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SCP 1107/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 12 de septiembre de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
12 de septiembre de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Paola Verónica Prudencio Candia
Expediente
54967-2023-110-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El impetrante de tutela a través de su representante, alega la vulneración del derecho a la libertad, a la defensa, al debido proceso en su vertiente de fundamentación y motivación de resoluciones, y a la seguridad jurídica; toda vez que, planteó recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio 93/2023 de 15 de marzo, que dispuso su detención preventiva en aplicación del supuesto riesgo procesal configurado en el art. 235.2 del CPP, mismo que fue ratificado por el Tribunal de Alzada según Auto de Vista 223/2023 de 24 de marzo, sin pronunciarse sobre los agravios planteados y basándose en meras presunciones. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 27/2023 de 5 de abril, cursante de fs. 49 a 50 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Décimo Quinto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia CONCEDER, la tutela solicitada, en base a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional y en los mismos términos que el Juez de garantías.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Obligación del juzgador de fundamentar y motivar las resoluciones judiciales que dispongan, modifiquen o mantengan una medida cautelar (jurisprudencia reiterada)
  2. III.2. La prohibición de fundar la detención preventiva en meras suposiciones
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1107/2025-S3 Sucre, 12 de septiembre de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 54967-2023-110-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 27/2023 de 5 de abril, cursante de fs. 49 a 50 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Giovanni Arturo Morales Aliendre en representación sin mandato de Ramiro Iván Tapia Ponce contra Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 4 de abril de 2023, cursante de fs. 28 a 34 vta., el accionante a través de su representante sin mandato, expresó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal por la presunta comisión del delito de homicidio instaurado en su contra, en audiencia de medidas cautelares, el Ministerio Público acreditó supuestamente la existencia del riesgo procesal establecido en el art. 235.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019- y mediante Auto Interlocutorio 93/2023 de 15 de marzo, se dispuso su detención preventiva, por ser con probabilidad el autor y participe del hecho; solicitando complementación que aclare y determine la acreditación de este riesgo procesal, a lo que la autoridad jurisdiccional de forma absolutamente subjetiva, sin realizar un análisis específico del riesgo explicó como obstaculizaría la averiguación de los hechos; por lo que, planteó recurso de apelación por carecer de objetividad, al no ser claro en la identificación de las personas, testigos o partícipes en los que se influiría negativamente, transgrediendo al debido proceso con respecto a la falta de fundamentación y motivación, así como la vulneración a los principios de proporcionalidad y favorabilidad en la resolución recurrida. Por lo que, la Vocal demandada emitió el Auto de Vista 223/2023 de 24 de marzo, que dispuso la improcedencia del recurso de apelación planteado y confirmó el Auto Interlocutorio 93/2023, incumpliendo con la obligación de pronunciarse con la debida fundamentación sobre la necesidad de mantener la medida extrema, que determinó que seguía latente o concurrente el único riesgo procesal establecido en el art. 235.2 del CPP, provocando que el indicado fallo sea incongruente y sin suficiente fundamentación. Solicitando complementación y enmienda, conforme el art. 125 del CPP, sobre los agravios y la falta de pronunciamiento sobre el riesgo procesal del art. 235.2 del adjetivo penal, estableciendo la existencia de actos investigativos pendientes, como falta de pericias a desarrollar por el Ministerio Público, para llegar a la verdad histórica de los hechos, manteniendo firme y subsistente la determinación asumida; evitando de esta forma, pronunciarse sobre los agravios planteados, emitiéndose una resolución carente de fundamentación, motivación, razonabilidad, logicidad y basada en meras presunciones vulnerando el debido proceso.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la libertad, a la defensa, al debido proceso en su vertiente de fundamentación y motivación de resoluciones, a la seguridad jurídica, citando al efecto el art. 23. I, 115 y 125 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo la reparación de la violación a sus derechos y garantía constitucionales expuestos.