Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 15 de septiembre de 2023
Concede en parte la tutela
La parte accionante en su condición de copropietarios del Edificio Torre CESUR denuncia la lesión de sus derechos a la propiedad, a la petición, a la dignidad y al acceso a los servicios básicos de telecomunicaciones; toda vez que: i) De manera reiterada solicitaron a los demandados que en uso de sus facultades y obligaciones que son inherentes al Directorio y Administración del Edificio se convoque a una asamblea de copropietarios y se presente una rendición de cuentas por los recursos percibidos; además, se les otorgue fotocopias legalizadas de las actas de aprobación del Estatuto, de designación del directorio, así como de las tarifas de expensas con el detalle de la forma de cálculo y distribución de cargos por expensas; asimismo, se solicitó copia de la resolución o acta en la que se decidió el uso de una cuenta individual para el pago de expensas; no obstante, únicamente merecieron la Nota CITE 0007/22 de 22 de febrero, en la que se negó la atención de cualquier solicitud, en tanto no se acepte un estatuto, y no se pague un monto establecido arbitrariamente, acción que no solo se constituiría en lesivo a su derecho a la petición sino también se constituiría en una medida de hecho tendiente a impedir el libre ejercicio de sus derechos como propietarios; ii) Solicitaron a la Administradora ahora demandada se autorice el acceso de fibra óptica para contar con internet de alta velocidad; sin embargo, no se dio autorización expresa para la instalación del internet, ello como una forma de presión para la entrega de fondos que tiene un cálculo arbitrario, lesionando su derec…
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 188/2022 de 25 de julio, cursante de fs. 331 a 336, pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela impetrada en relación a la lesión de los derechos a la petición, al ejercicio del derecho propietario; y, a la intimidad, imagen o buen nombre; además de las costas procesales, conforme los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Disponer que el Presidente del Directorio de la Asociación de Copropietarios; y, la Administradora, ambos del Edificio Torre CESUR, respondan a todas las notas presentadas por los accionantes, debiendo cesar de inmediato de las vías de hecho, en cuanto a la negación de atender las solicitudes de los impetrantes de tutela. 3° DENEGAR la tutela respecto a la vulneración de los derechos a los servicios básicos de telecomunicaciones, la intimidad e imagen, conforme los fundamentos expuestos del presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1103/2023-S1 Sucre, 15 de septiembre de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional Expediente: 49502-2022-100-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 188/2022 de 25 de julio, cursante de fs. 331 a 336, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Juan Augusto Céspedes De Col y Marianela Inés Zamora Nogales contra Javier Aguirre Marquiegui, Presidente del Directorio de la Asociación de Copropietarios; y, María Cecilia Del Carmen Cuellar Vda. de Aspiazu, Administradora, ambos del Edificio Torre Centro Empresarial del Sur (CESUR).
Por memoriales presentados el 23 de mayo y 13 de junio de 2022, cursante de fs. 54 a 61 y 69 a 74, la parte accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:
En su condición de copropietarios del Edificio Torre CESUR, de manera reiterada tanto verbal y escrita solicitaron a los demandados que en uso de sus facultades y obligaciones que son inherentes al Directorio y Administración del Edificio se convoque a una asamblea de copropietarios y se presente una rendición de cuentas por los recursos percibidos; además, se les otorgue fotocopias legalizadas de las actas de aprobación del Estatuto del Edificio, de designación del directorio, así como de las tarifas de expensas con el detalle de la forma de cálculo y distribución de cargos por expensas; asimismo, se solicitó resolución o acta en la que se decidió el uso de una cuenta individual para el pago de expensas.
No obstante, todas las solicitudes efectuadas, merecieron la Nota CITE 0007/22 de 22 de febrero, con referencia “‘Respuesta a sus notas Gestiones 2021-2022’”, en la que se niega a atender cualquier solicitud, en tanto no se acepte un estatuto que no fue aprobado en asamblea, el cual ni existiría, conforme fue verificado a través de Acta de Verificación de Inmueble de 26 de mayo de 2021, y en tanto no se pague un monto establecido arbitrariamente a la cuenta del “hermano” del Presidente de Directorio ahora demandado, acción que no solo se constituiría en lesivo a su derecho a la petición sino también se constituiría en una medida de hecho tendiente a impedir el libre ejercicio de sus derechos como propietarios. Posteriormente, el 18 de abril de 2022, de manera escrita se solicitó a la Administración del edificio Torre CESUR se autorice el acceso de fibra óptica para contar con internet de alta velocidad; no obstante, mediante Nota CITE 154/CESUR/22 de 14 de abril, se le impidió realizar dicha conexión; razón por la que, presentó una nota señalando “…que las normas que rigen la convivencia y administración del edificio no dependen de mi aceptación o rechazo, sino de su legitimidad mediante aprobación formal en una asamblea de copropietarios…” (sic), y solicitando nuevamente fotocopia de los documentos que validan la aprobación del Estatuto y de su vigencia; sin embargo, “hasta la fecha” –se entiende la fecha de presentación de la acción de amparo constitucional efectuada el 23 de mayo de 2022– no se dio autorización expresa para la instalación del internet, amenazando el normal desenvolvimiento de las actividades de Eloquence Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.) que se constituye en su inquilino, ello como una forma de presión para la entrega de fondos que tiene un cálculo arbitrario, lesionando su derecho al acceso a los servicios básicos de telecomunicaciones. Luego, el 11 de mayo de 2022, solicitaron una certificación sobre la asignación contable en casos de otras deudas, para realizar una comparación y saber si se daba un trato equitativo o diferenciado con relación a otros copropietarios; empero, los ahora demandados, con el objeto de conseguir un pago de una cifra calculada arbitrariamente a una cuenta particular, y sin respaldo normativo alguno, procedieron a colocar un letrero señalándolos como morosos, dañando y lesionando su derecho a la dignidad. En ese sentido, con lo descrito se evidencia la existencia de vías de hecho por parte de los ahora demandados quienes tratan que se realice depósitos en una cuenta particular, ello sin respaldar esa determinación en una disposición normativa de la asamblea de copropietarios, intentando obligarlos a someterse a un Estatuto y un reglamento que no fueron aprobados en asamblea, y que no se sujetan al ordenamiento vigente y son en consecuencia contrarios a la Ley de Propiedad Horizontal, pretendiendo que formen parte de una asociación apócrifa.
La parte accionante denunció la lesión de sus derechos a la propiedad, a la petición, a la dignidad y al acceso a los servicios básicos de telecomunicaciones, citando al efecto los arts. 16 y 20 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo el cese de toda medida de hecho; y, en consecuencia: a) Se ordene expedir respuesta de fondo a sus solicitudes ya sea concediendo o negando las mismas de manera fundamentada; b) Se proceda al retiro del letrero que los sindica como deudores morosos; c) Se garantice “…el libre acceso de los recurridos a las áreas comunes, en particular a la administración permitiendo la consulta irrestricta a los documentos que registran los actuados de la Asociación de Copropietarios Torre CESU” (sic); y, d) Se condene en costas.
Celebrada la audiencia pública el 25 de julio de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 322 a 330, se produjeron los siguientes actuados:
La parte accionante, ratificó los términos de su acción de amparo constitucional, y ampliando manifestó; 1) En abril de 2021 solicitó a la Administradora ahora demandada que se le otorgue documentación del Edificio Torre CESUR, y si bien se le entregó una cantidad de documentación se hizo notar que dicha documentación no contaba con firma; y, son ambos demandados que impiden que se pueda acceder a la documentación; por lo que, fue enviando varias notas, y en particular la Nota de 18 de abril de 2022, a través de la cual se manifestó que el Estatuto y Reglamento deben ser aceptados en asamblea, siendo por ello que se solicitó se extienda una copia de su aprobación, observación que tiene como objeto su subsanación o su sometimiento ante la asamblea; no obstante, el Presidente del Directorio ahora demandada responde manifestando que todos los actos y decisiones se sujetan al Estatuto y se condiciona la entrega de documentos al pago de una deuda que se tendría de Bs7 134.- (siete mil ciento treinta y cuatro bolivianos), en tal sentido, siendo que ello impediría que se muestre el estatuto firmado se fue a pagar dicha deuda, señalando que aun debían Bs2 023.- (dos mil veintitrés bolivianos). Posteriormente, el 22 de febrero de 2022, como respuesta a todas sus notas de 2021 y 2022, los ahora demandados refieren que mientras no se cumpla con los estatutos y no reconozca los mismos, sus peticiones no serían atendidas, por lo que, se estaría restringiendo su derecho a la petición; 2) Se los publica como si fueran deudores morosos nos ponen unos montos que tiene derecho a saber de dónde salen, como se calculan, por lo que, esa forma de cobro es contraria a la Ley de Propiedad Horizontal que establece que debe cobrarse en la vía ejecutiva; además, si el Estatuto estaría vigente, el mismo en su art. 17 establece que “…solo vencimiento constituye una mora indica un pago…” (sic), y el propio Estatuto señala que “…queda prohibida el colocado de letrero…” (sic); y, si bien dicho aspecto podría ser reclamado en asamblea; no obstante, no se convoca a la misma; y, 3) “… la tercera medida de hecho se va cuando el tercer interesado que es el Dr. Pide el permiso para Axes lo instalé fibra óptica. Si bien tiene el permito en un primer momento la inquilina me forma en que el momento de recoger el señor Aguirre me dice, no a ustedes no se les va a entregar ese permiso porque mientras que no asuman el estatuto y no paguen todo no se les va a dar. Pese a que yo inclusive estaba aprobada. Yo les mando una carta dónde le digo No tengo problema. me someto sin objeciones y reserva al estatuto y reglamento que estuvieran aprobadas (…) Para la instalación del servicio básico, simplemente sito, la Constitución Política del Estado y la sentencia constitucional 233 parágrafo 2006 que el servicio de Internet es también un servicio básico constitucional mente protegido Y el hecho de que tengamos por qué en esto no voy a mentir tengamos la oportunidad de que nuestro inquilino tenga un Internet de cable de cobre, no es lo mismo…” (sic).
Javier Aguirre Marquiegui, Presidente del Directorio de la Asociación de Copropietarios del Edificio Torre CESUR, a través de su abogado, en audiencia, señaló: i) La parte impetrante de tutela en varias oportunidades manifestó que en abril de 2021 se le mostró el Estatuto y la rendición de cuentas pero que estaban sin firmas, existiendo una contradicción porque luego refiere que no se le mostró dichos documentos; además, si bien se pidió una auditoría porque se tendría dudas sobre la veracidad de todos los manejos económicos de administración y demás, se presentó como prueba de descargo que las actas existen, en las que se determinó que se haga depósitos en la cuenta del tesorero del Directorio del Edificio Torre CESUR; ii) Existe una demanda de rendición de cuentas en la vía ordinaria, lo que hace que la acción de amparo constitucional sea improcedente; iii) “…la situación del Covid la situación de toda la coyuntura mundial que ha golpeado a la humanidad ha Hecho que justamente se emerge los ingresos Y hay situaciones que les ha llevado a economizar a Los miembros del directorio es por eso que justamente no vieron por conveniente. Hacer el trámite de aprobación y posteriormente la extensión del impuesto al IUE y demás que se tienen que hacer emergente de una aprobación Justamente de estatuto porque no hay ninguna norma legal en Bolivia tampoco lo ha dicho el doctor que establezca obviamente que tiene que estar aprobado los estatutos no existe una norma legal…” (sic); iv) Respecto al derecho a los servicios básicos de telecomunicaciones, cursa Nota de 21 de julio de 2022, emitida por la empresa AXS Bolivia S.A., por la que, se informó que dicha empresa tiene una cuenta a nombre de “Céspedes de Col SRL” en la dirección del Edificio desde el 21 de abril del citado año; v) La lesión del derecho a la propiedad alegada por la parte peticionante de tutela es falsa ya que “…el señor Céspedes de col tiene inquilinos que los ha presentado Como terceros interesados sin embargo no ha acreditado un contrato por el cual obviamente, donde se determine, cuánto pagan si ellos tiene que pagar las expensas x y z esa situación Que obviamente tendría que estar determinado en el contrato, entonces si tenemos que hace el ius utendi, ius fruendi y ius abutendi respecto a la propiedad Y no se estarías restringiendo el derecho a la propiedad…” (sic); y, vi) La mayoría de los condominios de la ciudad de La Paz coloca a los morosos en una lista, e inclusive había un deudor moros que debía Bs170 000.- (ciento setenta mil bolivianos) y también se lo publicó, por lo que, los accionantes no son los únicos, debiendo haberse cumplido con sus obligaciones más aún si se tenía conocimiento que se tenía un monto que pagar. María Cecilia Del Carmen Cuellar Vda. de Aspiazu, Administradora del Edificio Torre CESUR, mediante memoriales presentados el 13 y 14 de julio de 2022; y, en audiencia a través de su abogado, manifestó que: a) Su persona es empleada administradora en el Edificio Torre CESUR; por lo que, se limita a recibir y ejecutar ordenes dentro de sus competencias; b) Paralelamente a la acción de amparo constitucional, la parte impetrante de tutela les instauró un demanda civil ordinaria sobre supuestos daños y perjuicios, la cual contiene los mismos argumentos; c) “…ejerce labores en el cargo de Secretaria Ejecutiva de administración de la Asociación de copropietarios del edificio Torre Sur…” (sic); y, d) Los documentos se encuentran en Administración del Edificio Torre CESUR para cualquiera de los copropietarios.
Fabiola Andrea Rojas Flores, “representante de la empresa ELOQUENCE S.R.L.”, por intermedio de su abogado en audiencia, manifestó: 1) La Administradora del Edificio Torre CESUR señaló que también ejerce el cargo de Secretaria Ejecutiva del Directorio de dicho Edificio; no obstante, no se sabe en qué momento ejerce cual cargo, y como ocupantes es necesario que se conozca la estructura, quienes son los directores, quienes están a cargo del dinero, como se distribuye el mismo, como se calcula la deuda; 2) En la acción de amparo constitucional se prevé el acceso irrestricto a un derecho propietario “…y por lo tanto de esos inquilinos en la relación contractual que tienen a la información básica de una comunidad de copropietario porque la información básica hay está pidiendo que me de los saldos de su cuenta personal sino porque bajo que normativa se cobra a la cuenta personal de alguno de ellos las expensas las multas etc., y de donde emergen estas multas estas moras, esos montos que son más allá de las expensas y que muchas veces en una relación contractual entre propietario e inquilino deben discutirse…” (sic); 3) La parte demandada refirió que se hubiese entregado la documentación requerida; empero, ello no es evidente debido a que se solicitó a su arrendador –ahora accionante– se muestre cuáles son las normativas para realizar algunos cobros; y, 4) Respecto al letrero es posible que la dignidad de los copropietarios –ahora impetrantes de tutela– pueda tener eco en la reputación de su Empresa.
La Sala Constitucional Cuarta del departamento de La Paz, por Resolución 188/2022 de 25 de julio, cursante de fs. 331 a 336, concedió en parte la tutela solicitada en cuyo mérito, dispuso se deje sin efecto la Nota CITE: 0007/2022 debiendo la parte demandada responde a todas y cada una de las notas presentadas por los accionantes, concediéndose un plazo de cinco días, sin costas; y, denegó en relación a las otras peticiones relativas al acceso irrestricto o establecimiento de vía de hecho, debido a que no fue acreditada; bajo los siguientes fundamentos, la parte impetrante de tutela refirió que presentó varias notas el 2021 y 2022 y que todas merecieron un respuesta evasiva exigiéndoles el pago de sus deudas, sin que tenga alguna, que cumpla con el Estatuto, el cual se pretende verificar; en tal sentido, de la Nota CITE: 0007/2022 emitida por los demandados, se advierte que la misma señala que “‘…atendiendo a sus diferentes notas de referencia, les reiteramos que mientras no cumpla con nuestros Estatutos, y reconozca expresamente estos, sus peticiones no serán atendidas…’” (sic); sin embargo, no se consideró que el art. 24 de la CPE no presenta ninguna condición; es decir, no establece que previamente se realice, se demuestre o se adjunte algo para responder a una solicitud; en tal sentido, una nota evasiva que no responde el fondo ni positiva ni negativamente lesiona los derechos de la parte accionante.
