B.IA.LEGAL

SCP 1100/2023-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 21 de noviembre de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
21 de noviembre de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Dr. Petronilo Flores Condori
Expediente
47046-2022-95-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la defensa y al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; puesto que, la Vocal ahora accionada mediante Auto de Vista 245/2022 de 8 de abril, confirmó la Resolución 169/2022 de 12 de marzo que dispuso su detención preventiva, manteniendo los riesgos procesales previstos por los arts. 234.6 y 7; y, 235.2 del CPP, limitándose a dar lectura a la Resolución apelada y confirmar la misma, sin efectuar una fundamentación y motivación. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 114/2022 de 10 de abril, cursante de fs. 33 a 35, pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Segundo de la zona Sur de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La obligación del Tribunal de apelación de fundamentar y motivar su resolución que disponga, modifique o mantenga una medida cautelar
  2. III.2. Análisis del caso concreto

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1100/2023-S3 Sucre, 21 de noviembre de 2023 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de libertad Expediente: 47046-2022-95-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 114/2022 de 10 de abril, cursante de fs. 33 a 35, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Carla Orgaz Trujillo en representación sin mandato de David Isaac Luna Loza contra Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 9 de abril de 2022, cursante de fs. 19 a 25, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona, por la presunta comisión de los delitos de consorcio de jueces, fiscales, policías y abogados y asociación delictuosa, previstos y sancionados por los arts. 132 y 174 del Código Penal (CP), mediante Resolución 169/2022 de 12 de marzo, se le impuso la medida cautelar de detención preventiva por tres meses, a cumplirse en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, por la supuesta concurrencia de tres riesgos procesales, peligro de fuga y obstaculización, establecidos por los arts. 234.6 -conducta delictiva reiterada o anterior-, 234.7 -peligro efectivo para la víctima- y 235.2 -facilidades de influir negativamente en partícipes, testigo o peritos-, todos del Código de Procedimiento Penal (CPP). En ese sentido, planteó recurso de apelación incidental contra la Resolución 169/2022; por lo que, la Vocal ahora accionada mediante el Auto de Vista 245/2022 de 8 de abril, de manera ilegal y sin realizar un análisis lógico jurídico de todos los puntos de agravio observados, se limitó a dar lectura a la Resolución 169/2022, objeto de recurso de apelación y confirmó la misma, violentando sus derechos al debido proceso y a la libertad. Respecto al riesgo procesal previsto por el art. 234.6 del CPP, la Resolución 169/2022 fundó el mismo en la existencia de la actividad delictiva reiterada o anterior, sin que exista necesariamente una sentencia ejecutoriada o en su defecto se tenga anotado en el Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP), simplemente demostrando que tenga una actividad delictiva reiterada por similares delitos. Al respecto se habría evaluado otro caso en el que contaría con una acusación fiscal, de la misma forma la víctima -ahora tercera interviniente- demostró el caso LPZ 1703621 en el que también ella sería parte de ese proceso penal, el cual contaría con Resolución conclusiva de acusación formal; elementos que habrían demostrado que su persona cuenta con una actividad delictiva reiterada o anterior, debiéndose establecer también que esos delitos fueron denunciados por la víctima del otro caso, que se encuentra con una acusación formal, precisamente por delitos de corrupción, concluyendo que ese riesgo fue demostrado. De esa manera se puede advertir que no se le explicó las razones por las cuales se determinó la concurrencia de ese riesgo procesal, motivo por el cual en audiencia de recurso de apelación incidental de 8 de abril de 2022, expuso ante la Vocal ahora accionada que la fundamentación sería genérica, que no estableció la fecha de la acusación fiscal, no se indicó si la misma se encontraría vigente, así como tampoco por qué delito; puesto que, únicamente se refirió a la existencia de un número de caso; violentándose los principios de presunción de inocencia y de favorabilidad al no tenerse precisión de la supuesta acusación fiscal contra su persona. Sin embargo, la Vocal ahora accionada a tiempo de resolver el recuro de apelación incidental lo único que hizo fue leer de forma íntegra la Resolución 169/2022 y establecer que no encuentra agravios, señalando que al haberse determinado la existencia de otro proceso penal contra el imputado -accionante- se hallaría subsistente dicho riesgo procesal, sin referir si la acusación fiscal se encuentra vigente, o en qué etapa procesal estaría, tampoco se pronunció respecto a la vulneración del principio de inocencia, limitándose a señalar que subsiste dicho riesgo procesal. Lamentablemente esa ausencia de análisis lógico jurídico de los agravios expuestos, provocó la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación. Respecto al riesgo procesal previsto por el art. 234.7 del CPP -peligro para la víctima y la sociedad-, la Resolución 169/2022 que dispuso su detención preventiva, estableció su concurrencia señalando que sería un peligro efectivo para la víctima -Mireya Shirley Morales Escobar- hoy tercera interviniente forma parte de la Policía Nacional y su persona -accionante- también, pudiendo en libertad tomar represalias contra la nombrada; debiéndose separar en el caso de autos lo que es el peligro efectivo para la víctima y para la sociedad, teniéndose que en esa audiencia solo se refirieron al peligro para la víctima -hoy tercera interviniente-, siendo necesario considerar la documentación que presentó el imputado -accionante-, habiendo hecho referencia de que el nombrado debería tener una sentencia o antecedentes penales o policiales, extremo que no fue demostrado por el Ministerio Público; empero, en la lógica el fundamento únicamente se basó en la víctima, debiendo entenderse que la misma no solo habría sido sometida a proceso disciplinario como indicó el Fiscal de Materia, si no también se le iniciaron otros procesos, y que la víctima también sería denunciante de otro proceso respecto al imputado -accionante-; es decir, de los antecedentes y del fundamento del imputado se estableció que la víctima había iniciado otro proceso penal por similares delitos, el que se encuentra con acusación formal; de antecedentes se tiene que, la víctima fue denunciada ante autoridades del Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, del “Comando General”, el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) y otras instituciones; por lo que, considera que en efecto el imputado -accionante- es un peligro para la víctima porque en su oportunidad respecto a los hechos incluso habría evacuado informes falsos, que trabajó en su computador para perjudicar a la víctima y esos documentos que se labraron a través de la pericia fueron encontrados en el proceso disciplinario ante la policía, ello más allá de que la víctima se encuentre también dentro de los grupos vulnerables. Al respecto, en audiencia de recurso apelación incidental se fundamentó como un punto de agravio que de acuerdo a la SCP “795/2016-S3”, que no se puede fundar como un riesgo procesal los mismos hechos que se investigan como probabilidad de autoría; asimismo, se estableció que dicha argumentación no tenía elementos de convicción que acrediten un peligro real para la víctima, peor aún con la naturaleza del hecho que se investiga, cuando tiene que ver con un supuesto consorcio de jueces, policías y fiscales; que la carga de la prueba corresponde a la parte que acusa en una audiencia de consideración de medidas cautelares y que ese extremo no fue cumplido por el Juez de primera instancia. En el Auto de Vista 245/2022, la Vocal ahora accionada no se pronunció sobre el extremo señalado, refiriéndose únicamente a que evidentemente ambas partes serían efectivos policiales -denunciante como así la parte imputada- y habiendo iniciado procesos la parte imputada contra la presunta víctima, se constituiría en un peligro efectivo para la víctima. De esa manera se advierte que nuevamente no se pronunció sobre los puntos específicos de agravio; puesto que, no se pronunció cuáles serían los elementos de convicción que sustentarían dicho riesgo procesal, solo se limitó a señalar que el argumento del Juez de primera instancia se encontraría debidamente fundamentado, congruente y que no existía agravio. Respecto al peligro de obstaculización previsto por el art. 235.2 del CPP, la Resolución 169/2022 que dispuso su detención preventiva señaló que el Fiscal estableció ese peligro de obstaculización; puesto que, en libertad irrestricta podría influenciar de manera negativa en partícipes y/o testigos, ya que tiene que comparecer Mayra Jazmín Padilla Pati, para brindar su declaración testifical, también el “abogado Delgadillo”, sosteniendo el Fiscal que en la actualidad existen actos investigativos pendientes, pericia informática, careo que solicitó la víctima, también por el “ex fiscal Ángelo Saravia y el Mayor Freddy Balda”, encontrándose también pendiente la inspección técnica ocular seguida de reconstrucción y otros casos investigativos que refirió la víctima, como es el requerimiento de investigación para testigo; en ese sentido, al estar en una etapa preparatoria, teniéndose una acusación, se debe dejar claro que la Resolución de imputación formal de 16 de noviembre de 2021, emitida contra su persona estaría vigente hasta mayo; por lo que, ese riesgo procesal se encuentra latente. En audiencia de recurso de apelación incidental, se expuso como agravio la incongruencia omisiva, al haberse establecido únicamente la existencia de actos investigativos pendientes, como la recepción de declaraciones de testigos, señalando entre ellos a Mayra Jazmín Padilla Pati, el “abogado Delgadillo”, pericia informativa, careo que solicitó la víctima por el “ex Fiscal Ángelo Saravia y el Mayor Freddy Balda” (sic), y que por ello concurría dicho riesgo procesal; empero, no estableció de qué forma y de qué modo su persona tendría las facilidades para influir negativamente sobre dichos testigos, no explicó por qué se considera ese extremo, punto que tampoco fue analizado racionalmente por la Vocal hoy accionada, únicamente dio lectura a todo el fundamento de dicho riesgo en la Resolución 169/2022 -de medidas cautelares-, limitándose a señalar que no se encuentran agravios en los fundamentos y que explicaría el motivo por el cual concurría dicho riesgo procesal, sin exponer bajo su análisis cuál es ese motivo, limitándose a citar que existen actos investigativos pendientes y que estos deben resolverse.

