Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Cuarta Especializada · 2 de septiembre de 2025
Deniega la tutela
El accionante denuncia la vulneración de su derecho al trabajo; toda vez que, en su condición de abogado defensor dentro del proceso penal seguido contra Iván Peredo Choque, el Juez ahora accionado mediante Auto Interlocutorio 125/2023 de 12 de mayo y su complementario declaró infundados los incidentes de actividad procesal defectuosa planteados e impuso en su contra una multa pecuniaria de Bs500.- por considerarlos maliciosos, posteriormente incrementada de forma arbitraria y desproporcionada al equivalente de un sueldo mensual de Juez Técnico y luego a dos salarios mínimos nacionales, sanción que además motivó su apartamiento del proceso, impidiéndole ejercer la defensa de confianza del acusado y el acceso a los actuados, así como presentar recursos, omitiendo también resolver la recusación planteada, con lo que se lesionaron sus derechos fundamentales.
En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 173/2023 de 16 de agosto, cursante de fs. 38 a 44, pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, advirtiéndose que no se ingresó al análisis de fondo.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1106/2025-S4 Sucre, 2 de septiembre de 2025 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: MSc. Isidora Jiménez Castro Acción de amparo constitucional Expediente: 57641-2023-116-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 173/2023 de 16 de agosto, cursante de fs. 38 a 44, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Brian Jaime Salvatierra Laura contra Jaime Ramiro Arteaga Balderrama, Juez de Sentencia Contra la Violencia Hacia la Mujer Segundo del departamento de La Paz.
Por memoriales presentados el 1 y 30 de junio de 2023, cursantes de fs. 5 a 10; y, 14 a 15, respectivamente, el accionante manifestó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Regina Simone Lora Montero contra Iván Peredo Choque por la supuesta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, ante el Juzgado de Sentencia Penal a cargo de la autoridad jurisdiccional hoy accionada, su persona en su condición de profesional abogado, asumió la defensa técnica del referido acusado, quien actualmente se encuentra privado de libertad. Habiéndose agotado la etapa preparatoria y contestada la acusación particular, el 12 de mayo de 2023 a las 14:30, se dio inicio a la audiencia de juicio oral, oportunidad que conforme a procedimiento, se consultó a las partes sobre la interposición de incidentes o excepciones previas al inicio de los alegatos; por lo que, se plantearon dos incidentes de actividad procesal defectuosa, consistentes en la errónea notificación con las acusaciones particular y fiscal; toda vez que, fueron practicadas en el domicilio consignado en la declaración informativa inicial, pese a que desde su audiencia cautelar, el acusado guardaba detención domiciliaria en otra residencia, debidamente verificado por el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer Tercero; además por la defectuosa relación circunstanciada de los hechos presentados en la acusación. Mediante Auto Interlocutorio 125/2023 de 12 de mayo, el Juez ahora accionado, declaró infundados ambos incidentes y lo sancionó en su calidad de abogado defensor con multa pecuniaria de Bs500.