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SCP 1094/2026-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 1 de julio de 2026

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera Especializada
Fecha
1 de julio de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Expediente
59232-2023-119-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

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El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la dignidad, a la libertad y seguridad personal, a ser protegido oportunamente, al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; puesto que, se presentó de forma voluntaria al proceso penal que le sigue el Ministerio Público por la presunta comisión del delito previsto en el art. 272 bis del CP, a efectos de colaborar con la investigación, solicitando de manera expresa se tome su declaración informativa; empero, en ese acto procesal le hicieron conocer la Resolución Fiscal de Aprehensión de 6 de septiembre de 2023 y la orden de aprehensión, emitida por el Fiscal de Materia hoy accionado, desnaturalizando el instituto de la aprehensión, utilizando como fundamento contradictorio e insuficiente un hecho que ya se habría sometido a la jurisdicción penal; por lo que, su derecho a la libertad se encontraría limitado. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) La subsidiariedad excepcional en la acción de libertad frente a actos supuestamente ilegales cometidos por el Ministerio Público y/o funcionarios de la Policía Boliviana; b) Oportunidad procesal para desistir o retirar la acción de libertad; y, c) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 172/2023 de 7 de septiembre, cursante de fs. 16 a 24, pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.

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Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La subsidiariedad excepcional en la acción de libertad frente a actos supuestamente ilegales cometidos por el Ministerio Público y/o funcionarios de la Policía Boliviana
  2. III.2. Oportunidad procesal para desistir o retirar la acción de libertad
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1094/2026-S1 Sucre, 1 de julio de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 59232-2023-119-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 172/2023 de 7 de septiembre, cursante de fs. 16 a 24, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Martín Daniel Irusta Flores en representación sin mandato de Harold Alberto Lora Seoane contra Ricardo Diego Caballero Quilla, Fiscal de Materia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 6 de septiembre de 2023, cursante de fs. 7 a 11, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona -Harold Alberto Lora Seoane-, por la presunta comisión de los delitos de “orden público”, previsto y sancionado por el art. “272 bis” del Código Penal (CP), mediante una denuncia verbal de 13 de mayo de 2023, por hechos distintos, el primero ocurrido en 12 del mismo mes y año, otro de 18 de agosto de 2022, respecto al cual existe una resolución de rechazo que al no ser impugnada tiene calidad de cosa juzgada. Es así que el 6 de septiembre de 2023, se presentó de forma voluntaria a efectos de colaborar en la investigación, solicitando de manera expresa se tome su declaración informativa, en ese acto procesal hizo conocer la inconcurrencia de riesgos procesales y señaló su domicilio en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra; circunstancia en que le hicieron conocer la Resolución Fiscal de Aprehensión de 6 del referido mes y año, conforme lo dispuesto por el art. 226 del Código de Procedimiento Penal (CPP), y la orden de aprehensión limitando de esa manera su derecho a la libertad. Señala que el Fiscal de Materia hoy accionado, al emitir la Resolución Fiscal de Aprehensión de 6 de septiembre de 2023, estaría desnaturalizando el instituto de la aprehensión, utilizando como fundamento contradictorio e insuficiente un hecho que ya fue sometido a la “jurisdicción penal” y sobre el cual existe una resolución de .

rechazo, con relación al hecho supuestamente sucedido el 18 de agosto de 2022 y tomó como segundo elemento incorporado como sustento de riesgo procesal sin la existencia de un certificado médico forense, agravando así su situación procesal pese a no existir el presupuesto material de existencia del riesgo procesal para emitir mandamiento alguno; de igual forma, respecto al elemento subjetivo establecido en la supuesta fundamentación del riesgo procesal contenido en el art. 234.7 del CPP, se determina un criterio jurisprudencial que atenta contra la naturaleza de la medida cautelar y el principio de legalidad vinculado al debido proceso, atendiendo al criterio que no deben utilizarse fundamentos abstractos ni susceptibles de enervar; ya que, todos los riesgos por su naturaleza temporal y provisional, son enervables; por lo que, no pueden ser limitados ante la invocación de una Sentencia Constitucional; ya que, limitaría más al contrario un cambio de línea o interpretación.

