B.IA.LEGAL

SCP 1097/2025-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 22 de septiembre de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
22 de septiembre de 2025
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
57722-2023-116-AAC
Departamento
Oruro
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La parte accionante, a través de su representante, alega la lesión de sus derechos al debido proceso en sus vertientes defensa, fundamentación de fallos judiciales, valoración razonable de la prueba; y, a “un proceso justo”; toda vez que, las autoridades demandadas, a través de Auto de Vista 104/2023, confirmaron la Sentencia Definitiva 24/2023 que dispuso la prescripción del adeudo objeto de ejecución coactiva, argumentando que, “…ignora DELIBERADAMENTE el parágrafo II del art. 1503 del código civil…” (sic) -normativa que permite la prueba de la suspensión de actividades judiciales- e impide la valoración probatoria de los referidos acuerdos, el cual se ubica en la parte final de los puntos 3, 4 y 6 -respecto la "presunta no consideración" de las pruebas adjuntas-, donde señalaron que los acuerdos de Sala Plena se vinculan al transcurso del plazo y no a la posibilidad de interrumpir la prescripción de la deuda; consecuentemente, no tendrían incidencia sobre el fondo de la problemática. Ante ello, las autoridades demandadas señalan que, la parte accionante no explicó en qué medida se lesionaron sus derechos constitucionales, limitando sus argumentos a la indebida otorgación de diez días -y no cinco- para oponer sus excepciones. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR la Resolución 75/2023 de 21 de agosto, cursante de fs. 133 a 138, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Presupuestos de la jurisprudencia para revisar la interpretación de la legalidad ordinaria
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1097/2025-S2 Sucre, 22 de septiembre de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional Expediente: 57722-2023-116-AAC Departamento: Oruro En revisión la Resolución 75/2023 de 21 de agosto, cursante de fs. 133 a 138, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Agua de Castilla Limitada (Ltda.) representada por Adrián Néstor Bartha Mujica contra Primo Martínez Fuentes y Ricardo Edgar Flores Carvajal, Vocales de la Sala Civil Comercial de Familia, Niñez y Adolescencia Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 9 y 16 de agosto de 2023, cursantes de fs. 103 a 109 vta. y 112 a 113, la parte accionante, a través de su representante, manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Mediante Escritura Pública 537/2014 de 18 de noviembre otorgó un préstamo de dinero en favor de Scarlet Costas Rosales -socia y copropietaria de dicha entidad, y ahora tercera interesada- en la suma de Bs35 784,87 (treinta y cinco mil setecientos ochenta y cuatro 87/100 bolivianos). Adeudo garantizado con una hipoteca sobre el inmueble de Cristian Bozo Castillo. Incumplida la devolución de dinero, el 24 de octubre de 2017 promovió demanda coactiva de cobro de dinero ante la Jueza Pública Civil y Comercial Sexta de la Capital del departamento de Oruro. Trámite en el cual, le fue imposible efectuar la citación personal de la tercera interesada, debido a que, en el documento de préstamo, la misma consignó direcciones inexistentes -donde solo se ubican construcciones deterioradas y no habitadas- en la ciudad de Oruro. Consecuentemente recabó informe del Servicio de Registro Cívico (SERECI), por el cual se enteró que la aludida registraba su domicilio en la ciudad de Buenos Aires de la República Argentina. Durante el trámite de exhorto suplicatorio dirigido al referido país vecino, la nombrada coactivada, en forma sorpresiva, se apersonó ante la Jueza de la causa mediante memorial de 11 de enero de 2023, oportunidad donde señaló su reciente conocimiento de la demanda coactiva -debido su permanencia temporal en la ciudad de Oruro, ya que tendría como domicilio actual “…PASCO 1283 SAN CRISTOBAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES RPLCA ARGENTINA…” (sic)-, y opuso excepción de prescripción -sustentando su defensa en los arts. 1493 y 1507 del Código Civil (CC)-. A tiempo de presentar su contestación negativa -hacia la antecedida excepción-, solicitó la obtención del flujo migratorio de la coactivada -y así demostrar que no radicaba definitivamente en la ciudad de Buenos Aires- e informe -dirigido a Secretaria de Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro- de los acuerdos que dispusieron la suspensión de plazos procesales a causa de la emergencia sanitaria por COVID-19 y las vacaciones judiciales desde la gestión 2016, peticiones que fueron autorizadas por la Jueza de la causa. De esa manera, el 3 de febrero de 2023, se celebró la primera audiencia para tratar la excepción de prescripción opuesta, momento hasta el cual todavía no fueron remitidos el certificado de migración ni los acuerdos de Sala Plena señalados, por lo que solicitó su suspensión, obteniendo atención mediante la reprogramación de audiencia para el 15 del mismo mes y año. Sin embargo, hasta dicho momento, solo se adjuntaron los informes de Sala Plena, pero no así el certificado de migración. En ese sentido, volvió a pedir la suspensión de la audiencia; sin embargo, la autoridad judicial “…en forma apresurada y sin dilación alguna…” (sic) se puso a leer en su integridad la sentencia que se encontraba redactada en su computadora y, así, declaró probada la excepción de prescripción, sin siquiera mencionar las pruebas presentadas ni tampoco la suspensión de plazos por vacaciones judiciales alegadas, que suman alrededor de ciento cincuenta días, desde el 2016 hasta 2021. Contra esta decisión interpuso recurso de apelación, mereciendo tratamiento a través de Auto de Vista 104/2023 de 28 de marzo emitido Primo Martínez Fuentes y Ricardo Edgar Flores Carvajal, Vocales de la Sala Civil Comercial de Familia, Niñez y Adolescencia Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, que confirmó en todas sus partes la sentencia recurrida. Conforme esos antecedentes, el Auto de Vista descrito carece de validez, ya que, en la parte final de los puntos 3, 4 y 6, respecto la "presunta no consideración" de las pruebas adjuntas, las autoridades demandadas señalaron que los acuerdos de Sala Plena se vinculan al transcurso del plazo, mas no a la posibilidad de interrumpir la prescripción de la deuda; consiguientemente, no tendrían incidencia sobre el fondo de la problemática, justificación utilizada para no considerar su prueba y que, “…ignora DELIBERADAMENTE el parágrafo II del art. 1503 del código civil…” (sic), la cual regula la interrupción de la prescripción por cualquier acto que pueda constituir en mora al deudor y permite que, en el particular, se pruebe la suspensión de actividades en los despachos judiciales.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

