Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 27 de noviembre de 2023
Concede en parte la tutela
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vivienda, a la dignidad, al trabajo, a la “…prohibición de la justicia por mano propia…” (sic) y al principio de vivir bien; puesto que, las ahora accionadas el 6 de octubre de 2021, lo desalojaron junto a su familia de la habitación que poseía en calidad de anticrético ubicado en pasaje Mizque entre av. 6 de agosto y calle Capinota de la ciudad de Cochabamba; sacando sus pertenecías hasta la calle, cambiando la chapa de la puerta e impidiéndoles el ingreso con la ayuda de hombres que hacían guardia con dicha finalidad; asimismo, les robaron algunas de sus pertenecías. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución RAC-SCIII 070/2022 de 28 de abril, cursante de fs. 144 a 149 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, de manera provisional con relación al derecho a la vivienda, disponiendo que:
a) Judit Coria Ancieta restituya al accionante y su familia la habitación grande, más una cocina y baño privado que ocupaban en su inmueble, salvo que la autoridad judicial competente de la jurisdicción ordinaria haya resuelto ya la controversia; y, se abstenga de ejercer medidas de hecho para resolver su conflicto con el accionante. 2° DENEGAR la tutela solicitada respecto a Cinda Coria Ancieta; así como con relación a los derecho al trabajo, a la dignidad y al principio de vivir bien; y, con relación al pago de costas y costos procesales, daños y perjuicios.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1104/2023-S3 Sucre, 27 de noviembre de 2023 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de amparo constitucional Expediente: 47617-2022-96-AAC Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución RAC-SCIII 070/2022 de 28 de abril, cursante de fs. 144 a 149 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Willy Eduardo Quiroga Gutiérrez, por si en representación de sus hijos menores de edad AA y BB contra Judit y Cinda, ambos de apellidos Coria Ancieta.
El accionante por memoriales presentados el 8 y 18 de abril del 2022, cursantes de fs. 32 a 36 y 59, manifestó lo siguiente:
El 7 de mayo de 2021, suscribió un contrato de anticresis por la suma de $us7 000.- (siete mil dólares estadounidenses) con Judit Coria Ancieta -hoy accionada- y Cinda Coria Ancieta -ahora coaccionada- siendo la última quien le hizo la entrega de una habitación grande, más una cocina y baño privado en el inmueble ubicado en el pasaje Mizque entre av. 6 de agosto y calle Capinota de la ciudad de Cochabamba. El 6 de octubre de 2021, al retornar a su vivienda junto a su familia después de su jornada laboral vio que sus “cosas” se encontraban en la calle. Cuando intentó ingresar al interior del inmueble y averiguar lo sucedido, dos individuos de sexo masculino apostados en la puerta de ingreso, le impidieron el paso; asimismo, se percató que la chapa de la puerta principal fue cambiada. De esa manera las “dueñas de casa” ahora accionadas ejercieron justicia por mano propia para dejarlo en la calle. Vanas fueron sus súplicas y ruegos para que les permitan dormir en su habitación por lo menos esa noche, ya que se encontraba con sus hijos menores de edad y existía amenaza de lluvia.
Posteriormente, llegaron hasta el lugar efectivos policiales dependientes de la Estación Policial Integral (EPI) “6”, quienes al ver que su hijo se puso mal de salud y que comenzó a llover, le pidieron a la ahora accionada que permita a su persona y a su familia ingresar a la vivienda por esa noche; empero, la nombrada respondió que no lo permitiría expresando “…vayan a quejar donde sea…” (sic). Luego, aproximadamente a las dos de la madrugada se hicieron presentes medios de comunicación, los cuales llamaron a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA), quienes también trataron de reflexionar a las hoy accionadas para que les permitan ingresar a la vivienda; empero, no obtuvieron una respuesta favorable. Ante esta circunstancia, su esposa e hijos fueron trasladados a un albergue. De esa manera las hoy accionadas vulneraron sus derechos a través de medidas de hecho, que no solo afectan a su persona sino también a su esposa y a sus hijos menores de edad. Al día siguiente -7 de octubre de 2021- al percatarse que sus objetos se encontraban mojados, acudieron ante un notario de fe pública, quien levantó el inventario correspondiente de las “cosas” que se encontraban en la calle. A la conclusión del inventario, se dio cuenta que las ahora accionadas, además de allanar su dormitorio, robaron un televisor plasma de 42 pulgadas marca “Hair”, un ropero de madera de dos cuerpos, cuatro pares de “tenis” marca “Nike” y “Adidas”, un Unidad Central de Procesamiento (CPU) Core dúo más monitor de 24 pulgadas marca “Noc”, dos anillos de oro de 18 kilates de 12 gramos de promoción de arquitectos de 2007, $us5 000 (cinco mil dólares estadounidenses), documentos personales, carnet de vacunas de sus hijos, una garrafa y una cocina. Ante ese hecho acudió a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), institución en la que le manifestaron que no podían hacer nada.
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vivienda, a la dignidad, al trabajo, a la “…prohibición de la justicia por mano propia…” (sic) y al principio de vivir bien; citando al efecto los arts. “15”, 19.I, 21.2, 25, 109.I, “115.II” y “117.I” de la Constitución Política del Estado (CPE); XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADDH); y, 11.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).