- (quinientos bolivianos), calificando su actuación como maliciosa. Frente a ello, solicitó complementación y enmienda, señalando que no existía malicia en su actuación; ya que, asumió defensa horas antes de presentar la respuesta a la acusación particular, sin conocimiento pleno de los antecedentes y que la imposición de multas debía realizarse previa advertencia y de manera progresiva, conforme lo dispone la normativa procesal. No obstante, el Juez ahora demandado, rechazó la enmienda y de forma irregular, incrementó la multa al equivalente de un sueldo de Juez Técnico; es decir, aumentó de forma desproporcionada hasta tres mil por ciento, pese a que la norma solo autoriza sanciones de hasta dos salarios mínimos nacionales y siempre bajo previa advertencia; así en resguardo de los derechos de su defendido, se anunció reserva de apelación contra el Auto Interlocutorio 125/2023 e interpuso apelación incidental contra la modificación de la multa en su calidad de abogado; empero, invocándose la SSCC 421/2007-R y 1542/2013 rechazó dichos recursos, negando el derecho constitucional a la impugnación. Acto seguido, cortó la palabra y suspendió la audiencia, fijando su continuación para el 18 de mayo de 2023, vulnerando con ello el principio de continuidad que rige al juicio oral penal. En la citada fecha se reinstaló la audiencia con la presencia de todas las partes, a requerimiento del abogado de la víctima, la autoridad jurisdiccional ahora accionada, solicitó informe de Secretaría, respecto al pago de la multa impuesta, verificado que no existía depósito alguno, se le concedió la palabra manifestándose que no había cancelado por carecer de recursos económicos suficientes; toda vez que, la sanción ascendía a un monto exorbitante; asimismo, solicitó se resuelva la recusación presentada por el acusado un día antes de la instalación de la audiencia –17 de mayo de 2023–. No obstante, mediante providencia de la misma fecha, dispuso su alejamiento como defensa técnica del proceso penal hasta el pago de la multa, modificando nuevamente su monto a dos sueldos mínimos nacionales y estableció que no podría participar en el juicio, presentar memoriales ni siquiera tener acceso al expediente, ordenando además la designación de un abogado de Defensa Pública; decisión, que además de privarlo de su derecho al trabajo, dejó al acusado sin la defensa de confianza en quien había depositado su estrategia procesal, exponiéndolo a una eventual defensa deficiente.
Cabe destacar que la citada autoridad accionada, omitió pronunciarse sobre la recusación presentada el 17 de mayo de 2023, aplicando así la sanción de manera retroactiva e irracional, lo que pone en evidencia malicia, falta de probidad y vulneración del debido proceso.
Alegó la lesión de su derecho al trabajo; citando al efecto los arts. 46 de la Constitución Política del Estado (CPE); 6 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales –Protocolo de San Salvador–.
Solicitó se conceda la tutela impetrada y disponga: a) La nulidad del decreto de 18 de mayo de 2023 que determinó el alejamiento del abogado Brian Jaime Salvatierra Laura –hoy accionante– por el supuesto incumplimiento en el pago de una multa pecuniaria, ordenando en consecuencia su inmediata reincorporación como defensa técnica del Iván Peredo Choque; b) La nulidad de todos los actuados procesales realizados dentro del juicio oral seguido con Código Único de Denuncia (CUD) 201102032000886 a partir del indebido alejamiento de la defensa técnica de confianza; c) Que el Juez hoy demandado resuelva de manera expresa y motivada la recusación planteada el 17 de mayo de 2023, en observancia de la normativa procesal y de los principios de imparcialidad y celeridad e impongan costas y costos como efecto del amparo concedido; y, d) La remisión de antecedentes ante el Juzgado Disciplinario del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y ante el Consejo de la Magistratura, a objeto que se inicien las investigaciones disciplinarias correspondientes por las irregularidades cometidas.
Efectuada la audiencia pública el 16 de agosto de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 34 a 37 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante en su condición de abogado, se ratificó inextenso en la demanda de acción de amparo constitucional.
