Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 9 de julio de 2026
Deniega la tutela
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, a la salud, a la libertad, al debido proceso, al trato digno, a la presunción de inocencia, a la defensa, y a la igualdad de las partes; puesto que, la Jueza ahora accionada, a través del Auto 04/23 de 30 de enero, dispuso que cumpla su detención preventiva en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz; por lo que, para poder trasladarse a la localidad de Camiri del departamento de Santa Cruz, donde se realizarán los actos investigativos debe erogar gastos de transporte y viáticos, cuando su persona es de escasos recursos; es más, en el citado Centro Penitenciario por su situación económica, no puede acceder a un lugar digno, tampoco puede tener contacto con su familia ni con su abogado defensor. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) La subsidiariedad excepcional en la acción de libertad; y, 2) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 12/2023 de 20 de abril, cursante de fs. 40 y 41, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Primera de Camiri del departamento de Santa Cruz, y en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo .
constitucional, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1097/2026-S1 Sucre, 9 de julio de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 55147-2023-111-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 12/2023 de 20 de abril, cursante de fs. 40 y 41, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Elvin Toledo Segundo contra Rosario Del Carmen Eguez Salame, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primera de Lagunillas del departamento de Santa Cruz.
El accionante por memorial presentado el 19 de abril de 2023, cursante de fs. 15 a 20, manifestó lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Silvia Ibañez Montalvo contra su persona, por la presunta comisión del delito de feminicidio previsto y sancionado por el art. 252 del Código Penal (CP), el 30 de enero de 2023 se celebró la audiencia de aplicación de medidas cautelares ante la Jueza ahora accionada -que se encontraba en suplencia por vacaciones del Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal de Camiri del departamento de Santa Cruz-, quien dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz; por lo que, en vía de complementación y enmienda, solicitó que su detención sea en el Centro de Custodia de Camiri, recibiendo en respuesta, que la decisión fue asumida por la relevancia social del caso y por su seguridad. La determinación referida precedentemente, vulneró sus derechos al debido .
proceso, a la defensa e igualdad de las partes, obstaculizando la investigación, pues en la reconstrucción, inspección ocular y otros actos investigativos es necesaria su presencia, pero al encontrarse en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz a una distancia considerable de la localidad de Camiri, debe erogar gastos de transporte, viáticos costosos de los custodios para poder trasladarse, cuando su persona es de escasos recursos económicos y no recibe ayuda de su familia que también es de bajos ingresos, la cual vive en el campo, además pertenece a la Comunidad Indígena Itanambikua del departamento de Santa Cruz, cuyo Capitán Grande observando su situación económica, solicitó su traslado del Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz al Centro de Custodia de Camiri. En el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz debe realizar pagos para gozar de un espacio para dormir, pues duerme en el suelo, trasladándose de un lugar a otro; es decir, que no cuenta con un lugar digno, ni con alimentación adecuada al no estar cerca de su familia, tampoco puede comunicarse con su abogado defensor que se encuentra en la localidad de Camiri del departamento de Santa Cruz.
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, a la salud, a la libertad, al debido proceso, al trato digno, a la presunción de inocencia, a la defensa, y a la igualdad de las partes; citando al efecto los arts. 22, 115, 116 y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia: a) Se disponga su traslado al Centro de Reclusión de Camiri; y, b) Se revoque la decisión del acta de audiencia de medidas cautelares e imputación formal de 30 de enero de 2023, con relación al lugar de cumplimiento de su detención preventiva.
Celebrada la audiencia pública el “31 de marzo de 2023”, según consta en el acta cursante a fs. 37 a 39, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de sus abogados en audiencia ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo, manifestó que: 1) Aclaró que ante el recurso de apelación presentado por la parte denunciante del proceso penal de referencia, la acción tutelar no requiere del principio de subsidiariedad para ser interpuesta; 2) La referida acción de defensa se interpuso en su modalidad correctiva, que se activa cuando los privados de libertad reciben tratos o traslados indebidos, o cuando los lugares de .
detención preventiva tienen condiciones indignas; y, 3) Denuncia que su vida está en peligro porque no tiene condiciones económicas para mantenerse en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz; puesto que, no cuenta con un ambiente donde quedarse y semanalmente tiene que pagar Bs100.- (cien bolivianos) para asignarle una cama, no puede auto sustentarse y su familia no puede trasladarse al lugar donde se encuentra para poder apoyarlo económicamente, condiciones inhumanas que vulneran su derecho a la dignidad y pueden afectar inicialmente su derecho a la salud y en consecuencia su derecho a la vida.
