Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 12 de septiembre de 2025
Deniega la tutela
El accionante a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus componentes de fundamentación, motivación y congruencia, y al acceso a la justicia, así como el principio de presunción de inocencia; aduciendo que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Nelly Isabel Loayza Heredia, en su contra, por la presunta comisión del delito de abuso sexual agravado: 1) La Jueza demandada, al emitir el Auto Interlocutorio de 14 de diciembre de 2022, no efectuó una dirección eficiente en el control de la causa, permitiendo que se suspenda dicho actuado procesal en varias oportunidades; asimismo, no explicó qué valor le otorgó al análisis desplegado por la defensa en la audiencia de cesación de la detención preventiva; y, 2) Por su parte, el Vocal demandado, al pronunciar el Auto de Vista de 2 de febrero de 2023, no realizó un análisis intelectivo mínimo al respecto, causando duda al señalar información imprecisa y generalizada, carente de vinculación directa con los elementos probatorios considerados en el fallo inferior. En suma, ambas autoridades, no efectuaron una valoración integral de los elementos probatorios que puso a su consideración, lesionando la motivación establecida en el art. 124 del CPP. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 05 de 10 de marzo de 2023, cursante de fs. 433 vta. a 436, pronunciada por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos esgrimidos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1104/2025-S3 Sucre, 12 de septiembre de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 54902-2023-110-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 05 de 10 de marzo de 2023, cursante de fs. 433 vta. a 436, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Amalia Isabel Morales Salazar en representación sin mandato de Romel Justo Oliva Morales contra José Emerson Figueroa Morales, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, Ana María Paz Irusta, Jueza Pública de Familia, de la Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primera de Warnes del mismo departamento.
Por memorial presentado el 9 de marzo de 2023, cursante a fs. 1 y 396 a 411 vta., el accionante a través de su representante, expresó que:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Nelly Isabel Loayza Heredia en su contra, por la presunta comisión del delito de abuso sexual agravado, previsto y sancionado por el art. 312 del Código Penal (CP); en audiencia de aplicación de medidas cautelares, la autoridad jurisdiccional, mediante Auto Interlocutorio 829/2021 de 21 de diciembre, dispuso su detención preventiva por el lapso de cuatro meses, señalando audiencia a efecto de resolver su situación jurídica, para el 21 de abril de 2022. Posteriormente, el 14 de diciembre del mismo año, la Jueza Pública de Familia, de la Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz -ahora codemandada-, celebró la audiencia de cesación de la medida extrema, resolviendo rechazar la misma, sin modificar su situación personal; sin embargo, no efectuó una dirección dinámica, eficaz y eficiente en el control de la causa, permitiendo que se suspenda dicho actuado procesal en varias oportunidades; además, no explicó qué valor le otorgó al análisis desplegado por su defensa en la citada audiencia. En instancia de alzada, el Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento -codemandado ahora Vocal de la Sala Penal Primera- al pronunciar el Auto de Vista 42 de 2 de febrero de 2023, no realizó un análisis intelectivo mínimo al respecto, causando duda al mencionar información imprecisa y generalizada, carente de vinculación directa con los elementos probatorios considerados en el fallo inferior; puesto que, la emisión de una resolución debidamente fundamentada, motivada y congruente, implica resguardar los derechos y garantías de las partes procesales; máxime si en este caso, se dispuso mantener su detención preventiva.
Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en sus componentes de fundamentación, motivación y congruencia, y al acceso a la justicia, así como el principio de presunción de inocencia, citando al efecto los arts. 115, 119, 178 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela, “…declarándola PROCEDENTE, con la condena de daños y perjuicios hacia los acciona[dos] en previsión del Art.50 del Cod. Proc. Constitucional, a los fines del Art. 39 del citado compilado Constitucional…” (sic).
Celebrada la audiencia pública virtual el 10 de marzo de 2023, según consta en acta cursante de fs. 429 a 433 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado, reiteró los términos de su acción tutelar, y ampliándola expresó que: a) En relación al peligro de fuga, el Vocal demandado, solamente mantuvo el domicilio, omitiendo el principio de favorabilidad en relación a una ponderación razonable, crítica, lógica y legal que no esté por debajo del art. 116 de la CPE; puesto que, cuando se señala que el domicilio no cumple con ciertas expectativas como ser las verificaciones que debe haberse efectuado por un Notario de Fe Pública, esta situación ya fue de alguna manera superada por el art. 234.8 del Código de Procedimiento Penal (CPP) última parte y la jurisprudencia constitucional, tiene que ser una valoración integral de la documentación correspondiente; es decir, no se puede establecer que no se presentó la verificación domiciliaria; b) Por ello, se vulneró el principio de legalidad establecido en la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 8 de mayo de 2019-, con relación al citado artículo, en su motivación interna y externa; por cuanto, los razonamientos expedidos por las autoridades demandadas, no tienen lógica jurídica racional que pueda determinar la detención preventiva de una persona, simplemente por aspectos técnicos, no pudiendo dar lugar no solo a la cesación de dicha medida extrema, sino también al hecho que se pueda modificar su situación jurídica por otras medidas menos gravosas; y, c) Los fallos emitidos por las autoridades demandadas, no efectuaron una valoración integral de los elementos probatorios que puso a su consideración, lesionando la motivación establecida en el art. 124 del CPP; por lo que, solicitó se conceda la tutela, “…en relación a la motivación que surge de la resolución que ha dictado del Juez que ha conocido la apelación pertinente, se determine se dicte una nueva resolución, considerando los elementos de motivación tanta interna y externa que establece que se ha vulnerado derechos constitucionales…” (sic).
