B.IA.LEGAL

SCP 1095/2025-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 29 de agosto de 2025

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
29 de agosto de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Isidora Jiménez Castro
Expediente
54852-2023-110-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante de tutela demanda lesión de sus derechos, a la libertad, al debido proceso y defensa; argumentando que: a) Lucio Fermín Flores Alarcón, Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz, no tomó en cuenta el anuncio ante su juzgado de nuevo único y exclusivo patrocinio legal, realizado mediante memorial de 13 de marzo de 2023, remitiendo el legajo de apelación ante la Sala Penal de Turno con el nombre y la dirección del antiguo abogado; y, b) Cesar Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, llevó adelante la audiencia de consideración de apelación incidental sin su presencia ni la de su abogado de confianza, confirmando el Auto de Vista confutado al no haberse escuchado agravio alguno, actuados que le pusieron en absoluta indefensión y vulneraron sus precitados derechos. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 047/2023 de 6 de abril, cursante de fs. 41 a 42, dictada por el Juez de Sentencia Penal y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero del Departamento de La Paz; en consecuencia:

1° CONCEDER, la tutela impetrada en relación a Cesar Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; 2° DENEGAR, la tutela solicitada en torno a Lucio Fermín Flores Alarcón, Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz; 3° Disponiendo, en el mismo sentido que el Juez de garantías, de no haber cumplido el Vocal demandado con dicho mandato.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Del debido proceso y su vinculación con el derecho a la libertad
  2. III.2. Sobre el derecho a la defensa material y técnica. Jurisprudencia reiterada
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1095/2025-S4 Sucre, 29 de agosto de 2025 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: MSc. Isidora Jiménez Castro Acción de libertad Expediente: 54852-2023-110-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 047/2023 de 6 de abril, cursante de fs. 41 a 42, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Edwin Condori Flores, contra Cesar Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y, Lucio Fermín Flores Alarcón, Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero de El Alto del mismo departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 17 de octubre de 2022, cursante de fs. 1; y, 25 a 31; el accionante, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal que el Ministerio Publico sigue en su contra por la presunta comisión del delito de acoso sexual y violación, el 10 de marzo de 2023, el Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz, dictó la Resolución 256/2023, disponiendo su detención preventiva por tres meses en el Centro Penitenciario de Qalahuma de La Paz, determinación carente de fundamentación, sobre todo a momento de valorar la prueba y los riesgos cuya acreditación correspondían a la parte acusadora, determinación ante la cual interpuso un Recurso de apelación incidental; el 13 del mismo mes y año, contrató otro abogado, quien en la fecha se apersonó ante Fiscalía y Juzgado como nuevo defensor y no en copatrocinio; sin embargo, la apelación remitida el 15 del mismo mes y año por el Juez de la causa ante la Sala Penal de Turno, no señaló los datos del nuevo causídico, consignando los del anterior defensor, de manera que la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que señaló audiencia para el 17 de marzo de 2023, no procedió a notificar de forma correcta a su abogado de confianza y menos a él, porque al encontrarse detenido preventivamente su celular fue secuestrado, quedando en total estado de indefensión; no obstante, pese a su ausencia, se dictó el Auto de Vista 211/2023, que declaró admisible la apelación confirmando íntegramente la Resolución 256/2023, bajo el argumento de falta de agravios, vulnerando su derecho a la defensa, reconocido en la Constitución Política del Estado, la normativa procesal penal y los instrumentos internacionales de derechos humanos, habiendo tramitado la apelación con vicios que derivaron en una Resolución ilegal.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El accionante denunció la lesión de sus derechos, a la libertad, al debido proceso y defensa; citando los arts. 115 y 125 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia se ordene: a) La nulidad del Auto de Vista 211/2023 de 17 de marzo; b) Al vocal demandado señale nueva audiencia, asegurando la presencia de la defensa técnica del imputado, sea de manera inmediata; y, c) Se emita nuevo Auto de Vista conforme la jurisprudencia constitucional y los plazos establecidos por ley.

