Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 9 de julio de 2026
Deniega la tutela
El accionante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad vinculado con el principio de celeridad y al acceso a una justicia pronta y oportuna, atribuyendo al Juez ahora accionado no remitir el cuaderno procesal al Juzgado de Sentencia de turno de la Capital del departamento de La Paz, a objeto de realizarse las notificaciones a las partes procesales con el requerimiento conclusivo de acusación formal, la emisión del Auto de apertura de juicio y continuar con la tramitación del mismo, lo que provoca que su detención preventiva se extienda por más de dos años, cuando esa debía culminar en agosto de 2021, llegando a constituir dicha medida una pena anticipada. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) Falta de legitimación pasiva en acción de libertad; y, b) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 84/2023 de 6 de abril, cursante de fs. 17 a 19, pronunciada por el Juez de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela solicitada, por falta de legitimación pasiva, sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, conforme con el fundamento jurídico expuesto en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Ordenar por intermedio de Secretaria General de este Tribunal se remita una copia de este fallo constitucional a Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, instancia que deberá poner en conocimiento de la autoridad jurisdiccional a cargo de sustanciar el caso con Código Único de Denuncia 201102012103081 -Ministerio Público contra Edgar Cruz Mariaca Claure-, por el delito de violencia familiar o doméstica, a objeto de realizar el control jurisdiccional de la detención preventiva del nombrado, bajo responsabilidad, siempre y cuando a la fecha de la notificación con el presente fallo constitucional no hubiese cambiado su situación jurídica. Asimismo, remitir una copia al Consejo de la Magistratura, con la finalidad del seguimiento respectivo de la citada causa, en atención a que dicho expediente hubiese sido parte del proceso de refuncionalización.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1105/2026-S1 Sucre, 9 de julio de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 54831-2023-110-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 84/2023 de 6 de abril, cursante de fs. 17 a 19, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Edgar Cruz Mariaca Claure contra Javier Pablo Mamani Zárate, Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz. I.1. Contenido de la demanda El accionante por memorial presentado el 6 de abril de 2023, cursante de fs. 7 a 9 vta., manifestó lo siguiente: I.1.1. Hechos que motivan la acción En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, previsto y sancionado por el art. 272 bis del Código Penal, se emitió el Auto Interlocutorio 149/2021 de 1 de mayo, disponiendo su detención preventiva por tres meses a cumplirse en el Centro Penitenciario de Patacamaya de La Paz, al concurrir los riesgos procesales previstos por los arts. 234.6 y 7; y, 235.1 y 2 del Código de Procedimiento Penal (CPP); y, a pesar de que la medida extrema debió cumplirse en agosto de 2021, se mantuvo debido a que Neyva Choque Callizaya, Fiscal de Materia asignada a la Fiscalía Especializada en Delitos en Razón de Género y Juvenil -asignada al caso- emitió Requerimiento Conclusivo de Acusación Formal 22/2021 de 18 de igual mes y año. Y posteriormente, habiendo solicitado cesación de su detención preventiva, y al no haber logrado desvirtuar la concurrencia de los arts. 234.7 y 235. 1 y 2 del CPP, fue emitido el Auto Interlocutorio 74/2021 de 3 de diciembre, para luego, su caso signado con el Código Único de Denuncia (CUD) 201102012103081 ser sorteado al Juzgado de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz -a cargo de Gladys Bacarreza Morales-. Por lo que, desde 2021, -Cristina Roxana Paz Chauca-, abogada del accionante se encuentra peregrinando para que se pueda notificar con la acusación a las partes procesales, a objeto de que se emita el Auto de apertura de juicio oral público y contradictorio; no obstante, hasta la fecha los funcionarios de “este juzgado”, secretaria y juez “se niegan a cumplir” -se entiende de la presente acción de defensa- con las diligencias de notificación a las partes procesales, encontrándose la Jueza del Juzgado de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz procesada y la Secretaria “expulsada”; asimismo, se le habría comunicado por otros funcionarios de ese despacho a su abogada que su caso sería remitido a otro juzgado por instrucciones del Consejo de la Magistratura; sin embargo, “hasta la fecha” el cuaderno procesal no apareció ni fue remitido a otro juzgado, habiendo transcurrido dos años y tres días que se encuentra detenido preventivamente cumpliendo una pena anticipada. I.1.2. Derechos y principios supuestamente vulnerados El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al principio de celeridad; y, en audiencia amplió sobre el acceso a una justicia pronta y oportuna, citando al efecto los arts. 178.I y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE). I.1.3. Petitorio Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se restablezca su derecho a la libertad, conminando al