Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 9 de julio de 2026
Concede en parte la tutela
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso en su elemento de legalidad y tutela judicial efectiva; puesto que, a solicitud del Fiscal de Materia ahora coaccionado, el Juez hoy accionado en la Resolución 6/2023 de 18 de abril, de terminación anticipada del proceso le impuso como medida socio-educativa dos años de privación de libertad a cumplirse en el Centro de Reintegración Social "Maná" de Beni, cuando le correspondía que se le aplique un año de medidas socioeducativas con restricción de libertad y no así con privación de libertad. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) La protección directa a través de la acción de libertad en el caso de adolescentes responsables penalmente; ii) La aplicación de la sanción a adolescentes en el Código Niña, Niño y Adolescente, tomando en cuenta el quantum de la pena y el enfoque de protección integral de los adolescentes en conflicto con la Ley; iii) La legitimación pasiva en la acción de libertad; y, iv) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 032/2023 de 16 de mayo, cursante de fs. 61 a 65 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela solicitada, respecto al Juez Público de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social Primero de .
Riberalta del departamento de Beni, y a los derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento de legalidad, sin disponer la libertad del menor de edad AA.
a) Disponer se dejen sin efecto las Resoluciones 6/2023 de 18 de abril, que cursan en el cuaderno procesal y se emita una nueva resolución de forma inmediata, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. 2º DENEGAR la tutela solicitada, respecto al Fiscal de Materia, al derecho a la tutela judicial efectiva y a la solicitud de remisión de antecedentes al Consejo de la Magistratura y a Régimen Disciplinario del Ministerio Público. 3º Exhortar a Jorge Vigneaux Rodríguez, Fiscal de Materia a que lleve sus casos con mayor cuidado y en apego a la normativa legal en vigencia, más cuando se trata de casos que impliquen a adolescentes en conflicto con la ley. 4º Disponer que, por Secretaria General de éste Tribunal Constitucional Plurinacional, se remitan antecedentes al Consejo de la Magistratura, con la finalidad de que se inicien las acciones legales -si corresponde- en contra del Juez Público de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social Primero de Riberalta del departamento de Beni, por la presunta existencia de dos resoluciones con la misma numeración y fecha, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1103/2026-S1 Sucre, 9 de julio de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 55614-2023-112-AL Departamento: Beni En revisión la Resolución 032/2023 de 16 de mayo, cursante de fs. 61 a 65 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Elsa Mariela Herrera Rodríguez en representación sin mandato del menor de edad AA contra René Torrez Aguilar, Juez Público de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social Primero de Riberalta del departamento de Beni; y, Jorge Vigneaux Rodríguez, Fiscal de Materia.
La parte accionante por memorial presentado el 15 de mayo de 2023, cursante a fs. 3 a 8, manifestó lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el menor de edad AA -accionante-, por la presunta comisión del delito de robo previsto por el art. 331 del Código Penal (CP), el Fiscal de Materia ahora coaccionado después de presentar imputación formal en su contra y solicitar medidas sustitutivas procedió a firmar con su abogado un acuerdo de terminación anticipada del proceso, en el cual aceptó la imposición de una pena de dos años como medida socio-educativa con privación de libertad; puesto que, si bien el referido delito impone una pena privativa de libertad de uno a cinco años, la misma es atenuada conforme el art. 268.I del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA) -Ley 548 de 17 de julio de 2014- que establece que debe ser computada en cuatro quintas partes, respecto al máximo penal correspondiente al delito establecido en la normativa penal. En ese entendido, el Juez hoy accionado una vez que admitió el acuerdo de terminación anticipada del proceso emitió la Resolución 6/2023 de 18 de .
abril, vulnerando de esta manera su derecho a la libertad, al imponerle como medida socio-educativa dos años de privación de libertad a cumplirse en el Centro de Reintegración Social "Maná" de la ciudad de Trinidad de Beni, cuando correspondía que se le aplique un año de medidas socio-educativas con restricción de libertad y no así con privación de libertad, vulnerándose así el principio de legalidad, al no aplicarse la normativa legal, además de vulnerarse la tutela efectiva en su elemento a obtener una sentencia debidamente motivada y congruente, encontrándose privado de libertad desde el 18 de abril de 2023.
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso en su elemento de legalidad y tutela judicial efectiva; citando al efecto los arts. 13, 22, 23, 60, 115 y 410.II de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 y 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); y, 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) o Pacto de San José de Costa Rica.
Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia se disponga: a) Emitir el correspondiente mandamiento de libertad por estar ilegalmente detenido; b) Declare la nulidad de la imputación formal de 17 de abril de 2023, por no adecuarse a los parámetros establecidos en el Código Niña, Niño y Adolescente; c) Anular la Resolución de 18 de igual mes y año, emitida por el Juez ahora accionado; y, d) Remitir antecedentes al Consejo de la Magistratura y al Régimen Disciplinario del Ministerio Público.
Celebrada la audiencia virtual el 16 de mayo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 56 a 60 vta., se produjeron los siguientes actuados:
La parte accionante a través de su representante en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo, manifestó que: 1) En el mandamiento de traslado emitido por el Juez ahora accionado, en ninguna de sus partes consigna que se le aplicó una medida socio-educativa de un año y veinticinco días, sino que se estableció una medida socio-educativa restrictiva en su libertad por el tiempo de dos años; 2) Se ordenó al Comandante de la Policía de Riberalta que se proceda a su traslado y se le ponga en detención preventiva por un periodo de dos años por beneficiarse de una medida socio-educativa, mandamiento de traslado de 18 de abril de 2023, justamente en la misma fecha en que el Juez de la causa ejerció el control jurisdiccional; 3) Las medidas socio-educativas que se cumplen con restricción de libertad están establecidas por el art. 323 del CNNA, las cuales son los regímenes domiciliarios, en tiempo libre y semi-abierto, en .
ninguna parte se establece que se realice el traslado a un centro de internamiento tal como dispuso el Juez hoy accionado; 4) La pena atenuada corresponde a un año conforme dispone el art. 268 del referido Código, por lo que tampoco corresponde que se le aplique una pena de un año y veinticinco días; y, 5) Se vulneró el derecho al debido proceso al privársele de su libertad siendo aún menor de edad.
René Torrez Aguilar, Juez Público de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social Primero de Riberalta del departamento de Beni, en audiencia manifestó que: i) En la audiencia de medidas cautelares, el Fiscal de Materia coaccionado moduló su requerimiento solicitando la aplicación de terminación anticipada del proceso, presentando el documento de consentimiento para someterse a la misma, el cual se encontraba suscrito por su autoridad, el abogado particular, accionante y su progenitora, aceptando la mencionada solicitud; ii) En audiencia el referido Fiscal de Materia demostró con elementos de prueba, la probable autoría y participación en el hecho investigado del accionante; iii) El nombrado renunció de manera voluntaria al juicio oral, público y contradictorio de carácter reservado, reconociendo su participación en el hecho con relación a la pena o sanción socio-educativa el mencionado Fiscal de Materia fijo el tiempo de detención domiciliaria por dos años para accionante; iv) Computada la prueba y agotada la intervención de las partes procesales en audiencia, en aplicación del art. 308 del CNNA, el nombrado aceptó la terminación anticipada del proceso, estableciéndose la probable autoría y participación del mismo en el delito de robo; v) En audiencia de manera expresa el accionante manifestó que suscribió el documento de acuerdo para la terminación anticipada; vi) Al momento de emitir la resolución consideró los derechos y garantías que protegen a los adolescentes en conflicto con la ley; vii) La resolución consideró la responsabilidad atenuada con relación a la pena máxima establecida en el Código Penal para el delito de robo; puesto que, si bien, en el acuerdo de consentimiento para someterse a la tramitación anticipada del proceso se establecieron dos años de medidas socio-educativas de detención domiciliaria, se le impuso la sanción de un año conforme dispone la “ley de medidas socio-educativas”, a cumplirse en el Centro de Reintegración Social "Maná" de la ciudad de Trinidad de Beni, “...esto bajo el criterio se ha impuesto en el cumplimiento de la detención domiciliaria en donde la progenitora en audiencia…” (sic); manifestó que no tenía un domicilio donde pueda cumplir la sanción; debido a que, el que habitaba no era de su propiedad; y, viii) La medida socio-educativa con restricción de libertad de detención domiciliaria por un año se impuso conforme estipula el art. 268 con relación a los arts. 323.II, 324.II del CNNA y 60 de la CPE. Jorge Vigneaux Rodríguez, Fiscal de Materia, en audiencia manifestó que: a) La resolución de Imputación Formal de 17 de abril de 2023 presentada por su autoridad cumple con lo establecido por el Código, Niña, Niño y Adolescente, la Ley Orgánica del Ministerio Público y el Código de Procedimiento Penal, enmarcándose asimismo en los principios de legalidad, objetividad, oportunidad .
