Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de Amparo Constitucional · Sala Primera · 18 de septiembre de 2023
Concede en parte la tutela
La accionante considera lesionados sus derechos a la vida, a la salud, a la seguridad social, a la dignidad, al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia; y, a los principios de acceso a la justicia, a la prevalencia de la justicia material sobre la formal y a la seguridad jurídica; toda vez que, la Comisión Nacional de Prestaciones del SENASIR, al desestimar su solitud de “Renta Básica de Orfandad Vitalicia” a través de la Resolución Administrativa 0000987, incumplió lo dispuesto por el Auto de Vista 16/2019 con ausencia de fundamentación, motivación y congruencia, y valorando elementos de prueba que no demuestran los extremos que sostiene la misma. Consecuentemente, corresponde en revisión analizar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto se tomaran en cuenta los siguientes ejes temáticos: a) La excepción a los principios de subsidiariedad e inmediatez de la acción de amparo constitucional tratándose del derecho a la seguridad social; b) El derecho a la seguridad social; c) El principio de congruencia como componente sustancial del debido proceso; d) El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso; e) La revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional; y, f) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y conforme lo dispuesto por el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional, en revisión, CONFIRMAR en parte la Resolución 138/2022 de 20 de junio, cursante de fs. 456 a 461, dictada por la Sala Constitucional Segunda del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1) CONCEDER la tutela impetrada con relación a la Comisión Nacional de Prestaciones del SENASIR, en base a los fundamentos y motivos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional y en los mismos términos de la Sala Constitucional Segunda del departamento de La Paz.
En ese sentido, una vez que la Comisión Nacional de Prestaciones del SENASIR se pronuncie respecto al único motivo por el cual no habría llegado a ser atendida la solicitud de “Renta Básica de Orfandad Vitalicia” de la ahora accionante; la misma, en caso de corresponder y al dictar la nueva Resolución Administrativa correspondiente, debe disponer el pago retroactivo del seguro social al largo plazo solicitado; y,
2) DENEGAR la tutela solicitada con relación a la Comisión de Reclamaciones del SENASIR.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1109/2023-S1 Sucre, 18 de septiembre de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de Amparo Constitucional Expediente: 49530-2022-100-AAC Departamento: La Paz En revisión de la Resolución 138/2022 de 20 de junio, cursante de fs. 456 a 461, dictada dentro de la acción de amparo constitucional presentada por Nadia Alejandra Cruz Tarifa, Defensora del Pueblo a.i. del Estado Plurinacional de Bolivia, en representación sin mandato de Esther Lotty Flores Vera contra Jorge Álvaro Trigo Torrico, Director General Ejecutivo (ex integrante), Viviana Carina Nieto Bizarroque (actual integrante), Hilarión Alfredo Saico Argandoña (actual Responsable); y, Nelly Miriam Yujra Gutiérrez (actual Secretaria) todos de la Comisión de Reclamaciones del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR); y, Maritza Arismendi Chumacero (actual Presidenta a.i.), Rudy Joaquín Apaza Ticona (actual Vocal a.i.); y, Edgar Arias Blacutt (ex Secretario a.i.) todos de la Comisión Nacional de Prestaciones de la referida institución.
Por memoriales presentados el 6 y 19 de mayo de 2022, cursante de fs. 89 a 109 vta., y 114 a 115 vta., la accionante a través de su representante sin mandato, expreso los siguientes argumentos de hecho y derecho:
A la fecha -se entiende a la presentación de la acción de amparo constitucional-se constituye en una persona de la tercera edad; puesto que, contaría con sesenta y ocho años, y que como consecuencia de la poliomielitis que contrajo en su infancia, la cual le dejó secuelas irreversibles, tiene un estado de invalidez permanente que alcanza a una discapacidad física motora de aproximadamente el 57% la cual llegaría al 70% una vez que sea actualizado el correspondiente carnet de discapacidad. Ahora bien, siendo que su progenitor trabajaba en una empresa privada (International Mining), pudo junto a su familia ser asegurada en la Caja Nacional de Salud (CNS), y cuando el mismo falleció, su progenitora, al realizar los trámites administrativos pertinentes, se benefició de una renta de viudedad; empero, después de que aquella hubiese fallecido, el 22 de septiembre de 2010 pidió al SENASIR en su calidad de hija y heredera, que aquel seguro social a largo plazo le sea otorgado tomando en cuenta su estado de invalidez permanente. Es ante ello que, la Comisión de Calificación de Rentas del SENASIR, a través de la Resolución Administrativa 00001571 de 12 de mayo de 2014, dispuso desestimar su solitud de “Renta Básica de Orfandad Vitalicia”; por lo que, contra la misma interpuso un recurso de reclamación. Medio de impugnación que fue resuelto por el Director General Ejecutivo a.i. y el Jefe de la Unidad Jurídica a.i., ambos del SENASIR, quienes, a través de la Resolución Comisión de Reclamación 280/18 de 22 de junio de 2018, dispusieron confirmar la Resolución Administrativa 00001571. Motivo por el que, interpuso un recurso de apelación en contra de la Resolución de Comisión de Reclamación 280/18, el cual fue resuelto por la Sala Social Administrativa Contenciosa y Contenciosa Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a través del Auto de Vista 16/2019 de 22 de marzo de 2019; por el cual, dispuso anular la misma y que el SENASIR, tomando en cuenta los fundamentos y motivos ahí desarrollados, dicte una nueva. Es así que, el 18 de marzo de 2021, después de aproximadamente transcurridos dos años, los cuales se trató de justificar con solicitudes de remisión de información no sustanciales, y sin dar cumplimiento a lo dispuesto por el Auto de Vista 16/2019; el Director General Ejecutivo a.i. y el Jefe de la Unidad Jurídica a.i., ambos de SENASIR, le notificaron con la Resolución Comisión de Reclamación 003/21 de 7 de enero de 2021, a través de la cual dispusieron anular la Resolución Administrativa 00001571 y que la Comisión Nacional de Prestaciones del SENASIR dicte una nueva. Razón por la cual, por memorial de 31 de marzo de mismo año, observó la determinación adoptada. Posteriormente, la Comisión Nacional de Prestaciones del SENASIR dictó la Resolución Administrativa 0000987 de 8 de abril de 2021, a través de la cual, con ausencia de fundamentación, motivación y congruencia, e incumpliendo lo dispuesto por el Auto de Vista 16/2019, nuevamente dispuso desestimar su solitud de “Renta Básica de Orfandad Vitalicia”; sosteniendo que, se “cuenta con un seguro social a largo plazo en curso de pago y que contrajo matrimonio”, lo cual no llega a ser correcto; determinación adoptada que, le fue notificada el 5 de mayo de igual año.
Ante tal circunstancia, por memoriales de 12 y 28 de mayo de 2021, observó la determinación que se habría adoptado a través de la Resolución Administrativa 0000987; pese a ello, la Comisión Nacional de Prestaciones del SENASIR, a través del Auto Administrativo de 23 de junio de referido año, declaró ejecutoriada la misma.
La peticionante de tutela, considera lesionados sus derechos a la vida, a la salud, a la seguridad social, a la dignidad y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; y, los principios de acceso a la justicia, a la prevalencia de la justicia material sobre la formal y a la seguridad jurídica, citando al efecto los arts. 15.I, 18.I.II, 45.I.II, 48.I.IV, 70.1, 71 y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia:
“(…). 2.- SE DEJE SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN 0000987 DE 8 DE ABRIL DE 2021 Y EL AUTO DE 23 DE JUNIO DE 2021, QUE DECLARÓ EJECUTORIADA LA PRECITADA RESOLUCIÓN 0000987. 3.- SE ORDENE A LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN NACIONAL DE PRESTACIONES EMITAN UNA NUEVA RESOLUCIÓN DE FORMA FUNDAMENTADA, MOTIVADA Y CONGRUENTE, DANDO CUMPLIMIENTO A TODO LO DETERMINADO EN EL AUTO DE VISTA 16/2019 S.S.A.II DE 22 DE MARZO DE 2019, Y EN CONSECUENCIA SE DE CURSO A LA SOLICITUD DE RENTA VITALICIA DE ORFANDAD POR INVALIDEZ PERMANTE DE LA SEÑORA ESTHER LOTTY FLORES VERA. 4.- SE ORDENE EL PAGO RETROACTIVO DE LAS RENTAS MENSUALES QUE DEBIÓ COBRAR LA SEÑORA ESTHER LOTTY FLORES VERA, DESDE LA PRESENTACIÓN DE SU SOLICITUD DE RENTA VITALICIA DE ORFANDAD QUE FUE REALIZADA EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2010” (sic).
Celebrada la audiencia pública el 20 de junio de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 449 a 454 vta., se produjeron los siguientes actuados:
La impetrante de tutela, a través de su abogado, ratifico íntegramente el contenido de su memorial de acción de amparo constitucional, y ampliándolo el mismo, señalo que: a) Se está en un estado grave de vulnerabilidad por la situación económica que atraviesa, la edad que tiene y la salud deteriorada que quedó demostrada; b) Por el estado de invalidez permanente que alcanza a una discapacidad física motora de aproximadamente el 70%, no se pueden generar recursos económicos propios para poder sobrevivir; c) Se dictaron resoluciones administrativas en las que se valoraron elementos de prueba que no demuestran los extremos que sostienen sus fundamentos y motivos; d)
No se cuenta con un seguro social en curso de pago en la Administradora de Fondo de Pensiones (AFP) “Futuro de Bolivia”; por lo cual, las resoluciones administrativas que se dictaron se sustentan en elementos de prueba que contienen información errónea, lo que no fue constatado por las autoridades ahora demandadas; e) Se desestimó inicialmente por parte de las autoridades ahora demandadas la solitud de “Renta Básica de Orfandad Vitalicia”; sosteniendo que, no se estaría consignada como asegurada en la CNS, ya que habría contraído matrimonio; extremos que, tendrían que haber sido corregidos por aquellas; empero, no procedieron en ese sentido; f) Lo que las autoridades ahora demandadas pretenden es que se lleguen a anular todos los actos jurídico-procesales llevados a cabo dentro del correspondiente proceso administrativo que ya tiene una duración de más de diez años, cuando las irregularidades en que incurrieron las mismas son susceptibles de corrección; g) El hecho de que se consignen algunos aportes en el sistema de seguro social a largo plazo, ello no significa que se tenga una fuente laboral; puesto que, los mismos fueron realizados de forma esporádica hace mucho tiempo atrás; extremo que, no fue tomado en cuenta por las autoridades ahora demandadas; h) Se interpuso un último recurso de reclamación, el cual debió ser resuelto por las referidas autoridades en observancia del principio de informalismo que rige a todo proceso administrativo; empero, estos dieron prioridad a la verdad formal sobre la material; e, i) Lo que ahora se pretende ante la jurisdicción constitucional, es que las autoridades ahora demandadas resuelvan el último de los recursos de reclamación que se interpuso, esto de manera fundamentada, motivada y congruente, y cumplimiento lo dispuesto por el Auto de Vista 16/2019, además del pago retroactivo de la “Renta Básica de Orfandad Vitalicia”, la cual debe ser cotizada desde el momento en que se solicitó la misma.
Miguel Ángel Ríos Campos, Director General Ejecutivo a.i. del SENASIR, por medio de sus representantes legales conforme consta del Testimonio 508/2022 de 17 de junio, cursante de fs. 130 a 131 vta., presentó Informe de 20 de junio de 2022, cursante de fs. 439 a 446 vta., a través del cual, señaló lo siguiente: 1) La acción de amparo constitucional debe ser declarada improcedente, en mérito a que la misma fue presentada después de ocho meses de que la ahora accionante haya sido notificada con la última Resolución Administrativa dictada dentro del proceso administrativo en cuestión, plazo que excede incluso las excepciones que los razonamientos jurisprudenciales sentaron respecto a la aplicación del principio de inmediatez que rige a dicha acción de defensa; 2) La ahora peticionante de tutela, que según consta de los antecedentes del proceso administrativo, contaba con una “renta por orfandad”; por lo que, no cumplió con los presupuestos dispuestos por el art. 107 del Reglamento del Código de Seguridad Social, para que así su solicitud de “Renta Básica de Orfandad Vitalicia” sea atendida, ya que su estado de invalidez permanente no fue reconocida por un Tribunal Médico de la CNS, la cual debió haber sobrevenido antes de que aquella cumpliera diecinueve años; 3) Debe tomarse en cuenta que ni la “renta por orfandad”, ni la “renta por viudedad” son heredables; por lo cual, todo lo que refiere la ahora impetrante de tutela es erróneo; 4) La prenombrada seria titular y no beneficiaria de un seguro social a largo plazo, además que la misma desde 1984 contaba con una fuente laboral, por lo que realizaba aportes en el antiguo y nuevo sistema, estando registrados los correspondientes a las gestiones 2014-2018; 5) El SENASIR dio cumplimiento a lo dispuesto por el Auto de Vista 16/2019; por lo que, se recabaron elementos de prueba con los cuales se sustentó la disposición de desestimar la solitud de “Renta Básica de Orfandad Vitalicia” de la ahora accionante; 6) Los elementos de prueba recabados por la Defensora del Pueblo a.i. del Estado Plurinacional de Bolivia, en ningún momento fueron puestos a conocimiento del SENASIR; 7) La peticionante de tutela, con el único afán de ser beneficiaria de un seguro social a largo plazo que no le corresponde, retiró los aportes que habría realizado de forma precedente; 8) La ahora impetrante de tutela si bien tendría un estado de invalidez, ésta no sería permanente ni ilimitada, tal como lo demuestran los elementos de prueba que fueron recabados, lo cual no obsta a que la misma pueda ser beneficiaria de un seguro social a largo plazo; empero, tomando en cuenta sus propios aportes realizados tanto en el antiguo como en el nuevo sistema; 9) No se presentó un solo elemento de prueba o se explanó un solo argumento por parte de la ahora accionante, con el cual se demuestre o explique, como es que fueron lesionados los derechos a la vida, a la salud y a la dignidad inherentes a la misma; y, 10) De la lectura integra de la Resolución Administrativa 0000987, se tiene que la misma está debidamente fundamentada, motivada y que es congruente; puesto que, al momento de ser dictada se cumplió con lo dispuesto por el Auto de Vista 16/2019, en observancia del principio de razonabilidad; siendo que, se demostró que la ahora peticionante de tutela contaba con una fuente laboral, por lo que realizaba aportes en el antiguo y nuevo sistema de seguridad social a largo plazo. Rudy Joaquín Apaza Ticona y Nelly Mirian Yujra Gutiérrez en representación legal de la Comisión Nacional de Prestaciones del SENASIR, presentaron Informe SENASIR C.N.P.S.R. 017/2022 de 20 de junio, cursante de fs. 132 a 137, a través del cual señalaron lo siguiente: i) De acuerdo a un Informe expedido por el SENASIR, la ahora accionante contaba con una fuente laboral, por lo que realizaba aportes en el antiguo y nuevo sistema de seguro social a largo plazo, y que en 1998 contrajo matrimonio, siendo esos los motivos por los cuales no fue atendida su solicitud de “Renta Básica de Orfandad Vitalicia”, en consecuencia no corresponde realizar ningún pago retroactivo; y, ii) La Comisión Nacional de Prestaciones del SENASIR se restringió en proceder conforme lo dispuesto por el Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición de la Unidad de Recaudación y el Decreto Supremo (DS) 0268 de 26 de agosto de 2009. En audiencia, tanto Miguel Ángel Ríos Campos, Director General Ejecutivo a.i. del SENASIR, como la Comisión Nacional de Prestaciones de la misma institución, por medio de sus representantes legales explanaron los mismos argumentos de los plasmados en sus Informes. Ante las preguntas formuladas por la Sala Constitucional, la ahora peticionante de tutela, refirió lo siguiente: a) Contra la Resolución Administrativa 0000987 en tiempo y forma oportuna se interpuso un recurso de reclamación y que pese a ello el SENASIR, a través de Auto Administrativo de 23 de junio de 2021, declaró su ejecutoria; razón por la cual, la pretensión perseguida ante la jurisdicción constitucional fue modulada; ya que, ahora se exige que dicho medio de impugnación sea resuelto; y, b) Las autoridades ahora demandadas deben tomar en cuenta que uno de los principios que rige a todo proceso administrativo es el del informalismo, en ese sentido, las mismas debieron haber procedido en su absoluta observancia. Ante las preguntas formuladas por la Sala Constitucional, las autoridades ahora demandadas señalaron lo siguiente: 1) Los memoriales presentados por la ahora impetrante de tutela, después de haber sido notificada con la Resolución Administrativa 0000987, no se constituyen en ningún recurso de reclamación; puesto que, no cumplen con los parámetros exigidos por el Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición de la Unidad de Recaudación; y, 2) Todas las peticiones realizadas por la ahora accionante merecieron el pronunciamiento correspondiente, y por el contrario a tal proceder diligente, es la misma quien manifestó desinterés en la pretensión que venía persiguiendo, en vista de que realizaba el seguimiento del proceso administrativo que inicio cada dos años.