Solicita se le conceda tutela, y en consecuencia, se disponga: a) La “…inmediata restitución a la vivienda en calidad de inquilinos, ordenando la entrega de las llaves de la nueva chapa…” (sic); b) La abstención de todo acto ilegal y arbitrario en su contra y la de sus hijos menores de edad; y, c) La reparación de daños y perjuicios, además de costas y costos procesales.
Celebrada la audiencia virtual el 28 de abril del 2022, según consta en el acta cursante de fs. 142 a 143 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, a través de su abogado, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional.
Judith y Cinda, ambos de apellidos Coria Ancieta, mediante memorial presentado el 27 de abril del 2022, cursante de fs. 123 a 125, manifestaron que: 1) Considerando que el hecho denunciado se habría producido el 6 de octubre de 2021, y que la acción de amparo constitucional fue presentada el 8 de abril del 2022, se advierte que la citada acción de defensa se interpuso fuera del plazo de los seis meses dispuestos por el art. 55 del Código Procesal Constitucional (CPCo); 2) No ejercieron justicia por mano propia; el accionante y su esposa Roxana Doris Laime Paco se fueron voluntariamente de la habitación que tomaron en alquiler en el inmueble de propiedad de Judit Coria Ancieta; 3) El accionante y su esposa falsificaron el documento de anticrético de 7 de mayo de 2021, con el fin de coaccionarla para devolver $us 7 000.-, los cuales jamás recibió; 4) Puesto que la firma que consta en el documento de anticrético no se asemeja a la suya, la negó ante el Juzgado Público Civil y Comercial Primero de la Capital del departamento de Cochabamba; sin embargo, el accionante a pesar del tiempo trascurrido, no continuó con el trámite para efectuar la pericia grafológica, ya que ese documento es falso; 5) Ante la falsificación del documento de anticresis inició un proceso penal contra el accionante y Roxana Doris Laime Paco -esposa del accionante-; en dicho trámite se emitió imputación formal y orden de aprehensión contra los nombrados al ser declarados rebeldes ante su incomparecencia a la audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares; 6) Por su parte, el accionante presentó denuncia penal contra sus personas por el delito de robo supuestamente ocurrido el 6 de octubre de 2021; empero, la misma fue rechazada por la Fiscal de Materia a cargo de la investigación; 7) El accionante cuenta con un sinfín de procesos penales en su contra, lo que les permite concluir que tanto él como su esposa están acostumbrados a falsificar documentos y cometer otros actos antijurídicos, constituyéndose en un peligro para la sociedad; y, 8) Con relación a los hechos supuestamente ocurridos el 6 del citado mes y año, no existe elemento alguno de prueba; además la existencia de hechos controvertidos que deben ser dilucidados en la vía civil; instancia ante la cual el accionante las emplazó a reconocer el documento de anticresis de 7 de mayo del señalado año.
Roxana Doris Laime Paco, mediante memorial presentado el 27 de abril de 2022, cursante de fs. 136 a 137, señaló que junto a su esposo Willy -accionante- y sus dos hijos menores de edad ocupaba “unos ambientes” en el domicilio ubicado en pasaje Mizque entre av. 6 de agosto y calle Capinota de la ciudad de Cochabamba. Sin embargo, la hoy coaccionada “…a mediados del mes de mayo…” (sic) se ausentó a su pueblo debido a que su hermano se contagió con Coronavirus (COVID-19) y a su retorno, por temor a que sus hijos menores se contagien con dicha enfermedad, le pidió que se aísle, ante lo cual la nombrada enfureció y le exigió que desocupe su inmueble. Posteriormente apareció la ahora accionada, quien manifestando ser la propietaria de la casa, les pidió que inmediatamente desocupen los ambientes que ocupaban. La nombrada acompañada de varias personas, poniendo en riesgo su vida y la de sus hijos, trataron de agredirlos físicamente; rompieron los vidrios de la ventana y la puerta; y, trataron de ingresar a su dormitorio. Dichos hechos están acreditados con los videos de “…12/08/21,30/09/21, 02/10/21 y 0610/21…” (sic), que fueron difundidos por los medios de comunicación. Asimismo, los privaron de los servicios básicos de agua potable. A pesar de convocar a las ahora accionadas a conciliación hasta en tres oportunidades, las nombradas hicieron caso omiso. Contrariamente, el 6 de octubre de 2021, a las 20:30 horas cuando llegó del trabajo “…parte de mis cosas, estaban tiradas en la calle…” (sic) y dos hombres le impidieron a su persona y su familia acercarse a su vivienda; además observó que la chapa de la puerta de ingreso fue cambiada. A pesar de las súplicas de su parte para que les permitieran dormir en su vivienda por esa noche, no accedieron a su pedido. Cuando esperaban en la calle en horas de la madrugada se hizo presente la prensa. Al ver su situación llamaron a la DNA. Mediante medidas de hecho y sin mediar proceso llevado a cabo por autoridad judicial que disponga el desalojo, las hoy accionadas allanaron el ambiente donde vivía con su familia y robaron sus objetos de valor; posteriormente expulsaron su ropa “en saquillos”. De esa manera vulneraron sus derechos a la vida y a la salud; a la dignidad; a la prohibición de la justicia por mano propia; y, al principio de vivir bien y a una vivienda digna. Por lo que solicita se conceda la tutela, disponiendo la inmediata restitución en calidad de anticresista, la entrega de las llaves de la chapa y la devolución de sus objetos robados.