De la revisión y compulsa de los antecedentes, se establece lo siguiente: II.1. Se tiene Nota CITE: 0064/21 de 13 de abril, dirigida a Marianela Inés Zamora Nogales –accionante–, por la que, María Cecilia Del Carmen Cuellar Vda. de Aspiazu, Administradora del Edificio Torre CESUR –ahora demandada– hace entrega de documentación, correspondiente al libro de actas de 2018 con el siguiente detalle:
“1.- Convocatoria a la Asamblea Ordinaria 2.- Publicación de Prensa 3.- Acta de Asamblea Ordinaria Gestión 2018 4.- Lista de Asistencia 2018 5.- Informe Administrativo 6.- Aviso de Incremento de Expensas Junio 201 7.- Estatuto de la Asociación de Copropietarios Centro Empresarial del Sur” (sic [fs. 265]). II.2. Cursa Nota de 18 de mayo de 2021, dirigida a la Administradora ahora demandada, por la que, Juan Augusto Céspedes De Col –accionante– manifiesta que, en conocimiento de la Nota CITE: 0064/21 solicita se complemente la documentación con:
“a) Acta de Asamblea Ordinaria Gestión 2018 con firmas b) Sobre el aviso de Incremento de Expensas, se acompañe el mismo, ya que en su nota no está adjuntado. c) Estatuto, favor acompañar la escritura pública correspondiente para verificar su debida aprobación en su contenido” (sic).
Consta sello de recepción de CESUR con fecha 19 de mayo de 2021 (fs. 261). II.3. Se tiene Nota de 28 de mayo de 2021, presentada el 31 de igual mes y año ante Javier Aguirre Marquiegui, Presidente del Directorio de la Asociación de Copropietarios del Edificio Torre CESUR, mediante la que, Juan Augusto Céspedes De Col –accionante– denuncia falta de respuesta a correspondencia y reitera solicitud de entrega de documentación:
“a) Acta de Asamblea Ordinaria Gestión 2018 con firmas b) Sobre el aviso de Incremento de Expensas, se acompañe el mismo, ya que en su nota no está adjuntado. c) Estatuto, favor acompañar la escritura pública correspondiente para verificar su debida aprobación en su contenido” (sic [fs. 255]). II.4. Consta Nota de 21 de julio de 2021, presentada el “20” de igual mes y año, dirigida al Presidente del Directorio ahora demandado, a través de la cual, los accionantes solicitan se convoque a asamblea de copropietarios (fs. 243). II.5. Se tiene Nota de 26 de julio de 2021, presentada en igual fecha, ante la Administradora ahora demandada, mediante la que, los peticionantes de tutela solicitan se convoque a asamblea de copropietarios, citando al efecto el art. 15.1 de la Ley de Propiedad Horizontal (fs. 245). Petición reiterada mediante Nota presentada el 2 de agosto de igual año (fs. 241). II.6. Cursa Nota presentada el 4 de agosto de 2021, ante la Administradora ahora demandada y miembros del Directorio del Edificio Torre CESUR, a través de la cual, Juan Augusto Céspedes De Col –accionante– solicita fotocopia de estados financieros desde el 2018 (fs. 238). II.7. Consta Nota de 5 de agosto de 2021, dirigida a la Administradora ahora demandada, mediante la cual, Juan Augusto Céspedes De Col –accionante– solicita se le proporcione lista de copropietarios del indicado Edificio, señalándose el cálculo de las expensas cobrado a cada uno, ello con el objeto de revisar la proporcionalidad en los mismos (fs. 233). Asimismo, se tiene Nota presentada el 31 de agosto de 2021, ante la indicada Administradora, por la que el impetrante de tutela pide se detalle todos los datos bancarios (nombre y cedula de identidad del destinatario) con el objeto de realizar las expensas, asimismo, se extienda copia del documento por el cual el Directorio y asamblea de copropietarios consintieron ese procedimiento (fs. 224). II.8. Por Nota presentada el 5 de agosto de 2021, ante el Presidente del Directorio ahora demandado, Juan Augusto Céspedes De Col –impetrante de tutela– solicita se certifique si el 22 de mayo de 2018 se realizó una asamblea de copropietarios, estableciéndose el nombre de los firmantes; además, pide se convoque a asamblea anual obligatoria (fs. 235 a 236). II.9. Mediante Nota de 29 de septiembre de 2021, dirigida a los accionantes, Javier Aguirre Marquiegui, Presidente –ahora demandado–, junto a la Vicepresidenta, Tesorero y Secretaria de Actas del Directorio de la Asociación de Copropietarios del Edificio Torre CESUR, refieren que:
“El Directorio de la Asociación de Copropietarios de la Torre ‘CESUR’ se dirige a Uds., a través de la presente, para solicitarles una vez más que tengan presente que no podrán ser atendidas sus notas si no se sujetan a lo dispuesto por el Estatuto y Reglamento. Asimismo, se les solicita tengan presente que en su carta notariada de fecha 20 de Agosto del 2021 dirigida a nuestra secretaria de actas Sra. Jizeth Prado, desconocen plenamente las disposiciones emanadas del actual Directorio que ejecuta lo dispuesto por el Estatuto y Reglamento. En nuestro Edificio, todos los actos y decisiones, se sujetan a la normativa anteriormente referida, incluyendo el cobro de la mora, como su deuda en mora asciende a la suma de Bs. 2.106, 00 desde el año 2018, les solicitamos ponerse al día en sus pagos” (sic [fs. 218]). II.10.Se tiene Nota CITE: 0007/22 de 22 de febrero, con referencia
“Respuesta a sus notas Gestiones 2021-2022”, dirigida a los impetrantes de tutela, mediante la cual, el Presidente de Directorio y la Administradora ahora demandados indican “Atendiendo a sus diferentes notas de referencia, les reiteramos que mientras no cumpla con nuestros Estatutos y reconozca expresamente estos, sus peticiones no serán atendidas. Adjuntamos el Detalle de su Mora actual haciéndole constar que se le pasa su Estado de Cuentas mensual…” (sic). Nota recibida el 3 de marzo de 2022, por “Andrea Rojas” (fs. 304). II.11.Por Nota CITE: 154/CESUR/22 de 14 de abril, la Administradora ahora demandada se dirige al accionante comunicándole que “...mientras Ud., no reconozca expresamente y se sujete a los Estatutos y Reglamentos de nuestra Asociación ninguna de sus peticiones serán tomadas en cuenta” (sic [fs. 16]). II.12.Mediante Nota presentada el 18 de abril de 2022, Fabiola Andrea Rojas Flores –tercera interesada- comunica y solicita a la Administración del Edificio Torre CESUR que se trató de instalar internet en la “Oficina 703”; sin embargo, los técnicos de AXS encontraron que los ductos se encuentran saturados; por lo que, solicita autorización para instalación por la parte externa del edificio o en su caso el responsable de electricidad del Edificio de una solución (fs. 32). II.13.Se tiene Nota presentada el 19 de abril de 2022, ante la Administración del Edificio Torre CESUR, por la que, el ahora accionante, representa la Nota CITE: 154/CESUR/22, señalando que el Estatuto y Reglamento deben ser aceptados en asamblea, siendo por ello que se solicitó se extienda una copia de su aprobación, observación sobre la formalidad, legitimidad, legalidad, y vigencia que tiene como objeto su subsanación o su sometimiento ante la asamblea; en tal sentido, solicita se autorice la instalación de red de fibra óptica para el servicio público de internet (fs. 283 a 285). II.14.Mediante Nota de 19 de abril de 2022, dirigida a los accionantes, la Contadora del Edificio Torre CESUR desglosa información sobre los meses de deuda que asciende a la suma de Bs8 871.- (ocho mil ochocientos setenta y uno bolivianos); e, intereses en una suma de Bs879,12.- (ochocientos setenta y nueva con 12/100 bolivianos); por lo que, solicita el pago de las expensas con puntualidad y evitar el cobro de multas (fs. 289). II.15.A través de Nota presentada el 27 de abril de 2022, la ahora accionante se dirige a Administración del Edificio Torre CESUR solicitando se extienda copia de las actas de asamblea que aprueba el estatuto y la escala del cálculo de expensas; además, de la acreditación de la cuenta particular para realizar depósitos; asimismo, se pidió se convoca que asamblea extraordinaria (fs. 282). II.16.Mediante Nota presentada el 11 de mayo de 2022, ante la Administración del Edificio Torre CESUR, el ahora accionante solicitó se extienda certificación respecto a cuentas por cobrar, a la mora, participación en asamblea, aportación de expensas, entre otros, relativos a otro copropietario (fs. 278 a 279). II.17.Por Nota presentada el 25 de mayo de 2022, ante el Directorio del Edificio Torre CESUR, el ahora accionante junto a otros, solicitan se convoque a asamblea ordinaria y extraordinaria (fs. 276). II.18.Consta Nota de 21 de julio de 2022, por la que, Marcelo Quiroga, Agente Front Desk de AXS Bolivia Sociedad Anónima (S.A.) refiere que de acuerdo a sus registros se tiene un usuario de servicio de internet registrado con la cuenta “Cespedes de Col SRL” vigente desde el 21 de abril de 2022 (fs. 318).
II.19.Se tiene imagen respecto a un letrero que estuviesen adherido a una puerta de vidrio del Edificio Torre CESUR que señala “DEUDORES MOROSOS” consignándose el nombre de los accionantes (fs. 15). II.20.Del acta de audiencia de la presente acción de amparo constitucional, se advierte que, el Presidente del Directorio ahora demandado señala expresamente:
“…todos los condominios de la ciudad de La Paz la mayoría colocan a los de moroso una lista así terrible hay un deudor moros que justamente del edificio son Debía 170.000 bolivianos, pues era así publicado no es el único y bueno, si tomamos en cuenta esa para estar para ser digno tiene que cumplir con sus obligaciones, no le estoy diciendo que sea digno pero definitivamente uno tiene que cumplir con las obligaciones obviamente y en este caso el doctor Col tenía conocimiento que había que justamente el monto a pagar a la torre CESUR…” (sic [fs. 327 vta.]).
La parte accionante en su condición de copropietarios del Edificio Torre CESUR denuncia la lesión de sus derechos a la propiedad, a la petición, a la dignidad y al acceso a los servicios básicos de telecomunicaciones; toda vez que: i) De manera reiterada solicitaron a los demandados que en uso de sus facultades y obligaciones que son inherentes al Directorio y Administración del Edificio se convoque a una asamblea de copropietarios y se presente una rendición de cuentas por los recursos percibidos; además, se les otorgue fotocopias legalizadas de las actas de aprobación del Estatuto, de designación del directorio, así como de las tarifas de expensas con el detalle de la forma de cálculo y distribución de cargos por expensas; asimismo, se solicitó copia de la resolución o acta en la que se decidió el uso de una cuenta individual para el pago de expensas; no obstante, únicamente merecieron la Nota CITE 0007/22 de 22 de febrero, en la que se negó la atención de cualquier solicitud, en tanto no se acepte un estatuto, y no se pague un monto establecido arbitrariamente, acción que no solo se constituiría en lesivo a su derecho a la petición sino también se constituiría en una medida de hecho tendiente a impedir el libre ejercicio de sus derechos como propietarios; ii) Solicitaron a la Administradora ahora demandada se autorice el acceso de fibra óptica para contar con internet de alta velocidad; sin embargo, no se dio autorización expresa para la instalación del internet, ello como una forma de presión para la entrega de fondos que tiene un cálculo arbitrario, lesionando su derecho al acceso a los servicios básicos de telecomunicaciones; y, iii) Los ahora demandados con el objeto de conseguir un pago de una cifra calculada arbitrariamente a una cuenta particular, y sin respaldo normativo alguno, procedieron a colocar un letrero en el Edificio Torre CESUR señalándolos como deudores morosos, dañando y lesionando su derecho a la dignidad. En consecuencia, corresponde examinar en revisión, si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada, desarrollando para ello los siguientes temas: a) La protección del derecho de petición en base al estándar jurisprudencial más alto; b) Sobre el principio de inmediatez; c) El Estado Constitucional de Derecho y las vías de hecho. Finalidad de la tutela constitucional y presupuestos de activación; d) El derecho de acceso a los servicios básicos; e) Sobre la aplicación del principio iuria novit curia en las acciones tutelares; f) Del carácter interdependiente de los derechos; g) En cuanto a las costas procesales en acciones constitucionales de control tutelar; y, h) Análisis del caso concreto.
En relación al derecho a la petición, la SCP 0112/2020-S1 de 21 de julio, aplicó las razones jurisprudenciales desarrolladas en la SCP 0587/2018-S2 de 28 de septiembre, que se constituyen en el estándar más alto de protección de los derechos en relación al derecho señalado. En ese marco, según la referida jurisprudencia constitucional, las denuncias por presunta vulneración del derecho de petición, serán tutelables estén inmersos o no dentro de un proceso judicial o administrativo mediante la acción de amparo constitucional comprendiendo que el derecho de petición tiene como finalidad obtener una respuesta formal, pronta y oportuna; además, con la debida fundamentación, tomando en cuenta que el tratamiento que se otorgará al referido derecho a momento de su análisis se contextualizará en el cumplimiento de los presupuestos que constitucional y jurisprudencialmente se han venido desarrollando por parte de este Tribunal, lo cual no significa que vía acción del derecho de petición, se tengan que absolver las problemáticas de fondo planteadas dentro de un determinado proceso sea judicial o administrativo. Consecuentemente, en virtud a la asunción del razonamiento más progresivo señaló que la petición al ser un derecho que se encuentra comprendido dentro del catálogo de derechos fundamentales y previsto en el art. 24 de la Norma Suprema, debe ser protegido por el Tribunal Constitucional Plurinacional, conforme manda el art. 196.I de la CPE que establece: “El Tribunal Constitucional Plurinacional vela por la supremacía de la Constitución, ejerce el control de constitucionalidad, y precautela el respeto y la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales”. A partir de dicha previsión, el Tribunal Constitucional Plurinacional se constituye en el supremo guardián y máximo intérprete de la Constitución Política del Estado, al tener la potestad exclusiva de ejercer el control de constitucionalidad; y, la misión de ejercer la protección efectiva e idónea de los derechos fundamentales de las personas; constituyéndose en el máximo protector del ejercicio de los derechos y garantías constitucionales establecidos en la Norma Suprema; ello, siempre con una visión progresiva y garantista en la interpretación de los derechos, conforme prevé el art. 13 de la CPE, es así que dentro del catálogo de derechos fundamentales, se encuentra el derecho a la petición, previsto por el art. 24 de la Norma Suprema, que establece: “Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario”, de ahí que el derecho a la petición, se constituye en una prerrogativa primordial que incumbe realizar todo tipo de solicitudes o reclamos, e inclusive posibilita acceder al ejercicio de otros derechos. Ahora bien, independientemente de que la solicitud esté inmersa o no dentro de un proceso judicial o administrativo, para abordar el derecho a la petición deben considerarse las siguientes temáticas: 1) Contenido esencial; 2) Requisitos de procedencia; 3) Legitimación activa; 4) Legitimación pasiva; y, 5) Plazo para emitir respuesta. En referencia al contenido esencial la SC 218/01-R de 20 de marzo de 2001, estableció que una vez interpuesta la solicitud la respuesta debe ser: i) Emitida de forma pronta y oportuna, esto es dentro el plazo establecido por la ley o dentro de un plazo razonable; ii) Formal; es 1Rivera Santivañez, J. A. “Jurisdicción Constitucional”, cit., pp. 58."Es el máximo guardián de la Constitución, porque el constituyente le ha encomendado la labor de resguardar la supremacía de la Constitución frente al ordenamiento jurídico ordinario, desarrollando el control especializado y concentrado de la constitucionalidad de las disposiciones legales, emitiendo sentencias con efecto general o erga omnes, anulando la disposición legal incompatible con la Constitución y expulsándola del ordenamiento jurídico del Estado. Dada la naturaleza jurídica de la función que desempeña, es el supremo intérprete de la Constitución, lo cual no significa que el resto de los órganos del poder público en general, los jueces y tribunales en particular, estén impedidos de realizar la interpretación de la Constitución para resolver el caso concreto sometido a su conocimiento; lo que sucede es que, si bien todas las autoridades y funcionarios públicos interpretan la Constitución, quien cierra el proceso realizando una interpretación que vincula a todos los órganos del poder público, autoridades y particulares es el Tribunal Constitucional, por ello se convierte en el último intérprete de la Constitución'.
