Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 12 de septiembre de 2025
Concede la tutela
El accionante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad en relación al debido proceso en su componente fundamentación, motivación y congruencia; alegando que, dentro el proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas; el Vocal demandado, al emitir el Auto de Vista 40/2023 de 30 de marzo, no consideró los agravios postulados en su recurso de apelación, ni los nuevos elementos que adjuntó, por los cuales demostró que tiene a su cargo la manutención de su esposa y sus seis hijos, manteniendo su detención preventiva, sin realizar una ponderación de derechos respecto a los menores a su cargo. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: 1º REVOCAR la Resolución de 15 de abril de 2023, cursante de fs. 285 vta. a 290 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Potosí; y en consecuencia: 2º CONCEDER tutela demandada con relación al derecho al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia externa, vinculado a la libertad; dejando sin efecto el Auto de Vista 40/2023 de 30 de marzo, debiendo la autoridad demandada emitir uno nuevo considerando los fundamentos esgrimidos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Salvo que por el transcurso del tiempo la situación jurídica del accionante ya hubiera sido definida.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1105/2025-S3 Sucre, 12 de septiembre de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 54936-2023-110-AL Departamento: Potosí En revisión la Resolución de 15 de abril de 2023, cursante de fs. 285 vta. a 290 vta., pronunciada dentro la acción de libertad interpuesta por Edwin Mollo Alejandro contra Jorge Andrés Pérez Maita, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí.
Por memorial presentado el 14 de abril de 2023, cursante de fs. 3 a 9, el accionante expresó que:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, el 16 de agosto de 2022, se le impuso la medida cautelar de detención preventiva, misma que fue cuestionada en diversas actuaciones procesales, promovidas a objeto de la cesación de esa medida cautelar; llegando la Jueza de la causa a emitir el Auto Interlocutorio de 14 de marzo de 2023; por el que, declaró improcedente la cesación de la detención preventiva, mismo que fue impugnado mediante recurso de apelación incidental y resuelto por Auto de Vista 40/2023 de 30 de marzo, pronunciado por el Vocal ahora demandado, confirmando el citado Auto Interlocutorio. En la última audiencia, en la que se consideró su cesación de la detención preventiva, la sustentó en nuevos elementos que desvirtuaban los riesgos procesales concernientes al riesgo de fuga previsto en el art. 234.6 del Código de Procedimiento Penal (CPP), arguyendo que si bien existía otro proceso penal en el que, el hecho fue calificado como homicidio, lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito, su condición en este era de víctima; siendo el responsable Oscar Jesús Marcelo Canaza, quien se sometió a una salida alternativa aceptando su responsabilidad. Por otra parte, la petición de cesación fue fundada en el art. 239.1 del CPP, señalando que la medida extrema debe ser sustituida por otra menos gravosa; ya que tiene un núcleo familiar a su cargo, integrado por seis hijos, siendo el menor de ellos, solo de dos meses de edad; a ese efecto, adjuntó informe social de su grupo familiar, certificados de matrimonio y nacimiento, mismos que no fueron valorados por la autoridad demandada a quien; también se le insinuó la aplicación de la ponderación de derechos respecto a sus descendientes, lo que, en suma derivó en la inobservancia de los alcances de la SCP 0010/2018-S2 de 28 de febrero. Esos extremos no fueron considerados por el Vocal demandado, en la resolución cuestionada; asimismo, los agravios expuestos en su recurso no merecieron respuesta alguna.
Denunció la lesión de su derecho a la libertad en relación al debido proceso en su componente fundamentación, motivación y congruencia; citando al efecto el art. 115. II de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela ordenando se reponga su derecho a la libertad, debiendo en consecuencia la autoridad demandada, emitir un nuevo auto de vista disponiendo su libertad.
