/2021 e incumpliendo el principio protector al trabajador, así como tampoco realizó un análisis sobre los contratos suscritos con la mencionada universidad, menos del incumplimiento de la normativa laboral en la que viene incurriendo la misma.
A este efecto, y previamente a proceder al examen de esta denuncia, corresponde remitirnos y conocer los antecedentes, plasmados en las Conclusiones del presente fallo constitucional, de donde se establece que, entre la Universidad Amazónica del Pando y Diego Alfonso Álvarez Aguilera -ahora accionante- se suscribió un Contrato de Trabajo a plazo fijo, el 15 de enero de 2021, en el cargo de Técnico I Asistente de Auditoria Interna (Conclusión II.1); empero, a través de una nota con Cite. REC: DAF:RH: OF: 002/2021 de 7 de junio, la responsable de recursos humanos pone a conocimiento del impetrante de tutela, que mediante Resolución del Honorable Consejo Universitario 159/2021 de 2 de junio, quedó sin efecto su relación contractual con la citada Universidad -ahora demandada-(Conclusión II.2); posteriormente, el impetrante de tutela presenta notas a la universidad solicitando se respeten los contratos suscritos y el cumplimiento del mismo amparados en la ley, a su vez la Universidad Autónoma de Pando a través de sus autoridades solicitó su presencia en la unidad de asesoría legal con el objetivo de regularizar su situación contractual, pues la unidad de Recursos Humanos no contaba con copias del documento refrendados, ante la falta de atención a sus solicitudes, el peticionante de tutela sentó denuncia ante la Jefatura Departamental de Trabajo del citado departamento con la finalidad de que procedan con la reincorporación laboral en cumplimento a la norma legal; luego del trámite establecido, con informe de la inspectora de trabajo INF-NMV 081/2021 de 2 de agosto, que sugiere se conmine la reincorporación por despido injustificado, el Jefe Departamental de Trabajo del referido departamento, emitió la CONMINATORIA MTPES-JDTP 54/21 de 5 de agosto de 2021, por la que declaro controversial la denuncia de reincorporación laboral presentada por el solicitante de tutela (Conclusiones II.3. II.4, II.7, II.10 y II.12).
Conforme a estos antecedentes, y la problemática identificada se tiene que el acto ilegal que denuncia el accionante, es la CONMINATORIA MTPES-JDTP 54/21 de 5 de agosto de 2021, que no fue propiamente una conminatoria de reincorporación, sino que la misma dispuso declarar controversial la denuncia de reincorporación laboral, alegando por ello que, el Jefe Departamental de Trabajo de Pando, en su emisión inobservó el principio protector al trabajador y tampoco efectuó un análisis correcto de los contratos suscritos con la universidad, ni de las tareas propias y permanentes, incumpliendo la normativa laboral vigente; al respecto, concierne señalar que, la jurisprudencia constitucional en relación a la acción de amparo constitucional, en las cuales los impetrante de tutela piden la reincorporación a su fuente laboral, establece que el trabajador podrá solicitar su reincorporación laboral por la vía administrativa ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, a través de las Jefaturas Departamentales y Regionales, instancia competente para determinar si corresponde la reincorporación a través de la emisión de una conminatoria de cumplimiento obligatorio independientemente de su posible impugnación; para cuya efectivización, se encuentran abiertas las vías ordinaria y constitucional a fin de solicitar el resguardo de sus derechos presuntamente vulnerados, en base a lo establecido en los Decretos Supremos 28699 y 495; sin embargo, en caso que dicha instancia no constate el supuesto despido injustificado ni emita conminatoria de reincorporación, no es posible la apertura directa de la acción de amparo constitucional ante la presunción de hechos controvertidos que con carácter previo deben ser resueltos en la vía laboral, o en la vía administrativa; toda vez que, se sobre entiende que a través de ésta fueron valorados los hechos y pruebas que hagan pertinente definir si la trabajadora o trabajador fue despedido por causas no contempladas en el art. 16 de la Ley General del Trabajo.
