Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 6 de diciembre de 2023
Concede en parte la tutela
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso en sus elementos de celeridad y a la igualdad, así como al principio de seguridad jurídica; puesto que, el 25 de noviembre de 2021, al amparo del art. 239.2 del CPP modificado por la Ley 1173, solicitó la cesación de su detención preventiva, ante el cumplimiento del plazo de su detención; empero, el Juez ahora accionado hasta la presentación de la acción de libertad no resolvió su situación jurídica, pese a sus reiteradas solicitudes; y, la Fiscal de Materia hoy coaccionada, no emitió de manera pronta los requerimientos que pidió, quien además solicitó la ampliación de su detención preventiva de manera extemporánea. De esa manera, ambas autoridades ocasionaron una dilación indebida en la tramitación del proceso penal seguido contra su persona. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 48/2021 de 28 de diciembre, cursante de fs. 25 a 27, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Decimotercero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicita, ante la constatada vulneración del derecho al debido proceso y el principio de celeridad vinculados con la libertad de Wilson Cesar Miranda Vargas.
a) Disponer que la autoridad judicial titular del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz, o en su defecto el titular de la causa penal de la cual emerge esta acción de defensa de manera inmediata, señale audiencia de consideración y resolución de la solicitud de cesación de la detención preventiva efectuada mediante memorial de 10 de diciembre de 2021, siempre y cuando ésta no hubiese sido resuelta, y si no fue modificada la situación jurídica del accionante por el transcurso del tiempo. 2° DENEGAR la tutela solicitada, respecto a la Fiscal de Materia, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada; y a la pretensión de libertad inmediata de Wilson Cesar Miranda Vargas y a la alegada lesión a la igualdad.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1106/2023-S3 Sucre, 6 de diciembre de 2023 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de libertad Expediente: 45195-2022-91-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 48/2021 de 28 de diciembre, cursante de fs. 25 a 27, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por William Norman Guarachi Tancara en representación sin mandato de Wilson Cesar Miranda Vargas contra Mario Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la capital del departamento de La Paz, en suplencia legal de su similar Tercero; y, Lourdes Del Pilar Díaz Berrios, Fiscal de Materia.
El accionante a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 27 de diciembre de 2021, cursante de fs. 14 a 17, manifestó lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Esperanza Colque Mamani contra su persona, por la presunta comisión del delito de feminicidio en grado de tentativa, previsto y sancionado por el art. 252 bis del Código Penal (CP), se dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario Qalauma de La Paz, por el plazo de seis meses, computables desde el 17 de mayo hasta el 17 de noviembre de 2021. El 16 de mayo de 2021, fue aprehendido sin que se cuente con suficientes elementos en su contra; a pesar de ello, aportó datos para que el Ministerio Público tenga convicción del hecho, aceptando la decisión de detención preventiva. A partir de esa fecha, la Fiscal de Materia hoy coaccionada contaba con seis meses para concluir con la investigación; vale decir, hasta el 16 de noviembre de igual año; empero, el 28 de octubre de ese año, presentó memorial de apersonamiento ante el Ministerio Público solicitando diligencias, el cual fue atendido luego de mucha insistencia después de una semana, incumpliendo de esa manera lo previsto por el art. 233.3 del Código de Procedimiento Penal (CPP) modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, ocasionando dilación en el proceso penal. Posteriormente, la Fiscal de Materia ahora coaccionada, por memorial presentado el 17 de diciembre de ese año, solicitó ampliación de plazo fuera del mismo, sin cumplir con los presupuestos procesales establecidos en Código de Procedimiento Penal; es decir, no demostró la complejidad del caso, “…No existe una petición Fundada para la ampliación…” (sic) y no adjuntó ningún documento de respaldo. Al cumplimiento de la detención preventiva determinada, su persona presentó memorial el 25 de noviembre de 2021, solicitando la cesación de dicha medida cautelar; sin embargo, verificado el libro diario el mismo no salió de despacho hasta el 3 de diciembre de igual año; por lo que, en esa fecha, presentó nuevo memorial solicitando la cesación de la detención preventiva; es así que, efectuado el seguimiento correspondiente el personal del Juzgado le informó que el mismo “se estaría remitiendo” al Juzgado de turno para el señalamiento de audiencia. En ese sentido, el 10 de diciembre de 2021, reitero nuevamente al Juzgado de turno su solicitud de cesación de la detención preventiva, efectuando el seguimiento correspondiente, asumiendo