Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 9 de julio de 2026
Concede la tutela
Los accionantes a través de su representante sin mandato, denuncian la vulneración de sus derechos a la libertad vinculados a los principios de celeridad y seguridad jurídica; puesto que, el Juez ahora accionado, tras sucesivas suspensiones de las audiencias de cesación de la detención preventiva -fijadas originalmente para los días 24 y 27 de febrero de 2023-, determinó en audiencia de 28 de igual mes suspender definitivamente la consideración de su libertad argumentando pérdida de competencia por la radicatoria de la acusación formal ante el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba; omitiendo que dichas solicitudes fueron interpuestas con anterioridad a la presentación del pliego acusatorio y que la mora procesal fue atribuible a la propia administración de justicia, impidiéndoles obtener una resolución pronta sobre su situación jurídica. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; 2) Competencia para conocer solicitudes en relación a la aplicación o modificación de las medidas cautelares ante la interposición de la acusación fiscal; y, 3) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 03/2023 de 4 de marzo, cursante de fs. 58 a 62 vta., emitida por la Jueza de Sentencia Penal Decimoprimera de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en los mismos términos dispuestos por la Jueza de garantías.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1096/2026-S1 Sucre, 9 de julio de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 54243-2023-109-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 03/2023 de 4 de marzo, cursante de fs. 58 a 62 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jhasmani Ramiro Torrico Lecrere en representación sin mandato de José Luis Gonzales Caracciolo y Fernando Jesús Vásquez Sandoval contra Israel Lander Claros Hinojosa, Juez de Instrucción Penal Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba.
Los accionantes a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 3 de marzo de 2023, cursante de fs. 14 a 17 vta., manifestó lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra José Luis Gonzales Caracciolo y Fernando Jesús Vásquez Sandoval -accionantes-, por la presunta comisión de los delitos de asociación delictuosa, tenencia y porte o portación ilícita y asesinato, previstos y sancionados por los arts. 132, 141 quinter y 252 del Código Penal (CP); el 17 de febrero de 2022, se sustanció la audiencia de aplicación de medidas cautelares, ordenándose la detención preventiva del accionante en el Centro Penitenciario San Antonio de Cochabamba y del coaccionante en el Centro Penitenciario San Sebastián Varones de ese departamento. Señala que, José Luis González Caracciolo -accionante-, solicitó audiencia de cesación de su detención preventiva el 15 de febrero de 2023, señalándose la misma para el día siguiente; de igual forma, Fernando Jesús Vásquez Sandoval coaccionante, solicitó dicha audiencia el 22 de igual mes y año, fijándose para el 24 de dicho mes y año, a las 10:00 horas; no obstante, denunció que en esta última fecha, tras esperar dos horas en la sala virtual, la conexión fue cortada de manera abrupta sin que el Juez ahora accionado instale formalmente el acto procesal. Ante el reclamo efectuado en secretaría del Juzgado, el Juez hoy accionado no supo justificar la falta de instalación de la audiencia vinculada a la libertad, señalando de oficio nueva fecha para el 27 del mencionado mes y año. Manifiesta que, llegada la fecha 27 de febrero de 2023, nuevamente se conectaron a la audiencia virtual; empero, se les informó que las mismas se suspenderían por no contarse con sistema de internet y por no estar el Juez ahora accionado con su celular para sustanciar los actos, señalándose nueva audiencia presencial para el 28 de igual mes y año. Instalada esta última, el Juez hoy accionado, informó sobre la presentación de acusación formal por parte del Ministerio Público y, aduciendo pérdida de competencia por radicatoria ante el Tribunal de Sentencia Penal de turno, ordenó la suspensión de la audiencia de cesación a la detención preventiva. En ese contexto, afirma que el Juez hoy accionado de manera directa, flagrante y dolosa, dilató la sustanciación de la audiencia buscando que el Ministerio Público presente la acusación formal para posteriormente aducir pérdida de competencia, omitiendo aplicar la jurisprudencia constitucional que establece que los jueces de instrucción son competentes para resolver solicitudes de cesación presentadas antes de la radicatoría de la causa o cuando la audiencia fue señalada con anterioridad a la acusación formal; por lo que, considera vulnerado su derecho a la libertad, al no permitírsele ser escuchado oportunamente.
