B.IA.LEGAL

SCP 1093/2026-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 9 de julio de 2026

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera Especializada
Fecha
9 de julio de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Expediente
59078-2023-119-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad de residencia, permanencia y circulación en todo el territorio; puesto que, presentó memorial ante el Fiscal de Materia hoy accionado solicitando requerimiento conclusivo de procedimiento abreviado; sin embargo, el nombrado mediante decreto de 27 de septiembre de 2023, dispuso el traslado a las partes procesales, cuando es el Juez de Instrucción a cargo del control jurisdiccional quien tiene que emitir las notificaciones con la resolución de procedimiento abreviado, conforme al art. 279 segunda parte del CPP. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad frente a actos supuestamente ilegales cometidos por el Ministerio Público y/o funcionarios de la Policía Boliviana. Jurisprudencia reiterada; y, b) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve; CONFIRMAR la Resolución 09/2023 de 3 de octubre, cursante de fs. 14 a 15, pronunciada por la Jueza Pública Mixta de la Niñez y Adolescencia del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primera de Viacha del departamento de La Paz; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional, con la aclaración que no se ingresó a analizar el fondo de la problemática planteada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad frente a actos supuestamente ilegales cometidos por el Ministerio Público y/o funcionarios de la Policía Boliviana. Jurisprudencia reiterada
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1093/2026-S1 Sucre, 9 de julio de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 59078-2023-119-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 09/2023 de 3 de octubre, cursante de fs. 14 a 15, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Hernán Zapata Quispe en representación sin mandato de Basilio Wilfredo Tancara Mamami contra Javier Wilbert Soliz Gerónimo, Fiscal de Materia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 2 de octubre de 2023, cursante a fs. 7 a 9, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, previsto y sancionado por el art. 272 bis del Código Penal (CP), se encuentra con detención preventiva en el Centro Penitenciario de Patacamaya de La Paz, desde el 26 de septiembre de 2023. Posteriormente presentó ante el Fiscal de Materia ahora accionado, un acuerdo legal de sometimiento a procedimiento abreviado; por lo que, solicitó el requerimiento conclusivo de conformidad al art. 115.I y II de la Constitución Política del Estado (CPE), concordante con el art. 373. I y II del Código de Procedimiento Penal (CPP), modificado por la Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal -Ley 586 de 30 de octubre de 2014-, a su vez concordante con el art. 21, 326.I y 328.I y II del referido Código; empero, el referido Fiscal de Materia, mediante decreto de 27 de septiembre de 2023, señaló que: “‘…SE TIENE PRESENTE LO MANIFESTADO EN ELPRESENTE MEMORIAL A SU PETITORIO SE CONSIDERARA A MOMENTO DE EMITIR RESOLUCIÓN, CON CARÁCTER PREVIO POR EL ASIGNADO AL CASO, NOTIFIQUE A LAS PARTES PROCESALES CON DICHO MEMORIAL DECRETO PARA LAS MISMAS SE PRONUNCIA EN EL PLAZO DE 3 DIAS…’” (sic). En ese sentido, el Ministerio Público no hizo prevalecer lo establecido en la segunda parte del art. 279 del CPP; puesto que, es el Juez quien tiene que disponer la notificación con el memorial de acuerdo voluntario de procedimiento abreviado y con el requerimiento conclusivo.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad de residencia, permanencia y circulación en todo el territorio; citando al efecto los arts. 21.7 y 22 de la Constitución Política del Estado (CPE); 7.1 y 3; y, 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se ordene al Fiscal de Materia ahora accionado, que emita el requerimiento conclusivo de procedimiento abreviado y que en casos futuros adecue sus actos a la norma procesal y sea con condenación de reparación de daños y perjuicios.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 3 de octubre de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 12 a 13, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su Abogado en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo, manifestó que: a) El decreto de 27 de septiembre de 2023, emitido por el Fiscal de Materia hoy accionado, agravió a su persona que se encuentra con detención preventiva; por lo que, de conformidad al art. 279 del CPP el referido Fiscal de Materia estaría cumpliendo funciones de control jurisdiccional; asimismo, la notificación del memorial debería ser dispuesta por el Juez de la causa; y, b) Al solicitar someterse al procedimiento abreviado tiene que existir la celeridad pronta y oportuna; por lo que, pide emitir el requerimiento conclusivo con celeridad.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

Javier Wilbert Soliz Gerónimo, Fiscal de Materia, en audiencia manifestó que: 1) En el presente caso existen dos víctimas una de ellas menor de edad y el Ministerio Público tiene que cumplir ciertos requisitos con la finalidad de que las partes procesales, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y la mamá de la víctima puedan pronunciarse; 2) La salida alternativa del procedimiento abreviado hace mención a ciertos requisitos establecidos por los arts. 373 y 374 del CPP; asimismo, el presente caso se encuentra bajo control jurisdiccional donde el accionante pudo haber acudido; y, 3) El proceso se encuentra en investigación con el fin de llegar a la verdad histórica de los hechos, y no existe ninguna conminatoria o solicitud de informes por parte del Juez quien tiene el control jurisdiccional; por lo que, pide se deniegue la tutela solicitada.