conocimiento que el 13 de igual mes y año, no se instaló la audiencia fijada debido a que el Juez hoy accionado se encontraba con un caso “con aprehendido”, por ese motivo se señaló audiencia para el 17 de ese mes y año; empero, no fueron notificadas las partes procesales; por lo que, al presentar un nuevo memorial el 14 del citado mes y año, fue notificado “…para la audiencia para el día 17 de diciembre de 2021, a horas 14:00 pm” (sic). En la audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva de 17 de diciembre de 2021, el Juez ahora accionado dispuso la suspensión de la misma, alegando que no se corrió en traslado con los nuevos documentos a las partes, sin considerar que el plazo de su detención preventiva se encontraba vencido, omitiendo considerar que el art. 113 del CPP modificado por la Ley 1173 establece que la audiencia no se suspenderá por ningún motivo, señalándose así una nueva para el 21 de ese mes y año. El 21 de diciembre de 2021, desde las 11:00 horas trató de ingresar a la sala virtual, por lo cual al no lograrlo intentó comunicarse con el “Secretario”; empero, no tuvo respuesta hasta las 11:35 horas, quien le indicó que únicamente el Ministerio Público estuvo presente en la audiencia y que vuelva a solicitar señalamiento de audiencia; en ese sentido, “…asumo conocimiento que el Link era del Juzgado 3ro y me dicen que reclame en la Gestora…” (sic);
motivo por el cual reiteró su solicitud por memorial en la misma fecha, sin que se tenga respuesta; por lo que, nuevamente lo hizo el 24 de igual mes y año; empero, la Fiscal de Materia ahora coaccionada presentó memorial solicitando la ampliación de la detención preventiva, el cual si fue atendido por el Juez ahora accionado.
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso en sus elementos de celeridad y a la igualdad, así como al principio de seguridad jurídica; citando al efecto los arts. 21.7 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, se disponga su libertad inmediata.
Celebrada la audiencia virtual el 28 de diciembre de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 19 a 24, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su representante sin mandato, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción libertad.
Mario Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la capital del departamento de La Paz, en suplencia legal de su similar Tercero, en audiencia, manifestó que: a) Como titular del “…Juzgado Primero Anticorrupción y hoy me encuentro (…) como juez en Turno por la vacación judicial y no soy juez del tercero anticorrupción en el mes de noviembre por supuesto estado a cargo de ese Juzgado en suplencia legal pero no el día de hoy…” (sic); b) Se puede verificar del cuaderno de control jurisdiccional que no existe suspensión sin causa justificada, evidentemente se suspendieron dos audiencias, una en virtud a que el accionante el día de la audiencia presentó prueba para que sea valorada respecto a su cesación, extremo que fue solicitado por las partes, indicando que no fueron notificadas con la prueba que iba a ser sujeta a contradictorio, siendo programada una nueva dentro de las cuarenta y ocho horas, teniéndose en la misma situación dos audiencias; c) Para el “día de mañana” se tiene programada la audiencia de consideración de su cesación de la detención preventiva en la que el accionante podrá hacer valer sus derechos; y, d) No se efectuó ningún reclamo a su autoridad respecto a los motivos de la acción de libertad, consecuentemente no se cumplió con el principio de subsidiariedad; por lo que, solicitó que no se ingrese al fondo de lo planteado. Lourdes del Pilar Díaz, Fiscal de Materia, en audiencia señaló que: 1) Desconoce los fundamentos específicos por los que se formuló la acción de libertad contra su autoridad, refiriendo el accionante una supuesta dilación que se habría suscitado de acuerdo a las solicitudes de cesación de la detención preventiva efectuadas por el nombrado, debiéndose considerar que no se hizo cargo del proceso penal desde el inicio, habiendo emitido de manera inmediata los requerimientos solicitados por el accionante para su solicitud de cesación, como debe ser en todos los casos de violencia de género; 2) La ampliación de la detención preventiva fue debidamente solicitada ante el Juez hoy accionado, al tratarse de un delito grave -tentativa de feminicidio- debiéndose llevar a cabo todos los actos investigativos pertinentes, además de emitirse un requerimiento conclusivo; 3) No fue notificada “…por parte del juzgado que la parte ahora accionante refiere que no hemos cumplido o que estemos vulnerando el debido proceso…” (sic) del accionante, dilatándose o retrasándose la investigación; 4) Estuvo presente en todas las audiencias solicitadas por el nombrado, sin que a la última se haya presentado el accionante, lo que motivó la suspensión de la misma, situación que no es atribuible al Ministerio Público; 5) Será la autoridad jurisdiccional la que determinará si es viable o no la solicitud de ampliación de la detención preventiva del accionante; y, 6) Por todo lo expuesto, solicitó se deniegue la tutela.