La Sala Constitucional Segunda del departamento de La Paz, a través de la Resolución 138/2022 de 20 de junio, cursante de fs. 456 a 461, concedió en parte la tutela solicitada, por lo que dispuso lo siguiente: “Dejar sin efecto la Resolución 0000987 de 08 de abril de 2021, por la que se resuelve desestimar la Renta Básica de Orfandad Absoluta Vitalicia solicitada por Esther Lotty Flores Vera, así como el Auto de fecha 23 de junio de 2021 0001873, por el cual se declara ejecutoriada la Resolución N°0000987 de 08 de abril, en esa virtud se dispone se dicte nueva resolución por la Comisión Nacional de Prestaciones del Sistema de Reparto conforme a lo dispuesto en Auto de Vista N°16/2019 S.S.A.II de 22 de marzo de 2019, efectuando el análisis correspondiente que han observado las citadas autoridades que dictaron dicha resolución, a tal efecto se concede el plazo de 10 (diez) días a objeto de que emita la resolución correspondiente” (sic). Determinación que adoptó con base en los siguientes fundamentos y motivos: i) Las autoridades ahora demandadas, al dictar sus resoluciones administrativas debieron dar cumplimiento y hacer mención de lo dispuesto por el Auto de Vista 16/2019; empero, no procedieron en ese sentido, ya que se alejaron de los fundamentos y motivos desarrollados en aquella resolución judicial, con lo que colocaron en un estado de indefensión a la ahora accionante; y, ii) No se atendió la solicitud “Renta Básica de Orfandad Vitalicia” de la prenombrada, en mérito a que las autoridades ahora demandadas valoraron elementos de prueba que fueron aclarados con otros, por lo que los fundamentos y motivos desarrollados en las resoluciones administrativas que dictaron carecen de sustento, además que los mismos no fueron puestos a consideración de las autoridades jurisdiccionales que dictaron el Auto de Vista 16/2019.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Por Nota de 4 de septiembre de 2010 -con cargo de recepción de 22 de igual mes y año-, la ahora accionante se dirigió a Yoni Exeni León, Director General Ejecutivo a.i. del SENASIR, solicitando “Renta Básica de Orfandad Vitalicia”; y, señalando para el efecto, lo siguiente:
“En la actualidad estoy impedida de hacer cualquier trabajo, por lo que dependía de favor de mi madre Sra. Flores Vera Vda. De Flores con quien nos beneficiábamos de su renta. Al presente ella falleció y me encuentro totalmente desamparada al tener problemas físicos desde mi niñez, por lo que solicito inscriba mi nombre en las listas de SENASIR, para seguir usando la renta” (sic [fs. 353]). Es así que, adjunto a dicha Nota elementos de prueba para que sea atendida su solicitud (fs. 354 a 448 vta.). II.2. Ante la solicitud de “Renta Básica de Orfandad Vitalicia” realizada por la ahora peticionante de tutela, el SENASIR sustanció el proceso administrativo correspondiente (fs. 301 a 352). II.3. A través de la Resolución Administrativa 00001571 de 12 de mayo de 2014, notificada el 10 de igual mes de 2018 de la Comisión de Calificación de Rentas del SENASIR, respecto a la solicitud de “Renta Básica de Orfandad Vitalicia” de la ahora impetrante de tutela, dispuso lo siguiente: “DESESTIMAR; la Renta Básica de Orfandad Absoluta Vitalicia, solicitada por ESTHER LOTTY FLORES VERA, (…)” (sic [290 a 292]). II.4. La ahora accionante, interpuso un recurso de reclamación contra la Resolución Administrativa 00001571 (fs. 288 a 289); medio de impugnación que fue resuelto por el Director General Ejecutivo a.i. y el Jefe de la Unidad Jurídica a.i., ambos de SENASIR, quienes, a través de la Resolución Comisión de Reclamación 280/18 de 22 de junio de 2018, notificado el 5 de julio de igual año, dispusieron lo siguiente: “CONFIRMAR la Resolución Nº 00001571 de fecha12 de mayo de 2014, cursante de fs. 136 a 138 de obrados, emitida por la Comisión Nacional de Prestaciones del Sistema de Reparto, (…)” (sic [fs. 279 a 285]). II.5. La peticionante de tutela, interpuso recurso de apelación contra la Resolución Comisión de Reclamación 280/18 (fs. 271 a 275), el cual amplio por memorial de 11 de septiembre de 2018 (fs. 261 a 265); medio de impugnación que fue resuelto por la Sala Social Administrativa Contenciosa y Contenciosa Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz,
Por lo que, el Auto de Vista 16/2019 de 22 de marzo, dispuso lo siguiente:
“…ANULA la Resolución Nº 280/18 de fecha 22 de junio de 2018, cursante de fs. 154 - 160, disponiendo que SENASIR emita nueva resolución, en base a la fundamentación señalada y en observancia de las consideraciones de la presente resolución…”.
Determinación que adoptó con base en los siguientes fundamentos y motivos:
“(…). 2.- Inicialmente es pertinente referir que la Constitución Policita del Estado prevé en los arts. 35 “…El estado, en todos sus niveles, protegerá el derecho a la salud promoviendo políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso gratuito de la población a los servicios de salud...", el art. 37 estatuye "...El Estado tiene la obligación indeclinable de garantizar y sostener el derecho a la salud, que se constituye en una función suprema y primera responsabilidad financiera. Se prioriza la promoción de la Salud y la prevención de las enfermedades...", todas ellas dispuestas en nuestra carta magna, que bajo el contraste normativo con los instrumentos internacionales que conforman el bloque de constitucionalidad establecidas ellas en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, se señala en su art. XI "...toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, correspondientes al nivel que permiten los recursos públicos y los de la comunidad...", y que la misma también se halla establecida en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948, que prevé en su art. 22 "…Toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social…", así como en el art. 25.1. de la misma norma internacional refiere: "…Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y bienestar, y en especial la alimentación el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de perdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad…"; de lo señalado no queda duda que constituye la primera obligación del Estado cuidar, velar y preservar por la salud y la vida de cada uno de los habitantes de Estado, cuando así señala en el art. 45.I de la C.P.E., "…Todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social; II La seguridad social se presta bajo los principio de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia. Su dirección y administración corresponde al Estado con control y participación social…" el art. 13 de nuestra misma norma suprema señala "…que los derechos reconocidos por esta constitución son inviolables, universales interdependientes, indivisibles y progresivos. El Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos…". 3.- De la revisión de actuados, se tiene que la impugnación del caso de autos radica en la desestimación de la Renta Básica de Orfandad Absoluta Vitalicia, solicitada por ESTHER LOTTY FLORES VERA, en mérito al deceso del que en vida fue la Sra. Flora vera Vda. de Flores (madre de la solicitante) quien falleció en fecha 8 de septiembre de 2009 de acuerdo al certificado de defunción cursante a fs. 99 de obrados, la misma que fue derechohabiente del Sr. German Flores Ruiz (padre de la solicitante), quien falleció en fecha 30 de abril de 1971, en ese entendido y conforme a los antecedentes precedentemente referidos en el numeral primero de la presente resolución, al respecto corresponde referir que el Estado tiene la obligación de defender el capital humano, protegiendo la salud de la población asegurando la continuidad de sus medios de subsistencia, rehabilitación y mejorando las condiciones de vida del grupo familiar, cubriendo las contingencias de enfermedad, maternidad, riesgos profesionales, invalidez, vejez, muerte, paro forzoso, asignaciones familiares, vivienda de interés social y otros, mismos que se encuentran ratificados en los arts. 35 y siguientes de la Constitución Política del Estado. 4.- En este entendido, revisado los antecedentes que cursa en el trámite administrativo se tiene que a fs. 96 de obrados cursa Informe original de fecha 07 de septiembre de 2010 Tribunal Médico Nacional Calificador de Incapacidades el cual refiere "…EVALUACIÓN MÉDICA POR INVALIDEZ. De acuerdo a los exámenes efectuados en el Departamento Nacional de Medicina de Trabajo, certificado de Especialista Traumatólogo y certificado de CONALPEDIS, presenta COXARTROSIS BILATERAL GRADO III, ESCOLIOSIS DORSOLUMBAR GRADO III Y ARTROSIS DE TOBILLO IZQUIERDO, secuelas de poliomielitis adquirida en la infancia, proceso irreversible que determina estado de invalidez permanente…", a fs. 100 de obrados, cursa nota efectuada por la recurrente dirigida al SENASIR solicitando se le otorgue la Renta Básica de Orfandad Absoluta Vitalicia, al fallecimiento de al derecho habiente FLORA VERA VDA. DE FLORES, a fs. 112 cursa Informe de fecha 05 de febrero de 2013 emitido por el Departamento de Nacional de Medicina del Trabajo - División Nacional de Medicina Laboral, dependiente de la C.N.S. que informa "…La paciente acude a este servicio para re-evaluación. A la fecha se encuentra tramitando declaratoria de invalidez de beneficiaria desde el año 2009, mismo que hasta la fecha no logra efectivizarse. La paciente entre sus antecedentes patológicos: Diagnosticada de poliomielitis cuando tenía un 1 año. Artrodesis de tobillo izquierdo en dos oportunidades, a los 8 años de edad en el Hospital Paz Estenssoro y a los 14 años en la ciudad de Cochabamba, Diagnosticado de pie cavó derecho a los 10 años de edad que fue evolucionando progresivamente hasta llegar a la deformidad severa actual. Intervenida quirúrgicamente de cadera izquierda a los 19 años de edad, Sometida la cirugía mayor de cadera izquierda para formación de Neo techo acetabular a la edad de 26 años en Chile. Intervenida quirúrgicamente de formación hallux derecho a los 28 años de edad secundaria A la dificultad para la marcha que le ocasionaba. (...) En consideración a la patología de base que presenta `POLIOMIELITIS´, siendo está una enfermedad que ocasiona la invalidez y que se adquiere en la infancia, se determina que su invalidez ya estaba establecida desde su infancia y que a la fecha padece de complicaciones secundarias de la misma…". 5.- En ese contexto y tomando en cuenta que la parte final del art. 2 en su inc. b) del Decreto Supremo No 0268 del 26 de agosto del año 2009 dispone que son beneficiarios del trabajador sin límite de edad los hijos, si son declarados inválidos por los servicios médicos de las Cajas a cualquier edad, normativa de la cual se deduce que no existe un límite de edad para que los hijos que quieran acceder al seguro social en su calidad de beneficiarios, tengan que ser declarados inválidos por los mismos servicios de la Caja Nacional. Del cual se debe interpretar que dicho precepto legal NO establece una edad mínima o máxima para solicitar la declaratoria de invalidez, con el único requisito de ser beneficiario del trabajador, requisito que la solicitante cumple a cabalidad puesto que en el presente caso la solicitante ESTHER LOTTY FLORES VERA es la hija German Flores Ruiz (+) afirmación que se encuentra sustentada de acuerdo a antecedentes que cursan en el trámite administrativo que cursan a fs. 2, 3, 75, 122 de obrados, de igual manera resulta de vital importancia referir que la misma resulta ser una persona adulta mayor con más de 60 años de edad, misma que debe gozar con una vejez digna, con calidad y calidez humana, como bien lo establece la norma suprema, sin embargo; en el caso que nos acontece se llega a evidenciar que en la actualidad la recurrente a causa de la enfermedad de POLIOMELITIS sobrelleva discapacidad en las caderas y piernas, conforme se constata del Informe remitido por la C.N.S. cursante a fs. 112 de obrados, por lo cual se establece la gravedad de su estado de salud en la que actualmente se encuentra y que a causa de esta enfermedad que padece se infiere que no puede desarrollar sus actividades con total normalidad, ya que es una enfermedad PERMANENTE de acuerdo al informe cursante a fs. 96 de obrados, por lo que corresponde ser protegida por el Estado como manda la C.P.E. en sus arts. 67, 70, 71y 72. 6.- En mérito a lo desarrollado precedentemente este tribunal llega a la conclusión de que el SENASIR en la resolución ahora impugnada, no ha efectuado un correcto análisis de acuerdo a las normas constitucionales citadas, y la normativa legal vigente que rige la materia, ni tampoco ha valorado la documentación que cursa en la carpeta administrativa a fs. 96, 105 y 112 de obrados, limitándose únicamente a rechazar una gestión de naturaleza humana y social como es la ahora reclamada, infiriéndose con ello que el SENASIR, no obstante de las pruebas consistentes en informes especializados, sin fundamento alguno, deniega la solicitud de la Renta Básica de Orfandad Absoluta y Vitalicia, correspondiendo a esta instancia anular la decisión asumida por dicho ente, toda vez que la solicitud de la renta a la que hace referencia la interesada, se halla destinada a cubrir los gastos de subsistencia más aun tornando en cuenta que la misma se encuentra con salud deteriorada que requiere de la asistencia médica y económica puesto que las personas que sufren una discapacidad son personas sumamente vulnerables, no pudiéndose pretender quebrantar un Derecho Humano consagrado en nuestra C.P.E., Convenios Internacionales y la Declaración de Derechos Humanos y que el derecho a la Seguridad Social se inspira en el principio de Solidaridad, así como el derecho fundamental que es el derecho a la vida, extremos citados que no han sido considerados por los representantes del SENASIR, toda vez que los fundamentos expresados en la resolución impugnada no se ajustan a la normativa legal vigente en la materia. 7.- Con respecto al art. 107 del Reglamento del Código de Seguridad Social el art. 2 del D.S. N° 0268 de 26 de agosto de 2009, en los que se fundamenta el SENASIR en la resolución ahora apelada, al respecto corresponde señalar que la Ley General para Personas con Discapacidad No 223 de 2 de marzo de 2012, en su art. 1 que expresa "…El objeto de la presente Ley es garantizar a las personas con discapacidad, el ejercicio pleno de sus derechos y deberes en igualdad de condiciones y equiparación de oportunidades, trato preferente bajo un sistema de protección integral…", el art. 2 de la misma ley que señala entre sus fines "…1) Promover, proteger y asegurar el goce pleno, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas la personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad (...). 6) Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, reduciendo los índices de pobreza y exclusión social…". Por su parte el art. 4 de la misma ley señala como uno de sus principios señala “…8) Asistencia Económica Estatal. Por el que el Estado promueve una renta solidaria para las personas con discapacidad grave y muy grave; y asistencia económica mediante planes, programas y proyectos a las personas con discapacidad…", el art. 8, establece "…Se reconoce el derecho de las personas con discapacidad a constituir su propia familia, asumiendo las responsabilidades como padres, madres y cónyuges...", constituyendo también el derecho a la protección del Estado, en su art. 9 núm. I prevee: "El Estado Plurinacional de Bolivia adoptara e implementará políticas públicas destinadas a la protección y el desarrollo integral dela persona con discapacidad, de su familia y/o tutores. II, señala "…II. En caso que la persona con discapacidad quede en estado de abandono u orfandad el Estado asumirá la responsabilidad del mismo de acuerdo a sus competencias nacionales, departamentales, regionales, municipales e indígena originario campesinos…", bajo ese entendido y tomando en cuenta que las normas del Estado Plurinacional tienen que estar subordinadas a la supremacía de la Constitución Política del Estado, prevista en su arts. 256 y 410, así como de los Convenios Internacionales referidos anteriormente, resulta esencial tomar en cuenta el principio de favorabilidad bajo el paraguas de la interpretación pro homini, puesto que las normas deben adecuarse a la C.P.E., correspondiendo a este tribunal manifestar que si bien la solicitante requiere constituirse legalmente como rentista vitalicia de orfandad, esta solicitud debe ser viable a realizarse porque de lo contrario al privarle de dicho beneficio, implicaría la privación de su única fuente de recursos que permite su subsistencia, pero además de afectar no solo materialmente sino emocionalmente su calidad de vida y salud, toda vez que este sector de la población necesita especial protección, debido a su situación de desventaja frente al común de la población, debido a sus propias limitaciones, lo que en muchos casos les imposibilita la igualdad de condiciones, porque sus límites conforme la incapacidad o invalidez calificada no se lo permiten. 8.- Bajo ese contexto es menester señalar que no se puede restringir a este sector de personas con discapacidad, la posibilidad de conformar su propia familia a partir del matrimonio, derecho que se encuentra reconocido en el art. 8 de la Ley General para Personas con Discapacidad N° 223 de 2 de marzo de 2012, decreto citado anteriormente en el numeral octavo de la presente resolución, asimismo tampoco se puede condicionar a la solicitante a no contraer matrimonio, para tener un medio de subsistencia propio como es la Renta Básica de Orfandad Absoluta Vitalicia, por lo que al establecer los representantes del SENASIR en la resolución impugnada, que la solicitante no puede pretender ser beneficiaria de dicha renta por haber contraído matrimonio, dicho criterio no concuerda con los preceptos constitucionales vigentes, resultando ser aplicable lo mencionado por el SENASIR para los casos en que los que los beneficiarios contraigan nupcias antes de la edad límite, así como lo señala el art. 107 del Reglamento del Código de Seguridad Social y el art. 38 del Manual de Prestaciones en Curso de Pago y Adquisición y no así para el presente caso en cuestión, debiéndose tener en cuenta que un matrimonio puede llegar a concluir por diferentes razones, mientras que la incapacidad es permanente, por lo que el negar la otorgación de la Renta Básica de Orfandad Absoluta Vitalicia a la peticionaria sólo por el hecho de contraer matrimonio, el Estado a través del SENASIR no estaría garantizando a las personas adultas mayores con discapacidad a la obtención de recursos necesarios para subsistir de modo compatible con su dignidad humana intrínseca, es decir que se estaría desconociendo la protección adicional que requieren las personas que sufren alguna discapacidad, contraviniendo de esta forma lo dispuesto en el art. 22 de la DUDH norma internacional ratificada por el estado Boliviano que forma parte del bloque de constitucionalidad establecido en el art. 410 de la C.P.E., así como el art. 45 en sus núm. I, II y II de la misma norma suprema, excepto que el SENASIR establezca que la reclamante por alguna actividad de trabajo percibe remuneración económica en la que se establezca los aportes de cotizaciones a las AFPS. 9.- En ese contexto y por todo lo precedentemente descrito, nos lleva al razonamiento y a la certeza de que estos aspectos no fueron tomados en cuenta por los representantes del SENASIR a momento de emitir sus resoluciones, correspondiendo en el presente caso efectuar una correcta valoración de la pruebas presentadas para que se pueda conducir a una correcta aplicación de la justicia acorde a los principios de la seguridad social y los principios constitucionales, correspondiendo en esta instancia revocar la resolución recurrida, ello al amparo del art. 218 numeral II núm. 4) del Código Procesal Civil, aplicable por mandato del art. 15 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición (sic [fs. 249 a 252]).