La parte impetrante de tutela alega la lesión de sus derechos al debido proceso en sus vertientes defensa, fundamentación de fallos judiciales, valoración razonable de la prueba; y, a “un proceso justo”; citando al efecto, el art. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia: a) Se deje sin efecto el Auto de Vista 104/2023; y, b) Se emita uno nuevo que respete y considere los derechos y garantías constitucionales suprimidos.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 21 de agosto de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 128 a 132 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La parte peticionante de tutela, a través de su representante legal, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de amparo constitucional y, ampliando en audiencia de garantías, sostuvo que, las autoridades demandadas, de acuerdo a las facultades que les confiere el art. 265.III del Código Procesal Civil (CPC), debieron aplicar el art. 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), en cuanto a la nulidad, toda vez que, no fueron consideradas las pruebas “…en fojas 26 presentadas…” (sic), tampoco los ciento cincuenta días de vacaciones judiciales reclamados, vulnerando de esa manera su derecho a la defensa y debida fundamentación.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Primo Martínez Fuentes y Ricardo Edgar Flores Carvajal, Vocales de la Sala Civil Comercial de Familia, Niñez y Adolescencia Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, por informe escrito cursante de fs. 119 a 121 vta., manifestaron que, la parte accionante no explicó en qué medida se lesionaron sus derechos constitucionales, limitando sus argumentos a informar que la Jueza ad quo no debió otorgarle el plazo de diez días para oponer excepciones, sino solo cinco. Igual insuficiencia incurrida cuando expresó que, inicialmente, debió tratarse la aceptación del apersonamiento de la tercera interesada cuando presentó su excepción; caso en el cual incluso debió denunciar cualquier irregularidad procesal en su primer escrito y no actuar de forma contraria contestando la excepción u omitiendo su impugnación en el recurso de apelación que originó el Auto de Vista 104/2023.

