B.IA.LEGAL

SCP 1091/2023-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 13 de noviembre de 2023

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
13 de noviembre de 2023
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
Expediente
51773-2022-104-AAC
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

En la problemática jurídica planteada, la accionante denuncia que el Alcalde accionado vulneró sus derechos a la estabilidad laboral, inamovilidad laboral hasta que su hijo cumpla un año de edad, a la maternidad segura, a la asistencia y protección del Estado durante el embarazo y a una fuente de ingresos que le asegure una existencia digna, así como a la vida y a la salud de esta y su hijo menor y a la alimentación de este último; debido a que, la desvinculó laboralmente del GAM de Santa Cruz de la Sierra, aunque tenía conocimiento de la situación de lactancia materna de su hijo menor y que no existía el justificativo de que el cargo que desempeñaba era de libre nombramiento y por ende de remoción; ya que se encontraba desempeñando funciones en un cargo de nivel operativo de nivel 12 al momento de prescindirse de sus servicios. En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y 44.1 del Código Procesal Constitucional, en revisión resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución S-102 de 22 de agosto de 2023, cursante de fs. 76 vta. a 78 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, respecto al derecho a la inamovilidad laboral hasta que su hijo cumpla un año de edad, a la maternidad segura, a la asistencia y protección del Estado durante el embarazo; y a una fuente de ingresos que le asegure una existencia digna, así como a la salud y a la vida de esta y su hijo menor y a la alimentación de este último y por conexitud su derecho a la seguridad social; disponiéndose el pago de los sueldos devengados y demás derechos sociales, así como la entrega de las asignaciones familiares que le correspondían desde su desvinculación hasta el cumplimiento del primer año de edad, en el marco de lo previsto en el Reglamento de Fiscalización y Control del Régimen de Asignaciones Familiares y del Subsidio Universal Prenatal por la Vida y el DS 3546, así como los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional; 2° Ordenar que en ejecución de este fallo constitucional, la Sala Constitucional abra un término de prueba de diez días, a efectos del cumplimiento de asignaciones familiares y el pago de sueldos devengados que se dispone; y, 3° DENEGAR la tutela peticionada, respecto al derecho a la estabilidad laboral;

así como la reincorporación laboral solicitada conforme se tiene explicado en el Fundamento Jurídico precedente.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La categorización de las servidoras públicas y servidores públicos provisorios
  2. III.2. Sobre la garantía de inamovilidad laboral de la mujer embarazada y/o progenitor en cargos de libre nombramiento y los derechos involucrados
  3. III.3. Con relación al Régimen de asignaciones familiares. Jurisprudencia reiterada
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1091/2023-S3 Sucre, 13 de noviembre de 2023 SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de amparo constitucional Expediente: 51773-2022-104-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión de la Resolución S-102 de 22 de agosto de 2023, cursante de fs. 76 vta. a 78 vta., dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Paola Andrea Sanabria Torrez contra Max Jhonny Fernández Saucedo, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Santa Cruz de la Sierra.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 20 de septiembre de 2022, cursante a fs. 30 a 40, la accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Prestó servicios profesionales en el área administrativa del GAM de Santa Cruz de la Sierra, en virtud a dos “memorándums” de noviembre de 2017 y febrero de 2018, encontrándose vigente la relación laboral. Sin embargo, mediante Decreto Edil 613/2018 de 25 de septiembre, fue promovida al cargo de de Subdirectora de la Unidad Operativa Desconcentrada de Abastecimiento y Servicios, con ítem 1511, nivel 7, dependiente de la Dirección de Centros de Abastecimiento Minorista y Servicios, perteneciente a la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana de dicho ente municipal, que efectivamente constituía un cargo de confianza especializada y libre nombramiento. Posteriormente, al encontrarse en estado de gestación, procedió para fines legales a notificar a su empleador, acompañando al efecto certificación emitida por la Caja Nacional de Salud (CNS) de 22 de abril de 2021; pese a ello, debido al cambio de autoridades municipales, mediante Memorándum 44e/2021 de “mayo”, se la desvinculó laboralmente sin mencionar causal alguna. Razón por la que, solicitó su reincorporación laboral, que fue respondida negativamente por la entidad, argumentando que por disposición del Reglamento de la Ley General del Trabajo -Decreto Supremo (DS) 224 de 23 de agosto de 1943-, no estaría protegida por la Ley General del Trabajo, en atención a que era una servidora pública de libre nombramiento y por consiguiente no gozaría del derecho a la inamovilidad laboral. Por ello acudió a la Jefatura Departamental de Trabajo de Santa Cruz, en busca de conciliación y de que se le restituya a su fuente laboral, empero “…luego de varios intentos fallidos…” (sic) el Jefe de dicha entidad emitió una conminatoria para que se proceda a la reincorporación inmediata a su fuente de trabajo, reponiendo los sueldos devengados. En dicha oportunidad, sucedió un hecho relevante; debido a que, el 3 de septiembre de 2021, el Alcalde accionado procedió a designarla como Profesional A, en el nivel 12, con ítem 17006, reconociendo su antigüedad, lo cual aceptó y se consolidó; vale decir, que ya no ocupaba un cargo jerárquico especializado de confianza, sino uno operativo en el que cumplió funciones por el lapso de cinco meses hasta que recibió el Memorándum 00486re/2022 de “febrero”, mediante el cual se la desvinculó laboralmente de la entidad; en virtud a una Resolución Ministerial -no especifica el número- que revocó totalmente la conminatoria de reincorporación laboral; sin embargo, por razones que desconoce dicha determinación fue anulada casi inmediatamente; por lo cual, continuó cumpliendo sus funciones con normalidad por comunicación emitida por la Dirección de Recursos Humanos (RR.HH); ello durante tres meses y siete días, recibiendo normalmente su sueldo. No obstante, el 7 de junio de 2022, fue notificada con el Memorándum 00714re/2022 de “mayo”, con objeto de conclusión de la relación laboral; pese a que era de pleno conocimiento de las autoridades municipales, tanto de RR.HH como de la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) accionada, que su hijo tenía menos de un año y que no existía el justificativo de que el cargo que desempeñaba era de libre nombramiento y por ende de remoción; ello por el cambio de ítem aceptado por ambas partes desde el 3 de septiembre de 2021, pues el mismo recae hasta el cuarto nivel jerárquico de la estructura de cargos y escala salarial y niveles de mando en las instituciones públicas, conforme lo prevé el art. 13 inciso b) de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal (NB-SAP) aprobada por el DS 26115 de 16 de marzo de 2001.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

La impetrante de tutela denuncia la lesión de sus derechos a la inamovilidad laboral hasta que su hijo cumpla un año de edad, a la maternidad segura, a la asistencia y protección del Estado durante el embarazo; así como a la vida y a la salud de esta y su hijo menor; citando al efecto los arts. 45.V y, 48.VI de la Constitución Política del Estado (CPE).