2El Cuarto Considerando, señala: “El derecho de petición es considerado como un derecho fundamental del ser humano, consiste en la facultad de toda persona para dirigirse a las autoridades públicas a fin de reclamar, pedir u observar alguna cosa incumbente a aquella, consagrándose como un derecho de los ciudadanos tendiente a morigerar el poder omnímodo del Estado, constituyéndose en un instrumento de particular importancia para que la sociedad civil pueda controlar a sus autoridades y hacer valer sus derechos. Es así que el derecho a formular peticiones (…) se refiere precisamente al derecho fundamental cuyo núcleo esencial comprende la respuesta pronta y oportuna, resolviendo en lo posible la petición en sí misma, es decir resolviendo el asunto objeto de la petición”. 3La SC 1065/01-R de 4 de octubre de 2001, en el Cuarto Considerando, señala que: “…el derecho de petición es la potestad, capacidad o facultad que tiene toda persona de formular quejas o reclamos frente a las conductas, actos, decisiones o resoluciones irregulares de los funcionarios o autoridades públicas o la suspensión injustificada o prestación deficiente de un servicio público, así como el de elevar manifestaciones para hacer conocer su parecer sobre una materia sometida a la actuación de la administración o solicitar a las autoridades informaciones; en sí es una facultad o potestad que tiene toda persona para dirigirse, individual o colectivamente, ante las autoridades o funcionarios públicos, lo que supone el derecho a obtener una pronta resolución, ya que sin la posibilidad de exigir una respuesta rápida y oportuna carecería de efectividad el derecho…” (las negrillas son nuestras). 4La SC 843/2002-R de 19 de julio, en su Tercer Considerando, manifiesta: “Que en el marco de la interpretación realizada por este Tribunal, en cuanto al derecho de petición se refiere, debe dejarse claramente establecido que la exigencia de la autoridad pública de resolver prontamente las peticiones de los administrados, no queda satisfecha con una decir que la respuesta sea escrita y debidamente comunicada o notificada, a efectos que la parte interesada pueda realizar reclamos o utilizar los medios recursivos establecidos por ley; iii) Material, porque debe resolver el fondo de la pretensión o asunto objeto de petición y no evadirlo; atender y resolver de forma positiva o negativa a los intereses del solicitante; y, iv) Argumentada, lo que implica que la respuesta debe ser motivada y fundamentada, exponiendo las razones del porqué se da o no curso a la petición sobre la base de sustentos fácticos y jurídicos. Respecto a los requisitos de procedencia, que debe contener el derecho a la petición la SCP 1995/2010-R de 26 de octubre, moduló el entendimiento de la SC 0310/2004-R de 10 de marzo a efectos de su tutela, en ese mérito sólo se debe cumplir con tres requisitos: a) La existencia de una petición oral o escrita; b) La falta de respuesta material y en tiempo razonable a la solicitud; y, c) La inexistencia de medios de impugnación expresos con el objetivo de hacer efectivo el derecho de petición; al efecto la SCP 0112/2020-S1 precisó:
“Con referencia a los requisitos de procedencia, debe hacerse mención a la SC 0310/2004-R de 10 de marzo, que en su Fundamento Jurídico III.2, estableció cuatro requisitos para que sea viable la tutela del derecho de petición: …a fin de que se otorgue la tutela en caso de alegarse la violación del derecho a formular peticiones, corresponde que el recurrente, demuestre los siguientes hechos: a) la formulación de una solicitud expresa en forma escrita; b) que la misma hubiera sido formulada ante una autoridad pertinente o competente; c) que exista una falta de respuesta en un tiempo razonable y d) se haya mera comunicación verbal, sino que es necesario que el peticionante obtenga una respuesta formal y escrita, que debe ser necesariamente comunicada o notificada, a efecto de que la parte interesada, si considera conveniente, realice los reclamos y utilice los recursos previstos por Ley (las negrillas son agregadas). 5La SCP 189/01-R de 7 de marzo de 2001 en el Tercer Considerando, indica: “…el ejercicio del derecho supone que una vez planteada la petición, cualquiera sea el motivo de la misma, la persona adquiere el derecho de obtener pronta resolución, lo que significa que el Estado está obligado a resolver la petición. Sin embargo, el sentido de la decisión dependerá de las circunstancias de cada caso en particular y, en esa medida podrá ser positiva o negativa.
Sin embargo, la obligación del Estado no es acceder a la petición sino resolverla. Por ello, no se entiende conculcado el derecho de petición cuando la autoridad responde al peticionario, aunque la respuesta sea negativa, pues la respuesta representa en sí misma, independientemente del sentido que tenga, la satisfacción del derecho de petición. En consecuencia, sólo en la situación en que transcurridos los términos o plazos que establece la ley, el Estado, a través del funcionario o autoridad correspondiente, no emite respuesta alguna el derecho de petición resulta desconocido o vulnerado” (el resaltado es añadido). 6La SC 776/2002-R de 2 de julio, en el Cuarto Considerando, refiere: “…en cuanto al derecho de petición, este Tribunal ha dejado establecido en su uniforme jurisprudencia, que el mismo se puede estimar como lesionado cuando la autoridad a quien se presenta una petición o solicitud, no la atiende; es decir, no la tramita y la responde en un tiempo oportuno o en el plazo previsto por Ley, de forma que cubra las pretensiones del solicitante, ya sea exponiendo las razones del por qué no se la acepta, explicando lo solicitado o dando curso a la misma, en cualquiera de estos casos donde se omita dar los motivos sustentados legalmente o de manera razonable, se tendrá como se dijo vulnerado el derecho.
Que, al contrario, no se tendrá por violado el derecho de petición, cuando se la niega manifestándose el por qué no se da curso a la petición en forma positiva, pues el derecho de petición en su sentido esencial no implica que el peticionante tenga el derecho de exigir siempre una respuesta positiva, sino que tiene el derecho a exigir una respuesta oportuna y emitida en el término legal, además de motivada. Consiguientemente, cuando la autoridad requerida ha emitido una respuesta negativa pero exponiendo las razones de tal decisión, no se puede considerar dicho acto como ilegal y por tanto tampoco se puede argumentar lesión al derecho de petición” (las negrillas son incorporadas).
exigido la respuesta y agotado las vías o instancias idóneas de esa petición ante la autoridad recurrida y no existan otras vías para lograr la pretensión. Sin embargo, la SC 1995/2010-R de 26 de octubre, modulando el entendimiento de la SC 0310/2004-R, a efectos de la tutela del derecho de petición, en el Fundamento Jurídico III.3, exigió únicamente los siguientes requisitos: ´…a) La existencia de una petición oral o escrita; b) La falta de respuesta material y en tiempo razonable a la solicitud y, c) La inexistencia de medios de impugnación expresos con el objetivo de hacer efectivo el derecho de petición`; sin embargo, con relación a este último requisito se aclara que: …dicho requisito es exigible cuando dichos medios de impugnación estén previstos expresamente en el ordenamiento jurídico con dicho objetivo, es decir, resguardar el derecho de petición; a contrario sensu, no será exigible cuando no existan esos medios; pues, se entiende que este derecho -como se tiene señalado- busca acercar al administrado al Estado, otorgando a la persona de un instrumento idóneo, expedito e inmediato para acudir ante el servidor público con la finalidad de requerir su intervención en un asunto concreto o de solicitar una determinada información o documentación que cursa en poder de esa autoridad. Ahora bien, del análisis del núcleo del derecho de petición, que es la respuesta a una determinada solicitud como contenido y alcance del mismo; a efectos de su tutela debe tomarse en cuenta lo siguiente: i) La existencia de una petición oral o escrita; ii) La omisión indistintamente de cualquiera de sus componentes, vale decir, ante una: ii.a) Ausencia de respuesta formal; ii.b) Falta de respuesta material; ii.c) Inexistencia de argumentación -motivación y/o fundamentación- en la respuesta; y, iii) El agotamiento de medios de impugnación o reclamo idóneos para hacer efectivo dicho derecho, siempre que estén previstos expresamente en el ordenamiento jurídico para tal efecto, de lo contrario, no es exigible este requisito”.
Asimismo, en relación a la legitimación activa referenciando la SCP 0470/2014 de 25 de febrero, manifestó que puede solicitar la tutela del derecho a la petición cualquier persona individual o colectiva, con el único requisito de identificarse como peticionario. Este razonamiento fue reiterado entre otras por las siguientes Sentencias Constitucionales Plurinacionales: 0083/2015-S3 de 10 de febrero; 0449/2017-S3 de 26 de mayo; 1111/2019-S2 de 18 de diciembre. En relación a la legitimación pasiva, partiendo de un análisis de la SC 0275/2003-R de 11 de marzo, para posteriormente referenciar las SSCC 0310/2004-R, 0560/2010-R, 1995/2010-R; y, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0085/2012 de 16 de abril, 2051/2013 de 18 de noviembre; y, 1064/2019-S2 de 3 de diciembre, concluyó que tienen legitimación pasiva a efectos de ser demandados a través de una acción de amparo constitucional por vulneración del derecho a la petición: 1) Todas las autoridades o servidores públicos, aún no fuesen competentes para resolver el fondo de la pretensión del peticionado, circunstancia en la que la autoridad ante quién se dirigió equivocadamente la petición deberá señalar expresamente cuál la SSCC 255/2001-R, 829/2001-R, 1349/2001-R, 984/2002-R, 002/2003-R y 79/2004, que establecieron que la legitimación pasiva se presenta cuando existe “ (...) coincidencia entre la autoridad que presuntamente causó la violación de los derechos y aquella contra quien se dirige la acción (...)”. 9 El FJ III. 5 establece: “Al no constar en los antecedentes que las autoridades demandadas hayan considerado y dado respuesta al memorial de 11 de septiembre de 2005, presentado por el accionante solicitando nulidad de oficio hasta el estado de pronunciarse nuevo auto de vista por un tribunal competente dentro del proceso penal seguido por Germán Guido Loayza Grágeda por el delito de falsedad material y otros en su contra y la de otros, vulneraron el derecho de petición, y defensa y por tanto al debido proceso de Mario Choque Rojas, teniendo en cuenta que estaban obligados a pronunciarse expresamente respecto a dicha solicitud, ya sea en forma positiva o negativa…” 10 El FJ III.3 señala: “Ahora bien, a la luz de la Constitución vigente, y conforme a lo expresado, corresponde modular la jurisprudencia citada precedentemente, pues actualmente, el primer requisito señalado por dicha Sentencia, es decir, la formulación de una solicitud en forma escrita no es exigible, pues la Constitución expresamente establece que la petición puede ser escrita u oral.
Con relación al segundo requisito que establece que la solicitud debe ser presentada ante autoridad competente o pertinente, se debe precisar que esta no es una exigencia del derecho de petición, pues aún cuando la solicitud se presente ante una autoridad incompetente, ésta tiene la obligación de responder formal y oportunamente sobre su incompetencia, señalando, en su caso, a la autoridad ante quien debe dirigirse el peticionario; conclusión a la que se arriba por el carácter informal del derecho a la petición contenido en la Constitución Política del Estado, que exige como único requisito la identificación del peticionario, y en la necesidad que el ciudadano, encuentre respuesta y orientación respecto a su solicitud, en una clara búsqueda por acercar al administrado con el Estado, otorgándole a aquél un medio idóneo para obtener la respuesta buscada o, en su caso, la información sobre las autoridades ante quienes debe acudir, lo que indudablemente, fortalece el carácter democrático del Estado Boliviano.
(…)
Finalmente, el cuarto requisito, referido a que el peticionante debe haber reclamado una respuesta y agotado las vías o instancias idóneas de esa petición ante la autoridad recurrida, corresponde señalar que dicho requisito es exigible cuando dichos medios de impugnación estén previstos expresamente en el ordenamiento jurídico con dicho objetivo, es decir, resguardar el derecho de petición; a contrario sensu, no será exigible cuando no existan esos medios; pues, se entiende que este derecho -como se tiene señalado- busca acercar al administrado al Estado, otorgando a la persona de un instrumento idóneo, expedito e inmediato para acudir ante el servidor público con la finalidad de requerir su intervención en un asunto concreto o de solicitar una determinada información o documentación que cursa en poder de esa autoridad…”. 11El FJ III.2 refiere: “Sin embargo, la referida SC 1500/2010-R, en su ratio decidendi establece la posibilidad de exigibilidad del derecho de petición en relación a particulares, ampliando así el alcance de la SC 0820/2006-R, aplicando por ende, de manera tácita la teoría del Drittwirkung. Con estos antecedentes, en una nueva contextualización de este derecho acorde con las bases teóricas referentes a la dogmática de la eficacia horizontal de los derechos fundamentales, expresamente desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia, corresponde además señalar que el sustento de la interpretación extensiva que debe dársele al art. 24 de la CPE, es la teoría del Drittwirkung; por esta razón, esta disposición constitucional, no se limita a la simple eficacia vertical de este derecho, así en su tenor literal, esta norma establece: “Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario”.
(…)
Finalmente, debe establecerse también que la afectación al derecho a la petición en su contenido esencial, ya sea en el ámbito público o privado, debe ser tutelada por la acción de amparo constitucional regulada en el art. 128 de la CPE”. 12El FJ III.3 señala: “…Por lo que, las autoridades demandadas en los términos desarrollados, no tuvieron la oportunidad de satisfacer este derecho por la falta de conocimiento de la petición misma de restitución, lo que no implica el quebrantamiento del mandato constitucional que lo contiene, dado que el perjuicio al administrado no operó por la omisión de los demandados, sino precisamente por la ausencia de comprensión del requerimiento por él efectuado”. 13El FJ III.1.4 establece: “En resumen, tienen legitimación pasiva a efectos de ser demandados a través de una acción de tutela, reclamándose la lesión del derecho de petición: i) Las autoridades o servidores públicos, aun no fuesen competentes o pertinentes para resolver el fondo de la pretensión del peticionado, circunstancia en la que la autoridad ante quien se dirigió equivocadamente la petición deberá señalar expresamente cuál la autoridad competente o tramitación atinente, que oriente al peticionante en su pretensión; y, ii) Las personas particulares”.
autoridad competente o tramitación atinente, que oriente al peticionante en su pretensión; y, 2) Las personas particulares. Respecto al plazo para responder a la petición efectuada, la jurisprudencia constitucional determinó que se deberá emitir pronunciamiento: i) En el término establecido por ley; y, ii) Cuando no está previsto un plazo en la norma para que la autoridad o servidor público emita respuesta, el derecho de petición se tiene por lesionado cuando la misma no es emitida dentro de un plazo razonable. De los argumentos descritos en la señalada SCP 0112/2020-S1, se puede concluir que ante una petición efectuada en el marco del art. 24 de la CPE, la respuesta a ser emitida por la persona o autoridad responsable de su emisión, deberá ser: a) Pronta y oportuna; es decir, dentro el término previsto por ley, y en caso de no estar dispuesto, deberá ser dentro de un plazo razonable; b) Formal, referida a que la respuesta deberá ser escrita y debidamente comunicada o notificada, a efectos de que en el caso de disconformidad del peticionante pueda realizar los reclamos o utilizar los medios de impugnación previstos en la normativa; c) Material, porque debe resolverse el fondo de la pretensión o asunto objeto de petición sin incurrir en evasivas; es decir, es imperativo que se emita una respuesta positiva o negativa a los intereses del peticionante; y, d) Argumentada, relacionada a que la respuesta positiva o negativa debe ser motivada y fundamentada, exponiendo las razones del porqué se da o no curso a la petición. Finalmente, en cuanto a las denuncias por presunta lesión del derecho a la petición dentro de un proceso judicial o administrativo; la jurisprudencia constitucional descrita precedentemente, reflexionó que es posible atender dicha denuncia mediante la acción de amparo constitucional, comprendiendo que la finalidad de dicho derecho es la obtención de una respuesta pronta, formal, material y argumentada; para lo cual, el juez constitucional en cada caso concreto debe centrar su análisis en el cumplimiento de los presupuestos detallados líneas arriba; no obstante, debe quedar claro que, el derecho a la petición ejercido dentro de un trámite judicial o administrativo, no implica que la autoridad respectiva tenga que absolver positiva o negativamente problemáticas de fondo que atañen a la resolución misma del asunto (judicial o administrativo).