Celebrada la audiencia pública el 15 de abril de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 284 a 285 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su representante, ratificó el contenido íntegro del memorial de la acción de libertad y ampliándolo, refirió que: a) Para sustentar el riesgo de fuga contenido en el art. 234.6 del CPP, el Ministerio Público adjuntó un reporte que demostraba la existencia de otros dos procesos penales; empero, no se aclaró que, en uno de ellos tenía la condición de víctima; y en el segundo, respecto a un accidente de tránsito, el responsable que ocasionó ese hecho se sometió a una salida alternativa con resarcimiento del daño y ulterior cierre del proceso debido a su fallecimiento. Al respecto, existe ausencia de pronunciamiento por parte del Vocal recurrido; b) En su informe la autoridad demandada se limitó a transcribir el Auto de Vista cuestionado, sin justificar por qué no se observó el art. 124 del CPP; y, c) Los nuevos elementos presentados para demostrar que, no concurre el peligro procesal de fuga no merecieron pronunciamiento.
Jorge Andrés Pérez Maita, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, por informe escrito de 14 de abril de 2023, cursante de fs. 14 a 15, manifestó que: 1) El Auto Interlocutorio recurrido en apelación, estaba debidamente motivado y fundamentado como exige el art. 124 del CPP; por cuanto, los nuevos elementos no desvirtuaron el riesgo procesal establecido en el art. 234.6 del referido Código; 2) El Ministerio Público señaló que, el impetrante de tutela tenía otros dos procesos penales abiertos y si bien tanto el Juez a quo como su persona determinaron que en uno de ellos tenía la condición de víctima; en el otro relativo a un accidente de tránsito existía una acusación formal pese a que, el principal implicado fue sometido a salida alternativa y extinción de la acción penal por su fallecimiento, no se tiene constancia de la conclusión de esa causa respecto al accionante, por lo cual no estaba enervado el peligro de fuga del art. 234.6 del mencionado Código; y, 3) Con relación a la segunda vertiente, el recurrente simplemente presentó un informe social que, acredita el grupo familiar y en sus conclusiones señala que es el único que se hacía cargo del sustento de su familia. Al respecto, ese elemento no resultaba suficiente para disponer la aplicación de medidas cautelares menos gravosas.
El Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Potosí, constituido en Juez de garantías, por Resolución de 15 de abril de 2023; cursante de fs. 285 vta. a 290 vta., denegó la tutela impetrada; con base en los siguientes fundamentos: i) El Vocal demandado, de manera fundamentada y motivada, señaló los agravios expuestos por el accionante, no habiéndose desvirtuado la tesis del Ministerio Público respecto a la actividad reiterativa del prenombrado; por cuanto, existía un hecho de tránsito por el cual se encontraba con acusación, no habiéndose adjuntado documentos que permitan desvirtuar el art. 234.6 del CPP; ii) Respecto a la segunda vertiente, la autoridad demandada de manera clara señaló que, el impetrante de tutela presentó un informe social que acreditaba su grupo familiar, aquello no era suficiente para disponer la aplicación de medidas menos gravosas haciendo notar que los elementos familia, trabajo y domicilio ya fueron valorados y acreditados en anteriores audiencias; y, iii) El Vocal demandado, al emitir el Auto de Vista 40/2023, ahora cuestionado, identificó claramente los agravios planteados por el accionante, pronunciándose conforme el art. 398 del Código adjetivo penal, explicando su decisión de manera fundamentada y motivada, incluso las circunstancias que le llevaron a asumir esa determinación.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que, cursan en obrados se establece lo siguiente:
II.1. Por Auto Interlocutorio de 14 de marzo de 2023, emitido dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Edwin Mollo Alejandro por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, el Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia y de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Uyuni del departamento de Potosí, dispuso la improcedencia de la cesación de la detención preventiva de Edwin Mollo Alejandro -ahora accionante- (fs. 269 a 271). II.2. Cursa recurso de apelación incidental contra el citado Auto Interlocutorio de 14 de marzo de 2023, que fue resuelto mediante Auto de Vista 40/2023 de 30 de marzo, pronunciado por Jorge Andrés Pérez Maita, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí -ahora demandado-, declarando la improcedencia del citado recurso y confirmando en todo el Auto Interlocutorio recurrido (fs. 281 a 283).