II.6. A través de la Providencia de 25 de julio de 2019, la Sala Social Administrativa Contenciosa y Contenciosa Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró ejecutoriado el Auto de Vista 16/2019, a razón de que contra el mismo los sujetos de derecho no interpusieron ningún medio de impugnación (fs. 241). II.7. Mediante la Resolución Comisión de Reclamación 003/21 de 7 de enero, notificada el 17 de marzo de igual año, en cumplimiento de lo dispuesto por el Auto de Vista 16/2019, el Director General Ejecutivo a.i. y el Jefe de la Unidad Jurídica a.i., ambos de SENASIR, depusieron lo siguiente:
“ANULA la Resolución 00001571 de fecha 12 de mayo de 2014, cursante a fs. 139 a 141 de obrados, emitida por la Comisión Nacional de Prestaciones del Sistema de Reparto, debiendo al efecto dicha comisión emitir una nueva resolución fundamentada y motivada, la misma que debe ser previo proceso de revisión objetivo de los antecedentes, que otorgue elementos suficientes para determinar lo que corresponda de acuerdo a normativa legal vigente” (sic [fs. 183 a 190]). II.8. Por la Resolución Administrativa 0000987 de 8 de abril de 2021, notificada el 5 de mayo de igual año, la Comisión Nacional de Prestaciones del SENASIR, respecto a la solicitud de “Renta Básica de Orfandad Vitalicia” de la ahora accionante, dispuso lo siguiente: “DESESTIMAR, La Renta Básica de Orfandad Absoluta Vitalicia, solicitada por Esther Lotty Flores Vera, (…)” (sic).
Determinación que adoptó, después de describir los elementos de prueba recabados en el correspondiente proceso administrativo y transcribir las disposiciones normativas de sustento; con base en los siguientes fundamentos y motivos:
“Que, de la revisión minuciosa de antecedentes cursantes dentro del presente se asume que la Sra. Esther Lotty Flores Vera, solicita ser beneficiaria de Renta de Orfandad Vitalicia por contar con enfermedad de base, al fallecimiento de su madre Sra. Flora Vera Vda. de Flores, presentando al efecto, Informe TS/417/108 de fecha 23 de julio de 2010, Informe de fecha 07 de septiembre de 2010, emitido por el Tribunal Médico Nacional Calificador de Incapacidades e Informe de fecha 05 de febrero de 2013, emitido por el Departamento Nacional de Medicina del Trabajo División Nacional de Medicina Laboral, acreditando que la asegurada presenta "POLIOMIELITIS", siendo esta una enfermedad que ocasiona invalidez y que se adquiere en la infancia, se determina que su invalidez ya estaba establecida desde su infancia y que a la fecha padece de complicaciones secundarias de la misma, sin embargo es preciso considerar que para la otorgación de la renta de orfandad vitalicia se tienen que cumplir el presupuesto determinado por el Art. 2 del Decreto Supremo No 0268 de 26 de agosto de 2009, el cual exige que "no trabajen o dependan de un empleador teniendo seguro por derecho propio", aspectos que no es cumplido por la solicitante debido a que de acuerdo a información remitida por la AFP - FUTURO BOLIVA y la presentada por la asegurada mediante notas DE FUT.GO.AFI.2051/2019 de fecha 23 de septiembre de 2019 cursante a fojas 219 y nota GRLP.SC.2424/2020 de fecha 17 de febrero de 2020 cursante a fojas 244, se evidencia que la solicitante ESTHER LOTTY FLORES VERA de forma individual registra aportes al Sistema Integral de Pensiones y fruto de dichos aportes, la asegurada cuenta con una prestación en curso de pago en la AFP-FUTURO DE BOLIVIA, aspecto por el cual no corresponde otorgar el beneficio solicitado” (sic [fs. 162 a 166 vta.]). II.9. A través del Auto Administrativo de 23 de junio de 2021, notificada el 14 de septiembre de igual año, la Comisión Nacional de Prestaciones del SENASIR, dispuso declarar ejecutoriada la Resolución Administrativa 0000987; en mérito a que, la ahora peticionante de tutela no habría interpuesto recurso de reclamación contra la misma dentro del plazo de treinta días (fs. 144). II.10. Documentación concerniente a la ahora impetrante de tutela: 10.1. Cedula de identidad (fs. 9). 10.2. Carnet de discapacidad (fs. 10).
10.3. Informe del Tribunal Médico Nacional Calificador de Incapacidad de 7 de septiembre de 2010, expedido por la Caja Nacional de Salud (fs.12.). 10.4. Certificado de Salud de 16 de marzo de 2022, expedido por la Dirección de Hospital de La Paz (fs. 13). 10.5. Informe TS/417/108 de 23 de julio de 2010, expedido por el Departamento de Trabajo Social de la Caja Nacional de Salud (fs. 14). 10.6. Certificado GRLP.SC.5916/2022 de 8 de abril, expedido por Futuro de Bolivia S.A.-AFP [fs. 70]. 10.7. Certificado GRLP.SC.2424/2020 de 17 de febrero, expedido por Futuro de Bolivia S.A. - AFP (fs. 74). 10.8. Certificado GRLP.SC.2424/2020 de 17 de febrero, expedido por Futuro de Bolivia S.A. - AFP (fs. 75). 10.9. Nota FUT.GO.AFI.2051/2019 de 23 de septiembre, expedido por Futuro de Bolivia S.A. - AFP (fs. 220).
La accionante considera lesionados sus derechos a la vida, a la salud, a la seguridad social, a la dignidad, al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia; y, a los principios de acceso a la justicia, a la prevalencia de la justicia material sobre la formal y a la seguridad jurídica; toda vez que, la Comisión Nacional de Prestaciones del SENASIR, al desestimar su solitud de “Renta Básica de Orfandad Vitalicia” a través de la Resolución Administrativa 0000987, incumplió lo dispuesto por el Auto de Vista 16/2019 con ausencia de fundamentación, motivación y congruencia, y valorando elementos de prueba que no demuestran los extremos que sostiene la misma. Consecuentemente, corresponde en revisión analizar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto se tomaran en cuenta los siguientes ejes temáticos: a) La excepción a los principios de subsidiariedad e inmediatez de la acción de amparo constitucional tratándose del derecho a la seguridad social; b) El derecho a la seguridad social; c) El principio de congruencia como componente sustancial del debido proceso; d) El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso; e) La revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional; y, f) Análisis del caso concreto.
Sobre el particular, el art. 45 de la CPE, señala que todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social, y que ésta se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad interculturalidad y eficacia. En consonancia con ese precepto, el art. 48 de la CPE, establece que las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio; y que, los derechos y beneficios que nacen de ellas no pueden renunciarse, siendo nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos; es así que, los salarios o sueldos devengados, derechos laborales, beneficios sociales y aportes a la seguridad social no pagados tienen privilegio y preferencia sobre cualquier otra acreencia siendo inembargables e imprescriptibles. Por otro lado, el derecho a la seguridad social, fue reconocido por el Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 1952, y por el art. 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), cuando refiere que:
“Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad”. De igual forma, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, en el art. XVI, establece que:
“Toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las consecuencias de la desocupación, de la vejez y de la incapacidad que, proveniente de cualquier otra causa ajena a su voluntad, la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios de subsistencia” (lo resaltado nos corresponde). En ese marco, la jurisprudencia constitucional, se ha pronunciado en sentido de que la seguridad social, encuentra su fundamento en el derecho a la vida y a la salud, expresando en la SCP 0614/2014 de 25 de marzo, que:
“…se constituye en un régimen de protección general, que tiene la finalidad de cubrir los diversos riesgos de salud física, psíquica, social y económica del capital humano, a todos los habitantes de un Estado sean nacionales o extranjeros, desde que nacen hasta que mueren; es decir, la seguridad social en la concreción de su principio de universalidad fue establecida por el estado Boliviano debiendo abarcar al 100% de la población del país, sin exclusión de ninguna naturaleza, protegiendo todos los riesgos y contingencias orientadas al bienestar de la persona” (las negrillas nos corresponden). Ahora bien, considerando que la acción de amparo constitucional, está revestida de los principios de subsidiariedad e inmediatez; por cuanto, el primero, implica que sólo es procedente cuando no existen o se han agotado los mecanismos o recursos que franquea la ley, apareciendo esta acción como el único medio de defensa, para la protección inmediata del derecho o garantía; es decir que, no puede reemplazar a los medios o recursos establecidos en el ordenamiento jurídico para lograr la reparación de los derechos supuestamente vulnerados; y el segundo, que conforme al art. 129 de la CPE, implica que la acción de amparo constitucional busca resguardar de manera oportuna el derecho o la garantía y por eso su configuración procesal es sencilla y expedita para la protección inmediata del derecho; es posible establecer excepciones a dichos principios cuando la remisión a los procedimientos ordinarios (judiciales o administrativos) signifique un perjuicio irremediable o irreparable en los derechos o garantías del accionante.
Así, la SC 0119/2003-R de 28 de enero, refirió que:
“…una de las características inherentes a la naturaleza jurídica del Amparo Constitucional es la subsidiariedad, lo que significa que esta vía tutelar sólo se activa cuando la persona no tiene o no cuenta con ningún otro recurso o vía legal para la reparación inmediata, efectiva e idónea de sus derechos fundamentales o garantías constitucionales vulnerados por actos u omisiones ilegales o indebidas, salvo que la restricción o supresión de los derechos o garantías constitucionales ocasione un perjuicio irremediable o irreparable, en cuyo caso, de manera excepcional, se activa el Amparo Constitucional para otorgar una tutela efectiva e inmediata que evite la consecuencia irremediable” (las negrillas nos corresponden). Bajo ese entendimiento, la jurisprudencia constitucional determino que dicha excepción debe ser aplicada a los supuestos en que se alegue lesión al derecho a la seguridad social debido a la vinculación que tiene con otros derechos fundamentales, como la vida, la salud física y psicológica y la dignidad. En esa línea, la SC 2695/2010-R de 6 de diciembre, estableció que el ejercicio del derecho a la seguridad social no puede estar supeditado al agotamiento de medios de impugnación existentes que, en la mayoría de los casos, no son resueltos con la inmediatez que los derechos fundamentales exigen, y por lo mismo, no se constituyen en medios idóneos e inmediatos para la tutela de derechos que requieren una rápida protección; agregando que, la seguridad social al ser un instrumento de justicia social, debe prevalecer a las formalidades, para hacer efectivos los valores, principios y fines del Estado, haciendo excepciones, inclusive a los principios de subsidiariedad e inmediatez;
1 En su FJ.III.3., señaló que: “…la SC 1138/2004-R de 21 de julio, sostuvo: "…el Estado Democrático de Derecho tiene como uno de sus pilares el valor de la justicia (art.1.II de la CPE), de ahí se desprende que el ciudadano tiene derecho a una justicia material, en la que la independencia del Poder Judicial y, en particular, de los jueces, tiene por única función garantizar que sus decisiones sean producto de apreciaciones jurídicas, sometidas a las formas y métodos prescritos por la ley y por la ciencia del derecho, no como entienden algunas autoridades, un mecanismo para proteger la 'institucionalidad judicial' por encima de sus deberes constitucionales y, de esta manera, aislar a la justicia del resto del Estado y colocarse a espaldas de la sociedad. El principio de seguridad jurídica refuerza esta idea, al garantizarle al ciudadano que la actividad judicial procurará, en todo caso y por encima de toda consideración, garantizar la efectiva protección de sus derechos constitucionales y legales accediendo a una justicia material o verdaderamente eficaz no una aplicación formal y mecánica de la ley, por el contrario, lograr que las consecuencias mismas de una decisión judicial debe significar una efectiva materialización de los principios, valores y derechos constitucionales".
En similar sentido, la SC 1294/2006-R de 18 de diciembre, manifestó lo siguiente: "El principio de justicia material o verdaderamente eficaz se opone a la aplicación formal y mecánica de la ley en la definición de una determinada situación jurídica. Exige, por el contrario, una preocupación por las consecuencias mismas de la decisión y por la persona que es su destinataria, bajo el entendido de que aquella debe implicar y significar una efectiva concreción de los principios, valores y derechos constitucionales".
La jurisprudencia glosada, guarda coherencia con el principio de prevalencia del derecho sustancial respecto al derecho formal, partiendo de la distinción que efectúa la doctrina entre el derecho material, de fondo o sustantivo y el derecho formal, ritual o adjetivo; el primero, como su nombre lo indica, es sustancial pues consagra en abstracto los derechos; el segundo, establece la forma de la actividad jurisdiccional, cuya finalidad es la realización de tales derechos, es decir se traduce en un medio que tienen los integrantes de una determinada sociedad para lograr la efectiva tutela de sus derechos. De ahí, el derecho formal tiene una naturaleza instrumental y adjetiva frente al derecho sustancial.
En ese contexto, la doctrina y la jurisprudencia comparada reconocen el denominado "principio de prevalencia del derecho sustancial", que se ha desarrollado ante la problemática emergente de la prevalencia de lo formal o lo material que tiene particular importancia en materia constitucional. Este principio ha tenido un profuso desarrollo en Colombia, donde se encuentra inclusive consagrado en el art. 228 de su Constitución Política, que al respecto estipula que: "La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial…"; en el mismo sentido, la jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana a través de la Sentencia C1512/00 de 8 de noviembre de 2000, ha precisado que: "…La prevalencia del derecho sustancial, según el mandato del artículo 228 de la Carta, constituye un imperativo dentro del ordenamiento jurídico y, muy especialmente, en lo relativo a las actuaciones destinadas a cumplir con la actividad judicial, pues permite realizar los fines estatales de protección y realización del derecho de las personas, así como de otorgar una verdadera garantía de acceso a la administración de justicia pronta y cumplida".
De acuerdo a la doctrina este principio supone que las formalidades no impidan el logro de los objetivos del derecho sustancial, por ello en virtud a él, siempre que el derecho sustancial se pueda cumplir a cabalidad, el incumplimiento u inobservancia de las formalidades no debe ser causal para que aquél no surta efecto. Siguiendo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia glosada, se debe señalar que: "Lo anterior no significa que se pueda caer en el permanente error de considerar el principio de la primacía del derecho sustancial sobre el formal como un postulado constitucional excluyente que impide la coexistencia de las normas sustantivas y formales, pues, como se ha visto, con éstas se logra dar vigencia a principios que encuentran sustento constitucional".
El principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, se desprende del valor-principio justicia, que es uno de los pilares fundamentales del Estado democrático de derecho y que se encuentra consagrado por el art. 8.II de la CPE, pues en mérito a éste los ciudadanos tienen derecho a la justicia material, así se ha plasmado en el art. 180.I de la CPE, que ha conocido como uno de los principios de la justicia ordinaria el de "verdad material", debiendo enfatizarse que ese principio se hace extensivo a todas las jurisdicciones, y también a la justicia constitucional.
De este modo se debe entender que la garantía del debido proceso, con la que especialmente se vincula el derecho formal, no ha sido instituida para salvaguardar un ritualismo procesal estéril que no es un fin en sí mismo, sino esencialmente para salvaguardar un orden justo que no es posible cuando, pese a la evidente lesión de derechos, prima la forma al fondo, pues a través del procedimiento se pretende lograr una finalidad más alta cual es la tutela efectiva de los derechos.
concluyendo que, por el contenido del derecho de acceso a la justicia previsto en el art. 115 de la CPE, existe la necesidad de protección del derecho a la seguridad social de manera efectiva, sin que las exigencias formales impidan su protección oportuna y efectiva; pues, no debe de olvidarse que una de las finalidades de la justicia constitucional es precautelar el respeto y la vigencia de derechos y garantías constitucionales.