I.2. Audiencia y Resolución

Celebrada la audiencia virtual el 6 de abril de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 40, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante en audiencia, ratificó in extenso el contenido de su acción tutelar.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

Cesar Portocarrero Cuevas, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, presentó informe escrito de 6 de abril de 2023, cursante a fs. 39 y vta., solicitando se deniegue la tutela con base en los siguientes argumentos: 1) El proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Edwin Condori Flores por acoso sexual y violación fue radicado en la Sala Penal Primera, mediante Resolución 211/2023 de 17 de marzo de 2023 se admitió el Recurso de apelación; pero, ante la inasistencia del imputado y su defensa, se confirmó la Resolución apelada; 2) La acción de libertad interpuesta carece de claridad respecto a las causales previstas en la Constitución Política del Estado y el Código Procesal Constitucional (CPCo), no identificó si demanda peligro para su vida, persecución ilegal, procesamiento indebido o privación indebida de libertad, lo que genera incongruencia entre el fundamento y el petitorio, motivo suficiente para su denegatoria; y, 3) El tribunal cumplió con las notificaciones y actuados para la audiencia, conforme al informe de la Auxiliar del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz, según el art. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP), la competencia del Tribunal de apelación se limita a los agravios planteados, los cuales no fueron expresados por inasistencia de la parte apelante, confirmándose la resolución; además, la acción de libertad no precisa si es correctiva, preventiva, innovativa o traslativa ni qué causal invoca conforme al art. 125 de la CPE y art. 46 del CPCo. Lucio Fermín Flores Alarcón, Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz, no compareció a la audiencia de consideración de esta acción tutelar, tampoco presentó informe escrito alguno, pese a su legal notificación cursante a fs. 34, limitándose a remitir el cuaderno procesal.

I.2.3. Resolución del Juez de garantías

El Juzgado de Sentencia Penal y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 047/2023 de 6 de abril, cursante de fs. 41 a 42, Concedió parcialmente la tutela solicitada por el accionante, disponiendo dejar sin efecto el Auto de vista 211/2023, debiendo la autoridad accionada señalar nuevo verificativo garantizando el derechos a la defensa que tiene todo privado de libertad; Denegando la tutela, respecto a la mala notificación realizada al abogado, determinación asumida con base en los siguientes fundamentos: i) En relación al Vocal de la Sala Penal Primera, dos circunstancias que se reclaman, no se notificó en el domicilio señalado con el nuevo apersonamiento; y, que pese a que no se encontraba presente el abogado prosiguió la consideración de la audiencia de medida cautelar en grado de apelación en relación a la situación jurídica de su libertad; ii) Sobre el primer punto, como se ha señalado en el art. 160 del CPP es claro y concreto, en consecuencia, la notificación realizada en mérito al informe realizado por Juzgado Cautelar y realizada por la Sala Penal Primera, tiene el valor legal y debidamente notificada; por lo cual, en este punto no hay agravio alguno que pueda ser tutelado; iii) Con relación al siguiente punto que no se encontraba el abogado pese a la legal notificación y pese a esa ausencia se habría proseguido la audiencia y determinado la confirmación del fallo, se debe tener presente la propia Sentencia Constitucional que acompaña en la presente acción SCP 0377/2021-S4 de 3 de agosto, establece en el supuesto fáctico en relación a la ausencia del abogado defensor en grado de apelación debe darse estricta aplicación del art. 113 del CPP; es decir, en ausencia del Abogado defensor en la apelación, debe designarse un defensor de oficio para que ejerza el derecho del imputado; más aún, que se encuentra privado de libertad, actuado que no fue realizado por el Vocal hoy accionado; y, iv) La autoridad jurisdiccional demandada debió aplicar el procedimiento descrito a fin de garantizar el derecho a la defensa que tiene el imputado –ahora accionante– que se encuentra privado de libertad; por lo cual, al haber resuelto el Auto de Vista 211/2023 de 17 de marzo, sin la presencia de la defensa técnica del apelante contravino al razonamiento constitucional referido, correspondiendo conceder la tutela referida solicitada en parte.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados se establece lo siguiente: II.1. Cursa Auto Interlocutorio 256/2023 de 10 de marzo de 2023, mediante el cual Lucio Fermín Flores Alarcón, Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz, resolvió la solicitud de detención preventiva solicitada por el Ministerio Público, disponiéndola en contra de Edwin Condori Flores –ahora accionante– (fs. 4 a 8). II.2. Consta memorial de 13 de marzo de 2023, presentado por Edwin Condori Flores –ahora accionante–, apersonándose al proceso y haciendo conocer que contrató al abogado René Salazar Villazarte para que ejerza su defensa técnica, expresando ser el único y exclusivo abogado de su confianza (fs. 9 y vta.), en respuesta el Juez de la causa emitió el proveído de 15 del mismo mes y año, teniendo presente lo antedicho y disponiendo las futuras notificaciones de acuerdo a lo informado (fs. 10). II.3. Cursa nota de 14 de marzo de 2023, a través de la cual, Lucio Fermín Flores Alarcón, Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz –ahora codemandado–, remitió el legajo de apelación a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia La Paz, (fs. 12), que fue recepcionado el 15 del mismo mes y año (fs. 12 vta.). II.4. Mediante Auto de Vista 211/2023 de 17 de marzo, Cesar Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, resolvió la apelación incidental planteada por la impetrante de tutela declarando su admisibilidad e improcedencia confirmando el Auto Interlocutorio 256/2023 de 10 de marzo, ante la inexistencia de agravios y haciendo constar la ausencia del impetrante, así como de su abogado (fs. 15 a 16).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante de tutela demanda lesión de sus derechos, a la libertad, al debido proceso y defensa; argumentando que: a) Lucio Fermín Flores Alarcón, Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz, no tomó en cuenta el anuncio ante su juzgado de nuevo único y exclusivo patrocinio legal, realizado mediante memorial de 13 de marzo de 2023, remitiendo el legajo de apelación ante la Sala Penal de Turno con el nombre y la dirección del antiguo abogado; y, b) Cesar Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, llevó adelante la audiencia de consideración de apelación incidental sin su presencia ni la de su abogado de confianza, confirmando el Auto de Vista confutado al no haberse escuchado agravio alguno, actuados que le pusieron en absoluta indefensión y vulneraron sus precitados derechos. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. Del debido proceso y su vinculación con el derecho a la libertad