I.1.2. Derechos, garantía y principios supuestamente vulnerados

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la dignidad, a la libertad y seguridad personal, a ser protegido oportunamente, al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; citando al efecto los arts. 22, 23.I, 25.I, ”29” “46” y 115.I y II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga que: a) Se deje sin efecto la Resolución Fiscal de Aprehensión de 6 de septiembre de 2023 y el correspondiente mandamiento de 6 de igual mes y año; b) Se ordene que pueda defenderse en libertad; y, c) Se sancione al Fiscal de Materia ahora accionado por emitir requerimientos infundamentados.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 7 de septiembre de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 14 a 15, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado, en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

Ricardo Diego Caballero Quilla, Fiscal de Materia, en audiencia manifestó que: 1) Luego de ser aprehendido el accionante, fue puesto a conocimiento de la autoridad jurisdiccional del presente caso no en el plazo de veinticuatro horas, si no a las “4:00 horas” después de su aprehensión; por lo que, tenía la oportunidad de presentar un incidente ante el Juez de instrucción; sin embargo, el accionante no presentó ninguno, y, 2) Por la jurisdicción constitucional el nombrado pretendería subsanar su error.

I.2.3. Resolución

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El Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 172/2023 de 7 de septiembre, cursante de fs. 16 a 24, denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos: i) Si se da por bien hecho el retiro de la acción de libertad y no se pronunciaría al respecto; se estaría en contra del art. 203 de la CPE; ii) En el presente caso, se tiene un inicio de investigación; es decir, una autoridad jurisdiccional cautelar conoce respecto a las incidencias interpuestas; además, el accionante refirió que en una oportunidad planteó un incidente de actividad procesal defectuosa; en consecuencia, existe el control por autoridad jurisdiccional; y, iii) Existe una imputación formal; ya que, el Fiscal de Materia hoy accionado encontró que concurrían los presupuestos para su emisión. Es más; asimismo, la autoridad jurisdiccional que conoce el presente caso ya habría señalado audiencia para la consideración de medidas restrictivas a la libertad del accionante para el día de “hoy” a las 12:00 horas, sin embargo, dicha audiencia no se efectuó; puesto que, se encuentra pendiente la resolución de esta acción de libertad.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Mediante decreto constitucional de 8 de abril de 2026, cursante a fs. 28, se dispuso la suspensión de plazo para la emisión de la correspondiente resolución a efectos de recabar documentación complementaria, reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el decreto constitucional de 8 de julio del citado año, cursante a fs. 32; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del término legal.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Resolución Fiscal de Aprehensión de 6 de septiembre de 2023, emitida por Ricardo Diego Caballero Quilla, Fiscal de Materia -ahora accionado- contra Harold Alberto Lora Seoane -hoy accionante-, disponiendo su aprehensión, conforme lo dispuesto por el art. 226 del CPP (fs. 4 a 6). II.2. Mediante memorial presentado el 7 de septiembre de 2023, ante el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, el accionante solicitó el retiro de la acción de libertad (fs. 13).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

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El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la dignidad, a la libertad y seguridad personal, a ser protegido oportunamente, al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; puesto que, se presentó de forma voluntaria al proceso penal que le sigue el Ministerio Público por la presunta comisión del delito previsto en el art. 272 bis del CP, a efectos de colaborar con la investigación, solicitando de manera expresa se tome su declaración informativa; empero, en ese acto procesal le hicieron conocer la Resolución Fiscal de Aprehensión de 6 de septiembre de 2023 y la orden de aprehensión, emitida por el Fiscal de Materia hoy accionado, desnaturalizando el instituto de la aprehensión, utilizando como fundamento contradictorio e insuficiente un hecho que ya se habría sometido a la jurisdicción penal; por lo que, su derecho a la libertad se encontraría limitado. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) La subsidiariedad excepcional en la acción de libertad frente a actos supuestamente ilegales cometidos por el Ministerio Público y/o funcionarios de la Policía Boliviana; b) Oportunidad procesal para desistir o retirar la acción de libertad; y, c) Análisis del caso concreto.

III.1. La subsidiariedad excepcional en la acción de libertad frente a actos supuestamente ilegales cometidos por el Ministerio Público y/o funcionarios de la Policía Boliviana