y debido proceso; b) Inicialmente solicitó la aplicación de medidas cautelares de carácter personal; empero, a petición de la madre y del abogado del accionante, realizaron un acuerdo de terminación anticipada del proceso en el marco del art. 308 del CNNA, el cual prevé que, el Fiscal de Materia a solicitud de la persona “adolescente con responsabilidad” penal y de su abogado, podrá solicitar al Juez de la causa requerimiento conclusivo de terminación anticipada, es así que bajo estos parámetros la parte “imputada” -accionante-, su abogado y su madre, al establecerse por el delito de robo una pena de uno a cinco años, solicitaron dos años; y, c) El acuerdo de terminación anticipada del proceso evidentemente manifiesta dos años, lo cual está dentro del parámetro legal del delito de robo que es de uno a cinco años. En audiencia de medidas cautelares bajo el principio de oralidad solicitó que se homologue y se dé cumplimiento a dicho acuerdo, es en tal sentido que el Juez ahora accionado verificó la pena atenuada e impuso la medida socio-educativa de un año y veinticinco días, y no así dos años como manifiesta el accionante.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, -con la intervención de los Vocales de la Sala Constitucional Segunda en suplencia legal-mediante Resolución 032/2023 de 16 de mayo, cursante de fs. 61 a 65 vta., concedió la tutela solicitada, solamente con relación al Juez ahora accionado, disponiendo que en el plazo máximo de veinticuatro horas a partir de su legal notificación el mencionado Juez emita una nueva “Sentencia”; bajo los siguientes fundamentos: 1) Se constata la evidente incongruencia en lo determinado por el referido Juez en la aplicación de la terminación anticipada del proceso en favor del accionante; debido a que, en la prueba acompañada por el nombrado, la Resolución de 18 de abril de 2023, determina una sanción socio-educativa atenuada de dos años, con restricción de libertad a cumplirse en el Centro de Reintegración Social "Maná" de la ciudad de Trinidad del mencionado departamento; no obstante, en la prueba acompañada por el Juez ahora accionado, se determinó una sanción atenuada de un año y veinticinco días, también con restricción de libertad en el citado Centro; asimismo, esta última determinación no guarda coherencia con el mandamiento de traslado emitido por el señalado Juez, el cual señala que se “...ponga en detención preventiva por el lapso de 2 años por haberse beneficiado con medidas socioeducativas al menor con responsabilidad penal en el centro de adolescentes infractores maná de la ciudad de Trinidad..." (sic); 2) Si bien el mandamiento de traslado puede ser objeto de corrección; sin embargo, la Resolución de 18 de abril de 2023 -segunda resolución de misma fecha- dictada por el Juez hoy accionado, mantiene la firmeza respecto a la sanción socio-educativa impuesta al accionante, misma que es de un año y veinticinco días, cuando la norma determina que no se puede imponer una sanción socio-educativa mayor a un año; 3) Ninguna de las sanciones establecidas en las resoluciones presentadas puede ser aplicada en observancia al art. 268.I del CNNA, que establece que: “La responsabilidad penal de la o el adolescente será atenuada en cuatro quintas partes respecto del máximo penal correspondiente al delito establecido en la norma penal”; 4) El tipo penal por el cual se sigue el proceso penal contra el accionante es por el .
delito de robo previsto por el art. 331 del CP que contempla una pena máxima de cinco años; por lo que, la atenuación de las cuatro quintas partes de dicha pena, no correspondía a un año y veinticinco días, sino a un año, en ese entendido el Juez hoy accionado obró incorrectamente; 5) Con relación a lo ordenando en dicha Resolución y en el mandamiento de traslado de igual fecha, sobre el hecho que las medidas socio-educativas impuestas con restricción de libertad debían ser cumplidas en el Centro de Reintegración Social "Maná" de la ciudad de Trinidad del mismo departamento, esa determinación contradice de forma flagrante la normativa prevista por el art. 324 del CNNA, la cual debió ser aplicada en el presente caso; 6) En las medidas socio-educativas que ameritan privación de libertad, prevén como requisito sine quanum, que la pena impuesta sea superior a dos años, situación que no ocurre en el presente caso; no obstante, el Juez hoy accionado dispuso en la Resolución de 18 de abril de 2023, y en el mandamiento de traslado de igual fecha, que la medida socio-educativa sea cumplida en el Centro de Reintegración Social "Maná" de la ciudad de Trinidad de Beni, siendo evidente y claro que el mencionado Juez aplicó erróneamente la norma; puesto que, aun así correspondiera aplicar la sanción o pena impuesta de dos años, no correspondía aplicar lo que establece el art. 324.III del CNNA, siendo evidente la improcedencia de una privación de libertad como medida socio-educativa en el presente caso, motivo por el cual, debió aplicar el citado artículo en su parágrafo II; 7) Es evidente que se vulneraron los derechos del accionante, al aplicarse erróneamente la normativa, cuando el señalado Juez como primer garante de los derechos de las niñas, niños y adolescentes conforme establece el art. 60 de la CPE, debió precautelar sus derechos y efectuar una correcta interpretación de la norma, imponiendo de acuerdo al quantum de la pena la sanción socioeducativa de un año, sin ser procedente una restricción con privación de libertad en dicho Centro de Reintegración Social; y, 8) Si bien el Fiscal de Materia ahora coaccionado presentó la solicitud de terminación anticipada del proceso, no fue quien dispuso la alegada ilegal privación de libertad del menor de edad infractor -accionante-, sino únicamente requirió la imposición de esa medida, careciendo en consecuencia de legitimación pasiva por no existir coincidencia entre el mencionado Juez que supuestamente cometió la vulneración de los derechos del accionante y el señalado Fiscal de Materia.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Asimismo, por Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución a Comisión de Admisión de los expedientes sorteados a los Magistrados cesados que se encontraban pendientes de resolución a efecto de que se realice nuevo sorteo, con la finalidad de que los actuales Magistrados asuman conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es emitida dentro del plazo establecido.
