B.IA.LEGAL

SCP 1099/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 12 de septiembre de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
12 de septiembre de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
54999-2023-110-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la lesión de su derecho a la libertad, vinculado con el debido proceso en sus elementos celeridad, justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, legalidad y seguridad jurídica; argumentando que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de Violencia Familiar o Doméstica, el Juez de la causa le concedió la solicitud de suspensión condicional de la pena, imponiendo en su lugar sanciones alternativas; sin embargo, no emitió mandamiento de libertad manifestando que previamente se cumplan las “medidas” impuestas, cuando estas deben ser cumplidas posterior a obtener la libertad, prolongando así de forma indebida, arbitraria e ilegal su detención. En virtud a lo cual solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia: 1) Se ordene a la autoridad judicial demandada emita mandamiento de libertad, al no existir ningún acto del cual dependa este derecho; y, 2) La calificación de daños y perjuicios. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 02/23 de 23 de marzo de 2023, cursante de fs. 15 a 17 vta., pronunciada por la Jueza Pública Mixta de Familia, de la Niñez y Adolescencia y de Sentencia Penal Primera de Yapacaní del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de Garantías; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela impetrada, conforme los razonamientos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Se llama la atención a Carola Patricia Hoyos Ortiz, Jueza Pública Mixta de Familia, de la Niñez y Adolescencia y de Sentencia Penal Primera de Yapacaní del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de Garantías, por no dar cumplimiento a la previsión del art. 38 del CPCo, conforme a los razonamientos expresados ut supra.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La aplicación de las sanciones alternativas frente a la suspensión condicional de la pena
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1099/2025-S3 Sucre, 12 de septiembre de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 54999-2023-110-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 02/23 de 23 de marzo de 2023, cursante de fs. 15 a 17 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Robert Ríos Soreta contra Simón Alarcón Vásquez, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Buena Vista del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 22 de marzo de 2023, cursante de fs. 2 a 4 vta., el accionante, manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de Violencia Familiar o Doméstica, causa signada como 689/2022, expediente 416/2022, se acogió a la salida alternativa de procedimiento abreviado, emitiéndose la Sentencia de 10 de marzo de 2023, por la cual fue condenado a tres años de reclusión, ejecutoriada en la misma audiencia debido a que las partes renunciaron a recurrir la decisión. En tal sentido, habiendo acreditado que la pena impuesta no excede de tres años y no haber sido condenado en los últimos cinco años, con documental cursante en el expediente [la Sentencia, el Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP) y el Certificado de no Violencia (CENVI)], en la misma audiencia solicitó la suspensión condicional de la pena a objeto de obtener su libertad, tras encontrarse más de tres meses detenido y considerando la situación de sus hijos “abandonados”; no obstante, la autoridad jurisdiccional -demandada- negó el petitorio sin ningún argumento legal. Ante este hecho, en la misma fecha reiteró por escrito su solicitud de suspensión condicional de la pena, señalándose audiencia el 20 de marzo a horas 14:00, en la cual le fue concedido el beneficio, imponiendo en su lugar sanciones alternativas como la prohibición de cambiar de domicilio, el pago de una multa del cincuenta por ciento del salario mínimo, trabajo comunitario los fines de semana durante un año, someterse a terapia psicológica durante un año y la firma una vez al mes del libro durante un año; sin embargo, la Juez de la causa no emitió mandamiento de libertad, manifestando que previamente se cumplan las “medidas” impuestas, cuando estas deben ser cumplidas posterior a obtener la libertad, prolongando así de forma indebida, arbitraria e ilegal su detención.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denuncia la lesión de su derecho a la libertad, vinculado con el debido proceso en sus elementos celeridad, justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, legalidad y seguridad jurídica; citando al efecto los arts. 23.I, 24, 115, 178.I y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela y, en consecuencia: a) Se ordene a la autoridad judicial demandada emita mandamiento de libertad, al no existir ningún acto del cual dependa este derecho; y, b) La calificación de daños y perjuicios.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de Garantías