La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante Resolución RAC-SCIII 070/2022 de 28 de abril, cursante de fs. 144 a 149 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: i) De la revisión de antecedentes se tiene que el accionante suscribió un documento anticrético por $us 7 000.- con la hoy accionada a cambio de una habitación; ii) El referido documento se encuentra en controversia; puesto que la nombrada negó su firma en la audiencia de reconocimiento de firmas celebrada el 17 de septiembre de 2021, a la que fue emplazada por el accionante, sin que exista otra actuación posterior al acta de reconocimiento de firmas; asimismo, en razón a que la ahora accionada inició un proceso penal por falsificación del documento de anticresis, existiendo “al presente” imputación formal y declaratoria de rebeldía contra el accionante y la hoy tercera interesada; iii) La jurisprudencia constitucional estableció que la carga de la prueba le corresponde al accionante, y que debe circunscribirse a aspectos que no impliquen la existencia de hechos controvertidos que deban ser dilucidados por la jurisdicción ordinaria; lo cual sucede en el presente caso, en virtud a que como se señaló anteriormente, existen hechos controvertidos con relación al documento de anticresis, cuya veracidad y legalidad se encuentran dilucidándose en la vía ordinaria; iv) Con relación a las medidas de hecho consistentes en el desalojo ilegal y el cambio de chapas, ocurrido aparentemente el 6 de octubre de 2021, el accionante presentó un acta de verificación de bienes muebles que da cuenta que la Notaria de Fe Pública 12 de la ciudad de Cochabamba se constituyó en el inmueble ubicado en pasaje Mizque y Capinota y 6 de agosto, para efectuar el inventario de todos los bienes que se encontraban en la calle y que además verificó que el accionante no pudo ingresar a su habitación debido a que se cambió la chapa. Sin embargo, dicha acta de verificación no tiene valor, ya que no corresponde a la fecha en la que se produjeron las vías de hechos sino al 7 de septiembre del mencionado año, que resulta distinta a la señalada por el accionante; v) Al margen de esos documentos, el accionante únicamente presentó su carnet de identidad, actas de conciliación, folio real ilegible, impresiones fotográficas, videos y otros que no demuestran los extremos denunciados; por lo que, no demostró objetivamente que las hoy accionadas desalojaran y/o negaran el ingreso a la habitación que ocupaba con su familia o que “…hayan realizado el sacado de los bienes muebles a la calle…” (sic); tampoco se tiene constancia de que las hoy accionadas ejercieran actos violentos contra el accionante; y, vi) El accionante no demostró objetivamente las vías de hecho ni que se encuentre ante un inminente daño irreversible o irreparable, ya sea agravando la vulneración ya consumada o que ello provoque la amenaza de restricción o supresión de derechos fundamentales; puesto que, con relación a este último aspecto presentó su acción después de seis meses de la desaparición de las medidas de hecho alegadas.
Mediante decreto constitucional de 15 de mayo de 2023, cursante a fs. 159, se dispuso la suspensión de plazo para la emisión de la correspondiente resolución a efectos de recabar documentación complementaria, reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el decreto constitucional de 14 de noviembre de 2023, cursante a fs. 183; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del término legal. No habiendo encontrado consenso en la Sala, de conformidad al art. 30.I.6 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), se procedió a convocar al Presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional, a fin de dirimir con su voto el caso en análisis.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa folio real de 9 de abril de 2021, bajo la matrícula computarizada 3.01.1.01.0060185, respecto al “Lote N° 146” ubicado en calle Mizque de la ciudad de Cochabamba, que registra como propietaria a Judit Coria Ancieta -hoy accionada- en el último Asiento (fs. 7 a 8). II.2. Consta contrato privado de anticresis de 7 de mayo de 2021, suscrito entre Willy Eduardo Quiroga Gutiérrez -hoy accionante- y la ahora accionada, con el objeto de otorgar en anticrético una habitación grande, más una cocina y baño privado en el inmueble ubicado en pasaje Mizque entre av. 6 de agosto y calle Capinota de la ciudad de Cochabamba de propiedad de la nombrada en favor del accionante a cambio de la suma convenida de $us7 000.- por el término de un año forzoso y uno voluntario (fs. 42 y vta.). Asimismo, cursa Acta de audiencia de reconocimiento de firmas y rúbricas con relación al citado documento, celebrada el 17 de septiembre de 2021, en el Juzgado Público Civil y Comercial Primero de la Capital del departamento de Cochabamba, en la cual la hoy accionada negó que la firma y rúbrica estampadas en dicho documento sean suyas (fs. 84). II.3. Cursa Acta de verificación de bienes muebles, de 7 de septiembre de 2021, que da cuenta que a las 12:00 horas de la señalada fecha la Notaria de Fe Pública 12 de la ciudad de Cochabamba, a solicitud del accionante se constituyó en el domicilio ubicado en pasaje Mizque entre av. 6 de agosto y calle Capinota, a objeto de efectuar un inventario de los bienes muebles del nombrado que se encontraban en la acera del señalado inmueble “…tapados con un yute de colores…” (sic). Asimismo, verificó que el accionante y la madre de su hijo, no podían ingresar al inmueble con su llave ya que la chapa habría sido cambiada; asimismo, detalló los muebles inventariados (fs. 13 y vta.). Respecto a dicha acta, la referida Notaria de Fe Pública, a requerimiento del Tribunal Constitucional Plurinacional, mediante informe de 23 de mayo de 2023, certificó lo siguiente: “…lamentablemente por error de taipeo se consignó septiembre siendo lo correcto: JUEVES SIETE DE OCTUBRE DE 2021 que es la fecha correcta.