Luego, la SC 1282/2011-R de 26 de septiembre, en un caso donde fue denunciado la lesión del derecho a la seguridad social, se refirió no solo al principio de subsidiariedad, sino también de inmediatez, con la cual debe ser interpuesta esta acción tutelar, sostuvo que:
“…si bien la acción de amparo constitucional, se encuentra revestida por los principios de subsidiariedad e inmediatez cuyo cumplimiento es indispensable para su consideración, este Tribunal ha determinado que se puede abstraer su observancia, dada la naturaleza de los derechos invocados y la naturaleza de la cuestión planteada, ante la protección de la mujer gestante o hasta el año de nacido el hijo, precisando que en estos casos, no es exigible agotar los medios de defensa, por cuanto en dichas problemáticas no solamente se halla involucrado el derecho al trabajo, sino otros derechos primarios de la impetrante y del ser en gestación o ya nacido, que es la vida, la salud y la seguridad social, cuya tutela no puede supeditarse a otros recursos o vías administrativas” (el resaltado nos pertenece). En tal sentido, la SCP 1104/2012 de 6 de septiembre, donde también abordó un caso en que se denunció la lesión del derecho a la seguridad social, estableció que:
“Por la protección especial de la que gozan la mujer embarazada y el progenitor-trabajador, hasta que el hijo o hija cumpla un año de edad, el principio de subsidiaridad de la acción de amparo constitucional no es aplicable en razón a los derechos que tutela de la mujer embarazada, lactante o hasta el año de nacimiento del nuevo ser, excepción que es también extensiva en materia de seguridad social referida a las prestaciones del Régimen de asignaciones Familiares dentro de las cuales están contemplados los subsidios prenatal, de natalidad y lactancia, que se encuentran directamente vinculados a la vida y a la salud tanto de la madre como fundamentalmente del nuevo ser futuro capital humano, cuya protección especial y constitucional es deber del Estado y no puede estar condicionada al agotamiento de recursos o vías administrativas, circunstancia que determina se abra el ámbito de protección de esta acción de defensa” (lo resaltado nos corresponde). De lo cual se concluye que si bien la acción de amparo constitucional, se encuentra revestida por los principios de subsidiariedad e inmediatez cuyo cumplimiento es indispensable para su consideración, se puede abstraer su observancia, cuando se invoca el derecho a la seguridad social, puesto que al estar vinculado a los derechos fundamentales, como la vida, la salud física y psicológica, la dignidad, y a las prestaciones laborales, no puede estar supeditado al agotamiento de medios de impugnación existentes considerando que los derechos fundamentales primarios requieren una rápida y especial protección del Estado, circunstancia que determina se abra el ámbito de protección de esta acción de defensa evitando así su remisión a los procedimientos ordinarios que puedan significar un perjuicio irremediable o irreparable de los derechos o garantías constitucionales primordialmente protegidos.
En el ámbito social, el derecho a la seguridad social adquiere una importancia fundamental debido a que tiene por objeto proteger la salud del capital humano, la continuidad de sus medios de subsistencia, la aplicación de medidas adecuadas para la rehabilitación de las personas inutilizadas y la concesión de los medios necesarios para el mejoramiento de las condiciones de vida del grupo familiar; razón la cual, hace que el derecho a la seguridad social se constituya en un derecho humano reconocido en varios instrumentos internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos , el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, y el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”.
Por su parte, en nuestra legislación doméstica observamos el derecho a la seguridad social dentro del bagaje de derechos sociales y económicos, estableciéndose expresamente en la Constitución Política del Estado, que:
Artículo 45.-
I. Todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social.
2 La Declaración Universal de Derechos Humanos establece: “Artículo 22. Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad” (lo resaltado nos corresponde).
3 El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales determina: “Artículo 9. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social incluso al seguro social” (lo resaltado nos corresponde). 4 La Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre establece: “Artículo XVI. Toda persona tiene derecho a la seguridad social que le proteja contra las consecuencias de la desocupación, de la vejez y de la incapacidad que proveniente de cualquier otra causa ajena a su voluntad, la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios de subsistencia” (lo resaltado nos corresponde). 5 El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador” estipula: “Artículo 9. Derecho a la seguridad Social.-
1. Toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa. En caso de muerte del beneficiario, las prestaciones de seguridad social serán aplicadas a sus dependientes.
2. Cuando se trate de personas que se encuentran trabajando, el derecho a la seguridad social cubrirá al menos la atención médica y el subsidio o jubilación en casos de accidentes de trabajo o enfermedad profesional y, cuando se trate de mujeres, licencia retribuida por maternidad antes y después del pacto” (lo resaltado nos corresponde).
administración corresponde al Estado, con control y participación social.
empleo; orfandad, invalidez, viudez, vejez y muerte; vivienda, asignaciones familiares y otras previsiones sociales.
IV. El Estado garantiza el derecho a la jubilación, con carácter universal, solidario y equitativo.
V. Las mujeres tienen derecho a la maternidad segura, con una visión y práctica intercultural; gozarán de especial asistencia y protección del Estado durante el embarazo, parto y en los periodos, prenatal y posnatal.
VI. Los servicios de seguridad social pública no podrán ser privatizados ni concesionados (lo resaltado nos corresponde). Contenido normativo que en primer lugar garantiza el acceso al derecho a la seguridad social para todas las bolivianas y los bolivianos bajo los principios de cubrir de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia; y, en segundo lugar, bajo una cláusula abierta establece que el régimen de seguridad social cubrirá la atención por enfermedad, epidemias y enfermedades catastróficas; maternidad y paternidad; riesgos profesionales, laborales y riesgos por labores de campo; discapacidad y necesidades especiales; desempleo y pérdida de empleo; orfandad, invalidez, viudez, vejez y muerte; vivienda, y las asignaciones familiares.
El debido proceso se encuentra consagrado en nuestro orden constitucional en su art. 115.II, al establecer como deber del Estado, garantizar el debido proceso; asimismo, según la voluntad del constituyente, ninguna persona puede ser condenada sin ser oída y juzgada previamente en un debido proceso tal como se encuentra dispuesto en el art. 117.I de la Norma Suprema. Bajo esa comprensión constitucional, es pertinente señalar que la jurisprudencia constitucional concluyó que el debido proceso se ha constituido en una garantía general para asegurar la materialización del valor justicia, así como el proceso se constituye en un medio para asegurar, en la mayor medida posible la solución justa de una controversia; los elementos que marcan el contenido de esta garantía son: el derecho a un proceso público, derecho al Juez natural, derecho a la igualdad procesal de las partes, derecho a no declarar contra sí mismo, garantía de presunción de inocencia, derecho a la comunicación previa de la acusación, derecho a la defensa material y técnica, concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa, derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas, derecho a la congruencia entre acusación y condena, la garantía del non bis in ídem, derecho a la valoración razonable de la prueba, derecho a la motivación y congruencia de las decisiones; los elementos mencionados, no agotan el contenido del debido proceso, puesto que en atención el principio de progresividad, pueden ser incorporados nuevos elementos que la jurisprudencia y doctrina vaya desarrollando. En ese marco, respecto al principio de congruencia como parte esencial del debido proceso, esta instancia constitucional comprendió que la congruencia consiste en la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; empero, esta idea general no es limitativa respecto de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa; en tal caso, debe quedar claro que, la congruencia implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, 6 La jurisprudencia constitucional expresada en la SC 0902/2010-R de 10 de agosto, refiere respecto a los elementos que componen a la garantía general del debido proceso en los siguientes términos: “En consonancia con los tratados internacionales citados, a través de la jurisprudencia constitucional se ha establecido que los elementos que componen al debido proceso son el derecho a un proceso público; derecho al juez natural; derecho a la igualdad procesal de las partes; derecho a no declarar contra sí mismo; garantía de presunción de inocencia; derecho a la comunicación previa de la acusación; derecho a la defensa material y técnica; concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa; derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas; derecho a la congruencia entre acusación y condena; la garantía del non bis in idem; derecho a la valoración razonable de la prueba; derecho a la motivación y congruencia de las decisiones (SSCC 0082/2001-R, 0157/2001-R, 0798/2001-R, 0925/2001-R, 1028/2001-R, 1009/2003-R, 1797/2003-R, 0101/2004-R, 0663/2004-R, 022/2006-R, entre otras); sin embargo, esta lista en el marco del principio de progresividad no es limitativa, sino más bien enunciativa, pues a ella se agregan otros elementos que hacen al debido proceso como garantía general y que derivan del desarrollo doctrinal y jurisprudencial de este como medio para asegurar la realización del valor justicia, en ese sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva OC-16/99 de 1 de octubre de 1999, ha manifestado: "En opinión de esta Corte, para que exista `debido proceso legal´ es preciso que un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables. Al efecto, es útil recordar que el proceso es un medio para asegurar, en la mayor medida posible, la solución justa de una controversia. A ese fin atiende el conjunto de actos de diversas características generalmente reunidos bajo el concepto de debido proceso legal. El desarrollo histórico del proceso, consecuente con la protección del individuo y la realización de la justicia, ha traído consigo la incorporación de nuevos derechos procesales. (…) Es así como se ha establecido, en forma progresiva, el aparato de las garantías judiciales que recoge el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al que pueden y deben agregarse, bajo el mismo concepto, otras garantías aportadas por diversos instrumentos del Derecho Internacional". (Las negrillas son nuestras)
Así configurado, es preciso recordar que el derecho y garantía genérica del debido proceso no se restringe en su aplicación al ámbito jurisdiccional solamente, sino que es extensiva a cualquier procedimiento en el que deba determinarse una responsabilidad (SSCC 0042/2004 y 1234/2000-R entre otras)”. 7La SC 0486/2010-R de 5 de julio, en su F.J. III.4.1, señaló que: “De esa esencia, deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes.
De otra parte, respecto de la congruencia como principio constitucional en el proceso civil, se indica que: "…la congruencia ha venido clasificada en diversos tipos o categorías que nos interesa anotar a los fines que se seguirán, y así es moneda corriente hablar en doctrina de incongruencia `ultra petita` en la que se incurre si el Tribunal concede `extra petita` para los supuestos en que el juzgador concede algo distinto o fuera de lo solicitado por las partes; `citra petita`, conocido como por `omisión` en la que se incurre cuando el Tribunal no se pronuncia sobre alguno de los pedimentos que le han sido planteados, etc." (Principios Constitucionales en el Proceso Civil, Consejo General del Poder Judicial, El deber Judicial de Congruencia como Manifestación del Principio Dispositivo y su Alcance Constitucional, Madrid 1993, Mateu Cromo, S.A., Pág. 438).
Es decir que, en segunda instancia, pueden darse casos de incongruencia "ultra petita" en los que el juez o tribunal decide cuestiones que han quedado consentidas y que no fueron objeto de expresión de agravios ("extra petita"); y cuando omite decidir cuestiones que son materia de expresión de agravios por el apelante ("citra petita").
El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia”.
manteniendo en todo su contenido una correspondencia a partir de un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y argumentos contenidos en la resolución. Consecuentemente, es posible concluir que, la congruencia como componente esencial de las resoluciones judiciales debe ser comprendida desde dos acepciones:
1) La congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales; lo cual, conlleva una prohibición para el juzgador, y es lo relacionado a considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando en consecuencia su consideración y tratamiento a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; dicho de otro modo, el juzgador no puede incurrir en incongruencia ultra petita, al conceder o atender algo no pedido; tampoco puede incurrir en incongruencia extra petita, al conceder algo distinto o fuera de lo solicitado; y, menos incidir en incongruencia citra petita, al omitir o no pronunciarse sobre alguno de los planteamientos de las partes. 2) La congruencia interna, que hace a la resolución como una unidad coherente, en la cual se debe cuidar el hilo conductor que le dota de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; evitando que en una misma resolución existan consideraciones contradictorias o con el punto de la misma decisión.
8 La SCP 0055/2014 de 3 de enero en su FJ.III.2.2, estableció que: “La congruencia de las resoluciones judiciales integra los componentes del debido proceso. En ese contexto, a partir de una concepción doctrinal, su análisis se orienta desde dos acepciones: externa, entendida como principio rector de toda resolución judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y respuesta) y lo resuelto por las autoridades judiciales, sin que el juzgador tome en cuenta aspectos ajenos a la controversia; interna, porque entendida la resolución como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión.
En ese sentido, la uniforme jurisprudencia constitucional, a través de la SC 1494/2011-R de 11 de octubre, señaló: "…la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, (…). En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes.
(…).
De lo expuesto se confirma, que el órgano encargado de dictar la resolución, debe circunscribir su fallo a lo peticionado y no resolver más allá de lo pedido, que sería un pronunciamiento ultra petita, o, conceder algo distinto a lo solicitado por las partes, conocido en doctrina procesal como un pronunciamiento extra petita". En el mismo sentido, la SC 0863/2003-R de 25 de junio, precisó que: "…el juez o tribunal ad quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley", entendimiento reiterado en las SSCC 1009/2003-R, 1312/2003-R y 0358/2010-R. Posteriormente, respecto a la pertinencia de las resoluciones pronunciadas por autoridades judiciales de segunda instancia, la SC 0358/2010-R de 22 de junio, puntualizó: "…implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo
En el entendido que la Norma Suprema reconoce al debido proceso en su triple dimensión (principio, derecho y garantía), concretamente como un derecho fundamental de los justiciables, el mismo está compuesto por un conjunto de elementos destinados a resguardar justamente los derechos de las partes dentro un proceso judicial o administrativo; así, en cuanto a los elementos fundamentación y motivación, que se encuentran vinculados directamente con las resoluciones pronunciadas por todos los operadores dentro la justicia plural prevista por la Norma Suprema, la SCP 1414/2013 de 16 de agosto, efectuó una precisión y distinción a ser comprendidos como elementos interdependientes del debido proceso, reflexionando que, la fundamentación es la obligación de la autoridad competente a citar los preceptos legales sustantivos y adjetivos, en los cuales se apoya la determinación adoptada, mientras que, la motivación, se refiere a la expresión de los razonamientos lógico-jurídicos sobre el porqué el caso se ajusta a la premisa normativa.
En ese marco, la referida jurisprudencia constitucional, para sustentar su razonamiento, citó a la SC 1291/2011-R de 26 de septiembre, el cual expresó que:
“…el fallo debe dictarse necesariamente con arreglo a derecho, esto es con la debida fundamentación que consiste en la sustentación de la resolución en una disposición soberana emanada de la voluntad general. Este requisito exige que el juez, a través del fallo haga públicas las razones que justifican o autorizan su decisión, así como las que la motivan, refiriéndonos al proceso intelectual fraguado por el juez en torno a las razones por las cuales, a su juicio, resultan considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes". En esa misma línea, la SC 2017/2010-R de 9 de noviembre, señaló: "…la pertinencia entre el recurso de apelación, resolución apelada y lo resuelto en el auto de vista, es una condición esencial para asegurar a los justiciables que en la decisión de su recurso los superiores en grado tienen delimitado su campo de acción para emitir su resolución, limite que se expresa precisamente en la fundamentación de agravios prevista por el art. 227 del Código de Procedimiento Civil (CPC), como por el contenido de lo resuelto en la sentencia apelada, marco del cual el tribunal de alzada no puede apartarse". Estos razonamientos fueron reiterados posteriormente en la SCP 0037/2012 de 26 de marzo y, desarrollados ampliamente en la SCP 1111/2012 de 6 de septiembre”. CP 0316/2010-R de 15 de junio, Fundamento Jurídico III.3.2 “La Constitución Política del Estado en consideración a la naturaleza y los elementos constitutivos del debido proceso como instituto jurídico y mecanismo de protección de los derechos fundamentales, lo consagra como un principio, un derecho y una garantía, es decir, la naturaleza del debido proceso es reconocida por la Constitución en su triple dimensión: como derecho fundamental de los justiciables, de quien accede reclamando justicia, la víctima y de quien se defiende el imputado. A la vez es un principio procesal, que involucra la igualdad de las partes art. 119.I CPE y una garantía de la administración de justicia, previniendo que los actos del proceso se ceñirán estrictamente a reglas formales de incuestionable cumplimiento. De esa triple dimensión, se desprende el debido proceso como derecho fundamental autónomo y como derecho fundamental indirecto o garantía, que a decir de Carlos Bernal Pulido en: El Derecho de los Derechos: "El derecho fundamental al debido proceso protege las facultades del individuo para participar en los procedimientos del Estado constitucional democrático y el ejercicio dentro del marco de dicho procedimiento de las facultades de hacer argumentaciones, afirmaciones, aportar pruebas, y las capacidades de rebatir los argumentos de los demás y de autocriticarse (…) es un mecanismo para la protección de otros derechos fundamentales en el estado democrático. El respeto a los debidos procesos garantiza en la democracia el respeto a la libertad, la igualdad, los derechos políticos o de participación y los derechos sociales" (…)” (sic).
aplicables las normas determinadas por él, como conocedor del derecho para la solución del caso a través de la cual el juzgador convence sobre la solidez de su resolución y a la sociedad en general le permite evaluar la labor de los administradores de justicia…” (lo resaltado nos corresponde). Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos humanos, en el Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela, refirió que:
“77. La Corte ha señalado que la motivación ‘es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión’. El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática. 78. El Tribunal ha resaltado que las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. En este sentido, la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores. Por todo ello, el deber de motivación es una de las ‘debidas garantías’ incluidas en el artículo 8.1 para salvaguardar el derecho a un debido proceso” (las negrillas nos pertenecen). Bajo esa comprensión, corresponde complementar el presente acápite con los argumentos desarrollados por la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, que, al referirse a la fundamentación y motivación, precisó que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada, está dado por sus finalidades implícitas, que son las siguientes:
“(1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad…”. En ese contexto, las citadas reflexiones constitucionales, y reiteradas por la jurisprudencia, resultan aplicables a todos los operadores de justicia que emiten sus fallos mediante los cuales resuelven el fondo de los casos sometidos a su conocimiento; en ese antecedente, corresponde precisar que, conforme a la doctrina argumentativa, la argumentación como instrumento esencial de la autoridad que imparte justicia, tiene una transcendental finalidad, que es la justificación de la decisión, misma que está compuesta por dos elementos, que si bien tienen sus propias características que los distinguen y separan, empero son interdependientes al mismo tiempo dentro de toda decisión; así, dichos elementos de justificación son: la premisa normativa y la premisa fáctica, que obligatoriamente deben ser desarrollados en toda resolución; es decir, los fallos deben contener una justificación de la premisa normativa o fundamentación, y una justificación de la premisa fáctica o motivación.