Bajo dicho entendimiento, la comisión de admisión, en una problemática similar al caso analizado, en el cual la Jefatura Departamental de Trabajo de Pando no emitió una conminatoria de reincorporación a favor del peticionante de tutela, se determina que al haberse evidenciado que la instancia administrativa dependiente del Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social, no se manifestó sobre la existencia de un despido injustificado en esta causa, debido a la concurrencia de hechos controvertidos referidos a la forma de conclusión de la relación laboral entre el denunciante y la Universidad Amazónica de Pando, no es posible la apertura directa de la acción de amparo constitucional; puesto que, los referidos hechos acontecidos con carácter previo deben ser resueltos en la vía laboral; por lo que, es imposible activar de manera inmediata ésta acción, pues corresponde que el ahora solicitante de tutela primero agote los medios de impugnación en las vías administrativa o jurisdiccional, definiendo la existencia de la relación laboral y si existió o no un despido injustificado; máxime, si el acto ilegal denunciado lo atribuye al Jefe Departamental de Trabajo, alegando que, este contrariamente a lo sugerido por el Inspector de Trabajo en el INF-NMV 081/2021 donde recomienda su reincorporación, éste inobservó el principio protector al trabajador, al no efectuar un análisis sobre los contratos suscritos con la universidad, así como de las tareas propias y permanentes que desarrollaba, menos del incumplimiento de la normativa laboral en la que viene incurriendo la universidad demandada.
En ese entendido, el caso en análisis el accionante al activar directamente la vía constitucional mediante esta acción tutelar, no consideró el principio de subsidiariedad, por cuanto, antes de formular la presente acción de defensa, si consideraba que la Conminatoria MTEPS-JDTP 54/21 de 5 de agosto de 2021, lesionaba sus derechos, debió impugnar la misma o en cumplimiento a la misma acudir a la vía ordinaria -ante un juzgado laboral- buscando el resguardo de sus derechos; toda vez que, la Jefatura Departamental de Trabajo de Pando mediante Conminatoria MTEPS-JDTP 54/21 de 5 de agosto declaró “CONTROVERSIAL, la (…) denuncia de Reincorporación dejando expedita la vía jurisdiccional…” (sic), de lo que se denota que no existe a favor del impetrante de tutela una conminatoria de reincorporación como tal. Es así que, en el caso particular no existe conminatoria de reincorporación a favor de Diego Alfonso Álvarez Aguilera -impetrante de tutela-, ya que la Jefatura Departamental de Trabajo de Pando señalando la existencia de hechos controvertidos emitió la Conminatoria MTEPS-JDTP 54/21 de 5 de agosto de 2021 declarando controversial la denuncia de reincorporación del peticionante de tutela, dejando expedita la vía jurisdiccional; consecuentemente, al existir hechos controvertidos, éstos deben ser resueltos en la vía laboral; correspondiendo denegar la tutela solicitada.
En relación a Carmen Sabene Siviora
La solicitante de tutela denuncia que, se emitió a su favor la CONMINATORIA MTPES-JDTP 55/21 de 5 de agosto de 2021, mediante la cual la Jefatura Departamental de Trabajo de Pando, conminó a la referida Universidad Amazónica del referido departamento, su reincorporación inmediata por inamovilidad laboral, al mismo puesto y rango de escala salarial que percibía desde el momento de su desvinculación así como los demás derechos que le fueron restringidos; no obstante, la misma no fue cumplida por la universidad empleadora, sin respetar además, su contrato que tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021.