Asimismo, en audiencia de consideración de esta acción de defensa, amplió el catálogo de los derechos que considera vulnerados, sobre el derecho a la estabilidad laboral, a una fuente de ingresos que le asegure una existencia digna para ella y su hijo y a la alimentación de este último, sin citar precepto constitucional adicional a los ya mencionados.

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada y en consecuencia se ordene: a) Su reincorporación laboral al cargo de Profesional A, nivel 12 del GAM de Santa Cruz de la Sierra; y, b) El pago de sueldos devengados desde su ilegal y arbitrario despido el 7 de junio de 2022 hasta su efectiva reincorporación a su fuente de trabajo.

I.2. Trámite en el Tribunal Constitucional Plurinacional

I.2.1. Declaración por no presentada de la acción de amparo constitucional

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 17 de 22 de septiembre de 2022, cursante de fs. 41 a 43 vta., notificada el 4 de noviembre de igual año (fs. 44) declaró la improcedencia de la acción de amparo constitucional; consecuentemente, la parte impetrante de tutela mediante memorial presentado el 9 de igual mes y año, cursante fs. 45 a 54, impugnó dicha determinación.

I.2.2. Admisión de la acción de amparo constitucional

Por Auto Constitucional (AC) 0243/2022-RCA de 19 de diciembre, cursante de fs. 57 a 65, la Comisión de Admisión de este Tribunal, con la facultad conferida por el art. 30.III del Código Procesal Constitucional (CPCo), resolvió revocar la Resolución 17, disponiendo en consecuencia que la Sala Constitucional admita la presente acción de defensa y se someta la causa al trámite previsto por ley, debiendo pronunciar resolución en audiencia pública, concediendo o denegando la tutela impetrada, según corresponda en derecho.

I.3. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Efectuada la audiencia pública virtual el 22 de agosto de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 74 a 76, en presencia de la accionante asistida por su abogado; y ausente la parte accionada; se produjeron los siguientes actuados:

I.3.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante por intermedio de su abogado, en audiencia ratificó los argumentos expuestos en el memorial de acción de amparo constitucional y ampliando los términos del mismo manifestó lo siguiente: 1) En torno al cumplimiento de los principios de inmediatez y subsidiariedad, el AC 0243/2022-RCA pronunciado por el Tribunal Constitucional Plurinacional, determinó que se ingrese al fondo del análisis de esta acción de defensa, porque el caso trata de un grupo vulnerable que demanda atención inmediata de tutela frente a la vulneración de sus derechos; 2) Inicialmente la Jefatura Departamental del Trabajo de Santa Cruz, emitió la Conminatoria de Reincorporación Laboral más el pago de sueldos devengados, ya que tenía un hijo menor de un año de edad; por lo que, se encontraba dentro del alcance de protección que otorga la Constitución Política del Estado a las trabajadoras y trabajadores que tienen esta condición; aspecto que fue reconocido por el Alcalde accionado, quien la reincorporó a su fuente de trabajo, aunque en un nivel jerárquico diferente, pero en “febrero” de 2022 se le comunicó nuevamente la conclusión de la relación laboral; empero, dicha determinación fue dejada sin efecto, al parecer debido a que notaron que cometieron un error al despedir a una persona con un hijo menor a un año de edad; 3) El 7 de junio de 2022, fue notificada con el Memorándum 00714re/2022, por el cual se le comunicó de la conclusión de la relación laboral, pese a que su hijo aún no contaba con un año de edad, ya que nació el 18 de noviembre de 2021 y le faltaban seis meses para que cumpla un año; vale decir, le alcanzaba la protección que otorga la garantía de inamovilidad laboral hasta el 18 de noviembre de 2022; 4) El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, dejó sin efecto la Conminatoria de Reincorporación Laboral emitida por la Jefatura Departamental del Trabajo de Santa Cruz, al considerar que el cargo que ocupaba era de libre nombramiento, pero cometió un error, ya que ocupaba un cargo de nivel 12 o de cargo inferior y fue con base a esta revocatoria que el Alcalde accionado emitió el último memorándum de desvinculación laboral; y, 5) Los entendimientos jurisprudenciales con estándares más altos de protección a los derechos -cita la SCP 1424/2015-S2 de 23 de diciembre- establece que no importa si el servidor público es de libre nombramiento o no para el resguardo de su derecho a la inamovilidad laboral, ya que el art. “48.4” -lo correcto es art. 48.VI-de la CPE, no hace excepciones ni categoriza a mujeres bajo protección “…de primera o de segunda…” (sic); es decir, que aun en el supuesto de que hubiera sido servidora pública de libre nombramiento dentro del cuarto nivel jerárquico de la Alcaldía, de igual manera, gozaría de la protección que deriva de este derecho; debido a que el art. 109 de la Norma Fundamental, establece que los derechos reconocidos en el texto constitucional, son de aplicación directa y el referido art. 48 de la CPE, es claro al reconocer el derecho a la inamovilidad laboral en su condición de trabajadora con hijo menor a un año de edad.

I.3.2. Informe de la autoridad accionada

Max Jhonny Fernández Saucedo, Alcalde del GAM de Santa Cruz de la Sierra, no asistió a la audiencia de consideración de esta acción de amparo constitucional, ni presentó informe escrito, pese a su legal citación cursante a fs. 73.