Al respecto, el art. 55 del Código Procesal Constitucional (CPCo) en sintonía con el art. 129 de la CPE, establece seis meses como plazo máximo para la interposición de la acción de amparo constitucional, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial, lo que conlleva a que vencido dicho plazo, la persona afectada carecerá de posibilidad de interponer su indicada acción de defensa. La jurisprudencia constitucional, en lo concerniente al principio de inmediatez hizo alusión al fundamento principal de del mismo, señalando en la SC 1157/2003-R de 15 de agosto, que:
“…por principio general del derecho ningún actor procesal puede pretender que el órgano jurisdiccional esté a su disposición en forma indefinida, sino que sólo podrá estarlo dentro de un tiempo razonable, pues también es importante señalar que “si en este tiempo el agraviado no presenta ningún reclamo implica que no tiene interés alguno en que sus derechos y garantías le sean restituidos”. Si bien, del contexto normativo del principio de inmediatez, así como de la jurisprudencia constitucional, se tiene que, para la interposición de la acción de amparo constitucional existe un plazo de caducidad de seis meses; no obstante, a la luz del principio de favorabilidad, o, pro-actione, entre otros, fue preciso flexibilizarse el plazo de caducidad, en tal sentido, se desarrolló los siguientes supuestos: 1) La SC 0762/2003-R de 6 de junio, sostuvo que, si bien se estableció un plazo de seis meses, no es menos cierto que, la sub regla fijada no es rígida ni cerrada, pues podrá flexibilizarse cuando se hubiese excedido en algunos días y la lesión del derecho fundamental sea evidente y de tal naturaleza que el órgano encargado del control de constitucionalidad no puede ni debe permitir se consume.
2) La SC 1353/2003-R de 16 de septiembre, determinó que, en el marco del principio de inmediatez, se tiene un plazo de seis meses para la interposición de una acción amparo constitucional, salvo situaciones especiales que deben ser debidamente acreditadas. 3) La SC 0474/2004-R de 31 de marzo, estableció que el plazo de caducidad debe flexibilizarse en supuestos de demora atribuible a la parte demandada.
4) La SCP 0975/2012 de 22 de agosto, señaló que el término de seis meses se constituye en un parámetro objetivo de un plazo considerado por el legislador constituyente como razonable para interponer la demanda de amparo constitucional pero que en atención al valor justicia, el derecho de acceso a la justicia, el principio de igualdad que impele a otorgar un trato diferente a situaciones disímiles, la interpretación pro-hómine del texto constitucional, dicho plazo no puede ser automáticamente aplicable, sino debe ser lo suficientemente flexible para considerar las particularidades de cada caso concreto. 5) La SCP 1944/2013 de 4 de noviembre, flexibiliza el plazo de caducidad para supuestos de vulneraciones que persisten en el tiempo, en ese contexto, deberá realizarse un análisis de los motivos de la demora y en cada caso deberá establecerse la existencia de desinterés, desidia, negligencia o indiferencia de los actores en cuanto al reclamo de sus derechos; o, si por el contrario, hubo un reclamo continuo de los derechos considerados como lesionados.
Finalidad de la tutela constitucional y presupuestos de activación
Es innegable que la concepción de “Estado de Derecho” fue evolucionando de sobremanera, pues de ser un Estado desarrollado bajo cánones legales en el que prevaleció el principio de legalidad paso a ser un “Estado Constitucional de Derecho” en el que la Constitución llegó a tener predominancia sobre otras normas; de ahí que, esta última concepción supone no solo respetar un conjunto de procedimientos para tomar decisiones, sino que los contenidos de dichas decisiones deben estar ajustados a los derechos, garantías, valores y directrices contenidas en la Constitución Política del Estado; en tal sentido, el o los actos cometidos por particulares o funcionarios públicos, contrarios a los postulados del Estado Constitucional de Derecho por su realización al margen y en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales vigentes para una administración de justicia, que afectan derechos fundamentales reconocidos por el bloque de constitucionalidad (denominados vías o medidas de hecho), merecen la tutela inmediata que brinda la acción de amparo constitucional por vulnerar derechos fundamentales; toda vez que, a través de dicha acción de defensa se pretende evitar: i) Abusos contrarios al orden constitucional vigente; y, ii) El ejercicio de la justicia por mano propia. Así lo entendió la SCP 0998/2012 de 5 de septiembre.
La amplia jurisprudencia constitucional señaló al respecto que frente a acciones vinculadas a medidas de hecho, se establecieron subreglas de activación de la acción de amparo constitucional; en tal sentido, la SCP 0988/2012 determinó que: a) La excepción a la aplicación de subsidiariedad, por lo cual, el control tutelar de constitucionalidad puede ser activado frente a estas circunstancias sin necesidad de agotar previamente otros mecanismos ordinarios de defensa. b) La carga probatoria debe ser realizada por el accionante, acreditando de manera objetiva la existencia de actos o medidas, asumidas sin causa jurídica, es decir, en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales establecidos para la definición de hechos o derechos.
derechos fundamentales, informan de contenido no solamente la esfera pública, sino también todos los actos, cláusulas y contenidos de ámbitos privados o corporativos, en cualquiera de sus formas o constitución jurídica, por lo tanto, en esta perspectiva, cualquier vulneración a derechos fundamentales, a partir de la estructuración de la teoría del drittwirkung, puede ser oponible también a particulares, siendo en este caso la petición de amparo constitucional, un mecanismo idóneo para el resguardo de derechos fundamentales en esferas no públicas” (las negrillas pertenecen al texto original).
18 El F.J. III.2 señala: “…es imperante señalar que la tutela de derechos fundamentales a través de la acción de amparo constitucional frente a estas vías de hecho, tiene dos finalidades esenciales: a) Evitar abusos contrarios al orden constitucional vigente; y, b) Evitar el ejercicio de la justicia por mano propia; en ese orden, a partir de estas dos finalidades y dentro del alcance de los presupuestos de activación de la acción de amparo constitucional como mecanismo idóneo para la eficacia tanto vertical como horizontal de derechos fundamentales, las vías de hecho se definen como el acto o los actos cometidos por particulares o funcionarios públicos, contrarios a los postulados del Estado Constitucional de Derecho por su realización al margen y en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales vigentes para una administración de justicia, afectando así derechos fundamentales reconocidos por el bloque de constitucionalidad, por lo que al ser actos ilegales graves que atentan contra los pilares propios del Estado Constitucional de Derecho, de acuerdo al mandato inserto en el art. 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la acción de amparo constitucional, es un medio idóneo para la tutela eficaz, pronta y oportuna de los derechos fundamentales lesionados como consecuencias de vías de hecho.”
c) Existe flexibilización de las reglas de la legitimación pasiva, toda vez que, para peticiones de tutela vinculadas con vías de hecho, la parte impetrante de tutela deberá cumplir con esta exigencia; sin embargo, de manera excepcional y siempre y cuando no sea posible la identificación de las personas demandadas, se deberán flexibilizar las reglas de la legitimación pasiva; empero, este presupuesto, debe cumplir ciertos requisitos y además debe responder a fundamentos que aseguren un derecho al debido proceso, tanto para la parte accionante como para la parte demandada a través de este mecanismo tutelar de defensa. Posteriormente, pero no mucho tiempo después, el Tribunal Constitucional Plurinacional dictó la SCP 1478/2012 de 24 de septiembre, la misma que en su Fundamento Jurídico III.1.1 hizo una reseña que de forma expresa, detalló cuáles eran aquellas situaciones en las que se daban las medidas de hecho de manera recurrente, señalando lo siguiente:
“De manera general, cuando los particulares o el Estado invocando supuesto ejercicio legítimo de sus derechos o intereses adoptan acciones vinculadas a medidas o vías de hecho en cualesquiera de sus formas.: i) Avasallamientos u ocupaciones por vías de hecho de predios urbanos o rurales privados o públicos con limitación arbitraria del derecho a la propiedad, la pérdida o perturbación de la posesión o la mera tenencia del bien inmueble; ii) Cortes de servicios públicos (agua, energía eléctrica); y, iii) Desalojos extrajudiciales de viviendas; entre otros supuestos, desconociendo que existen mecanismos legales y autoridades competentes en el orden constitucional para la solución de sus conflictos, excluyen el derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia del afectado, que se constituye en el primer derecho fundamental común vulnerado en acciones vinculadas a medidas de hecho en cualesquiera de sus formas” (el subrayado es añadido). También se evidencia que la SCP 1478/2012, a tiempo de enfatizar la censura a las medidas de hecho, señaló que las 19 En su FJ III.1.1. determinó: “El derecho fundamental a la jurisdicción o acceso a la justicia está consagrado en los arts. 115.I de la CPE, 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y se constituye en “el derecho protector de los demás derechos” y, por lo mismo, en una concreción del Estado Constitucional de Derecho.
En efecto, es la Constitución, la que determina cuáles son los órganos que tienen la potestad de impartir justicia (art. 179.I, II y III de la CPE) para la oponibilidad de derechos no solamente vertical sino también horizontal, entonces, es reprochable y censurable acudir a acciones vinculadas a medidas de hecho, so pena de excluir arbitrariamente el ejercicio del derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia de la otra parte, quien tiene la seguridad jurídica y certeza (art. 178.I de la CPE) que para la solución de cualquier diferencia, interés o derecho en conflicto, éste será resuelto por una de las jurisdicciones reconocidas por la Constitución.
En ese entendido, la potestad de impartir justicia, por mandato de la Constitución y desde su propia concepción plural (pluralismo jurídico) es la facultad del Estado Plurinacional a administrar justicia emanada del pueblo boliviano (art. 178 de la CPE) a través de los órganos formales competentes (jurisdicción ordinaria, jurisdicción agroambiental y jurisdicciones especializadas: en materia administrativa, coactiva, tributaria, fiscal, conforme a la Disposición Transitoria Décima de la LOJ) y también de las naciones y pueblos indígenas originario campesinos a través de sus autoridades naturales (jurisdicción indígena originaria campesina)”.
mismas desconocen el ejercicio del acceso a la justicia de quien cuenta con la seguridad jurídica y certeza, previstas por el art. 178.I de la CPE, de que los conflictos suscitados se solucionarán, a través de una de las jurisdicciones previstas en la Constitución. Asimismo, sin pretender establecer una limitación, se refirió al contenido del derecho de acceso a la justicia, señalando lo siguiente:
“…1) El acceso propiamente dicho a la jurisdicción, es decir, la posibilidad de llegar a la pluralidad de jurisdicciones reconocidas por la Constitución, sin que existan obstáculos, elementos de exclusión, limitación, que dificulten el ejercicio de este derecho tanto por el Estado como por los particulares; 2) Lograr un pronunciamiento judicial proveniente de las autoridades judiciales formales o las autoridades naturales de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, que solucione el conflicto o tutele el derecho, siempre que se hubieran cumplido los requisitos establecidos en la norma; y, 3) Lograr que la Resolución emitida sea cumplida y ejecutada, debido a que si se entiende que se acude a un proceso para que se restablezca o proteja un derecho, un interés o un bien, en la medida que el fallo no se ejecute, el derecho a la jurisdicción o de acceso a la justicia no estará satisfecho”. En ese mérito, resaltó que el primer derecho vulnerado por las medidas de hecho es el derecho al acceso a la justicia o tutela judicial efectiva y que a partir de su vulneración, no es poco frecuente que se vulneren otros derechos conexos, a partir de su supresión, dada la interdependencia de los derechos fundamentales prevista por el art. 13.I de la CPE y en ese mérito dio los siguientes ejemplos:
“Por ejemplo en los supuestos de avasallamientos u ocupaciones por vías de hecho de predios urbanos o rurales privados cuando se denuncie afectación al derecho a la propiedad y este derecho sea demostrado por el peticionante de la tutela con el registro de propiedad en mérito del cual se genera el derecho de oponibilidad frente a terceros (SCP 0998/2012 de 5 de septiembre, entre otros casos); además de tutelarse el derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia del afectado, por su exclusión arbitraria por particulares o el Estado producto de medidas o vías de hecho, también y a la par, se tutelará el derecho a la propiedad. Y si su afectación recae además en la morada del afectado, también podrá ser objeto de tutela el derecho a la vivienda (art. 19.I de la CPE).
En otros supuestos de avasallamientos u ocupaciones por vías de hecho de predios urbanos o rurales privados cuando se denuncie pérdida o perturbación de la posesión dispuesta por autoridad judicial competente y éste derecho sea demostrado por el peticionante de la tutela con la resolución judicial que no esté sometida a controversia judicial y, por lo tanto, sea incontrovertible, además de tutelarse el derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia del afectado, por su exclusión arbitraria por particulares o el Estado producto de medidas o vías de hecho, también y a la par se tutelará el derecho a la vivienda (art. 19.I de la CPE), cuando la afectación de la acción recaiga en la morada del afectado” (las negrillas corresponden al texto original). Posteriormente, la indicada SCP 1478/2012 procedió a sistematizar las sub reglas determinadas por la SCP 0998/2012, ya comentadas supra, añadiendo la especificación de la carga probatoria ante avasallamientos cuando se denuncie la pérdida o perturbación de la posesión, señalando lo siguiente:
“c.3) Especificidades de la carga de la prueba en caso de avasallamientos cuando se denuncia pérdida o perturbación de la posesión Para los supuestos de avasallamientos u ocupaciones por vías de hecho de predios urbanos o rurales privados o públicos cuando se denuncie pérdida o perturbación de la posesión, la parte accionante, al margen de la carga probatoria desarrollada en el inciso c), referido a la regla general, tiene la carga probatoria específica de acreditar su posesión legal del bien en relación al cual se ejerció vías de hecho, a través de una resolución judicial emitida por autoridad competente, que no esté sometida a controversia judicial” (las negrillas y el subrayado son añadidos). Constituyéndose ese aspecto en una carga probatoria más, en los casos descritos precedentemente. Asimismo, la SCP 0475/2019-S2 de 9 de julio, a tiempo de realizar la sistematización de las ya enunciadas sub reglas, 20 La jurisprudencia determina las siguientes subreglas procesales de activación de la acción de amparo constitucional frente a actos vinculados a medidas de hecho, reafirmando algunas que ya estaban establecidas en nuestra tradición jurisprudencial, señalando que: 1) La acción de amparo constitucional puede ser activada directamente; es decir, no existe necesidad de agotar previamente otras vías[9], menos aún la vía procesal penal, que tiene otro objeto procesal y finalidad[10]; 2) Las personas físicas o jurídicas particulares o servidores públicos, no expresamente demandados, pueden asumir defensa, presentar prueba y hacer valer sus derechos, aun en etapa de revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, sin que se pueda alegar preclusión, lo que supone una flexibilización de las reglas de legitimación pasiva[11]; 3) La acción de amparo constitucional podrá interponerse durante el tiempo que subsista la vulneración o la amenaza a los derechos[12], aclarando que, cuando las SSCCPP 0091/2018-S2, 0119/2018-S2, 0210/2018-S2 y 232/2018-S2, señalan que no se aplica el plazo de caducidad, se entiende que es mientras subsista la vulneración o la amenaza a los derechos; por cuanto, una vez que cesa la amenaza o la vulneración de los mismos por actos vinculados a medidas o vías de hecho, comienza a correr el plazo máximo de seis meses para acceder a la justicia constitucional; aclaración que se realiza para evitar un uso distorsionado del precedente constitucional jurisprudencial[13]; y, 4) La carga de la prueba, tendiente a demostrar los actos vinculados a medidas o vías de hecho, debe ser cumplida por el accionante, quien debe acreditar la existencia de los mismos de manera objetiva, asumidas sin causa jurídica; es decir, en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales establecidos para la definición de hechos o derechos y estar circunscrita a aspectos que no impliquen la existencia de hechos controvertidos a ser sustanciados por la jurisdicción ordinaria[14]; último aspecto precisado en la SCP 0998/2012 de 5 de septiembre, en sentido que: la finalidad de la justicia constitucional en su ámbito tutelar, es el resguardo a derechos fundamentales, por cuanto, a través de esta instancia, no pueden analizarse hechos controvertidos cuya definición está encomendada al Órgano Judicial, por tal razón, la carga probatoria atribuible a la parte peticionante de tutela para vías de hecho, debe estar circunscrita a aspectos que no impliquen la existencia de hechos controvertidos a ser sustanciados por la jurisdicción ordinaria.
A lo anotado, corresponde señalar que tratándose de predios rurales o urbanos destinados a la actividad agropecuaria, es posible acudir directamente a la justicia constitucional o alternativamente a la vía agroambiental, con la aclaración que la contempló la relativa al plazo de caducidad para el planteamiento de las acciones de amparo constitucional frente a medidas de hecho, aclarando que lo que había señalado la jurisprudencia constitucional respecto a que no se aplicaba dicho plazo ante medidas de hecho, debía entenderse que esa no aplicación de plazo se daba mientras subsistía la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales pertinentes, mediante vías de hecho, pero cuando cesaran dicha vulneración o amenaza, comenzaba a correr ese plazo. Finalmente, la Sentencia Constitucional Plurinacional citada en el párrafo precedente añadió que cuando el predio denunciado de avasallado es rural o urbano con destino a la actividad agropecuaria es posible, alternativamente, acudir directamente a la justicia constitucional o a la vía agroambiental.
