Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 4 de septiembre de 2025
Deniega la tutela
El accionante alega la vulneración de su derecho a la libertad; toda vez que, la autoridad demandada no remitió el cuaderno de control jurisdiccional dentro del plazo establecido por ley al Juzgado Público Mixto de Sentencia Penal y de Partido del Trabajo y Seguridad Social Primero de Caranavi del departamento de La Paz, dejándolo en indefensión. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto se analizarán los siguientes aspectos: i) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; ii) El principio de celeridad en las actuaciones procesales sobre medidas cautelares; iii) Competencia para conocer solicitudes en relación a la aplicación o modificación de las medidas cautelares ante la interposición de la acusación fiscal; y, iv) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR Resolución 23/2023 de 22 de marzo, cursante de fs. 29 a 30 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1093/2025-S1 Sucre, 4 de septiembre de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 54873-2023-110-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 23/2023 de 22 de marzo, cursante de fs. 29 a 30 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Aldo Cotrina Vela contra Miguel Ángel Careaga Pacajes, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Guanay del departamento de La Paz.
Mediante memorial presentado el 21 de marzo de 2023, cursante de fs. 4 a 5 vta., el accionante manifestó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
Señala que el 28 de febrero del 2023, Miguel Ángel Careaga Pacajes, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Guanay del departamento de La Paz -ahora demandado-, llevó adelante la audiencia de consideración de situación jurídica, donde indicó que ya no sería competente para conocer el proceso contra el accionante, puesto que, la Fiscalía presentó un requerimiento conclusivo y ha señalado “…SE DISPONE QUE POR SECRETARÍA DE ESTE DESPACHO JUDICIAL, QUE EN EL PLAZO DE 24 HORAS PROCEDA A REMITIR OBRADOS ANTE EL JUZGADO PÚBLICO MIXTO DE SENTENCIA PENAL Y DE PARTIDO DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL N 1 DE CARANAVI…”(sic); sin embargo, veintiún días posteriores, es decir el 20 de marzo de igual año, el mencionado Juez no derivó los antecedentes al Juzgado previamente citado.
El impetrante de tutela denuncia la vulneración de su derecho a la libertad, citando al efecto los arts. 125 y 126 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga que “en el día” el Juez demandado remita antecedentes al Juzgado Público Mixto de Sentencia Penal y de Partido del Trabajo y Seguridad Social Primero de Caranavi del departamento de La Paz, o caso contrario, deje sin efecto el decreto 28 de febrero de 2023 y prosiga con el conocimiento de la causa.
La audiencia pública de consideración de la presente acción de libertad, se desarrolló el 22 de marzo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 27 a 28 vta.; donde se produjeron los siguientes actuados:
El demandante de tutela a través de su abogado, se ratificó en los argumentos de su acción de amparo constitucional, y ampliándolos, en audiencia sostuvo que: El Juez demandado emitió providencia en relación al memorial que presentó, en el que disponía que por Secretaría se remita antecedentes al Juzgado Público Mixto de Sentencia Penal y de Partido del Trabajo y Seguridad Social Primero de Caranavi del departamento de La Paz; sin embargo, han transcurrido más de veinte días y no se remitieron los antecedentes al Juzgado previamente citado, en ese sentido, la autoridad judicial demandada ha perdido competencia y ha generado un vacío jurídico, al no contar con la vía o la autoridad a quien acudir para solicitar su libertad.