I.3.3. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por Resolución S-102 de 22 de agosto de 2023, cursante de fs. 76 vta. a 78 vta., concedió la tutela solicitada, con base a los siguientes fundamentos: i) El Tribunal Constitucional Plurinacional, en el AC 0243/2022-RCA, sostuvo que era preciso prescindir del principio de subsidiariedad, por ser la accionante responsable de un menor de edad y los derechos de este último que está dentro de un grupo de protección reforzada, conforme lo establece el art. 45 de la CPE y la SCP “0038/2018-S4 de 12 de marzo” (sic), todo ello en directa relación con lo previsto en el art. 60 de la CPE, que el Tribunal Constitucional Plurinacional puso de relieve en el referido Auto Constitucional, verificando que de por medio se encuentra un menor de edad; y, ii) El Tribunal Constitucional Plurinacional como máximo intérprete de la Constitución Política del Estado en el citado AC 0243/2022-RCA, dispuso que se debe reconsiderar esta acción de amparo constitucional y con base en el derecho que tiene el menor de recibir atención prioritaria y a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializada, corresponde la concesión de tutela impetrada.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Se tiene Decreto Edil 613/2018 de 25 de septiembre, por el que Percy Fernández Añez, entonces Alcalde del GAM de Santa Cruz de la Sierra, designó a Paola Andrea Sanabria Torrez -ahora accionante-, en el cargo de Subdirectora de la Unidad Operativa Desconcentrada de Abastecimiento y Servicios, con ítem 1511, nivel 7, dependiente de la Dirección de Centros de Abastecimiento Minorista y Servicios, perteneciente a la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana de dicho ente municipal. Asimismo, consta Memorándum 44re/2021 de “mayo”, por el que Max Jhonny Fernández Saucedo, Alcalde del citado Gobierno Municipal -ahora accionado- comunicó a la impetrante de tutela su desvinculación laboral en el cargo referido (fs. 4 y 8). II.2. Consta Conminatoria de Reincorporación Laboral por inamovilidad laboral JDTSC/JCCHS/CONM. 090-A/2021 de 16 de julio, por el cual el Jefe Departamental del Trabajo de Santa Cruz, conminó al GAM de Santa Cruz de la Sierra, a la reincorporación inmediata de la peticionante de tutela, a su fuente laboral, reponiendo los sueldos devengados desde el despido injustificado, manteniendo su antigüedad y demás derechos que le corresponden por ley (fs. 14 a 15 vta.). II.3. Mediante Memorándum 004r.i/2021 de “agosto”, el Alcalde accionado, reincorporó a la accionante, al cargo de Profesional A, con ítem 17006, nivel 12, dependiente de la Secretaría Municipal de Movilidad Urbana de dicho ente municipal (fs. 16). II.4. Cursa certificado de nacimiento 246034 emitido por la Oficialía de Registro Civil 4212 de Santa Cruz de la Sierra, que corresponde a AA, hijo de la impetrante de tutela y Richard Bernardo Rojas Justiniano, nacido el 18 de noviembre de 2021 (fs. 2). II.5. Cursa Memorándum 00714re/2022 de “mayo”, a través del cual, el Alcalde accionado, concluyó la relación laboral de la accionante con el GAM de Santa Cruz de la Sierra, en el cargo de Profesional A, con ítem 17006, nivel 12, dependiente de la Secretaría Municipal de Movilidad Urbana dependiente de dicho ente municipal, en razón a la revocatoria de la Conminatoria de Reincorporación Laboral por inamovilidad laboral JDTSC/JCCHS/CONM. 090-A/2021, mediante Resolución Ministerial (RM) 210/22 de 16 de febrero de 2022 (fs. 26). II.6. Se tiene boleta de pago de 6 de julio de 2022, emitida por el GAM de Santa Cruz de la Sierra, a nombre de la peticionante de tutela y correspondiente a los haberes cancelados del mes de junio de igual año, en el cargo de Profesional A, con ítem 17006 por siete días trabajados durante este último mes (fs. 27).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

En la problemática jurídica planteada, la accionante denuncia que el Alcalde accionado vulneró sus derechos a la estabilidad laboral, inamovilidad laboral hasta que su hijo cumpla un año de edad, a la maternidad segura, a la asistencia y protección del Estado durante el embarazo y a una fuente de ingresos que le asegure una existencia digna, así como a la vida y a la salud de esta y su hijo menor y a la alimentación de este último; debido a que, la desvinculó laboralmente del GAM de Santa Cruz de la Sierra, aunque tenía conocimiento de la situación de lactancia materna de su hijo menor y que no existía el justificativo de que el cargo que desempeñaba era de libre nombramiento y por ende de remoción; ya que se encontraba desempeñando funciones en un cargo de nivel operativo de nivel 12 al momento de prescindirse de sus servicios. En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La categorización de las servidoras públicas y servidores públicos provisorios

La Constitución Política del Estado en su art. 233, señala: “Son servidoras y servidores públicos las personas que desempeñan funciones públicas. Las servidoras y los servidores públicos forman parte de la carrera administrativa, excepto aquellas personas que desempeñen cargos electivos, las designadas y los designados, y quienes ejerzan funciones de libre nombramiento” (énfasis agregado).

En este sentido, el art. 5 del EFP, desarrolla las mismas categorías que establece la Norma Suprema, estableciendo que: “Los servidores públicos se clasifican en:

a) Funcionarios electos: Son aquellas personas cuya función pública se origina en un proceso eleccionario previsto por la Constitución Política del Estado. Estos funcionarios no están sujetos a las disposiciones relativas a la Carrera Administrativa y Régimen Laboral del Presente Estatuto.

b) Funcionarios designados: Son aquellas personas cuya función pública emerge de un nombramiento a cargo público, conforme a la Constitución Política del Estado, disposición legal u Sistema de Organización Administrativa aplicable. Estos funcionarios no están sujetos a las disposiciones relativas a la Carrera Administrativa del presente Estatuto.

c) Funcionarios de libre nombramiento: Son aquellas personas que realizan funciones administrativas de confianza y asesoramiento técnico especializado para los funcionarios electos o designados. El Sistema de Administración de Personal, en forma coordinada con los Sistemas de Organización Administrativa y de Presupuesto, determinará el número y atribuciones específicas de éstos y el presupuesto asignado para este fin. Estos funcionarios no están sujetos a las disposiciones relativas a la Carrera Administrativa del presente Estatuto.

d) Funcionarios de carrera: Son aquellos que forman parte de la administración pública, cuya incorporación y permanencia se ajusta a las disposiciones de la Carrera Administrativa que se establecen en el presente Estatuto.

(…)” (énfasis añadido).

Aspecto que resulta concordante con lo establecido en el art. 12 del Reglamento del Estatuto del Funcionario Público aprobado mediante DS 25749 de 20 de abril de 2000, que menciona:

Clases de Servidores: “Entre los servidores públicos se distinguen:

a) Funcionarios Electos: El Presidente y Vicepresidente de la República, Diputados y Senadores, Alcaldes, Concejales y Agentes Municipales son elegidos en votación universal, directa, libre y secreta por el periodo que establece la Constitución Política del Estado. Estos funcionarios no están sujetos a las disposiciones de la carrera administrativa y Régimen Laboral, regulados por Ley y el presente Reglamento.