Los accionantes a través de su representante sin mandato, denuncian la vulneración de sus derechos a la libertad vinculados a los principios de celeridad y seguridad jurídica; citando al efecto los arts. 8, 115, 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga que, el Juez ahora accionado proceda a sustanciar audiencia de cesación de la detención preventiva que se encuentra pendiente en favor de José Luis González Caracciolo accionante y Fernando Jesús Vásquez Sandoval coaccionante.
Celebrada la audiencia pública el 4 de marzo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 56 a 57, se produjeron los siguientes actuados:
José Luis Gonzales Caracciolo y Fernando Jesús Vásquez Sandoval accionantes a través de su abogado en audiencia, ratificaron de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo, manifestaron que: a) En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra sus personas por la presunta comisión de los delitos de asociación delictuosa, tenencia, porte o portación ilícita y asesinato, habiéndose dispuesto su detención preventiva el 17 de febrero de 2022, se solicitó cesación a la detención preventiva, señalándose audiencias que fueron objeto de dilación y cortes de conexión sin explicación, mereciendo el reclamo ante el despacho judicial; b) Ante dicho reclamo, el Juez hoy accionado reprogramó audiencias de oficio para el 27 de febrero de 2023, fecha en la cual se conectaron, llevándose la sorpresa que, por información directa, el acto se suspendería por presuntamente encontrarse sin internet, reprogramándose para el 28 de igual mes y año, a las 15:00 horas; c) En la audiencia de 28 de febrero de 2023, el juez hoy accionado informó que existiría la acusación formal y el auto de radicatoría ante el Tribunal de Sentencia y, por ende, suspendió el actuado procesal manifestando pérdida de competencia; y, d) Señala como derechos vulnerados el derecho a la seguridad jurídica y el derecho a la libertad, pidiendo que se disponga que el Juez ahora accionado la celebre la audiencia de cesación de detención preventiva.
Israel Lander Claros Hinojosa, Juez de Instrucción Penal Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba, mediante informe de 3 de marzo de 2023, cursante a fs. 36 y vta., manifestó que: 1) Es evidente lo que refieren los accionantes al señalar que José Luis González Caracciolo accionante solicitó cesación a la detención preventiva el 15 de febrero del mismo año, señalándose audiencia para el día 16 de igual mes y año; sin embargo, en dicha oportunidad no se conectó a la plataforma Cisco Webex el imputado ni su abogado defensor; por lo que, se suspendió el acto hasta nueva solicitud; 2) Respecto a Fernando Jesús Vásquez Sandoval coaccionante, se señaló audiencia para el 24 de febrero del mencionado año; empero, el suscrito se encontraba sustanciando una aplicación de medidas cautelares con doce aprehendidos que se alargó a las 13:00 horas aproximadamente, poniéndose en conocimiento de los sujetos procesales el motivo de la suspensión y señalándose nueva fecha para el siguiente día hábil 27 de febrero del citado año; 3) En fecha 27 de “septiembre” -siendo lo correcto febrero- de 2023-, la localidad de Sacaba no contaba con servicios de internet por un corte de fibra y cambio de poste, informe del ingeniero que fue puesto a conocimiento de la defensa e imputados en audiencia, suspendiéndose los actos para el 28 de referido mes y año, de manera presencial a solicitud del abogado; 4) Con relación a la audiencia de 28 de febrero de 2023, ya existía una acusación formal presentada el 27 del mismo mes y año, a las 14:24 horas y remitida el 28 de igual mes a las 09:20 horas; por lo que, al revisar el sistema SIREJ, ya se tenía la radicatoría en el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba, perdiendo competencia para conocer la audiencia conforme a la normativa procesal y constitucional; y, 5) No se demostró ninguno de los presupuestos del art. 47 del Código Procesal Constitucional (CPCo); por lo que, solicita se deniegue la acción de libertad al no encontrarse plenamente fundamentada.