La SCP 0441/2018-S2 de 27 de agosto, señala que: “…sentó la línea jurisprudencial sobre la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, determinando que en los supuestos en los que existan medios idóneos para reparar de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad física ilegalmente restringido, los mismos deben ser utilizados antes de acudir a la justicia constitucional a través de la acción de libertad. En el marco de dicho entendimiento, la SC 0181/2005-R de 3 de marzo señaló que en la etapa preparatoria del proceso penal, se deben impugnar las supuestas lesiones a derechos y garantías en los que puedan incurrir los órganos encargados de la persecución penal ante el juez de instrucción penal, no resultando compatible activar directamente o de manera simultánea, la justicia constitucional. Por su parte, la SC 0054/2010-R de 27 de abril puntualizó que las denuncias de actos ilegales u omisiones indebidas en las que pudieran incurrir los fiscales y policías durante la etapa preparatoria, que implique vulneración de derechos fundamentales, deben ser presentadas ante el juez de instrucción penal, sin que sea admisible acudir directamente ante la jurisdicción constitucional; consecuentemente, la SC 0080/2010-R de 3 de mayo sistematizó tres supuestos de subsidiariedad excepcional de la acción de libertad para los casos en los que, en materia penal se impugnen actuaciones no judiciales -antes de la imputación formal- y judiciales -posteriores a la imputación-, en los cuales de manera excepcional, no es posible ingresar al fondo de la acción de libertad, a objeto de .

guardar el equilibrio y complementariedad entre ambas jurisdicciones. Más tarde, la SCP 0185/2012 de 18 de mayo sostuvo que si la acción de libertad está fundada en la restricción del derecho a la libertad personal, por causa de haberse restringido la misma, al margen de los casos y formas establecidas por ley y no esté vinculado a un delito o no se hubiera dado aviso de la investigación, la acción de libertad puede ser presentada de manera directa. Posteriormente, la SCP 0482/2013 de 12 de abril, en el Fundamento Jurídico III.2.2, sistematizó las reglas de la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, conforme a lo siguiente: 1. Cuando la acción de libertad esté fundada directamente en la vulneración al derecho a la libertad personal por causa de haberse restringido la misma al margen de los casos y formas establecidas por ley, y no esté vinculada a un delito y por tanto no se hubiera dado aviso de la investigación, la acción puede ser activada de forma directa contra las autoridades o persona que violentaron la Constitución Política del Estado y la ley (…) 2. Cuando el fiscal da aviso del inicio de la investigación al Juez cautelar y ante la denuncia de una supuesta ilegal aprehensión, arresto u otra forma de restricción de la libertad personal o física por parte de un Fiscal o de la Policía, el accionante, previo a acudir a la jurisdicción constitucional debe en principio, denunciar todos los actos restrictivos de su libertad personal o física ante la autoridad que ejerce el control jurisdiccional. 3. Cuando el accionante hubiera denunciado los actos restrictivos de su libertad personal o física ante el Juez cautelar, como también, paralela o simultáneamente a la jurisdicción constitucional a través de la acción de libertad, sobreviene también la subsidiaridad.

(…) Finalmente, la SCP 1888/2013 de 29 de octubre, moduló la SCP 0185/2012 y el primer supuesto de las subreglas anotadas por la SCP 0482/2013 antes citada, señalando que es posible la presentación directa de la acción de libertad, prescindiendo de la subsidiariedad excepcional, cuando: a) La supuesta lesión o amenaza del derecho a la libertad física o personal no esté vinculada a un delito; o, b) Cuando existiendo dicha vinculación, no se informó al juez de instrucción penal sobre el inicio de las investigaciones, no obstante haber transcurrido los plazos establecidos para el efecto en el Código de Procedimiento Penal; último supuesto, que de ninguna manera, implica que ante restricciones del derecho a la libertad, al margen de los casos y formas establecidas por ley, no sea posible la presentación de la acción de libertad en forma directa, antes de haber transcurrido los plazos establecidos en la norma procesal penal. En síntesis, es posible la presentación directa de la acción de libertad, .

en el primer supuesto señalado en la SCP 0482/2013, cuando: 1) La supuesta lesión o amenaza del derecho a la libertad física o personal no esté vinculada a un delito; 2) Cuando existiendo dicha vinculación: 2.i) No se informó al juez de instrucción penal sobre el inicio de las investigaciones, no obstante haber transcurrido los plazos establecidos para el efecto en el Código de Procedimiento Penal, o cuando: 2.ii) No habiendo transcurrido dichos plazos, se hubiere restringido el derecho a la libertad, al margen de los casos y formas establecidas por ley. De conformidad a la sistematización de la línea jurisprudencial anotada, el juez de instrucción penal es la autoridad judicial encargada del control jurisdiccional de la investigación, desde los actos iniciales hasta la conclusión de la etapa preparatoria, siendo también, llamada por ley para atender cualquier denuncia de vulneración de derechos fundamentales y garantías constitucionales durante esta etapa.” (las negrillas nos corresponden).