(…)

c) Funcionarios de Libre Nombramiento: Son aquellas personas designadas por la máxima autoridad ejecutiva de una entidad pública para realizar funciones administrativos y técnico especializadas para los funcionarios electos y designados, sus atribuciones y el presupuesto asignado, serán determinados por el Sistema de Administración de Personal en forma coordinada con los Sistemas de Organización Administrativa y de Presupuesto. Son funcionarios de libre nombramiento los Asesores Generales, los Coordinadores Generales, Jefes de Gabinete, Oficiales Mayores, Secretarios Privados, Ayudantes y personal de confianza nombrados por la máxima autoridad ejecutiva y el personal nombrado directamente por el Presidente de la República. Los funcionarios de libre nombramiento no están sujetos a las disposiciones relativas a la Carrera Administrativa reguladas por el Estatuto y el presente Reglamento.

d) Funcionarios de Carrera: Son aquellas personas que forman parte de la administración pública que ocupan puestos previstos en la estructura orgánica de la institución, de acuerdo al proceso de dotación de personal, desempeñando sus funciones conforme a las disposiciones de la carrera administrativa establecidas por el Estatuto y el Presente Reglamento.

(…)”.

III.2. Sobre la garantía de inamovilidad laboral de la mujer embarazada y/o progenitor en cargos de libre nombramiento y los derechos involucrados

Sobre la garantía de inamovilidad laboral de trabajadoras o trabajadores progenitores de menores de un año de edad, la SCP 0831/2023-S3 de 1 de agosto, estableció: “La Constitución Política del Estado de 7 de febrero de 2009, en su art. 48.VI, reconoce la garantía de inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo, haciendo extensiva esta garantía a los progenitores, hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad, al prever: `Las mujeres no podrán ser discriminadas o despedidas por su estado civil, situación de embarazo, edad, rasgos físicos o número de hijas o hijos. Se garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo, y de los progenitores, hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad´. Por su parte, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), aprobada mediante Ley 1100 de 15 de septiembre de 1989, en su art. 11.1 menciona que: `Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar a la mujer, en condiciones de igualdad con los hombres, los mismos derechos…´. Asimismo, a el art. 11.2 de la CEDAW señala: `A fin de impedir la discriminación contra la mujer por razones de matrimonio o maternidad y asegurar la efectividad de su derecho a trabajar, los Estados Partes tomarán medidas adecuadas para: a) Prohibir, bajo pena de sanciones, el despido por motivo de embarazo o licencia de maternidad y la discriminación en los despidos sobre la base del estado civil; (…) d) Prestar protección especial a la mujer durante el embarazo en los tipos de trabajos que se haya probado puedan resultar perjudiciales para ella´. En el ámbito interno, el art. 1 de la Ley 975, menciona: `Toda mujer en periodo de gestación hasta un año de nacimiento del hijo, gozará de inamovilidad en su puesto de trabajo en Instituciones públicas o privadas´. En la misma línea, el art. 2 de la referida Ley, aclara que: `La mujer en gestación en el puesto de trabajo que implique esfuerzos que afecten su salud, merecerá un tratamiento especial, que le permita desarrollar sus actividades en condiciones adecuadas, sin afectar su nivel salarial ni su ubicación en su puesto de trabajo´. De manera que, ante la prohibición de discriminación de la mujer en la esfera del empleo, asegurando la efectividad de su derecho a trabajar independiente de su maternidad, se concibió el beneficio de inamovilidad laboral tanto para la trabajadora embarazada como al progenitor, siempre con la finalidad de alcanzar un fin mayor que es la protección del ser por nacer o hasta que cumpla un año de edad. Sobre esta finalidad, el Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP 1277/2012 de 19 de septiembre, estableció que la misma: `…es una garantía constitucional creada con la finalidad de proteger una pluralidad de derechos fundamentales, pero el núcleo protectivo esencial es el bienestar de la madre gestante o el progenitor y los derechos del ser en concepción o de la niña o niño hasta un año de edad, en miras a que el periodo de gestación hasta que el nuevo ser cumpla un año se desarrolle con los mayores estándares de bienestar y en condiciones de dignidad protegiendo a la futuras generaciones y garantizando la dignidad de las mujeres gestantes y de los progenitores´. En tal sentido, el DS 0012; por el que, se reglamentó las condiciones para otorgar la inamovilidad laboral de la madre y progenitores que trabajan en el sector público o privado, establece en el art. 2 que: `La madre y/o padre progenitores, sea cual fuere su estado civil, gozarán de inamovilidad laboral desde la gestación hasta que su hijo o hija cumpla un (1) año de edad, no pudiendo ser despedidos, afectarse su nivel salarial ni su ubicación en su puesto de trabajo´. Por otro lado, el art. 5 del mismo Decreto Supremo, establece las condiciones de vigencia del mismo: `I. No gozarán del beneficio de inamovilidad laboral la madre y/o padre progenitores que incurran en causales de conclusión de la relación laboral atribuible a su persona, previo cumplimiento por parte del empleador público o privado de los procedimientos que fijan las normas para extinguir la relación laboral. II. La inamovilidad laboral no se aplicará en contratos de trabajo que por su naturaleza sean temporales, eventuales o en contratos de obra; salvo las relaciones laborales en las que bajo éstas u otras modalidades se intente eludir el alcance de esta norma. En este último caso corresponderá el beneficio. III. La inamovilidad laboral del padre y/o madre progenitores se mantendrá siempre y cuando cumplan con sus obligaciones legales y de asistencia para con el hijo o hija´. Consiguientemente, se trata de un beneficio que el Estado reconoce a grupos vulnerables, como son los concebidos niñas y niños menores de un año, en el marco del interés superior del menor que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia y a las mujeres para garantizar equidad y protección de la mujer embarazada de que no pueda ser despedida. Ahora bien, sobre la garantía de inamovilidad laboral de la mujer embarazada y el progenitor hasta el año de nacimiento de la hija o hijo, el Tribunal Constitucional Plurinacional efectuó un extenso desarrollo jurisprudencial, en diferentes tópicos, entre ellos el referente a la inamovilidad laboral de la trabajadora embarazada y/o progenitor con hijos menores a un año, que prestan servicios en calidad de servidores públicos de libre nombramiento, sobre el cual la SC 0572/2005-R de 24 de mayo, reconoció a favor de dichos servidores la aplicación de esta garantía constitucional, en sentido de que lo que se busca prioritariamente, es el resguardo de la maternidad de la mujer trabajadora y bienestar del nasciturus, señalando que: `...como mecanismo rápido y eficaz para tutelar prioritariamente los derechos de la recurrente que se encuentra en estado de gravidez y del ser en gestación; sin que el argumento esgrimido por el recurrido, en sentido de que el cargo que ejercía la recurrente es de libre nombramiento, dado que la protección de la norma es el resguardo de la maternidad, a tal extremo que ese resguardo a que alude el art. 1º de la Ley 975, se extiende incluso para las mujeres en gestación que presta funciones en la actividad privada´ -Razonamiento reiterado en las SSCC 0434/2010-R de 28 de junio, 1650/2010-R de 15 de octubre, y la SCP 0086/2012 de 16 de abril, entre otras-.