Bajo esa comprensión, es posible concluir en que, la fundamentación se refiere a labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el cual está impelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además, y, en casos específicos, en los cuales resulte necesario una interpretación normativa, tiene la obligación efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados, se constituyan en una justificación razonable de la premisa normativa; por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos facticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación; asimismo, en cuanto a la justificación, conviene precisar que esta se define como un procedimiento argumentativo a través del cual se brindan las razones de la conclusión arribada por el juzgador.
En ese entender, el debido proceso en el ejercicio de la labor sancionatoria del Estado, se encuentra reconocido por la Norma Suprema, como un derecho fundamental, una garantía constitucional, y un derecho humano, a través de los arts.115.II y 117.I de la CPE, art. 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), y art. 14 del Pacto Internacional de Derechos humanos Civiles y Políticos (PIDCP), lo cual conlleva a que, respecto la fundamentación y motivación, como elementos del referido debido proceso, las autoridades competentes deben ajustar su labor argumentativa a los principios y valores constitucionales y al bloque de constitucionalidad, cuyo resultado entre otros sea la obtención de decisiones justas y razonables, logrando al mismo tiempo el convencimiento en los justiciables; pero además, dejar de lado la arbitrariedad en las resoluciones.
Sobre esta línea jurisprudencial, se efectuó un cambio de razonamiento a partir de la SCP 0307/2020-S1 de 12 de agosto, sustentado en el apego a la fuerza vinculante del precedente jurisprudencial con estándar más alto de protección de derechos y garantías (Fundamento Jurídico III.2), entendido éste, como aquella interpretación a través de la cual este Tribunal Constitucional Plurinacional resolvió un problema jurídico de forma más progresiva, que permita efectivizar y materializar de mejor manera los derechos fundamentales y garantías constitucionales previstas en la Constitución Política del Estado y en los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad, cuya identificación se la realiza a través de un examen o análisis integral de la línea jurisprudencial, y una vez detectada es obligación del juzgador vincularse al estándar más alto; bajo esa comprensión y razonamientos que además están contenidos en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2233/2013 de 16 de diciembre y 0087/2014-S3 de 27 de octubre, bajo ese entendido la SCP 0307/2020-S1 iniciando ese análisis integral de la línea jurisprudencial respecto a la valoración de la prueba en sede constitucional, comenzó citando a las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0092/2018-S1, 0343/2018-S1, 0526/2018-S1, 0615/2018-S1, 0640/2018-S1 y 1021/2019-S1, en las cuales se fue asumiendo una línea de carácter restrictivo, por 11 “…los únicos supuestos para que la jurisdicción constitucional ingrese a revisar la valoración realizada por dichas autoridades: 1) Cuando en dicha valoración exista apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir y 2) Cuando se haya omitido arbitrariamente valorar la prueba y su lógica consecuencia sea la lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales, es decir en el primer supuesto cuando en la labor valorativa se apartan del procedimiento establecido valorando arbitraria e irrazonablemente y en el segundo, que actuando arbitrariamente no se haya procedido a la valoración de la prueba, por cuya omisión se vulneren derechos y garantías fundamentales.
(…)
En ese orden de razonamiento para que este Tribunal pueda cumplir con esta tarea, es necesario que la parte procesal, que se considera agraviada con los resultados de la valoración efectuada dentro de un proceso judicial o administrativo, invocando la lesión a sus derechos fundamentales, exprese de manera adecuada y precisa en los fundamentos jurídicos que sustenten su posición (recurso de amparo) lo siguiente:
Por una parte, qué pruebas (señalando concretamente) fueron valoradas apartándose de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, cuáles no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas; para ello, será preciso, que la prueba no admitida o no practicada, se haya solicitado en la forma y momento legalmente establecidos, solicitud, que en todo caso, no faculta para exigir la admisión de todas las pruebas que puedan proponer las partes en el proceso, sino que atribuye únicamente el derecho a la recepción y práctica de aquellas que sean pertinentes, correspondiendo a los órganos judiciales ordinarios, el examen sobre la legalidad y pertinencia de las pruebas solicitadas, debiendo motivar razonablemente la denegación de las pruebas propuestas. Por supuesto, una vez admitidas y practicadas las pruebas propuestas declaradas pertinentes, a los órganos judiciales, les compete también su valoración conforme a las reglas de la lógica y de la sana crítica, según lo alegado y probado.
Asimismo, es imprescindible también, que el recurrente señale en qué medida, en lo conducente, dicha valoración cuestionada de irrazonable de inequitativa o que no llegó a practicarse, no obstante haber sido oportunamente solicitada, tiene incidencia en la Resolución final; por cuanto, no toda irregularidad u omisión procesal en materia de prueba (referida a su admisión, a su práctica, a su valoración, etc.) causa por sí misma indefensión material constitucionalmente relevante, correspondiendo a la parte recurrente, demostrar la incidencia en la Resolución final a dictarse, es decir, que la Resolución final del proceso hubiera podido ser distinta de haberse practicado la prueba omitida, o si se hubiese practicado correctamente la admitida, o si se hubiera valorado razonablemente la compulsada; puesto que resulta insuficiente, para la viabilidad del recurso de amparo, la mera relación de hechos; porque sólo en la medida en que el recurrente exprese adecuada y suficientemente sus fundamentos jurídicos, la jurisdicción constitucional podrá realizar la labor de contrastación, que amerita este tema de revisión excepcional de la labor de la valoración de la prueba realizada por la jurisdicción ordinaria; máxime si se tiene en cuenta que el art. 97 de la LTC, ha previsto como un requisito de contenido, el exponer con precisión y claridad los hechos que le sirvan de fundamento y precisar los derechos o garantías que se consideren restringidos, suprimidos o amenazados, señalando en qué consiste la restricción o supresión” (lo resaltado nos pertenece).
cuanto si bien se establecía, que de manera excepcional la jurisdicción constitucional podía revisar la labor probatoria desarrollada en las jurisdicciones ordinarias; empero, condicionaba su apertura a exigencias que los justiciables debían cumplir, teniendo así a la SC 0965/2006-R de 2 de octubre que señala:
“…qué pruebas (señalando concretamente) fueron valoradas apartándose de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, cuáles no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas (…). …en qué medida, en lo conducente, dicha valoración cuestionada de irrazonable de inequitativa o que no llegó a practicarse, no obstante haber sido oportunamente solicitada, tiene incidencia en la Resolución final (…)” (el resaltado nos pertenece).
Exigencias que al no ser cumplidas de manera expresa, generaba que esta vía constitucional se vea impedida de realizar esa revisión excepcional de la labor valorativa efectuada por los Jueces o Tribunales ordinarios, derivando en la denegación de la tutela y por ende se vea restringido el real acceso a la justicia constitucional; así, la citada SCP 0307/2020-S1 reflexionó que tales condicionamientos no guardaban armonía con los principios y valores consagrados en la Constitución Política del Estado y que en atención precisamente al mandato constitucional conferido en el art. 196 de la Norma Fundamental, por el cual este Tribunal Constitucional Plurinacional tiene la misión de velar por la supremacía de la Constitución Política del Estado, ejercer el control de constitucionalidad en resguardo y protección de los derechos y garantías fundamentales -los cuales gozan de igual jerarquía-, así como de los principios y valores; teniendo entre otros, al principio de progresividad, que identificó una segunda línea jurisprudencial que contiene una interpretación más amplia y favorable de los derechos que garantiza el ejercicio legítimo de los mismos, que en este caso tiene que ver con el debido proceso en su elemento de valoración de la prueba.
En tal sentido, citó a la SCP 0297/2018-S2 de 25 de junio , fallo constitucional en el cual, a través de una contextualización de la línea 12 “En ese antecedente, y considerando la misión constitucional conferida al Tribunal Constitucional Plurinacional otorgada por el constituyente mediante el art. 196.I de la CPE, esta instancia de control constitucional y garante de los derechos fundamentales, tiene la misión de ejercer una labor hermenéutica en los diferentes tipos de control constitucional, como el tutelar en su función revisora de casos remitidos por los jueces y tribunales de garantías; en esa ruta, se tiene que, conforme se describió precedentemente, la jurisprudencia constitucional, estableció que excepcionalmente, se podría efectuar una función revisora de la actividad probatoria de las diferentes jurisdicciones; empero, condicionado a que las o los accionantes señalen concretamente y de forma precisa qué pruebas fueron valoradas apartándose de los marcos legales de razonabilidad y equidad, o cuáles no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas; y, señale en qué medida, en lo conducente, dicha valoración cuestionada de irrazonable de inequitativa o que no llegó a practicarse, no obstante haber sido oportunamente solicitada, tiene incidencia en la Resolución final”. 13 “Ahora bien, a través de la SCP 0297/2018-S2 de 25 de junio, luego de efectuar contextualización de línea jurisprudencial referida a la valoración de prueba, al respecto se concluyó que:
"Al respecto, la citada SC 0965/2006-R, estableció determinados presupuestos para efectuar la revisión de la valoración de la prueba, exigiendo que la o el accionante debía: i) Identificar las pruebas que se omitieron valorar o los cánones de razonabilidad y/o equidad que fueron inobservados en la valoración; y, ii) Indicar la incidencia de la omisión o el apartamiento de los cánones jurisprudencial referida a la valoración de prueba, señaló que el Tribunal desde sus inicios, fue estableciendo presupuestos para efectuar la revisión de la valoración de la prueba, bajo el criterio que dicha actividad es propia de la jurisdicción ordinaria; dichos presupuestos, fueron sistematizados por la SC 0965/2006-R que exigía al accionante: i) Identificar las pruebas que se omitieron valorar o los cánones de razonabilidad y/o equidad que fueron inobservados en la valoración; y, ii) Indicar la incidencia de la omisión o el apartamiento de los cánones de razonabilidad y/o equidad en la decisión final; argumentando de forma precisa los motivos por los cuales la valoración de la prueba afectaría los principios de razonabilidad y/o equidad; refirió que posteriormente, la SCP 1215/2012 de 6 de septiembre, estableció los supuestos de procedencia de revisión de valoración de la prueba, señalando que la justicia constitucional debe verificar si en dicha labor las autoridades; a) No se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; b) No omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, c) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento; estableciendo además, la relevancia constitucional al exigir que el accionante debe demostrar la lógica consecuencia de que el incumplimiento de los presupuestos para la valoración de la prueba, le ocasionó lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales. Así, establecidos tanto los supuestos de procedencia de revisión de valoración, como los presupuestos para efectuar la revisión de la misma, la citada SCP 0297/2018-S2 continuando con ese análisis dinámico, señaló que esa línea jurisprudencial fue modulada por la SCP 0410/2013 de 27 de marzo, que eliminó el requisito de la carga argumentativa, que se exigía para el análisis de fondo de la problemática en cuanto a la valoración de la prueba, señalando que:
Posteriormente, la SCP 0410/2013 de 27 de marzo moduló la línea jurisprudencial de referencia y eliminó el requisito de la carga de razonabilidad y/o equidad en la decisión final; argumentando de forma precisa los motivos por los cuales la valoración de la prueba afectaría los principios de razonabilidad y/o equidad.
En similar sentido, la señalada SCP 1215/2012, refirió que en cualquier caso, se debe demostrar la lógica consecuencia que el incumplimiento de los presupuestos para la valoración de la prueba ocasionó lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales al afectado; lo que se traduce en relevancia constitucional"”. 14 La SCP 0410/2013, en el FJ III.2 señala: “En ese orden, si bien es cierto que la jurisdicción constitucional debe respetar el ámbito de atribuciones propias de la jurisdicción ordinaria, es también correcto que cuando se ha quebrado el sistema constitucional, sus dogmas y principios o los derechos fundamentales de la persona humana, es deber del Tribunal Constitucional Plurinacional revisar la interpretación de la legalidad ordinaria efectuada por el juzgador ordinario, para resguardar la vigencia material de la Norma Fundamental y la materialización de los derechos constitucionales. Similar doctrina existe para la intervención de las resoluciones judiciales, cuando se denuncia indebida o errónea valoración o apreciación de la prueba; una explicación de esta teoría se encuentra en la SCP 1916/2012 de 12 de octubre.
Ahora bien, es necesario esclarecer que estas auto restricciones de la jurisdicción constitucional, deviene del principio de separación y distribución de funciones, que impiden la injerencia de la jurisdicción constitucional en la función asignada a la jurisdicción ordinaria; empero, deben comprenderse conforme a la nueva arquitectura de ésta, por ello deben ser asimiladas también bajo los principios de impulso de oficio, inquisitivo y no formalismo, por lo que su naturaleza es la de instrumentos útiles para el análisis de la función cumplida por la jurisdicción ordinaria, son herramientas de fundamentación de las acciones y recursos al alcance de las partes interesadas en activar la jurisdicción constitucional y de argumentación de las resoluciones para el Tribunal Constitucional Plurinacional; pero también, son el parámetro válido y legítimo de verificabilidad de la idoneidad, legitimidad y calidad de las resoluciones judiciales o administrativas cuasi jurisdiccionales; más, no son requisitos ineludibles que el accionante debe cumplir bajo sanción de rechazo o denegación de la acción tutelar, ya que ésta una vez activada, genera en argumentativa que la jurisprudencia exigía para el análisis de fondo de la problemática en esta temática, señalando que las reglas impuestas a la parte peticionante de tutela referida a:
“…explicar de modo sistemático y metódico la irrazonabilidad, inequidad, omisión arbitraria, o valoración equivocada de la prueba (…) constituyen instrumentos argumentativos, no causales de denegatoria de la acción de amparo constitucional (…)”.
Por otro lado, en cuanto a los alcances de la revisión de la valoración de la prueba por parte de la justicia constitucional, la referida SCP 1215/2012, en el Fundamento Jurídico III.3.2, señaló que dicha competencia:
“…se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, distorsionando la realidad y faltando al principio de rango constitucional, como es la verdad material, pero en ningún caso podrá pretender sustituir a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función que no le está conferida ni legal ni constitucionalmente”. Bajo tales razonamientos y luego de un análisis e interpretación de los entendimientos contenidos en dichos fallos que fueron generando línea jurisprudencial en cuanto a la valoración de la prueba en sede constitucional, las tantas veces reiterada sentencia constitucional concluyó que la revisión de la labor valorativa efectuada por la jurisdicción ordinaria se efectuará bajo los siguientes criterios:
1) La valoración de la prueba es una actividad propia de las juezas y jueces de las diferentes jurisdicciones del Órgano Judicial o de las autoridades administrativas.
2) La justicia constitucional puede revisar la valoración de la prueba:
2.1) Cuando las autoridades se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad;
2.2) Cuando omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, la jurisdicción constitucional el compromiso ineludible de perseguir al evento acusado de inconstitucional, basado en la información concedida por el accionante, siendo pertinente analizar los hechos conocidos con todas las herramientas y métodos de análisis al alcance de la Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional que conozca el asunto, sin que ningún instrumento o método quede al margen por la sola razón de no haber sido mencionado, sutileza que sería una argucia de aquellas que corrompen los sistemas judiciales obsoletos y decadentes.