De acuerdo a los antecedentes que cursan en obrados, es evidente que entre la Universidad Amazónica del Pando y Carmen Sabene Siviora -ahora accionante- se suscribió un Contrato de Trabajo a plazo fijo, el 11 de enero de 2021, con el cargo de Técnico I Auditor 2, cuya duración refiere hasta el 31 de diciembre de igual año; empero, a través del Cite REC: DAF:RRHH: CONEV 0011/2021 de 7 de julio, se le puso en conocimiento que su contrato concluye el 9 de julio del mismo año, con su correspondiente baja del biométrico; por lo que, la impetrante de tutela mediante notas de 12 y 14 de julio del citado año, puso en conocimiento su estado de gestación y solicitó su reincorporación laboral, así como al biométrico, pidiendo se respete el contrato firmado; y, ante la falta de respuesta y atención a sus notas acudió a la Jefatura Departamental de Trabajo de Pando, denunciado su despido injustificado; por lo que, a través del Informe INF-NMV 082/2021, la inspectora de trabajo, sugirió que ante el despido injustificado se conmine la reincorporación por inamovilidad laboral, emitiéndose al efecto la CONMINATORIA MTPES-JDTP 55/21 de 5 de agosto de 2021, ordenando la reincorporación inmediata por inamovilidad laboral, en el plazo máximo de tres días, al mismo puesto y rango de escala salarial que percibía desde el momento de la desvinculación, así como los demás derechos laborales que le fueron restringidos a la fecha de reincorporación (Conclusiones II.1, II.6, II.8, II.11 y II.13).
Ahora bien, en el caso de Carmen Sabene Siviora, identificada como está la problemática traída en revisión, se tiene que su pretensión es el cumplimiento de la CONMINATORIA MTPES-JDTP 55/21 de 5 de agosto de 2021, que dispuso declarar la reincorporación inmediata por inamovilidad laboral; toda vez que, la solicitante de tutela se encuentra amparada por ley.
En tal sentido, y de forma previa a ingresar al análisis de la problemática planteada, tomando en cuenta que el presente caso converge en un tema de despido intempestivo de un trabajador que es madre en gestación, de acuerdo al Fundamento Jurídico III.4 del presente fallo constitucional se estableció que la tutela de los derechos del trabajador y del ser en gestación, no puede estar pendiente de otros recursos o vías administrativas establecidas por ley, puesto que se encuentran comprometidos no solo el derecho al trabajo, sino el derecho a la seguridad social, salud y vida, de la mujer embarazada o padre progenitor y del ser en gestación, que requiere protección inmediata y urgente.
En esa línea y con el propósito de considerar la inamovilidad laboral alegada por la solicitante de tutela, la jurisprudencia glosada en el citado Fundamento Jurídico, señaló que se ha consolidado el régimen reforzado de protección por la garantía de inamovilidad laboral en favor de mujeres embarazadas y progenitores hasta el cumplimiento de un año de edad de la hija o hijo; en esa comprensión, en un caso de despido injustificado de una dependiente laboral que se encontraba en estado de embarazo, el Tribunal Constitucional ha razonado que no solamente se debe proteger el derecho al trabajo, sino otros derechos primarios de la accionante y el ser en gestación, quienes necesitan protección urgente e inmediata; puesto que, el retiro intempestivo de la impetrante de tutela, también implica la supresión del derecho a la seguridad social que resguarda y garantiza el derecho a la salud, poniendo en riesgo el derecho primario a la vida; consecuentemente, en el caso analizado, se evidencia que la parte patronal, ahora demandada -Universidad Amazónica de Pando-, incumplió una determinación emanada de la autoridad laboral que, mediante la Conminatoria MTPES-JDTP 55/21 de 5 de agosto de 2021, ordenó la reincorporación inmediata de la peticionante de tutela por inamovilidad laboral, en el plazo máximo de tres días, al mismo puesto y rango de escala salarial que percibía desde el momento de la desvinculación, así como los demás derechos laborales que le fueron restringidos a la fecha de reincorporación; situación que, conforme se tiene de antecedentes no ocurrió, alegando la universidad que no logro comunicarse con la prenombrada; consecuentemente, la entidad demandada incumplió con la orden de la referida conminatoria, que se encuentra destinada a efectivizar la inmediatez de la protección del derecho a la inamovilidad laboral de la madre en gestación; por lo que, en el marco de la jurisprudencia glosada en los Fundamentos Jurídicos III.1 y III.4, corresponde a la jurisdicción constitucional, conceder la tutela solicitada.