Celebrada la audiencia pública el 23 de marzo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 11 a 12 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante, a través de su abogado defensor, ratificó el contenido íntegro de su acción de libertad, y ampliándola manifestó que: 1) Si bien, en principio se solicitó la suspensión condicional de la pena, el Juez demandado moduló su pretensión imponiendo sanciones alternativas a la “detención”, presentando para ello el CENVI, informe psicológico de la víctima y antecedentes policiales; 2) El Auto judicial que declaró procedente la imposición de dichas sanciones no valoró la prueba vinculada al domicilio y al trabajo, pese a que este ya existía antes del procedimiento abreviado; asimismo, no se advierte la fundamentación debida conforme a los arts. 124 y 169.3 -del Código de Procedimiento Penal-; y, 3) Desde el 10 de marzo de 2023, fecha en la que se resolvió el procedimiento abreviado, debió existir un pronunciamiento sobre las sanciones alternativas, interpretándose que estas fueron sustituidas por la privación de libertad, mucho más desde el 20 del mismo mes y año, luego de haber accedido al mecanismo dispuesto por la propia autoridad judicial, máxime cuando la jurisprudencia constitucional establece que los dos actos pueden llevarse a cabo en uno solo.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Simón Alarcón Vásquez, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Buena Vista del departamento de Santa Cruz, mediante informe cursante a fs. 13 y vta., solicitó se deniegue la tutela con los siguientes fundamentos: i) Dentro del proceso penal seguido contra el ahora accionante, el 30 de diciembre de 2022 se celebró audiencia de consideración de medidas cautelares, aplicando la medida extrema de detención preventiva; ii) El 1 de marzo de 2023 se llevó adelante la audiencia de control del plazo de la medida impuesta, habiéndose otorgado en favor del imputado medidas cautelares personales, para lo cual este debía acreditar domicilio, trabajo y presentar dos garantes, que no fueron cumplidas; iii) El 10 de marzo de 2023 se emitió sentencia en procedimiento abreviado, imponiendo la pena de tres años de reclusión, decisión ejecutoriada por la renuncia al recurso de apelación por las partes, razón por la cual el sentenciado el 13 del mes y año indicados solicitó la suspensión condicional de la pena, que mereció el proveído de 14 de igual mes y gestión, aclarando que conforme a la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013- solo procede la imposición de sanciones alternativas, motivo por el que se señaló audiencia para el 20 del mes y año indicados; iv) En la fecha indicada, de conformidad al art. 78.I de la Ley 348, las sanciones alternativas fueron concedidas por el periodo de un año calendario, consistiendo las mismas en la prohibición de cambiar de domicilio, para lo cual el encausado debía acreditar uno, pues no puede ser el mismo donde ocurrió el hecho para evitar problemas futuros; una multa del 50% del salario mínimo nacional; trabajos comunitarios los fines de semana en el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Fe; terapia psicológica con sesiones cada dos meses; acreditar trabajo y permanencia en el mismo; vigilancia por parte del Juez de Ejecución Penal a través de la firma de un libro; y, la prohibición de concurrir a lugares de expendio de bebidas alcohólicas; v) En delitos comunes, otorgada la suspensión condicional de la pena, debe extenderse el mandamiento de libertad, lo cual no ocurre en delitos de violencia de género, donde los operadores de justicia en aplicación de la Ley 348, se encuentran obligados a actuar con perspectiva de género, reforzando la protección a la víctima por ser persona vulnerable; en dicho mérito, no se lesionó el debido proceso y tampoco el derecho a la libertad; y, vi) El Auto Interlocutorio de 20 de marzo de 2023 no fue apelado por el ahora peticionante de tutela, encontrándose inclusive dentro del plazo, lo cual implica que no se agotaron los mecanismos previstos en la vía ordinaria, inhabilitando así su acción tutelar.