Jaime Ramiro Arteaga Balderrama, Juez de Sentencia Contra la Violencia Hacia la Mujer Segundo del departamento de La Paz, en audiencia señaló que: 1) En primer lugar, corresponde precisar que esta es la tercera acción constitucional interpuesta en su contra respecto de la Resolución 125/2023 de 12 de mayo, ya se planteó una acción de libertad y posteriormente un amparo, resuelto por esta misma Sala mediante Resolución 152/2023 de 21 de julio, que denegó la tutela sin costas; en esa oportunidad, incluso se verificó que el supuesto decreto de 18 de mayo de 2023 no existía como resolución independiente, sino que sus alcances se encuentran en la propia Resolución 125/2023 y en su Auto complementario; 2) En cuanto a la supuesta vulneración al derecho al trabajo del abogado accionante, debo aclarar que en el proceso constan actuaciones de la abogada Leslie Borda García, integrante de su mismo Estudio Jurídico, quien recogió comparendos y copias simples en representación del acusado Iván Peredo Choque; posteriormente, el propio acusado designó al abogado Kevin Paredes Mamani como su nuevo defensor, quien se apersonó formalmente y participó en audiencias de juicio oral; consecuentemente, nunca existió estado de indefensión ni restricción alguna al ejercicio profesional; y, 3) Respecto a la multa impuesta, esta se encuentra establecida en el Auto Interlocutorio 125/2023 y su complementario, la jurisprudencia constitucional, como la SC 0401/2007, señala que en estos casos el medio de impugnación idóneo es la apelación restringida, a ser considerada al momento de dictarse sentencia de fondo.
La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 173/2023 de 16 de agosto, cursante de fs. 38 a 44, concedió en parte la tutela solicitada, ordenando que la autoridad accionada acepte el apersonamiento del impetrante de tutela como como defensor técnico, si así lo solicita el patrocinado Iván Peredo Choque, permitiéndole desarrollar su actividad profesional con base en los siguientes fundamentos: i) El accionante, Brian Jaime Salvatierra Laura, es abogado litigante y defiende el caso identificado con el CUD 201102032000886 constatándose que presentó tres acciones tutelares similares, basadas en el Auto Interlocutorio 125/2023: La primera, acción de libertad por falta de entrega de fotocopias; la segunda, apelación con efecto suspensivo (en lugar de reserva de apelación) contra la Resolución 152/2023 también denegada; ya que, la denegatoria de un incidente no suspende el juicio oral, que debe ser continuo, sino que procede la reserva de apelación para su revisión conjunta con la Sentencia definitiva, si esta es desfavorable; y la tercera, la presente acción de amparo por vulneración del derecho al trabajo al separarlo del patrocinio del cliente Iván Peredo Choque, quien cumple medidas sustitutivas a la detención; ii) El Código de Procedimiento Penal otorga a la autoridad judicial facultad de dirección y ordenamiento, incluyendo medidas disciplinarias contra abogados; en este caso, los incidentes declarados infundados dieron lugar a una multa, posteriormente elevada, dentro de los límites del art. 315 del CPP, lo cual no será analizado porque se encuentra sujeta a reserva de apelación conforme a la SC 421/2007; y, iii) Ante el incumplimiento del pago de la multa, la autoridad dispuso la separación temporal del abogado hasta su cumplimiento, hecho que se realizó conforme a la Ley de Organización Judicial de 1993 y sus normas transitorias; sin embargo, la jurisprudencia constitucional, particularmente la SCP 1261/2012, deja sin efecto la exigencia de pago previo para ejercer la defensa, en ese sentido, la autoridad jurisdiccional hoy accionada debió recurrir a mecanismos procesales para el cobro de la multa, sin limitar el ejercicio profesional ni el acceso al expediente por parte del hoy impetrante de tutela.
Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por Auto Interlocutorio 125/2023 de 12 de mayo, pronunciado en audiencia pública de juicio oral, el Juez ahora accionado, declaró infundados los incidentes de actividad procesal defectuosa planteados respecto a la nulidad de la notificación de la acusación fiscal y particular, así como respecto a la acusación particular por la exclusión del delito de feminicidio en grado de tentativa, señalando que la resolución no admite apelación incidental y que las partes debían reservar su derecho a la apelación restringida junto con la Sentencia definitiva; además, impuso al abogado defensor, Brian Jaime Salvatierra Laura, hoy impetrante de tutela, multa de Bs500.- por incidentes maliciosos; posteriormente, mediante Auto Complementario de la misma fecha, se denegó la solicitud de enmienda planteada por dicho abogado, pero se rectificó la sanción pecuniaria, elevándola al equivalente a un sueldo mensual de un Juez Técnico, que debía ser depositado antes de la próxima audiencia, quedando las partes notificadas en ambas resoluciones en la misma fecha 12 de mayo de 2023 (fs. 21 a 27).