El accionante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad en relación al debido proceso en su componente fundamentación, motivación y congruencia; alegando que, dentro el proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas; el Vocal demandado, al emitir el Auto de Vista 40/2023 de 30 de marzo, no consideró los agravios postulados en su recurso de apelación, ni los nuevos elementos que adjuntó, por los cuales demostró que tiene a su cargo la manutención de su esposa y sus seis hijos, manteniendo su detención preventiva, sin realizar una ponderación de derechos respecto a los menores a su cargo. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto, la SCP 0077/2012 de 16 de abril, señala que: “La jurisprudencia constitucional ha establecido en forma uniforme la observancia en el cumplimiento de las condiciones y formalidades que debe cumplir la resolución que disponga la detención preventiva de un imputado, exigencia que debe ser observada tanto por el juez cautelar como por el tribunal que resuelve la apelación de medidas cautelares. Así, la SC 1141/2003-R de 12 de agosto, reiterada por las SSCC 0434/2011-R y 0856/2011-R, entre otras, señaló que: ʽ...la aplicación de una medida cautelar de carácter personal en el ámbito procesal penal debe cumplir con las condiciones de validez legal, lo que significa que, la autoridad judicial competente, para adoptar la decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, está obligado a verificar y determinar la concurrencia de los requisitos previstos por el art. 233 CPP, para lo que deberá contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio Público con los elementos de prueba presentados sobre la concurrencia de los requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 234 y 235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar en derecho la decisión de aplicar la medida cautelar de carácter personal, pues tomando en cuenta que uno de los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho es la motivación de las decisiones de las autoridades públicas, el juez está obligado a expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basa su convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, así como el valor otorgado a los medios de prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado a expresar los presupuestos jurídicos que motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la descripción clara y objetiva de los elementos de convicción concurrentes’. En esta perspectiva, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, refiriéndose al cumplimiento de estos requisitos por parte de los tribunales que conocen la apelación de medidas cautelares, estableció lo siguiente: Ahora bien, la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar.
El deber de motivación de las resoluciones judiciales se constituye en un elemento fundamental del debido proceso, conforme lo desarrollado por la SC 0012/2006-R de 4 de enero que establece: “La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, (…) y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria; sin embargo, ello no supone que las decisiones jurisdiccionales tengan que ser exhaustivas y ampulosas o regidas por una particular estructura; pues se tendrá por satisfecho este requisito aun cuando de manera breve, pero concisa y razonable, permita conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez a tomar la decisión; de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la resolución; y así, dada esa comprensión, puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el ordenamiento; resulta claro que la fundamentación es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla”. Asimismo, la SCP 0107/2018-S3 de 10 de abril, expone que: “Ahora bien, con relación a los límites que deben observar los Tribunales de alzada, al momento de conocer y resolver los recursos de apelación presentados por las partes, en el marco de la aplicación de medidas cautelares el art. 398 del CPP, establece lo siguiente: ʽLos tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución’.
Sobre la norma legal precedente, la SCP 0077/2012 de 16 de abril concluyó lo siguiente: ʽ…los tribunales de alzada sólo pueden resolver y pronunciarse sobre los agravios expresados en la apelación, no pudiendo ir más allá de lo que la parte apelante no hubiere cuestionado respecto de la resolución apelada, dado que el ámbito en el que deben circunscribir su actuación es a resolver los aspectos impugnados de quien tiene derecho de recurrir.
(…)
En el marco de las normas legales citadas, aplicables al caso que se examina, se establece que el límite previsto por el art. 398 del CPP a los tribunales de alzada, de circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución, no implica que los tribunales de apelación se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución por la cual deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva…ʼ.
Más adelante, la SCP 1471/2012 de 24 de septiembre, respecto a este tema señaló: ʽ…ante la interposición de una apelación incidental de medidas cautelares o su sustitución, previo a la celebración de la audiencia de consideración, deberá asegurarse la notificación efectiva a las partes implicadas en el proceso, lo que implica además, que si el imputado se encuentra privado de su libertad, el tribunal de alzada, deberá garantizar su presencia en el verificativo, corriendo con los trámites de rigor para el efecto. Luego y una vez verificada la presencia de las partes, se dará inicio al mismo, otorgándoles la oportunidad de fundamentar oralmente sus alegatos, para finalmente emitir una resolución debidamente motivada, en la que, las autoridades jurisdiccionales, de un lado, deben dar respuesta a todos los agravios denunciados en la apelación; no correspondiendo por tanto, pronunciarse sobre aquellos no apelados, salvo que se trate de defectos absolutos, al no ser, estos últimos, susceptibles de convalidación; y de otro, tratándose de medidas cautelares, fundamentar sobre la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva, como es la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad autor o partícipe de un hecho punible; y la existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso y/u obstaculizará la averiguación de la verdad; sustento que imprescindiblemente deberán estar incluidos en la resolución de alzada; argumentos jurídicos que no pueden ser sustituidos por los relacionados por el a quo en el fallo impugnado; y menos dar lugar a la nulidad de obrados, por su falta de consideración’” (las negrillas fueron añadidas).