En cuanto al segundo punto de la problemática
A través de este punto, los ahora accionantes también denuncian la vulneración de su derecho a la petición, por cuanto, la autoridad demandada no dio respuesta a sus notas presentadas luego de que les dieran a conocer que sus contratos de trabajo fueron dejados sin efecto a través de una Resolución del Honorable Consejo Universitario, impugnando tal determinación y a pesar de haber reiterado la misma no recibieron respuesta alguna.
Ahora bien, con relación a esta denuncia, de los antecedentes y Conclusiones consignadas en el presente fallo constitucional, se puede advertir que, efectivamente los impetrantes de tutela, después de haber tomado conocimiento de que sus contratos laborales fueron dejados sin efecto, los mismos, tanto de forma individual como conjunta, presentaron escritos; es así que, en el caso de Carmen Sabene Siviora, por notas de 12 y 14 de julio de 2021, en la primera, dio a conocer su estado de gestación y en la segunda solicitó su reincorporación laboral y el respeto a su contrato firmado hasta el 31 de diciembre del mismo año, sobre las cuales no se advierte que hayan sido respondidas por el Rector de la Universidad Amazónica de Pando demandado; no obstante, cabe aclarar que en relación las referidas notas, la pretensión de la peticionante de tutela inmersa en las mismas ya fueron satisfechas; puesto que, como alega la prenombrada en su acción de amparo constitucional, ante la falta de atención y respuesta a tales notas, acudió a la Jefatura Departamental de Trabajo de Pando, denunciando su despido injustificado y su reincorporación laboral, instancia que como se tiene precedentemente analizado, emitió la Conminatoria MTPES-JDTP 55/21 de 5 de agosto de 2021, por inamovilidad, disponiendo su restitución inmediata a su fuente laboral, así como de sus derechos restringidos, determinación que la universidad reconoció, alegando que busca dar cumplimiento a la misma; en consecuencia, las referidas notas no requieren mayor análisis.
Por otro lado, el coaccionante Diego Alfonzo Álvarez Aguilera, por similares motivos y conjuntamente a Carmen Sabene Siviora, presentaron memorial el 9 de junio de 2021, dirigida a la Jefa de Recursos Humanos a.i. de la Universidad Amazónica de Pando, observando el contenido de la nota con Cite REC: DAF:RH: OF: 001/2021, pidiendo que se dé cumplimiento a las normas y principios laborales, y se cumpla con el procedimiento en la vía administrativa para la regularización de la escala salarial, además de que procedan a la cancelación de su salario del mes de abril, manifestando que desconocen porque habría sido retenido, entre otros, reclamando la vulneración de sus derechos laborales; peticiones que fueron reiteradas por ambos solicitantes de tutela, el 17 de junio de 2021 al Rector demandado, pidiendo respuesta la nota de 9 de junio; asimismo, el prenombrado por su cuenta por nota presentada el 14 de junio del citado año, también solicitó a la autoridad demandada, su reincorporación laboral como funcionario administrativo de la Universidad Amazónica de Pando, alegando que el contrato laboral suscrito con dicha universidad es hasta el 31 de diciembre del señalado año; solicitudes que no se tiene que hayan merecido respuesta alguna de parte de la Jefa de Recursos Humanos a.i., menos del Rector, ambos de la Universidad Amazónica del citado departamento; más aún, cuando este último, en audiencia de garantías, a través de su abogada no se refirió ni desvirtuó la falta de contestación a dichas notas, denunciados por los ahora solicitantes de tutela.