I.2.3. Resolución

La Jueza Pública Mixta de la Niñez y Adolescencia del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primera de Viacha del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 09/2023 de 3 de octubre, cursante de fs. 14 a 15, denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos: i) De las literales adjuntas en calidad de prueba advirtió que dentro de la investigación iniciada en contra del accionante, bajo el -Código Único de Denuncia (CUD) 208102232300682-por el delito de violencia familiar o doméstica, se presentó ante el Fiscal de Materia ahora accionado, un memorial de solicitud de requerimiento conclusivo de procedimiento abreviado, adjuntando el acuerdo de sometimiento a procedimiento abreviado, suscrito entre el accionante y su Abogado Defensor, de 27 de septiembre de 2023, habiendo respondido el referido Fiscal de Materia mediante decreto de 27 del referido mes y año, bajo el siguiente término: “‘a su petitorio se considerará a momento de emitir resolución, con carácter previo por el asignado al caso, notifíquese a las partes procesales con dicho memorial para que las mismas se pronuncien en el plazo de 3 días’” (sic), disposición que el accionante cuestiona e identifica como un acto que vulneró su derecho a su libertad de residencia, permanencia y circulación; y, ii) El caso se encuentra a cargo de una autoridad de control jurisdiccional, quien conforme al art. 279 del CPP “…La Fiscalía y la Policía Nacional actuaran siempre bajo control jurisdiccional”; por lo que, el accionante debió acudir previamente ante el Juez de Instrucción Penal de Viacha del departamento de La Paz, el cual ejerce el control de garantías en protección de sus derechos y garantías constitucionales, alegadas como vulneradas en esta acción tutelar y solo de persistir la vulneración a pesar de haberse agotado las vías expeditas, concierne se acuda a la jurisdicción constitucional, en función de la jurisprudencia sentada en la SCP 0844/2017-S3 de 1 de septiembre, citando a la SC 0080/2010-R de 10 de mayo, que hizo mención a la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Mediante decreto constitucional de 6 de abril de 2026, cursante a fs. 19, se dispuso la suspensión de plazo para la emisión de la correspondiente resolución a efectos de recabar documentación complementaria, reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el decreto constitucional de 8 de julio del citado año, cursante a fs. 23; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del término legal.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante memorial de 27 de septiembre de 2023, dirigido a Javier Wilbert Soliz Gerónimo, Fiscal de Materia -hoy accionado-; Hernán Zapata Quispe -ahora accionante- solicitó requerimiento conclusivo de procedimiento abreviado, en el proceso penal que se le sigue por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica. Solicitó que de conformidad al art. 374 del CPP “remita ante el JUEZ DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR PRIMERO DE VIACHA” (sic) del departamento de La Paz, quien deberá señalar audiencia oral de procedimiento abreviado y emitir la sentencia correspondiente conforme la SC 1075/2005-R (fs. 5 y vta.). II.2. Cursa decreto de 27 de septiembre de 2023, emitido por el Fiscal de Materia ahora accionado, mediante el cual señaló lo siguiente: “En lo principal.- Se tiene presente lo manifestado en el presente memorial. A su petitorio se considerará a momento de emitir resolución, con carácter previo por el asignado al caso notifique a las partes procesales con dicho memorial (…) para las mismas se pronuncien en el plazo de 3 días” (sic [fs. 6]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad de residencia, permanencia y circulación en todo el territorio; puesto que, presentó memorial ante el Fiscal de Materia hoy accionado solicitando requerimiento conclusivo de procedimiento abreviado; sin embargo, el nombrado mediante decreto de 27 de septiembre de 2023, dispuso el traslado a las partes procesales, cuando es el Juez de Instrucción a cargo del control jurisdiccional quien tiene que emitir las notificaciones con la resolución de procedimiento abreviado, conforme al art. 279 segunda parte del CPP. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad frente a actos supuestamente ilegales cometidos por el Ministerio Público y/o funcionarios de la Policía Boliviana. Jurisprudencia reiterada; y, b) Análisis del caso concreto.