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 5 de abril de 2023, según consta en acta cursante de fs. 45 a 48, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su representante sin mandato, ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola manifestó que: a) Se interpuso recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio 93/2023, por la vulneración al debido proceso, falta de fundamentación, motivación, razonabilidad y logicidad, por no haber realizado un análisis específico del riesgo establecido en el art. 235.2 del CPP; b) Según la jurisprudencia constitucional, la resolución que disponga la privación de libertad no puede estar cimentada en conceptos subjetivos, debe estar acreditada por elementos de prueba y la resolución de detención preventiva del accionante no especificó el riesgo procesal; c) El Auto de Vista 223/2023, no condice con los agravios reclamados, ni con el riesgo procesal de peligro de obstaculización, solo determinó la existencia de actos pendientes y que el riesgo fue latente; d) No se estableció si la resolución apelada estaba debidamente fundamentada, ni la proporcionalidad entre el riesgo procesal y la medida cautelar de detención preventiva; e) La autoridad demandada señaló un nuevo elemento, la influencia negativa sobre los familiares del fallecido y la falta de actos investigativos, sin reparar los agravios denunciados; y, f) Que se encuentra indebidamente procesado y privado de libertad por no haberse acreditado la existencia de riesgos procesales o si fuese proporcional a la medida.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a través del informe escrito presentado el 5 de abril de 2023, cursante de fs. 39 a 40 vta., señaló que: 1) El Auto de Vista 223/2023 de 24 de marzo, fue debidamente fundamentado con aspectos de hecho, derecho y jurisprudenciales, sin vulnerar el debido proceso; 2) En relación al art. 235.2 del CPP, aún había actos pendientes como declaraciones testificales y pericias, sobre los cuales el imputado -ahora accionante- puede influir; 3) La autoridad jurisdiccional refirió que se debe efectuar un test de ponderación entre el derecho a la libertad y la protección al derecho a la vida, determinando que ante la falta de actos investigativos la carga probatoria le corresponde al Ministerio Público; 4) Con relación al principio de favorabilidad y proporcionalidad, consideró la inexistencia de acto vulneratorio que reparar, la necesidad y la pertinencia de que el accionante se encuentre detenido preventivamente con la finalidad de averiguar la verdad, y que la Juez a quo aplicó el principio de modificabilidad y variabilidad, siendo que las medidas cautelares no causan estado y pueden ser modificadas; 5) Siendo los denunciantes también testigos, consideró que el impetrante de tutela puede influir negativamente en ellos y que el peligro de obstaculización no se fundó en meras presunciones abstractas, que serán desarrolladas por el Ministerio Público en el plazo de seis meses; 6) El Tribunal de garantías no es otra instancia de revisión de la justicia ordinaria, para que la jurisdicción constitucional proceda a revisar la actividad interpretativa en la resolución cuestionada “…el accionante debió hacer una sucinta y precisa relación de la vinculación entre los derechos fundamentales invocados y la actividad interpretativa - argumentativa…” (sic) requisito ausente; 7) La presente acción no tiene una relación detallada de los derechos y garantías vulnerados, es solo un resumen de la audiencia de apelación de medida cautelar; y, 8) Siendo la acción de libertad un proceso sumarísimo pidió se deniegue la tutela solicitada.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Décimo Quinto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 27/2023 de 5 de abril, cursante de fs. 49 a 50 vta., concedió la tutela impetrada, disponiendo dejar sin efecto en parte el Auto de Vista 223/2023, debiendo fundamentar la concurrencia del riesgo procesal establecido en el art. 235.2 del CPP, teniendo presente la SCP 0276/2018-S2 de 25 de junio y ampliar el fundamento respecto al principio de proporcionalidad en la concurrencia de un riesgo procesal y determinación de la detención preventiva, si es proporcional o no; basándose en los siguientes fundamentos: i) La SCP 0276/2018-S2 de 25 de junio, señala sobre el riesgo procesal determinado en el art. 235.2 del CPP, el cual “…no debe ser efectuado en base a presunciones o suposiciones y la autoridad de alzada, debe expresar sus convicciones determinativas que justifiquen su decisión…” (sic), jurisprudencia que la autoridad demandada debió tomar en cuenta; además que, la resolución de segunda instancia no puede ser más perjudicial para el recurrente que la dictada en primera instancia y enmarcarse a los agravios reclamados; ii) El Auto Interlocutorio 93/2023, sobre el riesgo procesal del art. 235.2 del CPP realizó una valoración genérica y señaló la existencia de varios actos investigativos pendientes; y, en el Auto de Vista 223/2023, la autoridad demandada debió realizar una fundamentación razonable sin perjudicar al impetrante de tutela; y, iii) En la fundamentación, análisis y valoración de los agravios señaló que hubo coherencia, aplicando el principio de modificabilidad y variabilidad, como también efectuó una ponderación de derechos, pero sin hacer un análisis valorativo de la determinación de la detención preventiva.