I.1.2. Derechos, garantía y principio supuestamente vulnerados

El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la defensa y al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; citando al efecto los arts. 23, 117.I y 119 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y, en consecuencia, se disponga: a) Se deje sin efecto el Auto de Vista 245/2022 de 8 de abril, ordenando la emisión de nuevo auto de vista en cumplimiento del principio de proporcionalidad, en el plazo de cuarenta y ocho horas; y, b) Medidas menos gravosas ante la inconcurrencia de los riesgos procesales previstos por los arts. 234.6 y 7; y, 235.2, todos del CPP.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 10 de abril de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 30 a 32 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su representante sin mandato, en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe presentado el 10 de abril de 2022, cursante de fs. 28 a 29, manifestó que: 1) Todo Tribunal de alzada se debe regir por el principio de limitación por competencia previsto por el art. 398 del CPP; es decir, los agravios expuestos por la parte apelante y la respuesta a la misma, son los que aperturan la competencia y sobre los cuales se debe emitir la fundamentación correspondiente, ello con relación al principio de imparcialidad previsto por el art. 178.I de la CPE; así como también se basa en el legajo de apelación y los elementos de prueba que presenta la parte apelante. En ese sentido, emitió el Auto de Vista 245/2022, mismo que está debidamente fundamentado con aspectos de hecho, derecho y jurisprudenciales; por lo que, no vulneró ningún derecho ni garantía constitucional del accionante; 2) No pueden ser remitidos los antecedentes del caso, ya que el referido Auto aún no se encuentra transcrito, no siendo atribuible la misma a su persona, sino al personal de apoyo jurisdiccional; además, se debe tomar en cuenta que la audiencia fue desarrollada el “viernes” y por la carga laboral que existe en la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, se les imposibilitó la transcripción; empero, anoticiados de la acción tutelar, dispuso que se efectúe en el día la misma; 3) El accionante no agotó los medios de impugnación, aún teniendo el plazo establecido por el art. 125 del CPP, para que la misma pueda ser explicada, enmendada o complementada, no dio cumplimiento al principio de subsidiariedad; por lo que, el accionante está de acuerdo con la Resolución emitida por esa instancia; 4) Las medidas cautelares tiene la característica de temporalidad y variabilidad, de tal forma que las resoluciones dictadas tanto por el Juez de primera instancia y los Tribunales de alzada no causan estado y pueden variar conforme a las circunstancias; 5) El Auto de Vista 245/2022 pronunciada por esa Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, tiene la debida fundamentación conforme a los arts. 124 y 173 del CPP; y, 6) Por todo lo manifestado, solicitó que se deniegue la tutela.

I.2.3. Tercera interviniente

Mireya Shirley Morales Escobar, a través de su abogado, en audiencia señaló que, el 12 de marzo de 2022, se dictó la Resolución 169/2022, contra la cual fue planteado recurso de apelación incidental conforme el art. 251 del CPP, estableciéndose cinco agravios; empero, en la audiencia de recurso de apelación incidental de 8 de abril del mismo año, se modificaron las circunstancias sobre las cuales versaba el recurso de apelación incidental; por lo que, esas falencias en la defensa del accionante no pueden ser suplidas promoviendo acciones constitucionales; más aún, se pretende referir errores de fundamentación de la misma, cuando esa inobservancia del debido proceso no corresponde a una acción de libertad, sino más bien a una acción de amparo constitucional.