Juez accionado a remitir en el día todos los antecedentes del caso ante el Juez siguiente de turno. I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías Celebrada la audiencia virtual el 6 de abril de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 15 a 16, se produjeron los siguientes actuados: I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción El accionante a través de su abogada en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo, manifestó que: a) Cuando su abogada se apersonó al Juzgado de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, se le indicó que el cuaderno procesal no se encontraba a la vista, “se encuentra perdido”; y, b) Así también, en reiteradas oportunidades su abogada se apersonó para realizar las diligencias de notificación con la acusación formal; empero, se le indicó que no se podían realizar las mismas, porque no se contaba con Juez, Oficial de Diligencias ni Auxiliar. I.2.2. Informe de la autoridad accionada Javier Pablo Mamani Zárate, Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, en audiencia solicitó que se deniegue la tutela solicitada por no ser promovida correctamente contra la autoridad que conoce la causa, manifestó que: 1) A partir del 14 de marzo de 2023, es suplente del “juzgado de Sentencia Contra la Violencia Hacia la Mujer” según Memorando 328/2023 de la misma fecha, cuya causa sobre la cual reclama el accionante, no se encuentra en “este despacho”; y, 2) De acuerdo a los antecedentes, no existe ningún tipo de solicitud para “hacer el reclamo al suscrito” ni resolver su situación jurídica y conforme al Instructivo 3/2023 “estas causas” se encuentran bajo custodia del Consejo de la Magistratura para el sorteo; por lo que, de acuerdo con los datos proporcionados por funcionarios de dicha entidad, la causa hubiese sido sorteada al “juzgado 5o Contra la Violencia Hacia la Mujer” (sic); por consiguiente, el accionante debe acudir a dicho despacho solicitando lo que manifiesta en la presente acción de libertad, al carecer su persona de legitimación pasiva. Absolviendo la pregunta del Juez de garantías, señaló que, en el Consejo de la Magistratura aún se sigue elaborando la lista de las causas sorteadas, siendo de conocimiento que se están redistribuyendo las causas de violencia y de corrupción; por lo que, no podría informar la fecha en que fueron remitidas en custodia, debiendo efectuarse cualquier reclamo ante esa autoridad. I.2.3. Resolución El Juez de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz, por Resolución 84/2023 de 6 de abril, cursante de fs. 17 a 19, denegó la tutela solicitada por falta de legitimación pasiva; bajo los siguientes fundamentos: i) El proceso penal signado con el CUD 201102012103081, por el que -según el certificado de permanencia- el accionante estaría cumpliendo detención preventiva desde el 3 de mayo de 2021, causa con requerimiento conclusivo de acusación y que conoció el Juez hoy accionado en razón a una suplencia legal, como emergencia de la refuncionalización de juzgados dispuesta por el Consejo de la Magistratura ante numerosas denuncias contra la Gladys Bacarreza Morales, Jueza del Juzgado de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del Departamento de La Paz se hubiera ordenado a través de instructivos su remisión junto a otras causas a juzgados de anticorrupción y de violencia recientemente creados; ii) El Juez ahora accionado informó que tuvo conocimiento que la causa fue sorteada al “…juzgado de Sentencia Contra la Violencia Hacia la Mujer N° 5…” (sic); por lo que, el cuaderno procesal no se encontraba en su Juzgado, no teniendo acceso al mismo por intervención de la mencionada entidad disciplinaria, a cuya custodia se encontraría el referido cuaderno procesal; y, iii) Con relación al reclamo respecto a que el Juez hoy accionado no estaría cumpliendo con la remisión del cuaderno procesal al juzgado respectivo para la continuidad de la tramitación del proceso, no se encuentra sustentado ni consta ningún elemento de convicción al respecto, estando el cuaderno procesal fuera de su alcance, al haber ejercido suplencia legal a raíz de los conflictos suscitados en contra de la nombrada Jueza, advirtiéndose la falta de coincidencia de su conducta con los motivos de cuestionamiento y correspondencia entre la presunta negativa para la remisión de la causa y consiguiente realización del juicio oral, público y contradictorio con su actuación desplegada, impidiendo ingresar a considerar los extremos denunciados. Al margen de lo expuesto, el Juez de garantías, asumiendo que tomó conocimiento que existe un reclamo con relación a la paralización de un proceso en el cual se encuentra el acusado -accionante- privado de su libertad y que esta circunstancia emergería de la intervención que el Consejo de la Magistratura realizó al Juzgado de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del Departamento de La Paz, dispuso la notificación de dicha entidad disciplinaria en su Representación Distrital de La Paz, con la finalidad de que asuma conocimiento de dicho reclamo y en caso de “…encontrarse bajo su custodia el expediente bajo CUD 201102012103081, proceso penal seguido por el Ministerio Público y Alejandra Aguilar Cornejo contra Edgar Cruz Mariaca Claure, por el delito de violencia familiar o