Del modo explicado en el párrafo anterior, se entiende que las reglas y subreglas contenidas en la doctrina de las auto restricciones de la jurisdicción constitucional, respecto al canon de interpretación de la legalidad ordinaria, así como la valoración integral de la prueba, son instrumentos al servicio de la persona que crea sus derechos vulnerados, que bien utilizados redundará en una mejor comprensión del tema por parte de la jurisdicción constitucional y con ello mayores posibilidades de concesión de la tutela requerida, por ello su buen uso deviene en una ventaja procesal; mientras que para el Tribunal Constitucional Plurinacional, son herramientas de verificación de la legalidad y constitucionalidad de las resoluciones judiciales; pero en ningún caso se pueden aplicar para rechazar o denegar la activación de la jurisdicción constitucional por el sólo hecho de no haber sido nombradas en el memorial de amparo”.
2.3) Cuando basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado en la argumentación.
3) La competencia de la justicia constitucional en el análisis de la revisión de la valoración de la prueba, se reduce a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o a constatar una actitud omisiva en esa tarea o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, desconociendo el principio de verdad material; y,
4) Las irregularidades en la valoración de la prueba solo darán lugar a la concesión de la tutela cuando tengan relevancia constitucional; es decir, cuando incidan en el fondo de lo demandado y sean la causa para la lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales.
Criterios que fueron acogidos por esta relatoría en la ya mencionada SCP 0307/2020-S1 , al considerar que la SCP 0297/2018-S2 se constituye en el estándar más alto, al haber también asumido un entendimiento más favorable como el contenido en la SCP 0410/2013 de 27 de marzo, que al eliminar la carga argumentativa como exigencia para que esta jurisdicción efectué la revisión excepcional de la labor valorativa realizada por los jueces y Tribunales ordinarios, posibilitó a este Tribunal garantizar un efectivo acceso a la justicia constitucional en resguardo de los derechos fundamentales y garantías constitucionales; razones por las cuales, se determinó ajustar sus razonamientos al carácter progresivo y al principio de favorabilidad de los derechos fundamentales consagrados en los arts. 13.I y 256.I de la CPE.
Finalmente, en el marco de todo lo descrito, la SCP 0307/2020-S1 que se describe, concluyó que, esta instancia constitucional se encuentra habilitada para efectuar la revisión de la actividad probatoria de otras jurisdicciones sin necesidad de exigir el cumplimiento de presupuestos como:
a) Identificar las pruebas que se omitieron valorar o los cánones de razonabilidad y/o equidad que fueron inobservados en la valoración; y, b) Indicar la incidencia de la omisión o el apartamiento de los cánones de razonabilidad y/o equidad en la decisión final, argumentando de forma precisa los motivos por los cuales la valoración de la prueba afectaría los principios de razonabilidad y/o equidad.
En esa labor el Juez constitucional debe considerar los siguientes criterios: Primero.- La valoración de la prueba es una actividad propia de las Juezas, Jueces y de las autoridades administrativas; Segundo.- La justicia constitucional puede revisar la valoración cuando: i) las autoridades se apartan de los marcos legales de razonabilidad y equidad; ii) De manera arbitraria omiten considerar las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, iii) Basan su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado en la argumentación; Tercero.- La competencia de la justicia constitucional en el análisis de la revisión de la valoración de la prueba, se reduce a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o a constatar una actitud omisiva en esa tarea o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, desconociendo el principio de verdad material; y, Cuarto.- Las irregularidades en la valoración de la prueba solo darán lugar a la concesión de la tutela cuando incidan en el fondo de lo demandado y sea la causa de la lesión de derechos y/o garantías constitucionales.
La accionante considera lesionados sus derechos a la vida, a la salud, a la seguridad social, a la dignidad, al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia; y, a los principios de acceso a la justicia, a la prevalencia de la justicia material sobre la formal y a la seguridad jurídica; toda vez que, la Comisión Nacional de Prestaciones del SENASIR, al desestimar su solitud de “Renta Básica de Orfandad Vitalicia” a través de la Resolución Administrativa 0000987, incumplió lo dispuesto por el Auto de Vista 16/2019 con ausencia de fundamentación, motivación y congruencia, y valorando elementos de prueba que no demuestran los extremos que sostiene la misma.
De la revisión y compulsa de todos los antecedentes se evidenció que Mediante Nota de 4 de septiembre de 2010 -con cargo de recepción de 22 de igual mes y año-, la ahora peticionante de tutela se dirigió al Director General Ejecutivo a.i. del SENASIR, solicitando “Renta Básica de Orfandad Vitalicia” (Conclusión II.1); Ante la solicitud de la prenombrada, el SENASIR sustanció el proceso administrativo correspondiente (Conclusión II.2); A través de la Resolución Administrativa 00001571 de 12 de mayo de 2014, la Comisión de Calificación de Rentas de SENASIR dispuso desestimar la solicitud de la ahora impetrante de tutela (Conclusión II.3); La prenombrada interpuso un recurso de reclamación, medio de impugnación que fue resuelto por el Director General Ejecutivo a.i. y el Jefe de la Unidad Jurídica a.i., ambos de SENASIR, quienes a través de la Resolución Comisión de Reclamación 280/18 de 22 de junio de 2018, dispusieron confirmar la Resolución Administrativa 00001571 (Conclusión II.4); La ahora accionante interpuso un recurso de apelación, medio de impugnación que fue resuelto por la Sala Social Administrativa Contenciosa y Contenciosa Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz a través del Auto de Vista 16/2019 de 22 de marzo de 2019, por el cual dispuso anular la Resolución Comisión de Reclamación 280/18 y que se dicte otra con base en los fundamentos y motivos desarrollados en dicha resolución judicial (Conclusión II.5); A través de la Providencia de 25 de julio de 2019, la Sala Social Administrativa Contenciosa y Contenciosa Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró ejecutoriado el Auto de Vista 16/2019 (Conclusión II.6); Mediante la Resolución Comisión de Reclamación 003/21 de 7 de enero de 2021, en cumplimiento de lo dispuesto por el Auto de Vista 16/2019, el Director General Ejecutivo a.i. y el Jefe de la Unidad Jurídica a.i., ambos de SENASIR, dispusieron anular la Resolución Administrativa 00001571 y que la Comisión Nacional de Prestaciones del SENASIR dicte otra de manera fundamentada y motivada (Conclusión II.7); Por la Resolución Administrativa 0000987 de 8 de abril de 2021, la Comisión Nacional de Prestaciones del SENASIR dispuso desestimar nuevamente la solicitud de “Renta Básica de Orfandad Vitalicia” (Conclusión II.8); A través de Auto Administrativo de 23 de junio de 2021, la Comisión Nacional de Prestaciones del SENASIR dispuso declarar ejecutoriada la Resolución Administrativa 0000987 (Conclusión II.9).
En ese contexto, de forma previa a considerar o no el análisis de fondo de la problemática identificada, se hace pertinente y necesario realizar precisiones concernientes a la aplicación de los principios de subsidiariedad e inmediatez que rigen a la acción de amparo constitucional, y su excepción ante la denuncia de la lesión del derecho a la seguridad social; para el efecto, debe traerse a colación el siguiente razonamiento jurisprudencial del Fundamento Jurídico III.1., el cual señala que:
“Si bien la acción de amparo constitucional se encuentra revestida por los principios de subsidiariedad e inmediatez, cuyo cumplimiento es indispensable para su consideración, se puede abstraer su observancia, cuando se invoca el derecho a la seguridad social, puesto que al estar vinculado a los derechos fundamentales, como la vida, la salud física y psicológica, la dignidad, y a las prestaciones laborales, no puede estar supeditado al agotamiento de medios de impugnación existentes considerando que los derechos fundamentales primarios requieren una rápida y especial protección del Estado” (Fundamento Jurídico III.1.).
En ese marco, los antecedentes dan cuenta que la ahora peticionante de tutela, mediante Nota de 4 de septiembre de 2010 -con cargo de recepción de 22 de igual mes y año-, se dirigió al Director General Ejecutivo a.i. del SENASIR, solicitando “Renta Básica de Orfandad Vitalicia” (Conclusión II.1); es por ello que, el SENASIR sustanció el proceso administrativo correspondiente (Conclusión II.2).
Ahora bien, la ahora impetrante de tutela denuncia el hecho de que en la sustanciación de dicho proceso administrativo se incurrieron en irregularidades, e identifica como el acto que habría llegado a lesionar sus derechos a la Resolución Administrativa 0000987 de 8 de abril de 2021, a través de la cual la Comisión Nacional de Prestaciones del SENASIR dispuso desestimar su solicitud de “Renta Básica de Orfandad Vitalicia” (Conclusión II.8.).
Así las cosas, si la ahora accionante estimaba que la Resolución Administrativa 0000987 llegó a lesionar sus derechos, la misma debió interponer en su contra un recurso de reclamación en tiempo y forma oportuna, el cual está regulado por el Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición de la unidad de Recaudación, para que así, la determinación ahí adoptada sea objeto de revisión; empero, la ahora peticionante de tutela no procedió en ese sentido y acudió de forma directa ante la jurisdicción constitucional, ya que los memoriales de 12 y 28 de mayo de 2021 que habría presentado, por su contenido no podrían suponer la interposición de aquel medio de impugnación.
En ese sentido, siendo que la ahora impetrante de tutela no agotó todos los recursos idóneos dentro del proceso administrativo que SENASIR sustanció, supondría la aplicación del principio de subsidiariedad que rige a la acción de amparo constitucional; y en consecuencia, no sería posible ingresar al análisis de fondo de la problemática identificada; sin embargo, considerando que la ahora accionante denunció la lesión de su derecho a la seguridad social y todo lo que ello implica (Fundamento Jurídico III.2.), en el presente caso se hará una abstracción de aquel principio (Fundamento Jurídico III.1.), más aun tomando en cuenta que la misma se constituye en una persona de la tercera edad, es decir, perteneciente a uno de los denominados grupos vulnerables, a quienes el Estado, y por ende el sistema de administración de justicia, se ve impelido de otorgar una protección reforzada a sus derechos por la situación de vulnerabilidad y desventaja en la que se encuentran.
Por otro lado, los antecedentes también dan cuenta que la Resolución Administrativa 0000987 le fue notificada a la ahora peticionante de tutela el 5 de mayo de 2021 (Conclusión II.8.), habiendo transcurrido desde esa fecha, hasta que la misma presentó su acción de amparo constitucional (fs. 1) un año y un día, lo que supondría la aplicación del principio de inmediatez que rige a la acción de amparo constitucional, por lo que tampoco sería posible ingresar al análisis de fondo de la problemática identificada; puesto que, la ahora impetrante de tutela acudió de forma directa a la jurisdicción constitucional al margen del plazo de los seis meses que establece la Constitución Política del Estado.
Empero, por los motivos antes señalados, es decir, que la ahora accionante denunció la lesión de su derecho a la seguridad social y todo lo que ello implica, y que la misma que se constituye en una persona de la tercera edad; en el presente caso igualmente se hará una abstracción de aquel principio (Fundamento Jurídico III.1.).
Por lo que, siendo factible la superación de las exigencias de los principios de subsidiariedad e inmediatez que rigen a la acción de amparo constitucional, a razón de que se debe garantizar el acceso a la justica material de la ahora peticionante de tutela por su condición y los derechos que estima como lesionados; corresponde que, la problemática identificada sea analizada en el fondo, prescindiendo de cualquier formalidad que obste dilucidar la controversia constitucional que se puso a conocimiento.
6.1. En cuanto a que la Comisión Nacional de Prestaciones del SENASIR, al desestimar la solitud de “Renta Básica de Orfandad Vitalicia” de la ahora impetrante de tutela a través de la Resolución Administrativa 0000987, incumplió lo dispuesto por el Auto de Vista 16/2019 con ausencia de fundamentación, motivación y congruencia, y valorando elementos de prueba que no demuestran los extremos que sostiene la misma.
Con el objeto de abordar el particular, deben traerse a colación los razonamientos jurisprudenciales concernientes a la fundamentación, motivación y congruencia como elementos del derecho al debido proceso (art. 115 de la CPE), y a los supuestos en los que la jurisdicción constitucional puede llegar a revisar la actividad de valoración probatoria realizada por las autoridades competentes de la jurisdicción ordinaria o administrativa; los cuales, a su turno señalan lo siguiente:
Primero: “La congruencia consiste en la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; empero, esta idea general no es limitativa respecto de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa; en tal caso, debe quedar claro que, la congruencia implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, manteniendo en todo su contenido una correspondencia a partir de un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y argumentos contenidos en la resolución” (Fundamento Jurídico III.3). Segundo: “La fundamentación se refiere a labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el cual está impelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además, y, en casos específicos, en los cuales resulte necesario una interpretación normativa, tiene la obligación efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados, se constituyan en una justificación razonable de la premisa normativa; por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos facticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación; asimismo, en cuanto a la justificación, conviene precisar que esta se define como un procedimiento argumentativo a través del cual se brindan las razones de la conclusión arribada por el juzgador” (Fundamento Jurídico III.4.). Tercero: “La actividad de valoración probatoria de las autoridades componentes de la jurisdicción ordinaria o administrativa podrá ser revisada por la jurisdicción constitucional, cuando las mismas de manera arbitraria se omiten considerar las pruebas, ya sea parcial o totalmente; o cuando pese a su valoración, se apartan de los marcos legales de razonabilidad y equidad” (Fundamento Jurídico III.5.). En ese marco, los antecedentes dan cuenta que la ahora accionante, mediante Nota de 4 de septiembre de 2010 -con cargo de recepción de 22 de igual mes y año-, se dirigió al Director General Ejecutivo a.i. del SENASIR, solicitando “Renta Básica de Orfandad Vitalicia” (Conclusión II.1.); es por ello que, el SENASIR sustanció el proceso administrativo correspondiente (Conclusión II.2.).
Es así que, la Comisión de Calificación de Rentas del SENASIR dictó la Resolución Administrativa 00001571 de 12 de mayo de 2014, a través de la cual dispuso desestimar la solitud de la ahora peticionante de tutela (Conclusión II.3); motivo por el que, la misma interpuso en su contra un recurso de reclamación; medio de impugnación que fue resuelto por el Director General Ejecutivo a.i., y el Jefe de la Unidad Jurídica a.i., ambos de SENASIR, quienes, a través de la Resolución Comisión de Reclamación 280/18 de 22 de junio de 2018, dispusieron confirmar dicha Resolución Administrativa 00001571 (Conclusión II.4).
Es por ello que, la ahora impetrante de tutela interpuso un recurso de apelación en contra de la Resolución Comisión de Reclamación 280/18, el cual fue resuelto por la Sala Social Administrativa Contenciosa y Contenciosa Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a través del Auto de Vista 16/2019 de 22 de marzo de 2019, por el que dispuso lo siguiente:
“…ANULA la Resolución Nº 280/18 de fecha 22 de junio de 2018, cursante de fs. 154 - 160, disponiendo que SENASIR emita nueva resolución, en base a la fundamentación señalada y en observancia de las consideraciones de la presente resolución…” (Conclusión II.5). Determinación que adoptó con base en los siguientes fundamentos y motivos:
“(…). 2.- Inicialmente es pertinente referir que la Constitución Policita del Estado prevé en los arts. 35 “…El estado, en todos sus niveles, protegerá el derecho a la salud promoviendo políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso gratuito de la población a los servicios de salud...", el art. 37 estatuye "...El Estado tiene la obligación indeclinable de garantizar y sostener el derecho a la salud, que se constituye en una función suprema y primera responsabilidad financiera. Se prioriza la promoción de la Salud y la prevención de las enfermedades...", todas ellas dispuestas en nuestra carta magna, que bajo el contraste normativo con los instrumentos internacionales que conforman el bloque de constitucionalidad establecidas ellas en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, se señala en su art. XI "...toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, correspondientes al nivel que permiten los recursos públicos y los de la comunidad...", y que la misma también se halla establecida en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948, que prevé en su art. 22 "…Toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social…", así como en el art. 25.1. de la misma norma internacional refiere: "…Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y bienestar, y en especial la alimentación el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de perdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad…"; de lo señalado no queda duda que constituye la primera obligación del Estado cuidar, velar y preservar por la salud y la vida de cada uno de los habitantes de Estado, cuando así señala en el art. 45.I de la C.P.E., "…Todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social; II La seguridad social se presta bajo los principio de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia. Su dirección y administración corresponde al Estado con control y participación social…" el art. 13 de nuestra misma norma suprema señala "…que los derechos reconocidos por esta constitución son inviolables, universales interdependientes, indivisibles y progresivos. El Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos…".