I.2.4. Resolución

El Juez de Instrucción Penal Segundo de la zona Sur de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 114/2022 de 10 de abril, cursante de fs. 33 a 35, concedió la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 245/2022; en consecuencia, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emita nuevo auto dentro del plazo de veinticuatro horas, conforme a los fundamentos expuestos; bajo los siguientes fundamentos: i) Se indicó que no se podía ingresar al análisis de fondo de la problemática, porque no se solicitó explicación complementación y enmienda -se entiende del Auto de Vista 245/2022-, lo que provocó que no se hayan agotado los medios de impugnación; al respecto, la SCP 2336/2012 de 16 de noviembre, estableció que una solicitud de explicación, complementación y enmienda no realiza una modificación esencial en una resolución; puesto que, únicamente aclararía una expresión oscura, supliría alguna omisión o corregiría cualquier error material o de hecho sin realizar esa modificación esencial en la misma; por lo que, se encuentra habilitado para ingresar al fondo del asunto; ii) También se indicó que no corresponde ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada; porque, no corresponde activar la acción de libertad sino la acción de amparo constitucional; sobre el punto, cabe señalar que el debido proceso puede ser tutelado vía acción de libertad, siempre que esté íntimamente relacionado al derecho a la libertad, debiendo constituirse el acto que se denuncia en la causa directa de la afectación del derecho a la libertad del accionante, tal como lo determinó la SCP 0096/2016-S3 de 14 de enero; teniéndose en el caso de autos que se denunció la vulneración del debido proceso y que el mismo repercute en el derecho a la libertad, siendo evidente que como causa directa de la presunta vulneración del derecho a la libertad del accionante, se tiene emitido el Auto de Vista 245/2022, que confirmó la Resolución 169/2022, en tal sentido se puede establecer que efectivamente se puede ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, porque el debido proceso alegado se encuentra vinculado a la libertad del accionante; iii) En ese sentido, el accionante señaló que la Vocal ahora accionada no se pronunció en el Auto de Vista 245/2022, respecto al agravio sobre el art. 234.6 del CPP, consistente en que no fueron señalados los datos de la Resolución de acusación fiscal en la audiencia de medidas cautelares; como segundo punto, no se manifestó respecto al agravio referido a que no sería posible fundar el riesgo procesal previsto por el art. 234.7 del CPP, en relación a los hechos investigados; y, como tercer punto respecto al art. 235.2 del mismo cuerpo legal, habiéndose fundado como agravio en cuanto a la existencia de incongruencia omisiva relativo a la falta de pronunciamiento respecto a la forma y modo en que el accionante tendría las facilidades para influir negativamente sobre testigos; iv) La SCP 0500/2018-S2 de 14 de septiembre, estableció que la parte accionada tiene la obligación de presentar la prueba necesaria y suficiente que permita desestimar una acción presentada en su contra; puesto que, su negligencia puede dar lugar a determinarle responsabilidad, más aun cuando se trata de un servidor público que tiene el deber de elevar un informe con la prueba suficiente ante el juez o tribunal de garantías y estar presente en la audiencia, de lo contrario, se presume la veracidad de los hechos o actos denunciados por el accionante; v) La Vocal ahora accionada, remitió Informe el 10 de abril de 2022, señalando que el Tribunal de alzada se debe regir por el principio de limitación por competencia previsto por el art. 398 del CPP, señaló también que se emitió el Auto de Vista 245/2022, el cual se encuentra fundamentado con aspectos de hecho, derecho y jurisprudencial; por lo que, no vulneró ningún derecho ni garantía constitucional del accionante; así también refirió que no se agotaron los medios de impugnación previstos por el art. 125 del CPP, y que la medida cautelar es temporal y variable; vi) No se cuenta con el Auto de Vista 245/2022, cuestionado mediante la presente acción de libertad; es decir, no fue remitido, siendo necesario verificar si se encuentra fundamentado o no para otorgar o denegar la tutela solicitada; por lo que, la falta de remisión del mismo hace que se deba aplicar la presunción de veracidad precedentemente señalado; vii) En cuanto al art. 234.6 del CPP, se indicó que la Vocal ahora accionada no se pronunció respecto al agravio planteado, por el que se hizo conocer que el Juez de primera instancia no detalló los datos de la acusación fiscal que cursa contra el imputado -accionante-, aspecto en el cual es aplicable la presunción de veracidad; en consecuencia, el Fiscal de Materia deberá pronunciarse al respecto; viii) Con relación al citado art. 234.7, el accionante señaló que la Vocal ahora accionada no se manifestó respecto al agravio planteado en el sentido de que no es posible fundar ese riesgo procesal en relación a los hechos investigados; por lo que, la referida Vocal deberá pronunciarse al respecto, tomando en cuenta los alcances de la SCP 0975/2016-S3 de 16 de septiembre, la cual estableció que efectivamente ese riesgo procesal no debe fundarse en cuanto a los hechos mismos que son investigados por el Ministerio Público; y, ix) Sobre el art. 235.2 del CPP, se señaló que en audiencia de recurso de apelación incidental se habría fundado puntos de agravio en cuanto a la existencia de incongruencia omisiva en cuanto a la falta de pronunciamiento respecto a la forma y modo