- la verificación solicitada por el señor Quiroga fue para realizar el inventario de sus bienes muebles que estaban en la acera del inmueble donde dijo que vivía y no pudo ingresar al inmueble con su llave…” (sic [fs. 178]). II.4. Cursa Acta de declaración policial de 6 de octubre de 2021, prestada por la hoy accionada, en la cual, refiriéndose al accionante y Roxana Doris Laime Paco -ahora tercera interesada-, manifestó “…a partir del día 04 de mayo del 2021 ingresaron ambos a vivir en dicha habitación mediante contrato verbal, comprometiéndose a pagar los alquileres de manera cumplida; sin embargo, no ocurrió así; es decir, no pagaron ni un solo mes (…) han procedido a falsificar un documento de contrato de anticrético con la única intención, repito, de no salir de mi casa y además pretender la obtención de una ventaja económica” (fs. 110 a 111). II.5. Mediante memorial de 12 de noviembre de 2021, dirigido al Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de Cochabamba; la Fiscal de Materia determinó imputar formalmente al accionante y a la hoy tercera interesada, por la comisión del delito de falsificación de documento privado iniciado a denuncia de la ahora accionada (fs. 103 a 108.). II.6. Por memorial presentado el 23 de diciembre de 2021, dirigido al Fiscal de Materia de la Unidad de Solución Temprana; Cinda Coria Ancieta -ahora coaccionada- refirió que su persona no es propietaria ni habitante “…del bien inmueble que el falso denunciante…” (sic) siendo la propietaria la hoy accionada; y quien otorgó al accionante el inmueble en alquiler (fs. 89 a 91 vta.). II.7. Cursan fotos impresas de un inmueble en el que se observa a una persona sentada, en otra imagen una mujer con un niño y tres policías en una puerta de garaje de color rojo, en la siguiente fotografía se ve a una mujer sentada y otras dos de pie, (fs. 9 y 10); asimismo, la imagen de la chapa de una puerta de color rojo, la misma puerta donde se observa una mujer en la vía pública, en la siguiente imagen se observa una motocicleta, una persona adulta de sexo masculino portando un celular, además de bolsas de yute de color celeste, cajas, bancos de plástico para sentarse, y un colchón (fs. 14 a 19). II.8. Se adjuntó un disco compacto (CD) de audio y video donde se aprecia:
a) Un archivo con fecha 24 de agosto de 2021, en el cual se observa al interior de un inmueble a una mujer vestida de negro que de forma iracunda le reclama y pide a un varón -que en ese momento empujaba una motocicleta-, que saque ese vehículo, afirmando que ella era la dueña. Asimismo, se escucha la voz de otra mujer, que es aparentemente quien realiza la filmación del video, cuyo contenido se describe. Desde el interior de una habitación, se observa a un varón joven que filma con un celular y un niño de corta edad que sería el hijo del varón que empuja la motocicleta. En medio de la discusión, se observa que la señora que alega ser la dueña se sienta en la puerta de la habitación exclamando “no te voy a dejar entrar a mi casa yo voy a estar aquí, aunque me pegues, aunque me mates (…) ya te he dado 8 días para que te busques (…) porque no te vas”. Posteriormente interviene en la discusión otra mujer mayor con sombrero y barbijo que señala “no pagas alquiler ni nada” luego le reclama que habría dicho que iba a desocupar; b) Otro video de agosto de 2021, donde se observa una discusión entre tres mujeres; una de ellas vestida de blanco que alega ser la dueña; quien exclama “porque no te buscas otra casa si esta incómodo”; c) Un tercer video con fecha de registro 2 de octubre de 2021, grabado al interior de una habitación donde se observa una ventana tapada con lo que parece ser un colchón. Se aprecia que los vidrios de dicha ventana están rotos. Luego aparece una mujer que echa con agua a quien se encontraba en la habitación. Posteriormente surge otra mujer que de manera violenta procede a romper otros vidrios de la ventana con un palo; ante lo cual, la persona que se encuentra en el interior de la habitación se protege; y, d) Un cuarto video filmando un televisor en el que se trasmite un reportaje de un programa televisivo “mañanero” con la titulación de nota “desalojan a una familia en la zona sur”. Se observa tomas de una persona de sexo masculino sentado, a una mujer con un niño en brazos; asimismo las declaraciones de la misma mujer. Otra escena en la que se aprecia otras dos mujeres vistiendo chaleco conversando con la que se encuentra sentada; asimismo una cama y objetos tapados con yute sobre la acera. Finalmente, se observa al presentador de televisión. El audio no es audible (fs. 29).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vivienda, a la dignidad, al trabajo, a la “…prohibición de la justicia por mano propia…” (sic) y al principio de vivir bien; puesto que, las ahora accionadas el 6 de octubre de 2021, lo desalojaron junto a su familia de la habitación que poseía en calidad de anticrético ubicado en pasaje Mizque entre av. 6 de agosto y calle Capinota de la ciudad de Cochabamba; sacando sus pertenecías hasta la calle, cambiando la chapa de la puerta e impidiéndoles el ingreso con la ayuda de hombres que hacían guardia con dicha finalidad; asimismo, les robaron algunas de sus pertenecías. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada
El art. 129.II de la CPE, establece que: “La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial”. Por su parte el art. 55 del CPCo, dispone que: “I. La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de conocido el hecho. II. Para los casos de solicitud de complementación, aclaración y enmienda de una decisión judicial o administrativa, el plazo se computará desde la notificación con la resolución que la conceda o rechace”. En cuanto al desarrollo jurisprudencial, la SC 1202/2001-R de 20 de noviembre estableció que la acción de amparo constitucional es un recurso extraordinario instituido para otorgar una protección inmediata, razonamiento en virtud del cual, en dicho caso, se declaró la improcedencia por activar después de más de dos años desde que el accionante fue destituido del cargo de director y un año después de ser designado profesor de aula. En cuanto a su fundamento, la SC 1157/2003-R de 15 de agosto, estableció que: “…por principio general del derecho ningún actor procesal puede pretender que el órgano jurisdiccional esté a su disposición en forma indefinida, sino que sólo podrá estarlo dentro de un tiempo razonable, pues también es importante señalar que si en este tiempo el agraviado no presenta ningún reclamo implica que no tiene interés alguno en que sus derechos y garantías le sean restituidos”. La SCP 0040/2012 de 26 de marzo, fue la primera sentencia confirmadora de línea. Posteriormente, la SCP 1463/2013 de 22 de agosto, refiriéndose al doble efecto del principio de inmediatez, refirió que: “El principio de inmediatez se caracteriza por tener una doble dimensión; positiva y negativa, la primera consistente en que el amparo constitucional es la vía idónea para la protección inmediata de derechos fundamentales y garantías constitucionales restringidos o suprimidos indebida o ilegalmente; la segunda, la activación de esta garantía jurisdiccional depende que su interposición se realice en un plazo razonable, que la Norma Fundamental fijó en seis meses computables a partir de la comisión del acto ilegal u omisión indebida del servidor público o del particular, o de notificado con la última decisión judicial o administrativa. (…) no existiendo o no mediando una notificación o pronunciamiento judicial o administrativo expreso que haga conocer del acto ilegal u omisión indebida, el cómputo del plazo para activar esta garantía jurisdiccional, se efectuará a partir de la última vulneración alegada o en su caso del último reclamo efectuado por el agraviado o afectado”. Sin embargo, la propia jurisprudencia constitucional desarrolló supuestos en los cuales, a la luz del principio de favorabilidad, o pro actione, entre otros, debía flexibilizarse el plazo de caducidad. Así, la SC 0762/2003-R de 6 de junio refirió que si bien el Tribunal Constitucional estableció que el recurrente debe solicitar su tutela de manera inmediata, en un plazo de seis meses para la activación de este recurso; “…no es menos cierto que, la sub-regla fijada por el Tribunal no es rígida ni cerrada, pues podrá flexibilizarse cuando se hubiese excedido en algunos días y la lesión del derecho fundamental sea evidente y de tal naturaleza que el órgano encargado del control de constitucionalidad no puede ni debe permitir se consume”. Este criterio fue seguido entre otras, por las SSCC 0200/2006-R de 21 de febrero y 0169/2007-R de 21 de marzo entre otras.
La SCP 2076/2012 de 8 de noviembre, citando a la SCP 0998/2012 de 5 de septiembre, estableció que: «…en un nuevo entendimiento constitucional afín a los presupuestos de activación de la acción de amparo constitucional respecto a las vías de hecho, estableció y delimitó los presupuestos de activación de esta acción tutelar frente a vías de hecho, señalando que: “En principio y en el marco de los postulados del Estado Constitucional de Derecho, debe definirse a las llamadas ‘vías de hecho’, a cuyo efecto, es imperante señalar que la tutela de derechos fundamentales a través de la acción de amparo constitucional frente a vías de hecho, tiene dos finalidades esenciales: a) Evitar abusos contrarios al orden constitucional vigente; y b) Evitar el ejercicio de la justicia por mano propia; en ese orden, a partir de estas dos finalidades y dentro del alcance de los presupuestos de activación de la acción de amparo constitucional como mecanismo idóneo para la eficacia tanto vertical como horizontal de derechos fundamentales, las vías de hecho se definen como el acto o los actos cometidos por particulares o funcionarios públicos, contrarios a los postulados del Estado Constitucional de Derecho por su realización al margen y en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales vigentes para una administración de justicia, afectando así derechos fundamentales reconocidos por el Bloque de Constitucionalidad, por lo que al ser actos ilegales graves que atentan contra los pilares propios del Estado Constitucional de Derecho, de acuerdo al mandato inserto en el art. 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la acción de amparo constitucional, es un medio idóneo para la tutela eficaz, pronta y oportuna de los derechos fundamentales lesionados como consecuencias de vías de hecho.
Ahora bien, en el marco de la definición de las vías de hecho desarrollada precedentemente, corresponde en este estado de cosas, delimitar los presupuestos de activación de la acción de amparo constitucional frente a vías de hecho, razón por la cual, es pertinente señalar que al ser las vías de hecho actos ilegales graves que necesitan una tutela pronta y oportuna, con la finalidad de brindar una tutela constitucional efectiva, es necesario precisar tres aspectos esenciales para la activación del control tutelar de constitucionalidad: 1) La flexibilización del principio de subsidiaridad; 2) La carga probatoria a ser cumplida por la parte peticionante de tutela; y, 3) Los presupuestos de la legitimación pasiva, su flexibilización excepcional y la flexibilización del principio de preclusión para personas que no fueron expresamente demandados”; supuestos que serán desarrollados de manera específica infra. Con esos argumentos, precisó: 1) En cuanto a la flexibilización del principio de subsidiaridad frente a vías de hecho:
“Por los fundamentos antes expuestos, se concluye inequívocamente que las vías de hecho, constituyen una excepción a la aplicación del principio de subsidiaridad, por tanto, el control tutelar de constitucionalidad, puede ser activado frente a estas circunstancias sin necesidad de agotar previamente otros mecanismos ordinarios de defensa, aspecto reconocido de manera uniforme por la jurisprudencia emanada en ejercicio del control de constitucionalidad y que debe ser ratificado por este Tribunal Constitucional Plurinacional”.