Al respecto la SCP 0399/2018-S4 de 13 de agosto, haciendo referencia a la SC 0619/2005-R de 7 de junio, sostuvo que: “…para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad”. Con referencia al debido proceso vía acción de libertad, la SCP 0464/2015-S3 de 5 de mayo, estableció que: “Con relación al procesamiento indebido, la jurisprudencia constitucional fue uniforme al señalar que la vía idónea para su impugnación es la acción de amparo constitucional; sin embargo, cuando se demuestre que esas vulneraciones afectaron directamente al derecho a la libertad física o libertad de locomoción del accionante, dicha protección se verá materializada a través de la acción de libertad, en aquellos casos en los cuales, el procesamiento indebido constituya la causa directa que originó la restricción o supresión de los antes citados derechos previo cumplimiento de la subsidiariedad excepcional que rige a este tipo de acciones. Al respecto, la doctrina desarrollada por el entonces Tribunal Constitucional, estableció que la protección otorgada por la acción de libertad cuando se refiere al debido proceso, no abarca a todas las formas que puede ser vulnerado, sino, queda reservada para aquellos entornos que conciernen directamente al derecho a la libertad física y de locomoción; caso contrario, deberá ser tutelado mediante la acción de amparo constitucional, dado que mediante ésta no es posible analizar actos o decisiones demandados como ilegales que no guarden vinculación con los derechos citados. Además de este requisito, debe tenerse presente que opera igualmente el principio de subsidiariedad, de modo que previo a su interposición, deberán agotarse los medios idóneos dentro de la jurisdicción ordinaria donde se tramita la causa, y no pretender su tutela en el ámbito constitucional, cuando los reclamos no fueron activados oportunamente, habida cuenta que no puede utilizarse para salvar la negligencia de la parte accionante. Entendimiento que fue asumido también por las SSCC 0200/2002-R, 0414/2002-R, 1865/2004-R, 0619/2005-R y 0057/2010-R, entre otras” (las negrillas son nuestras). En ese marco, la SCP 0059/2018-S4 del 16 de marzo, sostuvo que: “Línea jurisprudencial que fue ratificada por este Tribunal Constitucional Plurinacional de manera sistemática, ya que la misma se encuentra acorde al diseño constitucional y legislativo vigente, pues el acoger mediante una acción de libertad otros elementos del debido proceso que no estén vinculados directamente con el derecho a la libertad, resultaría desconocer la voluntad del legislador y desnaturalizar el alcance jurídico-constitucional de la acción de amparo constitucional y de esta propia acción, pues cada uno de estos medios de defensa, tienen una naturaleza jurídica diferente y por el principio de seguridad jurídica, debemos respetar su ingeniería jurídica y su plena efectividad” (las negrillas nos pertenecen).