El accionante denuncia la vulneración de su derecho al trabajo; toda vez que, en su condición de abogado defensor dentro del proceso penal seguido contra Iván Peredo Choque, el Juez ahora accionado mediante Auto Interlocutorio 125/2023 de 12 de mayo y su complementario declaró infundados los incidentes de actividad procesal defectuosa planteados e impuso en su contra una multa pecuniaria de Bs500.- por considerarlos maliciosos, posteriormente incrementada de forma arbitraria y desproporcionada al equivalente de un sueldo mensual de Juez Técnico y luego a dos salarios mínimos nacionales, sanción que además motivó su apartamiento del proceso, impidiéndole ejercer la defensa de confianza del acusado y el acceso a los actuados, así como presentar recursos, omitiendo también resolver la recusación planteada, con lo que se lesionaron sus derechos fundamentales.
En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Sobre este principio, la SCP 0331/2024-S3 de 17 de junio señala: “La acción de amparo constitucional, concebida como un mecanismo extraordinario que se promueve para tutelar derechos y garantías constitucionales, por su carácter subsidiario, no puede remplazar a procesos judiciales o administrativos establecidos por el ordenamiento jurídico para establecer o definir derechos; es decir, esta vía tutelar no puede ser utilizada como una opción alternativa ni supletoria a otros procedimientos específicos, conforme al art. 129.I de la CPE que establece: ‘La Acción de Amparo Constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados’ así como el art. 54.I del Código Procesal Constitucional (CPCo) que señala que dicha acción tutelar no procederá cuando exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados de serlo. Es así que, la jurisprudencia constitucional, refiriéndose a la subsidiariedad del amparo constitucional, a través de la SC 1337/2003-R de 15 de septiembre, sostuvo que éste constituye un instrumento subsidiario, porque no es posible utilizarlo si previamente no se agotó la vía ordinaria de defensa, y supletorio, porque su finalidad es reparar y reponer las deficiencias de esa vía ordinaria. Asimismo, estableció las siguientes reglas y sub reglas de improcedencia de amparo por subsidiariedad, misma que se da cuando: ‘1) las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha planteado recurso alguno, así: a) cuando en su oportunidad y en plazo legal no se planteó un recurso o medio de impugnación y b) cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico; y 2) las autoridades judiciales o administrativas pudieron haber tenido o tienen la posibilidad de pronunciarse, porque la parte utilizó recursos y medios de defensa, así: a) cuando se planteó el recurso pero de manera incorrecta, que se daría en casos de planteamientos extemporáneos o equivocados y b) cuando se utilizó un medio de defensa útil y procedente para la defensa de un derecho, pero en su trámite el mismo no se agotó, estando al momento de la interposición y tramitación del amparo, pendiente de resolución.
Ambos casos, se excluyen de la excepción al principio de subsidiaridad, que se da cuando la restricción o supresión de los derechos y garantías constitucionales denunciados, ocasionen perjuicio irremediable e irreparable, en cuya situación y de manera excepcional, procede la tutela demandada, aún existan otros medios de defensa y recursos pendientes de resolución‴ (las negrillas fueron añadidas).