En lo concerniente al presente punto, es necesario señalar que, toda persona, sin importar donde viva, debe tener acceso a los servicios básicos que son esenciales para el desarrollo humano; pues con ello se pretende que las familias puedan vivir con un estándar de calidad de vida en sus hogares.
Por lo referido es justamente que nuestra legislación, a través del art. 20.I de la CPE, se reconoció que “Toda persona tiene derecho al acceso universal y equitativo a los servicios básicos de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y telecomunicaciones”. De igual manera, en el art. 25 de la DUDH se estableció que “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios.” Por otra parte, en cuanto a los servicios básicos, la SC 0071/2010-R de 3 de mayo, sostuvo que:
“En los casos en que la persona ya ha accedido a los servicios básicos si ha cumplido las obligaciones corresponde ejercer sus derechos, por tanto cuando una autoridad o un particular haciendo uso inadecuado del poder sin motivo alguno o apartándose de la norma y los procedimientos priva el uso a quien en su derecho ha accedido al mismo, sea la privación a través de determinados actos o por la fuerza, dicha acción se constituye en un acto arbitrario, ilegal o medida de hecho que indudablemente amerita la tutela directa e inmediata a fin de evitar el abuso de poder frente al usuario o titular del derecho, que al ser elemental y vital en los casos de la vivienda o morada familiar trasciende a otros derechos también fundamentales como ser a la vida, a la salud y a la dignidad, entre otros. Entendimiento que guarda relación con los principios, valores y fines del Estado boliviano establecidos por el art. 8.II de la CPE, como ser la igualdad, inclusión, dignidad, solidaridad, bienestar común, entre otros, para vivir bien; como también con la previsión legal del art. 1282.I del Código Civil (CC), que establece que: ´Nadie puede hacerse justicia por sí mismo sin incurrir en las sanciones que la ley establece‴.
De igual manera, la SCP 2066/2012 de 8 de noviembre, reafirmando la posición señalada precedentemente sostuvo que:
“En correspondencia con los preceptos señalados precedentemente, no es posible restringir o cortar estos servicios como medida coercitiva directa para el cumplimiento de ciertas obligaciones, como el pago de expensas comunes, pues para el efecto existen los medios y procedimientos dispuestos por ley. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional coherente con ese entendimiento, en la SCP 0052/2012 de 5 de abril, estableció: “…por la naturaleza de este derecho en su ejercicio individual, no puede arbitrariamente ser restringido o suprimido mediante vías o medidas de hecho en su uso racional como bien escaso por grupo social alguno -sea una comunidad campesina o sea una colectividad diferente- ni tampoco por persona particular” (las negrillas son añadidas).
En lo concerniente al principio iura novit curia, de manera inicial, es preciso señalar que, Rafael Nieto Navia en el artículo publicado por la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos (Corte IDH) denominado “LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO JURA NOVIT CURIA POR LOS ORGANOS DEL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS” señaló que:
“El principio jura novit curia, sin embargo, es un principio procesal que da a los jueces facultades de traer normas de interpretación, normas procesales y principios que un demandante o un demandado hubieran podido olvidar y que el juzgador, porque los conoce, los aplica con el objeto de que, por falta de hacerlo, pudiera hacerse una errónea decisión o, si se quiere, una denegación de justicia…”. Asimismo, el mencionado escritor, haciendo mención a la Corte Constitucional de Colombia señaló que dicha Corte definió apropiadamente el principio iura novit curia de la siguiente manera:
“El principio iura novit curia es aquel por el cual, (sic) corresponde al juez la aplicación del derecho con prescindencia del invocado por las partes, constituyendo tal prerrogativa, un deber para el juzgador, a quien incumbe la determinación correcta del derecho, debiendo discernir los conflictos litigiosos y dirimirlos según el derecho vigente, calificando autónomamente, la realidad del hecho y subsumiéndolo en las normas jurídicas que lo rigen. Este principio, (sic) sólo alcanza a la aplicación del derecho correspondiente a determinada situación fáctica, lo cual no habilita a los jueces a efectuar interpretaciones más allá de lo probado por las partes, pues debe tenerse en cuenta que también deben respetar el principio de congruencia, es decir, no existe facultad alguna a la que pueda recurrir el juez para variar los términos y el objeto de un proceso constitucional”. Sobre este principio, se tiene que la Corte IDH aplicó por primera vez el mismo en el Caso Godínez Cruz vs. Honduras, Sentencia de 20 de enero de 1989, pues de manera expresa señaló que:
“172. La Comisión no señaló de manera expresa la violación del artículo 1.1 de la Convención, pero ello no impide que sea aplicado por esta Corte, debido a que dicho precepto constituye el fundamento genérico de la protección de los derechos reconocidos por la Convención y porque sería aplicable, de todos modos, en virtud un principio general de Derecho, como es el de iura novit curia, del cual se ha valido reiteradamente la jurisprudencia internacional en el sentido de que el juzgador posee la facultad e inclusive el deber de aplicar las disposiciones jurídicas pertinentes en una causa, aun cuando las partes no las invoquen expresamente…” (la negrilla corresponden al texto original). Asimismo, en el Caso de la "Masacre de Mapiripán" vs. Colombia, Sentencia de 7 de marzo de 2005, la Corte IDH expresó lo siguiente:
“58. …Una vez iniciado el proceso por la Comisión, la posibilidad de presentar solicitudes y argumentos en forma autónoma ante la Corte incluye la de alegar la violación de otras normas de la Convención no contenidas en la demanda, con base en los hechos presentados en ésta, sin que ello implique una afectación al objeto de la demanda o un menoscabo o vulneración para el derecho de defensa del Estado, el cual tiene las oportunidades procesales para responder a los alegatos de la Comisión y de los representantes en todas las etapas del proceso. Corresponde a la Corte, finalmente, decidir en cada caso acerca de la procedencia de alegatos de tal naturaleza en resguardo del equilibrio procesal de las partes. 59. Este Tribunal tiene la facultad de hacer su propia determinación de los hechos del caso y de decidir aspectos de derecho no alegados por las partes con base en el principio iura novit curia. Es decir, si bien la demanda constituye el marco fáctico del proceso, aquélla no representa una limitación a las facultades de la Corte de determinar los hechos del caso, con base en la prueba evacuada, en hechos supervinientes, en información complementaria y contextual que obre en el expediente, así como en hechos notorios o de conocimiento público, que el Tribunal estime pertinente incluir en el conjunto de dichos hechos” (las negrillas son añadidas).
Respecto al citado principio y complementando el entendimiento anterior, la jurisprudencia de la Corte IDH, también expresó que:
“[...] En lo que respecta a los hechos objeto del proceso, este Tribunal considera, como lo ha hecho en otras ocasiones, que no es admisible alegar nuevos hechos distintos de los planteados en la demanda, sin perjuicio de exponer aquellos que permitan explicar, aclarar o desestimar los que han sido mencionados en la demanda, o bien, responder a las pretensiones del demandante. Además, hechos que se califican como supervinientes podrán ser remitidos al Tribunal en cualquier estado del proceso antes del dictado de la sentencia. […] Asimismo, en lo que atañe a la incorporación de otros derechos distintos a los ya comprendidos en la demanda de la Comisión, esta Corte ha establecido que los peticionarios pueden invocar tales derechos. Son ellos los titulares de todos los derechos consagrados en la Convención Americana, y no admitirlo sería una restricción indebida a su condición de sujetos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Se entiende que lo anterior, relativo a otros derechos, se atiene a los hechos ya contenidos en la demanda. […] Igualmente, este Tribunal tiene la facultad de analizar la posible violación de artículos de la Convención no incluidos en los escritos de demanda y contestación de la demanda, así como en el escrito de solicitudes y argumentos de los representantes, con base en el principio iura novit curia, sólidamente respaldado en la jurisprudencia internacional, "en el sentido de que el juzgador posee la facultad e inclusive el deber de aplicar las disposiciones jurídicas pertinentes en una causa, aun cuando las partes no las invoquen expresamente", en el entendido de que se le dará siempre a las partes la posibilidad de presentar los argumentos y pruebas que estimen pertinentes para apoyar su posición frente a todas las disposiciones jurídicas que se examinan” (el resaltado es ilustrativo).
En ese sentido, el Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP 0793/2012 de 20 de agosto, citando el AC 0202/2011-RCA de 3 de junio, estableció que ante la falta de cita de artículos dentro de una acción de amparo constitucional a efectos de otorgar una tutela efectiva de los derechos denunciados, tal como prevé el art. 97.IV de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC), no puede ser interpretada restrictivamente, siendo que dicho razonamiento implica un excesivo formalismo a momento de considerar el contenido de un escrito de acción tutelar, ello considerando que mientras se expliquen los hechos y en qué consisten los derechos considerados lesionados con el respectivo nexo de causalidad entre los mismos y la causa de pedir, la jurisdicción constitucional no deberá desconocer la fundamentación por falta de cita de la normativa en la cual se encuentran consagrados los derechos o garantías constitucionales supuestamente vulnerados.
Posteriormente, la SCP 0304/2013-L de 13 de mayo, citando la SC 0110/2010-R de 10 de mayo, consideró pertinente asumir los referidos razonamientos jurisprudenciales desarrollados en forma precedente, máxime si conforme al precitado fallo constitucional las sentencias emitidas por la Corte IDH, forman parte del bloque de constitucionalidad del Estado Plurinacional de Bolivia, al efecto precisó que:
“…el requisito de presentación de las acciones de defensa, establecido en el art. 33.5 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que dice: “Identificación de los derechos o garantías que se consideren vulnerados”, no deberá ser entendido en un sentido restringido, sino bien en un sentido amplio, por el cual, la parte que solicite la tutela constitucional, tenga que exponer de manera clara y precisa los hechos y derechos presuntamente lesionados, citando para el efecto las disposiciones constitucionales que consideren vulnerados; empero, en resguardo a la tutela judicial efectiva, si no se mencionaran dichas disposiciones, no podrá rechazarse la demanda presentada, si es que existiese una adecuada exposición de los hechos, así como mención de los derechos lesionados; en ese mismo sentido, tampoco podrá denegarse la tutela de sus derechos, cuando no se los haya mencionado o precisado adecuadamente en su acción de defensa, por error u omisión involuntaria; puesto que en aplicación del principio iura novit curia “el juez conoce el derecho”; el Juzgador constitucional, tiene el deber de analizar, la demanda, informe de los demandados y la participación de las partes en la audiencia de garantías, para verificar si se lesionaron los derechos mencionados en la demanda u otros no invocados; para aplicar de esa manera, si correspondiera, las disposiciones jurídicas pertinentes; aunque no hubiesen sido invocadas por error u omisión involuntaria, por parte del accionante; puesto que podría darse el hecho, que a criterio del demandante, se vulneraron ciertos derechos constitucionales, sin embargo, del contenido de su acción, del informe de la parte demandada, o en su caso de la participación realizada de ambas partes en la audiencia de garantías, se coligiera la vulneración de otros derechos no mencionados” (el resaltado es añadido). Al respecto, la precitada SCP 0304/2013-L, aclara de forma pertinente que la aplicación del principio iura novit curia no debe entenderse en sentido de que la parte accionante no tenga la obligación de hacer mención y fundamentación de los derechos que considere vulnerados; sino más bien deberá entenderse en el sentido de que efectivamente tiene el deber de cumplir con dicho requisito en todas las acciones de defensa; siendo que este principio, sólo será aplicado por el tribunal de garantías, cuando exista error u omisión involuntaria en su invocación, o cuando pueda deducirse la vulneración de otros derechos no mencionados; puesto que si obrara en sentido contrario, se estaría pretendiendo que dicho Tribunal, identifique -ante la negligencia de la partes- los derechos lesionados, lo cual no puede ser admisible.
En lo concerniente al presente punto, la SCP 0681/2018-S2 de 17 de octubre, manifestó que:
“El art. 13.I de la Constitución Política del Estado (CPE), señala que: “Los derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables, universales, interdependientes, indivisibles y progresivos. El Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos” (…). Conforme a dicha norma constitucional, una de las características de los derechos humanos es la interdependencia, que implica que los mismos se encuentran relacionados y deben ser comprendidos desde una perspectiva integral u holística; lo que supone, que la materialización de un derecho significa la realización de otros; y su vulneración o restricción, conlleva a la afectación de otro u otros. (…) En ese sentido, no corresponderá efectuar únicamente el análisis de ciertos derechos, señalando que los demás deben ser denunciados a través de otras acciones de defensa; pues ello, desconoce el art. 13.I de la CPE y el carácter interdependiente de éstos; además de implicar una carga adicional para la persona accionante; quien, para lograr la reparación de todos sus derechos, con la lógica descrita, tendría que presentar respecto a un mismo acto ilegal, no solo la acción de libertad -por vulneración a su derecho a la libertad-, sino también, la acción de amparo constitucional por la lesión de los demás; lo que evidentemente iría contra los principios de celeridad, concentración y no formalismo, que están previstos en el Código Procesal Constitucional”.
El instituto de las costas procesales, como una forma de condena producto de la sustanciación de acciones de defensa, mereció el tratamiento correspondiente tanto por el extinto Tribunal Constitucional, como por el actual Tribunal Constitucional Plurinacional, donde se definió principalmente la forma en cómo deben ser impuestas. No obstante a ello, incumbe previamente remitirnos a las disposiciones normativas del Código Procesal Constitucional, el cual prevé de forma específica la condena a costas procesales en tres acciones constitucionales de control normativo; como ser, en el Recurso contra tributos, impuestos, tasas, patentes, derechos o contribuciones especiales (art. 138.1); Recurso contra resoluciones del órgano legislativo (art. 142.2); y, Recurso directo de nulidad (art. 148.1), señalando:
“Art. 138 (SENTENCIA Y EFECTOS). I. La sentencia declarará: 1. La constitucionalidad de la norma legal impugnada, con costas al recurrente (…). Art. 142 (SENTENCIA Y EFECTOS). El Tribunal Constitucional Plurinacional dictará sentencia en el plazo de cuarenta y cinco días desde su admisión y declarará: (…); 2. Infundado el recurso, subsistiendo la resolución impugnada, con imposición de costas y multa al recurrente. Art. 148 (SENTENCIA Y EFECTOS). El Tribunal Constitucional Plurinacional dictará sentencia en el plazo de cuarenta y cinco días desde su admisión y declarará: 1. Infundado el recurso, cuando la autoridad recurrida haya obrado en el ámbito de sus competencias, o ejercido su jurisdicción y potestad conforme a Ley. En este caso, el Tribunal Constitucional Plurinacional impondrá costas y multa a la parte recurrente…” (el resaltado es ilustrativo). Se advertirá entonces, que el Código Procesal Constitucional no regula de forma específica la condena a costas procesales en acciones constitucionales de control tutelar; vació que necesariamente fue llenado por jurisprudencia desarrollada tanto por el extinto Tribunal Constitucional, como por el actual Tribunal Constitucional Plurinacional, conforme se tiene de la siguiente sistematización: Inicialmente el Auto Constitucional 09/00-CDP de 20 de noviembre de 2000, dictada dentro de un habeas corpus -ahora acción de libertad- en su “Considerado Segundo”, manifestó lo siguiente:
“Que si bien del contenido de la Ley Nº 1836 se infiere que el recurrente en el Recurso de Hábeas Corpus está eximido del pago de costas, de ello también se entiende que cuando el Recurso es declarado PROCEDENTE, el recurrido debe pagar costas las derivadas de su acción, interpretación que implica un cambio de la jurisprudencia emitida por este Tribunal mediante Autos Constitucionales 07/00-CCP y 08/00-CDP” (las negrillas son ilustrativas). Posteriormente, dentro de un recurso de amparo constitucional -ahora acción de amparo constitucional-, el Auto Constitucional 0025/2003-ECA de 7 de mayo, en su Fundamento Jurídico II.3, refirió que la fijación de la condena a costas procesales al recurrente -ahora accionante- obedecerá a la presencia de presupuestos específicamente identificados; es decir, ante la existencia de un grave perjuicio causado a la parte recurrida -ahora demandada-, la temeridad en la demandada -ahora acción de defensa-presentada, o la falta absoluta de contenido constitucional en el recurso -ahora acción-; es en ese sentido que señaló lo siguiente:
“Si bien el art. 102-III LTC expresa que la resolución denegatoria del amparo demandado, impondrá y fijará costas y multa contra el recurrente, no es menos evidente que tal fijación debe obedecer a la certidumbre de la existencia de un gran perjuicio causado a la parte recurrida, a la temeridad en la interposición de la demanda de amparo, o a la falta absoluta de contenido constitucional en la misma, lo que ha motivado que el Tribunal Constitucional determine en diversos casos que la improcedencia del amparo no da lugar en forma inexorable y forzosa al señalamiento de costas y multa, por ser excusable la actuación recurrente” (las negrillas son añadidas).