III.2. Sobre el derecho a la defensa material y técnica. Jurisprudencia reiterada

Sobre el intitulado, la SCP 0537/2020-S3 de 15 de septiembre, sostuvo que: “Respecto a la inviolabilidad de la defensa, este Tribunal a través de la SCP 0552/2018-S4 de 19 de septiembre, que recoge y ratifica a su vez los entendimientos asumidos por la SCP 0224/2012 de 24 de mayo, estableció que: `El art. 119.II de la CPE dispone que: «Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa», derecho que cobra mayor relevancia en el proceso penal dada la supremacía de los bienes o valores jurídicos que se ponen en juego, motivo por el que debe ser interpretado a luz de los Tratados y Convenios Internacionales de Derechos Humanos ratificados por el Estado boliviano, de acuerdo a lo establecido en la última parte del art. 13.IV de la Ley Fundamental. En ese entendido, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su art. 14.3 señala que: «Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida por un defensor de su elección…». De igual forma, la Convención Americana sobre Derecho Humanos, en su art. 8.2 expresa que: `Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor‴ (…).

En ese sentido y aplicando los entendimientos que hacen a la defensa como garantía del debido proceso en una audiencia de apelación de medidas cautelares, al resolver el caso concreto, en su ratio decidendi el citado fallo constitucional, SCP 0552/2018-S4, estableció: `(…) asumiendo un criterio subjetivo respecto a la advertida ausencia del abogado del accionante, implicando con dicho razonamiento el desconocimiento del derecho a la defensa material y técnica del ahora impetrante de tutela, toda vez que, conforme el acta de audiencia de fundamentación oral de apelación de medidas cautelares el Secretario de Cámara hoy también codemandado, hizo conocer al Tribunal de alzada que el imputado se encontraba en la audiencia sin su abogado defensor, no se advierte que los Vocales demandados le hubieren cedido la palabra, para que pudiera exponer argumento alguno respecto a la finalidad de la actuación procesal desarrollada; contraviniendo la esencia del derecho a la defensa material, que trasunta en la posibilidad que el imputado tiene que defenderse por sí mismo e intervenir en todos los actos del proceso que incorporen elementos de prueba y a formular las peticiones y observaciones que considere oportunas conforme lo establece el art. 8 del CPP. En esta misma línea de análisis, con relación al derecho a la defensa técnica, el art. 9 del CPP, establece que: «Todo imputado tiene derecho a la asistencia y defensa de un abogado desde el primer acto del proceso hasta el fin de la ejecución de la sentencia. Este derecho es irrenunciable», por ello el derecho a la defensa es inviolable por los particulares o autoridades que impidan o restrinjan su ejercicio, es decir, que contar con la asistencia de un abogado que ejerza la defensa técnica en las diferentes etapas del proceso penal es un derecho que resulta ser irrenunciable, y que constituye una efectiva garantía para el resguardo y protección de los derechos fundamentales del imputado, que imperativamente debe ser ejercida sea por el abogado de confianza, abogados de Defensa Pública o el defensor de oficio, exigencia que de ninguna manera puede ser desconocida por las autoridades jurisdiccionales, por lo que, el argumento de los Vocales demandados de que `…en audiencia no se ha expuesto argumento alguno por parte del apelante, debido a la inasistencia de su abogado defensor´, son fundamentos que no justifican de ninguna manera la omisión de garantizar la asistencia de defensa técnica al apelante”. Con relación al derecho amplio e irrestricto a la defensa, en la Opinión Consultiva (OC) 11/90 de 10 de agosto de 1990, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se manifestó que: `24. Ese deber de organizar el aparato gubernamental y de crear las estructuras necesarias para la garantía de los derechos está relacionado, en lo que a asistencia legal se refiere, con lo dispuesto en el artículo 8 de la Convención. Este artículo distingue entre acusación[es] penal[es] y procedimientos de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter (…). En el contexto de la jurisprudencia constitucional glosada y los elementos desarrollados en la Opinión Consultiva citada precedentemente, -que si bien no es vinculante al no ser un fallo emitido por la CIDH; empero, se constituye en doctrina- se concluye que el derecho a la defensa es un elemento constitutivo del debido proceso, que tiene mayor incidencia procesal en su eficacia cuando se trata de materia penal, lo que obliga a la jurisdicción ordinaria a garantizar el ejercicio de ese derecho durante todo el desarrollo de un proceso penal, desde los actos iniciales hasta la emisión de la sentencia que corresponda y que la misma esté ejecutoriada; ello conlleva no una mera enunciación formal, sino la garantía eficaz de la defensa material, que implica el derecho del procesado a defenderse haciendo uso de la palabra cuando así lo requiera para exponer determinadas situaciones, y la defensa técnica, que importa a su vez la elección de un profesional causídico de confianza y el patrocinio de este durante el proceso o en su defecto ante la imposibilidad de ejercicio de un abogado de confianza ya sea de forma temporal o permanente, la obligación que tiene el Estado de proporcionar un defensor de oficio, nótese en consecuencia la connotación constitucional de este derecho que impide se lleven adelante actos procesales en ausencia de defensa técnica y/o impidiendo la defensa material, así como la suspensión de los mismos sin proporcionar un defensor de oficio, evitando la prosecución del proceso‴ (las negrillas nos corresponden).