I.2.3. Intervención de la tercera interesada

Scarlet Costas Rosales, por memorial cursante de fs. 122 a 127, manifestó que: 1) La parte accionante no explicó de forma alguna la relevancia de su denuncia cuando manifestó que no se le dio conocimiento de su nuevo domicilio constituido en la ciudad de Buenos Aires. Afirmación que, además, no tendría incidencia con el objeto del proceso, siendo que no conforma una causal de interrupción de la prescripción, conforme la previsión del art. 1502.II del CC, ni fue pactada en el contrato; 2) Desde el 11 de marzo de 2016, cuando realizó la última amortización, hasta su apersonamiento al proceso coactivo, acontecido en el mes de febrero de 2023, la propia parte impetrante de tutela no llegó a exigir legalmente el cumplimento de su obligación, debido a que abandonó la causa coactiva y no efectuó las diligencias pertinentes para notificar la Sentencia Inicial 70/2017 de 30 de octubre. Última decisión jurisdiccional que, además, originó la emisión del Auto Interlocutorio de 15 de noviembre de 2022, que anuló obrados, disponiendo nuevamente su citación en “el país de Argentina, Departamento de Buenos Aires, Pasco No 1293 San Cristóbal” (sic)-; disposición que, también fue incumplida, consolidando su dejadez; y, 3) La parte peticionante de tutela acusa que, en ambas instancias, no fueron consideradas sus pruebas, las cuales supuestamente se dirigían a demostrar el periodo de suspensión de actividades judiciales y su movimiento migratorio; sin embargo, la misma parte incumplió con su deber de diligenciar los referidos elementos probatorios, impidiendo su incorporación al proceso coactivo, limitándose a solicitar la suspensión de la audiencia; petición que, aun cuando fue acogida -reprogramándose para una segunda audiencia-, tampoco fue cumplida en lo posterior, de modo que, el citado impetrante de tutela solo intentó arrimar fotocopias de algunos acuerdos de Sala Plena, que incluso fueron valorados en la Sentencia Definitiva 24/2023 de 15 de febrero, cuando se estimó que, considerando la “…suspensión de plazos en fechas 23 de marzo al 4 de abril de 2020, 1 al 10 de mayo de 2020, del 20 al 27 de julio y del 4 al 27 de agosto de 2020…” (sic), el cómputo no superaba los cuarenta y dos días; es decir, las pruebas presentadas no demostrarían la interrupción de la prescripción pedida.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, por Resolución 75/2023 de 21 de agosto, cursante de fs. 133 a 138, denegó la tutela impetrada; con base en los siguientes fundamentos: i) En el recurso de apelación se denunció que la tercera interesada otorgó un domicilio falso a la entidad accionante; agravio que obtuvo tratamiento por el Auto de Vista 104/2023, el cual justificó su irrelevancia, debido a que ambas partes consignaron un domicilio especial en el contrato de crédito a efecto de una eventual ejecución, razonamiento que resulta sostenible, motivado y fundamentado; ii) Cuando se recurrió en apelación, informando que la Jueza de instancia no emitió la sentencia definitiva en audiencia, sino solo dio lectura a lo redactado en su computadora sin acudir a documento alguno a la vista; las autoridades demandadas respondieron indicando que, si bien dicho aspecto pudo generar derechos en favor del hoy accionante e incluso legitimar el inicio de una denuncia contra la autoridad judicial en instancia disciplinaria o penal, se tratan de meros elementos subjetivos que demuestran su sola insatisfacción, debido a que, no existe acreditación por certificación alguna; evaluación que es motivada; iii) Se introdujo como agravio que, cuando la autoridad de primera instancia el 11 de enero de 2023 anuló obrados del cuaderno procesal, dicho momento fue aprovechado por la tercera interesada para oponer su excepción de prescripción; sin embargo, de considerarse arbitraria dicha actuación de la prenombrada, la parte accionante debió recurrirla en apelación de forma directa y autónoma, lo cual no fue acreditado en el trámite constitucional para advertir de ella la presencia de actos consentidos como una eventual causal de improcedencia; y, iv) Cuando la propia parte impetrante de tutela reconoció que mantuvo continua persistencia en efectuar la notificación personal de la tercera interesada -además de realizar otros actos vinculados al señalado acto de comunicación procesal-, incurrieron en actos consentidos; y, no así, como las autoridades demandadas razonaron, en sentido de que debió respetarse el domicilio especial pactado en el contrato; sin embargo, de igual forma, carece de relevancia constitucional.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Consta Sentencia Definitiva 24/2023 de 15 de febrero emitida por Ana Adela Quispe Cuba, Jueza Pública Civil y Comercial Sexta de la Capital del departamental de Oruro, por la que declaró “…PROBADA la excepción de PRESCRIPCION, interpuesta por la Sra. SCARLET COSTAS ROSALES…” (sic [fs. 82 a 86]). II.2. Cursa recurso de apelación presentado el 22 de febrero de 2023, por Adrián Néstor Bartha Mujica en representación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Agua de Castilla Ltda., por el que solicitó “…REVOCAR la sentencia emitida por el inferior en fecha 15 de febrero del año en curso y declarar improbada la excepción interpuesta por la deudora coactivada…” (sic [fs. 87 a 89]). II.3. Mediante Auto de Vista 104/2023 de 28 de marzo, Primo Martínez Fuentes y Ricardo Edgar Flores Carvajal, Vocales de la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro -demandados-, confirmaron “…la Sentencia Definitiva Nº 24/2022 de 15 de febrero de 2023 cursante de fs. 152 a 156 de obrados” (sic [fs. 96 a 101]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La parte accionante, a través de su representante, alega la lesión de sus derechos al debido proceso en sus vertientes defensa, fundamentación de fallos judiciales, valoración razonable de la prueba; y, a “un proceso justo”; toda vez que, las autoridades demandadas, a través de Auto de Vista 104/2023, confirmaron la Sentencia Definitiva 24/2023 que dispuso la prescripción del adeudo objeto de ejecución coactiva, argumentando que, “…ignora DELIBERADAMENTE el parágrafo II del art. 1503 del código civil…” (sic) -normativa que permite la prueba de la suspensión de actividades judiciales- e impide la valoración probatoria de los referidos acuerdos, el cual se ubica en la parte final de los puntos 3, 4 y 6 -respecto la "presunta no consideración" de las pruebas adjuntas-, donde señalaron que los acuerdos de Sala Plena se vinculan al transcurso del plazo y no a la posibilidad de interrumpir la prescripción de la deuda; consecuentemente, no tendrían incidencia sobre el fondo de la problemática. Ante ello, las autoridades demandadas señalan que, la parte accionante no explicó en qué medida se lesionaron sus derechos constitucionales, limitando sus argumentos a la indebida otorgación de diez días -y no cinco- para oponer sus excepciones. Igual insuficiencia incurrida cuando expresó que primero debía de tratarse la aceptación del apersonamiento de la tercera interesada, supuesta irregularidad que debió denunciar en su primer escrito y no contestar la excepción u omitir su impugnación en el recurso de apelación. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Presupuestos de la jurisprudencia para revisar la interpretación de la legalidad ordinaria