En tal sentido, respecto al derecho de petición, la jurisprudencia desarrollada en la SCP 0112/2020-S1 de 21 de julio, estableció que este derecho es un derecho fundamental que se encuentra garantizado por la Constitución Política del Estado, y sobre el cual el Tribunal Constitucional tiene el deber de precautelar su respeto y vigencia, y bajo ese fin, esta Magistratura asumió el entendimiento más progresivo para su tutela cuando el mismo se vea vulnerado ante una petición, sea que esta se encuentre inmersa o no dentro de un proceso judicial o administrativo; a tal efecto, y siendo que el derecho a la petición se constituye en una prerrogativa primordial que incumbe realizar todo tipo de solicitudes o reclamos, e inclusive posibilita acceder al ejercicio de otros derechos; por lo que, también la jurisprudencia constitucional ha desarrollado sobre el contenido y alcance de este derecho, a efectos de su protección a través de la acción de amparo constitucional; toda vez que, el núcleo esencial del derecho de petición es la obtención de una respuesta formal, pronta y oportuna. En ese marco, del examen del presente caso, se evidencia la existencia de solicitudes escritas, realizadas por los impetrantes de tutela, consistentes en la nota de 9 de junio reiterada el 17 de junio de 2021, y la de 14 de julio de igual año, de las cuales no cursa una respuesta formal y oportuna de parte de la autoridad demandada, lo que hace evidente, la vulneración del derecho a la petición; toda vez que, en el marco del contenido esencial de este derecho, correspondía que dicha solicitud no sea solamente recepcionada, sino también respondida de manera pronta, formal o escrita, material, o sea, respondiendo de manera positiva o negativa a las solicitudes y pretensiones de los peticionantes de tutela, referidos a su situación laboral, ante la interrupción de sus contratos dejados sin efecto, así como el pago de sus salarios, peticiones que además debieron ser respondidas de manera motivada y fundamentada, y notificada a los solicitantes de tutela; empero, dicho alcance no fue cumplido por la autoridad ahora demandada, pues como se verifico, la misma ni siquiera se refirió, menos desvirtuó en audiencia de garantías sobre la aducida petición; por lo que, por las razones expresadas, el demandado vulneró el derecho de petición de los accionantes, correspondiendo, conceder la tutela impetrada y disponer que se otorgue de manera formal una respuesta escrita a las solicitudes efectuadas por los impetrantes de tutela.
Otras consideraciones Resuelto como se encuentra el caso remitido en revisión; y, tomando en cuenta que, el 30 de septiembre de 2022, se promulgó la Ley 1468 de “Procedimiento Especial para la Restitución de Derechos Laborales”, el cual abroga el Decreto Supremo 0495 de 1 de mayo de 2010, y deroga los parágrafos III, IV y V del art. 10, y art. 13 del Decreto Supremo 28699 de 1 de mayo de 2006. Incumbe aclarar que, la Ley 1468 no fue considerada en razón a que los hechos suscitados en este caso, son con anterioridad a la entrada en vigencia de dicha Ley. En consecuencia, la Sala Constitucional al conceder la tutela solicitada, a Carmen Sabene Siviora y denegarla a Diego Alfonso Álvarez Aguilera, obró de forma parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 066/2021 de 19 de agosto, cursante de fs.129 a 132 vta., pronunciada por la Sala Constitucional del departamento de Pando; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada en relación a Carmen Sabene Siviora, Disponiendo el cumplimiento de la Conminatoria MTPES-JDTP 55/21 de 5 de agosto de 2021, en los mismos términos en que fue dispuesta, además de otorgarle los seguros a corto y largo plazo y demás derechos sociales hasta que la hija