Más adelante, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1277/2012 y 1521/2012 de 24 de septiembre, mutaron el entendimiento jurisprudencial establecido en la SC 0572/2005-R, entre otras, estableciendo que la inamovilidad de la trabajadora embarazada o del padre progenitor no puede ser aplicada a todos los servidores y servidoras públicas, entre ellas, los funcionarios de libre nombramiento; por cuanto, existen tipos de servidores públicos que tienen características específicas que mal podrían ser equiparables a la calidad de servidores públicos y trabajadores que gozan de la garantía de la inamovilidad en las condiciones establecidas por la Constitución y la Ley, señalando que: `… la inamovilidad no puede ser aplicada en todos los casos, ya que como se desarrolló anteriormente no todas las funciones públicas son iguales y algunas contienen ciertas características concretas. Es por ello que en los casos en los que se aplique la garantía de inamovilidad laboral podrían ser desvirtuadas las antedichas funciones públicas; así, a modo de ejemplo, se puede afirmar que no resultaría razonable que un Alcalde o un Ministro de Estado pretendan justificar su permanencia en mérito a la garantía de inamovilidad pretendiendo una extensión de mandato, no obstante de ello el Estado debe evitar dejarlos en desprotección por su condición de progenitores a través de los sistemas de seguridad social, pero no mediante la inamovilidad laboral´. De modo que, la SCP 1277/2012, refiriéndose a las características específicas de los cargos electivos y cargos de designación, que no son equiparables a la generalidad de los servidores públicos, determina que no les es aplicable la garantía de inamovilidad, que por sus características concretas, obedecen a criterios de jerarquía institucional y legitimidad democrática, en el que media derechos de los ciudadanos frente a derechos individuales; no obstante de ello, el Estado debe evitar dejarlos en desprotección, por su condición de progenitores, a través de los sistemas de seguridad social, pero no mediante la inamovilidad laboral. Más adelante, la SCP 1417/2012, recondujo la línea jurisprudencial al razonamiento asumido en la SC 0572/2005-R, concluyendo que la garantía de inamovilidad funcionaria alcanza a los servidores públicos de libre nombramiento, hasta que el hijo cumpla un año de edad, por cuanto su situación laboral, no es equiparable a otros funcionarios que no se hallan en situación de vulnerabilidad. Empero, tomando en cuenta que ya no goza de ese elemento de confianza que motivó la designación, puede ser removido excepcionalmente a un cargo similar y con el mismo sueldo; decisión que fue confirmada por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1608/2012, 1609/2012 y 1686/2012, entre otras; no obstante, de manera implícita, la SCP 1044/2013 de 27 de junio, retornó al entendimiento señalado en la SCP 1521/2012, decisión que fue confirmada por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0041/2014-S3, 1018/2014, 0579/2015-S3, entre otras.

Nótese que la línea jurisprudencial en cuanto a este tópico, no fue estable ni sólida, ya que la lectura de la jurisprudencia constitucional da cuenta de un escenario de dinámica variación jurisprudencial, ya sea extendiendo o en su caso restringiendo sus alcances; de ahí que, el 2017 se volvió a la aplicación del entendimiento contenido en la SCP 1417/2012; toda vez que, se concedió la tutela por inamovilidad laboral a los servidores y servidoras públicas de libre nombramiento a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0241/2017-S2, 0537/2017-S1 y 0680/2017-S1. Y por último, a partir del 2018 y en adelante, nuevamente se retomó el entendimiento establecido en la SCP 0579/2015-S3 que a su vez cita a las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1044/2013 y 1521/2012; es decir, al razonamiento referido a que la inamovilidad de la mujer embarazada o del padre progenitor no puede ser aplicada a todos los servidores y servidoras públicas, entre ellos, los de libre nombramiento, ello a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0587/2018-S3, 0769/2018-S3, 0770/2018-S3, 0248/2019-S4, 0249/2019-S1, 0352/2019-S1, 0385/2019-S2, entre otras. Y es este último razonamiento jurisprudencial, referente a que la citada inamovilidad de la mujer embarazada o del progenitor no puede ser aplicado a todos los servidores y servidoras públicas, entre ellos, los de libre nombramiento, fue aplicado con mayor preponderancia por este Tribunal con base a un criterio de dominialidad, aunque no de manera uniforme, ya que, por otro lado existe una gran cantidad de fallos en los que se acoge el entendimiento sentado por la SC 0572/2005-R, al que se recondujo la línea jurisprudencial a través de la SCP 1417/2012; de ahí que, dicho criterio, así como el de temporalidad -el último en términos de fecha de emisión de fallos por el Tribunal Constitucional Plurinacional- en la identificación del precedente en vigor tiende a relativizarse. Es en este marco, que no se pueden desconocer los logros alcanzados por este Tribunal y el desarrollo jurisprudencial favorable a los derechos humanos, en cuanto a la protección reforzada de la garantía de inamovilidad laboral de la mujer embarazada y/o progenitores con hijos menores a un año, en cargos de libre nombramiento, máxime cuando se visibiliza un contexto en el que los problemas jurídicos de vulneración al derecho al trabajo de estos trabajadores son las causas más frecuentes de extinción de una relación laboral; razón por la que se considera conveniente asumir un cambio de criterio jurisprudencial, que resulte más favorable para la protección de la persona y sus derechos, en especial de aquellos que pertenecen a los grupos vulnerables, en busca de limitar aquellos actos que menoscaban los derechos laborales en la actualidad. De tal forma que, el presente fallo constitucional, asume que la SCP 1417/2012, contiene el precedente jurisprudencial en vigor o vigente, fundado en el criterio de resolución del problema jurídico que se ajuste a un desarrollo más progresivo de los derechos humanos y una interpretación favorable sobre el alcance a la garantía de inamovilidad laboral; con el objetivo de lograr la materialización efectiva y expansiva de los derechos sociales previstos en la Constitución Política del Estado y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad, además de la armonización con los principios pro operario, favorabilidad y aplicación directa y progresiva de los derechos -arts. 13, 109 y 256 de la CPE- Concluyendo, que la garantía de inamovilidad funcionaria alcanza a todo tipo de servidores públicos, incluidos los de libre nombramiento, hasta que el hijo cumpla un año de edad” (las negrillas corresponden al texto original).