El impetrante de tutela denuncia la vulneración de su derecho al trabajo; toda vez que, en su condición de abogado defensor dentro del proceso penal seguido contra Iván Peredo Choque, el Juez ahora accionado, mediante Auto Interlocutorio 125/2023 de 12 de mayo y su complementario, declaró infundados los incidentes de actividad procesal defectuosa planteados e impuso en su contra una multa pecuniaria de Bs500.- por considerarlos maliciosos, posteriormente incrementada de forma arbitraria y desproporcionada al equivalente de un sueldo mensual de Juez Técnico y luego a dos salarios mínimos nacionales, sanción que además motivó su apartamiento del proceso, impidiéndole ejercer la defensa de confianza del acusado y el acceso a los actuados, así como presentar recursos, omitiendo también resolver la recusación planteada, con lo que se lesionaron sus derechos fundamentales. De los antecedentes que cursan en el expediente constitucional y de lo manifestado en audiencia dentro de la presente acción tutelar, se establece que el Juez accionado, Jaime Ramiro Arteaga Balderrama, el 12 de mayo de 2023, instaló la audiencia de juicio oral en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Iván Peredo Choque, patrocinado por el ahora accionante, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica. En dicha oportunidad, el impetrante de tutela formuló incidentes de actividad procesal defectuosa, los cuales fueron resueltos mediante Auto Interlocutorio 125/2023 de la misma fecha, dictado en audiencia pública, declarando infundados y maliciosos los incidentes planteados respecto a la nulidad de la notificación de la acusación fiscal y particular, así como en relación a la acusación particular por la exclusión del delito de feminicidio en grado de tentativa. En esa misma resolución, el Juez señaló que no correspondía la apelación incidental, debiendo las partes reservar su derecho a interponer apelación restringida junto con la Sentencia definitiva; además, impuso al abogado defensor Brian Jaime Salvatierra Laura, hoy impetrante de tutela, una multa de Bs500.- por considerar maliciosa su actuación. Posteriormente, mediante Auto Complementario de igual fecha, se denegó la solicitud de enmienda presentada por el referido abogado, pero se rectificó la sanción pecuniaria, elevándola al equivalente de un sueldo mensual de Juez Técnico, monto que debía ser depositado antes de la próxima audiencia, quedando las partes notificadas en ambas resoluciones el mismo 12 de mayo de 2023 (Conclusiones II.1). En este contexto, se puede establecer que el accionante –Brian Jaime Salvatierra Laura–, asumió conocimiento objetivo de la multa impuesta en su contra por el Juez accionado, al habérsele notificado en audiencia conforme lo permite la parte pertinente del art. 161 del CPP; consiguientemente, a partir de ese momento bien pudo plantear recurso de apelación en contra de la referida Resolución por la cual se le sancionó presuntamente por el planteamiento malicioso de incidentes, denunciando todos los agravios que considere pertinentes entre ellos los esgrimidos en la presente acción de amparo constitucional. De este modo, antes de presentar directamente la presente acción de defensa, pidiendo que se deje sin efecto la sanción pecuniaria impuesta a su persona, debió agotar los mecanismos intraprocesales de impugnación o en su caso el incidente correspondiente, desconociendo y soslayando el principio de subsidiariedad que rige la acción de amparo constitucional, cuyas directrices se encuentran desarrolladas en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, estableciendo como regla y subregla de improcedencia por subsidiariedad, cuando la autoridad judicial no ha tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un determinado asunto, porque la parte no utilizó un medio de defensa, como es el recurso de apelación ante una decisión con la que no estaba de acuerdo, siendo ese el medio idóneo y eficaz para que el Tribunal de alzada, revise la actuación del Juez a quo y en su caso deje sin efecto la resolución que le causa agravio al accionante; en ese contexto, al no haber agotado los medios intraprocesales, corresponde denegar la presente acción constitucional. Por todo lo expuesto, la Sala Constitucional, al conceder en parte la tutela solicitada, obró de manera parcialmente correcta
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 173/2023 de 16 de agosto, cursante de fs. 38 a 44, pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, advirtiéndose que no se ingresó al análisis de fondo. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
MSc. Isidora Jiménez Castro
MAGISTRADA
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1106_2025-S4.pdf · páginas 1 a 9.
Huella digital del PDF (SHA-256): 169a73a4447b05fce60ccb53e194253f8533e6ee4e3c3307e3f7d47a155e4353
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