Rosario Del Carmen Eguez Salame, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primera de Lagunillas del departamento de Santa Cruz, mediante informe presentado el 20 de abril de 2023, cursante de fs. 34 a 35 vta., manifestó que: i) El 30 de enero de 2023 cuando se encontraba en suplencia legal del Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de Camiri de ese departamento, llevó adelante la audiencia de medidas cautelares del accionante, donde dispuso su detención preventiva por concurrir los requisitos de los arts. 233.1, 2 y 3 del Código Procesal Penal (CPP), con relación a los arts. 234.1 y 2, y 235.1 y 2 ambos del citado Código, ordenando que dicha medida se cumpla en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, determinación que fue notificada en la misma audiencia y se les comunicó a las partes procesales que contaban con el recurso de apelación conforme al art. 125 del CPP, oportunidad en la que el accionante a través de su defensa solicitó enmienda y complementación de acuerdo al citado artículo, respecto al lugar de detención, explicando el por qué de su decisión, volviendo a advertir sobre el derecho a recurrir que tenían, pero ninguna de las partes hizo uso del recurso de apelación; ii) El accionante no presentó recurso de apelación a pesar de ser advertido de su derecho en dos oportunidades; iii) El proceso penal del accionante radicó en su despacho hasta el 7 de febrero de 2023, fecha en la que concluyó su suplencia legal y fue remitido al juzgado de correspondiente titular, donde actualmente radica el proceso; iv) Le llama la atención que después de dos meses y diecinueve días mediante esta acción el imputado -accionante- pretenda su traslado de recinto, cuando dicho pedido merece otro trámite y procedimiento, es más, se adjuntó una solicitud de traslado del Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz a la “Carceleta de Camiri” realizado por la Comunidad Indígena Itanambikua del citado departamento, que no es parte del proceso penal, y dicho pedido no cuenta con recepción de plataforma o del juzgado; v) Respecto al carácter subsidiario de la acción de libertad la SCP 0150/2017-S2 de 6 de marzo que reiteró la SCP 0241/2015-S2 de 26 de febrero, refirieron que cuando existan medios ordinarios eficaces e idóneos para la protección de los derechos fundamentales, deben ser utilizados previamente a la acción de libertad; vi) Si bien, la Constitución Política del Estado garantiza el pluralismo jurídico, y que debe existir cooperación, coordinación e igualdad de jerarquía entre las diferentes jurisdicciones, pero no implica que no exista independencia; y, vii) Su autoridad no vulneró los derechos ni garantías del accionante, quién omitió el carácter subsidiario de la acción de .
libertad, además que no demostró los presupuestos de procedencia de la acción de libertad previsto por el art. 47 del Código Procesal Constitucional (CPCo); por lo que, pidió se deniegue la tutela solicitada.
La Jueza de Sentencia Penal Primera de Camiri del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, mediante la Resolución 12/2023 de 20 de abril, cursante de fs. 40 y 41, denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: a) Es necesario revisar si se cumplió con el principio de subsidiariedad de la acción de libertad en cumplimiento a la SCP 0434/2014 de 25 de febrero; por lo tanto, la abstracción de dicho principio en la acción de libertad tiene como consecuencia agotar todas la vías administrativas o judiciales, utilizándolo como mecanismo de defensa de última ratio; si bien, la referida acción tutelar se constituye en una garantía eficaz para la tutela inmediata de los derechos que se encuentran dentro su ámbito de protección; sin embargo, es también evidente que cuando en la vía ordinaria existen medios o mecanismos de impugnación que de manera inmediata y eficaz pueden restituir el derecho a la libertad física, los mismos deben ser utilizados previamente antes de acudir a la vía constitucional; b) Tampoco se cumplió ni demostró lo establecido en la SCP 0464/2015-S3 de 5 de mayo, que señaló las condiciones por las cuales la acción de libertad puede ser activada ante el reclamo de un indebido procesamiento que vulneró el derecho a la libertad personal y de locomoción; y, c) No se verifica la existencia de ninguna vulneración que resguarde el art. 125 de la CPE.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Asimismo, por Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución a Comisión de Admisión de los expedientes sorteados a los Magistrados cesados que se encontraban pendientes de resolución a efecto de que se realice nuevo sorteo, con la finalidad de que los actuales Magistrados asuman conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del término legal establecido. Mediante decreto constitucional de 13 de marzo de 2026, cursante a fs. 54, se dispuso la suspensión de plazo para la emisión de la correspondiente resolución a efectos de recabar documentación complementaria, reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el decreto constitucional de 8 de julio del citado año cursante a fs. 58; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del término legal.