I.2.4. Resolución

La Jueza Pública Mixta de Familia, de la Niñez y Adolescencia y de Sentencia Penal Primera de Yapacaní del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de Garantías, por Resolución 02/23 de 23 de marzo de 2023, cursante de fs. 15 a 17 vta. denegó la tutela solicitada, en base a los siguientes fundamentos: a) Conforme establece el art. 54.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP), el Juez demandado tiene el control jurisdiccional del proceso penal; por lo que, en virtud al principio de subsidiariedad y la jurisprudencia constitucional, no puede inmiscuirse en sus competencias previo el agotamiento de los mecanismos intra y extra procesales; y, b) De los fundamentos expresados por el accionante se advierte que, este no hizo uso del recurso que la ley le confiere, impidiendo así que se abra la protección de los derechos vulnerados.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa el Oficio 216/2023 de 23 de marzo, solicitando la remisión del cuaderno de control jurisdiccional correspondiente al expediente 416/2022, FELCV 689/2022, dentro del proceso penal que es antecedente de la presente causa dirigida por la Jueza de garantías al Juez demandado (fs. 6). II.2. Cursa la nota SECRETARIA OF. 344/2023 de 23 de marzo, suscrita por el Juez demandado, remitiendo el cuaderno de control jurisdiccional requerido por la Jueza de garantías (fs. 14).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la lesión de su derecho a la libertad, vinculado con el debido proceso en sus elementos celeridad, justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, legalidad y seguridad jurídica; argumentando que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de Violencia Familiar o Doméstica, el Juez de la causa le concedió la solicitud de suspensión condicional de la pena, imponiendo en su lugar sanciones alternativas; sin embargo, no emitió mandamiento de libertad manifestando que previamente se cumplan las “medidas” impuestas, cuando estas deben ser cumplidas posterior a obtener la libertad, prolongando así de forma indebida, arbitraria e ilegal su detención. En virtud a lo cual solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia: 1) Se ordene a la autoridad judicial demandada emita mandamiento de libertad, al no existir ningún acto del cual dependa este derecho; y, 2) La calificación de daños y perjuicios. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La aplicación de las sanciones alternativas frente a la suspensión condicional de la pena

Sobre esta problemática, la jurisprudencia constitucional razonó de la siguiente manera:

La SCP 0721/2018-S2 de 31 octubre en Fundamentos Jurídicos III.3, III.3.1., III.3.2., III.3.3., hizo referencia aquellos casos en los que la sanción no exceda de tres años de reclusión por el delito de violencia familiar, dilucidando sobre la aplicación de la suspensión condicional de la pena conforme al Código de Procedimiento Penal, o la Ley 348 que determina que en esos casos se aplicarán sanciones alternativas, estableciendo el siguiente razonamiento:

«En mérito a que el problema jurídico planteado en la presente causa, está referido a la falta de resolución de la solicitud de suspensión condicional de la pena efectuada por el accionante, que fue sancionado a tres años de reclusión por el delito de violencia familiar; corresponde analizar, antes de resolver el caso, qué norma resulta aplicable; es decir, si el Código de Procedimiento Penal, que prevé la aplicación de la suspensión condicional de la pena, en los supuestos en los que se hubiere impuesto una sanción que no exceda de tres años de duración y que el condenado no hubiera sido objeto de condena anterior por delito doloso en los últimos cinco años; o, la Ley 348, que para los supuestos en los que la pena aplicada no exceda los tres años de privación de libertad, determina que se aplicarán sanciones alternativas. Para el efecto, se desarrollarán los siguientes subtemas: 1) La suspensión condicional de la pena en el Código de Procedimiento Penal; 2) La obligación de sancionar la violencia en razón de género y la Ley 348; y, 3) Sobre la norma aplicable.