III.3. Con relación al Régimen de asignaciones familiares. Jurisprudencia reiterada

La Constitución Política del Estado, prevé el derecho a la seguridad social, estableciendo en su art. 45, lo siguiente:

“I. Todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social. II. La seguridad social se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia. Su dirección y administración corresponde al Estado, con control y participación social. III. El régimen de seguridad social cubre atención por enfermedad, epidemias y enfermedades catastróficas; maternidad y paternidad; riesgos profesionales, laborales y riesgos por labores de campo; discapacidad y necesidades especiales; desempleo y pérdida de empleo; orfandad, invalidez, viudez, vejez y muerte; vivienda, asignaciones familiares y otras previsiones sociales” (las negrillas nos corresponden).

Asimismo, el art. 48.I de la Norma Suprema, prevé que las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio, y el parágrafo IV del referido artículo, establece que los salarios o sueldos devengados, derechos laborales, beneficios sociales y aportes a la seguridad social no pagados tienen privilegio y preferencia sobre cualquier otra acreencia, y son inembargables e imprescriptibles, entre ellos los subsidios prenatales y de lactancia. Por su parte, el art. 5 inc. a) del Reglamento Específico de Afiliación, Reafiliación y Desafiliación en el Seguro Social de Corto Plazo, establece que: “Todos los empleadores deberán registrar y afiliar a sus trabajadores en la entidad gestora respectiva, en el plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles; a partir de la fecha de iniciación de la relación laboral”.

El DS 3546 de 1 de mayo de 2018, que modifica el art. 25 del DS 21637 de 25 de junio de 1987, estableció, que se reconocen las prestaciones del Régimen de Asignaciones Familiares que serán pagadas, a su cargo y costo, directamente por los empleadores de los sectores público y privado y de las cooperativas mineras: “a) Subsidio Prenatal, consistente en la entrega a la madre gestante asegurada o beneficiaría, de un pago mensual, en dinero o especie, equivalente a Bs2 000.- (DOS mil 00/100 BOLIVIANOS) durante los cinco (5) últimos meses de embarazo, independientemente del subsidio de incapacidad temporal por maternidad; b) Subsidio de Natalidad, por nacimiento de cada hijo: un pago único a la madre, equivalente a Bs2.000.-(DOS mil 00/100 BOLIVIANOS); c) Subsidio de Lactancia, consistente en la entrega a la madre de productos lácteos u otros equivalentes a Bs2.000.-(DOS mil 00/100 BOLIVIANOS) por cada hijo, durante sus primeros doce meses de vida” (el resaltado es nuestro).

De igual manera, la SCP 0367/2015-S3 de 10 de abril, siguiendo la línea jurisprudencial asumida en la SCP 0134/2014 de 10 de enero, sostuvo que: “El art. 45.II de la CPE, establece: ‘La seguridad social se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia. Su dirección y administración corresponde al Estado, con control y participación social´; es decir, que el Estado en todos sus niveles protegerá el derecho a la salud y a la seguridad social, promoviendo políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida y bienestar común. Así, cabe recordar que la seguridad social, no sólo comprende el acceso a la salud, sino también, cuando se trate de mujeres embarazadas y/o madres o progenitores de niños (a) menores de un año, el derecho a recibir las prestaciones que por derecho les corresponde. Al respecto la SCP 1906/2012 de 12 de octubre, citó el contenido de la SC 1532/2011-R de 11 de octubre, reiterando el pronunciamiento de esta jurisdicción, indicó: ´Respecto al régimen de asignaciones familiares en contingencia de maternidad, la SC 0030/2002 de 2 de abril, precisó lo que sigue: ‘…el sistema de Seguridad Social, es reformado estructuralmente por Ley 924 de 15 de abril de 1987, que regula la administración de los regímenes del Sistema de Seguridad Social y establece en su art. 4 que el Poder Ejecutivo reglamentará y regulará su ejecución. Así se pronunció el DS 21637 de 25 de junio de 1987, que en su art. 25, reconoce las prestaciones del Régimen de Asignaciones Familiares que (serán pagadas, a su cargo y costo, directamente por los empleadores de los sectores público y privado), que -entre otras- son: a) El Subsidio PRENATAL, consistente en la entrega a la madre gestante asegurada o beneficiaria, de un pago mensual en dinero o especie, equivalente a un salario mínimo nacional durante los cinco últimos meses; b) El Subsidio de NATALIDAD, por nacimiento de cada hijo un pago mínimo nacional; y, c) el Subsidio de LACTANCIA, consistente en la entrega a la madre de productos lácteos u otros equivalentes a un salario mínimo nacional por cada hijo, durante sus primeros doce meses de vida’. Se concluye, que siendo la seguridad social un derecho fundamental y por mandato constitucional, se garantiza su efectivo cumplimiento a través de los instrumentos legales referidos en la citada Sentencia Constitucional, corresponde al empleador, del sector público o privado, cumplir con la prestación de las asignaciones familiares correspondientes; consistentes en subsidios, prenatal, de natalidad y de lactancia, relativas a la maternidad hasta que el niño cumpla un año de edad y demás derechos laborales. Esto se justifica, en la prioridad de resguardar el derecho a la salud y a la vida del recién nacido hasta que cumpla un año de edad y ante todo, precautelando por su interés superior, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados -art. 60 de la CPE-. En ese sentido, el deber de acatar estrictamente la provisión de las asignaciones familiares, por el empleador, permitirá la materialización del derecho a la seguridad social de la madre y del recién nacido, que se concreta en los derechos a la vida y a la salud. Lo contrario, implicaría vulnerar el contenido esencial de ambos derechos, sea destruyendo o debilitándolos, por la falta de provisión oportuna de asignaciones familiares, que por ley se encuentran previstas y como se dijo son de cumplimiento obligatorio para el empleador, dada la finalidad de los mismos…” (las negrillas nos corresponden).

