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SCP 1091/2026-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 9 de julio de 2026

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera Especializada
Fecha
9 de julio de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Expediente
59158-2023-119-AL
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de sus representantes sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso vinculado al principio de celeridad; puesto que, en el proceso penal seguido contra el accionante, se dispuso su detención preventiva en audiencia de medidas cautelares; por lo que, en la misma audiencia, formuló recurso de apelación incidental, que fue admitido por los Vocales hoy accionados, mediante Auto de 29 de septiembre de 2023; sin embargo, fijaron audiencia para el 17 de octubre de similar año, incumpliendo lo establecido en la norma señalada, que establece que este tipo de causas deben ser resueltas dentro de los tres días -setenta y dos horas- siguientes de recibidas las actuaciones, bajo responsabilidad, incumpliendo de esta forma la normativa vigente y no permitiendo que el imputado -accionante- sea escuchado de manera pronta y oportuna. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; b) Sobre el principio de celeridad en las actuaciones procesales; y, c) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución de 4 de octubre de 2023, cursante de fs. 23 a 26 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, únicamente respecto a María Giovanna Pizo Guzmán, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; conforme con los fundamentos .

jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional y en los mismos términos dispuestos por el Tribunal de garantías. 2° DENEGAR la tutela solicitada, con relación a Jesús Víctor Gonzáles Milán, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida
  2. III.2. Sobre el principio de celeridad en las actuaciones procesales
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1091/2026-S1 Sucre, 9 de julio de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 59158-2023-119-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución de 4 de octubre de 2023, cursante de fs. 23 a 26 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Elsa Gabriela Ortega Sarmiento y Ademar Giovanni Gonzáles Paniagua en representación sin mandato de Badir Humberto Daguer Rivasplata contra María Giovanna Pizo Guzmán y Jesús Víctor Gonzales Milán, Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante a través de sus representantes sin mandato, por memorial presentado el 3 de octubre de 2023, cursante de fs. 3 a 4 vta., manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Badir Humberto Daguer Rivasplata -accionante-, por la presunta comisión de los delitos “…vinculados a la ley 1008…” (sic), fue aprehendido el 23 de septiembre de 2023; por lo que, en audiencia de medidas cautelares el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero del Trabajo y Seguridad Social de Chimoré del departamento de Cochabamba, determinó su detención preventiva a cumplirse en el Centro Penitenciario San Sebastián Varones del referido departamento; en consecuencia, en la misma audiencia, planteo recurso de apelación incidental conforme lo establecido por el art 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), siendo admitido por los Vocales hoy accionados mediante Auto de 29 de ese mes y año; sin embargo, fijaron audiencia para consideración de su .

situación jurídica para el 17 de octubre de 2023, incumpliendo lo establecido en la norma señalada, que establece que este tipo de causas deben ser resueltas dentro de los tres días -setenta y dos horas- siguientes de recibidas las actuaciones, bajo responsabilidad. El accionar de los Vocales hoy accionados, generó un estado de indefensión; puesto que, el señalar la audiencia del recurso de apelación incidental, dieciocho días después de que ingresó el legajo de apelación a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, no le permitiría ser oído de manera pronta y oportuna por autoridad jurisdiccional competente, las cuales están obligadas a obrar con agilidad y prontitud en los trámites que están bajo su conocimiento.

I.1.2. Derechos, garantía y principios supuestamente vulnerados

El accionante a través de sus representantes sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso vinculado al principio de celeridad; citando al efecto los arts. 125, 126 y 127 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga que los Vocales ahora accionados señalen audiencia del recurso de apelación incidental a la medida cautelar impuesta en el plazo de veinticuatro horas.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 4 de octubre de 2023, según consta en el acta cursante a fs. 22 y vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de sus representantes sin mandato en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad y ampliándolo; manifestó que: a) El 29 de septiembre de 2023, se admitió el recurso de la apelación incidental en la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, donde se programó la audiencia para el 17 de octubre de ese año; es decir, dieciocho días después aspecto que muestra y hace evidente una dilación que ocasiona la vulneración de los derechos y garantías constitucionales del accionante; b) De forma clara se vulneró el derecho al debido proceso; puesto que, la dilación se encuentra en contra de los principios que hacen a los administradores de justicia, previsto por el art. 178 y 180 de la CPE, más allá de ello es claro que el art. 251 del CPP, establece que los Vocales de turno deben resolver los casos bajo responsabilidad, dentro de los tres días -setenta y dos horas- de recibidas las actuaciones sin recurso ulterior; c) La jurisprudencia del Tribunal .