III.3.1. La suspensión condicional de la pena en el Código de Procedimiento Penal

El art. 366 de CPP, respecto a la suspensión condicional de la pena, señala:

La jueza o el juez o tribunal, previo los informes necesarios y tomando en cuenta los móviles o causas que hayan inducido al delito, la naturaleza y modalidad del hecho, podrá suspender de modo condicional el cumplimiento de la pena cuando concurran los siguientes requisitos:

1. Que la persona haya sido condenada a pena privativa de libertad que no exceda de tres años de duración;

2. Que el condenado no haya sido objeto de condena anterior, por delito doloso en los últimos cinco años.

La suspensión condicional de la pena no procede en delitos de corrupción.

De acuerdo a la jurisprudencia constitucional, la suspensión condicional de la pena, busca reorientar el comportamiento del condenado, reinsertándolo a la sociedad, otorgándole oportunidades de enmienda en ejercicio de su libertad […]

Este entendimiento fue reiterado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0509/2016-S2 de 23 de mayo y 1099/2016-S2 de 3 de noviembre, entre otras; esta última, en su Fundamento Jurídico III.3, indica:

…la efectivización del beneficio de suspensión condicional de la pena, dada su naturaleza jurídica, no puede estar supeditada o condicionada a la ejecutoria de la resolución que lo concedió, ya que implicaría ir contra la finalidad de dicho beneficio, cual es la necesidad de evitar los efectos negativos de las penas privativas de libertad de corta duración; por lo que, una vez otorgada la suspensión condicional de la pena su efecto inmediato, cual es dejar en suspenso la ejecución de la condena, la misma que únicamente podrá ser revocada por la autoridad que la concedió, conforme lo precisado en el art. 367 del CPP, que establece los efectos del beneficio de la suspensión condicional de la pena. (las negrillas han sido marcadas)

III.3.2. La obligación de sancionar la violencia en razón de género y la Ley 348 i) El derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación; y, el consiguiente deber del Estado y de la sociedad,

de eliminar toda forma de violencia en razón de género La magnitud de la violencia hacia las mujeres a nivel nacional e internacional y los resultados adversos que ocasiona a las víctimas, pone de manifiesto el grave problema que la sociedad enfrenta. Detrás de estos cuadros de violencia contra la mujer, se devela una discriminación estructural resultante de categorías, roles y diferencias culturales y sociales, donde predominó y continúa predominando una visión patriarcal; es decir, que la posición subordinada de la mujer respecto del varón, se origina en una estructura social construida sobre la base de un modelo de masculinidad hegemónica; sin embargo, en el caso de la mujer, no existen razones naturales o biológicas que la releguen a una posición de subordinación o dependencia; puesto que, su situación no es asimilable a otros sectores poblaciones, que por sus características físicas o psíquicas resultan vulnerables. Sin embargo, la construcción cultural y social vista desde una visión patriarcal, es la que tiende a situarla en un escenario de desigualdad. […] El CEDAW, en la Recomendación General 33 sobre el acceso de las mujeres a la justicia de 3 de agosto de 2015, examina las obligaciones de los Estados Partes, para asegurar que las mujeres tengan acceso a dicho derecho, al advertir que existen obstáculos y restricciones que impiden materializarlo en pie de igualdad; obstáculos que se producen en un contexto estructural de discriminación y desigualdad, debido a factores como los estereotipos de género, leyes discriminatorias, procedimientos interseccionales de discriminación, así como las prácticas y los requisitos en materia probatoria; dificultades que constituyen violaciones persistentes a los derechos humanos de las mujeres. […] Siguiendo en el ámbito regional, la Convención de Belém do Pará, en su art. 7, establece las obligaciones de los Estados de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer e incluir en su legislación interna normas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, entre otras. Resulta importante destacar en esta parte, el hecho que el Estado boliviano asume la norma de la debida diligencia, que conlleva una responsabilidad internacional, encaminada a eliminar las limitaciones jurídicas, institucionales, culturales discriminatorias por razones de género y económicas, para prever las necesidades de las mujeres y las de sus familiares -y de otra índole-, que les aseguren su derecho a la igualdad con el hombre y a protegerlas eficazmente frente a hechos de violencia y malos tratos en la familia. […] ii) Las sanciones alternativas previstas en la Ley 348 En el marco de los instrumentos internacionales antes anotados, los Estados Partes deben identificar los actos que constituyen violencia y su carácter vulnerador de los derechos humanos, así como las pautas culturales, que con una visión patriarcal, atribuyen diferentes características y roles a mujeres y varones, ubicándolos en una jerarquía distinta, en la que el varón ostenta un lugar superior, mientras se perpetúa la condición inferior que se le atribuye a la mujer en la familia, el trabajo, la comunidad y la sociedad; asimismo, tienen el mandato expreso de sancionar al agresor, y ello, se justifica como una medida tendiente a erradicar la violencia contra las mujeres, garantizando el cumplimiento de una sentencia, después de un proceso penal, en el cual, se expone a la víctima a un potencial escenario de violencia Ahora bien, en el marco de los fundamentos internacionales desarrollados en el punto anterior, el constituyente boliviano incidió en el reconocimiento de derechos, de modo tal que la Constitución Política del Estado, contiene en su catálogo de derechos fundamentales, específicamente en el art. 15, la disposición que señala:

I. Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no

sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad; […] La Ley 348, dada la gravedad e intensidad de la violencia contra las mujeres, visibiliza a la mujer como sujeto afectado en los contenidos de las tipificaciones penales, buscando así, la prevención de estos delitos, sumado a que el Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad nacional, la erradicación de la violencia hacia las mujeres, como establece el art. 3.I de la Ley 348, al disponer que: “El Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género”. […] Existiendo, por lo mismo, un mandato imperativo tendiente a la erradicación de la violencia contra las mujeres, estableciendo como obligación subyacente, la de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer, en aquellos delitos que contienen hechos de violencia contra las mujeres, que comprometen su vida e integridad sexual, entre los cuales, estarían inmersos los tipos penales de feminicidio, homicidio, suicidio, aborto forzado, lesiones gravísimas, violación, abuso sexual, acoso sexual, actos sexuales abusivos, padecimientos sexuales, incumplimiento de deberes de protección a mujeres en situación de violencia, así como la violencia familiar o doméstica, que se halla contemplada en el art. 272 bis del Código Penal (CP). En ese contexto, con el compromiso internacional de sancionar la violencia hacia la mujer, la Ley 348, en el Título V -denominado Legislación Penal-, Capítulo I -titulado Sanciones Alternativas-, en el art. 76, dispone lo siguiente:

ARTÍCULO 76. (APLICACIÓN DE SANCIONES ALTERNATIVAS). I. En los delitos de violencia hacia las mujeres, siempre que el autor no sea reincidente, se podrán aplicar las sanciones alternativas a la privación de libertad, cuando: 1. La pena impuesta no sea mayor a tres años, en cuyo caso será reemplazada por una sanción alternativa de las señaladas en la presente Ley. […] Del conjunto de disposiciones legales desarrolladas, a partir de un análisis integral de las mismas, se puede concluir que la normativa interna boliviana, en el marco de los derechos reconocidos en el art. 15 de la CPE y los estándares internacionales de protección, incluidas las recomendaciones efectuadas al Estado boliviano, hace especial énfasis en la persecución y la sanción de los agresores de violencia familiar o doméstica, buscando de ese modo, garantizar a las mujeres una vida digna y el ejercicio pleno de sus derechos.