III.4. Análisis del caso concreto

Con carácter previo a ingresar a la identificación y análisis del problema jurídico que se plantea; así como con la finalidad de lograr una comprensión efectiva en la resolución del mismo, este Tribunal estima conveniente efectuar una sucinta descripción de los hechos relevantes de los que emerge. En esa línea se evidencia que, mediante Decreto Edil 613/2018 de 25 de septiembre, el entonces Alcalde del GAM de Santa Cruz de la Sierra, designó a Paola Andrea Sanabria Torrez -ahora accionante- en el cargo de Subdirectora de la Unidad Operativa Desconcentrada de Abastecimiento y Servicios, con ítem 1511, nivel 7, dependiente de la Dirección de Centros de Abastecimiento Minorista y Servicios, perteneciente a la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana de dicho ente municipal (Conclusión II.1). Posteriormente, como consecuencia de la determinación de reincorporación a su fuente laboral asumida mediante Conminatoria de Reincorporación Laboral por inamovilidad laboral JDTSC/JCCHS/CONM. 090-A/2021 de 16 de julio (Conclusión II.2), la accionante fue designada por Memorándum 004r.i/2021 de “agosto”, suscrito por el Alcalde accionado, en el cargo de Profesional A, con ítem 17006, nivel 12, dependiente de la Secretaría Municipal de Movilidad Urbana de dicho ente municipal (Conclusión II.3). No obstante, a través de Memorándum 00714re/2022 de “mayo”; el Alcalde accionado, concluyó la relación laboral de la accionante con el GAM de Santa Cruz de la Sierra, con base a la RM 210/22 de 16 de febrero de 2022, que habría revocado dicha conminatoria (Conclusión II.5). En tal contexto, la accionante denuncia que la autoridad edil accionada vulneró sus derechos a la estabilidad laboral, inamovilidad laboral hasta que su hijo cumpla un año de edad, a la maternidad segura, a la asistencia y protección del Estado durante el embarazo; y a una fuente de ingresos que le asegure una existencia digna, así como a la vida y a la salud de esta y su hijo menor; y a la alimentación de este último; debido a que, la desvinculó laboralmente del GAM de Santa Cruz de la Sierra; pese a que, tenía conocimiento de la situación de lactancia materna de su hijo menor a un año de edad y que no existía el justificativo de que el cargo que desempeñaba era de libre nombramiento y por ende de remoción; ya que se encontraba desempeñando funciones en un cargo de nivel operativo de nivel 12 al momento de prescindirse de sus servicios. Así identificado el objeto procesal y solo a modo de aclaración, corresponde señalar que el AC 0243/2022-RCA de 19 de diciembre (Punto I.2.2) ordenó a la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, a admitir y pronunciar conforme a derecho una resolución en la presente acción de defensa, al considerar, entre otros argumentos, que en el caso en análisis rige la excepción al principio de subsidiariedad, al estar involucrado en la problemática jurídica planteada los derechos de un menor de edad del que es madre la accionante. Y considerando, en la misma línea, que este Tribunal de manera reiterativa y uniforme aperturó el acceso a esta jurisdicción constitucional para resolver problemas jurídicos análogos en procura de la protección directa de los derechos que atañen a este grupo vulnerable, eludiendo la exigencia de agotamiento y resolución previa del caso en otras vías legales, ya que en las circunstancias denunciadas resultan inidóneas e ineficaces para un resguardo inmediato de los derechos que se identifican como vulnerados; aspectos que justifican la consideración directa de fondo de la problemática que se plantea, máxime cuando el acto lesivo identificado por la parte accionante recae en el memorándum de conclusión de la relación laboral signada como 00714re/2022 de “mayo”, siendo el objeto al que se restringirá este análisis. Hecha esta salvedad, una cuestión sustancial para la resolución del objeto procesal que se plantea, guarda relación con la categoría del servicio público en el que la accionante se hallaba comprendida y si de esa condición deriva la protección por inamovilidad laboral al tener bajo su dependencia un menor a un año de edad lactante. En ese sentido, de las características de la designación y las funciones desempeñadas se puede advertir que, en efecto, el servicio público prestado por la accionante fue provisorio; conforme a la categorización establecida en las normas jurídicas descritas en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, pues la impetrante de tutela prestó un servicio público de libre nombramiento, el cual de acuerdo a lo glosado en el citado Fundamento Jurídico, la ejercen aquellas personas designadas por la MAE de una entidad pública para realizar funciones administrativas y técnicas especializadas para los funcionarios electos y designados, como fue el caso de la accionante, quien fue designada por el Alcalde del GAM de Santa Cruz de la Sierra, para realizar funciones técnicas como Profesional A, con ítem 17006, nivel 12, dependiente de la Secretaría Municipal de Movilidad Urbana de dicho ente municipal; ello conforme lo acredita el Memorándum 004r.i/2021 de “agosto” y boleta de pago de 6 de julio de 2022, emitida por esa entidad edil, correspondiente a los haberes cancelados del mes de junio de igual año en dicho cargo, por siete días trabajados durante este último mes (Conclusiones II.3 y II.6). Asimismo, de los antecedentes adjuntos, se verificó además que su ingreso no se realizó conforme a los procedimientos de la carrera administrativa; ya que, para acceder al cargo, no se cumplió con el presupuesto de convocatoria interna o externa en la entidad, sino con base a la designación directa mencionada.

Ahora bien, sumado a este elemento, un hecho que no fue controvertido en el presente caso es el referente a que a momento de la desvinculación laboral -7 de junio de 2022- (Conclusión II.6) la accionante tenía bajo su dependencia un hijo lactante menor a un año de edad; pues de la valoración de los datos consignados en el certificado de nacimiento 246034 emitido por la Oficialía de Registro Civil 4212 de Santa Cruz de la Sierra, se tiene que AA, hijo de la accionante, nació el 18 de noviembre de 2021 (Conclusión II.4); vale decir, que el año de edad de AA se concretaba el 18 de noviembre de 2022. Efectuada ambas precisiones, corresponde remitirnos a lo descrito y argumentado en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, conforme al cual, en lo referente a la garantía de inamovilidad laboral de la trabajadora en estado de embarazo y/o padre progenitor laboral en cargos de libre nombramiento, se estableció que el precedente en vigor fundado en el criterio de resolución del problema jurídico que se ajusta a un desarrollo más progresivo de los derechos constitucionales y una interpretación favorable sobre la citada garantía de inamovilidad laboral, determina que el ejercicio de este derecho alcanza a todo tipo de servidores públicos, incluidos los de libre nombramiento, hasta que el hijo o hija nacida cumpla un año de edad; ello con la finalidad de lograr la materialización efectiva y expansiva de los derechos sociales y el cumplimiento directo de los postulados de la Constitución Política del Estado y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad; además de la armonización de los criterios jurisprudenciales con los principios pro operario, favorabilidad y aplicación directa y progresiva de los derechos -arts. 13, 109 y 256 de la CPE-. Ello con base al fundamento constitucional previsto en el art. 48.VI de la CPE, que reconoce dicha garantía a los progenitores hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad. Consiguientemente, subsumiendo los elementos fácticos que concurren en el caso concreto a este presupuesto normativo; correspondía al Alcalde accionado dar continuidad a la relación laboral que existió entre la entidad y la accionante hasta el 18 de noviembre de 2022, fecha en la que el menor cumplía el año de edad; sin embargo, al obrar en contrario, vulneró derechos constitucionales, aun conociendo la necesidad de protección y resguardo de su fuente laboral y de personas en situación de vulnerabilidad.