Edson Orellana Marín, Fiscal de Materia, en audiencia manifestó que: i) Conforme los antecedentes procesales, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales “0348/2017-S2 y 0367/2017-S1” señalan el entendimiento sobre el desarrollo de medidas cautelares pese a una acusación formal; ii) Es evidente que se deben llevar a cabo las audiencias cautelares de manera indefectible siempre y cuando no exista una radicatoría de la causa; iii) Conforme a los antecedentes, los señalamientos de audiencia se dieron de manera inmediata y dentro los términos que la ley prevé; y, iv) Al no existir ninguna vulneración a los derechos y garantías constitucionales de los accionantes, solicita se deniegue la tutela solicitada.
La Jueza de Sentencia Penal Decimoprimera de la Capital del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 03/2023 de 4 de marzo, cursante de fs. 58 a 62 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo que el Juez ahora accionado, dentro el plazo de veinticuatro horas, celebre la audiencia con la finalidad de considerar la solicitud de cesación de detención preventiva solicitada por los hoy accionantes; bajo los siguientes fundamentos: a) Se vulneró el principio del debido proceso y celeridad, referente a la celebración de audiencia bajo los principios rectores de protección al derecho a la libertad en casos en los cuales existen detenidos; b) Siendo que, ya existía el conocimiento del Juez ahora accionado sobre la solicitud de cesación de detención preventiva, debió resolver antes de la remisión de la acusación formal, celebrar la audiencia y concluida la misma remitir actuados, ante la existencia de que dicho pedido fue anterior a la acusación pública; y, c) Se determinó que existen incidentes pendientes que el mencionado Juez debió resolver antes de remitir la acusación formal; por lo que, se debe aplicar el saneamiento procesal, debiendo ampliarse su competencia a los fines de resolver el incidente de solicitud de cesación de detención preventiva, tomando en consideración que cuenta con el legajo cautelar y con la aclaración de que dicha ampliación de competencia solo debe ser para ese acto.
Por acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Mediante acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución a Comisión de Admisión de los expedientes sorteados a los Magistrados cesados, los cuales se encontraban pendientes de resolución, a efecto de que se realice un nuevo sorteo, con la finalidad de que los actuales Magistrados asuman conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas; por consiguiente, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es dictada dentro del plazo establecido. Mediante decreto constitucional de 30 de marzo de 2026, cursante a fs. 73, se dispuso la suspensión de plazo para la emisión de la correspondiente resolución a efectos de recabar documentación complementaria, reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el decreto constitucional de 8 de julio del citado año, cursante a fs. 77; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del término legal.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa memorial presentado el 15 de febrero de 2023, ante el “JUEZ DE INSTRUCCIÓN PENAL NO.- 1 DE SACABA”, por José Luis Gonzales Caracciolo -ahora accionante-, a través del cual solicitó la cesación a su detención preventiva, mismo que mereció el decreto de 15 de igual mes y año, con el señalamiento de audiencia para los días 16 misma fecha respectivamente; asimismo, a través de memorial de 24 de febrero de 2023, el nombrado reiteró su solicitud de cesación a la detención preventiva, fijándose, por decreto de igual fecha, audiencia para el 27 de febrero de 2023 a las 15:15 horas (fs. 2 a 3; y, 11 a 12). II.2. Por memorial presentado el 22 de febrero de 2023, ante el “JUEZ DE INSTRUCCIÓN PENAL NO.