El Juez de Sentencia Penal Decimotercero de la capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 48/2021 de 28 de diciembre, cursante de fs. 25 a 27, denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: i) El accionante no cumplió con los elementos constitutivos del art. 125 de la CPE, a objeto de “poder superar” el principio de subsidiariedad, por cuanto no demostró que su vida esté en peligro o cualquier otra circunstancia que pudiera vencer el principio de subsidiariedad; y, ii) Los alcances del art. 279 del CPP “…es decir el control jurisdiccional por el cual la Policía y la Fiscalía actúan siempre bajo el control jurisdiccional y en esencia el control jurisdiccional es aquel control de legalidad que ejerce la autoridad encargada del control jurisdiccional por ende y por lógica jurídica esa autoridad recibe el inicio de la investigación por el cual el Ministerio Público está informando que va a iniciar una investigación, a objeto de que la investigación se lleve a cabo bajo principios derechos y garantías constitucionales por eso el Juez que ejerce el control jurisdiccional también es el Juez controlador de Derechos y Garantías Constitucionales…” (sic); por lo que, de la revisión del cuaderno de control jurisdiccional se tiene que no se activaron los mecanismos inmediatos e idóneos antes de interponer la acción de libertad.
Mediante decreto constitucional de 6 de junio de 2023, cursante a fs. 31, se dispuso la suspensión de plazo para la emisión de la correspondiente resolución a efectos de recabar documentación complementaria, reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el decreto constitucional de 28 de noviembre de 2023, cursante a fs. 45; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del término legal.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por memorial presentado el 25 de noviembre de 2021, ante el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz; Wilson Cesar Miranda Vargas -ahora accionante-, solicitó señale audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva por vencimiento del plazo de su detención, conforme a lo previsto por el art. 239.2 del CPP modificado por la Ley 1173 (fs. 2 y vta.). II.2. Cursa memorial presentado el 3 de diciembre de 2021, dirigido al Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz, mediante el cual, el accionante, reiteró se señale audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva (fs. 3 y vta.). II.3. Mediante memorial presentando el 10 de diciembre de 2021, ante el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz; el accionante reiteró su solicitud de señalamiento de día y hora de audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva conforme al art. 239.2 del CPP modificado por la Ley 1173 (fs. 4 y vta.). II.4. Consta memorial presentado el 14 de diciembre de 2021, dirigido al Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz, mediante el cual el accionante volvió a reiterar su solicitud de cesación de la detención preventiva y adjuntó documentación de respaldo (fs. 5 y vta.). II.5. Por memorial presentado el 17 de diciembre de 2021, ante el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz, el accionante, adjuntó más documentación de reciente obtención para la audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva (fs. 10). II.6. Mediante memorial presentado el 21 de diciembre de 2021, dirigido al Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz, el accionante, reiteró su solicitud de cesación de la detención preventiva (fs. 11). II.7. Cursa memorial presentado el 24 de diciembre de 2021, ante el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz, a través del cual el accionante, reiteró se señale audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva (fs. 12). II.8. Cursa memorial -sin fecha de elaboración ni presentación- dirigido al Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz, por el cual, Lourdes Del Pilar Díaz Berrios, Fiscal de Materia -ahora coaccionada- solicitó la ampliación de la detención preventiva del accionante por tres meses adicionales (fs. 13).