doméstica…” (sic) remita el cuaderno de control jurisdiccional a la instancia correspondiente a la brevedad posible al Juzgado respectivo a objeto de posibilitar la continuidad del proceso y viabilizar la presentación de solicitudes del privado de libertad, eso en resguardo de sus derechos y garantías constitucionales. I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Asimismo Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución de expedientes con trámites pendientes de resolución ante la Comisión de Admisión de este Tribunal, debido a la cesación de cinco Magistraturas, al concurrir la causal I.5 -relativa a la falta de consenso y, otras circunstancias que impidan la prosecución normal de la causa-, a cuya virtud, dicha instancia, procedió al sorteo de la presente causa. Mediante decreto constitucional de 15 de abril de 2026, cursante a fs. 28, se dispuso la suspensión de plazo para la emisión de la correspondiente resolución a efectos de recabar documentación complementaria, reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el decreto constitucional de 8 de julio del citado año, cursante a fs. 32; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del término legal.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta Requerimiento Conclusivo de Acusación Formal 22/2021 de 18 de agosto, emitido por Neyva Choque Callizaya -Fiscal de Materia-, y presentado el 26 del mismo mes y año, ante el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz dentro del proceso penal seguido contra de Edgar Cruz Mariaca Claure -ahora accionante- por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica previsto y sancionado por el art. 272 bis del CP (fs. 3 a 5 vta.). II.2. Cursa Certificado de Permanencia y Conducta CERT. 291/2022 de 9 de septiembre, del accionante; el cual señala que ingresó al Centro Penitenciario de Patacamaya de La Paz el 3 de mayo de 2021, con mandamiento de detención preventiva (fs. 6).
El accionante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad vinculado con el principio de celeridad y al acceso a una justicia pronta y oportuna, atribuyendo al Juez ahora accionado no remitir el cuaderno procesal al Juzgado de Sentencia de turno de la Capital del departamento de La Paz, a objeto de realizarse las notificaciones a las partes procesales con el requerimiento conclusivo de acusación formal, la emisión del Auto de apertura de juicio y continuar con la tramitación del mismo, lo que provoca que su detención preventiva se extienda por más de dos años, cuando esa debía culminar en agosto de 2021, llegando a constituir dicha medida una pena anticipada. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) Falta de legitimación pasiva en acción de libertad; y, b) Análisis del caso concreto.
La SCP 1626/2025-S1 de 29 de diciembre, que reitera los razonamientos de la SCP 2182/2012 de 8 de noviembre, establece que: “La legitimación pasiva, se constituye en el requisito esencial mediante el cual, la acción de libertad deberá ser dirigida contra la autoridad o persona particular que cometió el acto ilegal u omisión indebida, que ocasionó la lesión del derecho fundamental relacionado con la libertad física o la vida, cuando se encuentre ligada a dicho derecho fundamental. (…) Es decir que, para cumplir la legitimación pasiva en la acción de libertad, es ineludible: ‘…que el recurso sea dirigido contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida, o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales, su inobservancia neutraliza la acción tutelar e impide a este Tribunal ingresar al análisis de fondo de los hechos denunciados, ello debido a la falta de legitimación pasiva, calidad que de acuerdo a lo sostenido por la SC 0691/2001-R de 9 de julio, reiterada en las SSCC 0817/2001-R, 0139/2002-R, 1279/2002-R y otras, se adquiere por la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquélla contra quien se dirige la acción. En ese sentido se tienen, entre otras, las SSCC 0233/2003-R, 0396/2004-R, y 0807/2004-R’. De lo relacionado, se concluye que para la procedencia de la acción de libertad es imprescindible que la misma esté dirigida contra la autoridad que cometió el acto ilegal o la omisión indebida lesiva del derecho a la libertad; su inobservancia neutraliza la acción tutelar e impide a este Tribunal ingresar al análisis de fondo de los hechos denunciados” (las negrillas y el subrayado nos pertenecen). Por su parte, la SCP 1485/2014 de 16 de julio, señala que: “La legitimación pasiva se constituye en un requisito esencial para la activación de la acción de libertad, la misma identifica a la persona o autoridad que presuntamente vulneró algún derecho fundamental, debiendo dirigirse la acción tutelar contra el sujeto que lesionó los derechos, dicha exigencia radica en que, el sujeto infractor será pasible a las sanciones emergentes de las acciones u omisiones atribuidas a él” (las negrillas son nuestras). De modo que, en los casos que no exista esa directa vinculación del hecho con el demandado, la justicia constitucional se ve impedida de ingresar al análisis de los hechos denunciados, debido a la falta de legitimación pasiva, siendo necesario esa coincidencia entre la autoridad que presuntamente causó la lesión a los derechos reclamados y aquella contra la que se dirige la acción tutelar.