- 1 DE SACABA”, por Fernando Jesús Vásquez Sandoval -hoy coaccionante-, solicitó audiencia de cesación de su detención preventiva, habiéndose señalado la misma para el 24 de igual mes y año, a las 10:00 horas; asimismo, cursa que decreto de igual fecha, acto procesal que suspende la audiencia; debido a que, el Juez hoy accionado se encontraba sustanciando una audiencia con aprehendido, reprogramándose el actuado de oficio para el 27 de dicho mes y año, a las 15:00 horas (fs. 8 a 9; y 10). II.3. Mediante Acta de suspensión de audiencia virtual de 27 de febrero de 2023, consta que las audiencias de ambos accionantes fueron suspendidas y reprogramadas para el día siguiente a las 15:30 horas, de manera presencial, por falta de servicios de internet en la localidad de Sacaba señalando: “ …En virtud a que no se tiene internet en la localidad de Sacaba, desde las 8:00 horas y siendo que son dos audiencias de cesación a la detención preventiva, imposibilita que se lleve la presente audiencia siendo atribuible al órgano judicial esta situación…” (sic [fs. 32]). II.4. Cursa Disco Compacto “CD” con el contenido de dos videos, donde el abogado se apersona el día 24 de febrero de 2023 ante el juzgado de Instrucción Penal primero de Sacaba realizando el reclamo de por qué no se instaló su audiencia y se le apartó sin causa justificada exigiendo le presten el cuaderno procesal y le permitan audiencia con el Juez, preguntando a la secretaria “¿Qué está esperando el juez, doctora? Que el fiscal acuse para que luego me diga, he perdido competencia” y la secretaria responde: “No creo que acuse, doctor, la verdad, pero sigue en plazo”; asimismo, en el segundo video el abogado del accionante habla con el Juez y señala: “Yo estaba en mi oficina esperando mi audiencia, se corta, nadie me dice nada, nadie me da cuenta y razones y tengo que venir acá para incomodarlo a usted ¿Cómo hacemos, doctor? Por favor, yo quisiera una solución” (fs. 13). II.5. Mediante la revisión del informe de 3 de marzo de 2023, emitido por Ana Gabriela Rivera Román, Secretaria Abogada del Juzgado de Instrucción Penal Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba, se establece que: “…La acusación formal ha sido presentada en fecha 27 de febrero de 2023 a horas 14:24 y la misma ha sido remitida en fecha 28 de febrero de 2023 a horas 09:20 ante el tribunal de sentencia Nro. 1 de sacaba” (sic [fs. 50]). II.6. A través del Informe de 3 de marzo de 2023, realizado por Israel Lander Claros Hinojosa, Juez de Instrucción Penal Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba -hoy accionado-, respecto a lo acontecido los días 27 y 28 de febrero de 2023, se estableció que el citado Juez manifestó que: “…ya existía una acusación formal presentada en fecha 27 de febrero de 2023 a horas 14:24 y la misma ha sido remitida en fecha 28 de febrero de 2023 a horas 09:20, pese a la presentación de acusación formal se realizó el señalamiento…” (sic [fs. 36 vta.]). II.7. Cursa acusación formal de 24 de febrero de 2023, dirigida al Juez hoy accionado, por el Fiscal de Materia (fs. 37 a 47); asimismo, consta Auto de 27 de febrero de mismo año, emitido por la autoridad accionada, por el cual se ordena la remisión de la acusación formal y actuados pertinentes ante el Tribunal o Juzgado de sentencia de turno conforme a procedimiento (fs. 48); cursa Nota de remisión de 27 de mismo mes y año, con sello de recepción del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Sacaba con fecha de 28 de igual mes y año, a las 09:20 horas (fs. 49); cursa Informe de 3 de marzo de 2023, emitido por la Secretaria del referido Tribunal de Sentencia por el cual certifica en su punto II.- La causa signada con CUD 310102032200217 fue radicada por proveído de 28 de febrero del citado año. (fs. 55).