III.3.3. Norma aplicable

Conforme al desarrollo anterior, se evidencia la existencia de una antinomia entre el Código de Procedimiento Penal y la Ley 348, en cuanto se refiere al cumplimiento de la sanción; así, el Código de Procedimiento Penal establece la posibilidad de suspender de modo condicional el cumplimiento de la pena, si se presentan los requisitos previstos en el art. 366 de la misma norma procesal, cuyo contenido y alcance de ese instituto fue desarrollado en el Fundamento Jurídico III.3.1 (III.1.1.), de este fallo constitucional. En cambio la Ley 348, adopta medidas específicas para la prevención y la sanción de los delitos de violencia contra las mujeres, introduciendo regulaciones especiales con impacto directo en la protección especial a la mujer agredida, tendientes a evitar los altos niveles de impunidad y el mantenimiento de conductas discriminatorias hacia las mujeres, en aras de una igualdad procesal realmente efectiva. En ese entendido, en ningún caso los derechos del agresor pueden ser valorados judicialmente por encima de los derechos humanos de la mujer; es decir, a su integridad física y mental; y, a vivir libre de cualquier tipo de violencia. Conforme a lo anotado, la Ley 348, en el marco de las normas internacionales sobre Derechos Humanos, hace especial énfasis en la persecución y sanción de los agresores, no previendo, por lo mismo, la posibilidad de otorgar al agresor la suspensión condicional de la pena; más bien, establece la posibilidad de la aplicación de sanciones alternativas a la privación de libertad, entre otros casos, cuando la pena impuesta no sea mayor a tres años, en cuyo caso, el juez podrá aplicar las sanciones alternativas descritas en los arts. 77 al 82 de la referida Ley; debiendo la autoridad judicial, aplicar un plan de conducta al condenado, de conformidad a lo previsto por el art. 82 de la misma norma. […] Así, la obligación de sancionar a los culpables debe ser cumplida indefectiblemente, no existiendo posibilidad de perdonar el cumplimiento de la pena o suspender de modo condicional su cumplimiento; pues lo contrario, implicaría incumplir con las obligaciones internacionales del Estado; más aún, cuando al nivel interno existe una norma que expresamente prevé la aplicación de sanciones alternativas a la privación de libertad cuando la pena impuesta no sea mayor a tres años; sanciones que de acuerdo a la Ley 348, deben ir acompañadas de las medidas de seguridad necesarias para proteger a la mujer que se encuentra en situación de violencia, a sus hijas e hijos o su núcleo familiar; medida que cumple con el objeto y la finalidad de la Ley 348, que es erradicar la violencia y no permitir la impunidad. Consiguientemente, la Ley 348, al prever de manera expresa, en el Título V, Capítulo I, las sanciones alternativas a aplicarse en los casos en los que la privación de libertad no sobrepase los tres años, se constituye en una norma especial que debe ser aplicada de manera preferente como lo dispone su art. 5.III, al señalar que la referida Ley: “No reconoce fuero ni privilegio de ninguna clase, su aplicación es preferente respecto a cualquier otra norma para los delitos establecidos en la presente Ley” (el resaltado es ilustrativo); con la aclaración, que ello no significa que en todos los casos se deba disponer la privación de libertad del condenado, sino por el contrario, la aplicación de las sanciones alternativas previstas en la Ley 348, como la multa, detención de fin de semana, trabajo comunitario, entre otras. De lo señalado, se concluye que existe un marco normativo jurídico especial, de aplicación preferente; por el cual, el Estado garantiza los derechos de las mujeres cuando son víctimas de violencia, conforme al mandato constitucional y a la normativa internacional, que da especial importancia a la prevención, persecución y sanción efectiva de los delitos de violencia contra las mujeres, así como a la reparación integral a las víctimas» [el resaltado es añadido]. Razonamiento jurisprudencial extraído de la SCP 0248/2025-S3 de 15 de abril.

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la lesión de su derecho a la libertad, vinculado con el debido proceso en sus elementos celeridad, justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, legalidad y seguridad jurídica; argumentando que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de Violencia Familiar o Doméstica, el Juez de la causa le concedió la solicitud de suspensión condicional de la pena, imponiendo en su lugar sanciones alternativas; sin embargo, no emitió mandamiento de libertad manifestando que previamente se cumplan las “medidas” impuestas, cuando estas deben ser cumplidas posterior a obtener la libertad, prolongando así de forma indebida, arbitraria e ilegal su detención. En virtud a lo cual solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia: i) Se ordene a la autoridad judicial demandada emita mandamiento de libertad, al no existir ningún acto del cual dependa este derecho; y, ii) La calificación de daños y perjuicios. Con carácter previo, de la revisión del expediente constitucional se advierte que a pesar de que el cuaderno de control jurisdiccional que corresponde al proceso penal que es antecedente de la presente causa fue solicitado por la Jueza de garantías para su resolución mediante Oficio 216/2023 de 22 de marzo y el Juez demandado, mediante nota SECRETARIA OF. 344/2023 de 23 de igual año, remitió lo requerido (Conclusiones II.1 y 2), la primera no remitió los antecedentes recabados a este Tribunal para su revisión, incumpliendo de esta manera con la previsión del art. 38 del Código Procesal Constitucional (CPCo). En tal sentido, ante la imposibilidad de contar con la prueba a la cual la Jueza de garantías tuvo acceso y el hecho de que la parte accionante tampoco aportó elemento probatorio alguno, el Tribunal Constitucional Plurinacional no puede dejar de resolver la causa dada sus características, deviniendo de un proceso penal vinculado a violencia de género; consiguientemente, se resuelve la misma conforme a lo ocurrido en audiencia pública, según el acta de acción de libertad y lo informado por la autoridad demandada, cursantes de fs. 11 a 13 vta. Bajo tales premisas se tiene que, el hoy impetrante de tutela fue condenado dentro del proceso penal seguido en su contra por la comisión del delito de Violencia Familiar o Doméstica -art. 272 bis del CP- a la pena de tres años de reclusión, mediante procedimiento abreviado, habiéndose ejecutoriado la sentencia en la misma audiencia de 10 de marzo de 2023. Posteriormente, solicitó la aplicación de la suspensión condicional de la pena, invocando el art. 366 del CPP; sin embargo, la autoridad jurisdiccional demandada, en observancia de la Ley 348, aplicó en su lugar sanciones alternativas consistentes en la prohibición de cambiar de domicilio, para lo cual el encausado debía acreditar uno, pues no puede ser el mismo donde ocurrió el hecho para evitar problemas futuros; una multa del 50% del salario mínimo nacional; trabajos comunitarios los fines de semana en el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Fe; terapia psicológica con sesiones cada dos meses; acreditar trabajo y permanencia en el mismo; vigilancia por parte del Juez de Ejecución Penal a través de la firma de un libro; y, la prohibición de concurrir a lugares de expendio de bebidas alcohólicas, conforme al Auto de 20 de marzo de 2023. El reclamo del accionante se centra en que, pese a la imposición de las sanciones alternativas, el Juez de la causa no dispuso la emisión del mandamiento de libertad, condicionando su efectividad al cumplimiento previo de las “medidas” impuestas, lo cual -a su entender- constituye una restricción indebida a su derecho a la libertad, por cuanto estas sanciones -en su criterio-, deberían cumplirse en libertad. Al respecto, conforme se analizó en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, la Ley 348 constituye una norma especial y de aplicación preferente, frente a las disposiciones del Código de Procedimiento Penal, en lo referido a la ejecución de sanciones por delitos en razón de género. La jurisprudencia constitucional, particularmente la SCP 0721/2018-S2 de 31 de octubre, precisó que el propósito de las sanciones alternativas no es reemplazar la privación de libertad con la suspensión condicional de la pena, sino garantizar el cumplimiento efectivo de medidas que aseguren tanto la reeducación del agresor como