Debido a que, la ruptura de la relación laboral privó a la trabajadora y el menor dependiente que se encuentran en estas circunstancias, no solo de recursos económicos para obtener los medios destinados a cubrir las necesidades más premiosas y específicas, que difieren de aquellas que se configuran cuando ésta dio a luz recientemente, pues en ese evento las necesidades mínimas se incrementan e involucran las concernientes a la protección del menor recién nacido; de modo que, a partir de un enfoque diferencial que atienda las particularidades de su condición, el resguardo del derecho a la inamovilidad laboral tiende a asegurar que esta cuente con los ingresos y recursos económicos para enfrentar con dignidad el evento de lactancia de su hijo; aspecto que fue lesionado por la autoridad edil accionada. De igual manera, el Alcalde accionado incumplió el deber prestacional que asume el Estado frente a las trabajadoras y trabajadores progenitores; pues conforme la disposición del art. 48.VI de la CPE, la inmovilidad laboral como derecho, se traduce también en la protección reforzada de los derechos a la seguridad social, del que a corto plazo sustancialmente deviene el acceso a la atención médica diferenciada y adecuada a la madre en periodo postnatal y el menor. Igualmente, en el marco de la jurisprudencia señalada en el Fundamento Jurídico III.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se estableció el deber de la entidad empleadora de acatar estrictamente la provisión de las asignaciones familiares al que por ley se hallaba constreñida la entidad empleadora; pues lo contrario implica a su vez la restricción de la salud y vida de la accionante y su hijo hasta que este cumpla un año de edad, pues requieren de cuidados especiales propios de dicha condición, así como una buena alimentación a la que los subsidios se orientan a satisfacer.

Puesto que, el núcleo protectivo esencial, conforme lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, es en el caso concreto, el bienestar de la mujer lactante y los derechos del niño, con el fin de que se desarrolle durante esta etapa con estándares adecuados de bienestar. Por otro lado, en correlación de la vulneración de esta garantía de inamovilidad laboral, efectivamente la autoridad accionada incumplió con la protección del derecho que tienen las mujeres a una maternidad segura; pues gozan de una especial asistencia del Estado durante el embarazo, parto y en los periodos prenatal y postnatal, en tanto el menor cumpla un año de edad -art. 45.V de la CPE-.

Por consiguiente, la autoridad ahora accionada efectivamente lesionó el derecho a la inamovilidad laboral hasta que su hijo cumpla un año de edad, a la maternidad segura, a la asistencia y protección del Estado durante el embarazo; y a una fuente de ingresos que le asegura una existencia digna, así como a la salud y a la vida de esta y su hijo menor y a la alimentación de este último, como consecuencia de la restricción de su derecho a la seguridad social, al desvincular a la accionante de su puesto laboral cuando transcurría el periodo de lactancia que el Estado debe resguardar hasta el año cumplido del menor.

Alcance de tutela que no comprende el derecho a la estabilidad laboral, debido a que la accionante en su calidad de servidora pública provisoria no goza del derecho a la carrera administrativa, estabilidad laboral y otros derechos establecidos en el art. 7.II del EFP, que persiguen una finalidad distinta a la inamovilidad laboral, entre otros, la eficiencia del servicio público.

De tal manera, al haberse determinado la lesión de la garantía de inamovilidad laboral, corresponde hacer extensiva la concesión de la tutela impetrada al pago de sueldos devengados y la entrega de asignaciones familiares desde la desvinculación laboral hasta que el menor cumpla un año de edad. En el presente caso, conforme lo glosado en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, el subsidio de lactancia, consistente en la entrega a la madre de productos lácteos u otros equivalentes a Bs2.000.-que por ley le correspondían a la accionante y de cuyo beneficio fue privada como consecuencia de la ruptura de la relación laboral; en el marco de la Calificación de Beneficios para el Régimen de Asignaciones Familiares y el Reglamento de Fiscalización y Control del Régimen de Asignaciones Familiares y del Subsidio Universal Prenatal por la Vida y el DS 3546. Finalmente, respecto de la solicitud de reincorporación laboral, no corresponde disponer la misma por las razones antes expuestas y porque a la fecha de emisión del presente fallo constitucional, el hijo de la impetrante de tutela es mayor a un año de edad, haciendo inviable la reincorporación laboral por inamovilidad laboral que subsiste hasta que el niño cumpla un año de edad.

En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela solicitada, obró de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y 44.1 del Código Procesal Constitucional, en revisión resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución S-102 de 22 de agosto de 2023, cursante de fs. 76 vta. a 78 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, respecto al derecho a la inamovilidad laboral hasta que su hijo cumpla un año de edad, a la maternidad segura, a la asistencia y protección del Estado durante el embarazo; y a una fuente de ingresos que le asegure una existencia digna, así como a la salud y a la vida de esta y su hijo menor y a la alimentación de este último y por conexitud su derecho a la seguridad social; disponiéndose el pago de los sueldos devengados y demás derechos sociales, así como la entrega de las asignaciones familiares que le correspondían desde su desvinculación hasta el cumplimiento del primer año de edad, en el marco de lo previsto en el Reglamento de Fiscalización y Control del Régimen de Asignaciones Familiares y del Subsidio Universal Prenatal por la Vida y el DS 3546, así como los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional; 2° Ordenar que en ejecución de este fallo constitucional, la Sala Constitucional abra un término de prueba de diez días, a efectos del cumplimiento de asignaciones familiares y el pago de sueldos devengados que se dispone; y, 3° DENEGAR la tutela peticionada, respecto al derecho a la estabilidad laboral;

así como la reincorporación laboral solicitada conforme se tiene explicado en el Fundamento Jurídico precedente. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1091_2023-S3.pdf · páginas 1 a 20.

Huella digital del PDF (SHA-256): 2acc48e7eef5e3d445531c658f1baeb9d13b0f7e347b0b59becc013f43bab8eb

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