Los accionantes a través de su representante sin mandato, denuncian la vulneración de sus derechos a la libertad vinculados a los principios de celeridad y seguridad jurídica; puesto que, el Juez ahora accionado, tras sucesivas suspensiones de las audiencias de cesación de la detención preventiva -fijadas originalmente para los días 24 y 27 de febrero de 2023-, determinó en audiencia de 28 de igual mes suspender definitivamente la consideración de su libertad argumentando pérdida de competencia por la radicatoria de la acusación formal ante el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba; omitiendo que dichas solicitudes fueron interpuestas con anterioridad a la presentación del pliego acusatorio y que la mora procesal fue atribuible a la propia administración de justicia, impidiéndoles obtener una resolución pronta sobre su situación jurídica. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; 2) Competencia para conocer solicitudes en relación a la aplicación o modificación de las medidas cautelares ante la interposición de la acusación fiscal; y, 3) Análisis del caso concreto.
La SCP 0259/2018-S2 de 18 de junio, señala que: “La Constitución Política del Estado en su art. 23.I, establece que toda persona tiene derecho a su libertad física, constituido como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo, por ser inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima, con el propósito que la libertad física goce de protección especial, cuando se pretenda lesionarla o esté siendo amenazada de vulneración. A ese efecto, la SC 1579/2004-R de 1 de octubre efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una vulneración a producirse; o, correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en las que se mantiene a una persona detenida. Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del cual, se encuentra el hábeas corpus instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho, a través del que, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos, debiendo ser tramitados, resueltos -SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-. Sobre la base de ese razonamiento, toda autoridad que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo, podría provocar una restricción indebida del citado derecho; lo que no significa, otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse, dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad”.
La SCP 0222/2018-S2 de 22 de mayo, establece que: “La SC 0143/2003-R de 2 de febrero de 2004 precisó que la autoridad competente para sustanciar cualquier solicitud relacionada con las medidas cautelares y sus emergencias, en la etapa preparatoria, es el juez de instrucción penal, que está a cargo del control jurisdiccional de la investigación. Más tarde la SC 0487/2005-R de 6 de mayo estableció que al margen que la causa se haya sorteado ante el tribunal de sentencia penal; el juez de instrucción penal debe proceder a su consideración conforme a derecho, ya que la misma todavía no radicó en el citado tribunal; entendimiento ratificado por la SC 0745/2007-R de 24 de septiembre y la SCP 2053/2012 de 15 de octubre, entre otras. Complementando a esta línea jurisprudencial, la SC 1584/2005- R de 7 de diciembre señaló que siendo el derecho a la libertad de importancia no solo primaria sino fundamental, es posible que el juez de instrucción penal pueda resolver la solicitud de cesación de la detención preventiva, aunque se hubiera presentado la acusación; siempre y cuando no haya radicado la causa en un determinado tribunal de sentencia penal;
entendimiento, reiterado por la SCP 0971/2016-S3 de 16 de septiembre, entre otras. Conforme a dicha línea jurisprudencial, las solicitudes de medidas cautelares podían ser conocidas por el juez de instrucción penal hasta que la causa sea radicada ante el juez o tribunal de sentencia penal; actuado con el cual, recién perdía competencia el primero. Sin embargo, dicha línea jurisprudencial fue cambiada por el entendimiento asumido en la SCP 0367/2017-S1 de 25 de abril; la cual, señaló que con la remisión de la causa ante el juez o tribunal de sentencia penal, se marca el inicio de la etapa de juicio oral del proceso penal; momento a partir del cual, adquieren competencia para conocer y resolver las solicitudes de medidas cautelares. En el mismo sentido, la SCP 0817/2017-S2 de 14 de agosto entiende que la remisión del expediente ante el tribunal de sentencia penal, por la interposición de la