Miguel Ángel Careaga Pacaje, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Guanay del departamento de La Paz, mediante informe escrito de 22 de marzo de 2023, cursante de fs. 25 a 26, manifestó que: a) La acción tutelar debería ser planteada contra el Secretario de su juzgado, pues dentro de sus competencias se encuentra la remisión del cuaderno de control jurisdiccional al Juzgado o Tribunal de Sentencia de Caranavi de ese departamento, tal cual lo establece el art. 94 inc. 15 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) “el cumplimiento de todas las comisiones que el tribunal o juzgado le encomiende dentro del marco de sus funciones”, siendo que su autoridad ordenó la remisión del referido cuaderno al “Juzgado de Caranavi”, mediante Autos de 21 de noviembre de 2022 y 28 de febrero de 2023; b) Se tiene la Acusación Fiscal 37/2022 de 21 de noviembre, contra Jorge Humberto Vidal Avendaño y Gisela Cinthia Gutiérrez Dávila, mereciendo Auto de remisión de la misma data; asimismo, cursa Acusación Fiscal 01/2023 de 28 de febrero, contra el impetrante de tutela que mereció el Auto de remisión de la misma fecha, llevándose como último acto procesal la audiencia de situación jurídica de 1 de marzo de 2023, y el 3 de igual mes y año, se planteó por escrito un recurso de apelación, el cual mereció Auto de concesión de la apelación de 6 de mismo mes y año; c) Que mediante Secretaría del Juzgado de Sentencia de Caranavi del indicado departamento, se habrían realizado dos observaciones de aspectos relevantes, con relación a la Resolución de dos incidentes de nulidad de imputación planteados por Jaime Terceros Suarez, Jorge Javier Loayza Oliden y Jorge Humberto Vidal Avendaño -ahora accionante-; y, el legajo de copias legalizadas entregadas al Juez de Ejecución Penal para el control de la detención preventiva de Aldo Cotrina Vela y Gisela Cinthia Gutiérrez Dávila, en cumplimiento del art. 238 del Código de Procedimiento Penal (CPP), observaciones que deben ser cumplidas por su autoridad y por Secretaría de su despacho, puesto que cursa señalamiento de audiencia de los incidentes que serían resueltos el 23 de marzo de 2023, y que una vez cumplidos estos dos actos procesales el cuaderno de control jurisdiccional será remitido al Juzgado competente; y, d) Al estar pendiente un acto conclusivo, “…la audiencia de nulidad de imputación (audiencia de incidentes), y siendo que no se dirigió la presente acción en contra del Secretario del juzgado de quien es su atribución remitir el cuaderno de control jurisdiccional…” (sic) y no de su persona, solicitó se deniegue la tutela, protestando ordenar la remisión del referido cuaderno “en el día” una vez concluida la audiencia de incidentes programada para el 23 de ese mes y año.
El Juez de Sentencia Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de La Paz, mediante Resolución 23/2023 de 22 de marzo, cursante de fs. 29 a 30 vta., denegó la tutela solicitada bajo los siguientes fundamentos: 1) Conforme se tiene del informe remitido por la autoridad demandada, se evidencia la existencia de una apelación planteada por Aldo Cotrina Vela, ahora accionante; si bien ello no causa suspensión de actos procesales, “…porque debería remitirse a este efecto fotocopias de las partes pertinentes ante la autoridad superior, vale decir a la Sala de Turno para que resuelva la apelación…”(sic), es así que existe un impedimento efectivo que es la falta de resolución de los incidentes planteados y mientras éstos no sean resueltos, no pueden ser remitidos 2) Se tiene la “…Circular N° 05/2023-SP-TDJLP que instruye a los secretarios, auxiliares y oficiales de diligencias, deben realizar la correspondiente revisión de los antecedentes…” (sic), por lo tanto es evidente que falta resolver los referidos incidentes y una vez resueltos, se debe remitir de manera inmediata el cuaderno al “Juez de Sentencia”, conforme se tiene dispuesto por providencia de 21 de noviembre de 2022 y 28 de febrero de 2023; y, 3) Sin embargo, se debe tener presente que la remisión de antecedentes, les corresponde al secretario y al auxiliar del Juzgado, funcionarios que no fueron demandados en esta acción tutelar.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: II.1. Cursa memorial presentado el 7 de septiembre de 2022, ante el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz, por Jaime Carlos Terceros Suarez y Jorge Javier Loayza Oliden, mediante el cual formularon incidente de nulidad de imputación por defecto absoluto y falta de certeza (fs. 9 a 18). II.2. Consta memorial de incidente de nulidad contra la imputación formal 28/2022 presentado el 13 de septiembre, presentado por Jorge Humberto Vidal Avendaño al Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz (fs. 19 a 22 ). II.3. Se tiene la providencia de 28 de febrero de 2023, emitida por Miguel Ángel Careaga Pacajes, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Guanay del departamento de La Paz -autoridad ahora demandada- por el que se dispuso que por Secretaría de ese despacho judicial, en el plazo de veinticuatro horas se proceda a la remisión de obrados ante el Juzgado Público Mixto de Sentencia Penal de Partido del Trabajo y Seguridad Social Primero de Caranavi de ese departamento al existir un requerimiento conclusivo de acusación formal (fs. 3). II.4. Consta informe de 17 de marzo de 2023, presentado por Veymar Gonzalo Tarqui Poma, Secretario del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Guanay del departamento de La Paz ante la autoridad ahora demandada (fs. 24). II.5. Por providencia emitida el 20 de marzo de 2023, la autoridad ahora demandada, en lo principal señaló “Audiencia Pública de INCIDENTES DE NULIDAD DE IMPUTACIÓN para fecha 23 de marzo de 2023, a horas 17:00 pm" (sic [fs. 23]).