III.2. Oportunidad procesal para desistir o retirar la acción de libertad

La SCP 0222/2015-S3 de 5 de marzo, señala que: “Sobre la oportunidad procesal para considerar el retiro o desistimiento de la acción de libertad, la jurisprudencia ha desarrollado a través de la SCP 1090/2012 de 5 de septiembre, que cita a su vez a la SCP 0103/2012 de 23 de abril, señalando que: ‘…Conforme las normas constitucionales que disciplinan la acción de libertad (art. 125 y ss., de la CPE), la única oportunidad procesal para desistir o retirar la acción de libertad, es hasta antes de señalado el día y hora de la audiencia pública, es decir, cualesquiera de estas actuaciones (retiro o desistimiento) serán inadmisibles después de esta actuación procesal (señalamiento de día y hora de audiencia pública) por las siguientes razones: a) De orden procesal. Existe mandato constitucional expreso respecto al procedimiento al que debe sujetarse el juez o tribunal de garantías. Tiene el deber de señalar de inmediato día y hora de la audiencia pública, la que tendrá lugar dentro de las veinticuatro horas de interpuesta la acción (art. 126.I de la CPE), y -después de cumplidas las formalidades procesales- ésta (la audiencia pública) no puede suspenderse en ningún caso (art. 126.II de la CPE), por lo mismo, tiene la obligación de dictar sentencia en el fondo, incluso bajo responsabilidad (art. 126.III de la CPE), último aspecto que el legislador constituyente ha decidido incidir -a diferencia de la Constitución abrogada-. b) De orden sustantivo. La Norma fundamental, establece y regula el procedimiento antes mencionado con mandatos expresos al juez o tribunal de garantías incluso bajo responsabilidad no como un fin en sí mismo, sino en razón a que la justicia constitucional a través de la acción de libertad se activa para proteger derechos subjetivos (disponibles) y además derechos en su dimensión objetiva, es decir, busca evitar la reiteración de conductas reñidas contra el orden público constitucional y los bienes constitucionales protegidos de tutela reforzada.

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(…) El razonamiento jurídico de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, (…) constituye la línea jurisprudencial que debe seguirse respecto a la oportunidad procesal para considerar el retiro o desistimiento de la acción de libertad’. Bajo estos fundamentos es importante referirse sobre el acto de retiro o desistimiento de la demanda de acción de libertad realizado por los accionantes mediante su representante, con carácter previo a resolver la problemática planteada”.

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la dignidad, a la libertad y seguridad personal, a ser protegido oportunamente, al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; puesto que, se presentó de forma voluntaria al proceso penal que le sigue el Ministerio Público por la presunta comisión del delito previsto en el art. 272 bis del CP, a efectos de colaborar con la investigación, solicitando de manera expresa se tome su declaración informativa; en ese acto procesal le hicieron conocer la Resolución Fiscal de Aprehensión de 6 de septiembre de 2023, y la orden de aprehensión, emitida por el Fiscal de Materia ahora accionado, desnaturalizando de esta manera el instituto de la aprehensión, utilizando como fundamento contradictorio e insuficiente un hecho que ya se habría sometido a la jurisdicción penal, por lo que, su derecho a la libertad se encontraría limitado.

Ahora bien, de la revisión de los antecedentes se tiene que cursa Resolución Fiscal de Aprehensión de 6 de septiembre de 2023, emitida por el Fiscal de Materia hoy accionado contra el accionante, disponiendo su aprehensión, conforme lo dispuesto por el art. 226 del CPP (Conclusión II.1.).

Asimismo, mediante memorial presentado por el accionante el 7 de septiembre de 2023, ante el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, el referido solicitó el retiro de la acción de libertad (Conclusión II.2.). En ese contexto, corresponde precisar que conforme a la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, se tiene que, ante denuncias de actos ilegales u omisiones indebidas en las que pudieran incurrir los fiscales y funcionarios de la policía boliviana durante la investigación que constituya vulneración de derechos fundamentales, tales reclamos deben ser presentadas ante el juez de instrucción penal del control jurisdiccional; ya que, el art. 54 del CPP, dispone que: “Las juezas o los jueces de instrucción son competentes para: 1. El control de la investigación, conforme a las facultades y deberes previstos en este Código;” normativa que se vincula con el párrafo primero del art. 279 del citado Código, señala .