acusación fiscal, tiene como consecuencia que el juez de instrucción penal pierda competencia para resolver la solicitud de cesación de la detención preventiva. Ahora bien, cabe señalar que la jurisprudencia constitucional no es estática, sino dinámica, evolutiva, que va mutando, complementando, modulando, cambiando o reconduciendo la línea, en busca de precautelar el respeto y la vigencia plena de los derechos fundamentales y garantías constitucionales. En este entendido, habiéndose realizado el examen de la línea jurisprudencial respecto a la competencia de los jueces y tribunales para resolver las solicitudes de cesación a la detención preventiva, cuando se presentó la acusación fiscal, a la luz de la Constitución Política del Estado y de conformidad con los arts. 325 y 344 del CPP, modificados por el art. 8 de la Ley 586; corresponde de manera expresa efectuar una reconducción de la línea jurisprudencial, haciendo efectivos los principios de celeridad, seguridad jurídica y los derechos a la defensa, al debido proceso y a una justicia efectiva y sin dilaciones; por lo que, con relación a la competencia del juez de instrucción penal para conocer la cesación de la detención preventiva ante la interposición de una acusación fiscal; corresponde reconducir la línea establecida por la SC 0487/2005 a lo señalado en la SC 1584/2005-R de 7 de diciembre, que indica: …cuando se trata de una solicitud de cesación, también es posible que un Juez a cargo del control jurisdiccional pueda resolver dicha solicitud aún ya se hubiera presentado la acusación, pero siempre que no se hubiera radicado la causa en un determinado tribunal, así se colige del razonamiento aplicado por este Tribunal, que otorgó tutela en una problemática donde el Juez cautelar al margen de no señalar con la celeridad necesaria la audiencia para considerar la cesación solicitada se declaró incompetente por presentarse la acusación (…). Precedente del cual se establece que mientras no se radique la causa en el juzgado o tribunal de sentencia penal al que se derivó la misma, el juzgado remitente sigue teniendo competencia para resolver solicitudes de cesación o modificación de medidas cautelares. Reconducción que se realiza de conformidad con la Norma Suprema y con los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, que señalan que los privados de libertad, tienen derecho a la defensa, al debido proceso, al acceso a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, entre otros, que le facultan a interponer solicitudes de cesación de la detención preventiva en cualquier momento, hasta antes de ejecutoriada la sentencia; tomando en cuenta que, la imposición de esta medida, no causa estado y puede ser modificada en cualquier tiempo; y toda vez que, el juez de instrucción penal tiene el control jurisdiccional de la causa en la etapa preparatoria, es ésta, la autoridad que debe conocer y resolver las solicitudes de medidas cautelares, pese a la presentación de la acusación fiscal, siendo plenamente competente hasta que la causa sea radicada ante el juzgado o tribunal de sentencia penal, lo contrario, conllevaría dejar al imputado en incertidumbre jurídica. En este punto, es importante remarcar que toda autoridad que conozca una solicitud efectuada por una persona privada de libertad, debe atenderla con la mayor celeridad posible; es decir, de forma pronta y oportuna, o en su caso, dentro de un plazo razonable, debiendo adoptar las medidas necesarias para resolver con prontitud la situación de los imputados con detención preventiva. Si bien la norma procesal dispone cinco días como plazo máximo para celebrar la audiencia de cesación de la detención preventiva, esto no significa que debe esperarse el último día para llevar adelante la misma, correspondiendo aplicar los valores y principios constitucionales, previstos en el art. 8, complementado por los arts. 115 y 180.I, todos de la CPE, que establecen que la jurisdicción ordinaria se fundamenta en el principio procesal de celeridad, entre otros; motivo por el cual, los jueces de instrucción penal deben señalar las audiencias con la mayor prontitud posible; y, no deben suspenderlas sin razón justificable, de no ser así, se provocaría efectos dilatorios sobre los derechos del detenido que repercute o afecta a su libertad, sin que este razonamiento implique que necesariamente se deba deferir a su petición; sino, se refiere a que sea escuchado oportunamente” (las negrillas nos corresponden).