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante de tutela demanda lesión de sus derechos, a la libertad, al debido proceso y defensa; argumentando que: 1) Lucio Fermín Flores Alarcón, Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz, no tomó en cuenta el anuncio ante su juzgado de nuevo único y exclusivo patrocinio legal, realizado mediante memorial de 13 de marzo de 2023, remitiendo el legajo de apelación ante la Sala Penal de Turno con el nombre y la dirección del antiguo abogado; y, 2) Cesar Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, llevó adelante la audiencia de consideración de apelación incidental sin su presencia ni la de su abogado de confianza, confirmando el Auto de Vista confutado al no haberse escuchado agravio alguno, actuados que le pusieron en absoluta indefensión y vulneraron sus precitados derechos.

De lo traído en revisión, tenemos que dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión de los delitos de acoso sexual y violación, el Juez de la causa dispuso su detención preventiva mediante el Auto Interlocutorio 256/2023 de 10 de marzo (Conclusión II.1), determinación ante la cual interpuso incidente de apelación incidental en audiencia; después, mediante memorial de 13 de marzo de 2023, Edwin Condori Flores –ahora accionante–, hizo conocer al Juez de la causa que contrató al abogado René Salazar Villazarte para que ejerza su defensa técnica, expresando ser el único y exclusivo abogado de su confianza; en respuesta, el Juez de la causa emitió el proveído de 15 del mismo mes y año, teniendo presente lo antedicho y disponiendo las futuras notificaciones de acuerdo a lo informado (Conclusión II.2); empero, el 14 de marzo de 2023, Lucio Fermín Flores Alarcón, Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero de El Alto del citado departamento –ahora codemandado–, remitió el legajo de apelación a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia La Paz, que fue recepcionado el 15 del mismo mes y año (Conclusión II.3); a continuación, mediante Auto de Vista 211/2023 de 17 de marzo, Cesar Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz –ahora accionado–, resolvió la apelación incidental planteada por el impetrante de tutela declarando su admisibilidad e improcedencia confirmando el Auto Interlocutorio 256/2023 de 10 de marzo ante la inexistencia de agravios, haciendo constar la ausencia del impetrante así como de su abogado (Conclusión II.4). Establecida la problemática de la presente acción tutelar, en la presunta omisión del Juez cautelar al no remitir los datos correctos en el legajo de apelación incidental interpuesta contra el Auto Interlocutorio que ordenó su detención preventiva y el actuar del Vocal que resolvió su recurso sin notificarle con la audiencia, llevando adelante la audiencia sin la presencia del imputado ni su abogado, tenemos que estos aspectos procesales se encuentran relacionados de manera directa con la libertad del impetrante de tutela y ante una posible vulneración al debido proceso es viable ingresar al fondo de la problemática traída en revisión de acuerdo al Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; pues, cuando se acredite que las vulneraciones incidieron de manera directa en el derecho a la libertad física o de locomoción del accionante, la tutela correspondiente se hará efectiva mediante la acción de libertad; siempre que, el indebido procesamiento sea la causa inmediata de la restricción o supresión de dichos derechos, y se haya observado previamente la regla de subsidiariedad excepcional aplicable a este tipo de acciones. En ese entendido, es necesario realizar un análisis de cada uno de los demandados: Lucio Fermín Flores Alarcón, Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz, de acuerdo a lo relacionado no habría tomado en cuenta el memorial de 13 de marzo de 2023 en que el ahora impetrante de tutela anunció nuevo y exclusivo patrocinio legal, sobre este punto tenemos que el citado memorial ingresó a despacho y fue decretado el 15 del mismo mes y año; así mismo, consta que la remisión del legajo incidental del proceso que nos ocupa fue propiciado mediante nota de 14 de marzo de 2015 y recepcionado en la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, el 15 de idéntico mes y año, a hrs. 08:40, de donde se establece que el Juez de la causa no pudo prever lo reclamado ante el trámite posterior a la apelación que se llevaba adelante y los plazos de este, resultando que a través de la prueba aportada no se puede establecer un accionar contrario al debido proceso por parte de la autoridad accionada. Cesar Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, de