El accionante alega la vulneración de su derecho a la libertad; toda vez que, la autoridad demandada no remitió el cuaderno de control jurisdiccional dentro del plazo establecido por ley al Juzgado Público Mixto de Sentencia Penal y de Partido del Trabajo y Seguridad Social Primero de Caranavi del departamento de La Paz, dejándolo en indefensión. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto se analizarán los siguientes aspectos: i) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; ii) El principio de celeridad en las actuaciones procesales sobre medidas cautelares; iii) Competencia para conocer solicitudes en relación a la aplicación o modificación de las medidas cautelares ante la interposición de la acusación fiscal; y, iv) Análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0176/2018-S2 de 14 de mayo, asumió el siguiente razonamiento: El Tribunal Constitucional en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, señaló que el entonces recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad-“…por violaciones a la libertad individual y/o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”. A partir de la clasificación del entonces recurso de hábeas corpus desarrollada por la SC 1579/2004-R, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, amplía los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último: “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. En ese marco, la SC 0465/2010-R de 5 de julio señala que el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho -ahora acción de libertad-, se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad, cuando esté relacionada con la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Posteriormente, la SC 0078/2010-R de 3 de mayo establece varios supuestos de procedencia que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; vale decir que, determina subreglas para considerar actos dilatorios en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: i) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley; ii) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial; y, iii) Se suspenda la audiencia de consideración, por motivos injustificables que tampoco son causales de nulidad, como es el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que fueron notificados legalmente y no comparecen a la audiencia; entendimiento complementado con la SC 0384/2011-R de 7 de abril y reiterada por la SCP 0005/2012 de 16 de marzo. Asimismo, la SCP 0015/2012 de 16 de marzo, en el marco de una interpretación plural, introdujo el principio ético-moral del ama qhilla -no seas flojo- a las construcciones jurisprudenciales referidas a la celeridad procesal, al establecer que las autoridades judiciales, en virtud al citado principio, tienen el deber procesal de dirigir y resolver, sin dilaciones indebidas, las solicitudes de cesación de la detención preventiva sometidas a su conocimiento.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0142/2018-S2 de 30 de abril, asumió el siguiente razonamiento:
Respecto a la celeridad con la que deben actuar los administradores de justicia, corresponde indicar que el art. 178.I de la CPE, dejó establecido que: “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se múltiples que tengan que ser notificadas, o por la distancia donde se deba efectuar un determinado acto previo y esencial -como sucede con algunas notificaciones-, o que el juzgado esté de turno, etc. Con la excepción única y exclusiva en los casos que exista complejidad por la naturaleza propia y la relevancia del proceso, como los derechos e intereses comprometidos y relacionados a la petición; situación que deberá ser justificada por la autoridad judicial competente a momento de señalar la fecha de audiencia, teniendo en cuenta la razonabilidad.
c) Se suspende la audiencia de consideración, por causas o motivos que no justifican la suspensión, ni son causales de nulidad. Tal el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que han sido notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. En el caso del Ministerio Público al estar regido por el principio de unidad tiene los medios para asistir a través de otro fiscal, y en cuanto al querellante al ser coadyuvante y estar notificado, su participación es potestativa en dicho acto, y por ende, su inasistencia no vincula a la autoridad jurisdiccional al estar cumplida la formalidad. No obstante, en caso de que la suspensión se deba a la falta de notificación o a la inasistencia del propio imputado, no existe dilación indebida ni afectación a derecho alguno, en cuyo caso deberá fijarse nueva fecha de audiencia conforme a las directrices expuestas”.