José Emerson Figueroa Morales, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -anteriormente Vocal de la Sala Penal Segunda-, el 10 de marzo de 2023, presentó informe escrito cursante a fs. 428 y vta., manifestando que: 1) Se ratificó en todos los fundamentos normativos y fácticos, así como en la decisión asumida en el Auto de Vista 42 que emitió, cuando formaba parte de la Sala Penal Segunda del citado Tribunal; 2) Del análisis del Auto Interlocutorio de 14 de diciembre de 2022, en cuanto al elemento domicilio previsto en el art. 234.1 del CPP, la Jueza a quo observó que no se presentó una verificación domiciliaria realizada por notario de fe pública, investigador asignado al caso o personal del juzgado donde se halla radicada la presente causa; siendo una observación enmarcada dentro de los parámetros de una debida y adecuada fundamentación; 3) Aplicando la sana crítica y considerando el hecho que existiría cierta generalidad y no exactitud en los datos proporcionados para el domicilio, y siendo necesario que exista una verificación del mismo, para poder constatar su existencia física y verificar si realmente el imputado vivirá ahí a futuro, la autoridad judicial hizo una adecuada y correcta valoración de los elementos presentados, aplicando la norma al caso concreto, emitiendo una resolución correcta, al no haberse acreditado el domicilio; 4) En cuanto al elemento trabajo, la Jueza de la causa incurrió en un excesivo celo, al exigir que la documentación este acompañada de una licencia de funcionamiento de la empresa empleadora actualizada; si bien dicho documento no se encuentra renovado, al haber vencido el 22 de septiembre de 2022; no obstante, existen elementos más que suficientes que acreditan el legal funcionamiento de dicha entidad, en cuyo contrato de referencia, el empleador contrató a futuro al accionante; 5) Sobre la observación que hizo la autoridad jurisdiccional de que el sueldo no le alcanzaría para cubrir la asistencia familiar y otros elementos; son aspectos ajenos a una valoración para acreditar una fuente laboral, no debiendo ser considerados, sino esencialmente la existencia de la misma, el vínculo entre empleador y empleado, situación materializada en el presente caso; por lo que se tiene acreditado el trabajo; 6) En cuanto al art. 234.2 del CPP, al no haberse desvirtuado en su totalidad el art. 234.1 de dicho Código, no existiendo aun un arraigo natural debidamente enervado y no haberse presentado elementos como el flujo migratorio para establecer que no tendría facilidades para abandonar el país, ese riesgo procesal se mantiene subsistente; 7) Respecto al art. 234.7 del Adjetivo Penal, la Jueza inferior consideró el vínculo cercano entre la víctima y el agresor, tomando en cuenta también que el imputado sería una persona que constantemente estaría consumiendo bebidas alcohólicas, pudiendo causar alguno tipo de daño a la víctima o la denunciante; por lo cual, dicha autoridad actuó de manera correcta, valorando adecuadamente la subsistencia de ese riesgo procesal; y, 8) Respeto a las modificaciones de la Ley 1173 y la SCP “0054/2002-S3”, con relación a lo establecido con el art. 239.2 del CPP, el cual es aplicable solo durante la etapa preparatoria y no en la de juicio oral, donde para acceder al beneficio de cesación de la detención preventiva, debe desvirtuar los riesgos procesales, conforme al art. 239.1 del aludido Código; en tal virtud, el fundamento emitido por la autoridad judicial, es correcto y se ajusta a los presupuestos de una debida motivación, al haber adecuado la norma aplicable al caso y efectuar una valoración integral de los antecedentes de esta causa; por lo que, solicitó se deniegue la tutela impetrada. Ana María Paz Irusta, Jueza Pública de Familia, de la Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz, en audiencia de garantías sostuvo que, encontrándose el presente caso en etapa de juicio oral, se señaló audiencia para el 6 de marzo de 2023, la misma que se suspendió ante la inasistencia del abogado del acusado, fijándose otro actuado similar para el próximo 20 de igual mes y año, siendo legalmente notificadas las partes; por lo cual, con base en el art. 47 del Código Procesal Constitucional (CPCo), solicitó se rechace esta acción tutelar; toda vez que, no existe ninguna resolución por resolver, debiendo denegarse la tutela impetrada.