Los accionantes a través de su representante sin mandato, denuncian la vulneración de sus derechos a la libertad vinculados a los principios de celeridad y seguridad jurídica; puesto que, el Juez ahora accionado, tras sucesivas suspensiones de las audiencias de cesación de la detención preventiva -fijadas originalmente para los días 24 y 27 de febrero de 2023-, determinó en audiencia de 28 de igual mes suspender definitivamente la consideración de su libertad argumentando pérdida de competencia por la radicatoria de la acusación formal ante el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba; omitiendo que dichas solicitudes fueron interpuestas con anterioridad a la presentación del pliego acusatorio y que la mora procesal fue atribuible a la propia administración de justicia, impidiéndoles obtener una resolución pronta sobre su situación jurídica. Ahora bien, de la revisión de antecedentes, se tiene que mediante memorial de 15 de febrero de 2023, José Luis Gonzales Caracciolo accionante solicitó su cesación de la detención preventiva, señalándose audiencia para el día 16 de mismo mes y año; sin embargo, según el informe del Juez accionado, el accionante y su abogado no asistieron a dicho señalamiento; asimismo, el 24 de febrero del mismo año, reiteró dicha solicitud, fijándose nueva audiencia para el 27 de citado mes y año, a las 15:15 horas (Conclusión II.1.). En mérito a ello, consta que Fernando Jesús Vásquez Sandoval -coaccionante- también solicitó audiencia de cesación a la detención preventiva el 22 del mismo mes y año, fijándose para el 24 de igual mes y año; sin embargo, dicho acto fue suspendido de manera abrupta; tal es así que, el abogado de la parte accionante se apersonó al Juzgado de Instrucción Penal Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba a fin de realizar el reclamó sobre la falta de instalación de la audiencia, reclamo y manifestó que estuvieran esperando que se presente la acusación fiscal para que el juez señale que no tiene competencia, la secretaria señaló: “No creo que acuse, doctor, la verdad, pero sigue en plazo”; ante dicha respuesta el abogado solicita al juez una solución, conforme se extrae de los videos; (Conclusión II.4.); en definitiva, este acto fue suspendido de oficio por el Juez ahora accionado alegando que se encontraba sustanciando una audiencia con aprehendido, reprogramándola para el 27 de febrero de 2023 a las 15:00 horas (Conclusión II.2.). Posteriormente, el 27 de febrero de 2023, mediante acta de mismo día, se evidencia que las audiencias de ambos accionantes fueron nuevamente suspendidas y reprogramadas para el día siguiente a las 15:30 horas, bajo el argumento de falta de servicios de internet en la localidad de Sacaba, señalando textualmente: “…En virtud a que no se tiene internet en la localidad de Sacaba desde Horas 8:00 am y siendo que son dos audiencias de cesación a la detención preventiva, imposibilita que se lleve la presente audiencia siendo atribuible al órgano judicial esta situación…” (sic [Conclusiones II.3.]). Finalmente, el 28 de febrero de 2023, según el informe de la Secretaria del Juzgado y los datos del sistema, la acusación formal fue presentada el 27 de igual mes y año, a las 14:24 horas y remitida el 28 de mismo mes y año, a las 09:20 horas ante el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba, donde radicó ese mismo día (Conclusiones II.5., II.6. y II.7.). Planteada así la problemática, corresponde establecer si la actuación del Juez ahora accionado constituye la vulneración de los derechos denunciados; en ese contexto, en cuanto a la dilación indebida y la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, corresponde precisar que conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de la Presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la acción de libertad traslativa es el mecanismo idóneo para acelerar trámites judiciales cuando existe una dilación indebida que afecta la situación jurídica de un privado de libertad. En el caso de autos, se advierte que las solicitudes de cesación fueron presentadas los días 22 y 24 de febrero de 2023; no obstante, el Juez hoy accionado no imprimió la celeridad necesaria. Es imperativo resaltar que la suspensión del 24 de febrero de 2023 por “carga procesal” y la del 27 de mismo mes por “falta de