3 El FJ III.2.1, indica: “De acuerdo al nuevo orden constitucional, el art. 8.I de la CPE, dentro de los principios y valores del nuevo Estado Plurinacional de Bolivia, asume y promueve como de carácter ético-morales de la sociedad plural, el `ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón)´; máximas milenarias que fueron constitucionalizadas y resumen de manera extraordinaria la moral que toda persona, natural o jurídica debe practicar en todas sus actividades. En ese sentido, se hace énfasis en el principio del ama qhilla, que establece una conducta de vida diligente que debe observar todo individuo, con mayor razón un servidor público como es el juez, del cual debe exigirse una actitud acuciosa en la administración de justicia, sobre todo cuando afecta a un vivir bien, así como a una vida armoniosa.
Los principios ético morales constitucionalizados: `ama qhilla, ama llulla y ama suwa´, vinculados entre sí, constituyen directrices de obligada observancia por los servidores de justicia cuando resuelvan derechos y garantías constitucionales, están en el deber imperativo de impulsar, ser director y promotor del proceso, velando su desarrollo, siendo responsables de cualquier demora por su inactividad, impulsando la nueva justicia en el nuevo Estado Plurinacional”.
sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos”; a su vez, el art. 180.I de la misma Norma Suprema, determina que: “La jurisdicción ordinaria, se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad (…) eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez”; disposiciones que se encuentran en concordancia con lo previsto en el art. 30 de la LOJ, pues el principio de celeridad comprende la agilidad en la tramitación de los procesos judiciales, procurando que su desarrollo garantice el ejercicio oportuno y rápido de la administración de justicia. En cuanto a la aplicación del principio de celeridad exigida a toda autoridad judicial, que asuma conocimiento de una solicitud de cesación de la detención preventiva de una persona privada de libertad, debe ser entendido como la actividad procesal que tiene por finalidad realizar las diligencias judiciales con la prontitud debida, dejando de lado cualquier posibilidad que implique demora en el desarrollo y continuidad del proceso, debiendo entender que la tardía atención a una petición formulada al juez, que involucre un derecho fundamental, afecta no solo el debido proceso, sino también la seguridad jurídica, más aun, tratándose del derecho a la libertad que se encuentra restringido por una medida cautelar, como es la detención preventiva. Sobre el particular, la jurisprudencia desarrollada por la SC 0224/2004-R, en el Fundamento Jurídico III.1, sostuvo que:
…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud" (las negrillas nos pertenecen).
Jurisprudencia reiterada en numerosas Sentencias Constitucionales como las SSCC 1213/2006-R de 1 de diciembre y 0900/2010-R de 10 de agosto. Por consiguiente, debe entenderse que si bien la privación de libertad fue dispuesta por orden judicial, esta determinación no es indefinida, tiene límites en el tiempo y sobre la base del cumplimiento de requisitos que están expresamente previstos en la ley, de manera que cuando un procesado solicita la cesación de su detención preventiva, habiendo cumplido tales condiciones y el juez o tribunal no responde dentro de plazo a la pretensión efectuada, la privación se convierte en una detención indebida, razonamiento expresado en la SC 0862/2005-R.