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso en sus elementos de celeridad y a la igualdad, así como al principio de seguridad jurídica; puesto que, el 25 de noviembre de 2021, al amparo del art. 239.2 del CPP modificado por la Ley 1173, solicitó la cesación de su detención preventiva, ante el cumplimiento del plazo de su detención; empero, el Juez ahora accionado hasta la presentación de la acción de libertad no resolvió su situación jurídica, pese a sus reiteradas solicitudes; y, la Fiscal de Materia hoy coaccionada, no emitió de manera pronta los requerimientos que pidió, quien además solicitó la ampliación de su detención preventiva de manera extemporánea. De esa manera, ambas autoridades ocasionaron una dilación indebida en la tramitación del proceso penal seguido contra su persona. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto, la SCP 0791/2015-S3 de 10 de julio, estableció que: “El entonces Tribunal Constitucional, mediante la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, realizó la clasificación doctrinal del recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad-, a saber: a) Reparador, si ataca una lesión que ya fue consumada; b) Preventivo, cuando procura impedir una lesión a producirse; y, c) Correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida; posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación identificando al hábeas corpus: 1) Restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; 2) Instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, 3) Traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad. Respecto a esta última -la ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho-, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0011/2014 de 3 de enero, se pronunció señalando que esta: ‘…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos’” (las negrillas fueron añadidas).
La SCP 0817/2018-S1 de 5 de diciembre, entre otras, ratificando los entendimientos jurisprudenciales asumidos por la SC 0619/2005-R de 7 de junio, precisó que: ‘“…a partir de la doctrina constitucional sentada en la SC 1865/2004-R, de 1 de diciembre, para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad’” (las negrillas son nuestras).
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso en sus elementos de celeridad y a la igualdad, así como al principio de seguridad jurídica; puesto que, el 25 de noviembre de 2021, al amparo del art. 239.2 del CPP modificado por la Ley 1173, solicitó la cesación de su detención preventiva, ante el cumplimiento del plazo de su detención; empero, el Juez ahora accionado hasta la presentación de la acción de libertad no resolvió su situación jurídica, pese a sus reiteradas solicitudes; y, la Fiscal de Materia hoy coaccionada, no emitió de manera pronta los requerimientos que pidió, quien además solicitó la ampliación de su detención preventiva de manera extemporánea. De esa manera, ambas autoridades ocasionaron una dilación indebida en la tramitación del proceso penal seguido contra su persona Ahora bien, de la revisión de antecedentes, se tiene que, por memorial presentado el 25 de noviembre de 2021, ante el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz; el accionante, solicitó señale audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva por vencimiento del plazo de su detención, conforme a lo previsto por el art. 239.2 del CPP modificado por la Ley (Conclusión II.1.). Por memorial presentado el 3 de diciembre de 2021, dirigido al Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz, mediante el cual, el accionante, reiteró se señale audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva (Conclusión II.2.).
Así también, mediante memorial presentando el 10 de diciembre de 2021, ante el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz; el accionante reiteró su solicitud de señalamiento de día y hora de audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva conforme a lo dispuesto por el art. 239.2 del CPP modificado por la Ley 1173 (Conclusión II.3.). De igual manera, consta memorial presentado el 14 de diciembre de 2021, dirigido al Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz, mediante el cual el accionante volvió a reiterar su solicitud de cesación de la detención preventiva y adjuntó documentación de respaldo (Conclusión II.4.).
Por memorial presentado el 17 de diciembre de 2021, ante el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz, el accionante, adjuntó más documentación de reciente obtención para la audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva (Conclusión II.5.).
Mediante memorial presentado el 21 de diciembre de 2021, dirigido al Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz, el accionante, reiteró su solicitud de cesación de la detención preventiva (Conclusión II.6.).
Cursa memorial presentado el 24 de diciembre de 2021, ante el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz, a través del cual el accionante, reiteró se señale audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva (Conclusión II.7.).