2) Respecto a la carga probatoria a ser cumplida por la parte peticionante de tutela
La citada SCP 0998/2012, refirió: “…si bien debe garantizarse para los afectados con vías de hecho una tutela constitucional efectiva y un real acceso a la justicia constitucional, por la naturaleza de estos actos ilegales graves, para asegurar una certeza jurídica y consolidar así la justicia material, debe establecerse deberes o cargas probatorias para la parte peticionante de tutela; en ese orden, para la determinación de las mismas, debe considerarse como punto de inicio que las vías de hecho se configuran por la realización de actos y medidas al margen y en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales vigentes para una administración de justicia, por tanto, la carga probatoria a ser realizada por el peticionante de tutela, debe acreditar de manera objetiva la existencia de actos o medidas, asumidas sin causa jurídica, es decir en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales establecidos para la definición de hechos o derechos.
En este contexto, debe establecerse además que la finalidad de la Justicia Constitucional en su ámbito tutelar, es el resguardo a derechos fundamentales, por cuanto, a través de esta instancia, no pueden analizarse hechos controvertidos cuya definición está encomendada al Órgano Judicial, por tal razón, la carga probatoria atribuible a la parte peticionante de tutela para vías de hecho, debe estar circunscrita a aspectos que no impliquen la existencia de hechos controvertidos a ser sustanciados por la jurisdicción ordinaria. En el marco de lo señalado, es imperante precisar que de manera general, cualquier acto o medida que implique asumir la justicia por mano propia prescindiendo en absoluto de los mecanismos institucionales para la definición de hechos o derechos, se configura como una típica vía de hecho, a cuyo efecto, será necesario cumplir con las cargas probatorias señaladas precedentemente; además, es imperante precisar que de manera específica, los 'avasallamientos', constituyen también vías de hecho, situación en la cual, cuando se denuncie afectación al derecho a la propiedad, la parte accionante, tiene la carga probatoria específica de acreditar su titularidad o dominialidad del bien en relación al cual se ejerció vías de hecho, aspecto demostrado con el registro de propiedad en mérito del cual se genera el derecho de oponibilidad frente a terceros; además, para este supuesto, es decir para 'avasallamientos’, como carga argumentativa, será necesario probar por cualquier medio legítimo, los actos o medidas circunscritas a las vías de hecho. Por lo señalado, al margen de estas cargas probatorias, para asegurar un real acceso a la justicia constitucional, frente a vías de hecho por avasallamiento, no puede exigirse al peticionante de tutela ninguna otra carga procesal adicional, ya que un razonamiento contrario, podría afectar una tutela constitucional efectiva”.
En ese contexto, señaló que el control de constitucionalidad estableció cargas probatorias para el accionante frente a vías de hecho, lo cual fue desarrollado mediante la SC 0148/2010-R de 17 de mayo; empero, ésta fue modulada por la SCP 0998/2012, cambiando el entendimiento de la sentencia citada supra, considerando que la misma responde a un real acceso a la justicia constitucional, a una tutela constitucional efectiva y a una interpretación extensiva y bajo pautas de interpretación armoniosas al postulado plasmado en el art. 256.I de la CPE, que plasma el principio de favorabilidad, “…establecen los siguientes presupuestos: i) La carga probatoria a ser realizada por el peticionante de tutela, debe acreditar de manera objetiva la existencia de actos o medidas, asumidas sin causa jurídica, es decir en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales establecidos para la definición de hechos o derechos; y, ii) Para el caso específico de vías de hecho vinculadas al avasallamiento, al margen de la carga probatoria desarrollada en el anterior inciso, el peticionante de tutela debe acreditar su titularidad o dominialidad del bien en relación al cual se ejerció vías de hecho, aspecto demostrado con el registro de propiedad en mérito del cual se genera el derecho de oponibilidad frente a terceros”».
