Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 15 de septiembre de 2023
Concede la tutela
La parte accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en su vertiente de congruencia externa de las resoluciones judiciales, igualdad en su vertiente de aplicación judicial de la ley y respeto al principio de predictibilidad de las resoluciones judiciales y derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de aplicación objetiva de la ley; toda vez que, las autoridades demandadas, omitieron pronunciarse sobre la competencia de los Jueces agroambientales en predios en proceso de saneamiento y la posibilidad de fragmentar un predio mayor en un predio menor con superficie menor a la pequeña propiedad, por lo que se ha dejado sin pronunciamiento y resolución el recurso de casación planteado por la Colonia Menonita Santa Rosa; por lo que, solicita la concesión de tutela y en consecuencia, se deje sin efecto el Auto Agroambiental Plurinacional S1a 12/2022 de 23 de febrero, ordenando se emita una nueva resolución, resolviendo todos los planteamientos del recurso de casación interpuesto por la Colonia Menonita Santa Rosa, respetando sus propios precedentes (AAP S2 85/2019 y AAP S2 031/2022) y la prohibición constitucional del art. 396.I de la CPE. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los extremos demandados son evidentes para conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: a) La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos del debido proceso; b) Sobre la tutela judicial efectiva como garantía constitucional; y, c) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelven: CONFIRMAR la Resolución 65 de 7 de julio de 2022, cursante de fs. 591 a 596 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos establecidos por el Tribunal de garantías y conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1106/2023-S1 Sucre, 15 de septiembre de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional Expediente: 49475-2022-99-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 65 de 7 de julio de 2022, cursante de fs. 591 a 596 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Luis Fernando Suárez Justiniano en representación de la Colonia Menonita Santa Rosa contra Elva Terceros Cuellar y María Tereza Garrón Yucra, Magistradas de la Sala Primera del Tribunal Agroambiental.
Mediante memoriales presentados el 7 y 20 de junio de 2022, cursantes de fs. 511 a 517 y 534 a 535, el accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:
Luver Cándido Guaristy Justiniano -tercero interesado en la presente acción constitucional-, interpuso demanda de cumplimiento de contrato de transferencia de posesión, a efecto de que el Juez Agroambiental del asiento de Santa Cruz, ordene que Johan Giesbrecht Guenther le entregue la posesión de un predio de 5 hectáreas (5 ha). El demandado Johan Giesbrecht Guenther, contestó negativamente la demanda, señalando que el predio objeto del contrato de transferencia de posesión pertenece a la Colonia Menonita Santa Rosa -anteriormente denominada Santa Rita, por lo que es una propiedad colectiva que no puede ser dividida conforme al Informe Técnico Legal DDSC-REG.SUR – INF. 770/2019 de 11 de julio, emitido por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) que certifica que el predio objeto del proceso se encuentra en proceso de saneamiento, el poseedor titular del predio es la Colonia Menonita Santa Rosa, no se identifica procesos de saneamiento individuales, y el proceso de saneamiento es de propiedad colectiva a nombre de la persona jurídica Colonia Menonita Santa Rosa. A pesar de esa certificación, la cual acredita que el predio se encuentra sometido a saneamiento, el mismo que es de naturaleza colectiva y de actividad ganadera, la Jueza Agroambiental continuó con la tramitación de la causa, por lo que la Colonia Menonita Santa Rosa tuvo que apersonarse al proceso y formular tercería de dominio excluyente; finalmente la Jueza emitió la Sentencia 012/2021 de 27 de septiembre, declarando improbada la demanda e improbada la tercería de dominio excluyente; sentencia contra la cual se interpusieron dos recursos de casación, el primero de la Colonia Menonita Santa Rosa y el segundo de Luver Cándido Guaristy Justiniano. La Colonia Menonita Santa Rosa en el recurso de casación, acusó cuatro agravios conforme a lo siguiente: a) Existe un certificado del INRA que acredita que el predio se encuentra en saneamiento; por lo que, debe darse aplicación al art. 64 de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria (LSNRA) -Ley 1715 de 18 de octubre de 1996- y el art. 152.2 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010-; en consecuencia, la Jueza Agroambiental sería incompetente para conocer la causa; b) No se ha valorado adecuadamente por la Jueza Agroambiental el Informe técnico, el cual señala que el predio de la Colonia Menonita Santa Rosa; por lo que, no ha sido valorado adecuadamente por la Jueza Agroambiental; c) La exigencia de registro en Derechos Reales (DD.RR), es para procesos ejecutivos o cautelares y no para procesos de conocimiento como el de autos, y menos aplicable a la materia especializada agroambiental; y, d) No se presentó el titulo ejecutorial porque el predio se encuentra en proceso de saneamiento. Sin embargo, en el Auto Agroambiental Plurinacional S1a 12/2022 de 23 de febrero, en su punto II, cuando las autoridades ahora demandadas delimitaron la problemática jurídica a resolver, ni siquiera mencionaron los tópicos señalados en el recurso de casación como ser la competencia de los Jueces agroambientales de predios en proceso de saneamiento y la posibilidad de fragmentar un predio mayor en un predio menor con superficie menor a la pequeña propiedad; por lo que, se ha dejado sin pronunciamiento y resolución el recurso de casación planteado por la Colonia Menonita Santa Rosa.