El accionante alega la vulneración de su derecho a la libertad; toda vez que, la autoridad demandada no remitió el cuaderno de control jurisdiccional dentro del plazo establecido por ley al Juzgado Público Mixto de Sentencia Penal y de Partido del Trabajo y Seguridad Social Primero de Caranavi del departamento de La Paz, dejándolo en indefensión. De los antecedentes cursantes en el expediente de la presente acción tutelar, se tiene que Jaime Carlos Terceros Suarez y Jorge Javier Loayza Oliden, por memorial presentado el 7 de septiembre de 2022, ante el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz, formularon incidente de nulidad de imputación por defecto absoluto y falta de certeza (Conclusión II.1); asimismo, consta el memorial de incidente de nulidad de imputación presentado el 13 de igual mes y año, por Jorge Humberto Vidal Avendaño ante la misma autoridad judicial (Conclusión II.2). La autoridad judicial ahora demandada, emitió la providencia de 28 de febrero de 2023, por la cual dispuso que por Secretaría de su despacho y dentro del plazo de veinticuatro horas, se proceda a remitir obrados al Juzgado Público Mixto de Sentencia Penal y de Partido del Trabajo y Seguridad Social Primero de Caranavi del departamento de La Paz, en razón a que se habría presentado un requerimiento conclusivo de acusación formal (Conclusión II.3).
Ante ello, el Secretario del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Guanay del departamento de La Paz, por informe de 17 de marzo de 2023, dirigido a la autoridad ahora demandada (Conclusión II.4), señaló lo siguiente:
“…de la revisión de obrados de secretaria de juzgado de Sentencia de Caranavi observa que del proceso no se habría resuelto los incidentes ‘de nulidad de imputación formal por defecto absoluto planteado por Jaime Terceros Suarez y Jorge Loayza Oliden’ e ‘incidente de nulidad de imputación planteado por Jorge Humberto Vidal Avendaño’ el primero en fecha 07 de septiembre de 2022 y el segundo en fecha 13 de septiembre de 2022 los mismos que se habrían presentado ante el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero de la Capital quien habría conocido la audiencia de medida cautelar y que se habría resuelto la situación jurídica de los imputados mediante Resolución N° 745/2022 de fecha 28 de agosto de 2022.
En un segundo aspecto se tiene que el presente proceso al tenerse personas detenidas preventivas como ser el señor Aldo Cotrina Vela y la señora Gisela Gutiérrez Davila no se habría remitido antecedentes ante el juzgado de ejecución penal de turno de la Ciudad de La Paz.
Como tercer punto se tiene que al existir resolución de sobreseimiento en favor de los señores Aldo Cotrina Vela, Jaime Terceros Suarez y Jorge Loayza Oliden el mismo presentado en fecha 28 de febrero de 2023 por el representante del Ministerio Publico, el mismo se tendría aun el control jurisdiccional ante su autoridad hasta la ejecutoria de la resolución correspondiente.
Por todas aquellas observaciones realizadas por secretaria de Juzgado de Sentencia penal es que no se ha podido remitir el presente proceso, por lo que exige sean subsanadas las observaciones realizadas”. Consecuentemente, el Juez ahora demandado emitió providencia de 20 de marzo de 2023 (Conclusión II.5), indicando lo siguiente:
“EN LO PRINCIPAL. VISTOS: AL PUNTO 1. En mérito al informe evacuado por secretaria de y las observaciones realizadas por el Juzgado de Sentencia de Caranavi, de oficio y bajo el principio de concentración, se señala Audiencia Pública de INCIDENTES DE NULIDAD DE IMPUTACIÓN para fecha 23 de marzo de 2023, a horas 17:00p.m., presentada por Jaime Terceros Suarez, Jorge Javier Loayza Oliden (Fs. 265-275) y Jorge Humberto Vidal Avendaño (fs. 276-280), mediante plataforma Cisco Webex, al efecto por secretaria habilítese Sala Virtual de audiencia para su desarrollo, debiendo hacer conocer el Link con 30 minutos de anticipación y sea por correo WhatsApp, correo electrónico u otro medio de comunicación, con las formalidades de rigor.
Las partes para la audiencia deben tener los elementos de convicción a ser valorados y deberán presentar en forma material o digital antes del desarrollo de la audiencia a secretaria; y el primer día hábil presenten los originales. Por Secretaría regístrese en el Libro de Control de Investigaciones.
AL PUNTO 2.- Por secretaria en el día elévese copias legalizadas ante el Sr. Juez de Ejecución Penal de las piezas pertinentes a efectos de cumplir con las observaciones del Juzgado de Sentencia y sea con nota de atención y demás formalidades, bajo apercibimiento de ley”. Al respecto, conforme se tiene de los Fundamentos Jurídicos III.1 y III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, surge como un medio constitucional a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos, tal es así que toda autoridad que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables previstos en la ley, a fin de garantizar los derechos establecidos por la Norma Suprema, pues de no hacerlo, podría provocar una restricción indebida de derechos; lo que no significa, otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse, dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad. En ese marco, se evidencia que el Juez ahora demandado, en principio, actuó con celeridad una vez que el Ministerio Público presentó requerimiento conclusivo de acusación, emitiendo el proveído de 28 de febrero de 2023, por el cual ordenó que por Secretaría del despacho judicial su cargo, se remita el expediente al Juzgado competente y en ese entendido, el Secretario remitió informe indicando que se tenía programado audiencias de incidentes por nulidad de imputación y por defectos absolutos, que fueron planteados antes de la acusación, asumiendo plena competencia del control jurisdiccional del caso en análisis, conforme lo establecido por el art. 54.5 del CPP, el Juez ahora demandado señaló fecha y hora de audiencia para la resolución de dichos incidentes y así también ordenó que por secretaría se queden copias legalizadas del proceso a efectos de ejercer control jurisdiccional sobre Jorge Loayza Oliven, Jaime Terceros Suarez y Aldo Cotrina Vela -ahora accionante-.
Es pertinente señalar que si bien el Juez demandado en cumplimiento del art. 325 del CPP tenía la obligación -bajo responsabilidad- de remitir obrados dentro del plazo de veinticuatro horas previo sorteo a través del Sistema Informático de Gestión de Causas por la Oficina Gestora de Procesos, ante el Juzgado o Tribunal de Sentencia de turno; de ninguna manera esto implica que debía inhibirse de conocer y substanciar la audiencia de incidentes planteados, porque no existía radicatoria de la causa por parte del Juzgado o Tribunal de sentencia; por lo que, resulta evidente, que el Juez demandado aún era competente para señalar y llevar a cabo la audiencia referida, a cuyo efecto dispuso que queden en su despacho fotocopias de los actuados pertinentes y remitir los antecedentes y la acusación dentro del plazo previsto por el art. 325 del citado Código. Al haber procedido de esa manera, la autoridad judicial demandada no ha desconocido su competencia, sino que, además ha cumplido con su deber de actuar conforme al art. 54.5 del CPP, aplicable al caso, que establece que los jueces de instrucción penal son competentes para conocer y resolver las cuestiones e incidentes planteados, razón por la cual corresponde conceder la tutela impetrada. En consecuencia, el Juez de garantías al denegar la tutela impetrada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR Resolución 23/2023 de 22 de marzo, cursante de fs. 29 a 30 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
1 El FJ III.4, señala: “Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos fundamentales. En ese sentido, y tal y como se desarrolló en el punto III.3 de la presente Sentencia, este Tribunal Constitucional, agregó a la tipología del hábeas corpus desarrollada por la jurisprudencia, al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, el cual se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.
2 El FJ III.3, señala: “…se considera acto dilatorio en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley. b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial. Plazo que puede ser en un límite de tres o cinco días máximo, dependiendo de la particularidad de cada caso, cuando por ejemplo existan varias partes imputadas o víctimas
4 El FJ III.2, refiere que: “…el tratamiento que debe darse a las solicitudes en la que se encuentre de por medio el derecho a la libertad, entre ellas, la cesación de la detención preventiva, debe tener un trámite acelerado y oportuno, pues de no hacerlo podría provocarse una restricción indebida de este derecho, cuando, por un lado, exista una demora o dilación indebida en su tramitación y consideración, o en su caso, cuando existan acciones dilatorias que entorpezcan o impidan que el beneficio concedido pueda efectivizarse de inmediato, dando lugar a que la restricción de la libertad se prolongue o mantenga más de lo debido”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1093_2025-S1.pdf · páginas 1 a 11.
Huella digital del PDF (SHA-256): fe14f1aecb0dd7ebcf1705acdc934b3261ae2cc009b401edcca65a18feb6b94d
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