A su vez, la SCP 0727/2020-S2 de 1 de diciembre, haciendo referencia a la SCP 0042/2018-S2 de 6 de marzo, señaló que: “La jurisprudencia estableció las siguientes subreglas procesales de activación de la acción de amparo constitucional frente a actos vinculados a medidas de hecho, reafirmando algunas que ya estaban establecidas en nuestra tradición jurisprudencial, señalando que: 1) La acción de amparo constitucional puede ser activada directamente; es decir, no existe necesidad de agotar previamente otras vías, menos aún la vía procesal penal, que tiene otro objeto procesal y finalidad; 2) Las personas físicas o jurídicas particulares o servidores públicos, no expresamente demandados, pueden asumir defensa, presentar prueba y hacer valer sus derechos, aun en etapa de revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, sin que se pueda alegar preclusión, lo que supone una flexibilización de las reglas de legitimación pasiva; 3) La acción de amparo constitucional podrá interponerse durante el tiempo que subsista la vulneración o la amenaza a los derechos; aclarando que, cuando las Sentencias Constitucionales 0091/2018-S2, 0119/2018-S2, 0210/2018-S2 y 232/2018-S2, señalan que no se aplica el plazo de caducidad, se entiende que es mientras subsista la vulneración o la amenaza a los derechos; por cuanto, una vez que cesa la amenaza o la lesión de los mismos, por actos vinculados a medidas o vías de hecho, comienza a correr el plazo máximo de seis meses para acceder a la justicia constitucional; aclaración que se realiza para evitar un uso distorsionado del precedente constitucional jurisprudencial; y, 4) La carga de la prueba, tendiente a demostrar los actos vinculados a medidas o vías de hecho, debe ser cumplida por el accionante, quien debe acreditar la existencia de los mismos de manera objetiva, asumidas sin causa jurídica; es decir, en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales establecidos para la definición de hechos o derechos y estar circunscrita a aspectos que no impliquen la existencia de hechos controvertidos a ser sustanciados por la jurisdicción ordinaria”.
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vivienda, a la dignidad, al trabajo, a la “…prohibición de la justicia por mano propia…” (sic) y al principio de vivir bien; puesto que, las ahora accionadas el 6 de octubre de 2021, lo desalojaron junto a su familia de la habitación que poseía en calidad de anticrético ubicado en pasaje Mizque entre av. 6 de agosto y calle Capinota de la ciudad de Cochabamba; sacando sus pertenecías hasta la calle, cambiando la chapa de la puerta e impidiéndoles el ingreso con la ayuda de hombres que hacían guardia con dicha finalidad; asimismo, les robaron algunas de sus pertenecías. El accionante alega que, con las acciones descritas precedentemente, que las considera como medidas de hecho, se vulneró sus derechos. Antes de ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, amerita referirnos al principio de inmediatez que rige la acción de amparo constitucional en razón a la observación efectuada por las ahora accionadas respecto a su incumplimiento en el presente caso. De acuerdo a lo manifestado por el accionante el desalojo se habría producido el 6 de octubre de 2021, cuando intentó ingresar a la habitación que poseía en anticrético inclusive el 7 del mismo mes y año, siendo por lo tanto esa la fecha que marca el inicio del cómputo del plazo. Puesto que, la presente acción tutelar fue presentada el 8 de abril de 2022; por lo que, resulta evidente que fue presentada después del vencimiento del plazo de los seis meses establecidos por el art. 129.II de la CPE. Sin embargo, al exceder su interposición en un día y al ser evidente la vulneración de derechos en los que se incurrió, corresponde flexibilizar el plazo, en aplicación al precedente establecido por la SC 0762/2003-R citada en el Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo constitucional que refirió: “…podrá flexibilizarse cuando se hubiese excedido en algunos días y la lesión del derecho fundamental sea evidente…”. Consiguientemente se ingresará al análisis de fondo de la denuncia. Por otra parte, y con relación a la controversia sobre la existencia o no del contrato de anticresis, no le corresponde a la jurisdicción constitucional dirimir hechos controvertidos ni declarar derechos; por ello, lo relativo a la validez o no del contrato de anticresis e inclusive la calidad en la que se encontraba poseyendo la habitación en el momento del despojo, quedará al margen del análisis que se efectuará en este fallo constitucional, en razón que la dilucidación de dicho hecho y la determinación de los derechos sustantivos controvertidos es una atribución de la jurisdicción ordinaria. Asimismo, cabe puntualizar que el hecho referido a que el accionante se encontraba en posesión de la habitación de la que alega que fue despojado, la que ocupaba como su vivienda familiar, es un hecho que no está en controversia; por lo que, no existe óbice para examinar el fondo de la acción tutelar. Ingresando al análisis de fondo de la problemática planteada, se debe recordar que la SCP 0998/2012 estableció que la carga de la prueba, tendiente a demostrar los actos vinculados a medidas o vías de hecho, debe ser cumplida por el accionante, quien debe acreditar la existencia de los mismos de manera objetiva, asumidas sin causa jurídica; es decir, en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales establecidos para la definición de hechos o derechos y estar circunscrita a aspectos que no impliquen la existencia de hechos controvertidos a ser sustanciados por la jurisdicción ordinaria. De la documentación, fotografías y disco compacto cursantes en el cuaderno procesal, se advierte que el accionante y su familia se encontraban habitando un ambiente grande, más una cocina y baño privado en el inmueble ubicado en pasaje Mizque entre av. 6 de agosto y calle Capinota, bajo la matrícula computarizada 3.01.1.01.0060185 de propiedad de la hoy accionada (Conclusión II.1.). Si bien el accionante alega que la causa de la posesión fue un contrato de anticresis por $us7 000.- (Conclusión II.2.); la ahora accionada -que alegó que ese documento es materialmente falso- sostiene que lo hacía en virtud a un contrato verbal de alquiler. Independientemente de la causa real de la posesión en la que se encontraba el accionante en el referido inmueble -que como ya se tiene dicho, no le incumbe a la jurisdicción constitucional dilucidar- el hecho que se halla acreditado y no controvertido es que se encontraba en posesión legítima de una habitación grande, más una cocina y baño privado, que ocupaba como vivienda familiar. Asimismo, por los archivos de audio y video descritos en la Conclusión II.8. del presente fallo constitucional, está evidenciado que días previos al desalojo denunciado -6 de octubre de 2021- se suscitaron incidentes violentos entre la hoy accionada, el accionante y la ahora tercera interesada, en los cuales la ahora accionada de forma iracunda reclamaba al accionante que no desocupó la habitación que ocupaba en su inmueble. En los mencionados altercados se advierte que existieron acciones materiales de perturbación posesoria como el hecho de sentarse en el umbral de la puerta para impedir su paso al interior y la existencia de daños materiales en el mismo inmueble inclusive. Tanto por las fotografías como por los videos adjuntados se advierte que las pertenencias del accionante se encontraban sobre la acera de la vía pública. Este hecho se encuentra corroborado por el acta de verificación de bienes muebles labrado por la Notaria de Fe Pública 12 de la ciudad de Cochabamba, quien da cuenta en la certificación emitida a requerimiento del Tribunal Constitucional Plurinacional que el jueves 7 de octubre de 2021, además de levantar inventario de los objetos que se encontraban en la calle, verificó que el accionante y la hoy tercera interesada no podían ingresar al inmueble con su llave debido a que la chapa de la puerta de ingreso fue cambiada (Conclusión II.3.). Con base a esas constataciones, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional concluye que se acreditó que el 6 de octubre de 2021, la ahora accionada desalojó al accionante y su familia, expulsando los bienes muebles del que consideraba su inquilino hacia la vía pública, impidiendo que el accionante ingrese a su vivienda inclusive el 7 del mismo mes y año. Los hechos precedentemente descritos ponen en evidencia que ese desalojo fue ejecutado en el ejercicio de justicia por mano propia. Al no conseguir que el accionante desocupe por su voluntad el ambiente en el que habitaba como vivienda, fue la hoy accionada quien materializó el desalojo con prescindencia de los mecanismos de resolución de conflictos institucionalizados. Si la nombrada consideraba que debía dar por concluido el contrato verbal de alquiler por falta de pago del canon por parte del accionante u otras causas legítimas, correspondía que acuda ante el juez competente de la jurisdicción ordinaria para obtener de dicha autoridad el mandamiento de lanzamiento, si era preciso. Al no obrar de esa manera y contrariamente proceder a desalojar por la fuerza a quienes consideraba sus inquilinos, fracturó el principio de Estado Constitucional de Derecho, en virtud a que actuó con total desprecio por el orden constitucional vigente. El hecho de que supuestamente el contrato de anticresis fuera falso no justifica de ninguna manera que la hoy accionada haya procedido a resolver el conflicto recuperando la posesión de su habitación, más una cocina y baño privado por mano propia, en virtud a que el ordenamiento jurídico boliviano pone a su alcance vías ordinarias para el logro de su pretensión. Con las vías de hecho en las que incurrió la ahora accionada se vulneraron los derechos del accionante y su familia, a quienes se les privó de su morada de manera intempestiva y sin consideración de que se estaba afectando los derechos de menores de edad; razón por la cual corresponde conceder la tutela provisional con relación al derecho a la vivienda, entre tanto las autoridades competentes diriman el conflicto que subyace. Con relación a la supuesta vulneración del derecho al trabajo, no es posible un pronunciamiento de fondo, en virtud a que el accionante no manifestó de qué forma se vulneró dicho derecho con la materialización del desalojo, lo propio respecto al derecho a la dignidad y al principio de vivir bien, razón por la cual corresponde denegar la tutela al respecto. Asimismo, no corresponde pronunciamiento sobre la denuncia de robo; puesto que, la investigación, eventual juzgamiento y sanción por ese supuesto hecho es de competencia de la jurisdicción ordinaria y no así de la constitucional. En razón que Cinda Coria Ancieta hoy coaccionada no es propietaria del inmueble en el que el accionante tiene su vivienda, ni se encuentra acreditada su participación en los hechos configurativos como vías de hechos, corresponde denegar la tutela. Finalmente, en cuanto al pago de costas y costos; además de daños y perjuicios, no puede ser considerado en razón a que la concesión de la tutela será en parte, y en virtud a la regulación potestativa establecida por el art. 39 del CPCo. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, obró de manera parcialmente incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución RAC-SCIII 070/2022 de 28 de abril, cursante de fs. 144 a 149 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, de manera provisional con relación al derecho a la vivienda, disponiendo que:
a) Judit Coria Ancieta restituya al accionante y su familia la habitación grande, más una cocina y baño privado que ocupaban en su inmueble, salvo que la autoridad judicial competente de la jurisdicción ordinaria haya resuelto ya la controversia; y, se abstenga de ejercer medidas de hecho para resolver su conflicto con el accionante. 2° DENEGAR la tutela solicitada respecto a Cinda Coria Ancieta; así como con relación a los derecho al trabajo, a la dignidad y al principio de vivir bien; y, con relación al pago de costas y costos procesales, daños y perjuicios. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Al no existir consenso en Sala dentro del presente caso, dirime el Ph. D. Paul Enrique Franco Zamora, Presidente; siendo de Voto Disidente la Magistrada, MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas.
Fdo. Ph. D. Paul Enrique Franco Zamora
PRESIDENTE
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1104_2023-S3.pdf · páginas 1 a 17.
Huella digital del PDF (SHA-256): 2734b1087828a669f1b2b97d9d575f179e84e0c7edefc3115cb7b22bc8b79f3f
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