III.1. La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad frente a actos supuestamente ilegales cometidos por el Ministerio Público y/o funcionarios de la Policía Boliviana. Jurisprudencia reiterada

La SCP 1650/2025-S1 de 30 de diciembre, señala que: “El Tribunal Constitucional Plurinacional, en la SCP 0503/2018-S2 de 14 de septiembre, reiterada por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0031/2019-S2 de 25 de marzo y 0560/2020-S1 de 5 de octubre -entre otras-, asumió el siguiente razonamiento:

El extinto Tribunal Constitucional a través la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, sentó la línea jurisprudencial sobre la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, determinando que en los supuestos en los que existan medios idóneos para reparar de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad física ilegalmente restringido, los mismos deben ser utilizados antes de acudir a la justicia constitucional a través de la acción de libertad.

La SC 0181/2005-R de 3 de marzo, en el marco de dicho entendimiento, señala que en la etapa preparatoria del proceso penal, se deben impugnar las supuestas vulneraciones a los derechos y las garantías en los que puedan incurrir los órganos encargados de la persecución penal ante el juez de instrucción penal, no resultando compatible activar directamente o de manera simultánea, la justicia constitucional. La SC 0054/2010-R de 27 de abril, por su parte puntualizó que las denuncias de actos ilegales u omisiones indebidas en las que pudiesen incurrir los fiscales y funcionarios policiales durante la etapa preparatoria, que implique vulneración de derechos fundamentales, deben ser presentadas ante el juez de instrucción penal, sin que sea admisible acudir directamente ante la jurisdicción constitucional; consecuentemente, la SC 0080/2010-R de 3 de mayo, sistematizó tres supuestos de subsidiariedad excepcional de la acción de libertad para los casos en los que, en materia penal se impugnen actuaciones no judiciales -antes de la imputación formal- y judiciales posteriores a la imputación, en los cuales de manera excepcional, no es posible ingresar al fondo de la acción de libertad, a objeto de guardar el equilibrio y complementariedad entre ambas jurisdicciones. La SCP 0185/2012 de 18 de mayo, sostuvo que si la acción de libertad está fundada en la restricción del derecho a la libertad personal, por causa de haberse restringido la misma, al margen de los casos y formas establecidas por ley y no esté vinculado a un delito o no se hubiese dado aviso de la investigación, la acción de libertad puede ser presentada de manera directa. Posteriormente, la SCP 0482/2013 de 12 de abril, en el Fundamento Jurídico III.2.2., sistematizó las reglas de la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, conforme a lo siguiente: ‘1. Cuando la acción de libertad esté fundada directamente en la vulneración al derecho a la libertad personal por causa de haberse restringido la misma al margen de los casos y formas establecidas por ley, y no esté vinculada a un delito y por tanto no se hubiera dado aviso de la investigación, la acción puede ser activada de forma directa contra las autoridades o persona que violentaron la Constitución Política del Estado y la ley. 2. Cuando el fiscal da aviso del inicio de la investigación al Juez cautelar y ante la denuncia de una supuesta ilegal aprehensión, arresto u otra forma de restricción de la libertad personal o física por parte de un Fiscal o de la Policía, el accionante, previo a acudir a la jurisdicción constitucional debe en principio, denunciar todos los actos restrictivos de su libertad personal o física ante la autoridad que ejerce el control jurisdiccional. 3. Cuando el accionante hubiera denunciado los actos restrictivos de su libertad personal o física ante el Juez cautelar, como también, paralela o simultáneamente a la jurisdicción constitucional a través de la acción de libertad, sobreviene también la subsidiariedad. 4. Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada. 5. Si impugnada la resolución, ésta es confirmada en apelación, empero, en lugar de activar inmediatamente la acción libertad, decide voluntariamente, realizar una nueva petición ante la autoridad ordinaria, tendiente a un nuevo análisis y reconsideración de su situación jurídica, sea mediante una solicitud de modificación, sustitución, cesación de detención preventiva, etc., y la misma está en trámite, en esos casos, ya no es posible acudir a la jurisdicción constitucional impugnando la primera o anterior resolución judicial, donde se emitió el auto de vista, inclusive; por cuanto las partes de un proceso están impelidas de actuar con lealtad procesal, de no ser así, se provocaría una duplicidad de resoluciones en ambas jurisdicciones, e incidiría negativamente en el proceso penal de donde emerge la acción tutelar’. Finalmente, la SCP 1888/2013 de 29 de octubre, moduló la SCP 0185/2012 y el primer supuesto de las subreglas anotadas por la SCP 0482/2013 antes citada, señalando que es posible la presentación directa de la acción de libertad, prescindiendo de la subsidiariedad excepcional, cuando: i) La supuesta vulneración o amenaza al derecho a la libertad física o personal no esté vinculada a un delito; y, ii) Cuando existiendo dicha vinculación, no se informó al juez de instrucción penal sobre el inicio de las investigaciones, no obstante haber transcurrido los plazos establecidos para el efecto en el Código de Procedimiento Penal; último supuesto, que de ninguna manera, implica que ante restricciones del derecho a la libertad, al margen de los casos y formas establecidas por ley, no sea posible la presentación de la acción de libertad en forma directa, antes de haber transcurrido los plazos establecidos en la norma procesal penal. En síntesis, es posible la presentación directa de la acción de libertad, en el primer supuesto señalado en la SCP 0482/2013, cuando: a) La supuesta lesión o amenaza del derecho a la libertad física o personal no esté vinculada a un delito; b) Cuando existiendo dicha vinculación: b.1) No se informó al juez de instrucción penal sobre el inicio de las investigaciones, no obstante haber transcurrido los plazos establecidos para el efecto en el Código de Procedimiento Penal, o cuando: b.2) No habiendo transcurrido dichos plazos, se hubiere restringido el derecho a la libertad, al margen de los casos y formas establecidas por ley. De conformidad a la sistematización de la línea jurisprudencial anotada, el juez de instrucción penal es la autoridad judicial encargada del control jurisdiccional de la investigación, desde los actos iniciales hasta la conclusión de la etapa preparatoria, siendo también, llamada por ley para atender cualquier denuncia de vulneración de derechos fundamentales y garantías constitucionales durante esta etapa” (las negrillas son nuestras).