La SCP 1083/2014 de 10 de junio, estableció que: “La congruencia de las resoluciones judiciales amerita una comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y, segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión” (las negrillas fueron añadidas).
De los antecedentes del caso y lo establecido en audiencia de consideración de la presente acción tutelar; se tiene que, dentro el proceso penal instaurado por el Ministerio Público contra Edwin Mollo Alejandro -ahora accionante- por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, el imputado encontrándose en detención preventiva, generó varias actuaciones procesales tendientes a la cesación de dicha medida cautelar, hasta el estado de subsistir únicamente el riesgo procesal de fuga inserto en el art. 234.6 del CPP, en relación a la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-; a efecto de la cesación propuesta, conforme lo previsto en el art. 239.1 del CPP.
Es así que, en audiencia de 14 de marzo de 2023, el Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado Público de La Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Uyuni del departamento de Potosí, pronunció Auto Interlocutorio, declarando la improcedencia de la cesación de la detención preventiva impetrada por el imputado, hoy accionante, al haberse establecido la existencia de dos procesos penales instaurados por el Ministerio Público, contra Edwin Mollo Alejandro; el primero, por la presunta comisión del delito de homicidio, lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito, y el segundo, por la supuesta comisión del delito de conducción peligrosa y omisión de socorro (Conclusión II.1).
Interpuesto el recurso de apelación contra el citado Auto Interlocutorio; el Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Potosí -ahora demandado-, a través del Auto de Vista 40/2023 de 30 de marzo, declaró la improcedencia del recurso de apelación y confirmó el Auto Interlocutorio impugnado, dejando subsistente la medida cautelar de detención preventiva del recurrente (Conclusión II.2).
Identificado el problema jurídico planteado; se infiere que, el objeto procesal está centrado en la presunta vulneración del derecho al debido proceso en que hubiere incurrido el Vocal -ahora demandado-, al emitir el Auto de Vista 40/2023, que -al decir del accionante- carecería de una debida fundamentación, motivación y congruencia. En consecuencia, a objeto de establecer esta denuncia, corresponde precisar los agravios postulados por el accionante en su recurso de apelación incidental, mismos que son extraídos del referido Auto de Vista, al efecto se tiene lo siguiente: a) Acusa falta de fundamentación y motivación en el Auto Interlocutorio de 14 de marzo de 2023; por cuanto, solicitó su cesación de la detención preventiva al amparo del art. 239.1 del CPP, en sus dos vertientes, argumentando que con relación al requisito sustancial no se ha hecho ninguna objeción y con relación al peligro procesal establecido en el art. 234.6 del CPP, referido a la actividad delictiva reiterada o anterior del imputado, el Ministerio Público en audiencia de aplicación de medidas cautelares presentó reporte donde constaría que tendría dos procesos penales abiertos; situación por la que se hubiera fundado la existencia de este peligro procesal; b) Para desvirtuar el mismo, en audiencia de cesación de la detención preventiva, presentó fotocopias de dos procesos penales, y en uno de estos se acreditó que es víctima de un hecho de tránsito, encontrándose actualmente con acusación formal. Y con relación al segundo proceso, también por un hecho de tránsito ocurrido en Betanzos, en el que su persona no fue el protagonista, sino otra que conducía un vehículo que iba por delante, quien se declaró culpable solicitando una salida alternativa de suspensión condicional del proceso, falleciendo posteriormente; por lo que, se solicitó la extinción de la acción penal en dicho proceso; por consiguiente, este proceso estuviera cerrado. Sin embargo, el mencionado Tribunal de Sentencia Penal, no consideró estos aspectos; señalando que, no está acreditada la extinción del proceso en relación a su persona manteniendo vigente este peligro procesal; y, c) Respecto a la segunda vertiente del art. 239.1 del CPP, referida a que la detención preventiva sea sustituida por otra medida menos gravosa, a este efecto señaló que su familia compuesta de varios hijos, siendo el menor de solamente diez meses, dependen de él, ya que su esposa no trabaja, aspecto que acreditó con un informe social presentado en audiencia de cesación, tornándose conveniente que la medida extrema de la detención preventiva sea sustituido por otra menos gravosa.