o hijo cumpla el año de edad; salvo que a la fecha de notificación con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional ya se hubiera cumplido dicho año, correspondiendo solo el pago de sueldos devengados, asignaciones familiares y los derechos laborales que le correspondan: 2° CONCEDER la tutela impetrada, respecto al derecho a la petición de Carmen Sabene Siviora y Diego Alfonso Álvarez Aguilera, conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; 3° Disponer que en el plazo de veinticuatro horas de notificado con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la autoridad ahora demandada emita una respuesta pronta, oportuna, formal, material y debidamente fundamentada y motivada, sobre las solicitudes realizadas por los accionantes, de acuerdo a los argumentos expresados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 4° DENEGAR la tutela solicitada respecto a Diego Alfonso Álvarez Aguilera, conforme a lo establecido en los Fundamentos Jurídicos de este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
11 Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0178/2019-S2 de 24 de abril, 0042/2019-S2 de 1 de abril, 0809/2018-S2 de 11 de diciembre, 0127/2019-S2 de 17 de abril, 0348/2018-S2 de 18 de julio, 0048/2019-S1 de 3 de abril, 0783/2018-S1 de 28 de noviembre, 0222/2019-S1 de 7 de mayo, 0103/2019-S1 de 10 de abril, 0641/2018-S1 de 16 de octubre, 0534/2018-S1 de 17 de septiembre, 0042/2019-S2 de 1 de abril, 0130/2019-S1 de 17 de abril y 0422/2020-S3 de 2 de septiembre.
12 SCP 0627/2018-S3 de 30 de noviembre
13 Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0318/2018-S2 de 9 de julio, 0214/2018-S2 de 22 de mayo, 0133/2018-2 de 16 de abril, 0260/2019-S2 de 21 de mayo y 0789/2018-S2 de 26 de noviembre.
14 SCP 0861/2018-S4 de 18 de diciembre.
15 SCP 0123/2018-S2 de 16 de abril, línea de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2355/2012 de 22 de noviembre y 0625/2019-S4 de 14 de agosto; en otro caso, en el que se denegó la tutela se indicó que para el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral, esta debe contener fundamentos jurídicamente razonables: SCP 0856/2020-S3 de 4 de diciembre.
16 Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0590/2018-S4 de 28 de septiembre, 0301/2019-S3 de 15 de julio, 1004/2019-S4 de 27 de noviembre y 0071/2019-S4 de 5 de abril.
17 SCP 0449/2019-S2 de 24 de junio.
18 Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0159/2019-S4 de 25 de abril, 0165/2018-S4 de 30 de abril y 0592/2018-S1 de 1 de octubre.
19 Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0805/2019-S4 de 12 de septiembre, 0684/2019-S4 de 28 de agosto, 0908/2019-S4 de 16 de octubre, 0091/2019-S4 de 10 de abril, 0654/2019-S4 de 21 de agosto, 0662/2019-S4 de 21 de agosto, 0664/2019-S4 de 21 de agosto, 0413/2019-S4 de 2 de julio, 0847/2019S4 de 2 de octubre, 0687/2019-S4 de 28 de agosto, 0142/2019-S3 de
11 de abril, 564/2019-S3 de 9 de septiembre, 0455/2019-S3 de 23 de agosto, 0778/2019-S4 de 12 de septiembre y 0091/2019- S4 de 10 de abril.
20 SCP 0646/2018-S3 de 11 de diciembre
21 SCP 0212/2018-S3 de 1 de junio.
22 SCP 0188/2019-S1 de 7 de mayo
23 SCP 0361/2018-S1 de 26 de julio
24 Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0799/2018-S4 de 20 de noviembre, 0464/2018-S3 de 13 de septiembre ,0698/2018-S1 de 30 de octubre, 0674/2018-S1 de 26 de octubre de 2018 y 0359/2018-S1 de 26 de julio.
25 Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0476/2018-S3 de 1 de octubre, 0641/2018-S3 de 4 de diciembre, 0012/2019-S3 de 1 de marzo, 0097/2019-S4 de 10 de abril, 0749/2018-S4 de 9 de noviembre, 0400/2019-S3 de 8 de agosto, 0534/2019-S3 de
2 de septiembre, 0325/2018-S4 de 27 de junio y 0164/2020-S4 de 21 de julio.