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Mediante decreto constitucional de 13 de abril de 2026, cursante a fs. 73, se dispuso la suspensión de plazo para la emisión de la correspondiente resolución a efectos de recabar documentación complementaria, reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el decreto constitucional de 8 de julio del citado año, cursante a fs. 77; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del término legal.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa resolución de imputación formal de 17 de abril de 2023, emitida por Jorge Vigneaux Rodríguez, Fiscal de Materia -hoy coaccionado- contra el menor de edad AA -ahora accionante- por la presunta comisión del delito de robo, previsto y sancionado por el art. 331 del CPP (fs. 36 a 38). II.2. Mediante el Acuerdo de terminación anticipada del proceso de 18 de abril de 2023, para someterse a la tramitación anticipada de proceso bajo medidas socio-educativas, refrendado por el Fiscal de Materia ahora coaccionado, el menor de edad AA -hoy accionante- acompañado de su abogado, reconoció voluntariamente su participación en el hecho, admitiendo el mismo y expresó su consentimiento de someterse a la terminación anticipada del proceso bajo una medida socio-educativa, consistente en la detención domiciliaria, renunciando al juicio oral, público y contradictorio, aceptando la pena de dos años (fs.46 a 47). II.3. Por Resolución 6/2023 de 18 de abril, emitida por René Torrez Aguilar, Juez Público de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social Primero de Riberalta del departamento de Beni -ahora accionado-, se aprobó la terminación anticipada del proceso requerida por el Fiscal de Materia hoy coaccionado y fallando en dicho procedimiento declaró al accionante de quince años de edad, autor del delito de robo en grado de autoría, ilícito previsto por el art. 331 con relación al art. 20 ambos del CP, y conforme establece el art. 323.II y 324 “segundo” -se entiende del CNNA-, señalando más adelante el art. 323.III del mismo Código, que el nombrado debía cumplir la sanción socio-educativa atenuada de dos años con restricción de libertad en el Centro de Reintegración Social "Maná" de la ciudad de Trinidad del referido departamento (fs. 16 a 21); Cursa mandamiento de traslado de igual fecha, donde se ordena al Comandante de la Policía de Riberalta “…ponga en detención preventiva por el lapso de dos años al menor con responsabilidad penal…” (sic), por haberse beneficiado con medida socio-educativa, en el citado Centro, dispuesto así en la “resolución” de 18 de abril de 2023 (fs. 22). II.4. Consta otra Resolución 6/2023 de 18 de abril, emitida por el Juez ahora .
accionado, donde se aprueba la terminación anticipada del proceso requerido por el Fiscal de Materia hoy coaccionado, declarando al accionante de quince años de edad como autor del delito de robo, previsto por el art. 331 con relación al art. 20 del CP, y conforme establecen los arts. 323.II y 324.II del CNNA, se dispuso que el nombrado debía cumplir la sanción socio-educativa atenuada de un año y veinticinco días de régimen domiciliario con restricción de libertad a cumplirse en el Centro de Reintegración Social “Maná” de la ciudad de Trinidad de Beni; en consecuencia dispuso -al asignado al caso- trasladar al accionante al citado Centro a efectos de cumplir las medidas socio-educativas con restricción de libertad por el lapso de un año y veinticinco días (fs. 50 a 55).
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso en su elemento de legalidad y tutela judicial efectiva; puesto que, a solicitud del Fiscal de Materia ahora coaccionado, el Juez hoy accionado en la Resolución 6/2023 de 18 de abril, de terminación anticipada del proceso le impuso como medida socio-educativa dos años de privación de libertad a cumplirse en el Centro de Reintegración Social "Maná" de Beni, cuando le correspondía que se le aplique un año de medidas socioeducativas con restricción de libertad y no así con privación de libertad. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) La protección directa a través de la acción de libertad en el caso de adolescentes responsables penalmente; ii) La aplicación de la sanción a adolescentes en el Código Niña, Niño y Adolescente, tomando en cuenta el quantum de la pena y el enfoque de protección integral de los adolescentes en conflicto con la Ley; iii) La legitimación pasiva en la acción de libertad; y, iv) Análisis del caso concreto.
La SCP 0156/2019-S2 de 24 de abril, establece que: “El texto constitucional boliviano, integra al catálogo de derechos fundamentales, los referidos a la niñez y adolescencia; así, el art. 58 de la CPE, dedica una sección especial a los mismos, denominada, derechos de la niñez, adolescencia y juventud; apartado en el que sostiene que: Se considera niña, niño y adolescente, toda persona menor de edad, titular de derechos reconocidos en la Constitución, con los límites establecidos en ella, y de los derechos específicos inherentes a un proceso de desarrollo, a .
su identidad étnica, sociocultural, de género y generacional; y a la satisfacción de sus necesidades, intereses y aspiraciones. El art. 59 de la referida Norma Suprema, determina que toda niña, niño y adolescente tiene derecho a su desarrollo integral. Asimismo, el art. 60 de la CPE, prescribe que: ‘Es deber del Estado, la sociedad y la familia, garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos…’. En tal sentido, la Constitución Política del Estado, protege de manera integral y progresiva a los niños y adolescentes, bajo el entendido que, de acuerdo a su crecimiento y desarrollo de su personalidad, asumen progresivamente derechos y obligaciones. Al respecto este Tribunal, en la SC 0735/2010-R de 26 de julio, precisó que: ‘La protección a los niños, niñas y adolescentes se traduce en una constante que hace a la actividad del Estado como ente jurídico necesario, pues es trascendental para la preservación y continuidad de la sociedad para cuyo servicio existe…’. Sobre la protección directa de los derechos de este grupo etario, niño, niña y adolescente, a través de este mecanismo de defensa, la SC 2378/2010-R de 19 de noviembre, modulando el entendimiento contenido en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, referido a los supuestos de subsidiariedad del habeas corpus -ahora acción de libertad-, estableció lo siguiente:
ʽResulta necesario determinar que la subsidiariedad con carácter excepcional del recurso de hábeas corpus, instituida en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, cuando existen medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado, a los cuales el afectado deberá acudir en forma previa y solamente agotados tales medios de defensa y ante la persistencia de la lesión, se podrá acudir a la jurisdicción constitucional, invocando la tutela que brinda el hábeas corpus, no es aplicable a los supuestos en los que menores de 16 años, considerados menores infractores, se vean involucrados en la presunta comisión de delitos, por cuanto en correspondencia con el régimen especial de protección y atención que el Estado y la sociedad deben garantizar a todo niño, niña y adolescente, éstos se hallan bajo la protección y regulación de las disposiciones del Código Niño, Niña y Adolescencia, cuyas normas son de orden público y de aplicación preferente…’. Razonamiento jurisprudencial, enmarcado en las disposiciones del Código del Niño, Niña y Adolescente abrogado -Ley 2026 de 26 de octubre de 1999- que establecía una edad mínima de aplicación de la ‘responsabilidad social’ comprendida entre los doce hasta los dieciséis años. Actualmente, el .
Sistema Penal para adolescentes, contemplado en el Código Niña, Niño y Adolescente contempla la franja etaria de catorce a dieciocho años de edad; consecuentemente, el Estado otorga a los mismos una protección especial, a quienes no resulta aplicable el carácter excepcional que tiene la subsidiariedad referida en la indicada SC 0160/2005-R, al ser la acción de libertad de tramitación especial y sumarísima, reforzada por características como la inmediata protección de sus derechos. Consiguientemente, al Juez de garantías, le corresponde constatar si hubo lesión a derechos y garantías constitucionales; debiendo para ello, hacer una compulsa de fondo, dado que la protección de esos derechos fundamentales y garantías constitucionales, no puede subordinarse al cumplimiento o incumplimiento de requisitos formales, pero aun cuando la protección alcanza a un grupo vulnerable o de atención preferente que requiere la atención inmediata de sus derechos, teniendo en cuenta además que el interés superior del niño, de acuerdo al art. 60 de la CPE, comprende a su vez el acceso a una administración de justicia pronta y oportuna” (las negrillas son nuestras).