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De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por Auto 04/23 de 30 de enero de 2023, emitido por Rosario Del Carmen Eguez Salame, Jueza Público Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primera de Lagunillas del departamento de Santa Cruz, -ahora accionada-, se dispuso la detención preventiva de Elvin Toledo Segundo -hoy accionante- en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz (fs. 1 vta. a 8 vta.).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, a la salud, a la libertad, al debido proceso, al trato digno, a la presunción de inocencia, a la defensa, y a la igualdad de las partes; puesto que, la Jueza ahora accionada, a través del Auto 04/23 de 30 de enero, dispuso que cumpla su detención preventiva en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz; por lo que, para poder trasladarse a la localidad de Camiri del departamento de Santa Cruz, donde se realizarán los actos investigativos debe erogar gastos de transporte y viáticos, cuando su persona es de escasos recursos; es más, en el citado Centro Penitenciario por su situación económica, no puede acceder a un lugar digno, tampoco puede tener contacto con su familia ni con su abogado defensor. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) La subsidiariedad excepcional en la acción de libertad; y, 2) Análisis del caso concreto.
La SCP 0531/2019-S2 de 15 de julio, dispuso que: “El Tribunal Constitucional en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, sentó la línea jurisprudencial sobre el principio de la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, determinando que en los supuestos en los que existan medios idóneos para reparar de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad física ilegalmente restringido, los mismos deben ser utilizados antes de acudir a la justicia constitucional a través de la acción de libertad.
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La SC 0008/2010-R de 6 de abril indicó que la acción de libertad, es el medio idóneo y eficaz para restituir cualquier tipo de lesión o vulneración que atente los derechos a la vida y a la libertad: …empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas (…). Entendimiento que también fue asumido en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0455/2018-S2 y 0662/2018-S2, entre otras” (las negrillas nos pertenecen). La SCP 0482/2013 de 12 de abril, sistematizó las reglas de la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, conforme al siguiente detalle: “1. Cuando la acción de libertad esté fundada directamente en la vulneración al derecho a la libertad personal por causa de haberse restringido la misma al margen de los casos y formas establecidas por ley, y no esté vinculada a un delito y por tanto no se hubiera dado aviso de la investigación, la acción puede ser activada de forma directa contra las autoridades o persona que violentaron la Constitución Política del Estado y la ley (…)
2. Cuando el fiscal da aviso del inicio de la investigación al Juez cautelar y ante la denuncia de una supuesta ilegal aprehensión, arresto u otra forma de restricción de la libertad personal o física por parte de un Fiscal o de la Policía, el accionante, previo a acudir a la jurisdicción constitucional debe en principio, denunciar todos los actos restrictivos de su libertad personal o física ante la autoridad que ejerce el control jurisdiccional.
3. Cuando el accionante hubiera denunciado los actos restrictivos de su libertad personal o física ante el Juez cautelar, como también, paralela o simultáneamente a la jurisdicción constitucional a través de la acción de libertad, sobreviene también la subsidiaridad.
4. Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada.