La representante del Ministerio Público, en audiencia de garantías, señaló que: i) El presente proceso fue llevado conforme a procedimiento establecido en la norma adjetiva penal, no se evidenció ningún acto procesal que sea vulneratorio a los derechos del accionante y le cause algún agravio; por el contrario, fue sujeto de control jurisdiccional desde el primer momento del inicio de la acción penal por parte de la autoridad judicial, llevándose a cabo la audiencia de medidas cautelares, donde se dispuso su detención preventiva; y, ii) La Resolución emitida por la Jueza a quo fue confirmada por el Vocal que conoció la apelación incidental, salvando el reconocimiento del arraigo natural en cuanto al domicilio; los demás riesgos procesales fueron confirmados y se hallan adecuadamente fundamentados, en el marco de la jurisprudencia constitucional, encontrándose el proceso en la etapa de juicio oral, y recién ahora el peticionante de tutela pretende señalar que fue agraviado en sus derechos, considerando que más bien es un acto dilatorio; por lo que, solicitó se “rechace” la acción de libertad.
Carlos Almanza, representante de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, en audiencia de garantías sostuvo que, la fundamentación realizada por las autoridades demandadas, se efectuó conforme lo establece el art. 124 del CPP; y, la valoración de las pruebas se hizo de acuerdo a lo previsto en el art. 173 del citado Código, pronunciándose en virtud al art. 235.3 de dicha normativa penal; tomando en cuenta que, se trata de un delito de agresión sexual a una menor, actuando acorde con el protocolo de perspectiva de género, al ser considerada la misma dentro de un grupo vulnerable; solicitando se pueda denegar la tutela impetrada.
La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituida en Tribunal de garantías, mediante Resolución 05 de 10 de marzo de 2023, cursante de fs. 433 vta. a 436, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: a) Respecto a la primera cuestión específica alegada por el accionante, relacionado al riesgo procesal de fuga previsto en el art. 234.1 del CPP, en cuanto al domicilio, debe considerarse las exigencias del momento procesal en el que se encuentra la causa, conforme al art. 221 del citado Código que es la etapa de juicio oral; así, para permanecer la detención preventiva, deben mantenerse los riesgos procesales, debiendo la parte que pretende cesar la medida extrema, vencer los mismos con una carga argumentativa suficiente, que en el caso que nos ocupa no se cumplió. En consecuencia, la decisión judicial tanto de la Jueza a quo, como del Tribunal de alzada en su momento, es razonable y está debidamente motivada y no vulnera el debido proceso, ni el derecho a la libertad; b) Las autoridades demandadas efectuaron un análisis en su resolución desde la perspectiva de género; fallo bastante claro en cuanto a las sentencias constitucionales aplicables al caso, siendo evidente que a esta altura del proceso lo que corresponde es el juicio oral, bajo los términos de protección reforzada a los menores de edad, donde el uso de la cámara Gesell es obligatorio; en tal sentido, con relación al segundo reclamo traído por el peticionante de tutela, tampoco tiene asidero normativo, ni está vinculado a una motivación arbitraria; y, c) En este tipo de resoluciones sobre el tema de legitimación pasiva, la demanda debe dirigirse exclusivamente contra el fallo de segunda instancia; ya que, las Salas Penales tienen competencia para determinar si existe o no vulneraciones a la legalidad ordinaria y al debido proceso, con la obligación de los vocales de fundamentar debidamente sus fallos, de acuerdo al art. 124 del CPP; en mérito a ello, respecto al Auto Interlocutorio de 14 de diciembre de 2022 emitido por la Jueza a quo, no se verificó la transgresión de ningún derecho denunciado.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:
II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Nelly Isabel Loayza Heredia contra Romel Justo Oliva Morales -ahora accionante-, por la presunta comisión del delito de abuso sexual agravado, previsto y sancionado por el art. 312 del CP; en audiencia de cesación de la detención preventiva, la Jueza Pública de Familia, de la Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz -ahora codemandada-, emitió el Auto Interlocutorio de 14 de diciembre de 2022, resolviendo rechazar la solicitud impetrada, en tanto el peticionante de tutela no desvirtúe los riesgos procesales y motivos que fundaron la imposición de la medida extrema. Asimismo, ante la solicitud de complementación, aclaración y enmienda del prenombrado, la Jueza a quo resolvió no ha lugar a dicha pretensión (fs. 274 a 281 vta.). II.2. En audiencia de apelación incidental, el entonces Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento -codemandado, ahora Vocal de la Sala Penal Primera-, pronunció el Auto de Vista 42 de 2 de febrero de 2023, declarando admisible y procedente en parte la impugnación interpuesta por el impetrante de tutela; en consecuencia, revocó en parte el Auto Interlocutorio de 14 de diciembre de 2022, acreditándose el elemento trabajo, manteniéndose el riesgo procesal del art. 234.1 del CPP, elemento domicilio, así como los arts. 234.2 y 7, y 235.2 del citado Código (fs. 412 a 417 vta.).
El accionante a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus componentes de fundamentación, motivación y congruencia, y al acceso a la justicia, así como el principio de presunción de inocencia; aduciendo que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Nelly Isabel Loayza Heredia, en su contra, por la presunta comisión del delito de abuso sexual agravado: 1) La Jueza demandada, al emitir el Auto Interlocutorio de 14 de diciembre de 2022, no efectuó una dirección eficiente en el control de la causa, permitiendo que se suspenda dicho actuado procesal en varias oportunidades; asimismo, no explicó qué valor le otorgó al análisis desplegado por la defensa en la audiencia de cesación de la detención preventiva; y, 2) Por su parte, el Vocal demandado, al pronunciar el Auto de Vista de 2 de febrero de 2023, no realizó un análisis intelectivo mínimo al respecto, causando duda al señalar información imprecisa y generalizada, carente de vinculación directa con los elementos probatorios considerados en el fallo inferior. En suma, ambas autoridades, no efectuaron una valoración integral de los elementos probatorios que puso a su consideración, lesionando la motivación establecida en el art. 124 del CPP. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Respecto a los límites que deben observar los tribunales de alzada, al momento de conocer y resolver los recursos de apelación presentados por las partes, en el marco de la aplicación de medidas cautelares, el art. 398 del CPP, establece lo siguiente: “Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución” (las negrillas son agregadas). Sobre la norma legal precedentemente referida, la SCP 0077/2012 de 16 de abril, concluyó que: “…los tribunales de alzada sólo pueden resolver y pronunciarse sobre los agravios expresados en la apelación, no pudiendo ir más allá de lo que la parte apelante no hubiere cuestionado respecto de la resolución apelada, dado que el ámbito en el que deben circunscribir su actuación es a resolver los aspectos impugnados de quien tiene derecho de recurrir” (el resaltado y subrayado es nuestro). Asimismo, la SCP 0011/2018-S2 de 28 de febrero, sostuvo que: “…el deber de fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales también ataña a los tribunales de apelación; sobre el particular, la jurisprudencia constitucional recalcó la importancia que los tribunales de segunda instancia fundamenten sus decisiones, debido a que en los hechos hacen una revisión de la resolución del inferior, teniendo especial importancia la determinación del tribunal de apelación que revisa una resolución que ha impuesto, revocado, modificado una medida cautelar o que sustituye u ordena la cesación de una detención preventiva por su vinculación con los derechos a la libertad y a la presunción de inocencia” (las negrillas son añadidas). Por otra parte, la SCP 0903/2012 de 22 de agosto, sostuvo lo siguiente: “…la fundamentación y motivación de una resolución que resuelva cualquier conflicto jurídico, no necesariamente implica que la exposición deba ser exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al contrario una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integre en todos los puntos demandados, donde la autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa, exponga de forma clara las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal y citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución; en suma se exige que exista plena coherencia y concordancia entre la parte motivada y la parte dispositiva de un fallo”. Entendimiento que fue reiterado por la SCP 0005/2020-S3 de 2 de marzo, añadiendo que: «Los entendimientos asumidos por la jurisprudencia constitucional, resultan aplicables a todos los fallos que resuelven cuestiones de fondo, indistintamente si son emitidos por autoridades judiciales en primera o segunda instancia, siendo deber de las mismas cumplir indefectiblemente con las exigencias de la motivación y fundamentación como elementos del debido proceso, entre otros. Sobre este particular la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Tristán Donoso Vs. Panamá sostuvo que: “…la motivación ‘es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión’. El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática”; en tal sentido, se tiene que la motivación debe ser entendida como la justificación razonada de los fallos mediante la cual el juzgador arriba a una conclusión y asume una decisión; imperativo por el que toda resolución debe contener el desarrollo de los razonamientos por los cuales se emite el pronunciamiento vinculados con cada uno de los asuntos sometidos a la decisión del juzgador, esto es, las razones fácticas y circunstancias de hecho y probatorias que sustenten la determinación asumida, constituyendo por ende la motivación de todo fallo un deber fundamental inexcusable al momento de resolver los asuntos que conozcan. Por otra parte, la fundamentación constituye la estructura jurídico-legal que sustenta los entendimientos expresados por el administrador de justicia, quien recurre sistemáticamente a las normas del ordenamiento jurídico a objeto de resolver las causas sujetas a su conocimiento, ello implica que las razones fácticas o criterios que son parte de la motivación se subsumen a la norma aplicable al caso, configurando ello los razonamientos legales de la decisión» (las negrillas corresponden al texto original).