en que el accionante tendría las facilidades para influir negativamente sobre testigos, elemento y agravio que merecen un pronunciamiento por parte de la Vocal hoy accionada. En vía de enmienda y complementación la hoy tercera interviniente a través de su abogado, mediante memorial presentado el 11 de abril de 2022, cursante de fs. 44 a 45 vta., solicitó al Juez de garantías, se enmiende y complemente respecto a lo siguiente: a) El 18 de marzo de 2022, se interpuso una acción de libertad que fue “negada” mediante la Resolución “02/2022”, emitida por el “Juzgado de tercero de ejecución”, demanda que fue basada sobre los mismos fundamentos de la presente acción de libertad; b) Se desconoció el informe de la Vocal hoy accionada, mediante el cual se indicó que el accionante no solicitó complementación y enmienda, y que habría soslayado los argumentos presentados por su persona como víctima; c) El accionante se encuentra incurriendo en delito de evasión: d) Los agravios que sustentan el recurso de apelación incidental formulada contra la Resolución 169/2022 de “12 de abril” -siendo lo correcto 12 de marzo-, son cinco, los que se modificaron de manera dolosa; e) El Auto de Vista 245/2022, de forma clara y congruente fue pronunciado estableciendo que no puede considerar la acusación del caso LPZ1703621 como elemento para fundar la imposición de medida cautelar resguardando el derecho a la presunción de inocencia del accionante; f) A tiempo de considerar la presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante no se le otorgó ningún valor al informe de la Vocal ahora accionada; y, g) Pidió que se disponga el cumplimiento de la detención preventiva. En mérito a esa solicitud, el Tribunal de garantías, mediante la Resolución de 11 de abril de 2022, cursante a fs. 46, señaló que: 1) No se identificó en absoluto cual es el error para que pueda ser corregido mediante la enmienda, extremo que es viable cuando se pide se corrija errores materiales; 2) No dispuso la libertad del accionante, lo que se determinó es que la Vocal hoy accionada emita nueva determinación; puesto que, el Auto de Vista 245/2022, fue dejado sin efecto, en tal sentido, el accionante deberá tomar en consideración que no se dejó sin efecto la Resolución 169/2022 de 12 de marzo; por la cual, se dispuso su detención preventiva, por el contrario, la ejecución o no de esa Resolución debe estar acorde a lo establecido por el art. 251 del CPP; es decir, que la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares será apelable en el efecto no suspensivo; y, 3) No ha lugar a la solicitud de enmienda. En vía de aclaración y enmienda, el accionante a través de su representante sin mandato mediante memorial cursante de fs. 47 a 48, solicitó al Juez de garantías aclare y complemente lo siguiente: i) La Vocal hoy accionada, confirmó la concurrencia del riesgo procesal del art. 234.7 del CPP, de supuesto peligro para la víctima, sin advertir la naturaleza del delito por el cual fue imputado, ya que no existe ni un solo elemento razonable que haga suponer la concurrencia del referido riesgo procesal; y, ii) Se expuso en audiencia el ilegal Auto de Vista 245/2022, que confirmó como riesgo procesal el art. 235.2 del CPP y que los fundamentos de la Resolución 169/2022 establece que restan actos investigativos pendientes; empero, no explicó por qué se considera que su persona tendría facilidades para influir negativamente en partícipes y testigos. En mérito a esa solicitud, el Tribunal de garantías por Auto de 12 de abril de 2022 -fs. 48 vta.-, determinó no ha lugar por haber sido presentada fuera del plazo establecido por el art. 36.9 del “C.P.P.”.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante decreto constitucional de 10 de julio de 2023, cursante a fs. 54, se dispuso la suspensión de plazo para la emisión de la correspondiente resolución a efectos de recabar documentación complementaria, reanudándose el mismo a partir del día siguiente de su notificación con el decreto constitucional de 30 de octubre de igual año, cursante a fs. 70; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del término legal.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Resolución 169/2022 de 12 de marzo, emitido por el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz; por la cual, determinó la detención preventiva de David Isaac Luna Loza -ahora accionante- en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, por un lapso de tres meses; por lo que, su defensa conforme a la previsión del art. 251 del CPP, interpuso recurso de apelación contra la referida Resolución (fs. 12 a 18). II.2. Consta Auto de Vista 245/2022 de 8 de abril, emitido por Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora accionada-, mediante el cual determinó la admisibilidad del recurso de apelación incidental, declarando procedente en parte las cuestiones planteadas, y en el fondo confirmó la Resolución 169/2022 (fs. 58 a 60).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la defensa y al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; puesto que, la Vocal ahora accionada mediante Auto de Vista 245/2022 de 8 de abril, confirmó la Resolución 169/2022 de 12 de marzo que dispuso su detención preventiva, manteniendo los riesgos procesales previstos por los arts. 234.6 y 7; y, 235.2 del CPP, limitándose a dar lectura a la Resolución apelada y confirmar la misma, sin efectuar una fundamentación y motivación. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La obligación del Tribunal de apelación de fundamentar y motivar su resolución que disponga, modifique o mantenga una medida cautelar