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5. Si impugnada la resolución, ésta es confirmada en apelación, empero, en lugar de activar inmediatamente la acción libertad, decide voluntariamente, realizar una nueva petición ante la autoridad ordinaria, tendiente a un nuevo análisis y reconsideración de su situación jurídica, sea mediante una solicitud de modificación, sustitución, cesación de detención preventiva, etc., y la misma está en trámite, en esos casos, ya no es posible acudir a la jurisdicción constitucional impugnando la primera o anterior resolución judicial, donde se emitió el auto de vista, inclusive; por cuanto las partes de un proceso están impelidas de actuar con lealtad procesal, de no ser así, se provocaría una duplicidad de resoluciones en ambas jurisdicciones, e incidiría negativamente en el proceso penal de donde emerge la acción tutelar” (las negrillas son nuestras).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, a la salud, a la libertad, al debido proceso, al trato digno, a la presunción de inocencia, a la defensa, y a la igualdad de las partes; puesto que, la Jueza ahora accionada, a través del Auto 04/23 de 30 de enero, dispuso que cumpla su detención preventiva en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz; por lo que, para poder trasladarse a localidad de Camiri del departamento de Santa Cruz, donde se realizarán los actos investigativos debe erogar gastos de transporte y viáticos, cuando su persona es de escasos recursos; es más, en el citado Recinto por su situación económica no puede acceder a un lugar digno y no puede tener contacto con su familia ni con su abogado defensor. Conforme se tiene citado en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, el principio de subsidiariedad excepcional en la acción de libertad es aplicable en caso de estar disponibles mecanismos intraprocesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para la reclamación de los derechos del accionante, debido a que éstos deben ser utilizados previamente, pues la acción de libertad procede únicamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados, a pesar de haberse agotado las referidas vías en la jurisdicción ordinaria. En ese entendido, al tener el accionante diferentes cuestionamientos, por motivos de coordinación, económicos, de comunicación, alimentación y de habitabilidad, respecto al lugar de su detención preventiva, que fue definido por la Jueza ahora accionada, sea cumplida en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, a través del Auto 04/23, con carácter previo a interponer esta acción de libertad, el accionante .
necesariamente debió apelar el citado Auto, de conformidad al art. 251 del CPP, que prevé la interposición del recurso de apelación contra la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares, el cual se constituye en el medio más idóneo, inmediato, efectivo y de mayor celeridad para reparar presuntas vulneraciones y restricciones al derecho a la libertad, para que así el superior en grado tenga la posibilidad de corregir lo erróneamente determinado por la Jueza hoy accionada. Es así que, el accionante no debió acudir directamente a esta acción de defensa sin agotar antes las vías específicas dentro la jurisdicción ordinaria; por lo que, sin ingresar a analizar el fondo de la problemática planteada, se debe denegar la tutela solicitada. Ahora bien, con relación a la denuncia sobre la vulneración del derecho a la vida relacionada con la salud del accionante, se tiene que el nombrado no demostró con pruebas materiales la vulneración a dicho derecho, cuando no basta su sola mención o presunción de afectación para alegar su tutela a través de esta acción de defensa, sino que debe demostrarse con pruebas reales la afectación al derecho a la vida del accionante, de acuerdo a lo dispuesto por la SCP 0105/2024-S1 de 14 de mayo, que estableció: “…el accionante impetre por medio de la acción de libertad, la protección del derecho a la vida, deberá necesariamente evidenciar la existencia real y palpable de que su vida está en riesgo o peligro, con la prueba necesaria y fehaciente al efecto, pues contrariamente, no es posible activar este medio de defensa por la sola invocación de su existencia, atendiendo a la naturaleza particularísima y primaria de la cual se encuentra revestida el referido derecho…” ; razón por la cual, no es posible conceder la tutela respecto a dicho derecho. Finalmente, con referencia a los derechos al trato digno, presunción de inocencia, a la defensa e igualdad de las partes, se tiene que los mismos no se encuentran dentro el ámbito de protección de la acción de libertad; consecuentemente, corresponde denegar la tutela solicitada. En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 12/2023 de 20 de abril, cursante de fs. 40 y 41, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Primera de Camiri del departamento de Santa Cruz, y en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo .
constitucional, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1097_2026-S1.pdf · páginas 1 a 9.
Huella digital del PDF (SHA-256): d9b42162862914feb91d10f5502dbbeb3a15532cb9b8bc5b04f862fff1f9014c
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