Denuncia la lesión de los derechos al debido proceso en su vertiente de congruencia externa de las resoluciones judiciales, igualdad en su vertiente de aplicación judicial de la ley y respeto al principio de predictibilidad de las resoluciones judiciales; y, derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de aplicación objetiva de la ley; citando al efecto, los arts. 115.I y II y 119.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela y en consecuencia, se deje sin efecto el Auto Agroambiental Plurinacional S1a 12/2022 de 23 de febrero, ordenando se emita una nueva resolución, resolviendo todos los planteamientos del recurso de casación interpuesto por la Colonia Menonita Santa Rosa, respetando sus propios precedentes (AAP S2 85/2019 y AAP S2 031/2022) y la prohibición constitucional del art. 396.I de la CPE.
La audiencia pública de consideración de la presente acción de amparo constitucional, se realizó el 7 de julio de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 586 a 591, produciéndose los siguientes actuados:
La parte accionante, mediante su abogado, se ratificó íntegramente en los términos de su demanda tutelar.
Elva Terceros Cuellar y María Tereza Garrón Yucra, Magistradas del Tribunal Agroambiental, mediante Informe cursante a fs. 574 a 577, señalaron que: 1) La Sala Primera del Tribunal Agroambiental, mediante Auto Agroambiental Plurinacional S1a 12/2022 de 23 de febrero, declaró infundado el recurso de casación interpuesto por el ahora accionante, por cuanto no cumplió con los presupuestos de procedencia de la tercería de dominio excluyente, puesto que no se evidenció que el tercerista hubiese acreditado su derecho propietario, por lo que se incumplió el art. 1538 del Código Civil (CC); es decir, que incumplió un requisito de procedencia; razón por la cual, las autoridades demandadas concluyeron que la Jueza de instancia, obró conforme a derecho al señalar en la sentencia que el tercerista no acreditó su derecho propietario registrado en Derechos Reales. En ese sentido, el Auto Agroambiental Plurinacional no podía indicar que no podía resolver los puntos alegados en su recurso de casación en el fondo, al no haberse cumplido con un presupuesto esencial de procedencia de la tercería de dominio excluyente; por lo que no se advierte lesión al debido proceso en su elemento congruencia; 2) Respecto a la falta de aplicación de la jurisprudencia agroambiental inmersa en el AAP S2 85/2019 y el AAP S2 031/2022, referentes a la incompetencia de los Jueces agroambientales en predios en proceso de saneamiento; esa supuesta inaplicación no puede ser alegada en la presente acción tutelar y menos afirmar que con ello se vulneró su derecho a la igualdad; toda vez que, el accionante no solicitó en su recurso de casación la aplicación de dichas resoluciones y por ende el Tribunal Agroambiental no se encontraba obligado a pronunciarse. No obstante lo aseverado, dichos razonamientos tampoco eran aplicables al caso concreto; toda vez que, la prohibición para la tramitación y conocimiento de procesos por parte de Jueces agroambientales, durante la ejecución del proceso de saneamiento, se restringe sólo a procesos interdictales conforme determina la Disposición Transitoria Primera de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria (LSNRA) -Ley1715 de 18 de octubre de 1996-, y el proceso en el cual el accionante interpuso la tercería de dominio excluyente trata de una acción de cumplimiento de contrato; y, 3) En relación al hecho de que no se hubiera aplicado la prohibición constitucional del art. 396-I de la CPE, respecto a la imposibilidad de fragmentar predios en superficies menores a la pequeña propiedad y que por ello se vulneró la tutela judicial efectiva. Sobre el particular, se tiene que al no haberse cumplido con los presupuestos de procedencia de la tercería de dominio excluyente, mal podría resolverse los demás argumentos de recurso de casación de fondo. En mérito a lo expuesto, corresponde denegar la tutela impetrada.
Luver Cándido Guaristy Justiniano, mediante Memorial cursante de fs. 582 a 583, y en audiencia, a través de su abogado, refirió: i) En la demanda de cumplimiento de contrato que interpuso contra Johan Giesbrecht Guenther, el objeto de la pretensión era que se cumpla con el contrato de 13 de agosto de 2013, en el que su persona compró la posesión de un lote de 50 000 m, que consta de dos casas, un taller y un comedero de vacas techado y todos los usos y costumbres, ubicado en la Colonia Santa Rita. La Colonia Menonita Santa Rosa, no tiene legitimación activa para intervenir en la presente acción, porque el inmueble que fue objeto de la Litis está situado en otra Colonia; y, ii) Por otra parte, dentro del proceso agroambiental, el tercerista no acreditó el derecho propietario de la Colonia Santa Rosa, solo documentó que está en proceso de regularización a través de saneamiento; es más en el proceso de saneamiento, el 8 de abril de 2020, presentó una carta al INRA, para la paralización de saneamiento de la Colonia Santa Rita por estar en proceso judicial el mencionado lote de terreno en el Juzgado agroambiental y el INRA informó el 31 de mayo de 2022, que la Colonia Menonita Santa Rita y también la Colonia Menonita Santa Rosa está en trámite de saneamiento, con esto se evidencia que esas dos colonias son dos asociaciones diferentes; por consiguiente, pide se rechace la presente acción. Johan Giesbrecht Guenther, mediante Memorial cursante de fs. 584 a 585; y, en audiencia por medio de sus abogados, expresó: a) Desde un primer momento que tomó conocimiento de la demanda agroambiental de Luver Cándido Guaristy Justiniano, ha señalado que el predio objeto de ese falso contrato de transferencia no le pertenece, sino le pertenece a la Colonia Menonita Santa Rosa, en tanto es una propiedad colectiva que no puede ser dividida; b) En el proceso agroambiental se ha demostrado que el predio objeto de contrato se encuentra en proceso de saneamiento, que el poseedor titular del predio es la Colonia Menonita Santa Rosa, que no se ha identificado procesos de saneamiento individuales en favor de Luver Cándido Guaristy Justiniano y que el proceso de saneamiento es de una propiedad colectiva a nombre de la persona jurídica Colonia Menonita Santa Rosa; c) La Sala Agroambiental Primera no ha dado respuesta a todos los planteamientos señalados en el recurso de casación interpuesto por la Colonia Menonita Santa Rosa, referidos a la competencia de los Jueces agroambientales en predios en proceso de saneamiento y la posibilidad de fragmentar un predio mayor en un predio menor con superficie menor a la propiedad privada; por lo que, en el Auto Agroambiental Plurinacional impugnado, existe incongruencia omisiva; d) La Sala Agroambiental al fallar a favor de Luver Cándido Guaristy Justiniano ha permitido que se fragmente un predio en una superficie menor a la pequeña propiedad, lo cual está prohibido constitucionalmente; y, e) Por los fundamentos expresados, se allana a la demanda de acción de amparo constitucional presentada por la Colonia Menonita Santa Rosa, solicitando se conceda la tutela.
La Sala Constitucional Primera del departamento de Santa Cruz, a través de la Resolución 65 de 7 de julio de 2022, cursante de fs. 591 a 596 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto el Auto Agroambiental Plurinacional S1a 12/2022 de 23 de febrero, para que las autoridades emitan una nueva resolución en el marco a los parámetros establecidos, resguardando el debido proceso en su vertiente congruencia; con base en los siguientes fundamentos: 1) El Auto Agroambiental Plurinacional S1a 12/2022, no menciona por qué no se tomó en cuenta la certificación del INRA, porqué las autoridades agroambientales no tenían competencia dentro de un proceso de saneamiento del predio y las razones por las cuales no se aplicaron los precedentes jurisprudenciales establecidos por el Tribunal Agroambiental en los dos autos mencionados precisamente en la demanda de casación; por lo que, se debió tomar en cuenta esos elementos y dársele un valor positivo o negativo, debiendo haber tomado en cuenta dichos aspectos dentro de la parte de la resolución que señala que el demandante de la tercería de dominio excluyente no demostró su derecho propietario para ser parte del proceso agroambiental y como no cumplió con esa formalidad no ingresaron al fondo a analizar los agravios expuestos en el recurso de casación, lo que constituye desde la perspectiva de un test de proporcionalidad y de las perspectivas del principio de ponderación que se debe hacer de los derechos fundamentales a tutelar por este Tribunal es que se debió considerar todos esos elementos, por lo que se verifica incoherencia en dicha resolución; 2) El art. 64 de la Ley 1715 establece que entre tanto se encuentre en saneamiento un predio, las autoridades competentes para ejercer todo acto relacionado con ese predio es la autoridad administrativa y no así las autoridades agroambientales, aspecto que no han explicado las autoridades demandadas, y al haber emitido criterio respecto al derecho que expuso el ahora interesado Luver Cándido Guaristy Justiniano dentro de su demanda de cumplimiento de contrato también han constituido un acto vulneratorio del derecho a la igualdad previsto por el art. 119.I de la CPE, cuando indica “…de lo anteriormente expuesto y de la revisión de los datos del proceso, se colige que la parte actora dentro de la demanda de cumplimiento de contrato acreditó el pago de $us. 55 000.- (dólares americanos) a favor del vendedor que constituye un “requisito esencial”, asimismo, se acreditó que el vendedor no cumplió su obligación de entregar la cosa vendida, lo que significa que el demandante cumplió con la carga impuesta, demostrando los hechos constitutivos de su pretensión, conforme establece el art. 136.I de la Ley 439, específicamente con la prueba documental, consistente en el “Documento Privado de Transferencia de Posesión de un Terreno”, de 13 de agosto de 2013…”; con ello, las autoridades ahora demandadas vulneraron la aplicación objetiva igualitaria de la ley y también lo establecido en los arts. 396 y 394.I de la CPE referido a la propiedad agraria, por lo que existe una relación contractual de compra y venta de predios en cuanto a su posición se estaría dando lugar a que se fraccione una propiedad colectiva que está prohibida por el art. 396.I de la CPE con relación al art. 394 de la misma Norma Suprema; 3) En este caso ha existido un pedido expreso de la parte accionante en su recurso de casación en sentido que se consideren las documentales emitidas por el INRA y de que el predio estaba dentro de un proceso de saneamiento, además de otros elementos como el caso de los autos agroambientales emitidos por ese Tribunal; y, 4) En ese sentido, al ser evidente la vulneración del derecho al debido proceso en su elemento de congruencia y al haberse también emitido criterio respecto a la necesidad del reconocimiento de un derecho dentro de una comunidad que tiene derecho colectivo, como es la Colonia Menonita Santa Rosa; se tiene también que no se aplicó de manera igualitaria la ley, no ha habido un tutela judicial efectiva por parte de las autoridades agroambientales a los derechos del ahora accionante, en sentido que no se los ha protegido oportunamente respecto a que no se toque el predio entre tanto no se concluya el proceso de saneamiento y que la autoridad agroambiental a pesar de la prohibición establecida en el art. 152 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010-, emitió criterio respecto a la demanda de cumplimiento de contrato.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Sentencia 012/2021 de 27 de septiembre, pronunciada por la Jueza agroambiental de Santa Cruz, dentro del proceso de cumplimiento de contrato incoado por Luver Cándido Guaristy Justiniano contra Johan Giesbrecht; y, la tercería de dominio excluyente interpuesta por la Colonia Menonita Santa Rosa, fallo que resolvió declarar improbada en todas sus partes la demanda e improbada la tercería de dominio excluyente (fs. 416 vta., a 421). II.2. Se tiene Recurso de Casación interpuesto por Luis Fernando Suárez Justiniano en representación de la Colonia Menonita Santa Rosa contra la referida Sentencia 012/2021, argumentando que el fundamento para negar la tercería de dominio excluyente, se basó en que no se ha probado que el predio de mayor extensión de propiedad de la Colonia Menonita Santa Rosa se encuentre registrado en Derechos Reales, sin citar la norma que obliga a aquello, por el contrario, el art. 359.III.3) del Código Procesal Civil (CPC) no obliga a dicho requisito; por lo que plantea el recurso de casación acusando que: i) La Jueza, no ha valorado el certificado emitido por el INRA que acredita el tipo de propiedad, superficie, beneficiario, estado del proceso y que el predio se encuentra en proceso de saneamiento en curso, por lo que no se tiene aún registro en Derechos Reales; ii) Tampoco fue valorado de forma adecuada el Informe Técnico que establece que el área pretendida por el demandante se encuentra dentro del predio de propiedad de la Colonia Menonita Santa Rosa. Asimismo, la información del INRA y el Informe Técnico antes señalado ha sido verificado por la Juzgadora a través de Inspección Judicial e Informe Pericial, cursantes en antecedentes; iii) Interpretación errónea de la ley, puesto que el art. 152.1 de la LOJ, establece como una de las competencias de los Juzgados agroambientales, conocer las acciones reales agrarias en predios previamente saneados; el demandante debió acreditar título ejecutorial que acredite que el predio que pretende esté previamente saneado. En consecuencia, se ha aplicado de forma errónea la ley, ya que la competencia de predios en procesos de saneamiento es del INRA, al amparo del art. 64 de la Ley 1715; iv) El art. 360 del Código de Procedimiento Civil (CPC) ha sido mal aplicado por la Jueza de primera instancia; toda vez que, en este tipo de proceso se emite sentencia inicial luego de presentar demanda, lo que es contrario al proceso de conocimiento, y más aún cuando se trata de una materia especializada como es la agroambiental, donde se encuentra claramente delimitada la competencia judicial luego de la competencia administrativa; y, v) Se han violado los arts. 41 y 64 de la Ley INRA y el art. 152.1 de la LOJ, al no considerar que no es requisito el registro de DD.RR en materia agraria cuando el predio se encuentra en proceso de saneamiento (fs. 424 a 428). II.3. Consta el Recurso de Casación interpuesto por Luver Cándido Guaristy Justiniano contra la “Sentencia 07/2019, de fecha 10 de junio de 2019” (sic), acusando que dicho fallo lesiona sus intereses, garantías y derechos constitucionales, como ser el debido proceso, el derecho a la defensa y a la propiedad privada, al no ser un reflejo correcto del proceso, porque no valora ni tasa correctamente las pruebas aportadas, además no contiene decisiones precisas sobre la cosa litigiosa, siendo un fallo incongruente; existiendo un contrato reconocido de transferencia de posesión del terreno que constituye plena prueba conforme establecen los art. 568.I y 1296 del Código Civil (CC); sin embargo, la Jueza declaró improbada la demanda por falta de prueba, siendo que existe un contrato de compra venta de un terreno de la posesión que es prueba plena (fs. 429 a 431). II.4. Por Auto Agroambiental Plurinacional S1a 12/2022 de 23 de febrero, la Sala Primera del Tribunal Agroambiental determinó CASAR en parte la Sentencia 012/2021 de 27 de septiembre, pronunciada por la Jueza Agroambiental de la ciudad de Santa Cruz y deliberando en el fondo, declaró PROBADA la demanda de cumplimiento de contrato interpuesta por Luver Cándido Guaristy Justiniano contra Johan Giesbrecht Guenther; y, declaró INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Luis Fernando Suárez Justiniano, manteniéndose firme y subsistente lo determinado en la Sentencia respecto a la tercería de dominio excluyente (fs. 454 a 462 vta.).
La parte accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en su vertiente de congruencia externa de las resoluciones judiciales, igualdad en su vertiente de aplicación judicial de la ley y respeto al principio de predictibilidad de las resoluciones judiciales y derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de aplicación objetiva de la ley; toda vez que, las autoridades demandadas, omitieron pronunciarse sobre la competencia de los Jueces agroambientales en predios en proceso de saneamiento y la posibilidad de fragmentar un predio mayor en un predio menor con superficie menor a la pequeña propiedad, por lo que se ha dejado sin pronunciamiento y resolución el recurso de casación planteado por la Colonia Menonita Santa Rosa; por lo que, solicita la concesión de tutela y en consecuencia, se deje sin efecto el Auto Agroambiental Plurinacional S1a 12/2022 de 23 de febrero, ordenando se emita una nueva resolución, resolviendo todos los planteamientos del recurso de casación interpuesto por la Colonia Menonita Santa Rosa, respetando sus propios precedentes (AAP S2 85/2019 y AAP S2 031/2022) y la prohibición constitucional del art. 396.I de la CPE. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los extremos demandados son evidentes para conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: a) La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos del debido proceso; b) Sobre la tutela judicial efectiva como garantía constitucional; y, c) Análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, reiterada por la SCP 0349/2018-S2 de 18 de julio, asumió el siguiente entendimiento: El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre; la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se vulnera dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio, se aclara que dicha garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios. En el Fundamento Jurídico III.3 de la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se establecieron los requisitos que debe contener toda resolución jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación y fundamentación como elementos configurativos del debido proceso, como son:
a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado. En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio, precisó que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso.
1El Cuarto Considerando, indica: “…el derecho al debido proceso, que entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos y al margen de ello, la fundamentación legal que sustenta la parte dispositiva de la misma. …consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión arbitraria y dictatorial que vulnera de manera flagrante el citado derecho que otorga a las partes saber el porqué de la parte dispositiva de un fallo o Resolución”. 2El FJ III.3, refiere: “…la garantía del debido proceso no es únicamente aplicable en el ámbito judicial, sino también en el administrativo y disciplinario, cuanto tenga que determinarse una responsabilidad disciplinaria o administrativa e imponerse una sanción como ha ocurrido en el presente caso”. 3El FJ III.2.3, señala: “Toda autoridad administrativa que emita una resolución en segunda instancia, debe mínimamente exponer en la resolución: 1) Los hechos, citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución, efectuando la relación de causalidad entre los hechos y la norma aplicable; 2) Pronunciamiento sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso de alzada, actuando en mínima petita, considerando cada aspecto de manera puntual y expresa, desarrollando una valoración lógica de los puntos impugnados, efectuar lo contrario, elimina la parte fundamental de la resolución, lesionando efectivamente el debido proceso, derivando en el extremo inaceptable que los procesados no puedan conocer cuáles son las razones del fallo y cuál es la posición del tribunal de alzada en relación con los puntos impugnados. En tanto y en cuanto, las resoluciones administrativas de segunda instancia conlleven insertas en su texto de manera expresa, las respuestas a todos los aspectos cuestionados en el recurso de impugnación, el sujeto sometido al proceso disciplinario, tendrá la plena convicción respecto a que la decisión asumida por la autoridad administrativa es a todas luces justa. Esta afirmación nos lleva a concluir que no le está permitido a la autoridad administrativa, reemplazar una adecuada y sustanciosa fundamentación por una elemental relación de antecedentes”.
Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre se refirió a la fundamentación como sustento de una resolución disciplinaria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: i) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; ii) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; iii) Garantizar la posibilidad del control de la resolución por medio de los recursos; iv) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y, v) La observancia del principio dispositivo, que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-.
4El FJ III.4, expresa: “Consiguientemente, aplicando los principios informadores del derecho sancionador, las resoluciones pronunciadas por el sumariante y demás autoridades competentes deberán estar fundamentadas en debida forma, expresando lo motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. Fundamentación que no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos y presentación de pruebas o los criterios expuestos por las partes, y en los casos en los que existan coprocesados, resulta primordial la individualización de los hechos, las pruebas, la calificación legal de la conducta y la sanción correspondiente a cada uno de ellos en concordancia con su grado de participación o actuación en el hecho acusado”. 5El FJ III.1, manifiesta: “En ese marco, se tiene que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son: (1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad. Estos elementos se desarrollarán a continuación: (…) (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia. (…) b) En correspondencia con lo anterior, la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) Una `decisión sin motivación´, o extiendo esta es b.2) Una `motivación arbitraria´; o en su caso, b.3) Una `motivación insuficiente´. (…) c) La arbitrariedad también se expresa en la falta de coherencia, o incongruencia de la decisión (principio de congruencia), cuando el conjunto de las premisas, -formadas por las normas jurídicas utilizadas para resolver el caso, más los enunciados fácticos que describen los hechos relevantes- no son correctas, fundadas y si, además, su estructura también no lo es. Esto, más allá si la resolución que finalmente resuelva el conflicto es estimatoria o desestimatoria a las pretensiones de las partes. Es decir, como señala Robert Alexy, se trata de ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación”. 6El FJ III.2, establece: “A las cuatro finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión cuáles son: 1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad (SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, se suma un quinto elemento de relevancia constitucional; y, 5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo. 5) La observancia del principio dispositivo, implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos”.
Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión: a) Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten; b) Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; c) Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y, d) Por la falta de coherencia del fallo, se da: d.1) En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; y, d.2) En su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010-R de 22 de junio, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo señaló que el pronunciamiento 7El FJ III.3, expresa: “Que, al margen de ello, también cabe reiterar que el art. 236 CPC, marca el ámbito de contenido de la resolución a dictarse en apelación, pues estipula que la misma, deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que además hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, de manera que el Juez o tribunal ad-quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”. 8El FJ III.3.1, señala: “De esa esencia deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”. 9El FJ III.2, indica: “La abundante jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, ha señalado con relación al principio de congruencia -que es determinante en cualquier proceso judicial o administrativo- como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, que implica la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume (SC 1619/2010-R de 15 de octubre). Bajo ese razonamiento, el principio de congruencia forma parte de derecho-garantía-principio del debido proceso, contemplado en el art. 115.I de la CPE”. 10El FJ III.1, refiere: “Además de ello, toda resolución dictada en apelación, no sólo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de apelación expuestos por la parte apelante, que se entiende deben estar relacionados con lo discutido ante el juez a quo. Para el mismo objetivo -resolver la apelación-, también el juez ad quem, si se trataran de varias apelaciones y deba resolverlas en una sola resolución deberá individualizar a las partes, lo que supone también, la individualización de sus pretensiones y resolverlas de la misma forma; pues en el único caso que podrá dirigirse en su fundamentación a dos o más apelantes, será cuando éstos hubieran coincidido en sus argumentos al presentar su apelación, o varios hubieran presentado apelación en forma conjunta. Ahora bien, la misma obligación que tiene el juez ad quem frente a los apelantes, también debe cumplirla frente a la parte adversa, para el caso de que el procedimiento aplicable admita que la misma pueda responder al recurso, pues omitir las consideraciones a la respuesta igual que no responder a los puntos de debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada. En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa. La jurisprudencia contenida en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2221/2012 y 0100/2013, citadas anteriormente, fue modulada por la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero; la cual, entendió que únicamente es posible conceder la tutela y disponer la nulidad de la resolución judicial o administrativa, ordenando se emita otra nueva, ante la denuncia de arbitraria o insuficiente fundamentación; previo análisis de la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; es decir, previo análisis de su relevancia constitucional, por cuanto, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal, únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; en ese sentido, en el Fundamento Jurídico III.1, indicó que:
Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aún carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela por carecer de relevancia constitucional, con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 195/2019-S2 de 2 de mayo, asumió el siguiente entendimiento: Con relación a este derecho fundamental, debemos señalar se encuentra reconocida por el art. 115.I de la CPE, que a la letra dice: “Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos” (las negrillas fueron introducidas).
En sintonía con esta norma constitucional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos que forma parte del bloque de constitucionalidad por mandato del art. 410.II de la CPE, establece en su art. 8.1, que:
Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la Ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter (las negrillas son agregadas). En ese marco normativo, la jurisprudencia constitucional se pronunció al respecto, expresando que el derecho a la tutela judicial efectiva es la facultad que tiene toda persona de acudir ante el Órgano judicial -en sus diferentes jurisdicciones- o instancia administrativa, para formular peticiones o asumir defensa y obtener un pronunciamiento expreso en un tiempo razonable, en procura de la tutela real de sus derechos e intereses, promoviendo certidumbre a las pretensiones en pugna, constituyendo una garantía para la prevalencia de los derechos e intereses. Finalmente la SCP 1478/2012 de 24 de septiembre, en el Fundamento Jurídico III.1.1, señaló:
En ese orden de ideas, siguiendo la normativa referida, corresponde señalar que el derecho a la jurisdicción o de acceso a la justicia -sin pretender agotar todas las perspectivas de este derecho tan ampliamente concebido y desarrollado- contiene: 1) El acceso propiamente dicho a la jurisdicción, es decir, la posibilidad de llegar a la pluralidad de jurisdicciones reconocidas por la Constitución, sin que existan obstáculos, elementos de exclusión, limitación, que dificulten el ejercicio de este derecho tanto por el Estado como por los particulares; 2) Lograr un pronunciamiento judicial proveniente de las autoridades judiciales formales o las autoridades naturales de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, que solucione el conflicto o tutele el derecho, siempre que se hubieran cumplido los requisitos establecidos en la norma; y, 3) Lograr que la Resolución emitida sea cumplida y ejecutada, debido a que si se entiende que se acude a un proceso para que se restablezca o proteja un derecho, un interés o un bien, en la medida que el fallo no se ejecute, el derecho a la jurisdicción o de acceso a la justicia no estará satisfecho.
De los antecedentes procesales se desprende que el Juez agroambiental de la ciudad de Santa Cruz, emitió la Sentencia 012/2021 de 27 de septiembre, dentro del proceso de cumplimiento de contrato incoado por Luver Cándido Guaristy Justiniano contra Johan Giesbrecht Guenther; y, la tercería de dominio excluyente interpuesta por la Colonia Menonita Santa Rosa, fallo que resolvió declarar improbada en todas sus partes la demanda e improbada la tercería de dominio excluyente interpuesta por la Colonia Menonita Santa Rosa. Contra la referida Sentencia, Luis Fernando Suárez Justiniano en representación de la Colonia Menonita Santa Rosa -ahora accionante-interpuso recurso de casación alegando que el fundamento para negar la tercería de dominio excluyente, se basa en que no se ha probado que el predio de mayor extensión de propiedad de la Colonia Menonita Santa Rosa se encuentre registrado en Derechos Reales, sin haber citado norma alguna que obligue a aquello; por lo que, plantea el recurso de casación acusando que: 1) La Jueza, no ha valorado el certificado emitido por el INRA que acredita el tipo de propiedad, superficie, beneficiario, estado del proceso y que el predio se encuentra en proceso de saneamiento en curso, por lo que no se tiene aún registro en Derechos Reales; 2) Tampoco fue valorado de forma adecuada el Informe Técnico que establece que el área pretendida por el demandante se encuentra dentro del predio de propiedad de la Colonia Menonita Santa Rosa. Asimismo, la información del INRA y el Informe Técnico antes señalado ha sido verificado por la Juzgadora a través de Inspección Judicial e Informe Pericial, cursantes en antecedentes; 3) Interpretación errónea de la ley, puesto que el art. 152.1 de la LOJ, establece como una de las competencias de los Juzgados agroambientales, conocer las acciones reales agrarias en predios previamente saneados; el demandante debió acreditar título ejecutorial que acredite que el predio que pretende esté previamente saneado. En consecuencia, se ha aplicado de forma errónea la ley, ya que la competencia de predios en procesos de saneamiento es del INRA, al amparo del art. 64 de la Ley 1715; 4) El art. 360 del CPC ha sido mal aplicado por la Jueza de primera instancia, toda vez que en este tipo de proceso se emite sentencia inicial luego de presentar demanda, lo que es contrario al proceso de conocimiento, y más aún cuando se trata de una materia especializada como es la agroambiental, donde se encuentra claramente delimitada la competencia judicial luego de la competencia administrativa; y, 5) Se han violado los arts. 41 y 64 de la Ley INRA y el art. 152.1 de la LOJ, al no considerar que no es requisito el registro de derechos reales en materia agraria cuando el predio se encuentra en proceso de saneamiento. Por su parte, Luver Cándido Guaristy Justiniano -ahora tercero interesado-plantea también Recurso de Casación, acusando que dicho fallo lesiona sus intereses, garantías y derechos constitucionales, como ser el debido proceso, el derecho a la defensa y a la propiedad privada, al no ser un reflejo correcto del proceso, porque no valora ni tasa correctamente las pruebas aportadas, además no contiene decisiones precisas sobre la cosa litigiosa, siendo un fallo incongruente; existiendo un contrato reconocido de transferencia de posesión del terreno que constituye plena prueba conforme establecen los art. 568.I y 1296 del CC; sin embargo, la Jueza declara improbada la demanda por falta de prueba, siendo que existe un contrato de compra venta de un terreno de la posesión que es prueba plena. Los recursos de casación anteriormente mencionados fueron resueltos por la Sala Primera del Tribunal Agroambiental mediante Auto Agroambiental Plurinacional S1a 12/2022 de 23 de febrero, determinando CASAR en parte la Sentencia 012/2021 de 27 de septiembre, pronunciada por la Jueza Agroambiental de la ciudad de Santa Cruz y deliberando en el fondo, declaró PROBADA la demanda de cumplimiento de contrato interpuesta por Luver Cándido Guaristy Justiniano contra Johan Giesbrecht Guenther; y, declaró INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Luis Fernando Suárez Justiniano, manteniéndose firme y subsistente lo determinado en la Sentencia respecto a la tercería de dominio excluyente. Decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: i) Falta de congruencia y de fundamentación legal en la Sentencia recurrida, al no relacionar lo peticionado con lo resuelto, y que la Jueza a quo no realizó una valoración integral de cada prueba producida en el proceso. Al respecto, la autoridad de instancia, no valoró conforme a derecho el documento privado de transferencia de posesión de terreno de 13 de agosto de 2013, al margen que tiene todo el valor previsto por el art. 1289 del CC, el actor pagó $us55 000.- (cincuenta y cinco mil dólares estadounidenses) a favor del vendedor, conforme señalada la cláusula segunda “que son entregados a la fecha en moneda de curso legal y corriente” que el mismo constituye un “requisito esencial” para la procedencia del cumplimiento de contrato; también se demostró que el vendedor no cumplió su obligación de entregar la cosa vendida, aspecto que se encuentra constatado mediante el acta de inspección realizada el 19 de junio de 2021, que en sus partes sobresalientes señala “que el señor Johan Giesbrecht Guenther se encuentra dentro de su domicilio”; de donde se colige que la sentencia, carece de la debida fundamentación y motivación; asimismo, se evidencia una errónea interpretación de medios de prueba, en aplicación de los arts. 134 y 145 del CPC que determina que la autoridad judicial debe basar su decisión en la verdad material y valorar las pruebas con la sana crítica; por consiguiente, se concluye que la autoridad judicial actuó de forma incorrecta a momento de emitir el fallo declarando improbada la demanda.
ii) Error de derecho en la valoración del documento privado de transferencia de 13 de agosto de 2013, respecto al pago de la suma de dinero por el precio de la venta, al referir la autoridad judicial que en ninguna parte del contrato consta que el comprador entrega al vendedor la suma de dinero, ni el vendedor recibe determinada suma del comprador. Al respecto, del análisis de la Sentencia recurrida se advierte que evidentemente la Jueza no realizó una valoración adecuada e integral respecto de cada uno de los elementos probatorios aportados por las partes durante el proceso, tal es el caso de la prueba documental consistente en “Documento Privado de Transferencia de Posesión” de un terreno, que si bien admite la indicada prueba, la Juzgadora no la valoró en los términos establecidos; el precitado contrato de transferencia en su cláusula segunda refiere“…que en la parte pertinente señala que son entregados a la fecha en moneda de curso legal y corriente” y que en la cláusula quinta establece “Las partes (…) en señal de conformidad firman el presente sin que medie vicios del consentimiento”; aspectos que la Jueza de instancia pasó por alto y consideró que no era determinante, a objeto de resolver la controversia; toda vez que, según su criterio no existe prueba alguna que el comprador pagó el precio al vendedor por la transferencia del terreno. Resulta evidente que la Jueza de instancia incurrió en errónea apreciación de la prueba; además, que no realizó valoración correcta y congruente de cada uno de los elementos probatorios de acuerdo a las reglas de la sana crítica y prudente criterio, de conformidad a lo establecido en los arts. 1286 del CC y 145 del CPC; por lo que, la parte actora dentro de la demanda de cumplimiento de contrato acreditó el pago a favor del vendedor que constituye “requisito esencial; asimismo, acreditó que el vendedor no cumplió su obligación de entregar la cosa vendida. iii) Omisión de valoración probatoria del certificado emitido por el INRA, Informe Técnico e indebida exigencia del requisito de registro en Derechos Reales de Tercería de dominio excluyente. En cuanto a lo alegado por el tercerista de dominio excluyente, es necesario referirse al cumplimiento de los requisitos de procedencia de esta tercería, previsto en el art. 52 del CPC, que señala: “Quien alegue un derecho positivo y de existencia cierta, en todo o en parte sobre el bien o derecho que se discute en un proceso pendiente podrá intervenir formulando su pretensión contra las partes”. De las pruebas documentales consistentes en el Informe Técnico de 17 de mayo de 2019, emitido por una consultora privada, y el certificado emitido por el INRA Departamental Santa Cruz, mediante el Informe Técnico Legal 770/2019 de 11 de julio de 2019, es posible evidenciar que dicho informes y certificaciones, no acreditan el derecho propietario del tercerista, incumpliendo el mandato establecido por el art. 1538 del CC, que señala que ningún derecho real sobre inmuebles surte efectos contra terceros sino desde el momento que se hace público, requisito que ha sido incumplido por el tercerista para una eventual procedencia de una demanda de tercería de dominio excluyente; consecuentemente, la Jueza de instancia al señalar en la sentencia ahora recurrida que el tercerista no acreditó su derecho propietario registrado en Derechos Reales ha obrado conforme a derecho.
En ese contexto, la parte accionante considera lesionados sus derechos al debido proceso en su vertiente de congruencia externa de las resoluciones judiciales, igualdad en su vertiente de aplicación judicial de la ley y respeto al principio de predictibilidad de las resoluciones judiciales; y, derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de aplicación objetiva de la ley; toda vez que, las autoridades demandadas, omitieron pronunciarse sobre la competencia de los Jueces agroambientales en predios en proceso de saneamiento y la posibilidad de fragmentar un predio mayor en un predio menor con superficie menor a la pequeña propiedad, por lo que se ha dejado sin pronunciamiento y resolución el recurso de casación planteado por la Colonia Menonita Santa Rosa.
Ahora bien, corresponde señalar que las autoridades demandadas en el Auto Agroambiental Plurinacional ahora confutado, debieron analizar los agravios expuestos en el recurso de casación incoado por el tercerista de dominio excluyente, los mismos que han sido descritos precedentemente; sin embargo, sólo se limitaron a señalar que el tercerista no cumplió con los presupuestos de procedencia y por ello no se podía resolver los aspectos objeto del recurso de casación, este argumento de las autoridades ahora demandadas resulta ciertamente arbitrario, incumpliendo su deber de resolver todos los puntos recurridos, referidos a la valoración del certificado emitido por el INRA que acredita el tipo de propiedad, superficie, beneficiario, estado del proceso y que el predio se encuentra en proceso de saneamiento en curso, el Informe Técnico que establece que el área pretendida por el demandante se encuentra dentro del predio de propiedad de la Colonia Menonita Santa Rosa, sobre la alegada interpretación errónea de la ley, puesto que el art. 152.1 de la LOJ, establece como una de las competencias de los Juzgados agroambientales, conocer las acciones reales agrarias en predios previamente saneados conforme al art. 64 de la Ley 1715; asimismo, sobre los alcances del art. 360 del CPC y los motivos por los cuales no se aplicaron los precedentes agroambientales señalados por el accionante. En ese sentido, se advierte una total falta de coherencia del fallo en su dimensión externa, la cual implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes, conforme al entendimiento desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, aspecto que ha sido incumplido por las autoridades demandadas, existiendo una actitud omisiva en esa tarea.
Por otra parte, se advierte que la parte accionante ha reclamado que se valoren todas las pruebas literales emitidas por el INRA, respecto al tipo de propiedad, a la superficie y que el predio se encuentra en proceso de saneamiento, así como a la normativa aplicable; empero, no ha obtenido respuesta a los puntos impugnados, habiéndose resuelto sólo el recurso del ahora tercero interesado, incumpliendo las Magistradas demandadas la obligación que se tiene frente a todos los recurrentes, lo que resulta ser una omisión indebida que lesiona el derecho a la igualdad, así como el derecho a la tutela judicial efectiva como parte componente del debido proceso, conforme al razonamiento contenido en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional; razón que en definitiva, determina la concesión de la tutela impetrada a efectos que el accionante pueda obtener de la Sala Agroambiental Primera una resolución que resuelva los motivos del recurso de casación formulado, garantizando de esta forma el derecho a la tutela judicial efectiva, el cual no solo comprende el derecho de acceso a la justicia, sino que también incluye el de pronunciamiento judicial sobre las pretensiones expuestas por las partes; derecho que fue vulnerado por la resolución ahora impugnada, razón por la cual corresponde conceder la tutela impetrada. En consecuencia, la Sala Constitucional al conceder la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelven: CONFIRMAR la Resolución 65 de 7 de julio de 2022, cursante de fs. 591 a 596 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos establecidos por el Tribunal de garantías y conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que la Magistrada MSc. Georgina Amusquivar Moller es de Voto Aclaratorio.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
apelación, resulta arbitrario y por lo mismo, daría lugar a una omisión indebida plasmada en la resolución que resuelve la apelación”.
11 Respecto a la tutela judicial efectiva, la SC 0797/2010-R de 2 de agosto -citada por la SCP 1020/2013 de 27 de junio- señala: “… comprende el acceso de toda persona, independientemente de su condición económica, social, cultural o de cualquier otra naturaleza, de acudir ante los órganos de administración de justicia para formular peticiones o asumir defensa y lograr el pronunciamiento de una resolución que tutele sus derechos, como bien jurídico protegido; obteniendo el pronunciamiento de la autoridad sea judicial, administrativa o fiscal (…). En síntesis, el derecho de la tutela judicial efectiva, permite la defensa jurídica de todos los demás derechos mediante un proceso que se desarrolle dentro de los marcos de las garantías jurisdiccionales, procesales y constitucionales”. 12La jurisprudencia expresada en la SCP 1020/2013, de manera complementaria a lo establecido por la SC 0797/2010-R, indica: “…Entonces, la tutela judicial efectiva, no se reduce en la simple facultad que toda persona tiene para acceder o acudir a los órganos encargados de la administración de justicia, recibir de los mismos una respuesta pronta y oportuna; sino también, en la medida que ello genere certeza y seguridad en sus pretensiones, siendo una verdadera garantía para hacer prevalecer sus derechos e intereses legítimos”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1106_2023-S1.pdf · páginas 1 a 19.
Huella digital del PDF (SHA-256): 0b729148b65fff6558b8abb5c42bf7043ab14a13bfcd54f242fdab4de8d4248f
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