Al respecto la SCP 1631/2013 de 4 de octubre, señaló que:“…vía jurisprudencia se determinó que la errónea interpretación debe ser invocada por el accionante a efectos de abrir la jurisdicción constitucional para la verificación de la actividad interpretativa de la jurisdicción común, y más adelante se precisó que la parte procesal que se considera agraviada con los resultados de la interpretación debe expresar de manera adecuada y precisar los fundamentos jurídicos que sustenten su posición, en ese sentido se estableció que ante la ausencia de carga argumentativa corresponde denegar la tutela solicitada. Esta línea se profundizó señalando que es atribución del Tribunal Constitucional interpretar la Constitución, y de la jurisdicción común, interpretar el resto del ordenamiento jurídico; o lo que es lo mismo, la legalidad infra constitucional u ordinaria, precisando que ello no implica llegar a la conclusión tajante de que la labor interpretativa de la legalidad ordinaria no está sujeta al control constitucional para verificar la vulneración de derechos y garantías de la Constitución, ante ello la SC 0085/2006-R de 25 de enero, precisó que el accionante que pretende la revisión de la legalidad ordinaria debe: 1) Explicar por qué la labor interpretativa impugnada resulta insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, absurda o ilógica o con error evidente, identificando, en su caso, las reglas de interpretación que fueron omitidas por el órgano judicial o administrativo; y; 2) Precise los derechos o garantías constitucionales que fueron lesionados por el intérprete, estableciendo el nexo de causalidad entre éstos y la interpretación impugnada; dado que sólo de esta manera la problemática planteada por el recurrente, tendrá relevancia constitucional, la SC 0194/2011-R de 11 de marzo, incorporó el tercer elemento que debe contener la exposición señalando: ‘3) Establezca el nexo de causalidad entre la ausencia de motivación, arbitrariedad u otra situación absurda, por no aplicar la interpretación que considera debió efectuarse, y los derechos y/o garantías que conforman el bloque de constitucionalidad, y que han sido lesionados con dicha interpretación, explicando sí el resultado, cuál la relevancia constitucional’”.