3.- De la revisión de actuados, se tiene que la impugnación del caso de autos radica en la desestimación de la Renta Básica de Orfandad Absoluta Vitalicia, solicitada por ESTHER LOTTY FLORES VERA, en mérito al deceso del que en vida fue la Sra. Flora vera Vda. de Flores (madre de la solicitante) quien falleció en fecha 8 de septiembre de 2009 de acuerdo al certificado de defunción cursante a fs. 99 de obrados, la misma que fue derechohabiente del Sr. German Flores Ruiz (padre de la solicitante), quien falleció en fecha 30 de abril de 1971, en ese entendido y conforme a los antecedentes precedentemente referidos en el numeral primero de la presente resolución, al respecto corresponde referir que el Estado tiene la obligación de defender el capital humano, protegiendo la salud de la población asegurando la continuidad de sus medios de subsistencia, rehabilitación y mejorando las condiciones de vida del grupo familiar, cubriendo las contingencias de enfermedad, maternidad, riesgos profesionales, invalidez, vejez, muerte, paro forzoso, asignaciones familiares, vivienda de interés social y otros, mismos que se encuentran ratificados en los arts. 35 y siguientes de la Constitución Política del Estado.
4.- En este entendido, revisado los antecedentes que cursa en el trámite administrativo se tiene que a fs. 96 de obrados cursa Informe original de fecha 07 de septiembre de 2010 Tribunal Médico Nacional Calificador de Incapacidades el cual refiere "…EVALUACIÓN MÉDICA POR INVALIDEZ. De acuerdo a los exámenes efectuados en el Departamento Nacional de Medicina de Trabajo, certificado de Especialista Traumatólogo y certificado de CONALPEDIS, presenta COXARTROSIS BILATERAL GRADO III, ESCOLIOSIS DORSOLUMBAR GRADO III Y ARTROSIS DE TOBILLO IZQUIERDO, secuelas de poliomielitis adquirida en la infancia, proceso irreversible que determina estado de invalidez permanente…", a fs. 100 de obrados, cursa nota efectuada por la recurrente dirigida al SENASIR solicitando se le otorgue la Renta Básica de Orfandad Absoluta Vitalicia, al fallecimiento de al derecho habiente FLORA VERA VDA. DE FLORES, a fs. 112 cursa Informe de fecha 05 de febrero de 2013 emitido por el Departamento de Nacional de Medicina del Trabajo -División Nacional de Medicina Laboral, dependiente de la C.N.S. que informa "…La paciente acude a este servicio para re-evaluación. A la fecha se encuentra tramitando declaratoria de invalidez de beneficiaria desde el año 2009, mismo que hasta la fecha no logra efectivizarse. La paciente entre sus antecedentes patológicos: Diagnosticada de poliomielitis cuando tenía un 1 año. Artrodesis de tobillo izquierdo en dos oportunidades, a los 8 años de edad en el Hospital Paz Estenssoro y a los 14 años en la ciudad de Cochabamba, Diagnosticado de pie cavó derecho a los 10 años de edad que fue evolucionando progresivamente hasta llegar a la deformidad severa actual. Intervenida quirúrgicamente de cadera izquierda a los 19 años de edad, Sometida la cirugía mayor de cadera izquierda para formación de Neo techo acetabular a la edad de 26 años en Chile. Intervenida quirúrgicamente de formación hallux derecho a los 28 años de edad secundaria A la dificultad para la marcha que le ocasionaba. (...) En consideración a la patología de base que presenta `POLIOMIELITIS´, siendo está una enfermedad que ocasiona la invalidez y que se adquiere en la infancia, se determina que su invalidez ya estaba establecida desde su infancia y que a la fecha padece de complicaciones secundarias de la misma…".
5.- En ese contexto y tomando en cuenta que la parte final del art. 2 en su inc. b) del Decreto Supremo No 0268 del 26 de agosto del año 2009 dispone que son beneficiarios del trabajador sin límite de edad los hijos, si son declarados inválidos por los servicios médicos de las Cajas a cualquier edad, normativa de la cual se deduce que no existe un límite de edad para que los hijos que quieran acceder al seguro social en su calidad de beneficiarios, tengan que ser declarados inválidos por los mismos servicios de la Caja Nacional. Del cual se debe interpretar que dicho precepto legal NO establece una edad mínima o máxima para solicitar la declaratoria de invalidez, con el único requisito de ser beneficiario del trabajador, requisito que la solicitante cumple a cabalidad puesto que en el presente caso la solicitante ESTHER LOTTY FLORES VERA es la hija German Flores Ruiz (+) afirmación que se encuentra sustentada de acuerdo a antecedentes que cursan en el trámite administrativo que cursan a fs. 2, 3, 75, 122 de obrados, de igual manera resulta de vital importancia referir que la misma resulta ser una persona adulta mayor con más de 60 años de edad, misma que debe gozar con una vejez digna, con calidad y calidez humana, como bien lo establece la norma suprema, sin embargo; en el caso que nos acontece se llega a evidenciar que en la actualidad la recurrente a causa de la enfermedad de POLIOMELITIS sobrelleva discapacidad en las caderas y piernas, conforme se constata del Informe remitido por la C.N.S. cursante a fs. 112 de obrados, por lo cual se establece la gravedad de su estado de salud en la que actualmente se encuentra y que a causa de esta enfermedad que padece se infiere que no puede desarrollar sus actividades con total normalidad, ya que es una enfermedad PERMANENTE de acuerdo al informe cursante a fs. 96 de obrados, por lo que corresponde ser protegida por el Estado como manda la C.P.E. en sus arts. 67, 70, 71y 72.
6.- En mérito a lo desarrollado precedentemente este tribunal llega a la conclusión de que el SENASIR en la resolución ahora impugnada, no ha efectuado un correcto análisis de acuerdo a las normas constitucionales citadas, y la normativa legal vigente que rige la materia, ni tampoco ha valorado la documentación que cursa en la carpeta administrativa a fs. 96, 105 y 112 de obrados, limitándose únicamente a rechazar una gestión de naturaleza humana y social como es la ahora reclamada, infiriéndose con ello que el SENASIR, no obstante de las pruebas consistentes en informes especializados, sin fundamento alguno, deniega la solicitud de la Renta Básica de Orfandad Absoluta y Vitalicia, correspondiendo a esta instancia anular la decisión asumida por dicho ente, toda vez que la solicitud de la renta a la que hace referencia la interesada, se halla destinada a cubrir los gastos de subsistencia más aun tornando en cuenta que la misma se encuentra con salud deteriorada que requiere de la asistencia médica y económica puesto que las personas que sufren una discapacidad son personas sumamente vulnerables, no pudiéndose pretender quebrantar un Derecho Humano consagrado en nuestra C.P.E., Convenios Internacionales y la Declaración de Derechos Humanos y que el derecho a la Seguridad Social se inspira en el principio de Solidaridad, así como el derecho fundamental que es el derecho a la vida, extremos citados que no han sido considerados por los representantes del SENASIR, toda vez que los fundamentos expresados en la resolución impugnada no se ajustan a la normativa legal vigente en la materia.
7.- Con respecto al art. 107 del Reglamento del Código de Seguridad Social el art. 2 del D.S. N° 0268 de 26 de agosto de 2009, en los que se fundamenta el SENASIR en la resolución ahora apelada, al respecto corresponde señalar que la Ley General para Personas con Discapacidad No 223 de 2 de marzo de 2012, en su art. 1 que expresa "…El objeto de la presente Ley es garantizar a las personas con discapacidad, el ejercicio pleno de sus derechos y deberes en igualdad de condiciones y equiparación de oportunidades, trato preferente bajo un sistema de protección integral…", el art. 2 de la misma ley que señala entre sus fines "…1) Promover, proteger y asegurar el goce pleno, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas la personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad (...). 6) Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, reduciendo los índices de pobreza y exclusión social…". Por su parte el art. 4 de la misma ley señala como uno de sus principios señala “…8) Asistencia Económica Estatal. Por el que el Estado promueve una renta solidaria para las personas con discapacidad grave y muy grave; y asistencia económica mediante planes, programas y proyectos a las personas con discapacidad…", el art. 8, establece "…Se reconoce el derecho de las personas con discapacidad a constituir su propia familia, asumiendo las responsabilidades como padres, madres y cónyuges...", constituyendo también el derecho a la protección del Estado, en su art. 9 núm. I prevee: "El Estado Plurinacional de Bolivia adoptara e implementará políticas públicas destinadas a la protección y el desarrollo integral dela persona con discapacidad, de su familia y/o tutores. II, señala "…II. En caso que la persona con discapacidad quede en estado de abandono u orfandad el Estado asumirá la responsabilidad del mismo de acuerdo a sus competencias nacionales, departamentales, regionales, municipales e indígena originario campesinos…", bajo ese entendido y tomando en cuenta que las normas del Estado Plurinacional tienen que estar subordinadas a la supremacía de la Constitución Política del Estado, prevista en su arts. 256 y 410, así como de los Convenios Internacionales referidos anteriormente, resulta esencial tomar en cuenta el principio de favorabilidad bajo el paraguas de la interpretación pro homini, puesto que las normas deben adecuarse a la C.P.E., correspondiendo a este tribunal manifestar que si bien la solicitante requiere constituirse legalmente como rentista vitalicia de orfandad, esta solicitud debe ser viable a realizarse porque de lo contrario al privarle de dicho beneficio, implicaría la privación de su única fuente de recursos que permite su subsistencia, pero además de afectar no solo materialmente sino emocionalmente su calidad de vida y salud, toda vez que este sector de la población necesita especial protección, debido a su situación de desventaja frente al común de la población, debido a sus propias limitaciones, lo que en muchos casos les imposibilita la igualdad de condiciones, porque sus límites conforme la incapacidad o invalidez calificada no se lo permiten.
8.- Bajo ese contexto es menester señalar que no se puede restringir a este sector de personas con discapacidad, la posibilidad de conformar su propia familia a partir del matrimonio, derecho que se encuentra reconocido en el art. 8 de la Ley General para Personas con Discapacidad N° 223 de 2 de marzo de 2012, decreto citado anteriormente en el numeral octavo de la presente resolución, asimismo tampoco se puede condicionar a la solicitante a no contraer matrimonio, para tener un medio de subsistencia propio como es la Renta Básica de Orfandad Absoluta Vitalicia, por lo que al establecer los representantes del SENASIR en la resolución impugnada, que la solicitante no puede pretender ser beneficiaria de dicha renta por haber contraído matrimonio, dicho criterio no concuerda con los preceptos constitucionales vigentes, resultando ser aplicable lo mencionado por el SENASIR para los casos en que los que los beneficiarios contraigan nupcias antes de la edad límite, así como lo señala el art. 107 del Reglamento del Código de Seguridad Social y el art. 38 del Manual de Prestaciones en Curso de Pago y Adquisición y no así para el presente caso en cuestión, debiéndose tener en cuenta que un matrimonio puede llegar a concluir por diferentes razones, mientras que la incapacidad es permanente, por lo que el negar la otorgación de la Renta Básica de Orfandad Absoluta Vitalicia a la peticionaria sólo por el hecho de contraer matrimonio, el Estado a través del SENASIR no estaría garantizando a las personas adultas mayores con discapacidad a la obtención de recursos necesarios para subsistir de modo compatible con su dignidad humana intrínseca, es decir que se estaría desconociendo la protección adicional que requieren las personas que sufren alguna discapacidad, contraviniendo de esta forma lo dispuesto en el art. 22 de la DUDH norma internacional ratificada por el estado Boliviano que forma parte del bloque de constitucionalidad establecido en el art. 410 de la C.P.E., así como el art. 45 en sus núm. I, II y II de la misma norma suprema, excepto que el SENASIR establezca que la reclamante por alguna actividad de trabajo percibe remuneración económica en la que se establezca los aportes de cotizaciones a las AFPS.
9.- En ese contexto y por todo lo precedentemente descrito, nos lleva al razonamiento y a la certeza de que estos aspectos no fueron tomados en cuenta por los representantes del SENASIR a momento de emitir sus resoluciones, correspondiendo en el presente caso efectuar una correcta valoración de la pruebas presentadas para que se pueda conducir a una correcta aplicación de la justicia acorde a los principios de la seguridad social y los principios constitucionales, correspondiendo en esta instancia revocar la resolución recurrida, ello al amparo del art. 218 numeral II núm. 4) del Código Procesal Civil, aplicable por mandato del art. 15 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición” (sic [Conclusión II.5.]).
Resolución judicial que fue declarada ejecutoriada a través de la Providencia de 25 de julio de 2021, dictada por la Sala Social Administrativa Contenciosa y Contenciosa Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (Conclusión II.6.). En consecuencia, el Director General Ejecutivo a.i. y el Jefe de la Unidad Jurídica a.i., ambos de SENASIR, en cumplimiento del Auto de Vista 16/2019, dictaron la Resolución Comisión de Reclamación 003/21 de 7 de enero de 2021, a través de la cual dispusieron anular la Resolución Administrativa 00001571 y que la Comisión Nacional de Prestaciones del SENASIR dicte otra de manera fundamentada y motivada (Conclusión II.7.).
Ante tal circunstancia es que la Comisión Nacional de Prestaciones del SENASIR dictó la Resolución Administrativa 0000987 de 8 de abril de 2021, a través de la cual dispuso desestimar la solicitud de “Renta Básica de Orfandad Vitalicia” de la ahora accionante; determinación que, adoptó, después de describir los elementos de prueba recabados en el correspondiente proceso administrativo y transcribir las disposiciones normativas de sustento, con base en los siguientes fundamentos y motivos:
“Que, de la revisión minuciosa de antecedentes cursantes dentro del presente se asume que la Sra. Esther Lotty Flores Vera, solicita ser beneficiaria de Renta de Orfandad Vitalicia por contar con enfermedad de base, al fallecimiento de su madre Sra. Flora Vera Vda. de Flores, presentando al efecto, Informe TS/417/108 de fecha 23 de julio de 2010, Informe de fecha 07 de septiembre de 2010, emitido por el Tribunal Médico Nacional Calificador de Incapacidades e Informe de fecha 05 de febrero de 2013, emitido por el Departamento Nacional de Medicina del Trabajo División Nacional de Medicina Laboral, acreditando que la asegurada presenta "POLIOMIELITIS", siendo esta una enfermedad que ocasiona invalidez y que se adquiere en la infancia, se determina que su invalidez ya estaba establecida desde su infancia y que a la fecha padece de complicaciones secundarias de la misma, sin embargo es preciso considerar que para la otorgación de la renta de orfandad vitalicia se tienen que cumplir el presupuesto determinado por el Art. 2 del Decreto Supremo No 0268 de 26 de agosto de 2009, el cual exige que "no trabajen o dependan de un empleador teniendo seguro por derecho propio", aspectos que no es cumplido por la solicitante debido a que de acuerdo a información remitida por la AFP - FUTURO BOLIVA y la presentada por la asegurada mediante notas DE FUT.GO.AFI.2051/2019 de fecha 23 de septiembre de 2019 cursante a fojas 219 y nota GRLP.SC.2424/2020 de fecha 17 de febrero de 2020 cursante a fojas 244, se evidencia que la solicitante ESTHER LOTTY FLORES VERA de forma individual registra aportes al Sistema Integral de Pensiones y fruto de dichos aportes, la asegurada cuenta con una prestación en curso de pago en la AFP-FUTURO DE BOLIVIA, aspecto por el cual no corresponde otorgar el beneficio solicitado” (sic [Conclusión II.8]).
Resolución administrativa que la misma Comisión Nacional de Prestaciones del SENASIR dispuso declarar ejecutoriada a través del Auto Administrativo de 23 de junio de 2021 (Conclusión II.9.). Lo descrito lleva a la conclusión de que la Comisión Nacional de Prestaciones del SENASIR, a través de la Resolución Administrativa 0000987, dispuso desestimar la solicitud “Renta Básica de Orfandad Vitalicia” de la ahora peticionante de tutela, sosteniendo únicamente que la misma “…de forma individual registra aportes al Sistema Integral de Pensiones y que fruto de dichos aportes, cuenta con una prestación en curso de pago en la AFP-FUTURO DE BOLIVIA…” (sic.). Ahora bien, dicho razonamiento, sometido al contraste correspondiente con los fundamentos y motivos desarrollados a través del Auto de Vista 16/2019, el cual quedó ejecutoriado a razón de que no fue objeto de impugnación por ninguno de los sujetos de derecho (entre estos el SENASIR); llevan al entendimiento de que, la misma manifiesta diferentes irregularidades, por lo siguiente:
Primero: La Comisión Nacional de Prestaciones del SENASIR, al dictar la Resolución Administrativa 0000987 incurrieron en una incongruencia interna (Fundamento Jurídico III.3.); ya que, en el primero de sus considerandos describió, entre otros elementos de prueba, al Auto de Vista 16/2019; empero, en el tercero de sus considerandos, que es donde desarrolló los fundamentos y motivos que sustentarían la determinación que adoptó, es decir, la de desestimar la solicitud “Renta Básica de Orfandad Vitalicia” de la ahora accionante, no emite ningún pronunciamiento sobre los alcances de dicha resolución judicial, la cual llegó a establecer los parámetros sobre las que SENASIR debe dilucidar la pretensión perseguida por la ahora impetrante de tutela.