26 SCP 0230/2018-S1 de 29 de mayo
27 Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0162/2019-S1 de 26 de abril27, 0546/2018-S1 de 20 de septiembre27, 0223/2018- S1 de 28 de mayo y 0168/2018S1 de 9 de mayo.
28 El FJ III.7 señala que: “…a través del amparo no es posible dilucidar hechos controvertidos ni reconocer derechos, sino únicamente protegerlos cuando se encuentran debidamente consolidados, aspecto que no ocurre en el caso que se compulsa conforme se ha señalado reiteradamente…”.
29 Entendimiento asumido y reiterado entre otras por la SCP 0719/2018-S1 de 6 de noviembre y la SCP 0712/2020-S1 de 10 de noviembre.
30 Respecto al ámbito de protección de la inamovilidad laboral de la mujer embarazada la SC 505/00-R de 24 de mayo de 2000, ha señalado expresamente: “… por cuanto el derecho que se debe proteger no es solamente al trabajo, sino otros derechos primarios de la recurrente y el ser en gestación, los cuales necesitan protección urgente e inmediata, ya que el retiro intempestivo de la recurrente importa también la supresión del derecho a la seguridad social que a su vez, resguarda y garantiza el derecho a la salud, derechos que con la medida adoptada ponen en riesgo el primer derecho, la vida, que no puede estar pendiente de otros recursos o vías administrativas que establece la Ley”. Citado por las SSCC 0434/2010-R, 0581/2010-R, 1043/2010-R, 0610/2010-R, 0771/2010-R, 1330/2010-R y 1205/2010-R, entre otras. 31Respecto a la inamovilidad laboral la jurisprudencia constitucional textualmente expresa en la SCP 1245/2014 de 16 de junio: “… la inamovilidad laboral está referida a la protección del trabajador o trabajadora en su fuente de empleo, respecto a su permanencia, sin que el empleador pueda despedirlos, rescindir unilateralmente el contrato de trabajo o modificar las condiciones laborales en condiciones desventajosas para obligar al trabajador o
trabajadora a que renuncie, pues perder el trabajo cuando un niño o niña está por nacer, puede suponer una terrible afectación a la estabilidad económica y emocional de la familia, con incidencia directa principalmente en el nuevo ser a quien el Estado Plurinacional tiene la intención de proteger”, citado por la SCP 0059/2015-S1 de 10 de febrero, SCP 0324/2018-S3 de 29 de junio, entre otros. 32En el mismo sentido de la excepción a la subsidiariedad en caso de la inamovilidad laboral por mujer embarazada y padre progenitor de hijos menores hasta la edad de un año, se pronunció la SCP 0198/2013 de 27 de febrero.
35 En su F.J. III.3, señalo: “Ahora bien, del análisis del núcleo del derecho de petición, que es la respuesta a una determinada solicitud como contenido y alcance del mismo; a efectos de su tutela debe tomarse en cuenta lo siguiente: i) La existencia de una petición oral o escrita; ii) La omisión indistintamente de cualquiera de sus componentes, vale decir, ante una: ii.a) Ausencia de respuesta formal; ii.b) Falta de respuesta material; ii.c) Inexistencia de argumentación -motivación y/o fundamentación- en la respuesta; y, iii) El agotamiento de medios de impugnación o reclamo idóneos para hacer efectivo dicho derecho, siempre que estén previstos expresamente en el ordenamiento jurídico para tal efecto, de lo contrario, no es exigible este requisito.”
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1110_2023-S1.pdf · páginas 1 a 36.
Huella digital del PDF (SHA-256): d2e4c6d51b90f2deee5db880d2a3e2f354afe1fefa0f3f1282ad3ea3bfcda8f7
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