En este contexto, el Vocal demandado a tiempo de emitir el Auto de Vista 40/2023, concluyó lo siguiente:
Refiriéndose a la solicitud de cesación de la detención preventiva, justifica la denegatoria alegando que, la prueba aportada no fue suficiente para acreditar la efectividad del art. 239.1 del CPP, siguiendo la línea del Tribunal a quo; considerando sin más razonamiento que el riesgo de fuga previsto en el art. 234.6 de citado Código adjetivo penal, se sustenta en la prueba producida por el Ministerio Público; consistente en la existencia de dos procesos penales anteriores contra Edwin Mollo Alejandro; que, fundaron ese riesgo de fuga, aunque en uno de estos resulta ser víctima y en el otro, relacionado también a un hecho de tránsito acontecido en la localidad de Betanzos, el cual se extingue por efecto de la salida alternativa de suspensión condicional del proceso en favor de Oscar Jesús Marcelo Canaza, que se declara responsable del hecho, y posterior extinción en razón de su muerte, sin conocerse si esta circunstancia procesal alcanza a Edwin Mollo Alejandro, o se acogió a alguna salida alternativa, con lo que se mantiene ese riesgo de fuga.
Respecto del segundo supuesto del art. 239.1 del CCP se presenta un informe psicosocial que, acredita un arraigo natural y en cuyas conclusiones y recomendaciones indica que el imputado era el único que se encargaba del sustento del hogar; sin embargo, considerada por el Tribunal de alzada, insuficiente para desvirtuar ese riesgo de fuga, sin mayor examen para verificar si este elemento de prueba fue contrariado por otro elemento probatorio.
Como se puede ver, el Auto de Vista 40/2023 examinado, no aporta examen propio del caso, solo se limita a reproducir los argumentos esgrimidos por el Tribunal a quo, concluyendo que fue pronunciado con la debida motivación y fundamentación, lo que importa vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos de motivación y fundamentación, cuyos razonamientos glosados en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, de manera uniforme concluyen en lo sustancial que, es un deber de los Tribunales de apelación que, conocen medidas cautelares, emitir fallos debidamente fundamentados, motivados y congruentes en resguardo del derecho al debido proceso; argumentos que, deben estar claramente plasmados en la resolución de alzada, que no pueden ser sustituidos por reproducciones de los argumentos desarrollados en la resolución impugnada, como aconteció en el caso en análisis; razón por la que, en este tópico corresponde conceder la tutela demandada.
La omisión antes advertida, a su vez evidencia una falta de congruencia externa que, conforme al razonamiento jurisprudencial contenido en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, constituye el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia entre el planteamiento de las partes y lo resuelto por las autoridades judiciales; por cuanto, el Auto de Vista 40/2023, al limitarse a reproducir los argumentos del Auto Interlocutorio recurrido, no respondió en la dimensión pretendida los puntos de agravio postulados por el ahora accionante en su recurso de apelación incidental, mereciendo en consecuencia conceder tutela también en este aspecto.
En consecuencia, el Juez de garantías, al haber denegado la tutela impetrada, no obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: 1º REVOCAR la Resolución de 15 de abril de 2023, cursante de fs. 285 vta. a 290 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Potosí; y en consecuencia: 2º CONCEDER tutela demandada con relación al derecho al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia externa, vinculado a la libertad; dejando sin efecto el Auto de Vista 40/2023 de 30 de marzo, debiendo la autoridad demandada emitir uno nuevo considerando los fundamentos esgrimidos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Salvo que por el transcurso del tiempo la situación jurídica del accionante ya hubiera sido definida. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1105_2025-S3.pdf · páginas 1 a 11.
Huella digital del PDF (SHA-256): dbcca07b0ecd5568aefb4901f9c4e81eb4324dec10ea3d68604995146c4fd260
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