En ese sentido, queda claro que la Comisión Nacional de Prestaciones del SENASIR tenía la obligación de dictar una Resolución Administrativa que guarde un orden lógico entre sus premisas, y de éstas con su parte resolutiva, ello con el objeto de generar un estado de certidumbre jurídica para la ahora peticionante de tutela; empero, no procedió en ese sentido, con lo que la prenombrada se ha visto en una situación de zozobra, en la que su solicitud de “Renta Básica de Orfandad Vitalicia” fue resuelta al margen de los marcos ceñidos por una resolución judicial que adquirió calidad de cosa juzgada. Por lo cual, llega a ser evidente el hecho denunciado por la ahora impetrante de tutela, habiendo la Comisión Nacional de Prestaciones del SENASIR lesionado su derecho al debido proceso en su elemento congruencia (interna); en consecuencia, sobre éste extremo corresponde conceder la tutela solicitada. Segundo: A través de la Resolución Administrativa 0000987, la Comisión Nacional de Prestaciones del SENASIR dispuso desestimar la solicitud “Renta Básica de Orfandad Vitalicia” de la ahora accionante, sosteniendo únicamente que la misma “…de forma individual registra aportes al Sistema Integral de Pensiones y que fruto de dichos aportes, cuenta con una prestación en curso de pago en la AFP-FUTURO DE BOLIVIA…” (sic.); razonamiento al que arribó principalmente con base en lo dispuesto por el art. 2 inc. b) del DS 0268, el cual señala lo siguiente:
“Son beneficiarios del Trabajador o Trabajadora los siguientes familiares: (…). Los hijos hasta los veinticinco (25) años de edad, siempre y cuando no sean casados o convivientes; que no hubieren abandonado el hogar de sus padres; que no vivan en hogares independientes y que no trabajen o dependan de un empleador teniendo seguro por derecho propio; o sin límite de edad si son declarados inválidos por los servicios médicos de las Cajas a cualquier edad”. Siendo así las cosas, llega a ser evidente que la Resolución Administrativa 0000987 se encuentra indebidamente fundamentada y motivada; puesto que, entre la razón por la cual la Comisión Nacional de Prestaciones del SENASIR desestimó la solicitud “Renta Básica de Orfandad Vitalicia” de la ahora peticionante de tutela, y la disposición normativa que sustentaría la determinación que adoptó, no existe un sentido lógico de relacionamiento causal y mucho menos racional; puesto que, el motivo por el que fue desestimada la pretensión perseguida por la ahora impetrante de tutela, no se adecua a ninguno de los supuestos legales establecidos por el art. 2 inc. b) del DS 0268, ya ésta disposición normativa hace mención a que los hijos de los trabajadores podrán ser considerados como beneficiarios, siempre y cuando los mismos no estén casados o sean convivientes, que no hubieren abandonado el hogar de los progenitores, que no vivan en hogares independientes y que no trabajen o dependan de un empleador teniendo seguro por derecho propio; mas no hace alusión a la existencia de aportes como causal para que un hijo de un trabajador no sea considerado como beneficiario.
En ese sentido, el razonamiento al que arribó la Comisión Nacional de Prestaciones del SENASIR para desestimar la solicitud “Renta Básica de Orfandad Vitalicia” de la ahora accionante, carece de una premisa normativa sustentable, lo que configura a la determinación que adoptó a través de la Resolución Administrativa 0000987, en una postura arbitraria; ya que, realizó una interpretación del art. 2 inc. b) del DS 0268 más allá de lo que prescribe, cuando era su obligación resolver la pretensión perseguida por la ahora impetrante de tutela con base en las disposiciones normativas atinentes que regulan la materia, y si era conveniente, realizar una interpretación de las mismas en observancia del principio de razonabilidad, más aun cuando llegó a conocer una solicitud vinculada indefectiblemente a la materialización del derecho a la seguridad social (Fundamento Jurídico III.2.), de una persona de la tercera edad y con discapacidad claramente demostrada (Conclusión II.10.); es decir, de una persona perteneciente a uno de los denominados grupos vulnerables, a quienes el Estado, y por ende el sistema de administración de justicia, se ve impelido de otorgarles una protección reforzada a sus derechos justamente por su situación de vulnerabilidad y desventaja en la que se encuentran. Por ello, siendo evidente el hecho denunciado por la ahora accionante, en vista de haberse constatado que la Resolución Administrativa 0000987, se constituye en un acto jurídico-procesal que carece de una premisa normativa sustentable que soporte los escuetos razonamientos ahí desarrollados; corresponde, con relación a dicho extremo, conceder la tutela solicitada.
Tercero: De la revisión exhaustiva de los antecedentes remitidos en grado de revisión, se tiene que al proceso administrativo en el que se dilucidó la solicitud “Renta Básica de Orfandad Vitalicia” de la ahora peticionante de tutela, se adjuntó el Certificado GRLP.SC.2424/2020 de 17 de febrero -con cargo de recepción de 11 de marzo de igual año-, expedido por Futuro de Bolivia S.A -AFP (Conclusión II.10.7.), concerniente a la situación de los aportes que habría realizado la ahora impetrante de tutela en el sistema de seguro social a largo a plazo, el cual establece en su punto tercero lo siguiente: “Así mismo, se confirma que Ud. NO cuenta con una Prestación en curso de pago en nuestra institución, dentro de la seguridad social a largo plazo” (sic); certificación que, fue expedida de forma anterior al dictado de la Resolución Administrativa 0000987 por parte de la Comisión Nacional de Prestaciones del SENASIR.
Empero, de la lectura de la Resolución Administrativa 0000987 se tiene que la Comisión Nacional de Prestaciones del SENASIR, no valoró dicho elemento de prueba, ni mucho menos la describió, no habiendo explanado ningún fundamento o motivo razonable que justifique su proceder, habiéndose limitado en señalar en la audiencia (virtual) el 20 de junio de 2022, que dicho documento no se le habría presentado; lo cual configura a la posición que adoptó en arbitraria (Fundamento Jurídico III.5.); cuando era su obligación la de describir y valorar todos y cada uno de los elementos de prueba que se adjuntaron y produjeron en el proceso administrativo en cuestión, primero de manera particular y de forma posterior de manera integral.
Al margen de lo esgrimido, es necesario aclarar que en el proceso administrativo en el que se resolvió la solicitud “Renta Básica de Orfandad Vitalicia” de la ahora accionante, existen dos Certificados GRLP.SC.2424/2020 de 17 de febrero, uno con cargo de recepción de 11 de marzo de 2020, y otro con cargo de recepción de 2 de igual mes y año; sin embargo, Futuro de Bolivia S.A. - AFP, por medio del Certificado GRLP.SC.5916/2022 de 8 de abril (Conclusión II.10.6), aclaró que la certificación con cargo de recepción de 11 de marzo de 2020 es la que contiene la información correcta; por lo que, al ser un elemento de prueba que orienta la dilucidación de la pretensión perseguida por la ahora impetrante de tutela, la cual se constituye en una persona de la tercera edad y con discapacidad (Conclusión II.10.2 y II.10.3), necesariamente debió ser valorada. En ese sentido, lo que la jurisdicción constitucional llegó a identificar en la controversia constitucional que se le puso a conocimiento, es que la Comisión Nacional de Prestaciones del SENASIR, al dictar la Resolución Administrativa 0000987, incurrió en una omisión valorativa; circunstancia que desde luego llega a lesionar el derecho al debido proceso de la ahora peticionante de tutela. Por tal motivo, con relación a éste extremo corresponde conceder la tutela solicita.
Por todo lo expuesto, claramente se hace patente que la Comisión Nacional de Prestaciones del SENASIR, lesionó los derechos a la seguridad social y al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba de la ahora accionante; y por ende, los derechos a la vida, a la salud y a la dignidad inherentes a la misma; así, como los principios de acceso a la justicia, a la prevalencia de la justicia material sobre la formal y a la seguridad jurídica; puesto que, no dilucidó de forma correcta la solicitud de “Renta Básica de Orfandad Vitalicia” que se le puso a conocimiento, por lo que corresponde conceder la tutela solicitada.
Al margen de lo desarrollado, es importante realizar una consideración referente a lo señalado por las autoridades ahora demandadas en la sustanciación del proceso constitucional, tanto al presentar sus Informes como a momento de explanar sus argumentos en la audiencia (virtual) el 20 de junio de 2022 (fs. 449 a 454 vta.); quienes han venido sosteniendo que, entre otro de los motivos por los que no habría sido atendida la solicitud de “Renta Básica de Orfandad Vitalicia” de la ahora peticionante de tutela, seria a razón de que la misma contrajo matrimonio. Al respecto, debe resaltarse que lo dispuesto a través de la Resolución Administrativa 0000987, no se sustenta en aquel aspecto, es decir, que la Comisión Nacional de Prestaciones del SENASIR no atendió la solicitud de “Renta Básica de Orfandad Vitalicia” de la ahora impetrante de tutela, no porque la misma habría contraído matrimonio, sino únicamente porque “…de forma individual registra aportes al Sistema Integral de Pensiones y que fruto de dichos aportes, cuenta con una prestación en curso de pago en la AFP-FUTURO DE BOLIVIA…” (sic.). Por otro lado, el Auto de Vista 16/2019, que se constituye en una resolución judicial con calidad de cosa juzgada, al no haber sido impugnada por los sujetos de derechos, entre estos SENASIR; ya determinó que, la pretensión perseguida por la ahora accionante no podría ser rechazada como consecuencia de que ésta haya sido contraído nupcias, puesto que como persona discapacidad, tiene todo derecho a formar su propia familia, no constituyese tal situación jurídica en óbice razonable y constitucional para acceder a un seguro social de largo plazo. Y finalmente, desde una interpretación constitucional de las disposiciones normativas de la Ley General para Personas con Discapacidad -Ley 223 de 2 de marzo de 2012-, y de todas las del bloque de constitucionalidad vinculadas a los derechos de las personas con discapacidad; se llega al claro entendimiento de que, ninguno de los derechos de las personas pertenecientes a ese denominado grupo vulnerable (como es el caso de la ahora accionante) podría llegar a ser restringido, y mucho menos ser empleado alguno de ellos, para limitar otro; puesto que, todos merecen por parte del Estado, y por ende del sistema de administración de justicia, una protección reforzada.
Con base en esa comprensión, la Comisión Nacional de Prestaciones del SENASIR, bajo ninguna circunstancia no podría atender la solicitud de “Renta Básica de Orfandad Vitalicia” de la ahora accionante, sosteniendo que la misma contrajo matrimonio, ya que mantener esa postura significaría no considerar su condición de persona con discapacidad y por ende, lesionar su derecho a la familia; aspecto que el sistema de administración de justicia, y específicamente, la justicia constitucional, no puede llegar a consentir, convalidar o dar licencia. Por otro lado, en vista de que la ahora peticionante de tutela identificó a la Resolución Administrativa 0000987 como el acto que lesionó sus derechos (extremo el cual quedo claramente evidenciado); corresponde denegar la tutela solicitada respecto a la Comisión de Reclamaciones del SENASIR, a razón de que la misma no dictó dicha Resolución Administrativa, no existiendo en consecuencia un vínculo entre el acto irregular y la lesión de derechos, supuesto que se configura el presupuesto de la legitimación pasiva. En consecuencia, la Sala Constitucional al conceder la tutela solicitada, obró de forma parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y conforme lo dispuesto por el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional, en revisión, CONFIRMAR en parte la Resolución 138/2022 de 20 de junio, cursante de fs. 456 a 461, dictada por la Sala Constitucional Segunda del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1) CONCEDER la tutela impetrada con relación a la Comisión Nacional de Prestaciones del SENASIR, en base a los fundamentos y motivos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional y en los mismos términos de la Sala Constitucional Segunda del departamento de La Paz.
En ese sentido, una vez que la Comisión Nacional de Prestaciones del SENASIR se pronuncie respecto al único motivo por el cual no habría llegado a ser atendida la solicitud de “Renta Básica de Orfandad Vitalicia” de la ahora accionante; la misma, en caso de corresponder y al dictar la nueva Resolución Administrativa correspondiente, debe disponer el pago retroactivo del seguro social al largo plazo solicitado; y,
2) DENEGAR la tutela solicitada con relación a la Comisión de Reclamaciones del SENASIR. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional Se hace constar que la Magistrada MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo es de Voto Aclaratorio.
Fdo.MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
Fdo.MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
9 S
10 Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela, Sentencia de 5 de agosto de 2008 (Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas).
15 “(…) la suscrita Magistrada, en atención a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2.1 de este fallo, considera que, en un Estado constitucional de derecho, como lo asumido por el nuestro, que por voluntad del constituyente, se incorporaron en la Constitución Política del Estado, un conjunto de derechos y garantías constitucionales en favor de las personas, que constituyen al Estado Plurinacional de Bolivia, en un Estado garantista; lo cual, implica que, el Tribunal Constitucional Plurinacional, conforme al art. 196 de la CPE en su misión de precautelar por la vigencia de los derechos y garantías constitucionales, debe ajustar sus razonamientos al carácter progresivo y al principio de favorabilidad de los derechos fundamentales (arts. 13.I y 256.I de la CPE); en ese entender, es imperioso aplicar entendimientos y razonamientos más favorables y menos restrictivos para el acceso a la justicia constitucional en cuanto a su invocación de tutela; razón por la cual, respecto a las denuncias de vulneraciones relacionadas a la valoración de la prueba, esta Magistratura luego de advertir dos entendimientos diferentes al respecto, en apego a la jurisprudencia constitucional desarrollada en el citado Fundamento Jurídico III.2.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, opta por seguir y aplicar las razones jurisprudenciales desarrolladas en la SCP 0297/2018- S2, que se constituyen en el estándar más alto conforme lo desplegado en el Fundamento Jurídico III.2.1 de este fallo”.
16 Art. 9.- En caso de disconformidad con la Resolución de la Comisión de Reclamación de Rentas, el interesado podrá hacer uso del Recurso de Reclamación, en el plazo perentorio de cinco (5) días hábiles desde la fecha de su notificación.
17 Art. 129.I de la CPE.- “La Acción de Amparo Constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados.
18 SCP 0593/2021-S1 de 3 de noviembre, en su FJ.III.6., señaló lo siguiente: “A partir de dichas normas, este Tribunal, en su amplia y uniforme línea jurisprudencial, ha establecido que las personas adultas mayores son parte componente de los llamados grupos vulnerables o de atención prioritaria; en este sentido, sus derechos están reconocidos, otorgándoles una particular atención, considerando su situación de desventaja en la que se encuentran frente al resto de la población; así la SCP 0112/2014-S1 de 26 de noviembre, manifiesta que el trato preferente y especial del que deben gozar los adultos mayores es comprensible, "…dado que la vejez supone la pérdida de medios de subsistencia ya sea por el advenimiento de enfermedades y su consecuente pérdida de la salud o ya sea porque pasan al grupo de personas inactivas económicamente, viéndose limitadas por tal motivo en el ejercicio de sus derechos"”.
19 Art. 129.II. de la CPE.- “La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial”.
20 SCP 0593/2021-S1 de 3 de noviembre, en su FJ.III.6., señaló lo siguiente: “A partir de dichas normas, este Tribunal, en su amplia y uniforme línea jurisprudencial, ha establecido que las personas adultas mayores son parte componente de los llamados grupos vulnerables o de atención prioritaria; en este sentido, sus derechos están reconocidos, otorgándoles una particular atención, considerando su situación de desventaja en la que se encuentran frente al resto de la población; así la SCP 0112/2014-S1 de 26 de noviembre, manifiesta que el trato preferente y especial del que deben gozar los adultos mayores es comprensible, "…dado que la vejez supone la pérdida de medios de subsistencia ya sea por el advenimiento de enfermedades y su consecuente pérdida de la salud o ya sea porque pasan al grupo de personas inactivas económicamente, viéndose limitadas por tal motivo en el ejercicio de sus derechos"”. SCP 0210/2022-S1 de 10 de mayo, en su FJ.III.6., señala lo siguiente: “En suma, la obligación del Estado no solo se limita a la adopción de medidas de protección por parte del Estado, sea este en entidades judiciales o administrativas, tendientes a garantizar y efectivizar el pleno goce y ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, sino que además las mismas demandan una atención preferencial, que se traduce en la responsabilidad de los servidores públicos, de acudir de manera diligente y efectiva a la protección de sus derechos”.
21 SCP 0319/2018-S1 de 16 de julio, en su FJ.III.1, señaló lo siguiente: “(…). En ese sentido, quien se constituye en sujeto pasivo es la persona natural o jurídica que incurrió en el acto u omisión ilegal o indebida, adquiriendo la capacidad jurídica para ser parte demandada. Consiguientemente, esta acción de defensa debe dirigirse necesaria e inexcusablemente contra la autoridad o persona particular que hubiera cometido el acto o incurrido en la omisión que se denuncian como ilegales o indebidos y que vulneran derechos fundamentales y garantías constitucionales”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1109_2023-S1.pdf · páginas 1 a 47.
Huella digital del PDF (SHA-256): fe400e6121e6caaba3ffed6ad468cab61f9e98aa72431c3fc5ee279027a122d0
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