Constitucional Plurinacional estableció cuáles son las características con las que deben actuar las autoridades judiciales; puesto que, en reiteradas sentencias expresó que puede existir sobrecarga, agenda llena, falta de personal; sin embargo, eso no puede ser un óbice para que no se resuelva ninguna causa dentro de los tres días establecidos por la norma; d) Todos los aspectos adicionales que tratan de justificar un retraso evidente, pueden ser resueltos de manera administrativa en el propio órgano judicial; empero, no puede sobreponerse a los derechos y garantías del accionante cuando se encuentra privado de su libertad; ya que, se programa más allá de los quince días; por lo que, se demostró la vulneración del derecho a la libertad; y, e) Por todo lo expresado solicita que se conceda la tutela y se ordene a los Vocales hoy accionados se celebre la audiencia del recurso de apelación incidental dentro de las veinticuatro horas.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

María Giovanna Pizo Guzmán, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante informe presentado el 4 de octubre de 2023, cursante a fs. 21 y vta., manifestó que: 1) Conforme se puede constar en los libros de la Sala Penal Tercera del referido Tribunal Departamental, el 29 de septiembre de igual año, ingresó el recurso de apelación incidental de medida cautelar, formulada en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Dayana Valeria Montalbán y el accionante, cuestión que fue considerada y admitida para su tratamiento recursivo por Auto de 29 de similar mes y año, señalándose simultáneamente audiencia para su “vista y resolución” el 17 de octubre del mismo año; 2) La fecha del señalamiento obedeció a la recargada agenda de la instancia jurisdiccional, misma que se encuentra totalmente cubierta hasta el 24 de octubre de referido año; por lo que, hace de imposible cumplimiento la programación del acto en un tiempo más breve; 3) El acatamiento del plazo para la sustanciación y resolución del recurso de apelación incidental a la medida cautelar prevista por el art. 251 del CPP, resulta poco probable no sólo en razón de la existencia de la gran cantidad de causas de análoga naturaleza ingresadas de modo previo, que están en espera de audiencia y resolución, sino también a la atención de otros géneros de recurso como ser de apelación restringida o incidental ordinaria, al margen de ello también se tiene la visita programada a los recintos penitenciarios el día 6 de octubre de citado año, sin considerar el programa el descongestionamiento que también se encuentra en desarrollo; y, 4) Las “cosas” son tal como se describen y al demostrarse la carga excesiva procesal que tiene la Sala Penal, resulta ser una situación extraordinaria que deriva materialmente en la existencia de un impedimento para celebrar la audiencia en el plazo legal; por lo que, pidió se deniegue la tutela solicitada. Jesús Víctor Gonzales Milán, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante informe presentado el 4 de octubre de 2023, cursante a fs. 19, manifestó que, el proceso penal signado con Código Único de Denuncia (CUD) 30398120, seguido por el Ministerio .

Público contra el accionante, no fue sorteado a su persona conforme los alcances del art. 251 del CPP.