internet” no son causales atribuibles a los accionantes. Como bien señala el propio Juez hoy accionado en su acta de fs. 32, estas deficiencias son “atribuibles al órgano judicial”. La jurisprudencia es clara al establecer que la crisis del sistema o las fallas técnicas no pueden ser trasladadas como un perjuicio al imputado, más aún cuando lo que está en juego es su derecho primario a la libertad física, en ese sentido, el hecho de suspender las audiencias, pese a que la parte imputada -accionantes-no tenía ningún perjuicio de esperar la sustanciación de otras audiencias a fin de que a posterior se lleve a cabo la suya, como señaló el abogado el 24 de febrero ante la Secretaria y Juez ahora accionado, señalando además que mencionado Juez pareciera que estuviera esperando que se presente la acusación formal para declinar competencia conforme el video de misma fecha (conclusión II.4.), habiendo tenido las solicitudes pendientes desde hace más de diez días, constituye una vulneración al principio de celeridad procesal. En cuanto a la competencia para resolver la cesación ante la acusación formal Respecto a la declaratoria de incompetencia del Juez hoy accionado el 28 de febrero de 2023, el Fundamento Jurídico III.2. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0222/2018-S2, ha reconducido la línea jurisprudencial estableciendo que: “…mientras no se radique la causa en el juzgado o tribunal de sentencia penal al que se derivó la misma, el juzgado remitente sigue teniendo competencia para resolver solicitudes de cesación o modificación de medidas cautelares”. En el caso de análisis, se advierte que la acusación formal fue presentada el 27 de febrero de 2023 a las 14:24 horas, momento en el cual el Juez hoy accionado aún tenía bajo su control las audiencias programadas. Si bien la radicatoria en el Tribunal de Sentencia se produjo el 28 de igual mes a las 9:20 horas, el mencionado Juez incurrió en una omisión indebida al no resolver de forma previa y prioritaria las solicitudes de libertad que fueron planteadas mucho antes de que el Ministerio Público presentara el pliego acusatorio; por lo que, la conducta del Juez denota una falta de resguardo al derecho de los accionantes a ser “escuchados oportunamente”. De los actos de suspensión y los videos presentados como prueba, resulta evidente que la autoridad esperó la radicatoria de la causa para desprenderse de su competencia, ignorando que su deber era atender las peticiones de cesación que ya estaban en su despacho desde el 22 y 24 de febrero. Esta dilación "buscada" se corrobora con el contenido de los videos de 24 de referido mes y año, (fs. 13 [Conclusión II.4.]), donde la defensa reclama ante la sospecha de que las suspensiones de audiencia obedecen a la espera de la acusación formal para aducir pérdida de competencia y las autoridades, en específico la secretaria señala que “No creo que acuse, doctor, la verdad, pero sigue en plazo”, situación que aconteció a posterior.
Por consiguiente, al acreditarse que las suspensiones de las audiencias no pueden ser atribuidas a los accionantes y que el Juez hoy accionado se apartó del conocimiento de la causa sin haber resuelto situaciones jurídicas pendientes vinculadas a la libertad -pese a ser competente en el momento de la solicitud-, se vulneró los derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento de celeridad. Finalmente, conforme al razonamiento expuesto, al haberse verificado que el Juez ahora accionado no cumplió con su deber de tramitar las solicitudes con la mayor prontitud posible y que la pérdida de competencia no puede ser una excusa para dejar en la incertidumbre jurídica a los accionantes cuando la demora es atribuible al juzgador, corresponde conceder la tutela. En consecuencia, la Jueza de garantías, al conceder la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 03/2023 de 4 de marzo, cursante de fs. 58 a 62 vta., emitida por la Jueza de Sentencia Penal Decimoprimera de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en los mismos términos dispuestos por la Jueza de garantías. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1096_2026-S1.pdf · páginas 1 a 14.
Huella digital del PDF (SHA-256): 5f374cc61d0395725b87c5e9a93f5fcc4057533b8c90fa4223cbcdb3cc3204d7
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