III.2. Análisis del caso concreto

Mediante proceso coactivo, seguido ante la Jueza Pública Civil y Comercial Sexta de la Capital del departamento de Oruro, la parte accionante interpuso contra la tercera interesada una demanda de ejecución coactiva de suma de dinero por Bs35 784,87; obteniendo, en respuesta, la emisión de la Sentencia Inicial 70/2017 que la declaró probada y, pese a señalarse domicilio especial en el contrato la entidad ahora accionante, insistió en la notificación personal. Transcurrido el tiempo, la referida tercera interesada se apersonó y opuso excepción de prescripción, mereciendo tratamiento en la Sentencia Definitiva 24/2023 de 15 de febrero emitida en audiencia, que la declaró probada y dispuso el levantamiento de todas las medidas impuestas. Decisión contra la cual, la parte impetrante de tutela dedujo recurso de apelación, obteniendo respuesta de parte de las autoridades demandadas en el Auto de Vista 104/2023 de 28 de marzo, que confirmó la aludida Sentencia Definitiva. Conforme esos antecedentes, la parte peticionante de tutela activa la jurisdicción constitucional, impugnando el mencionado Auto de Vista, circunscribiendo su cuestionamiento a que las autoridades demandadas señalaron que los acuerdos de Sala Plena no tendrían incidencia sobre el fondo de la problemática ni las dificultades para notificar en domicilio real a la tercera interesada, ignorando deliberadamente el art. 1503.II del CC que establece: “La prescripción se interrumpe también por cualquier otro acto que sirva para constituir en mora al deudor”; mismo que, en su criterio, permite se pruebe la suspensión de actividades en los despachos judiciales -eventos que demuestran los referidos acuerdos- y, por tanto, se suspenda el término de la prescripción. En cambio, para las autoridades demandadas, la valoración de la prueba -consistente en los aludidos acuerdos que adjuntó en la audiencia para tratar la excepción de prescripción- confunde el régimen de la prescripción y la suspensión de plazos procesales; en ese sentido, la parte accionante sostiene, respecto a los aludidos acuerdos de Sala Plena: “No es posible que se diga que estos medios de prueba no tuvieran incidencia alguna pero contradice o ignora DELIBERADAMENTE el parágrafo II del art. 1503 del código civil que prescribe que la PRESCRIPCION SE INTERRUMPE TAMBIEN por cualquier otro acto que sirva para constituir la mora del deudor” (sic). En consecuencia, este Tribunal considera que, la entidad impetrante de tutela pretende que la justicia constitucional efectué una apreciación de la valoración de la prueba; es decir, de los acuerdos de Sala Plena y las dificultades para notificar en domicilio real a la tercera interesada que viviría en el extranjero, cuya relevancia depende de la interpretación de la legalidad ordinaria, específicamente del art. 1503.II del CC; sin embargo la impetrante de tutela debe cumplir con un mínimo de carga argumentativa, a saber: 1) Explicar por qué la labor interpretativa emanada de la autoridad accionada resulta insuficiente En el caso concreto, la parte impetrante de tutela se limita a señalar que las autoridades demandadas se apartaron de las disposiciones del Código Civil cuando señalaron que: “…ignora DELIBERADAMENTE el parágrafo II del art. 1503 del código civil…” (sic); no obstante, no identifica con claridad el tipo de interpretación -literal, sistemática, etc.-realizada por las autoridades demandadas respecto a todas estas normas, menos refiere cómo esta interpretación resultaría insuficiente. 2) Precisar los derechos o garantías lesionados por el intérprete, estableciendo el nexo de causalidad entre éstos y la interpretación

Al respecto, la parte peticionante de tutela alega como lesionado su derecho al debido proceso en sus vertientes defensa, fundamentación de fallos judiciales, valoración razonable de la prueba y derecho a “un proceso justo”; empero, como se señaló en el punto precedente, no identificó la interpretación realizada por las autoridades demandadas; por ende, si bien alega la lesión de derechos, ante la ausencia antes advertida, no se identificó el nexo de causalidad entre la interpretación y la supuesta violación de derechos. 3) Establecer el nexo de causalidad entre la ausencia de motivación, arbitrariedad u otra situación por no aplicar la interpretación que considera debió efectuarse y los derechos y garantías Sobre este punto, el impetrante de tutela únicamente se limitó a efectuar una cita limitada del art. 1503 del CC; no obstante, su mera acusación de interpretación deliberada no sustituye de modo alguno la carga argumentativa requerida, puesto que, de ello, no es posible extraer la interpretación que considera que debió efectuarse. En consecuencia, tampoco existe el nexo de causalidad entre dicha interpretación y los derechos y garantías presuntamente vulnerados. Por lo tanto, no es posible ingresar al análisis de fondo sobre la interpretación del art. 1503 del CC, toda vez que, la parte accionante incumplió los requisitos exigidos por la jurisprudencia constitucional para que este Tribunal analice la interpretación de legalidad ordinaria requerida. En consecuencia, el mero descuerdo con la interpretación y valoración de la Jueza no habilita a la justicia constitucional a revertir la decisión con la que el peticionante de tutela no está conforme. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR la Resolución 75/2023 de 21 de agosto, cursante de fs. 133 a 138, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1097_2025-S2.pdf · páginas 1 a 10.

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