El accionante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad vinculado con el principio de celeridad y al acceso a una justicia pronta y oportuna, atribuyendo al Juez hoy accionado no remitir el cuaderno procesal al Juzgado de Sentencia de turno de la Capital del Departamento de La Paz, a objeto de realizarse las notificaciones a las partes procesales con el requerimiento conclusivo de acusación formal, la emisión del Auto de apertura de juicio y continuar con la tramitación del mismo, lo que provoca que su detención preventiva se extienda por más de dos años, cuando esa debía culminar en agosto de 2021, llegando a constituir dicha medida una pena anticipada. Identificada la problemática objeto de la presente acción de libertad, de antecedentes que cursan en el proceso constitucional, citados en el acápite de Conclusiones, se evidencia la apertura de una causa penal seguida contra el accionante por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, quien cumple detención preventiva dispuesta por Auto Interlocutorio 74/2021, emitiéndose Requerimiento Conclusivo de Acusación Formal 22/2021, emitido por la Fiscal de Materia a cargo de la investigación (Conclusión II.1.); así también, se tiene Certificado de Permanencia y Conducta CERT. 291/2022, correspondiente al accionante en el Centro Penitenciario de Patacamaya de La Paz desde el 3 de mayo de 2021 (Conclusión II.2.). Bajo ese contexto fáctico, resulta pertinente observar el desarrollo jurisprudencial glosado en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que instituye a la legitimación pasiva como un elemento ineludible para la tramitación de la acción de libertad, que si bien no se exigen formalidades rígidas en su presentación, requiere que el solicitante de tutela señale de manera clara y concreta la persona o funcionario público que presuntamente generó la lesión del derecho fundamental a la libertad, o cuando menos -cuando se trata de funcionarios o autoridades públicas, si no se le puede identificar por su nombre-, indique el cargo que ocupa para establecer que fue en el ámbito de sus funciones que se lesionó el derecho invocado y, en caso de evidenciarse la acción u omisión lesiva denunciada, este Tribunal ordene el cese de la amenaza, la restitución del derecho o la reparación del daño ocasionado, o el restablecimiento de las formalidades omitidas; de modo que, debe existir absoluta coincidencia entre los hechos denunciados y la persona o autoridad a quien se le atribuyen los mismos; caso contrario, resulta imposible para esta jurisdicción asumir una decisión sobre el problema jurídico planteado.
En ese entendido, en el caso de autos, se evidenció según el certificado de permanencia que el accionante estaría cumpliendo detención preventiva en el Centro Penitenciario de Patacamaya desde el 3 de mayo de 2021 (Conclusión II.2.); y, recayendo dicha causa en el Juzgado de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero del departamento de La Paz -del cual era titular -Gladys Bacarezza Morales-; en cuyo juzgado, el Juez ahora accionado hubiese cumplido suplencia legal; empero, sin que el cuaderno procesal y los antecedentes del caso que se pide se remitan, se encuentren a su cargo; por lo que, no existe coincidencia entre los hechos denunciados y la actuación de la autoridad accionada a quien se le atribuyen los mismos, a objeto de que este Tribunal Constitucional Plurinacional ordene la restitución de los derechos o el restablecimiento de las formalidades aparentemente omitidas. Asimismo, emergente de la refuncionalización de juzgados y numerosas denuncias e intervenciones del Juzgado de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, por el Consejo de la Magistratura debido a diferentes conflictos internos, al punto de activarse un proceso penal contra la titular del mismo -como señala el propio accionante en su memorial-, siendo intervenido el mismo, dicha instancia disciplinaria se constituyó en custodio de los antecedentes del proceso para su sorteo respectivo, disponiendo la remisión de las causas en esa situación a juzgados anticorrupción y de violencia recientemente creados -según la versión de la autoridad accionada expresado en audiencia-, donde además asevera que por información de funcionario públicos del Consejo de la Magistratura el proceso penal del accionante hubiese sido sorteado mediante Instructivo 3/2023 al “juzgado de Sentencia Contra la Violencia Hacia la Mujer N° 5” (sic); por lo que, el cuaderno procesal, al no encontrarse a cargo del Juez hoy accionado, mal podría este Tribunal Constitucional Plurinacional ordenar subsane dicha omisión, si no se constituye en el sujeto que vulneró sus derechos. Consecuentemente, en atención a que la legitimación pasiva necesariamente debe recaer sobre la autoridad que tiene la facultad de corregir una actuación irregular, la presente acción de libertad no fue dirigida correctamente contra la autoridad a cargo del proceso penal CUD 201102012103081, cuya causa hubiese sido sorteado por el Consejo de la Magistratura al Juzgado de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz, siendo que el Juez ahora accionado, si bien conoció en su momento la misma, fue en calidad de suplente legal del Juzgado de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del citado departamento, equivocando por parte del accionante identificar a la autoridad que puede reparar las irregularidades procesales y los derechos que reclama, debiendo la tutela pretendida ser denegada por falta de legitimación pasiva, impidiendo a este Tribunal Constitucional Plurinacional ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada respecto a los derechos alegados en la presente acción de libertad. Otras consideraciones
Dentro de la labor de revisión que efectúa este Tribunal Constitucional Plurinacional, en el marco de la atribución establecida por el art. 202.6 de la CPE; no obstante, la decisión asumida ut supra, no puede soslayar el reclamo del accionante en sentido que estuviera cumpliendo detención preventiva -según el certificado de permanencia y conducta 291/2022- desde el 3 de mayo de 2021, transcurriendo un año, once meses y dos días hasta la interposición de la presente acción de libertad, sin iniciarse el juicio oral, público y contradictorio, a pesar de la presentación del requerimiento conclusivo de acusación de 26 de agosto de igual año (Conclusiones II.1. y 2.), y si bien de acuerdo a lo informado por el Juez hoy accionado la causa junto a los expedientes que radicaban en el Juzgado de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, quedó en custodia del Consejo de la Magistratura, no es menos evidente un falta de control jurisdiccional con la consecuente dilación en la tramitación del proceso, al margen de los plazos procesales hasta la fase de juicio oral, público y contradictorio, ignorándose la obligación que tiene el Estado de asumir las medidas necesarias y precautelar ese tipo de situaciones a objeto de evitar la vulneración del derecho a una justicia pronta y oportuna, así como a concretar el fin y el valor último como es la justicia. Por lo expuesto, considerando el tiempo transcurrido entre la detención preventiva que cumple el accionante y la interposición de la presente acción, la autoridad jurisdiccional que se encuentre en conocimiento del caso signado con CUD 201102012103081 -Ministerio Público contra Edgar Cruz Mariaca Claure- tiene la obligación de efectuar el debido control de los plazos procesales relacionados con la duración de su detención preventiva, bajo responsabilidad. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 84/2023 de 6 de abril, cursante de fs. 17 a 19, pronunciada por el Juez de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela solicitada, por falta de legitimación pasiva, sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, conforme con el fundamento jurídico expuesto en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Ordenar por intermedio de Secretaria General de este Tribunal se remita una copia de este fallo constitucional a Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, instancia que deberá poner en conocimiento de la autoridad jurisdiccional a cargo de sustanciar el caso con Código Único de Denuncia 201102012103081 -Ministerio Público contra Edgar Cruz Mariaca Claure-, por el delito de violencia familiar o doméstica, a objeto de realizar el control jurisdiccional de la detención preventiva del nombrado, bajo responsabilidad, siempre y cuando a la fecha de la notificación con el presente fallo constitucional no hubiese cambiado su situación jurídica. Asimismo, remitir una copia al Consejo de la Magistratura, con la finalidad del seguimiento respectivo de la citada causa, en atención a que dicho expediente hubiese sido parte del proceso de refuncionalización. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1105_2026-S1.pdf · páginas 1 a 10.
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