En esa misma línea, dentro una acción de amparo constitucional, el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SPC 0630/2013-L de 15 de julio, como base a los fundamentos de la SC 1937/2010-R de 25 de octubre, refirió en su Fundamento Jurídico III.5, que la condena a costas procesales puede materializarse en toda acción de defensa, como ser la de amparo constitucional, libertad, privacidad, cumplimiento y popular; empero, solo con relación al accionante perdidoso y en la medida que se establezca la temeridad en la acción de defensa presentada, orientada a trasgredir intereses legítimos de la parte contraria; y en caso de no evidenciarse la misma, no procede la referida condena a costas procesales, independientemente de que sea denegada o no la tutela solicitada. En ese mérito, señaló lo siguiente:
“De lo manifestado se colige, que si bien el Código Procesal Constitucional, no estableció de manera expresa, la imposición de costas procesales en las acciones de defensa; sin embargo, de lo expresado en la jurisprudencia constitucional desarrollada por el anterior Tribunal Constitucional, en base a una interpretación realizada a lo dispuesto en el art. 198.I del CPC, se establece que la sanción en costas procesales, debe entenderse de manera general y por lo tanto, extensible a todo proceso judicial; lo que quiere decir, que las costas procesales, serán incluso extensibles a los procesos o acciones constitucionales de defensa, como son las acciones de amparo constitucional, libertad, privacidad, cumplimiento y popular; sin embargo, tomando en cuenta que la administración de justicia en el Estado Plurinacional de Bolivia, es gratuita (art. 115.II de la CPE); además, la naturaleza jurídica de estos medios de defensa, cual es la protección y resguardo de derechos y garantías constitucionales; deberá entenderse que la imposición de costas procesales, no será impuesta en toda acción tutelar y en cada caso concreto, en la que exista una parte perdidosa, sino que la misma deberá ser impuesta, únicamente, cuando se evidencie que el accionante, actuó dolosamente con temeridad, abusando de su derecho de solicitar la tutela de sus derechos y lesionando intereses legítimos de la parte contraria, tal cual lo precisó la Corte Constitucional de Colombia, en la referida sentencia constitucional. Consecuentemente, asumiendo dicho razonamiento, se establece que la imposición de costas procesales al accionante perdidoso, sí procederá en las acciones tutelares; empero, sólo en la medida que se establezca la temeridad de su demanda, por la que se lesione intereses legítimos de la parte contraria; puesto que, si no se evidenciara dicha temeridad, no podrá imponerse las mismas, independientemente sea denegada la tutela solicitada, por la jurisdicción constitucional” (las negrillas son añadidas). Fundamentos que fueron reiterados y aplicados en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0521/2018-S3 de 1 de octubre; 0432/2019-S3 de 13 de agosto; y, 0513/2020-S2 de 6 de octubre. Por su parte, la SCP 1048/2019-S2 de 3 de diciembre, dictada dentro de una acción popular, en su Fundamento Jurídico III.2, con base en los fundamentos de la SCP 0630/2013-L de 15 de julio, se refirió a la temeridad como elemento para condenar al accionante a costas procesales, ante la presencia de acciones de defensa con triple identidad; señalando lo siguiente:
“Consecuentemente, a partir de lo precedentemente señalado, es factible concluir que la temeridad se configurará cuando se evidencie que la parte accionante: a) Presentó una problemática con triple identidad; y, b) A sabiendas de que existió un pronunciamiento previo al respecto; por lo que, dicha temeridad ameritará la imposición de costas cuando: A raíz del uso abusivo de su derecho de solicitar la tutela de sus derechos, lesione los intereses, derechos o garantías de la contraparte; o genere sobre éstos 27 Ahora bien, a tiempo de determinar los alcances de la triple identidad en acciones tutelares (analizando su procedencia o no), las SSCC 1347/2003-R de 16 de septiembre y 1161/2005-R de 26 de igual mes, desarrollaron el concepto del uso abusivo de las acciones de defensa (refiriéndose particularmente al entonces recurso -ahora acción- de amparo constitucional), razonamiento a partir del cual también surgió el entendimiento o la definición de la temeridad, refiriendo que el justiciable actúa con temeridad -valga la redundancia- cuando a sabiendas de que existe un pronunciamiento sobre su problema jurídico interpone otra acción de protección con triple identidad, pretendiendo una duplicidad de fallos.
Bajo tales antecedentes, conviene remarcar que la jurisprudencia constitucional, con anterioridad y en concordancia con el art. 102.III de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC) -ahora abrogada- hacía referencia a los supuestos en los que procedía la imposición de costas y multa contra el entonces denominado recurrente -hoy accionante-; entre los cuales se encontraba la temeridad1 . Posteriormente, a partir del análisis del contenido normativo del Código Procesal Constitucional actualmente vigente, la SCP 0630/2013-L de 15 de julio, hizo referencia expresa a la temeridad y su relación con la imposición de costas procesales en acciones constitucionales, de la siguiente forma: “…si bien el Código Procesal Constitucional, no estableció de manera expresa, la imposición de costas procesales en las acciones de defensa; sin embargo, de lo expresado en la jurisprudencia constitucional desarrollada por el anterior Tribunal Constitucional, en base a una interpretación realizada a lo dispuesto en el art. 198.I del CPC, se establece que la sanción en costas procesales, debe entenderse de manera general y por lo tanto, extensible a todo proceso judicial; lo que quiere decir, que las costas procesales, serán incluso extensibles a los procesos o acciones constitucionales de defensa, como son las acciones de amparo constitucional, libertad, privacidad, cumplimiento y popular; sin embargo, tomando en cuenta que la administración de justicia en el Estado Plurinacional de Bolivia, es gratuita (art. 115.II de la CPE); además, la naturaleza jurídica de estos medios de defensa, cual es la protección y resguardo de derechos y garantías constitucionales; deberá entenderse que la imposición de costas procesales, no será impuesta en toda acción tutelar y en cada caso concreto, en la que exista una parte perdidosa, sino que la misma deberá ser impuesta, únicamente, cuando se evidencie que el accionante, actuó dolosamente con temeridad, abusando de su derecho de solicitar la tutela de sus derechos y lesionando intereses legítimos de la parte contraria, tal cual lo precisó la Corte Constitucional de Colombia, en la referida sentencia constitucional. Consecuentemente, asumiendo dicho razonamiento, se establece que la imposición de costas procesales al accionante perdidoso, sí procederá en las acciones tutelares; empero, sólo en la medida que se establezca la temeridad de su demanda, por la que se lesione intereses legítimos de la parte contraria; puesto que si no se evidenciara dicha temeridad, no podrá imponerse las mismas, independientemente sea denegada la tutela solicitada, por la jurisdicción constitucional” (las negrillas nos corresponden).
Consecuentemente, a partir de lo precedentemente señalado, es factible concluir que la temeridad se configurará cuando se evidencie que la parte accionante: a) Presentó una problemática con triple identidad; y, b) A sabiendas de que existió un pronunciamiento previo al respecto; por lo que, dicha temeridad ameritará la imposición de costas cuando: A raíz del uso abusivo de su derecho de solicitar la tutela de sus derechos, lesione los intereses, derechos o garantías de la contraparte; o genere sobre éstos una amenaza (entendiéndose como tal, aquella que sea objetivamente demostrable).
Finalmente se aclara que el presente fundamento limitó su análisis a la temeridad y la forma en la cual se configura; sin profundizar sobre la triple identidad y sus alcances respecto a la procedencia o no del análisis de la problemática y la concesión o no de la tutela, aspecto que fue igualmente desarrollado de forma detallada por basta jurisprudencia constitucional; pero que no hace al objeto de la presente acción de defensa por lo que no fue abordado.
una amenaza (entendiéndose como tal, aquella que sea objetivamente demostrable)” (las negrillas corresponden al texto original). Por otro lado, la SCP 0341/2019-S3 de 24 de julio, con base en los fundamentos del Auto Constitucional 09/00-CDP de 20 de noviembre, dictada dentro de una acción de libertad, realizó una precisión referente a quienes pueden ser objeto de condena a costas procesales en la sustanciación de acciones de defensa; es así que su Fundamento Jurídico III.2, señaló lo siguiente:
“De lo que se colige que la condenación de costas a la parte perdidosa en los procesos constitucionales es perfectamente aplicable, con la aclaración de que solo se impondrán las mismas a la parte accionante, cuando se evidencie que actuó dolosamente con temeridad, abusando de su derecho de solicitar la tutela de sus derechos y lesionando intereses legítimos de la parte contraria; y no así ante la simple denegatoria de tutela; toda vez que, la imposición de costas procesales al peticionante de tutela, no puede constituirse en un mecanismo disuasivo por el cual se impida a las personas acceder a la justicia en resguardo de sus derechos. Situación totalmente distinta ocurre en el caso de las autoridades o personas demandadas, que sí pueden ser condenadas al pago de las mismas ante la concesión de tutela, puesto que se entiende que sus acciones u omisiones, fueron las que dieron lugar a que el impetrante de tutela tenga que acudir a un abogado para que le patrocine en la presentación y defensa de una acción tutelar, erogando gastos económicos que deberán ser repuestos por los demandados perdidosos” (las negrillas son añadidas). Sobre esto último, la SCP 0100/2013 de 17 enero, dictada dentro de una acción de amparo constitucional, con base en los fundamentos del AC 0051/2004-CDP de 1 de diciembre, refirió en su Fundamento Jurídico III.1, que el Estado, sus instituciones centrales, descentralizadas, autonómicas y organismos del nivel central y autonómico, pueden ser objeto de condena a costas procesales en los procesos judiciales o administrativos, cuando sus autoridades lesionen derechos o garantáis de las personas, salvando la acción de repetición subsecuente. En ese marco, señaló lo siguiente:
“Ahora bien, es menester aclarar que las entidades públicas del nivel central, autonómico o descentralizado, no están exentas del pago de costas con cargo a repetición de los servidores públicos y por ende no se les aplica las normas contenidas en los arts. 39 de la LACG y 52 del DS 23215 cuando aquéllas devengan de la constatación de la lesión a derechos fundamentales y garantías constitucionales impuestas dentro de procesos constitucionales en el ámbito interno del Estado dentro del marco de aplicación e interpretación de la norma constitucional contenida en el art. 113 de la CPE, que prescribe: ”I. La vulneración de los derechos concede a las víctimas el derecho a la indemnización, reparación y resarcimiento de daños y perjuicios en forma oportuna; II. En caso de que el Estado sea condenado a la reparación patrimonial de daños y perjuicios, deberá interponer la acción de repetición contra la autoridad o servidor público responsable de la acción u omisión que provocó el daño” (las negrillas son añadidas). Como corolario de la sistematización desarrollada, se tiene que son objeto de condena a costas procesales en la sustanciación de acciones de defensa: 1) La o el accionante, cuando se deniega la tutela solicitada y se manifieste la existencia de un grave perjuicio causado a la o el demandado con la acción de defensa presentada, temeridad en la misma, o la falta absoluta de contenido en la pretensión constitucional; y, 2) La autoridad, servidora o servidor público, y persona (natural o jurídica) particular, cuando se otorgue la tutela solicitada y se constate que por sus acciones u omisiones se lesionaron derechos y garantías, con lo que se dio lugar a que la o el accionante erogue recursos económicos en procura de la tutela de los mismos; salvando, de darse aquella circunstancia, la acción de repetición que le corresponde al Estado con relación a sus autoridades, servidores y servidores públicos.
La parte accionante en su condición de copropietarios del Edificio Torre CESUR denuncia la lesión de sus derechos a la propiedad, a la petición, a la dignidad y al acceso a los servicios básicos de telecomunicaciones; toda vez que: i) De manera reiterada solicitaron a los demandados que en uso de sus facultades y obligaciones que son inherentes al Directorio y Administración del Edificio se convoque a una asamblea de copropietarios y se presente una rendición de cuentas por los recursos percibidos; además, se les otorgue fotocopias legalizadas de las actas de aprobación del Estatuto, de designación del directorio, así como de las tarifas de expensas con el detalle de la forma de cálculo y distribución de cargos por expensas; asimismo, se solicitó copia de la resolución o acta en la que se decidió el uso de una cuenta individual para el pago de expensas; no obstante, únicamente merecieron la Nota CITE 0007/22, en la que se negó la atención de cualquier solicitud, en tanto no se acepte un estatuto, y no se pague un monto establecido arbitrariamente, acción que no solo se constituiría en lesivo a su derecho a la petición sino también se constituiría en una medida de hecho tendiente a impedir el libre ejercicio de sus derechos como propietarios; ii) Solicitaron a la Administradora ahora demandada se autorice el acceso de fibra óptica para contar con internet de alta velocidad; sin embargo, no se dio autorización expresa para la instalación del internet, ello como una forma de presión para la entrega de fondos que tiene un cálculo arbitrario, lesionando su derecho al acceso a los servicios básicos de telecomunicaciones; y, iii) Los ahora demandados con el objeto de conseguir un pago de una cifra calculada arbitrariamente a una cuenta particular, y sin respaldo normativo alguno, procedieron a colocar un letrero en el Edificio Torre CESUR señalándolos como deudores morosos, dañando y lesionando su derecho a la dignidad. En virtud a lo precedentemente señalado, tomando en cuenta que el Tribunal Constitucional Plurinacional debe asumir en su verdadera dimensión, el rol de precautelar el respeto y la vigencia de los derechos y garantías constitucionales, corresponde a continuación verificar si los extremos denunciados son evidentes y si en efecto los demandados lesionaron los derechos de los accionantes, en tal sentido, se tiene:
La parte accionante en su condición de copropietarios del Edificio Torre CESUR denuncia que de manera reiterada solicitaron a los demandados que en uso de sus facultades y obligaciones que son inherentes al Directorio y Administración del Edificio se convoque a una asamblea de copropietarios y se presente una rendición de cuentas por los recursos percibidos; además, se les otorgue fotocopias legalizadas de las actas de aprobación del Estatuto, de designación del directorio, así como de las tarifas de expensas con el detalle de la forma de cálculo y distribución de cargos por expensas; asimismo, se solicitó copia de la resolución o acta en la que se decidió el uso de una cuenta individual para el pago de expensas; no obstante, únicamente merecieron la Nota CITE 0007/22, en la que se negó la atención de cualquier solicitud, en tanto no se acepte un estatuto, y no se pague un monto establecido arbitrariamente, acción que no solo se constituiría en lesivo a su derecho a la petición sino también se constituiría en una medida de hecho tendiente a impedir el libre ejercicio de sus derechos como propietarios.
Por lo expresado precedentemente, se advierte que, la parte accionante en esencia denuncia que los ahora demandados lesionaron su derecho a la petición, es preciso remitirnos al entendimiento glosado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, en el cual se sostuvo que, las denuncias por presunta vulneración del derecho de petición, serán tutelables estén inmersos o no dentro de un proceso judicial o administrativo, comprendiendo que el derecho de petición tiene como finalidad obtener una respuesta formal, pronta y oportuna; además, con la debida fundamentación, vale decir que, presentada la solicitud, la respuesta deber ser: a) Pronta y oportuna; es decir, dentro el término previsto por ley, y en caso de no estar dispuesto, deberá ser dentro de un plazo razonable; b) Formal, referida a que la respuesta deberá ser escrita y debidamente comunicada o notificada, a efectos de que en el caso de disconformidad del peticionante pueda realizar los reclamos o utilizar los medios de impugnación previstos en la normativa; c) Material, porque debe resolverse el fondo de la pretensión o asunto objeto de petición sin incurrir en evasivas; es decir, es imperativo que se emita una respuesta positiva o negativa a los intereses del peticionante; y, d) Argumentada, relacionada a que, la respuesta positiva o negativa debe ser motivada y fundamentada, exponiendo las razones del porqué se da o no curso a la petición.