La SCP 0548/2025-S1 de 23 de mayo, establece que: «El art. 268.I del CNNA establece que:
“I. La responsabilidad penal de la o el adolescente será atenuada en cuatro quintas partes respecto del máximo penal correspondiente al delito establecido en la norma penal. II. Para delitos cuyo máximo penal esté entre quince (15) y treinta (30) años en la Ley Penal, la sanción deberá cumplirse en un centro especializado en privación de libertad.
A su vez, el art. 324.II del CNNA determinó que: “I. Las medidas socio-educativas en libertad, serán aplicadas cuando la pena atenuada impuesta a la persona adolescente sea menor a un (1) año, sin perjudicar la actividad normal de estudio o trabajo.
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determinará las medidas socio-educativas en privación de libertad.
La SCP 0832/2023-S1 de 25 de julio, señala que: “…es a partir de la vigencia de la Convención sobre los Derechos del Niño el 2 de septiembre de 1990, que se trasunta a otro paradigma en la forma de concebir a las niñas, niños y adolescentes; es decir, que es una transición de la doctrina de la ‘situación irregular’ en la que se encontraba esta población hacia la doctrina de protección integral, mediante la cual se constituyen en sujetos de derechos y no simplemente en objetos de tutela, tal cual se los consideraba antes de la Convención; en consecuencia, se entiende que la protección integral es igual a la ‘protección de derechos’ de las niñas, niños y adolescentes, que a su vez tiene como eje central el principio rector del interés superior del niño, que si bien ya fue instituido en la Declaración Universal de Derechos del Niño; empero, ahora en el marco de la visión de que los niños son sujetos de derechos, y ciudadanos que también tienen responsabilidades, en este entendido dicho principio viene a ser una directriz obligatoria para el cumplimiento efectivo y satisfacción de manera preeminente de sus derechos por parte del Estado a través de todos sus órganos de gobierno; asimismo, la sociedad incluyendo la familia, de ahí que, también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el análisis de las decisiones adoptadas en materia de la niñez empieza a consolidar el reconocimiento de las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos y se pronuncia sobre varias situaciones de violaciones de sus derechos, y una de las primeras referencias al principio del interés superior del niño que se realiza en el Sistema Internacional de Derechos Humanos puede encontrarse en su Informe Anual de 1997, donde señala que en todos los casos que involucren decisiones que afecten la vida, la libertad, la integridad física o moral, el desarrollo, la educación, la salud u otros derechos de los menores de edad, dichas decisiones sean tomadas a la luz del interés más ventajoso para el niño, estableciendo así un estándar de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes; por lo que, debe entenderse que esas decisiones no pueden ser en ningún momento discrecionales sino precautelando siempre la satisfacción de sus derechos en su calidad de sujetos y no objetos; es decir, teniendo en cuenta su opinión en su calidad de personas; asimismo, en la Opinión Consultiva 17/2002 de 28 de agosto se expresa que el interés superior del niño se entiende como una ‘norma de resolución de conflictos entre derechos, y/o .
como una guía para la evaluación de leyes, prácticas y políticas referidas a la infancia”.
Asimismo, la Convención sobre los Derechos del Niño, con el objeto de realizar un seguimiento a las obligaciones contraídas por los Estados que son parte ha incorporado la creación de un Comité de los Derechos del Niño, para lo cual los mencionados Estados deben presentar de manera obligatoria informes sobre las medidas que hayan adoptado para dar efecto a los derechos que se encuentran reconocidos por la Convención y el progreso obtenido en lo referente al goce de los mismos, de conformidad al plazo establecido; por lo que, el referido Comité en la Observación General N°10 pronunciada sobre Los Derechos del Niño en la Justicia de Menores, se ha referido al interés superior del niño en la justicia penal, señalando que: “…Los niños se diferencian de los adultos tanto en su desarrollo físico y psicológico como por sus necesidades emocionales y educativas. Esas diferencias constituyen la base de la menor culpabilidad de los niños que tienen conflictos con la justicia. Estas y otras diferencias justifican la existencia de un sistema separado de justicia de menores y hacen necesario dar un trato diferente a los niños. La protección del interés superior del niño significa, por ejemplo, que los tradicionales objetivos de la justicia penal, a saber, represión/castigo, deben ser sustituidos por los de rehabilitación y justicia restitutiva cuando se trate de menores delincuentes. Esto puede realizarse al mismo tiempo que se presta atención a una efectiva seguridad pública”. De la misma forma varias observaciones establecidas en la Observación N° 10 señalada ut supra, se emitieron a la luz del interés superior del niño, de conformidad a la protección integral de los adolescentes en conflicto con la ley en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual a su vez también ha establecido otros principios como el de No Discriminación, Autonomía, Participación, Protección, excepcionalidad, legalidad, y especialización, que garantizan el cumplimiento de los derechos establecidos en esta norma internacional. Asimismo, el interés superior del niño, no puede concebirse solamente como principio, sino también como garantía, puesto que la misma se entiende como ‘vínculos normativos idóneos para asegurar efectividad a los derechos subjetivos’, en este entendido también se constituye en un derecho, pues tal como se explicó precedentemente es de cumplimiento obligatorio y se encuentra vinculado a principios que coadyuvan en su cumplimiento; es así que, el Tribunal Constitucional Plurinacional en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño se ha referido en varias Sentencias Constitucionales Plurinacionales al interés superior del niño; sin embargo, en la SCP 0125/2017–S1 de 9 de marzo, reiterada por la SCP 0626/2019-S1 de 25 de septiembre, ha establecido una comprensión .
amplia del referido principio, y su vinculación con otros principios que refuerzan su cumplimiento al señalar que: “…este principio se traduce en un mandato de protección y efectivización de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, que todas las autoridades tanto administrativas y judiciales, asimismo la familia y la sociedad deben tener en cuenta de manera prioritaria al momento de realizar acciones que tengan que ver con sus intereses, a fin de garantizarles un desarrollo integral, en condiciones dignas e iguales, que hagan posible una sociedad en armonía, por ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos instituyó principios relacionados con el señalado, entre ellos el de protección reforzada, que es adicional al que tiene cualquier persona, en virtud a la especial gravedad de las violaciones a los derechos humanos del niño, que merecen todas las medidas necesarias y especiales para asegurar que se cumpla el mismo, que fue desarrollado en el caso Bulacio vs Argentina”.
A mayor abundamiento, el interés superior del niño tiene asimismo una labor hermenéutica que permite interpretar sistemáticamente sus disposiciones a fin de efectivizar el ejercicio pleno de sus derechos, así también posibilita la resolución de conflictos entre derechos que se encuentran establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño; es decir, que se utiliza este principio en la ponderación de derechos, entonces bajo esta comprensión los derechos del niño no pueden estar supeditadas al interés colectivo ni pueden asimilarse al mismo; por lo que, cuando surgen conflictos de derechos del niño con el interés social, los otros deben ser ponderados de manera prioritaria. Así también, el interés superior del niño según el autor Parker puede servir como un principio orientador al momento de evaluar la legislación o práctica que no se encuentren regidas por la ley, facilitando llenar algunos vacíos o lagunas legales, tanto para la promulgación de leyes como para cuando se tenga que tomar decisiones en casos en que no existe norma expresa de la misma forma, en la Opinión Consultiva sobre la Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño expresó que el interés superior del niño se entiende como una ‘norma de resolución de conflictos entre derechos, y/o como una guía para la evaluación de leyes, prácticas y políticas referidas a la infancia’, conceptualizando también la referida Opinión Consultiva 17/02 a dicho principio como un ‘principio regulador de la normativa de los derechos del niño que se funda en la dignidad misma del ser humano, en las características propias de los niños, y en la necesidad de propiciar el desarrollo de éstos, con pleno aprovechamiento de sus potencialidades así como en la naturaleza y alcances de la Convención sobre los Derechos del Niño’.
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Ahora bien, siguiendo la concepción del nuevo paradigma de protección integral, esta fue también reconocida en la Sentencia de 19 de noviembre de 1999, en el caso ʽNiños de la Calleʼ, Villagrán Morales y otros vs. Guatemala, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos realizó una interpretación evolutiva del art. 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos, apartándose de la concepción tutelar con la cual fue concebida, otorgándole un contenido a partir de la incorporación de los artículos de la Convención sobre los Derechos del Niño, así como de los instrumentos internacionales comprendidos en las Reglas Mínimas para la Administración de Justicia de Menores de 1985, las Directrices para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Riad) de 1990 y las Reglas para la Protección de los Menores de Edad Privados de Libertad de 1990, las cuales bajo esa comprensión se constituyen en parte del corpus iuris internacional de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de niñas, niños, y adolescentes, de la misma forma, en la Opinión Consultiva sobre la Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño se refiere a la protección integral, ratificando la concepción de que el niño se constituye en sujeto de derechos a partir de la Convención sobre los Derechos del Niño; es así que, en base al referido corpus iuris la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido también estándares importantes con relación a las garantías y derechos de los adolescentes en conflicto con la ley y que tienen que ver con el derecho al juez natural competente, independiente e imparcial, a la doble instancia, presunción de inocencia, contradicción, audiencia y defensa, así como de los principios que rigen a la administración de justicia referente a esta población, entre los cuales se puede destacar el caso Instituto de Reducación del Menor Vs. Paraguay, en el cual se hace un desarrollo del carácter excepcional de la prisión preventiva y de la sanción privativa de libertad, así como se enumera los principios de la justicia penal juvenil, como los principios de especialización y de excepcionalidad; asimismo, sobre estos principios las Observaciones finales Antigua y Barbuda, manifiestan su preocupación por la responsabilidad penal que se fija a partir de los 8 años y la posibilidad de que un menor de 18 años pueda ser condenado a cadena perpetua por asesinato, pudiendo ser también procesado como adultos por homicidio y no se encuentran separados de los adultos durante su detención; por lo que, el Comité de los Derechos del Niño establece observaciones para que ese país revise sus leyes y políticas para garantizar la plena aplicación de normas de justicia de menores.
Por su parte, en el caso Mendoza y otros Vs. Argentina, se refiere a que no se puede aplicar el Derecho Penal para Adultos a los menores de edad, mencionando también el carácter excepcional de la privación de libertad y en su caso la corta duración que debe tener, y la exigencia de su revisión periódica y la prohibición de la pena privativa de libertad perpetua; mientras que en el caso Pacheco Terurel y otros vs. Honduras se hace mención a las .
detenciones indiscriminadas y la legislación antimaras; en el caso Petruzzi y otros Vs Perú, como en el caso de los hermanos Gomez Paquiyauri Vs. Perú, se hace referencia al principio de legalidad; de igual forma la Opinión Consultiva 17/02 se ha expresado con relación al juez natural, a la presunción de inocencia, derecho a la defensa, a la doble instancia, al derecho a ser oído y participar del proceso. Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su 100 período ordinario de sesiones, que se celebró en Washintong D.C. el 24 de septiembre al 13 de octubre de 1998, decidió crear la Relatoría sobre los Derechos de la Niñez, con la finalidad de fortalecer el respeto de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes en las Américas. Consecuentemente, bajo la comprensión de la protección integral en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño, es que los Estados han tenido que realizar las adecuaciones a sus legislativas internas; en consecuencia, la experta en la materia Mary Beloff establece características que permiten identificar a las leyes que se enmarcan en la mencionada protección integral, como ser:
• “Se definen los derechos de los niños y se establece que en caso de que alguno de esos derechos se encuentre amenazado o violado, es deber de la familia, de la comunidad y/o del Estado restablecer el ejercicio concreto del derecho afectado a través de mecanismos y procedimientos efectivos y eficaces tanto administrativos cuanto judiciales, si así correspondiere. • Por eso desaparecen las vagas y antijurídicas categorías de ‘riesgo’ ‘peligro moral o material’, ‘circunstancias especialmente difíciles’ ‘situación irregular’ etcétera. • Se establece, en todo caso, que quien se encuentra en ‘situación irregular’ cuando el derecho de un niño o adolescente se encuentra amenazado o violado, es alguien o alguna institución del mundo adulto (familia, comunidad o Estado). • Se distinguen claramente las competencias de las políticas sociales de la cuestión penal, planteando la defensa y el reconocimiento de los derechos de los niños y los jóvenes como una cuestión que depende de un adecuado desarrollo de las políticas sociales. • Las políticas se caracterizan por estar diseñadas e implementadas por la sociedad civil y el Estado, por estar descentralizadas y focalizadas en los municipios.
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• Se abandona la noción de menores como sujetos definidos de manera negativa, por lo que no tienen, no saben o no son capaces, y pasan a ser definidos de manera afirmativa, como sujetos plenos de derecho. • Se desjudicializan cuestiones relativas a la falta o carencia de recursos materiales, supuesto que en el sistema anterior habilitaba la intervención de la jurisdicción especializada. • La protección es de los derechos del niño y/o el adolescente. No se trata como en el modelo anterior de proteger a la persona del niño o adolescente, del ‘menor’, sino de garantizar los derechos de todos los niños y adolescentes. • Por lo tanto, esa protección reconoce y promueve derechos, no los viola ni restringe. • También por ese motivo la protección no puede significar intervención estatal coactiva. • De la idea de universalidad de los derechos, se desprende que estas leyes son para toda la infancia y adolescencia, no para una parte. Por eso se dice que con estas leyes se recupera la universalidad de la categoría infancia, perdida con las primeras leyes para ‘menores’. • Ya no se trata de incapaces, medias-personas o personas incompletas, sino de personas completas cuya única particularidad es que están creciendo. Por eso se les reconocen todos los derechos que tienen todas las personas, más un plus de derechos específicos precisamente por reconocerse el hecho de que están creciendo. • De ahí que de todos los derechos, uno que estructura la lógica de la protección integral sea el derecho del niño a ser oído y a que sus opiniones sean tenidas en cuenta. • Se jerarquiza la función del juez en tanto éste debe ocuparse de cuestiones de naturaleza jurisdiccional, sean de derecho público (penal) o privado (familia). • El juez, como cualquier juez, está limitado en su intervención por las garantías. • En cuanto a la política criminal, se reconocen a los niños todas las garantías que le corresponden a los adultos en los juicios criminales según las constituciones nacionales y los instrumentos internacionales pertinentes, más garantías específicas. La principal, en relación con los adolescentes, es la de ser juzgado por tribunales específicos con procedimientos específicos, y la de que la responsabilidad del .
adolescente por el acto cometido se exprese en consecuencias jurídicas absolutamente diferentes de las que se aplican en el sistema de adultos. Este reconocimiento de garantías es independiente del hecho de sostener que los niños y jóvenes son inimputables, como es el caso, por ejemplo, del Estatuto del Niño y del Adolescente de Brasil. • Se establece como consecuencia jurídica de la comisión de un delito por parte de un joven un catálogo de medidas, en el que lo alternativo, excepcional, ultima ratio y por tiempo breve es la privación de libertad. Estas medidas se extienden desde la advertencia y la amonestación hasta los regímenes de semilibertad o privación de la libertad en institución especializada. Deben dictarse por tiempo determinado. • Se determina que la privación de libertad será una medida de último recurso, que deberá aplicarse por el tiempo más breve que proceda y, en todos los casos, por tiempo determinado como consecuencia de la comisión de un delito grave”.
Sin embargo, estas características que hacen a las legislaciones que adoptan la protección integral conforme la Convención sobre los Derechos del Niño, tuvo un lento avance en el caso de Bolivia, pues pese a que ratificó la mencionada Convención mediante Ley 1152 de 14 de mayo de 1990, promulgó un Código del Menor el 18 de diciembre de 1992, donde si bien se establece el principio del interés superior del niño, como pauta de actuación; sin embargo, se mantiene la noción del ‘menor’ como objeto de tutela, pues en esa norma se crea ONANFA como cabeza de sector a nivel nacional, departamental y provincial, el cual si bien se encuentra a cargo de regular, normar, fiscalizar y supervisar las políticas dirigidas al “menor” las mujer y la familia; empero, se crean los Servicios Tutelares del Menor, que dependen de las Direcciones Departamentales Ejecutivas de dicha instancia, que ejercen las facultades de investigación y jurisdiccionales en casos de menores infractores, mientras que, los Jueces Tutelares del Menor tienen otras funciones inherentes a la resolución de procedimientos referentes a la minoridad, vinculadas con situaciones de abandono, de peligro, maltrato en la que se encuentren menores, así como procesos de guarda, tenencia y adopciones; en consecuencia, este Código no supera los resabios de la situación irregular.
Posteriormente, el 27 de octubre de 1999, se promulga el Código de Niña, Niño y Adolescente mediante Ley 2026, en la cual existe un cambio trascendental de la concepción que se tenía de los ʽmenoresʼ en el anterior Código, al establecerse un régimen especializado de justicia para adolescentes infractores, que viene a ser el cambio fundamental al nuevo paradigma de la protección integral, donde se establecen principios y garantías procesales importantes que efectivizan los derechos de los adolescentes en conflicto con la Ley, además de otorgarle al Juez de la Niñez y Adolescencia la competencia jurisdiccional; asimismo, se .
desconcentra a nivel municipal y departamental las instancias de protección de las niñas, niños y adolescentes, de ahí que, los Servicios Departamentales de Gestión Social (SEDEGES) se constituyen en instancias que establecen políticas no solo de atención y protección sino de prevención en materia de niñez y adolescencia a nivel departamental, aunque mantienen resabios de la institucionalización de la doctrina de la situación irregular anterior, que se ve superada en mayor medida al realizar la inserción familiar de niñas, niños y adolescentes de los Hogares bajo su dependencia, de igual manera es trascendental la creación de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, quienes a parte de realizar funciones de prevención de la violencia en contra de este sector de la población, son los promotores y defensores de los derechos de los niños y adolescentes en el Municipio del que son parte, por ello se constituyen en un brazo operativo importante de los Gobiernos Autónomos Municipales para garantizar el ejercicio de esos derechos. Asimismo, la Constitución Política del Estado de 2009, ha establecido una Sección específica dirigida a los Derechos de la Niñez y Adolescencia, siendo importante destacar el art. 60 donde se establece que: “Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado”, elevando así el interés superior del niño a rango constitucional, garantizando la satisfacción de los derechos de los niños y adolescentes en todos los niveles del Estado, los órganos de poder y de la sociedad boliviana, es así que, se realza también la protección de las y los adolescentes en conflicto con la ley, al establecer el acceso a una justicia pronta y oportuna; sin embargo, de acuerdo al Cuarto Informe Periódico del Estado Plurinacional de Bolivia elevado ante el Comité de los Derechos del Niño, esta instancia en su 52 período de sesiones de 16 de octubre de 2009, ha establecido Observaciones para Bolivia, que en lo referente a la Administración de Justicia Juvenil, son las siguientes. “82. El Comité insta al Estado parte a que vele por la plena aplicación de las normas de justicia juvenil, en particular los artículos 37 b), 39 y 40 de la Convención, así como las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing), las Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil (Directrices de Riad) y las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad (Reglas de La Habana). En particular, el Comité insta al Estado parte a tener en .
cuenta la Observación general Nº 10 (2007) del Comité sobre la administración de la justicia de menores. También recomienda que:
a) El Estado parte vele por que el sistema jurídico positivo y el sistema indígena tradicional respeten la Convención, e introduzca una clara separación de competencias entre ambos sistemas; b) El Estado parte tome medidas preventivas, como respaldar el papel de la familia y la comunidad, para eliminar las condiciones sociales que llevan a los niños entrar en contacto con el sistema de justicia penal o con el sistema indígena tradicional, y tome todas las disposiciones posibles para evitar la estigmatización; c) Los niños en conflicto con la ley sean juzgados por el sistema de justicia juvenil, y no como adultos en los tribunales ordinarios; d) Se introduzca en todas las regiones la figura del juez especializado en la infancia, y que estos jueces especiales reciban una educación y capacitación apropiadas; e) La privación de libertad constituya una medida de último recurso con la menor duración posible, y cuya aplicación se examine periódicamente con miras a retirarla; f) Se desarrollen penas alternativas a la privación de libertad tanto en el sistema jurídico positivo como en el sistema indígena tradicional, como la libertad condicional, la mediación, los servicios a la comunidad, o la condena condicional, siempre que sea posible; g) Los niños privados de libertad tengan acceso a la educación, incluso cuando se encuentren en prisión preventiva; h) El Estado parte solicite asistencia al Grupo Interinstitucional sobre Justicia Juvenil, del que forman parte la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el UNICEF, el ACNUDH y diversas ONG”.
En este contexto, es que por Ley 548 de 17 de julio de 2014, se promulga en Bolivia el Código de Niño, Niña y Adolescente, norma que se encuentra en la actualidad en vigencia, en el cual se reconocen como sujetos de derecho a los niños que comprenden desde la concepción hasta los doce años y la adolescencia desde los doce a los dieciocho años; asimismo, establece que se le debe garantizar el ejercicio de las garantías constitucionales y de aquellas que se encuentran en la citada norma; de igual forma, se incluyen varios principios generales, entre ellos el del interés superior del niño, que se vincula con la protección integral y pregona la satisfacción de los derechos de manera preeminente; también, una de las implementaciones importantes del referido Código es la inclusión de un .
Sistema Penal Para Adolescentes, en el cual se establece una visión integral de atención y protección de los adolescentes en conflicto con la Ley, desde las instituciones involucradas y los procedimientos tanto procesales como administrativos para el ejercicio de los derechos de esta población, que condice con lo dispuesto en el art. 8.II de la norma en cuestión, ya que esa disposición establece la obligatoriedad del Estado a través de todos sus niveles a garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las niña, niños y adolescentes; instituyendo en consecuencia entre sus derechos y garantías la especialidad, presunción de inocencia, a ser oída u oído, a guardar silencio, es decir a no declarar en su contra, a ser informada o informado, a un traductor o intérprete, al debido proceso, a la defensa especializada, asistencia integral, a permanecer en centros especializados para adolescentes, a la comunicación, a la privacidad, confidencialidad, intervención de sus representantes legales, a la proporcionalidad, única persecución, y excepcionalidad de la privación de libertad; por otra parte, uno de los cambios trascendentales es el ámbito de aplicación de dicho sistema penal, pues ahora está dirigida a los adolescentes a partir de los 14 años hasta los 18 años, que modificó la Ley 2026 en la cual se establecía la aplicación del régimen especial desde los 12 a 16 años, finalmente también se incluyen medidas específicas de justicia restaurativa, que tampoco se encontraba en la citada norma.
Así las cosas, Bolivia cuenta con una Constitución Política del Estado y un Código de Niña, Niño y Adolescente que se sujetan a la Convención sobre los Derechos del Niño y por ende al enfoque de la protección integral de derechos, donde se establecen también principios que son directrices para la actuación de las autoridades judiciales y administrativas que conforman el Sistema Penal para Adolescentes en conflicto con la Ley, a fin de garantizar la plena satisfacción de los derechos de la niñez y adolescencia en nuestro país; sin embargo, en ese entendido es importante remarcar que ante los vacíos normativos e inclusive de tipo administrativo, el corpus iuris internacional de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes se constituye en un referente principal de instrumentos internacionales del Sistema Internacional de Derechos Humanos, que deben ser aplicados por dichas autoridades, en virtud a la obligatoriedad que tiene el Estado Plurinacional de cumplir con las Convenciones y Acuerdos suscritos en esa materia, en concordancia con el principio de pacta sunt servanda y además teniendo en cuenta que a la luz de la propia Constitución Política del Estado, estas normas son aplicables de manera preferente cuando establecen derechos más favorables que la referida Norma Suprema, a su vez de conformidad a la interpretación efectuada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al contenido y alcance del art. 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues no solamente se trata de la aplicación de ese contenido a partir de las Convenciones y Tratados sobre la materia sino también de las Reglas o Directrices de Justicia Juvenil, las Opiniones Consultivas como las Observaciones Generales.
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Bajo tal comprensión, es importante que el enfoque de la protección integral que pregona la Convención sobre los Derechos del Niño en favor de los adolescentes en conflicto con la ley se consolide materialmente en nuestro país a través de todas las instancias del Estado y de los órganos de poder; es decir, bajo este enfoque de satisfacción de los derechos de esta población de manera preeminente, todo ello en consonancia con el interés superior del niño.
Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso Instituto de Reeducación del Menor Vs. Paraguay. Sentencia de 2 de septiembre de 2004, señaló que: “…el contenido del derecho a la libertad personal de los niños no puede deslindarse del interés superior del niño, razón por la cual requiere de la adopción de medidas especiales para su protección, en atención a su condición de vulnerabilidad”; por lo que, para considerar la aplicación de una medida de privación de libertad, conforme a la regla 17.1 inc. b) de las Reglas de Beijing indica que: “las restricciones a la libertad personal del menor se impondrán sólo tras cuidadoso estudio y se reducirán al mínimo posible”, estudio donde debe considerarse los principios de excepcionalidad y proporcionalidad en la pena, así se tiene de documento Justicia Juvenil y Derechos Humanos en las Américas elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Relatoría sobre los Derechos de la Niñez de la Organización de Estados Americanos, que en su parágrafo IV de medidas privativas y no privativas de la libertad para niñas, niños y adolescentes que son declarados responsables de infringir leyes penales, donde se determinó límites a la privación de la libertad, a modo de conceptualización, el principio de excepcionalidad de acuerdo al art. 37 inc. b) de la Convención sobre los Derechos del Niño, se entiende como: “…La detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda’ y el principio de proporcionalidad como: ‘…la sanción de un niño infractor debe estar justificada en la proporcionalidad entre la conducta y la lesividad de la infracción respecto de los bienes jurídicos protegidos. Más aún, entre las distintas sanciones privativas de libertad, debe elegirse aquella que respete el principio de mínima intervención’”».
La SCP 0078/2018-S2 de 23 de marzo, establece que: “Respecto a la legitimación pasiva en acciones de libertad, la jurisprudencia contenida en la SC 0691/2001-R de 9 de julio, definió la legitimación pasiva señalando que ésta debe ser entendida como la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquella contra quien se dirige la acción. Posteriormente, a la luz de la Constitución Política del Estado vigente, la SC 0010/2010-R de 6 de abril estableció que es posible activar la acción de libertad contra un servidor .
público o un particular, entendimiento ratificado por la SC 0900/2010-R de 18 de agosto. Luego, en la SCP 0018/2012 de 16 de marzo, se refuerza el entendimiento antes señalado y se precisa que para la procedencia de esta acción tutelar es imprescindible que ésta se dirija contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales; en concreto, es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción.
Asimismo, la SC 1651/2004-R de 11 de octubre estableció que para la procedencia del hábeas corpus -ahora acción de libertad- es imprescindible que la misma esté dirigida contra la autoridad que cometió el acto ilegal o la omisión indebida lesiva del derecho a la libertad, ya que la inobservancia de este entendimiento, en aplicación del presupuesto procesal de la legitimación pasiva, impide al control de constitucionalidad ingresar al análisis de fondo de la problemática, entendimiento que fue ratificado en la SC 0330/2013-L de 16 de mayo, que señaló que no existe legitimación pasiva cuando la autoridad o persona demandada no participó en la vulneración de los derechos invocados.
Como se puede advertir, la jurisprudencia que señala que no existe legitimación pasiva cuando la autoridad o persona demandada no participó en la vulneración de los derechos alegados, se mantuvo a lo largo de toda la historia de la jurisprudencia constitucional” (las negrillas son nuestras).
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso en su elemento de legalidad y tutela judicial efectiva; puesto que, a solicitud del Fiscal de Materia ahora coaccionado, el Juez hoy accionado en la Resolución 6/2023 de 18 de abril, de terminación anticipada del proceso le impuso como medida socio-educativa dos años de privación de libertad a cumplirse en el Centro de Reintegración Social "Maná" de Beni, cuando le correspondía que se le aplique un año de medidas socioeducativas con restricción de libertad y no así con privación de libertad.
Antes de ingresar al análisis de fondo, de manera previa se debe señalar que, conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, cuando el caso remitido en .
revisión ante esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional tenga relación con la protección de derechos fundamentales y garantías constitucionales de niñas, niños o adolescentes, no es exigible que antes de interponer la presente acción de defensa, se agoten los mecanismo o medios previstos ante la jurisdicción ordinaria, en ese sentido, al ser el accionante un adolescente de quince años de edad se ingresará a considerar el fondo de la denuncia planteada a través de esta acción de libertad.
En ese contexto, corresponde verificar si lo denunciado por la parte accionante es o no evidente, razón por la cual se analizará lo resuelto por el Juez ahora accionado en la Resolución 6/2023, donde llama la atención que existen -en antecedentes de esta acción de defensa- dos resoluciones con la misma numeración y fecha, ambas emitidas por el referido Juez, en los cuales se declara al accionante, autor del delito de robo y se aprueba la terminación anticipada del proceso en favor del mismo; empero, se evidencia que, en una de dichas Resoluciones, refiriéndose el art. 323.III del CNNA se dispone que el accionante cumpla la sanción socio-educativa atenuada de dos años con restricción de libertad en el Centro de Reintegración Social "Maná" de la ciudad de Trinidad de Beni; y en la otra -de las Resoluciones 6/2023-, al amparo de los art. 323.II y 324.II del mismo Código, se dispone que el nombrado cumpla la sanción socio-educativa atenuada de un año y veinticinco días de régimen domiciliario con restricción de libertad a cumplirse en el mencionado Centro de Reintegración Social.
En ese entendido, resulta evidente que, el Juez ahora accionado a momento de disponer la sanción socio-educativa atenuada de dos años e incluso de un año y veinticinco días, no tomó en cuenta que el tipo penal de robo previsto por el art. 331 del CP, dispone: “El que se apoderare de una cosa mueble ajena con fuerza en las cosas o con violencia o intimidación en las personas, será sancionado con privación de libertad de uno (1) a cinco (5) años” ; es decir, con un máximo penal de cinco años; por lo cual, dicha sanción atenuada en cuatro quintas partes, de acuerdo al art. 268.I del CNNA, da como resultado un año; es decir que, debió imponerse al accionante esa sanción; sin embargo, erróneamente el Juez hoy accionado no lo hizo así.
Ahora bien, en cuanto a la forma de cumplimiento de las sanciones socio-educativas referidas precedentemente, se observa que, en la Resolución 6/2023, que establece la sanción socio-educativa de dos años, se dispuso, conforme el art. 323.III del CNNA, que la misma debía cumplirse con restricción de libertad en el Centro de Reintegración Social "Maná" de la ciudad de Trinidad de Beni, decisión asumida de forma incoherente debido a que la mencionada normativa trata sobre las medidas socio-educativas con privación de libertad que se cumplen bajo régimen de internamiento, cuales se .
aplican cuando la pena atenuada impuesta es superior a los dos años; empero, señala seguidamente que la sanción debía ser cumplida con restricción de la libertad, medida que se encuentra establecida en el citado artículo en el parágrafo II de ese Código, misma que señala que dichas medidas pueden ser cumplidas en régimen domiciliario, en tiempo libre y semi-abierto, extremos que no fueron considerados por el Juez ahora accionado, siendo que se emitió mandamiento de traslado que menciona textualmente la sanción de dos años, en detención preventiva, situación que al parecer se pretendió corregir en la otra Resolución 6/2023, que determinó la sanción socio-educativa de un año y veinticinco días, al señalar que esa decisión fue asumida de acuerdo a los arts. 323.II y 324.II del CNNA, y debía ser cumplida en régimen domiciliario con restricción de libertad; sin embargo, como se manifestó en el párrafo anterior, ambas Resoluciones 6/2023, no realizaron un correcto cálculo de la sanción en el marco del art. 268.I del citado Código, lo que originó que no se determine conforme a ley, una medida socio-educativa establecida por el art. 324 del referido Código.
De lo que se concluye que, el Juez ahora accionado al margen de un debido proceso aplicó erróneamente las disposiciones legales desarrolladas precedentemente, privando al accionante de forma ilegal de su derecho a la libertad, cuando de conforme a la jurisprudencia constitucional contenida en el Fundamento Jurídico III.3. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, dicho Juez debió procurar que el menor en conflicto con la ley -accionante-, sea beneficiado con una sanción socio-educativa en proporción al hecho punible, a sus consecuencias, conforme a ley y observando el debido proceso, al ser un sujeto de derecho perteneciente a un grupo vulnerable, merecedor de una protección integral que tiene como eje central el principio de interés superior del niño, niña y adolescente; y, en entendido que la sanción que se le imponga está establecida para su rehabilitación y no como un castigo; consecuentemente, corresponde conceder la tutela solicitada con relación al señalado Juez.
Por otra parte, con relación al Fiscal de Materia ahora coaccionado se tiene que, el mismo no emitió la Resolución 6/2023 de 18 de abril, que impuso al accionante la sanción socio-educativa de dos años de restricción de libertad a cumplirse en el Centro de Reintegración Social "Maná" de la ciudad de Trinidad de Beni, decisión que denuncia el nombrado, que vulnera su derecho a la libertad y al debido proceso; si bien, suscribió el acuerdo de consentimiento para que el accionante se someta a la tramitación anticipada del proceso bajo medidas socio-educativas, donde también erróneamente se consignó la pena de dos años; sin embargo, dicho documento fue puesto a consideración del Juez ahora accionado quien determinó en definitiva la sanción que debía cumplir el accionante; asimismo, se tiene que a través de esta acción de .
defensa se solicitó se anule la Imputación Formal de 17 de igual mes de 2023, elaborada por el referido Fiscal de Materia; no obstante, no se realizó ningún fundamentación con relación a la mencionada documental y de cuyo contenido no se advierte que exista referencia a la aplicación de sanciones socio-educativas para el accionante -aspecto que se encuentra siendo observado en esta acción tutelar-; en consecuencia, corresponde denegar la tutela solicitada respecto al mencionado Fiscal de Materia, por falta de legitimación pasiva, conforme la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.2. del presente fallo constitucional, al no existir la coincidencia o correspondencia entre la persona, autoridad o funcionario contra quien se interpuso esta acción de defensa, con quien efectivamente causó la supuesta vulneración a los derechos que se denuncia.
Sobre la vulneración al derecho a la tutela judicial efectiva -el accionante-, señala que se vulneró la misma en sus “vertientes” -elementos- a una sentencia debidamente motivada y congruente; no obstante, conforme lo establecido por la SCP 679/2018-S2 de 23 de octubre, el derecho a la Tutela judicial es: “…básicamente el derecho de acceso libre a la jurisdicción o a la de justicia, que se encuentra consagrado en el art. 115.I de la CPE, derecho que tiene tres elementos constitutivos: a) El acceso propiamente dicho a la jurisdicción; b) Lograr el pronunciamiento de las autoridades judiciales sobre el conflicto; y, c) Lograr que la resolución emitida por la autoridad jurisdiccional sea cumplida y ejecutada”, por lo que dichos elementos no son parte del mencionado derecho; en consecuencia, corresponde denegar la tutela solicitada respecto a ese derecho.
Finalmente, en cuanto a la solicitud de remisión de antecedentes al Consejo de la Magistratura y a Régimen Disciplinario del Ministerio Público, no corresponde atender la misma; puesto que, si el accionante considera que se incurrió en alguna falta, las partes afectadas cuentan con las vías expeditas para promover las acciones que consideren convenientes ante las autoridades llamadas por ley. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder en parte la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 032/2023 de 16 de mayo, cursante de fs. 61 a 65 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela solicitada, respecto al Juez Público de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social Primero de .
Riberalta del departamento de Beni, y a los derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento de legalidad, sin disponer la libertad del menor de edad AA.
a) Disponer se dejen sin efecto las Resoluciones 6/2023 de 18 de abril, que cursan en el cuaderno procesal y se emita una nueva resolución de forma inmediata, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. 2º DENEGAR la tutela solicitada, respecto al Fiscal de Materia, al derecho a la tutela judicial efectiva y a la solicitud de remisión de antecedentes al Consejo de la Magistratura y a Régimen Disciplinario del Ministerio Público. 3º Exhortar a Jorge Vigneaux Rodríguez, Fiscal de Materia a que lleve sus casos con mayor cuidado y en apego a la normativa legal en vigencia, más cuando se trata de casos que impliquen a adolescentes en conflicto con la ley. 4º Disponer que, por Secretaria General de éste Tribunal Constitucional Plurinacional, se remitan antecedentes al Consejo de la Magistratura, con la finalidad de que se inicien las acciones legales -si corresponde- en contra del Juez Público de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social Primero de Riberalta del departamento de Beni, por la presunta existencia de dos resoluciones con la misma numeración y fecha, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1103_2026-S1.pdf · páginas 1 a 25.
Huella digital del PDF (SHA-256): 34bd40dc22086f1cd05e13df0592d25aee926f26a5eee6a6f4be3d4a7cf0fdee
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