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución de 4 de octubre de 2023, cursante de fs. 23 a 26 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo que la Vocal ahora accionada, en cumplimiento de lo establecido por el art. 251 del CPP, reprograme la audiencia de recurso de apelación incidental de cesación a la detención preventiva interpuesto contra el Auto de “25” -29- de septiembre de 2023; bajo los siguientes fundamentos: i) En cuanto al alcance de la acción de libertad respecto a su ámbito de protección vinculada a dilaciones injustificadas e indebidas a momento de resolver la situación jurídica del encausado, la amplía jurisprudencia estableció que la acción de libertad traslativa o de pronto despacho se encuentra desarrollada y entendida como el medio procesal idóneo, para que las partes de un proceso puedan obtener la celeridad necesaria en los trámites judiciales o administrativos cuando en los mismos exista dilaciones indebidas y como efecto se cause una restricción al derecho a la libertad; ii) En ese sentido este tipo de acción se activa para reparar las vulneraciones al derecho a la libertad, ante demoras injustificadas que perjudican a la persona privada de la misma, es así que la importancia de la acción de libertad de pronto despacho se encuentra como un mecanismo que busca acelerar los trámites para resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra restringida en su libertad; iii) Por Auto de 29 de septiembre de 2023, la Vocal hoy accionada, admitió el recurso de apelación incidental, programando la audiencia para la “vista y resolución” del caso para el 17 de octubre de igual año, procediendo a la suspensión de plazos procesales en función del art. 130 del CPP, alegando la saturada agenda de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, como circunstancia de fuerza mayor que impide el cumplimiento de los plazos; iv) Precisando los antecedentes se llega a constatar que efectivamente el accionante al amparo del art. 251 del CPP, formuló recurso de apelación incidental contra el “Auto” que dispuso su detención preventiva, radicando la causa ante la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba y la Vocal ahora accionada, programó audiencia fuera del plazo establecido que es de tres días, tal como lo establece la norma adjetiva penal, modificada por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, que se traduce en la intención del legislador de priorizar la atención de este tipo de actuaciones por estar esencialmente vinculadas al derecho a la libertad; v) Se entiende que la finalidad de la norma señalada fue que se tramite de forma sumaria y por ello debe ser resuelto sin la mayor demora, consecuentemente se tiene que efectivamente la nombrada Vocal no cumplió con el deber de facilitar el asunto con la debida celeridad y conforme al mandato establecido dentro de .

un plazo razonable; vi) Se debe puntualizar que la citada Vocal no fundamentó el Auto de 29 de septiembre del mismo año, que señaló la audiencia, no se encontraba dentro del plazo establecido, debido a la recargada agenda de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba y procedió a disponer la suspensión de plazos conforme lo dispuesto por el art. 130 del CPP y estos mismos argumentos fueron ampliados en el informe de 4 de octubre de igual año; vii) En virtud de los argumentos esgrimidos por la mencionada Vocal, es menester puntualizar qué a criterio del Tribunal de garantías y en cumplimiento de la jurisprudencia se establece que el mero incumplimiento de plazos es considerado como un acto dilatorio contra la ley, referidas a dilaciones indebidas e innecesarias, es decir aquellas que conlleven actuar negligente del juzgador; viii) Los entendimientos mencionados se traducen en el reconocimiento de la mora procesal que aqueja a toda la administración de justicia y por consiguiente recomienda que para el cumplimiento de los actos jurisdiccionales los mismos sean realizados en plazos razonables; y, ix) Cabe destacar que la Vocal ahora accionada, únicamente adjunto copia de un libro que se deduce es el libro de ingreso de apelaciones incidentales, donde consta el número de ingreso, identificación del querellante del delito, juzgado de origen, fecha del auto apelado, la fecha y hora de ingreso, literal, que desde todo punto de vista resulta insuficiente para acreditar las cuatro circunstancias alegadas por la citada Vocal, como de fuerza mayor para no efectuar el señalamiento en un plazo razonable, por consiguiente no es posible sostener que la demora incurrida se encuentre justificada.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Por decreto constitucional de 7 de abril de 2026, cursante a fs. 35, se dispuso la suspensión de plazo para la emisión de la correspondiente resolución a efectos de recabar documentación complementaria, reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el decreto constitucional de 8 de julio de igual año, cursante a fs. 39; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del término legal.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Auto de Vista de 29 de septiembre de 2023, emitido por María Gionvanna Pizo Guzmán, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal .

Departamental de Justicia de Cochabamba -ahora accionada-, dispuso la admisibilidad del recurso de apelación incidental planteada por Dayana Valeria Montalvan Bravo y Badir Humberto Daguer -hoy accionante-; además, señaló audiencia de Rivasplata consideración para el 17 de octubre de ese año (fs. 2 y vta.). II.2. Cursa fotocopia del libro de registro de ingreso de causas de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, donde se constata el registro de la causa seguida por el Ministerio Público contra Dayana Valeria Montalbán y el accionante, por los delitos establecidos en la “ley 1008” (fs. 20 y vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de sus representantes sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso vinculado al principio de celeridad; puesto que, en el proceso penal seguido contra el accionante, se dispuso su detención preventiva en audiencia de medidas cautelares; por lo que, en la misma audiencia, formuló recurso de apelación incidental, que fue admitido por los Vocales hoy accionados, mediante Auto de 29 de septiembre de 2023; sin embargo, fijaron audiencia para el 17 de octubre de similar año, incumpliendo lo establecido en la norma señalada, que establece que este tipo de causas deben ser resueltas dentro de los tres días -setenta y dos horas- siguientes de recibidas las actuaciones, bajo responsabilidad, incumpliendo de esta forma la normativa vigente y no permitiendo que el imputado -accionante- sea escuchado de manera pronta y oportuna. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; b) Sobre el principio de celeridad en las actuaciones procesales; y, c) Análisis del caso concreto.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida

La SCP 1099/2025-S1 de 4 de septiembre, citando a su vez a la SCP 0142/2018-S2 de 30 de abril, establece que: “La Constitución Política del Estado en su art. 23, establece que toda persona tiene derecho a la libertad física como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo por constituir un derecho inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima con el propósito que este derecho, goce de protección especial cuando se pretenda lesionarlo o esté siendo amenazado de lesión. A ese efecto, la .

jurisprudencia constitucional contenida en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una lesión a producirse o correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida. Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, el que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del que se encuentra el hábeas corpus instructivo, que se admite cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado con el derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos; debiendo ser tramitados, resueltos -SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-. Con ese razonamiento, toda autoridad judicial que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos, dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa otorgar o dar curso a la petición en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, por cuanto la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud efectuada con la adecuada celeridad” (las negrillas nos corresponden).

III.2. Sobre el principio de celeridad en las actuaciones procesales

La SCP 0175/2025-S3 de 31 de marzo, establece que: “El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0441/2018-S2 de 27 de agosto, en el Fundamento jurídico III.3, al respecto refirió que: El art. 115 de la CPE, estipula:

I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos;

.

II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.

Asimismo, el art. 178.I de la referida Norma Suprema, señala:

La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos.

Por su parte, el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la referida SCP 0557/2016-S1 de 12 de mayo, desarrollo la celeridad como un principio, con el cual deben manejarse los administradores de justicia, más aun, tratándose de aquellos casos vinculados con la libertad de las personas; toda vez que, toda petición relacionada con este derecho, debe ser atendida sin dilaciones indebidas y en cumplimiento estricto de los plazos legales.

En ese mismo sentido, con relación al principio de celeridad para una justicia pronta; la SCP 266/2020-S1 de 5 de agosto, asumiendo el entendimiento de la SCP 0112/2012 de 27 de abril, entre otras, señaló que, por mandato constitucional todos los actores del ámbito judicial y administrativo deben regir sus actos conforme a los valores, principios y derechos fundamentales consagrados en la Constitución política del Estado; y, en ese fin tanto el personal subalterno como los administradores de justicia se encuentran impelidos a orientar sus actos al principio de acceso a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones establecida en los arts. 115.II, 178.I y 180.I de la Norma Fundamental; esto con el objeto primordial de que, todo proceso judicial se desarrolle sin dilaciones, se observen los plazos procesales para cada actuado, para lograr un procedimiento más ágil, eficaz y sencillo; sin embargo, cuando los funcionarios subalternos y jueces o administradores de justicia incurran en dilaciones e inobservancia de los principios constitucionales señalados anteriormente, y se incurra en dilaciones indebidas y/o mora procesal, la parte perjudicada puede interponer la acción constitucional que corresponda, más aun cuando se trate de asuntos relacionados con personas privadas de libertad”.

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante a través de sus representantes sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso vinculado al principio de celeridad; puesto que, en el proceso penal seguido contra el accionante, se dispuso su detención preventiva en audiencia de medidas cautelares; por lo que, en la misma audiencia, formuló recurso .

de apelación incidental, que fue admitido por los Vocales hoy accionados, mediante Auto de 29 de septiembre de 2023; sin embargo, fijaron audiencia para el 17 de octubre de similar año, incumpliendo lo establecido en la norma señalada, que establece que este tipo de causas deben ser resueltas dentro de los tres días -setenta y dos horas-siguientes de recibidas las actuaciones, bajo responsabilidad, incumpliendo de esta forma la normativa vigente y no permitiendo que el imputado -accionante- sea escuchado de manera pronta y oportuna.