La SCP 0339/2012 de 18 de junio, expresó que: “El Tribunal Constitucional, ha desarrollado amplia jurisprudencia sobre cuáles son las condiciones y formalidades que debe cumplir la resolución que disponga una medida cautelar de carácter personal de detención preventiva de un imputado y/o imputada, a través de la SC 1141/2003 de 12 de agosto, citada a su vez por la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, sosteniendo que: ‘...la aplicación de una medida cautelar de carácter personal en el ámbito procesal penal debe cumplir con las condiciones de validez legal, lo que significa que, la autoridad judicial competente, para adoptar la decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, está obligado a verificar y determinar la concurrencia de los requisitos previstos por el art. 233 CPP, para lo que deberá contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio Público con los elementos de prueba presentados sobre la concurrencia de los requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 234 y 235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar en derecho la decisión de aplicar la medida cautelar de carácter personal, pues tomando en cuenta que uno de los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho es la motivación de las decisiones de las autoridades públicas, el juez está obligado a expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basa su convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, así como el valor otorgado a los medios de prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado a expresar los presupuestos jurídicos que motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la descripción clara y objetiva de los elementos de convicción concurrentes’” (las negrillas y el subrayado nos pertenecen).

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la defensa y al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; puesto que, la Vocal ahora accionada mediante Auto de Vista 245/2022 de 8 de abril, confirmó la Resolución 169/2022 de 12 de marzo que dispuso su detención preventiva, manteniendo los riesgos procesales previstos por los arts. 234.6 y 7; y, 235.2 del CPP, limitándose a dar lectura a la Resolución apelada y confirmar la misma, sin efectuar una fundamentación y motivación. Ahora bien, de la revisión de antecedentes, se tiene que, cursa la Resolución 169/2022, emitido por el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz; por la cual, determinó la detención preventiva del accionante en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, por un lapso de tres meses; por lo que, su defensa conforme a la previsión del art. 251 del CPP, interpuso recurso de apelación contra la referida Resolución (Conclusión II.1.). En ese sentido, a través de Auto de Vista 245/2022, emitido por la Vocal ahora accionada, determinó la admisibilidad del recurso de apelación incidental, declarando procedente en parte las cuestiones planteadas, y en el fondo confirmó la Resolución 169/2022 (Conclusión II.2.).