que: “La Fiscalía y la Policía Nacional actuarán siempre bajo control jurisdiccional”. En ese sentido, el Ministerio Público debe actuar siempre bajo el control ejercido por el Juez de Instrucción Penal, cuya competencia se activa ante el Juez de turno, cuando aún no se dio aviso el inicio de investigación, o en su caso, de forma inmediata cuando el Fiscal de Materia informa el inicio de la misma a la autoridad judicial que se encuentra conociendo el caso. Sin embargo, con carácter previo es necesario referirse al acto de retiro o desistimiento de la demanda de acción de libertad efectuado por el accionante; en consecuencia, se tiene el retiro de la acción de libertad presentado, por memorial de 7 de septiembre de 2023 (Conclusión II.2.), ante el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, el cual se presentó cuando ya señaló audiencia pública para la misma fecha (fs. 12); es decir, el accionante habría presentado su memorial de retiro de la acción de libertad, el mismo día, a las 9:47 horas (fs. 13) inclusive cuando el Fiscal de Materia ahora accionado ya se encontraba notificado, con la acción de libertad y el señalamiento de audiencia, esto por informe del Secretario (fs. 14). Por consiguiente, y en coherencia a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene que fue acertada la decisión del Juez de garantías al continuar con las actuaciones posteriores y llevar a cabo la audiencia de consideración de la acción; puesto que, la presentación del memorial de retiro de la acción de libertad, fue realizada de manera extemporánea; es decir, después de que ésta fuera admitida y cuando ya se encontraba con el señalamiento de la audiencia. Por consiguiente, el objeto procesal pretendido por el accionante es que se deje sin efecto la Resolución Fiscal de Aprehensión, y la Orden de Aprehensión de 6 de septiembre de 2023, emitida por el Fiscal de Materia hoy accionado, puesto que, dicha resolución desnaturaliza el instituto de la aprehensión; por lo que, se encontraría limitado en su libertad; en ese sentido, su reclamo debió ser efectuado al Juez a cargo del control jurisdiccional; ya que, conforme al Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional es quien se encuentra encargado del control jurisdiccional de la investigación, desde los actos iniciales hasta la conclusión de la etapa preparatoria teniendo el deber de atender cualquier denuncia de vulneración de derechos fundamentales y garantías constitucionales durante la citada etapa. El accionante indicó que se presentó de forma voluntaria ante el Ministerio Público a efectos de colaborar con la investigación; además, en audiencia de consideración de la acción de libertad señaló que el Fiscal de Materia ahora accionado, al emitir la Resolución Fiscal de Aprehensión, y la Orden de Aprehensión de 6 del referido mes y año, desnaturalizó el instituto de la aprehensión, al utilizar como fundamento contradictorio e .

insuficiente un hecho que ya “…se ha sometido antes a jurisdicción penal…” (sic); en consecuencia, se puede evidenciar que existe un Juez de instrucción que se encuentra ejerciendo el control jurisdiccional; ya que, el Ministerio Público debe actuar siempre bajo el control ejercido por el Juez de Instrucción Penal. Al respecto, de la revisión de antecedentes se tiene que el 6 de septiembre de 2023, el accionante se presentó de forma voluntaria a efectos de colaborar en la investigación, solicitando de manera expresa se tome su declaración informativa, en ese acto procesal de presentación espontánea hizo conocer la inconcurrencia de riesgos procesales y señaló su domicilio en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra; en esa circunstancia le hicieron conocer la Resolución Fiscal de Aprehensión de 6 del citado mes y año, conforme lo dispuesto por el art. 226 del CPP; ante ese hecho el accionante refirió que el Fiscal de Materia hoy accionado emitió la citada resolución utilizando como fundamento contradictorio e insuficiente un hecho que ya “…se ha sometido antes a jurisdicción penal…” (sic); es decir, que conocía que su proceso penal se encontraba bajo control jurisdiccional; por lo tanto, es ante el Juez de Instrucción que debió acudir para efectuar los reclamos que denuncia a través de esta acción de libertad. Finalmente, de los aspectos citados precedentemente, de conformidad al Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional no es posible atender la solicitud del accionante, correspondiendo denegar la tutela solicitada, por el principio de subsidiariedad excepcional que rige la acción de libertad; debido a que, las autoridades judiciales de control jurisdiccional son las inicialmente llamadas a reparar cualquier vulneración a derechos fundamentales y garantías constitucionales en el marco de sus competencias, los mismos deben ser agotados en la justicia ordinaria antes de acudir a la jurisdicción constitucional; por lo que, no corresponde ingresar al fondo de la problemática planteada por el accionante, debiéndose denegar la tutela solicitada. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 172/2023 de 7 de septiembre, cursante de fs. 16 a 24, pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.

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Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1094_2026-S1.pdf · páginas 1 a 10.

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