Por su parte, la Vocal hoy accionada en el informe presentado el 4 de octubre 2023, manifestó que mediante Auto de Vista de 29 de septiembre de igual año, emitida por la nombrada Vocal, dispuso la admisibilidad del recurso de apelación incidental planteada por Dayana Valeria Montalvan Bravo y el accionante; además, señalo audiencia de consideración para el 17 de octubre de ese año, (Conclusión II.1.), es decir dieciocho días después, debido a la recargada agenda que tenían; tomando en cuenta que, los días siguientes al ingreso de la causa ya se encontraban totalmente cubiertos incluso hasta el 24 de del mismo mes y año; situación que, no permitía cumplir con una programación en un tiempo más breve, esto por la gran cantidad de causas de igual naturaleza que ingresaron previamente; además, de otras actividades jurisdiccionales adicionales que realiza la Sala Penal; por lo que, resultaría ser una situación extraordinaria que derivaría de un impedimento material palpable.

En ese entendido, se debe reiterar que la acción de libertad se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad, cuando esté relacionado con la libertad y devenga de dilataciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, justamente buscando esta finalidad la jurisprudencia constitucional estableció que esta acción de defensa pueda ser planteada cuando se considere una retardación de justicia por causas injustificadas. En el presente caso de los antecedentes que cursan y lo desarrollado de la audiencia, se llegó a establecer que evidentemente la Vocal hoy accionada, programó la audiencia del recurso de apelación incidental del accionante, para dieciocho días después de ser admitida en la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Cochabamba, argumentando como justificativo que tenían una recargada agenda por el señalamiento de otras audiencias de apelaciones análogas que fueron previamente programadas, así mismo también debían resolver apelaciones restringidas ordinarias, tenían visitas de cárcel programadas a los recintos penitenciarios y se encontraban cumpliendo con el plan de descongestionamiento; sin embargo, la citada Vocal no demostró de manera efectiva lo señalado; puesto que, lo único que presentó fue una fotocopia del Libro de Registro .

de Ingresos de Causas de la referida Sala Penal, donde se observa el registro del proceso seguido por el Ministerio Público contra los imputados Dayana Valeria Montalbán y el accionante, por los delitos establecidos en la “Ley 1008” (Conclusión II.2.), documento que de ninguna manera justifica materialmente el claro incumplimiento a lo establecido por el art. 251 del CPP, que por mandato legal establece que todos los casos puestos a conocimiento de la autoridad jurisdiccional, estos deben ser resueltos dentro de las setenta y dos horas de ser admitidos, consecuentemente son los responsables que todo acto se desarrolle con la debida celeridad, cumpliendo los plazos y tomando en cuenta las medidas necesarias para su cumplimiento; extremo que, en el caso de autos, no se cumplió; debido a que, se programó la audiencia para más de dos semanas después de su admisión, inobservando el deber y obligación de resolver la situación jurídica del apelante -accionante- con la mayor prontitud posible. En el contexto fáctico y procesal referido, conforme lo desarrollado en los Fundamentos Jurídicos III.1. y III.2. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho que se activa para apresurar el trámite judicial y se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionado a la libertad y devenga de dilataciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, como sucedió en el caso analizado; puesto que, no se tomó en cuenta la norma adjetiva penal establecida en el art. 324 del CPP; por lo que, constituye en una demora indebida; considerando que, se debe entender que toda autoridad que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo, podría provocar una restricción del citado derecho. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder la tutela solicitada, obró de manera parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución de 4 de octubre de 2023, cursante de fs. 23 a 26 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, únicamente respecto a María Giovanna Pizo Guzmán, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; conforme con los fundamentos .

jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional y en los mismos términos dispuestos por el Tribunal de garantías. 2° DENEGAR la tutela solicitada, con relación a Jesús Víctor Gonzáles Milán, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1091_2026-S1.pdf · páginas 1 a 11.

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