acuerdo a lo establecido por el impetrante de tutela habría realizado una errónea notificación con la fecha y hora de audiencia de resolución de su Recurso de apelación incidental, lo que decanto en la ausencia del imputado y su defensa, aspecto, que no puede ser reclamado al Vocal ahora demandado quedando claro que rigió sus actuaciones con base en los datos del proceso que le fue remitido, desconociendo cualquier otra incidencia, ahora bien un segundo aspecto demandado respecto a esta autoridad jurisdiccional es que pese a la ausencia del imputado y su abogado defensor llevó adelante la audiencia programada, sobre este aspecto el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional que señala: “el derecho a la defensa es inviolable por los particulares o autoridades que impidan o restrinjan su ejercicio, es decir, que contar con la asistencia de un abogado que ejerza la defensa técnica en las diferentes etapas del proceso penal es un derecho que resulta ser irrenunciable, y que constituye una efectiva garantía para el resguardo y protección de los derechos fundamentales del imputado, que imperativamente debe ser ejercida sea por el abogado de confianza, abogados de Defensa Pública o el defensor de oficio, exigencia que de ninguna manera puede ser desconocida por las autoridades jurisdiccionales, por lo que, el argumento de los Vocales demandados de que “…en audiencia no se ha expuesto argumento alguno por parte del apelante, debido a la inasistencia de su abogado defensor”, son fundamentos que no justifican de ninguna manera la omisión de garantizar la asistencia de defensa técnica al apelante”, de la revisión del Auto de Vista 211/2023 de 17 de marzo, éste establece que: “la parte accionante no se presentó ni se vinculó a la Sala Virtual, así como tampoco su abogado de defensa y por consiguiente no fundamentó de manera oral los agravios que la resolución impugnada hubiera causado” (sic), tal razonamiento implica el desconocimiento del derecho a la defensa material y técnica del ahora impetrante de tutela, ello se evidencia en el acta de audiencia de fundamentación oral de apelación de medidas cautelares, en la cual el Secretario de Cámara informó al Tribunal de alzada la ausencia del imputado y su letrado; pese a esta circunstancia, no se advierte que el Vocal demandado proceda a la designación de un defensor de oficio que tenga la posibilidad de exponer los argumentos sobre la finalidad de la actuación procesal o solicite la suspensión del actuado de acuerdo al art. 113 del CPP, dicha omisión vulnera la esencia del derecho a la defensa técnica; que, conforme al art. 9 del mismo cuerpo normativo, establece el derecho a la defensa técnica de todo imputado, asegurando la asistencia de un abogado desde el inicio del proceso hasta la ejecución de la sentencia, siendo este derecho irrenunciable debiendo cumplirse sin demoras, nombrando un defensor de oficio si el imputado no elige uno o este no acepta el cargo, la doctrina procesal ha señalado que la defensa técnica constituye una garantía irrenunciable que coexiste con la defensa material, siendo ambas complementarias y necesarias para asegurar un debido proceso; en consecuencia, Cesar Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, al haber llevado adelante la mentada audiencia sin la presencia del abogado del imputado no solo restringió formalmente su derecho a la defensa; sino que, lo vacía de contenido, contrariando los principios de contradicción, igualdad de partes y tutela judicial efectiva vinculado con el derecho al debido proceso, debiéndose en consecuencia conceder la tutela impetrada en relación a esta autoridad y punto específico. En consecuencia, el Juez de garantías al conceder parcialmente la tutela solicitada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 047/2023 de 6 de abril, cursante de fs. 41 a 42, dictada por el Juez de Sentencia Penal y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero del Departamento de La Paz; en consecuencia:

1° CONCEDER, la tutela impetrada en relación a Cesar Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; 2° DENEGAR, la tutela solicitada en torno a Lucio Fermín Flores Alarcón, Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz; 3° Disponiendo, en el mismo sentido que el Juez de garantías, de no haber cumplido el Vocal demandado con dicho mandato. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

MSc. Isidora Jiménez Castro René Yván Espada Navía MAGISTRADA MAGISTRADO

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1095_2025-S4.pdf · páginas 1 a 12.

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