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Auto Interlocutorio 93/2023 de 15 de marzo, emitido por el Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz, dispuso la aplicación del art. 235 ter en su numeral 2) del CPP, solicitado por el Ministerio Público, ordenando en su parte resolutiva aplicar la medida de detención preventiva contra Ramiro Iván Tapia Ponce -ahora accionante- en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, por el lapso de seis meses, contra el que planteó recurso de apelación incidental, de conformidad al art. 251 del CPP, en el mismo actuado procesal (fs. 23 a 27 vta.). II.2. Cursa Auto de Vista 223/2023 de 24 de marzo, emitido por Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora accionada-; que determinó la admisibilidad del recurso de apelación incidental, en cuya parte resolutiva declaró “…IMPROCEDENTE las cuestiones planteadas, en el fondo CONFIRMA la Resolución Nº 93/2023…” (sic [fs. 41 a 44]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El impetrante de tutela a través de su representante, alega la vulneración del derecho a la libertad, a la defensa, al debido proceso en su vertiente de fundamentación y motivación de resoluciones, y a la seguridad jurídica; toda vez que, planteó recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio 93/2023 de 15 de marzo, que dispuso su detención preventiva en aplicación del supuesto riesgo procesal configurado en el art. 235.2 del CPP, mismo que fue ratificado por el Tribunal de Alzada según Auto de Vista 223/2023 de 24 de marzo, sin pronunciarse sobre los agravios planteados y basándose en meras presunciones. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Obligación del juzgador de fundamentar y motivar las resoluciones judiciales que dispongan, modifiquen o mantengan una medida cautelar (jurisprudencia reiterada)

La SCP 0339/2012 de 18 de junio, concluyó que: “El Tribunal Constitucional, ha desarrollado amplia jurisprudencia sobre cuáles son las condiciones y formalidades que debe cumplir la resolución que disponga una medida cautelar de carácter personal de detención preventiva de un imputado y/o imputada, a través de la SC 1141/2003 de 12 de agosto, citada a su vez por la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, sosteniendo que: ‘...la aplicación de una medida cautelar de carácter personal en el ámbito procesal penal debe cumplir con las condiciones de validez legal, lo que significa que, la autoridad judicial competente, para adoptar la decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, está obligado a verificar y determinar la concurrencia de los requisitos previstos por el art. 233 CPP, para lo que deberá contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio Público con los elementos de prueba presentados sobre la concurrencia de los requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 234 y 235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar en derecho la decisión de aplicar la medida cautelar de carácter personal, pues tomando en cuenta que uno de los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho es la motivación de las decisiones de las autoridades públicas, el juez está obligado a expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basa su convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, así como el valor otorgado a los medios de prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado a expresar los presupuestos jurídicos que motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la descripción clara y objetiva de los elementos de convicción concurrentes’. En cuanto al Tribunal de apelación, la citada SC 0089/2010-R, señaló: ‘…está obligado igualmente a dictar una resolución debidamente fundamentada sobre la necesidad de aplicar dicha medida cautelar de carácter personal, explicando la concurrencia de los dos requisitos determinados en el art. 233 del CPP. En ese sentido, se ha establecido que el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto, debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias señaladas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva’. Así también, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, determinó que: ‘Ahora bien, la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar’. De lo que se concluye que la fundamentación de las resoluciones judiciales no sólo es exigible al momento de disponer la detención preventiva, sino también cuando se rechaza la solicitud de cesación de la detención preventiva, se determine la sustitución o modificación de esa medida o, finalmente, cuando se la revoca; aclarándose que la fundamentación se exige tanto en las resoluciones pronunciadas en primera instancia, como aquellas emitidas en apelación y en toda decisión judicial conforme establece el art. 124 del CPP”.

III.2. La prohibición de fundar la detención preventiva en meras suposiciones

La SCP 0795/2014 de 25 de abril de 2014, sobre este punto expresó que: «Si bien el art. 233.1 del CPP, exige la acreditación de que: “…el imputado es, con probabilidad autor y partícipe de un hecho punible”, dicha norma debe ser interpretada y comprendida desde y conforme a la garantía de la presunción de inocencia, habida cuenta que, la imputación formal no constituye base para determinar la culpabilidad o la inocencia del sujeto; por lo tanto, a más de que la aplicación de medidas cautelares de carácter personal surja de la acreditación de una presunta participación o autoría, dicho concepto (probable autoría o participación) debe emerger de una valoración armónica e integral de elementos de juicio que sean objetivos y concretos, y no el resultado de la mera imaginación del juzgador ni de la parte acusadora. Entonces, la detención preventiva debe ser el resultado de una debida fundamentación de las resoluciones que la disponen en ese sentido, lo cual impide que la autoridad jurisdiccional funde su determinación en meras conjeturas o presunciones. En ese sentido, la simple suposición debe ser entendida como la creencia de un probable acontecimiento de ciertos hechos o conductas, sin estar completamente seguro de ello; es decir, aquella idea que surge directamente de la imaginación del sujeto sin estar debidamente comprobado. Por lo tanto, la resolución judicial destinada a aplicar medidas cautelares de carácter personal, de ninguna manera debe estar sustentada en simples o meras posibilidades, sino que, debe ser una decisión producto de la seguridad y certeza que adquirió la autoridad judicial luego de haber efectuado la compulsa de los antecedentes del caso y la valoración integral de los elementos de juicio que fueron llevados a su consideración, para definir la situación jurídica del imputado. Pues bien, en el marco de las consideraciones referidas precedentemente, es menester establecer las condiciones de fundamentación relativa a los riesgos procesales de fuga, de obstaculización y reincidencia. En ese sentido, los presupuestos referidos al peligro de fuga, establecidos en el art. 234 del CPP, indefectiblemente deben ser demostrados con elementos de juicio que generen seguridad y certidumbre en el Juez; asimismo, los postulados del peligro de obstaculización, contemplados en el art. 235 del Código antes citado, también se exige que sean acreditados con elementos de convicción que generen convicción en el juzgador; y, finalmente, el peligro de reincidencia que debe ser demostrado con el cumplimiento de una sentencia condenatoria ejecutoriada. En ese contexto, ningún peligro procesal debe estar fundada en meras suposiciones, lo cual implica que, si la autoridad judicial funda su decisión en supuestos como ser: que “el imputado en libertad 'podría' asumir una determinada conducta” -propia del peligro de fuga y obstaculización-, tal argumento no satisface la exigencia de una debida motivación, ni constituye una explicación apropiada para determinar la aplicación de alguna medida de cautelar de carácter personal; por cuanto, el juzgador debe asumir absoluta convicción para establecer la concurrencia o no de un determinado riesgo procesal; es decir, le corresponde a la autoridad judicial definir si existe o no algún peligro procesal; por consiguiente, lo que no está permitido es, que al momento de asumir la decisión respecto a la situación jurídica del imputado, el Juez conjeture sobre la base de las probabilidades (podría o no podría). En tal sentido, si la decisión judicial se base en meras presunciones de concurrencia o no de los presupuestos previstos en las normas procesales referidas anteriormente, vulnera el debido proceso del imputado. La jurisprudencia constitucional, respecto a la prohibición de fundar la aplicación de medidas cautelares en meras suposiciones, precisó que: “…si bien el juzgador está facultado para evaluar las circunstancias que hagan presumir el peligro de fuga y obstaculización de manera integral, no es menos evidente que debe fundar su determinación en las pruebas y tomando en cuenta todas las circunstancias previstas por la Ley; corresponde al acusador probar y demostrar la concurrencia de esas circunstancias previstas en las normas precedentemente señaladas, no siendo suficiente la mera referencia y presunción de que concurran las mismas, pues por determinación del art. 16-II y 6 del CPP, se presume la inocencia del encausado mientras no se pruebe su culpabilidad” (1635/2004-R de 11 de octubre). El entendimiento anterior, fue reiterado en las SSCC 1747/2004-R, 0001/2005-R, 0129/2007-R, 0514/2007-R, 0670/2007-R, 0040/2010-R, 1048/2010-R, 1154/2011-R y 1813/2011-R, entre otras.» (las negrillas son nuestras)

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante a través de su representante, alega la vulneración del derecho a la libertad, a la defensa, al debido proceso en su vertiente de fundamentación y motivación de resoluciones, y a la seguridad jurídica; toda vez que, planteó recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio 93/2023 de 15 de marzo, que dispuso su detención preventiva en aplicación del supuesto riesgo procesal configurado en el art. 235.2 del CPP, mismo que fue ratificado por el Tribunal de Alzada según Auto de Vista de 223/2023 de 24 de marzo, sin pronunciarse sobre los agravios planteados y basándose en meras presunciones. En la problemática expuesta, conforme a los antecedentes que motivaron la interposición de esta acción tutelar, se advierte que según Auto Interlocutorio 93/2023, la autoridad jurisdiccional dispuso la detención preventiva del accionante por el lapso de seis meses en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, fundando su decisión en el riesgo procesal establecido en el art. 235.2 del CPP, (Conclusión II.1); resolución que fue objeto de apelación por carecer de fundamentación, motivación, razonabilidad y basarse en meras presunciones abstractas, carente de respaldo de información precisa y circunstanciada, siendo remitido al Tribunal de alzada, en el que la Vocal demandada emitió el Auto de Vista 223/2023, que confirmó el Auto Interlocutorio 93/2023 (Conclusión II.2.), determinando la subsistencia de la medida de detención preventiva contra el impetrante de tutela, manteniendo el riesgo procesal previsto en el art. 235.2 del CPP, sin efectuar fundamentación y motivación alguna. Ahora bien, de lo expuesto, según la línea jurisprudencial referida en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, el debido proceso contiene entre sus componentes el derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones, entendiéndose como la obligación o exigencia que deben cumplir las autoridades judiciales a tiempo de emitir sus fallos, expresando los motivos de hecho y de derecho, en que basan sus decisiones, debiendo ser expuestos de forma clara, respondiendo y satisfaciendo los puntos demandados o recurridos, sin ser necesariamente ampulosos en sus explicaciones, ni tampoco realizar una mera relación de los documentos o de los requerimientos de las partes, efectuando una estructura de forma y fondo; en la que, se debe establecer la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la decisión; asimismo, cuando se trata de medidas cautelares de carácter personal, las autoridades tienen la obligación de fundamentar y motivar sus resoluciones y resolver en el fondo la situación jurídica del recurrente. Esta obligación no solo alcanza al juez de instrucción penal, sino también al tribunal de alzada que conocerá en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares. En ese entendido, habiendo el accionante recurrido en apelación por el incumplimiento del art. 124 del CPP, por la falta de pronunciamiento sobre en quienes y como influiría el accionante negativamente sobre los partícipes, testigos o peritos a objeto de que informen falsamente o se comporten de manera reticente, con lo cual obstaculizaría la investigación para la averiguación de la verdad, se emitió una resolución carente de fundamentación y motivación con la que la autoridad jurisdiccional determinó la concurrencia del riesgo procesal de peligro de obstaculización, contenido en el art. 235.2 del CPP, basado en meras suposiciones; siendo resuelto por la Vocal demandada según Auto de Vista 223/2023, que confirmó la resolución 93/2023, manteniendo la medida de la detención preventiva, basándose en lo expuesto por el Ministerio Público, señalando que aún faltarían declaraciones testificales que se debe tomar en cuenta en etapa preparatoria “…que serán identificados en el transcurso de la investigación, la pericia genética realizada, la pericia psicológica, la emisión de requerimiento a Empresas Telefónicas, pericias informáticas, acto procesal de careo, Inspección Técnica Ocular seguida de reconstrucción y otras que se presenten en base al avance de la investigación de personas, peritos, sobre quienes el imputado estando el libertad influya, amenace, con el fin de que informe falsamente o comporte de manera reticente…” (sic [las negrillas son añadidas]), por ser un delito grave, advirtiéndose que la autoridad demandada se sustenta en la existencia del referido riesgo en meras suposiciones abstractas, afirmando su concurrencia sin ningún sustento objetivo, sin señalar razones concretas de cómo el impetrante de tutela influenciará negativamente; incumpliendo lo dispuesto por el último párrafo del art. 235 del CPP, sin dar respuesta a los agravios expuestos en la apelación incidental interpuesta por la defensa del accionante, incumpliendo con la fundamentación descriptiva; al haberse basado simplemente en la resolución que dio origen a la aplicación del señalado riesgo procesal; sin observar, la falta de información precisa y circunstanciada que el Fiscal de Materia o querellante hubieren aportado para dar razonabilidad suficiente en la que el accionante obstaculizaría la averiguación de la verdad, basándose solo en la existencia de actos pendientes de pericia, según el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional. Por consiguiente, de lo expuesto supra, se concluye que el Auto de Vista 223/2023, no se encuentra debidamente motivado ni fundamentado, tampoco guarda congruencia con los agravios planteados por la parte apelante -ahora accionante-, incumpliendo las autoridades demandadas con el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, pues si bien no es exigible una exposición amplia de consideraciones y citas legales, si es necesario que contenga una estructura de forma y fondo, en la cual los motivos de la decisión sean expuestos de forma clara, justificando razonablemente su decisión respecto de la existencia o inexistencia de los agravios alegados por el apelante y el por qué debiera mantenerse dicha medida cautelar en relación al riesgo procesal determinado en el art. 235.2 del CPP, aspectos conducentes a conceder la tutela pretendida, debiendo la autoridad demandada emitir un nuevo pronunciamiento conforme a lo desarrollado en el presente fallo constitucional. En consecuencia, el Juez de garantías al haber concedido la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 27/2023 de 5 de abril, cursante de fs. 49 a 50 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Décimo Quinto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia CONCEDER, la tutela solicitada, en base a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional y en los mismos términos que el Juez de garantías. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1107_2025-S3.pdf · páginas 1 a 11.

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