Bajo ese marco, en el caso concreto, debe considerarse que, del contenido de la acción de amparo constitucional se tiene que la parte impetrante de tutela no precisó las notas que hubiese presentado tanto al Presidente de Directorio como a la Administradora ahora demandados, siendo tal imprecisión que impediría que este fallo sea precisó en su resolución; no obstante, siendo que en la acción tutelar se manifestó que se solicitó se convoque a una asamblea de copropietarios y se presente una rendición de cuentas por los recursos percibidos; además, se pidió se les otorgue fotocopias legalizadas de las actas de aprobación del Estatuto, de designación del directorio, así como de las tarifas de expensas con el detalle de la forma de cálculo y distribución de cargos por expensas; y, copia la resolución o acta en la que se decidió el uso de una cuenta individual para el pago de expensas; es a partir de dicha referencia y considerando que de los antecedentes allegados al expediente se pudo advertir que, como emergencia de la Nota CITE: 0064/21 de 13 de abril (Conclusión II.1), los impetrantes de tutela de manera unilateral y de forma conjunta ejercieron su derecho a la petición: 1) Mediante Notas presentadas el 19 y 31 de mayo de 2021 solicitaron a la Administradora y al Presidente del Directorio ahora demandados la entrega de fotocopias del acta de asamblea ordinaria de 2018 debidamente firmado, el aviso de incremento de expensas y el Estatuto debidamente aprobado (Conclusiones II.2 y II.3); 2) A través de Notas presentadas el 20 y 26 de julio; y, 2 de agosto, todas de 2021, se solicitó al Presidente del Directorio y a la Administradora ahora demandados se convoque a una asamblea de copropietarios (Conclusiones II.4 y II.5); 3) Por Notas presentadas el 4, 5 y 31 de agosto de 2021, se pidió a la Administradora ahora demandada se otorgue fotocopia de estados financieros desde el 2018, además, se proporcione lista de copropietarios señalándose el cálculo de las expensas cobrado a cada uno; asimismo, se pidió el detalle de todos los datos bancarios, y se extienda copia del documento por el cual el Directorio y la asamblea de copropietarios consintieron el procedimiento de cobro. (Conclusiones II.6 y II.7); y, 4) Mediante Nota presentada el 5 de agosto de 2021, pidió al Presidente del Directorio ahora demandado se certifique si el 22 de mayo de 2018 se realizó una asamblea de copropietarios, estableciéndose el nombre de los firmantes; y, también solicitó se convoque a asamblea anual (Conclusión II.8).
Por otra parte, de la Conclusión II.10 de este fallo constitucional, se constató que, los ahora demandados en respuesta a todas las notas presentadas por los impetrantes de tutela, emitieron Nota CITE: 0007/22 manifestando que “Atendiendo a sus diferentes notas de referencia, les reiteramos que mientras no cumpla con nuestros Estatutos y reconozca expresamente estos, sus peticiones no serán atendidas. Adjuntamos el Detalle de su Mora actual haciéndole constar que se le pasa su Estado de Cuentas mensual…” (sic). Ahora bien, a partir de lo referido, es necesario considerar que las Notas presentadas datan del 19 y 31 de mayo, 20 y 26 de julio, 2, 4 y 5 de agosto, todas de 2021, resulta preponderante referir que la normativa vigente y la jurisprudencia constitucional hicieron alusión al principio de inmediatez (descrito en el Fundamento Jurídico III.2) estableciendo el plazo de seis meses como término de caducidad para la interposición de la acción de amparo constitucional (computables desde la comisión de la vulneración o de conocido el hecho), ello considerando que ante la lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales es imperante una pronta atención y reparación de los mismos, ya que si la parte accionante plantea la acción tutelar vencido el plazo determinado se desvirtúa el carácter urgente de la acción de defensa, deviniendo en su inadmisión. Consecuentemente, en lo concerniente a las indicadas notas presentadas ante el Presidente del Directorio y la Administradora ahora demandadas a prima facie no sería posible ingresar a establecer la existencia o no de una lesión del derecho a la petición, ello comprendiendo que el plazo del principio de inmediatez fue superado, desde la presentación de las notas cuya data comprende mayo, julio y agosto de 2021; sin embargo, tal como se precisó en el mismo Fundamento Jurídico III.2, a la luz del principio de favorabilidad y pro actione es posible flexibilizar el plazo de caducidad, cuando la vulneración persiste en el tiempo, como ocurrió en el caso concreto en el que, las indicadas solicitudes fueron reiteradas a través de Notas presentadas el 27 de abril, 11 y 25 de mayo, todas de 2022 (Conclusiones II.15, II.16 y II.17); por lo que, no es posible aplicar el principio de inmediatez.
Bajo ese comprendido, tomando en cuenta que, las Notas presentadas el 19 y 31 de mayo, 20 y 26 de julio, 2, 4 y 5 de agosto, todas de 2021, merecieron la Nota CITE 0007/22, debe comprenderse que el derecho a la petición no solo está dado con la existencia de una respuesta sino dicho derecho se ve materializado cuando la respuesta es pronta y oportuna, formal, material y argumentada; así:
i) En relación a una respuesta pronta y oportuna debe considerarse que, a partir de las Notas presentadas el 19 y 28 de mayo de 2021, hasta la emisión de la Nota CITE 0007/22 (22 de febrero de 2022) transcurrieron aproximadamente nueve meses; y, desde las Notas presentadas el 21 y 26 de julio de 2021 pasaron aproximadamente siete meses; asimismo, desde las Notas presentadas el 4 y 5 de agosto de 2021, transcurrieron más de seis meses, sin que se tenga una respuesta a la solicitud, lo que hace que en el caso concreto no exista un plazo razonable.
ii) En lo concerniente a una respuesta formal, en el caso concreto, si bien se tiene una respuesta escrita (Nota CITE 0007/22); no obstante, no existe una debida comunicación o notificación efectuada a los accionantes, ya que de la Conclusión II.11 de este fallo constitucional, se puede advertir que dicha notificación se efectuó a “Andrea Rojas” y no así a los impetrantes de tutela, lo que demuestra que la mencionada respuesta no fue comunicada ni notificada de forma idónea. iii) Respecto a una respuesta material y argumentada, debe considerarse que: iii.a) A través de las Notas presentadas el 19 y 28 de mayo de 2021, se solicitó a la Administradora y al Presidente del Directorio ahora demandados, respectivamente, se extienda fotocopia del acta de asamblea ordinaria de 2018, debidamente firmada, el aviso de incremento de expensas, y el Estatuto debidamente aprobado; iii.b) A través de Notas presentadas el 20 y 26 de julio; y, 2 de agosto, todas de 2021, se solicitó al Presidente del Directorio y a la Administradora ahora demandados se convoque a una asamblea de copropietarios; iiii.c) Por Notas presentadas el 4, 5 y 31 de agosto de 2021, se pidió a la Administradora ahora demandada se otorgue fotocopia de estados financieros desde el 2018, además, se proporcione lista de copropietarios señalándose el cálculo de las expensas cobrado a cada uno; asimismo, se pidió el detalle de todos los datos bancarios, y se extienda copia del documento por el cual el Directorio y la asamblea de copropietarios consintieron el procedimiento de cobro; y, iii.d) Mediante Nota presentada el 5 de agosto de 2021, pidió al Presidente del Directorio ahora demandado se certifique si el 22 de mayo de 2018 se realizó una asamblea de copropietarios, estableciéndose el nombre de los firmantes; y, también solicitó se convoque a asamblea anual. Ahora bien, sobre estas Notas se tiene que, en la Nota CITE 0007/22, los ahora demandados indicaron “Atendiendo a sus diferentes notas de referencia, les reiteramos que mientras no cumpla con nuestros Estatutos y reconozca expresamente estos, sus peticiones no serán atendidas. Adjuntamos el Detalle de su Mora actual haciéndole constar que se le pasa su Estado de Cuentas mensual…” (sic), alegación que hace entrever una evasiva a la solicitud de otorgación de la documentación, sin que se otorgue la documentación, las certificaciones y listas requeridas ni se convoque a la asamblea referida, o en su caso se exprese el fundamento o motivo del por qué no correspondería otorgar o disponer los mismos.
Consecuentemente, por todo lo advertido, considerando que los ahora demandados no emitieron una respuesta pronta y oportuna, formal, material y argumentada, es evidente que se lesionó el derecho a la petición de la parte accionante, correspondiendo en consecuencia conceder la tutela impetrada, debiendo la parte demandada responder a cada una de las Notas presentadas, siendo necesario considerar que las solicitudes fueron reiteradas a través de Notas presentadas el 19 y 27 de abril; y, 11 y 25 de mayo, todas de 2022, conforme se advierte de las Conclusiones II.13, II.15, II.16, II.17 de este fallo constitucional, las cuales tampoco merecieron respuesta. Ahora bien, a lo referido precedentemente, debe añadirse que, la Nota CITE 0007/22 no solo transgredió el derecho a la petición sino también se constituyó en una medida o vía de hecho, al ser realizado al margen y en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales vigentes para una administración de justicia, que afectan derechos fundamentales (conforme se sostuvo en el Fundamento Jurídico III.3), ya que en la indicada Nota 0007/22, los ahora demandados fueron expresos al manifestar que no atenderían ninguna solicitud de los impetrantes de tutela, en tanto no se reconozca los Estatutos del Edificio Torre CESUR, el cual tendría como trasfondo el pago de expensas y deudas por mora, aspecto que fue verificado a través de Nota de 29 de septiembre de 2021, por la cual, los miembros del Directorio del indicado Edificio se dirigieron a los accionantes, manifestando los mismos deben sujetarse al Estatuto ya que todos los actos y decisiones se someten al mismo, incluyendo el cobro de la mora; por lo que, solicitaron se proceda al pago de sus deudas (Conclusión II.9); no obstante, los ahora demandados omitieron considerar que, no es posible restringir los derechos de los copropietarios con el objeto de hacer efectivo, haciendo justicia por mano propia, debiendo en caso de controversias acudir a la jurisdicción ordinaria. En tal sentido, en el presente caso, habiéndose evidenciado que los demandador ejercieron medidas de hecho (expresado en la emisión de la Nota CITE 0007/22 determinando la negativa de atender cualquier solicitud) con el objeto de exigir el pago de expensas y deudas por mora, debe precisarse que, dicho accionar lesionó el derecho propietario de los accionantes pues se impidió que los mismos ejerzan libremente los actos jurídicos y materiales permitidos por la ley conforme establece el art. 185 del Código Civil (CC).
Por otra parte, con el ejerció de medidas de hecho, también se lesionó el derecho al debido proceso, pues los ahora demandados hicieron justicia por propia mano sin acudir a mecanismos legales que permitan que los impetrantes de tutela sean parte de un proceso en el cual puedan promover en el marco de la actividad jurisdiccional, cualquier recurso ordinario o extraordinario, que el ordenamiento prevea en cada caso con los requisitos legalmente establecidos, que desemboque en una decisión judicial sobre la pretensiones deducidas por las partes, la cual permitiría el cobro de expensas comunes en edificios afectados al régimen de la propiedad horizontal. En tal sentido, considerando que se demostró que los demandados ejercieron actos al margen y en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales vigentes para una administración de justicia, que privó o limitó arbitrariamente los derechos de los accionantes, es factible su protección y resguardo.
La parte impetrante de tutela denuncia que solicitaron a la Administradora ahora demandada se autorice el acceso de fibra óptica para contar con internet de alta velocidad; sin embargo, no se dio autorización expresa para la instalación del internet, ello como una forma de presión para la entrega de fondos que tiene un cálculo arbitrario, lesionando su derecho al acceso a los servicios básicos de telecomunicaciones.
Sobre este punto, de manera inicial debe considerarse que, conforme se sostuvo en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, el acceso a los servicios básicos ciertamente se constituye en un derecho fundamental que se encuentra consagrado en el art. 20.I de la CPE, que textualmente establece “Toda persona tiene derecho al acceso universal y equitativo a los servicios básicos de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y telecomunicaciones”; en consecuencia, no es posible restringir o cortar estos servicios como medida coercitiva directa para el cumplimiento de ciertas obligaciones, como el pago de expensas comunes, pues para el efecto existen los medios y procedimientos dispuestos por ley. Bajo ese marco, en el caso concreto, de la Conclusión II.13 de este fallo constitucional, ciertamente se advierte que, mediante Nota presentada el 19 de abril de 2022, el accionante – Juan Augusto Céspedes De Col– solicitó a la Administradora ahora demandada autorice la instalación de red de fibra óptica para el servicio público de internet; no obstante, debe tenerse en cuenta que, si bien los impetrantes de tutela denunciaron que no se hubiese dado una autorización expresa para la instalación del internet, de la Conclusión II.12 de este fallo constitucional, se constató que, a través de Nota presentada el 18 de abril de 2022, Fabiola Andrea Rojas Flores –ahora tercera interesada–, comunicó a la Administración del Edificio Torre CESUR que se trató de instalar internet en la “Oficina 703” sin embargo, los técnicos de AXS encontraron que los ductos se encuentran saturados; por lo que, solicitó autorización para instalación por la parte externa del edificio o en su caso el responsable de electricidad del Edificio de una solución; hecho que hace entrever que, no existió una restricción por parte de los ahora demandados para la instalación del servicio de internet, sino en todo caso que, al pretender efectuar la instalación existieron problemas asociados al cableado; además, de la Conclusión II.18 de este fallo constitucional se constató que, a través de Nota de 21 de julio de 2022, AXS Bolivia S.A. informó que se tiene un usuario de servicio de internet registrado con la cuenta “Cespedes de Col SRL” vigente desde el 21 de abril de 2022, Nota que permite determinar que la instalación del servicio se efectúo dos días después de solicitud de autorización expuesta en la Nota de 19 de abril de 2022; por lo que, no se advirtió una lesión del derecho al acceso a los servicios básicos de telecomunicaciones, correspondiendo denegar la tutela solicitada sobre este punto.
La parte accionante denuncia que los ahora demandados con el objeto de conseguir un pago de una cifra calculada arbitrariamente a una cuenta particular, y sin respaldo normativo alguno, procedieron a colocar un letrero en el Edificio Torre CESUR, señalándolos como morosos, dañando y lesionando su derecho a la dignidad. Al respecto, de manera inicial, es preciso señalar que, conforme establece los arts. 196 de la CPE y 2 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), el Tribunal Constitucional Plurinacional dentro de su labor jurisdiccional debe precautelar por el respeto y la vigencia de los derechos y garantías constitucionales; buscando su materialización efectiva, evitando que los actos y normas del poder público y privado evadan el cumplimiento, por acto u omisión, de las normas constitucionales; en esa labor, se apoya en varios principios que si bien no se encuentran establecidos de manera explícita en la normativa, es la jurisprudencia que fue sentando su aplicación; así, tal como se observó en el Fundamento Jurídico III.4 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, cuando el accionante no haya mencionado o precisado adecuadamente los derechos lesionados en su acción de defensa, por error u omisión involuntaria; en aplicación del principio iura novit curia “el juez conoce el derecho”; la justicia constitucional, tiene el deber de analizar, la demanda, informe de los demandados y la participación de las partes en la audiencia de garantías, para verificar si se lesionaron los derechos mencionados en la demanda u otros no invocados; así, en el caso concreto, si bien se advierte que los accionantes denuncian expresamente la lesión de su derecho a la dignidad; debe considerarse que de los hechos descritos en el memorial de interposición de la acción de amparo constitucional así como de su ratificación, se tiene que, los impetrantes de tutela manifestaron que se colocaron un letrero en el Edificio Torre CESUR, señalándolos como deudores morosos, lo que hace entrever que se denuncia la vulneración de los derechos a la intimidad imagen o buen nombre; consecuentemente, en estricta aplicación del principio iura novit curia el análisis de fondo del presente caso, se efectuará respecto a los derechos a la intimidad e imagen o buen nombre.