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad de residencia, permanencia y circulación en todo el territorio; en razón a que, presentó memorial ante el Fiscal de Materia ahora accionado solicitando requerimiento conclusivo de procedimiento abreviado; sin embargo, el nombrado mediante decreto de 27 de septiembre de 2023, dispuso el traslado a las partes procesales, cuando es el Juez de Instrucción a cargo del control jurisdiccional quien tiene que emitir las notificaciones con la resolución de procedimiento abreviado, conforme al art. 279 segunda parte del CPP.

Ahora bien, de la revisión de antecedentes, se tiene que en el proceso penal seguido contra el accionante por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, el mismo presentó memorial el 27 de septiembre de 2023, solicitando al Fiscal de Materia hoy accionado requerimiento conclusivo de procedimiento abreviado, de conformidad al art. 374 del CPP (Conclusión II.1.), en esa circunstancia el referido Fiscal de Materia emitió decreto la misma fecha, indicando lo siguiente:

“En lo principal.- Se tiene presente lo manifestado en el presente memorial. A su petitorio se considerará a momento de emitir resolución, con carácter previo por el asignado al caso notifique a las partes procesales con dicho memorial (…) para las mismas se pronuncien en el plazo de 3 días” (sic [fs. 6 Conclusión II.2.]).

El decreto de 27 de septiembre de 2023, según el accionante se encontraba al margen de las atribuciones del Fiscal de Materia ahora accionado; puesto que, debía ser el Juez de Instrucción Primero de Viacha del departamento de La Paz, quien debía emitir la notificación a las partes procesales con la resolución de procedimiento abreviado; sin embargo, ese proceder por parte del referido Fiscal de Materia, que supuestamente llegó a vulnerar sus derechos, no fue puesto a conocimiento del Juez encargado del control de la investigación, que conforme se tiene previsto por el art. 279 del CPP, es el encargado de efectuar el control jurisdiccional respecto a las actuaciones tanto de la Fiscalía como la Policía Boliviana.

En ese contexto, corresponde precisar que conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, señala que se activa la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, cuando el Fiscal dio aviso del inicio de la investigación al Juez cautelar, quien se constituye en la autoridad jurisdiccional donde el accionante debe acudir a denunciar todos los actos que considere estén restringiendo su derecho a la libertad; es decir que, existiendo vulneraciones en la etapa preparatoria, los mismos deben ser puestos a conocimiento y control del Juez de Instrucción Penal, previamente antes de acudir a esta vía constitucional; de donde se tiene que, el accionante debió acudir con su reclamo -respecto al Fiscal de Materia- ante el Juez de Instrucción Penal Primero de Viacha del departamento de La Paz previamente y no acudir directamente a la jurisdicción constitucional a través de este medio de defensa.

Por lo referido, habiéndose establecido la subsidiariedad excepcional en el caso planteado por el accionante, corresponde denegar la tutela solicitada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve; CONFIRMAR la Resolución 09/2023 de 3 de octubre, cursante de fs. 14 a 15, pronunciada por la Jueza Pública Mixta de la Niñez y Adolescencia del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primera de Viacha del departamento de La Paz; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional, con la aclaración que no se ingresó a analizar el fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1093_2026-S1.pdf · páginas 1 a 9.

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