la protección integral de la víctima, conforme al mandato del art. 15.I de la CPE y al principio de debida diligencia desarrollado profusamente el sistema interamericano de protección de derechos humanos. En efecto, la jurisprudencia constitucional invocada ut supra es clara al señalar que, la suspensión condicional de la pena prevista en el art. 366 del CPP, tiene como finalidad evitar los efectos negativos de las penas privativas de libertad de corta duración. Sin embargo, en los delitos de violencia en razón de género, la aplicación de las sanciones alternativas impuestas con la permisión del art. 76 de la Ley 348 responde a un régimen especial de protección a la mujer agredida, donde los derechos del agresor en ningún caso pueden ser valorados por encima de los derechos de la víctima. Por esta razón, en el marco de dicha Ley no existe la posibilidad de perdonar o suspender la pena, ya que lo contrario implicaría incumplir las obligaciones internacionales suscritas por el Estado boliviano en materia de protección a las mujeres y erradicación de la violencia. Consecuentemente, la autoridad judicial demandada actuó dentro del marco normativo y jurisprudencial vigente al aplicar sanciones alternativas en lugar de la suspensión condicional de la pena, conforme a los arts. 76 al 82 de la Ley 348. Asimismo, al supeditar la emisión del mandamiento de libertad a la verificación del cumplimiento inicial de las condiciones impuestas -como la acreditación de domicilio y trabajo-, elemento indispensable para la ejecución y control de las medidas impuestas, su proceder es compatible con el deber reforzado de protección a la víctima y con la obligación estatal de prevenir nuevos hechos de violencia. En consecuencia, al haber denegado la solicitud de suspensión condicional de la pena formulada por el ahora peticionante de tutela en la misma audiencia celebrada el 10 de marzo de 2023 donde se consideró el procedimiento abreviado, no se evidencia actuación arbitraria o ilegal por parte de la autoridad jurisdiccional demandada. Por el contrario, una vez impuestas las sanciones alternativas mediante Auto interlocutorio de 20 de marzo del mismo año, ante la imposibilidad legal de perdonar o suspender la pena, el Juez de la causa no tenía la obligación de emitir de manera inmediata el mandamiento de libertad. Antes bien, el accionante debía acreditar, entre otros extremos, un domicilio distinto de aquel donde ocurrió el hecho de violencia, lo cual según su informe no fue debidamente demostrado para el Juez demandado y tampoco consta en el expediente que así haya sido. En tal sentido, la decisión cuestionada se sustenta en la normativa específica de protección de las mujeres en situación de violencia y en la jurisprudencia constitucional que respalda la aplicación preferente de las sanciones alternativas frente a la suspensión condicional de la pena. Por ello, la detención del accionante derivada del cumplimiento progresivo de dichas sanciones, no resulta indebida o contraria a la libertad, ni a los derechos fundamentales y principios invocados (debido proceso en sus elementos celeridad, justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, legalidad y seguridad jurídica), correspondiendo en ese caso denegar la tutela solicitada. En consecuencia, la Juez de garantías, al haber denegado la tutela impetrada, aunque con otros razonamientos, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 02/23 de 23 de marzo de 2023, cursante de fs. 15 a 17 vta., pronunciada por la Jueza Pública Mixta de Familia, de la Niñez y Adolescencia y de Sentencia Penal Primera de Yapacaní del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de Garantías; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela impetrada, conforme los razonamientos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Se llama la atención a Carola Patricia Hoyos Ortiz, Jueza Pública Mixta de Familia, de la Niñez y Adolescencia y de Sentencia Penal Primera de Yapacaní del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de Garantías, por no dar cumplimiento a la previsión del art. 38 del CPCo, conforme a los razonamientos expresados ut supra. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1099_2025-S3.pdf · páginas 1 a 13.

Huella digital del PDF (SHA-256): 9ba2bf44d66f7dd6102d3852b7749ac17e51d00e454fe68c20a43ecde19e6b7f

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