En ese marco, expuestos como se tienen los antecedentes del caso, conforme a la línea jurisprudencial referida en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene que, tanto las autoridades judiciales como administrativas, a tiempo de asumir sus determinaciones deben cumplir con la debida fundamentación y motivación, expresando los motivos de hecho como de derecho, en que basan sus decisiones y, el valor otorgado a los medios de prueba, no pudiendo ser reemplazada por una simple relación de los documentos o requerimientos. Esa exigencia del debido proceso abarca también a la emisión de una resolución de medida cautelar, en la cual se debe establecer la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva. Esta obligación no solo alcanza al juez de instrucción penal, sino también al tribunal de alzada que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares. Con relación al presunto acto vulneratorio a los derechos del accionante, el cual radica en que la Vocal ahora accionada emitió el Auto de Vista 245/2022, por el que confirmó la Resolución 169/2022 que dispuso su detención preventiva, manteniendo los riesgos procesales previstos por los arts. 234.6 y 7; y, 235.2 del CPP, limitándose a dar lectura a la Resolución apelada y confirmar la misma, sin efectuar una fundamentación y motivación. En ese sentido, según el Auto de Vista 245/2022, emitido por la Vocal ahora accionada, cursante de fs. 58 a 60, el accionante a través de su abogado en audiencia de consideración de recurso de apelación incidental de la Resolución 169/2022, señaló que: a) Con relación al art. 234.6 del CPP -existencia de actividad delictiva reiterada o anterior debidamente acreditada- el Juez de primera instancia señaló que ese riesgo procesal se demostraría ante la existencia de un proceso con el código “LPZ173621”, y que es por el mismo delito de corrupción; sin embargo, no explicó los motivos y razones del porqué tendría una actividad delictiva reiterada, ni mucho menos refirió que el mismo sería anterior al hecho que se investiga, tampoco indicó en que juzgado se encuentra y cuál es el estado de la causa, habiéndose vulnerado el principio al debido proceso en sus elementos de debida fundamentación y motivación, mismo que sería de manera genérica vulnerando el art. 116 de la CPE, en cuanto a la presunción de inocencia y de favorabilidad; b) Respecto al art. 234.7 del CPP, para fundar el peligro para la víctima -hoy tercera interviniente-, se demostró que el imputado -accionante- estando en libertad podría tomar represalias contra la víctima -hoy tercera interviniente-, fundamento que sería subjetivo y contradictorio en cuanto al peligro real para la víctima denunciante; puesto que, no se probó por parte de la víctima ni por el Ministerio Público respecto a dicho peligro, mismo que habría sido únicamente fundamentado a través de los hechos y circunstancias que se acreditaron en la probabilidad de autoría, y únicamente se señaló que ese riesgo procesal se encuentra sustentado en el hecho ilícito, con relación a la probabilidad de autoría; y refirió que no existe la suficiente razonabilidad y logicidad para sustentar ese riesgo procesal, invocando la “SC. 795/2016 de fecha septiembre”, tomando en cuenta que en ese caso no existe un daño físico ni psicológico para establecer ese riesgo procesal; c) En cuanto al art. 235.2 del CPP -que el imputado amenace o influya negativamente sobre los partícipes, víctimas, testigos o peritos a objeto de que informen falsamente o se comporten de manera reticente-, no puede fundarse en meras presunciones abstractas, sino que debe surgir de una información precisa y circunstanciada que el Fiscal Materia o querellante aporten en audiencia y den razonabilidad suficiente del porqué el imputado -accionante- obstaculizaría la averiguación de la verdad, refiere que la autoridad jurisdiccional únicamente habría expresado que en libertad irrestricta el imputado -accionante- podría influenciar al “abogado Delgadillo” quien supuestamente había manifestado el 15 de abril de 2016, de que ese riesgo se acreditó por el Ministerio Público, y que también existen actos pendientes de pericia informática; sin embargo, no expresó de qué manera influenciaría en personas o testigos manifestando que estando en vigencia la etapa preparatoria este riesgo procesal aún se mantenía latente; y, d) Con relación a la aplicabilidad de la detención preventiva, el Juez de primera instancia, impuso dicha detención por el lapso de tres meses, no habiendo señalado las razones para disponer esa medida extrema; por lo que, debe regir el principio de favorabilidad y al haberse demostrado la falta de fundamentación conforme el “art. 124”, solicitó la revocatoria de la Resolución 169/2022, y se disponga su libertad por el principio de proporcionalidad, imponiéndole medidas sustitutivas. En respuesta a esa solicitud, la Vocal ahora accionada señaló que: 1) Respecto al art. 234.6, el Juez de primera instancia estableció la existencia de la actividad delictiva reiterada, haciendo mención que para la concurrencia de ese riesgo procesal necesariamente debe tenerse una sentencia ejecutoriada o en su defecto antecedentes en el REJAP, cuando simplemente se debe demostrar una actividad delictiva reiterada por similares delitos; habiéndose considerado otro caso que estaría con acusación formal, con lo que se habría demostrado que el imputado -accionante- cuenta con una actividad delictiva reiterada o anterior debidamente afectada, precisamente por delitos de corrupción. Con relación a los fundamentos fácticos emitidos por el Juez de primera instancia, la misma de manera contradictoria, señaló que para establecer la actividad reiterada o anterior se debe contar con una Sentencia Ejecutoriada o