Ahora bien, a partir de lo referido precedentemente, debe considerarse que, la Constitución Política del Estado y el Código Procesal Constitucional fueron explícitos al determinar que los derechos a la intimidad e imagen o buen nombre se encuentran dentro del marco de actuación de la acción de protección de privada; lo que en el caso concreto, si bien generaría que la acción de amparo constitucional sea improcedente conforme estipula el art. 53 del CPCo; no obstante, la jurisprudencia constitucional descrita en el Fundamento Jurídico III.6 de este fallo constitucional, sostuvo una de las características de los derechos humanos es la interdependencia, que implica que los mismos se encuentran relacionados y deben ser comprendidos desde una perspectiva integral u holística; lo que supone, que la materialización de un derecho significa la realización de otros; y su vulneración o restricción, conlleva a la afectación de otro u otros. En ese sentido, no corresponderá efectuar únicamente el análisis de ciertos derechos, señalando que los demás deben ser denunciados a través de otras acciones de defensa; pues ello, desconoce el art. 13.I de la CPE y el carácter interdependiente de éstos; además de implicar una carga adicional para la parte accionante; quien, para lograr la reparación de todos sus derechos, con la lógica descrita, tendría que presentar respecto a un mismo acto ilegal otra acción tutelar; en tal sentido, en el caso concreto, en observancia de los principios de celeridad, concentración, se ingresará al análisis de la lesión de los derechos a la intimidad e imagen o buen nombre. En esa línea de razonamiento, a fin de comprender el contenido esencial de los derechos a la intimidad e imagen o buen nombre resulta necesario señalar que la ingente jurisprudencia constitucional sostuvo que el derecho a la intimidad garantiza al individuo un poder jurídico sobre la información relativa a una persona o a su familia, pudiendo imponer a terceros, su voluntad de no dar a conocer dicha información o prohibiendo su difusión no consentida; y, por su parte, el derecho a la imagen faculta impedir la obtención, reproducción, difusión y distribución de nuestra imagen por un tercero, sin consentimiento; y, el derecho al buen nombre definido como la reputación o el concepto que de una persona tiene los demás. Precisado lo anterior, en el caso concreto, debe considerarse que, de la Conclusión II.19 de este fallo constitucional, se advierte que, existe un letrero adherido a una puerta de vidrio del Edificio Torre CESUR en el cual se consigna el nombre de los accionantes y la frase “DEUDORES MOROSOS” (Conclusión II.19); asimismo, de la Conclusión II.20 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que describe parte del acta de audiencia de la presente acción de amparo constitucional, se tiene que, el Presidente del Directorio ahora demandado de manera expresa manifestó que en varios condominios se colocan letreros de los deudores y los impetrantes de tutela no serían los únicos; añadiendo a ello que, las obligaciones deben cumplirse y que el accionante –refiriéndose a Juan Augusto Céspedes De Col– tiene conocimiento del monto que tiene que pagar al Edificio Torre CESUR, este último aspecto relativo a la deuda que pudo verificarse a través de la Conclusión II.9 de este fallo constitucional, en el que se describió la Nota de 29 de septiembre de 2021, dirigida a los impetrante de tutela, por la que, los miembros del Directorio del indicado Edificio, señalaron expresamente que los accionantes tienen una deuda en mora que asciende a Bs2 106.- (dos mil ciento seis bolivianos); además, mediante Nota de 19 de abril de 2022, la Contadora de dicho Edificio, desglosó información sobre los meses de mora de los peticionante de tutela, estableciendo que los mismos tienen una deuda que asciende a la suma de Bs8 871.- e intereses en una suma de Bs879,12.-; por lo que, solicitó el pago de las expensas con puntualidad y evitar el cobro de multas (Conclusión II.14). Ahora bien, debe considerarse que, si bien la parte ahora demandada alegó que el colocado del letrero de deudores morosos se debió a la existencia de una deuda de los accionantes respecto a las expensas de la propiedad horizontal; no obstante, es necesario tener en cuenta que, este método de cobro extrajudicial únicamente tiende a estigmatizar al deudor transgrediendo los derechos a la intimidad e imagen o buen nombre, cuando nuestra normativa establece de manera específica que el cobro de las expensas deberá efectuar vía ejecutiva. Consecuentemente, en relación a este punto, corresponde conceder la tutela.
Finalmente, en cuanto al pago de costos y costas procesales de la acción de amparo constitucional, se tiene que, conforme el razonamiento contenido en el Fundamento Jurídico III.7 de este fallo constitucional, las costas procesales se configuran en una obligación imponible a la parte perdidosa que en acciones de defensa merece un tratamiento especial, pues para que las mismas sean impuestas ya sea a la parte accionante o demandada, debe existir algún perjuicio a la contraparte o la existencia de temeridad y dolo en el proceder; en tal sentido, siendo que en el presente caso se advirtió que la parte demandada lesionó los derechos de los accionantes con el objetivo prescindiendo de los mecanismos previstos en la normativa, es necesario otorgar las costas procesales, las mismas que deberán ser cuantificadas en ejecución de sentencia, conforme lo determinado en el art. 39 del CPCo.
Por los fundamentos expuestos, la Sala Constitucional, al conceder en parte la tutela impetrada, actuó de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 188/2022 de 25 de julio, cursante de fs. 331 a 336, pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela impetrada en relación a la lesión de los derechos a la petición, al ejercicio del derecho propietario; y, a la intimidad, imagen o buen nombre; además de las costas procesales, conforme los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Disponer que el Presidente del Directorio de la Asociación de Copropietarios; y, la Administradora, ambos del Edificio Torre CESUR, respondan a todas las notas presentadas por los accionantes, debiendo cesar de inmediato de las vías de hecho, en cuanto a la negación de atender las solicitudes de los impetrantes de tutela. 3° DENEGAR la tutela respecto a la vulneración de los derechos a los servicios básicos de telecomunicaciones, la intimidad e imagen, conforme los fundamentos expuestos del presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que la Magistrada MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo, es de Voto Aclaratorio.
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
7 El FJ III.1 señala: “El derecho de petición es considerado como un derecho fundamental del ser humano, consiste en la facultad de toda persona para dirigirse a las autoridades públicas a fin de reclamar, pedir u observar alguna cosa incumbente a aquélla, consagrándose como un derecho de los ciudadanos tendiente a morigerar el poder omnímodo del Estado, constituyéndose en un instrumento de particular importancia para que la sociedad civil pueda controlar a sus autoridades y hacer valer sus derechos”.
8 El FJ III.2. refiere: “De lo referido en el punto anterior, se establece que a fin de que se otorgue la tutela en caso de alegarse la violación del derecho a formular peticiones, corresponde que el recurrente, demuestre los siguientes hechos: a) la formulación de una solicitud expresa en forma escrita; b) que la misma hubiera sido formulada ante una autoridad pertinente o competente; c) que exista una falta de respuesta en un tiempo razonable y d) se haya exigido la respuesta y agotado las vías o instancias idóneas de esa petición ante la autoridad recurrida y no existan otras vías para lograr la pretensión. Lo principal de lo relacionado es que la autoridad recurrida sea quien se negó dar la respuesta, pues de lo contrario, carecería de legitimación pasiva para ser recurrida de amparo, conforme reconoció este Tribunal en las
14 El cuarto Considerando de la SC 0776/2002-R de 2 de junio, establece: “…se puede estimar como lesionado cuando la autoridad a quien se presenta una petición o solicitud, no la atiende; es decir, no la tramita y la responde en un tiempo oportuno o en el plazo previsto por Ley…” (las negrillas son nuestras). 15El FJ III.3 de la SC 1995/2010-R de 26 de octubre, indica: “…pues sólo si en un plazo razonable, o en el plazo previsto por las normas legales -si existiese- no se ha dado respuesta a la solicitud se tendrá por lesionado el derecho a la petición. …la respuesta solicitada debe ser formal y pronta, dando respuesta material a lo solicitado ya sea en sentido positivo o negativo, dentro de un plazo razonable” (las negrillas son incorporadas). Sobre el particular la jurisprudencia constitucional contenida en la SCP 1675/2013 de 4 de octubre, refiere que al interior del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), las respuestas que impliquen cuestiones de mero trámite deben ser realizadas en el plazo de veinticuatro horas, vencido el cual, se tiene por vulnerado el derecho de petición; asimismo, respecto a particulares, la SCP 1187/2014 de 10 de junio, en el FJ III.2 entiende que: “…debe tomarse en cuenta de forma análoga el plazo de tres días para absolver providencias de mero trámite, previsto en el art. 71.I del Reg lamento de la Ley de Procedimiento Administrativo, en atención a que la solicitud no representaba mayor dificultad y podía ser satisfecha razonablemente en dicho plazo”.
16 La SCP 1478/2012 de 24 de septiembre, en su FJ III.1 establece: “…el Estado de derecho en principio tuvo una versión particular configurada como ‘Estado de derecho legislativo’ o ‘Estado legal de Derecho’, empero, esta concepción reducía a un simple sistema de dominación mediante el instrumento de la ley, pues todo Estado era de Derecho, por el sólo hecho de que la actividad estatal se desarrolle bajo cánones legales (del legislador), siendo irrelevante si las leyes fueran opresoras o autoritarias, concepción que se sustentaba en que la ley (con características de generalidad y abstracción) era la más alta expresión de la soberanía y, por ello, quedaba al margen de cualquier límite o control, con lo cual, las constituciones terminaron siendo meras cartas políticas, afianzándose el imperio de la ley y el principio de legalidad. Este modelo, supone una profunda transformación en la concepción general de ‘Estado de derecho’, debido a que en esta última fórmula ‘Estado Constitucional de Derecho’: a) El poder público (órganos ejecutivo, legislativo, judicial y electoral); y, b) La convivencia social de los ciudadanos están sometidos a la Constitución a través del principio de constitucionalidad que viene a sustituir el principio de legalidad y, por ende, -en el tema que ocupa a esta sentencia constitucional-, supone la proscripción de las acciones vinculadas a medidas de hecho o vías de hecho por el propio Estado o los particulares en cualesquiera de sus formas.
17 La SCP 0998/2012 de 5 de septiembre, en su FJ III.1 sostuvo que: “…la SCP 0085/2012 de 16 de abril, acorde con la doctrina del drittwirkung, asumió para el ámbito de control tutelar de constitucionalidad la teoría de la eficacia horizontal de los derechos fundamentales, visión a partir de la cual, debe entenderse que en el Estado Plurinacional de Bolivia, los
tutela que brinda la primera, es provisional respecto al derecho propietario y definitiva con relación a las vías de hecho debidamente acreditadas, por supresión del derecho de acceso a la justicia. Por último, cabe recordar que la SCP 0998/2012, en el Fundamento Jurídico III.1, establece: Para el caso específico de vías de hecho vinculadas al avasallamiento, al margen de la carga probatoria desarrollada en el anterior inciso, el peticionante de tutela debe acreditar su titularidad o dominialidad del bien en relación al cual se ejerció vías de hecho, aspecto demostrado con el registro de propiedad en mérito del cual se genera el derecho de oponibilidad frente a terceros. Entendimiento que fue complementado por la SCP 1478/2012, en cuyo Fundamento Jurídico III.1.2, determina: Para los supuestos de avasallamientos u ocupaciones por vías de hecho de predios urbanos o rurales privados o públicos cuando se denuncie pérdida o perturbación de la posesión, la parte accionante, al margen de la carga probatoria desarrollada en el inciso c), referido a la regla general, tiene la carga probatoria específica de acreditar su posesión legal del bien en relación al cual se ejerció vías de hecho, a través de una resolución judicial emitida por autoridad competente, que no esté sometida a controversia judicial.
21 Corte Interamericana De Derechos Humanos Caso de la “Masacre de Mapiripán” vs. Colombia Sentencia de 15 de septiembre de 2005.
22 Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso “Instituto de Reeducación del Menor” Vs. Paraguay Sentencia de 2 de septiembre de 2004 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas).
23 Entendimiento que fue reiterado entre otras por la SCP 1126/2019-S2 de 18 de diciembre.
24 Las costas procesales son los “gastos que necesariamente se hacen para iniciar, tramitar y concluir un juicio; han de tener una relación directa con el proceso, de tal manera que sin ellas no pueda éste legalmente concluirse”. Eduardo Pallares; “Diccionario de Derecho Procesal Civil”; Editorial Porrua; 2008.
25 Fundamentos que fueron reiterados y aplicados en las Sentencias Constitucionales 1567/2002-R, 1618/2003-R, 1626/2003-R, 13/2003-R, 23/2003-R, 45/2003-R, 61/2003-R, 440/2003-R, y 468/2003-R.
26 F.J. III.4. (Sobre las costas procesales y su procedimiento): “El art. 198.I del CPC, establece que cuando se declare improbada la demanda en todas sus partes, se condenará en costas al demandante, disposición que debe entenderse en forma general y extensible a todo proceso judicial, incluida una demanda de ejecución de acta de conciliación; por su parte, la norma prevista por el art. 237 del mencionado Código, dispone que el auto de vista que resuelve la apelación, podrá ser; confirmatorio total con costas en ambas instancias, confirmatorio parcial sin costas, revocatorio total o parcial sin costas y anulatorio con responsabilidad, refiriendo además el parágrafo II de la citada norma que si ambas partes fueren apelantes, no habrá condenación en costas. (…) Por su parte, el art. 199 del CPC, determina los alcances de las costas, disponiendo en su parágrafo II., que comprenderán el honorario del abogado, así también los arts. 200 y 20, regulan el procedimiento para la tasación de costas, refiriendo el art. 201, que el juez pronunciará la resolución que correspondiere y regulará el honorario del abogado, ordenando al mismo tiempo el pago dentro del tercer día del total de las costas estableciendo que esa resolución podrá ser apelada, sin recurso ulterior”.
28 F.J.II.4 “Siendo necesario fundamentar la posición adoptada por este Tribunal Constitucional, se debe reiterar que la correcta interpretación de las referidas normas (art. 39 de la LSAFCO y 8 de la LAPACOP), es aquella en sentido de que la exclusión del Estado a la condena de costas y honorarios profesionales procede en procesos donde éste persigue el cobro de sus acreencias, no así en caso de que sus autoridades vulneren derechos fundamentales de las personas, que en recursos constitucionales son tutelados, situación en la que los causantes de estos hechos son responsables de las costas y honorarios profesionales. Así debe entenderse el art. 39 de la LSAFCO, en concordancia con el art. 52 del DS 23215”. (Las negrillas son añadidas)
29 El Código Civil establece: “ARTICULO 185. (EJERCICIO DEL DERECHO PROPIETARIO).- I. Cada propietario de piso o compartimiento podrá ejercer su derecho realizando libremente los actos jurídicos y materiales permitidos por la ley a todo propietario y compatibles con este tipo de copropiedad y con el derecho de los propietarios de otros pisos o compartimientos. II. La enajenación, hipoteca o anticresis del piso o compartimiento comprende también la de las partes comunes en la parte que le corresponde.”
30 La Constitución Política del Estado establece: “Artículo 196. I. El Tribunal Constitucional Plurinacional vela por la supremacía de la Constitución, ejerce el control de constitucionalidad, y precautela el respeto y la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales”
31 La Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional determina: “Artículo 2. (EJERCICIO Y FINALIDAD DE LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL). I. La justicia constitucional será ejercida por el Tribunal Constitucional Plurinacional y tiene la finalidad de velar por la supremacía de la Constitución Política del Estado, ejercer el control de constitucionalidad y precautelar el respeto y vigencia de los derechos y garantías constitucionales”.
32 La Constitución Política del Estado establece: “Artículo 130. I. Toda persona individual o colectiva que crea estar indebida o ilegalmente impedida de conocer, objetar u obtener la eliminación o rectificación de los datos registrados por cualquier medio físico, electrónico, magnético o informático, en archivos o bancos de datos públicos o privados, o que afecten a su derecho fundamental a la intimidad y privacidad personal o familiar, o a su propia imagen, honra y reputación, podrá interponer la Acción de Protección de Privacidad.” 33El Código Procesal Constitucional determina: “Artículo 58°.- (Objeto) La Acción de Protección de Privacidad tiene por objeto garantizar el derecho de toda persona a conocer sus datos registrados por cualquier medio físico, electrónico, magnético o informático, que se encuentre en archivos o bancos de datos públicos o privados; y a objetar u obtener la eliminación o rectificación de éstos cuando contengan errores o afecten a su derecho a la intimidad y privacidad personal o familiar, o a su propia imagen, honra y reputación.” 34Ibid. “Artículo 53°.- (Improcedencia) La Acción de Amparo Constitucional no procederá: (…) 5. Cuando los derechos o garantías vulnerados correspondan ser tutelados por las Acciones de Libertad, de Protección de Privacidad o Popular.
35 SC 1738/2010-R de 25 de octubre
36 SCP 1141/2022-S2 de 12 de septiembre 37SCP 065/2021-S2 de 12 de octubre
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1103_2023-S1.pdf · páginas 1 a 45.
Huella digital del PDF (SHA-256): e20eb0ef34ed0ca060f8acf82a57124f4119b758365484bf3bba931afd58a921
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