Al respecto, la SCP 0538/2012 de 9 de julio, expresó lo siguiente: “Conforme prevén los arts. 233 y 239.1 del CPP, se ponderan elementos de convicción suficientes que determinen que el imputado es con probabilidad autor o partícipe del hecho y que no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad; situación que puede ser modificable y fijar su cesación, cuando nuevos elementos de juicio demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente su sustitución. Ahora bien, importa referirse a la valoración de la prueba; aplicable también a en estos casos, al pertenecer a la jurisdicción ordinaria. Al respecto, este Tribunal de manera reiterada y constante, expresó que la valoración de la prueba en las solicitudes de cesación a la detención preventiva, es atribución exclusiva de la jurisdicción ordinaria, concerniéndole excepcionalmente a la jurisdicción constitucional revisar si dicha labor se enmarcó en los principios que la regula, así como los de razonabilidad y equidad, más no efectuarla, así lo determinó el Tribunal Constitucional a través de la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, al señalar: ‘…debe precisarse que el control de constitucionalidad, solamente puede operar en la medida en la cual se cumplan los siguientes presupuestos a saber: a) Exista un apartamiento flagrante de los principios de razonabilidad, proporcionalidad y objetividad; ó b) La autoridad jurisdiccional o administrativa, incurra en una conducta omisiva, que se traduzca en dos aspectos concretos a saber: i) No recibir los medios probatorios ofrecidos, ii) No compulsar los medios probatorios producidos, entonces, siguiendo el razonamiento ya plasmado en las SSCC 0873/2004-R, 0106/2005-R, 0129/2004-R, 0797/2007-R y 0965/2006-R entre otras, se tiene que solamente en el caso de cumplirse los presupuestos antes citados puede operar el control de constitucionalidad para restituir así los derechos fundamentales afectados, en consecuencia, el incumplimiento de los parámetros establecidos supra, generaría que el órgano contralor de constitucional adquiera una disfunción tal que lo convertiría en una instancia casacional, situación que no podría ser tolerada en un Estado Constitucional’, líneas jurisprudenciales reiteradas por las SSCC 0019/2012-R, 0880/2011-R y 0222/2010-R. De lo referido, se establece que solo en el caso de cumplirse los presupuestos señalados, puede operar el control de constitucionalidad para la restitución de los derechos vulnerados, entre tanto, no concurran los mismos, el Tribunal Constitucional Plurinacional no puede realizar una valoración probatoria (SC 1926/2010-R de 25 de octubre). Asimismo la SC 0779/2011-R de 20 de mayo estableció: ‘La valoración de los elementos que sustentan las decisiones de las autoridades judiciales de la jurisdicción ordinaria, es facultad privativa de ellas, en virtud a los principios de legalidad e inmediación que hacen tanto a su incorporación como a su ponderación tomando en cuenta el objeto a probar; es decir, su pertinencia, así como su oportunidad. No es posible rehacer ese equilibrio a través de la lectura de actas, incurriendo en meros subjetivismos, pues de así hacerlo, este Tribunal, se convertiría en una instancia revisora de la actividad valorativa probatoria de otra jurisdicción, situación que resultaría contradictoria con los fines específicos que esta instancia debe cumplir en su calidad de contralor de la constitucionalidad’” (las negrillas corresponde al texto original). Entendimiento reiterado por la SCP 0221/2018-S3 de 14 de junio.
La SCP 0281/2012 de 4 de junio, expresó los siguientes entendimientos: “Los principios de legalidad e inmediación, rigen la actividad de la jurisdicción ordinaria en lo que respecta a la incorporación y ponderación de los elementos o prueba que sustentan sus decisiones, en función de su pertinencia y oportunidad. En materia procesal penal, la imposición de una medida cautelar personal o real, obedece a garantizar el cumplimiento de la ley, el desarrollo del proceso, el descubrimiento de la verdad histórica de los hechos y la presencia del imputado -carácter instrumental-; la imposición de las mismas se rige esencialmente por la concurrencia de los requisitos que establece la norma adjetiva penal, correspondiendo al juez o tribunal que ejerza el control jurisdiccional de la investigación valorar o sopesar la concurrencia de los suficientes elementos de convicción que hagan procedente la aplicación de la medida cautelar, su cesación y/o modificación. En ese marco, no corresponde a la jurisdicción constitucional efectuar la función de ponderación que compete única y exclusivamente a los jueces y tribunales que tienen a su cargo la causa; en el entendido, que este Tribunal tiene por función exclusiva ejercer el control de constitucionalidad y resguardar el respeto de los derechos reconocidos en la Constitución Política del Estado y en la ley y no así la ponderación de los suficientes elementos que motivaron la imposición o no de una medida cautelar, como sería el caso de la detención preventiva. Teniendo presente que las medidas cautelares tienen carácter provisional, la resolución que la impuso no causa ejecutoria, dado que son revisables aún de oficio, pudiendo modificarse por otra que sea más o menos grave, o inclusive prescindir de ellas -art. 250 del CPP-. Por cuanto, la cesación de la medida cautelar, sólo será procedente cuando hubieren variado o cambiado los motivos o circunstancias que dieron lugar a su imposición -art. 239 del CPP-, determinación que será asumida previa compulsa de los mismos por el juez o tribunal que tenga a su cargo el control jurisdiccional de la investigación” (el resaltado es propio).
De la compulsa de los antecedentes que cursan en el expediente, se llega a evidenciar que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Nelly Isabel Loayza Heredia contra Romel Justo Oliva Morales -ahora accionante-, por la presunta comisión del delito de abuso sexual agravado; en audiencia de cesación de la detención preventiva, la Jueza Pública de Familia, de la Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz -hoy codemandada-, emitió el Auto Interlocutorio de 14 de diciembre de 2022, resolviendo rechazar la solicitud impetrada, en tanto el peticionante de tutela no desvirtúe los riesgos procesales y motivos que fundaron la imposición de la medida extrema; y ante el pedido de complementación, aclaración y enmienda por parte del prenombrado, la Jueza a quo resolvió no ha lugar a dicha pretensión. En mérito a esa determinación, el impetrante de tutela formuló apelación incidental; a tal efecto, el entonces Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento -ahora codemandado, Vocal de la Sala Penal Primera-, en audiencia pronunció el Auto de Vista 42 de 2 de febrero de 2023, declarando admisible y procedente en parte la impugnación planteada; en consecuencia, revocó en parte el Auto Interlocutorio de 14 de diciembre de 2022, acreditándose el elemento trabajo, manteniéndose el riesgo procesal del art. 234.1 del CPP, elemento domicilio, así como los arts. 234.2 y 7, y 235.2 del citado Código. Antes de analizar al fondo del caso, es menester aclarar que, si bien el solicitante de tutela cuestionó las actuaciones tanto de la Jueza a quo como del Vocal codemandado; sin embargo, el análisis de este Tribunal se efectuará a partir de la última decisión emitida en sede de la jurisdicción ordinaria, vale decir, del Auto de Vista 42; en razón a que, la posible omisión en la que habría incurrido la Jueza inferior al momento de dictar su resolución, ya fue considerada por el aludido Tribunal ad quem; por lo que, no es posible que esta jurisdicción constitucional dicte un nuevo criterio al respecto, caso contrario se estaría desconociendo la labor revisora de los tribunales de alzada, en el conocimiento y sustanciación de los recursos de apelación formulados por las partes. De igual forma, se debe precisar que, si bien en la presente causa, se demandó únicamente a José Emerson Figueroa Morales, quien era el Vocal que emitió el Auto de Vista 42, cuando cumplía funciones en la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -ejerciendo ahora labores en la Sala Penal Primera-; y, no así al actual Vocal de la Sala Penal Segunda del mencionado Tribunal, quien en todo caso, sería la autoridad a la que le correspondería emitir un nuevo fallo en caso de otorgarse la tutela pretendida; sin embargo, en las acciones de libertad, en virtud a la flexibilización de la legitimación pasiva, no es necesario identificar plenamente al sujeto pasivo o al autor de la restricción o amenaza del derecho, sino la existencia de la ilegal privación de libertad o de su amenaza, para la restitución inmediata del derecho transgredido, conforme al entendimiento asumido en la SCP 0326/2018-S2 de 9 de julio. Ahora bien, ingresando a examinar el fondo del presente caso, con el fin de establecer si las denuncias expresadas por el accionante, respecto a la lesión de la motivación en el fallo de alzada, y la carencia de valoración integral de los elementos probatorios presentados, entre otros argumentos, corresponde en primera instancia identificar los agravios expresados en el recurso de apelación incidental interpuesto por el prenombrado, los cuales se hallan consignados en la audiencia de apelación, coligiéndose lo siguiente:
i) La Resolución emitida por la Jueza a quo, tendría incongruencias internas y externas, al no observar el principio de legalidad y los aspectos inherentes a los arts. 178 y 180 de la CPE, en cuanto a la seguridad jurídica; puesto que, en audiencia presentó como elemento probatorio un certificado médico forense, el cual establece que la supuesta víctima no tiene ninguna lesión; aspecto que no fue tomado en cuenta por la autoridad jurisdiccional y vulneró la motivación prevista por la jurisprudencia, para determinar de qué manera la misma descartó dicho elemento, que va contra el art. 173 del CPP; ii) La citada autoridad en su fallo señaló que, en cuanto al riesgo procesal referido al trabajo, no podrá cubrir la asistencia familiar a la que fue supeditado; sin embargo, se descartó esa situación al presentar documentación pertinente, la cual determina que trabajará cuando adquiera su libertad, con un contrato a futuro; lo que se adecúa dentro del contexto del art. 4 de la Ley General del Trabajo (LGT), por encima del Código de Procedimiento Penal. En cuanto al domicilio, refirió que no podía haber acreditado, porque no estaba presente el dueño de casa; empero, la misma se establece en relación a los contratos, según lo determinado en los arts. 450 y 519 del Código Civil (CC); situación que no se puede desconocer, caso contrario se estaría vulnerando la publicidad y la documentación que acredita el derecho de la legítima propiedad del arrendatario en relación al arrendador; por lo que, habría desvirtuado esos dos riesgos procesales; y, iii) En cuanto al art. 234.7 del CPP, la Jueza inferior indicó que sería un peligro efectivo para la víctima y podría incidir, por lo cual debía mantenerse su detención preventiva; esta situación, lesiona la presunción de inocencia establecido en los arts. 6 del citado Código y 116 de la Norma Suprema, ya que la jurisprudencia estableció que no se puede fundar una detención preventiva con base a suposiciones y elementos subjetivos; a tal efecto, conforme al art. 239.1 del Adjetivo Penal, presentó el mencionado certificado médico forense; asimismo, se venció el plazo en relación a los cuatro meses de detención, y pese a que se presentó ampliación de dicha medida; no se justificó bajo que argumento se podría ampliar, conculcando el art. 115 de la CPE.
A su turno, el Vocal demandado a través del Auto de Vista de 42, declaró inadmisible y procedente en parte el recurso de apelación incidental formulado; revocando en parte el Auto Interlocutorio de 14 de diciembre de 2022, acreditándose el elemento trabajo, manteniéndose el riesgo procesal del art. 234.1 del CPP (elemento domicilio), así como los arts. 234.2 y 7, y 235.2 del citado Código, expresando los siguientes fundamentos: a) Tomando en cuenta que en el presente caso la víctima es menor de edad, el Estado obliga a las autoridades judiciales a juzgar aplicando una perspectiva de género, debiendo dar una prioridad y protección reforzada en casos de delitos contra menores de edad; b) La Jueza a quo, aplicó la sana crítica y tomó en cuenta el hecho que existiría cierta generalidad y no exactitud en los datos proporcionados para el domicilio, siendo necesario que se efectúe una verificación del mismo para poder constatar su existencia física y determinar si realmente en ese domicilio vivirá a futuro el peticionante de tutela; en tal sentido, se evidencia que la autoridad jurisdiccional hizo una adecuada y correcta valoración de estos elementos presentados, aplicando la norma al caso concreto, emitiendo una resolución correcta, enmarcada dentro los parámetros de una debida y adecuada fundamentación, al no haber acreditado el domicilio; c) En cuanto al elemento trabajo, la Jueza de la causa incurrió en un excesivo celo, al exigir que la documentación relativa al trabajo esté acompañada de una licencia de funcionamiento actualizada; ya que; si bien es evidente que dicho documento de la empresa empleadora no se encuentra renovada, porque habría vencido el 22 de septiembre de 2022, “…no es menos cierto el hecho de que existe documentación más que suficiente que acredita el legal funcionamiento de esta empresa en cuanto a su NIT y en cuanto a los elementos contenidos en el contrato de referencia donde el empleador contrata a futuro a esta persona…” (sic). Con relación a que el sueldo no le alcanzaría para cubrir la asistencia familiar y otros elementos, son aspectos ajenos a una valoración para acreditar una fuente laboral que no deben ser considerados, sino esencialmente la existencia de un trabajo, el vínculo que existe entre el empleador y empleado; situación que fue materializada en el presente caso; en consecuencia, se tiene acreditado dicho elemento; d) Respecto al art. 234.2 del CPP, al no haberse desvirtuado en su totalidad el art. 234.1 de dicho Código, no existiendo todavía un arraigo natural debidamente acreditado y no habiéndose presentado elementos como flujo migratorio para acreditar que el impetrante de tutela no tendría facilidades para abandonar el país; por lo que, este riesgo procesal se mantiene subsistente;
e) En cuanto al art. 234.7 del CPP, la autoridad jurisdiccional consideró el vínculo cercano entre la víctima y el agresor, su vínculo familiar; tomó en cuenta también la circunstancia relacionada a este hecho; es decir, que el imputado sería una persona que constantemente estaría consumiendo bebidas alcohólicas, agresiva y que en ese entorno familiar cercano puede causar algún tipo de daño a la víctima o a la denunciante en esta causa; en tal sentido, la Jueza inferior actuó de forma correcta y valoró adecuadamente la subsistencia de este riesgo procesal; y, f) “…se debe establecer lo que señalan las modificaciones de la Ley 1173 y la S.C.P. 0054/2002-S3 con relación a lo que establece esté relacionado con el Art. 239.2 del C.P.P. el cual es aplicable solo durante la etapa preparatoria y no para la etapa de juicio oral, donde acceder al beneficio de cesación a la detención preventiva debe desvirtuar los riesgos procesales conforme al Art. 239.1 del C.P.P…” (sic). Por tales motivos, el fundamento emitido por la Jueza a quo es correcto y se adecúa a los presupuestos de una debida motivación, al acomodar la norma aplicable al caso y efectuar una valoración integral de los antecedentes de la causa. De acuerdo al desarrollo jurisprudencial expresado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, los tribunales de alzada al momento de conocer y resolver un recurso de apelación incidental, están obligados a responder a los agravios expuestos en el mismo -según dispone el art. 398 del CPP-, no pudiendo ir más allá de lo que la parte recurrente no hubiere cuestionado respecto de la resolución apelada; emitiendo, asimismo, una resolución debidamente motivada y fundamentada, en observancia de lo dispuesto por el art. 124 del citado Código.
Teniendo presente el marco jurisprudencial anotado, y del análisis de los fundamentos expresados en el Auto de Vista 42, se advirtió claramente que los agravios identificados por el accionante en su recurso de apelación incidental, fueron considerados por el Vocal demandado, al establecer en primera instancia que, en cuanto al domicilio previsto en el art. 234.1 del CPP, la Jueza a quo en el Auto Interlocutorio de 14 de diciembre de 2022, efectuó una adecuada y correcta valoración de los elementos presentados, al no acreditar el mismo, aplicando la norma al caso concreto, enmarcada dentro los parámetros de una debida y adecuada fundamentación; debido a que, no existiría exactitud en los datos proporcionados, siendo por ello necesaria una verificación de dicho elemento para constatar su existencia física. Respecto al trabajo, señaló que la citada autoridad judicial habría incurrido en un excesivo celo, al exigir que la documentación esté acompañada de una licencia de funcionamiento actualizada de la empresa empleadora, siendo suficiente la existencia de una fuente laboral; es decir, el vínculo que existe entre el empleador y empleado a través de un contrato a futuro, situación que fue materializaba en el presente caso; por tales motivos, dio por acreditado dicho elemento. Con relación al 234.7 del citado Código, el fallo de alzada estableció que la Jueza inferior consideró el vínculo familiar cercano entre la víctima y el agresor -ahora peticionante de tutela- y la circunstancia relacionada al hecho; es decir, respecto a la conducta del prenombrado y el daño que le podría causar a la primera o a la denunciante; actuando de forma correcta y valorando adecuadamente la subsistencia de ese riesgo procesal. En cuanto concierne a lo previsto en el art. 239.2 del CPP; precisó que, en virtud a las modificaciones efectuadas en la norma procesal penal, dicho precepto legal es aplicable solo durante la etapa preparatoria y no así para el juicio oral, donde para acceder al beneficio de la cesación a la detención preventiva, se deben desvirtuar los riesgos procesales, conforme al art. 239.1 del aludido Código. Finalmente, el solicitante de tutela además alegó que la Jueza a quo no habría tomado en cuenta un certificado médico forense que habría ofrecido en audiencia; sin embargo de ello, de la revisión minuciosa del acta de audiencia de cesación de la medida extrema, celebrada el 14 de diciembre de 2022 (fs. 274 a 276), se advierte claramente que dicho documento no fue ofrecido como elemento probatorio, tampoco mencionado por el abogado del accionante en dicho actuado procesal; en tal sentido, mal podría la Jueza de la causa referirse con relación a esa literal en su Resolución, menos el Vocal demandado en su fallo de alzada; extremo por el cual, no corresponde que la justicia constitucional emita un pronunciamiento al respecto. En consecuencia, de los fundamentos esgrimidos en el Auto de Vista ahora objetado emitido por el Vocal demandado, se evidenció claramente que el mismo, además de considerar los agravios identificados por el peticionante de tutela en su impugnación, justificó razonablemente su decisión de declarar inadmisible y procedente en parte el recurso de apelación incidental formulado, revocando en parte el fallo a quo, al dar por acreditado el elemento trabajo y manteniendo el riesgo procesal del art. 234.1 del CPP (elemento domicilio) y en lo concerniente a los arts. 234.2, 7 y 235.2 del mismo Código; esto debido a que, los razonamientos esgrimidos en respuesta a los agravios expresados por el prenombrado, contienen la suficiente fundamentación y motivación que sustenta su determinación, acorde con los preceptos jurídicos procesales pertinentes; ya que, adecuó su actuación a lo previsto por el art. 124 del Código Adjetivo Penal, así como, la jurisprudencia constitucional antes glosada, los cuales no son arbitrarios e insuficientes, menos contrarios a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad, resaltando además la aplicación de una perspectiva de género al momento de juzgar en el presente caso, debido a que la víctima se trataba una menor de edad. Haciendo hincapié que, la aludida fundamentación y motivación no necesariamente implica que la exposición deba ser exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, sino que integre todos los puntos demandados, no dejando margen de duda respecto a su determinación, extremo que en el caso que se analiza efectivamente aconteció. Por último, cabe recalcar que la imposición de una medida cautelar personal o real, se rige esencialmente por la concurrencia de los requisitos que establece el Código de Procedimiento Penal, correspondiendo al juez o tribunal que ejerza el control jurisdiccional de la investigación -o en su caso al tribunal de alzada, según corresponda-, como facultades privativas, valorar o sopesar la concurrencia de los suficientes elementos de convicción que hagan procedente la aplicación de la medida cautelar, su cesación y/o modificación. Por ello, no incumbe a la jurisdicción constitucional efectuar la función de ponderación de los elementos que motivaron su imposición o no de una medida cautelar personal o real; sino más bien, ejercer de forma exclusiva el control de constitucionalidad y resguardar el respeto de los derechos reconocidos en la Constitución Política del Estado y en la ley, según se tiene plasmado en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional; máxime si se toma en cuenta que dichas medidas tienen carácter provisional, pues la resolución que las impuso no causa estado, dado que pueden ser revisadas o modificadas aún de oficio en cualquier etapa del proceso, en virtud a su característica de revisabilidad. Con relación a la valoración de la prueba, expresada también entre los argumentos del accionante, cabe mencionar que la misma es una atribución exclusiva de la vía ordinaria, concerniendo excepcionalmente a la jurisdicción constitucional, en la medida en que se cumplan los presupuestos plasmados en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional; entre ellos, que exista un apartamiento flagrante de los principios de razonabilidad, proporcionalidad y objetividad; extremo que sin embargo, no se evidenció en el fallo confutado.
Por todo lo precedentemente señalado, no se evidenció la vulneración de los derechos al debido proceso en sus componentes de fundamentación, motivación y congruencia, y al acceso a la justicia, así como del principio de presunción de inocencia, invocados por el solicitante de tutela; por lo que, corresponde denegar la tutela demandada. En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 05 de 10 de marzo de 2023, cursante de fs. 433 vta. a 436, pronunciada por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos esgrimidos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1104_2025-S3.pdf · páginas 1 a 17.
Huella digital del PDF (SHA-256): 3c65faa3857515d07f5fddcbc980d5a777d42ce26a33ba48ed0b7685bb7df5d4
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