Finalmente, consta memorial -sin fecha de elaboración ni presentación-dirigido al Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz, por el cual, la Fiscal de Materia ahora coaccionada solicitó la ampliación de la detención preventiva del accionante por tres meses adicionales (Conclusión II.8.). En cuanto al Juez hoy accionado Así, delimitada la problemática, que radica en que el accionante el 25 de noviembre de 2021, al amparo del art. 239.2 del CPP modificado por la Ley 1173, solicitó la cesación de su detención preventiva, ante el cumplimiento del plazo de su detención; empero, el Juez ahora accionado hasta la presentación de la acción de libertad no resolvió su situación jurídica, pese a sus reiteradas solicitudes; por lo que, con el fin de resolver la denuncia respecto a la indebida dilación en la resolución de la situación jurídica del accionante, corresponde señalar lo dispuesto por el art. 239 del CPP, que establece parte del régimen de medidas cautelares personales, concretamente la cesación, el cual fue modificado a través del art. 11 de la Ley 1173, disponiendo taxativamente: “Artículo 239. (CESACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES). Las medidas cautelares personales cesarán por el cumplimiento de alguna de las siguientes causales: (…) 2. Cuando haya vencido el plazo dispuesto respecto al cumplimiento de la detención preventiva, siempre y cuando el fiscal no haya solicitado la ampliación del plazo de la detención; (…) Planteada la solicitud, en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6, la jueza, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas” (las negrillas fueron agregadas). Efectuada la precisión citada precedentemente y de la revisión de antecedentes, se tiene que, por memorial presentado el 25 de noviembre de 2021, el accionante solicitó al Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz, señale audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva conforme a lo previsto por el art. 239.2 del CPP, modificado por la Ley 1173; reiterando dicha petición a la misma autoridad por memorial de 3 de diciembre de ese año; posteriormente, por memoriales presentados el 10, 14, 21 y 24 de diciembre de igual año, solicitó al Juez ahora accionado quien se encontraba de turno por vacación judicial, fije audiencia de consideración y resolución de cesación de la detención preventiva con base en la mencionada normativa. Bajo ese contexto, de lo referido por el Juez hoy accionado en audiencia de consideración de la acción de libertad, se tiene que evidentemente se suspendieron dos audiencias, una en virtud a que el accionante ese día presentó prueba para que sea valorada respecto a su cesación, extremo que fue solicitado por las partes, indicando que no fueron notificadas con la prueba que iba a ser sujeta a contradictorio, siendo programa una nueva dentro de las cuarenta y ocho horas, y que se tenían en la misma situación dos audiencias. De igual manera el Juez ahora accionado indicó que se tenía programada para el “día de mañana” -se entiende un día después de la audiencia en la que prestó su informe- la audiencia en la que el accionante podrá hacer valer sus derechos; es decir, para el 29 de diciembre de 2021. En ese sentido, considerando que la primera solicitud de que se fije día y hora de audiencia de cesación de la detención preventiva ante el Juez hoy accionado fue efectuada mediante memorial presentado el 10 de diciembre de 2021, tal como consta a fs. 4 y vta., y que si bien según lo informado por el Juez ahora accionado se hubiera señalado la audiencia requerida, también se indicó por dicha autoridad que la misma no fue efectivizada; puesto que, fue suspendida por diversas causas, consiguientemente hasta la presentación de la acción de libertad objeto de autos, la misma no fue ni considerada ni resuelta, tal como señalaron las partes procesales; por lo que, se concluye que no fue resuelta la situación jurídica del accionante; en ese marco, corresponde aplicar al caso concreto la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, que establece que la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos; consiguientemente, de acuerdo a ello, en el marco de la normativa procesal establecida y de la revisión de antecedentes cursantes en el expediente, se advierte el incumplimiento de la normativa procesal penal y de la mencionada jurisprudencia constitucional que garantizan una justicia pronta y oportuna; por lo que el Juez ahora accionado ocasionó una dilación indebida en la resolución de la situación jurídica del accionante, correspondiendo en consecuencia, conceder la tutela solicitada bajo la modalidad de acción de libertad traslativa o de pronto despacho, ante la evidencia de vulneración del derecho al debido proceso y al principio de celeridad vinculados con la libertad del accionante. Respecto a la Fiscal de Materia ahora coaccionada De acuerdo a la problemática planteada mediante la acción de libertad objeto de autos, corresponde remitirnos a la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.2. de este fallo constitucional, el cual dejó establecido que la protección otorgada por la acción de libertad cuando se denuncian vulneraciones al debido proceso, no abarca a todas las formas en que puede ser vulnerado, sino queda reservada para aquellos entornos que conciernen directamente al derecho a la libertad física y de locomoción; en consideración a ello, esta acción de defensa procede cuando de manera concurrente se cumplen con los siguientes presupuestos: a) El acto vulneratorio, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública denunciadas, deben estar vinculadas con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; y, b) Debe existir absoluto estado de indefensión. En el caso en análisis, en cuanto al primer presupuesto, se advierte que la denuncia planteada por el accionante en el sentido de que la Fiscal de Materia hoy coaccionada, no emitió de manera pronta los requerimientos que solicitó, ocasionando una dilación indebida en el desarrollo de la investigación seguida contra el nombrado; no guarda relación directa con el derecho a la libertad; puesto que, no consideró que los extremos denunciados deben constituirse en la causa directa de una amenaza o restricción de su derecho a la libertad, para que vía acción de libertad se pueda proteger el debido proceso, no advirtiéndose que las supuestas irregularidades del debido proceso ahora denunciadas, se constituyan de alguna manera en una amenaza de restricción de dicho derecho, o sean la causa directa de su restricción de libertad; puesto que, si bien se encuentra cumpliendo la medida cautelar de detención preventiva, dicha determinación fue asumida por autoridad competente, siendo esa la actuación jurisdiccional por la cual su alegado derecho a la libertad se encuentra restringido, debiéndose considerar además que no se especificó por parte del accionante qué requerimientos fueron los que solicitó y cual el fin de los mismos, para que en su caso, si correspondía, dicha denuncia sea considerada mediante la presente acción de libertad. Sobre el segundo presupuesto, no se advierte que hubiese existido indefensión absoluta del accionante, en razón a que conforme se tiene de los antecedentes cursantes en obrados, el nombrado se encuentra participando activamente dentro del proceso iniciado en su contra, tal como se tiene a partir de los memoriales citados en las Conclusiones mencionadas precedentemente, así como de la solicitud de requerimientos que el accionante alega que presentó y que habría sido atendido por la Fiscal de Materia ahora coaccionada con “retraso” -objeto de la acción tutelar-; por lo que, tampoco concurre el segundo presupuesto establecido para la procedencia de la acción de libertad por presuntas irregularidades del debido proceso. Bajo ese contexto, corresponde que el accionante active los medios y recursos previstos en la normativa procesal penal en la vía ordinaria para el reclamo de las presuntas irregularidades del debido proceso ahora denunciadas y una vez agotadas, si considera que persisten, debe acudir a la jurisdicción constitucional a través de la acción de amparo constitucional, vía idónea para la tutela del derecho al debido proceso respecto a dichas irregularidades no vinculados a la libertad. En ese sentido, conforme a lo expuesto, al no cumplirse con los dos presupuestos concurrentes que permitan tutelar mediante esta acción de libertad las vulneraciones al debido proceso denunciadas, corresponde denegar la tutela solicitada al respecto. En cuanto a la denuncia de que la Fiscal de Materia ahora coaccionada habría presentado la solicitud de ampliación de su detención preventiva fuera del plazo, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional no emitirá pronunciamiento alguno, por cuanto dicho extremo corresponde ser considerado por la autoridad a cargo del control jurisdiccional, quien determinará lo que en derecho corresponda. Finalmente, con relación a la pretensión de que se disponga la libertad inmediata del accionante, la misma no es viable, por cuanto su pertinencia o no corresponde sea determinada por la jurisdicción ordinaria penal, y respecto a la alegación de vulneración a la igualdad, no se advierte de que manera la misma fue vulnerada con relación a alguno de los bienes jurídicos que se encuentren en el ámbito de protección de esta acción tutelar. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 48/2021 de 28 de diciembre, cursante de fs. 25 a 27, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Decimotercero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicita, ante la constatada vulneración del derecho al debido proceso y el principio de celeridad vinculados con la libertad de Wilson Cesar Miranda Vargas.
a) Disponer que la autoridad judicial titular del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz, o en su defecto el titular de la causa penal de la cual emerge esta acción de defensa de manera inmediata, señale audiencia de consideración y resolución de la solicitud de cesación de la detención preventiva efectuada mediante memorial de 10 de diciembre de 2021, siempre y cuando ésta no hubiese sido resuelta, y si no fue modificada la situación jurídica del accionante por el transcurso del tiempo. 2° DENEGAR la tutela solicitada, respecto a la Fiscal de Materia, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada; y a la pretensión de libertad inmediata de Wilson Cesar Miranda Vargas y a la alegada lesión a la igualdad. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1106_2023-S3.pdf · páginas 1 a 13.
Huella digital del PDF (SHA-256): 7ce74c2b4189abdbbc2941ff97631769c31c6dd4e67aded2128acbd86ccd71b2
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