antecedentes en el REJAP; sin embargo, incongruentemente refirió para que se mantenga este riesgo procesal, únicamente se debe considerar que el imputado cuente con otro proceso. El art. 116 de la CPE, refiere a la presunción de inocencia; empero, el Juez de primera instancia incurrió en contradicción, conforme se tiene señalado, ya que no se demostró ese elemento de manera objetiva; por lo que, ese Tribunal de alzada consideró la vulneración del citado art. 116 en su elemento falta de fundamentación y motivación, en ese sentido ese riesgo procesal se encuentra desvirtuado; 2) En cuanto al art. 234.7 del CPP, se debe tomar en cuenta que el Ministerio Público manifestó que el imputado -accionante- es un peligro para la víctima o parte denunciante; en el presente caso el imputado es un peligro efectivo para la víctima debido a que la misma forma parte de la Policía Nacional y el imputado -accionante- también es funcionario policial, y que en libertad irrestricta puede tomar represalias contra la nombrada; en este sentido considera que el imputado -accionante- es un peligro efectivo para la víctima -hoy tercera interviniente-, considerando la documentación que presentó la misma; puesto que, no solamente habría sido sometida a un proceso disciplinario como refirió el Ministerio Público, sino también le fue iniciado otro proceso y que la víctima -hoy tercera interviniente- también sería denunciante respecto al imputado -accionante-, encontrándose dicho proceso penal con acusación fiscal; consecuentemente, entendió esa autoridad jurisdiccional sobre los hechos y antecedentes que cursan en la presente investigación, que la víctima -ahora tercera interviniente-habría sido denunciada ante el Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, el “Comando General”, el IDIF y otras instituciones, es así que el imputado -accionante- si es un peligro para la víctima -hoy tercera interviniente-, porque en su oportunidad respecto a los hechos denunciados se tiene que evacuó informes falsos, e incluso habría trabajado en el computador de la víctima para perjudicarla. Es así que se debe tomar en cuenta que el mencionado art. 234 del CPP establece que el peligro de fuga no se podrá fundar en las presunciones abstractas sobre la concurrencia de los numerales 1 al 8 de dicho artículo, sino que deberá surgir de la información precisa confiable y circunstancial que el Fiscal de Materia o el querellante aporten en audiencia y den razonabilidad suficiente del porqué la circunstancia alegada permitió concluir que el imputado -accionante- eludirá la acción de la justicia; en el caso, se tiene de manera circunstanciada y razonable la información precisa a objeto de establecer que ese riesgo procesal del peligro para la víctima se encuentra latente; por lo que, considera que los fundamentos fácticos establecidos en la referida norma aún se mantienen latentes; 3) Sobre el art. 235.2 del CPP, contrastando los fundamentos fácticos entendidos por el Juez de primera instancia, se tiene que el Ministerio Público habría establecido el mismo; puesto que, debe comparecer Mayra Jazmín Padilla Pati -víctima-, para que pueda atestar en el presente caso, también el “abogado Delgadillo”; por lo que, según el Ministerio Público ese riesgo manifiesta que se encuentra acreditado bajo los fundamentos de la víctima y considerando que en la actualidad existen actos investigativos pendientes como ser la pericia informática, careo que habría sido solicitado por la víctima, el “…ex Fiscal Ángelo Saravia y el Mayor Freddy Balda…” (sic), también se encuentra pendiente la inspección técnica ocular, seguida de reconstrucción y otros actos investigativos que fueron señalados por la víctima como es el requerimiento de investigación para testigos que se habría evacuado; por lo que, considera que al encontrarse el proceso penal en la etapa preparatoria, dicho riesgo procesal se encuentra vigente. Al respecto bajo los fundamentos fácticos emitidos por el Juez de primera instancia, la misma tiene la suficiente razonabilidad jurídica, tomando en cuenta que se demostró de manera razonable los actos investigativos pendientes a los fines de llegar a la verdad histórica de los hechos para que el Ministerio Público pueda presentar en su oportunidad el respectivo requerimiento conclusivo ya sea de sobreseimiento o acusación, en ese sentido, la carga de la prueba aún le corresponde al Ministerio Público; por lo que, ese Tribunal de alzada considera que el art. 235.2 del CPP aún se mantiene latente; y, 4) Se debe tomar en cuenta que si bien la detención preventiva es una medida restrictiva de la libertad personal que debe ser aplicable de manera excepcional y provisional mediante una Resolución fundamentada sustentada en la necesidad de evitar la fuga, asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y el cumplimiento, garantizando la presunción de inocencia; por lo que, a objeto de establecerla debe existir los requisitos señalados por el art. 233 del CPP, en cuanto se refiere a la existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad previstos por los arts. 234 y 235 del referido cuerpo legal; en el presente caso se evidencia la concurrencia de los arts. 234.7 y 235.2 del CPP, en ese entendido ese Tribunal de alzada, consideró que aún existe la necesidad de que el imputado -accionante-guarde detención preventiva. De esa manera, concluyó procedente en parte las cuestiones planteadas y en el fondo confirmó la Resolución 169/2022. Precisado lo anterior, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional, encuentra que los puntos planteados por la parte apelante -accionante-fueron respondidos por la Vocal ahora accionada, mediante Auto de Vista 245/2022 de 8 de abril, indicando de manera directa y clara que:

Respecto al art. 234.6 del CPP

Si bien el Juez de primera instancia estableció la existencia de la actividad delictiva reiterada, indicando que para la vigencia de ese riesgo procesal necesariamente se debe contar con una sentencia ejecutoriada o en su defecto se tengan antecedentes registrados en el REJAP; no obstante, incongruentemente refirió para que se mantenga este riesgo procesal únicamente se debe considerar que el imputado -accionante-cuente con otro proceso penal por similares delitos; es así que, dicha autoridad judicial evaluó otro proceso dentro del cual se contaría con una Resolución conclusiva de acusación formal por delitos de corrupción, con lo que la víctima -hoy tercera interviniente- habría demostrado que el imputado -accionante- cuenta con una actividad delictiva reiterada o anterior.

En ese sentido, la Vocal ahora accionada considerando el derecho a la presunción de inocencia, establecido por el art. 116 de la CPE, y lo referido por el Juez de primera instancia precedentemente citado, concluyó que no se demostró de manera objetiva la concurrencia del art. 234.6 del CPP, habiendo advertido una falta de fundamentación y motivación al respecto, determinó la inconcurrencia de ese riesgo procesal, sosteniendo que el mismo se encontraría desvirtuado.

En cuanto al art. 234.7 del CPP

La Vocal ahora accionada señaló que el Ministerio Público manifestó que el imputado -accionante- es un peligro para la víctima ahora tercera interviniente- debido a que la misma, forma parte de la Policía Nacional y el imputado -accionante- también es funcionario policial; por lo que, en libertad irrestricta podría tomar represalias contra la víctima; así como también se debe considerar que la nombrada, fue sometida a un proceso disciplinario, dentro del cual se presentaron informes falsos, teniéndose que incluso el imputado trabajó en el equipo de computadora de la víctima -ahora tercera interviniente- para perjudicarla, quien inició otro proceso contra el imputado -accionante-, el cual tal como se acreditó, estaría con acusación formal. De igual manera, de los antecedentes que cursan en la investigación, se tiene que la tercera interviniente fue denunciada ante el Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, el “Comando General”, el IDIF y otras instituciones. Es así que se debe tomar en cuenta que el art. 234 el CPP establece que el peligro de fuga no se podrá fundar en las presunciones abstractas sobre la concurrencia de los numerales 1 al 8 del citado artículo, sino que deberá surgir de la información precisa confiable y circunstancial que el Fiscal de Materia o el querellante aporten en audiencia y den razonabilidad suficiente del porqué la circunstancia alegada permite concluir que el imputado eludirá la acción de la justicia; en el caso, se tiene de manera circunstanciada y razonable la información precisa a objeto de establecer que este riesgo procesal del peligro de la víctima se encuentra latente; por lo que, considera que los fundamentos fácticos establecidos en dicha norma aún se mantienen latentes.

Sobre el art. 235.2 del CPP

Según el Juez de la causa, el Ministerio Público habría establecido el peligro de obstaculización, sosteniendo que estando en libertad irrestricta el accionante podría influir de manera negativa a participes y/o testigos; puesto que, Mayra Jazmín Padilla Pati -víctima- y el “abogado Delgadillo” deben comparecer para presentar su declaración testifical dentro del caso, del cual deviene la presente acción de libertad objeto de autos. En ese sentido, manifestó que se encontraría acreditado por el Ministerio Público, al existir actos investigativos pendientes por realizar, tales como la pericia informática; el careo que solicitó la víctima, “el ex fiscal Ángelo Saravia y el Mayor Freddy Balda” (sic); la inspección técnica ocular, seguida de reconstrucción; y, otros actos investigativos que fueron señalados por la víctima como es el “…requerimiento de investigación para testigos…” (sic).

Consecuentemente, al encontrarse en la etapa preparatoria el proceso penal y considerando que se demostró que aún están pendientes por realizar actos investigativos, los fundamentos del Juez de primera instancia al respecto fueron razonables; por lo que, el riesgo procesal previsto por el art. 235.2 del CPP aún se mantiene latente.

Finalmente, concluyó que, se debe tomar en cuenta que si bien la detención preventiva es una medida restrictiva de la libertad personal que debe ser aplicable de manera excepcional y provisional mediante una Resolución fundamentada sustentada en la necesidad de evitar la fuga, asegurar la averiguación de la verdad y el desarrollo del proceso penal, garantizando la presunción de inocencia; por lo que, a objeto de establecerla deben concurrir los requisitos señalados por los arts. 233, 234 y 235 del CPP, en cuanto se refiere a la existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso penal u obstaculizará la averiguación de la verdad; evidenciándose en el caso la concurrencia de los arts. 234.7 y 235.2 del citado Código; por lo que, considera que aún existe la necesidad de que el accionante guarde detención preventiva. En ese sentido, a partir de lo señalado precedentemente, la Vocal hoy accionada cumplió con su obligación de pronunciar un fallo exponiendo de forma fundamentada y motivada la razón de su decisión, emergente de los elementos fácticos vinculados al caso en particular, realizando una compulsa de los antecedentes y con base a los cuales consideraba declarar procedente en parte las cuestiones planteadas en el recurso de apelación incidental y por consiguiente confirmar la Resolución 169/2022, al encontrar vigentes los riesgos procesales establecidos por los arts. 234.7 y 235.2 del CPP, citando además las normas jurídico legales vigentes que sustentan los motivos de su decisión en cuanto a la indicada situación fáctica y dando respuesta a cada uno de los agravios planteados; de esa manera cumplió con el entendimiento jurisprudencial citado en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, respecto al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; por consiguiente, no resulta evidente la vulneración del debido proceso vinculado con el derecho a la libertad del accionante, correspondiendo, denegar la tutela solicitada.

Finalmente, con relación a la alegada vulneración del derecho a la defensa, a más de su enunciación referencial, el accionante no estableció su vinculación con alguno de los bienes jurídicos que se encuentran dentro del ámbito de tutela de esta acción de defensa. En consecuencia; el Juez de garantías, al conceder la tutela solicitada, obró de manera incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 114/2022 de 10 de abril, cursante de fs. 33 a 35, pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Segundo de la zona Sur de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1100_2023-S3.pdf · páginas 1 a 17.

Huella digital del PDF (SHA-256): f2ca1719b47a276db525ca915c3f591c7397af4b4dd5b1a511678e859c1c3843

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →