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SCP 1090/2025-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 22 de septiembre de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
22 de septiembre de 2025
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
57669-2023-116-AAC
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de su derechos al debido proceso en sus componentes fundamentación, motivación, valoración de la prueba e incongruencia vinculada al principio de legalidad; ello debido a que, la autoridad demandada, además de limitarse a reiterar los argumentos expuestos por la Jueza de primera instancia para justificar el riesgo procesal de obstaculización previsto en el art. 235.2 del CPP modificado por la Ley 1173, no demostró de qué manera el hecho de que sea policía implicaría una influencia sobre testigos, víctimas o peritos ni identificó concretamente a los supuestos influenciables. Asimismo, no se incorporó prueba alguna que evidencie que su persona pudiera utilizar su cargo para amedrentar a dichos sujetos, sustentando su decisión únicamente en hipótesis y apartándose de lo establecido en la “SCP 276/2018-S2”. Ante ello, la autoridad demandada señala que: i) La condición del accionante como miembro de la Policía Boliviana justifica la concurrencia del riesgo procesal de obstaculización, siendo irrelevantes las investigaciones del DIDIPI; y, ii) Las medidas cautelares son modificables por su carácter instrumental y variable, pudiendo el impetrante de tutela solicitar su revisión con nuevos elementos de convicción. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 077/2023 de 14 de julio, cursante de fs. 51 a 55 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con base en los argumentos vertidos en este fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre el alcance de la acción de amparo constitucional y la motivación de las resoluciones de medidas cautelares
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1090/2025-S2 Sucre, 22 de septiembre de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional Expediente: 57669-2023-116-AAC Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 077/2023 de 14 de julio, cursante de fs. 51 a 55 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Luis Fernando Terán Mercado contra Gonzalo Flores Céspedes, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 22 de junio y 3 de julio de 2023, cursantes a fs. 1, 15 a 22 vta. y 25 a 27, el accionante manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de sustancias controladas, el 27 de marzo de 2021 se dispuso la aplicación de medidas cautelares personales, sustentadas en criterios subjetivos para justificar la concurrencia del riesgo procesal de obstaculización previsto en el art. 235.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP) modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia hacia Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-. En esa oportunidad, la Jueza a quo sostuvo que existía peligro de obstaculización sin acreditar de manera precisa y circunstanciada la supuesta amenaza o influencia negativa ejercida sobre los partícipes, víctimas, testigos o peritos. Frente a esta decisión, interpuso recurso de apelación incidental alegando tres agravios principales: a) La falta de fundamentación y motivación en relación con el riesgo procesal de obstaculización; b) La vulneración al debido proceso en su vertiente de legalidad, derivada de la incorrecta interpretación del art. 235.2 del CPP modificado por la Ley 1173; y, c) La defectuosa valoración de la prueba vinculada a la existencia de dicho riesgo. En su recurso enfatizó que, a partir de la modificación por la Ley 1173 al art. 235.2 del CPP, la acreditación del peligro de obstaculización debía excluir presunciones abstractas y fundarse únicamente en datos concretos y probados; sin embargo, Gonzalo Flores Céspedes, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -hoy demandado-, a través del Auto de Vista de 1 de junio de 2023, repitió los mismos argumentos de la Jueza de primera instancia, concluyendo lo siguiente: “...al ser mi persona parte de la Policía Boliviana Nacional, en esa condición, efectivamente, al tratarse de una investigación de carácter personal y relacionada al tráfico de drogas, se considera que este razonamiento para determinar la concurrencia resulta idóneo, en el sentido de que aquellos aspectos relacionados a la investigación del DIDIPI por faltas disciplinarias o no, se hayan considerado o no, no es conducente para desvirtuar este riesgo, que es toda circunstancia y, efectivamente, es la situación de ser funcionario policial...” (sic). Dicho razonamiento resulta arbitrario; ya que, no se explicó cómo, por su simple condición de funcionario policial, la autoridad judicial demandada tendría certeza de que influiría negativamente sobre algún testigo, víctima o perito, ni se identificaron quienes podrían ser los influenciables. Además, no existe ningún elemento probatorio que demuestre que podría hacer uso de su función para amedrentar a dichos sujetos; en consecuencia, se asumió de manera hipotética que podría obstaculizar la investigación, a pesar de que el art. 235.2 del CPP modificado por la Ley 1173 prohíbe expresamente basar tal riesgo en presunciones abstractas; por último, dicho razonamiento no se ajusta a lo dispuesto en la “SCP 276/2018-S2”.

I.1.2. Derecho y principio supuestamente vulnerados

El accionante denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, valoración de la prueba e incongruencia con relación al principio de legalidad, sin citar norma constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia: 1) Se deje sin efecto el Auto de Vista de 1 de junio de 2023, en lo que respecta al riesgo procesal establecido en el art. 235.2 del CPP modificado por la Ley 1173; y, 2) Se emita un nuevo fallo fundamentado y motivado.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública virtual el 14 de julio de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 48 a 50 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante, por intermedio de sus abogados, ratificó en su integridad el contenido del memorial de acción de libertad y, ampliando sus fundamentos, señaló que el art. 235 del CPP modificado por la Ley 1173 establece que la autoridad judicial no puede sustentar la concurrencia del riesgo procesal en meras presunciones, sino que debe fundarse en información objetiva o en elementos de convicción que acrediten de manera concreta su configuración; sin embargo, la autoridad judicial demandada no explicó de qué forma la condición de funcionario policial haría posible la obstaculización. Asimismo, omitió realizar un análisis integral de los elementos de prueba, pues no existe un solo antecedente que demuestre que hubiese utilizado su calidad de servidor policial para ejercer, de manera material u objetiva, algún tipo de influencia negativa sobre partícipes, peritos o testigos del proceso.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Gonzalo Flores Céspedes, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante informe escrito cursante de fs. 39 a 41, solicitó se deniegue la tutela, con base en los siguientes argumentos: i) El memorial de acción de amparo constitucional carece de una exposición clara y no precisa los derechos ni garantías constitucionales supuestamente vulnerados que justifiquen la activación de esta acción tutelar, ii) La argumentación de la Jueza a quo se sustentó en que el accionante es miembro de la Policía Boliviana y, en esa condición, al tratarse de una investigación de carácter personal vinculada al tráfico de drogas, dicho razonamiento resulta idóneo para establecer la concurrencia del riesgo procesal de obstaculización. En ese marco, los aspectos relacionados a la investigación del DIDIPI por faltas disciplinarias u otros no resultan conducentes para desvirtuar este riesgo, que se configura esencialmente por la sola condición de ser funcionario policial; y, iii) Las resoluciones que disponen medidas cautelares se rigen por los principios de instrumentalidad y variabilidad, de modo que el impetrante de tutela tiene la posibilidad de solicitar en cualquier momento su modificación, siempre que acredite nuevos elementos de convicción.

I.2.3. Intervención del Ministerio Público

Luis Favio Aramayo Flores, Fiscal de Materia, en audiencia de garantías solicitó se deniegue la tutela por las siguientes razones: a) El Auto de Vista de 1 de junio de 2023 se encuentra debidamente fundamentado, guarda coherencia con los lineamientos constitucionales y destaca que los fundamentos expuestos por el accionante no precisan de manera clara cuáles garantías constitucionales habrían sido vulneradas; y, b) El accionante omitió señalar que el acusado es expareja de una de las coimputadas dentro del presente proceso, circunstancia relevante si se considera que el mismo, en su condición de funcionario policial, se encontraba ejerciendo funciones en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) al momento de los hechos; por ello, resultaba evidente que los funcionarios policiales que intervinieron en el caso fueran posteriormente cambiados.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por Resolución 077/2023 de 14 de julio, cursante de fs. 51 a 55 vta., denegó la tutela solicitada; con base en el fundamento de que en relación con la concurrencia del 235.2 del CPP modificado por la Ley 1173, se considera que, aunque existe una escasa argumentación de la autoridad jurisdiccional se sustentó en el hecho de que el imputado es miembro de la Policía Boliviana y, en esa condición, al tratarse de una investigación de carácter personal vinculada al tráfico de drogas, dicho razonamiento resulta idóneo para determinar la concurrencia del riesgo procesal de obstaculización; en ese sentido, los aspectos relacionados con la investigación de la Dirección Departamental de Investigación Policial Interna (DIDIPI) por faltas disciplinarias u otros no resultan conducentes para desvirtuar este riesgo, el cual se configura, esencialmente, por la condición de funcionario policial; de ahí que, el Auto de Vista de 1 de junio de 2023 que resolvió el recurso de apelación incidental interpuesto por el accionante, actuó dentro de los alcances de su competencia, conforme lo establece el art. 398 del CPP; además que, respondió de manera precisa y concreta a los puntos planteados en el recurso de apelación incidental, conteniendo la debida fundamentación y motivación y explicó las razones por las cuales se declaró improcedente tanto la apelación del Ministerio Público como la impugnación de la defensa del accionante.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Por Auto Interlocutorio de 27 de marzo de 2023, Carmen Ticona Aranda, Jueza de Instrucción Penal Sexta de la Capital del departamento de Cochabamba, dispuso la detención domiciliaria, entre otras medidas, de Luis Fernando Terán Mercado -hoy accionante- (fs. 7 a 9 vta.). II.2. A través de Auto de Vista de 1 de junio de 2023, Gonzalo Flores Céspedes, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -ahora demandado-, declaró la improcedencia del recurso de apelación incidental interpuesto tanto por el Ministerio Público como por el accionante (fs. 11 vta. a 14 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de su derechos al debido proceso en sus componentes fundamentación, motivación, valoración de la prueba e incongruencia vinculada al principio de legalidad; ello debido a que, la autoridad demandada, además de limitarse a reiterar los argumentos expuestos por la Jueza de primera instancia para justificar el riesgo procesal de obstaculización previsto en el art. 235.2 del CPP modificado por la Ley 1173, no demostró de qué manera el hecho de que sea policía implicaría una influencia sobre testigos, víctimas o peritos ni identificó concretamente a los supuestos influenciables. Asimismo, no se incorporó prueba alguna que evidencie que su persona pudiera utilizar su cargo para amedrentar a dichos sujetos, sustentando su decisión únicamente en hipótesis y apartándose de lo establecido en la “SCP 276/2018-S2”. Ante ello, la autoridad demandada señala que: i) La condición del accionante como miembro de la Policía Boliviana justifica la concurrencia del riesgo procesal de obstaculización, siendo irrelevantes las investigaciones del DIDIPI; y, ii) Las medidas cautelares son modificables por su carácter instrumental y variable, pudiendo el impetrante de tutela solicitar su revisión con nuevos elementos de convicción. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Sobre el alcance de la acción de amparo constitucional y la motivación de las resoluciones de medidas cautelares

El art. 128 de la CPE establece que: “La Acción de Amparo Constitucional tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley”. Uno de los derechos protegidos por la referida acción tutelar es el debido proceso previsto por el art. 115 de la Norma Suprema, que tiene entre sus vertientes a la motivación de las resoluciones. Respecto a la materialización de este derecho en resoluciones que determinan medidas cautelares, la SC 0782/2005-R de 13 de julio estableció que: “…la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar” (las negrillas y el subrayado son nuestros). En este entendido, la motivación en segunda instancia cumple un doble rol: por un lado, garantiza la coherencia y racionalidad de la decisión judicial del Juez a quo; y por otro, asegura que los agravios expuestos en el recurso sean atendidos de manera efectiva. De allí que, si el Tribunal de alzada considera que la fundamentación expuesta por el Juez de primera instancia satisface las exigencias de racionalidad y legalidad, puede mostrar dicha racionalidad y por ende confirmar dicha motivación sin expresar argumentos propios; en este sentido, dicha reiteración no constituye una deficiencia, sino la validación del razonamiento anterior, lo que refuerza la seguridad jurídica y evita contradicciones innecesarias. El cambio y como un supuesto diferente al anterior se tiene que el deber de motivación es diferente cuando el razonamiento efectuado por el Juez a quo no cumpla con las exigencias señaladas anteriormente y deba revocarlo en cuyo caso corresponde exponer argumentos propios o cuando existen agravios puntuales en la apelación que no fueron atendidos o resueltos en la primera instancia. En tal situación, el Tribunal de apelación tiene la obligación de pronunciarse expresamente con argumentos nuevos y propios, a fin de dar respuesta efectiva al derecho a la impugnación; en consecuencia, la omisión de este deber generaría un déficit de motivación y, por ende, una vulneración al debido proceso.

III.2. Análisis del caso concreto

Conocido así las causas que motivaron la interposición de esta acción de amparo constitucional, corresponde ingresar al control de constitucionalidad tutelar de los fundamentos del Auto de Vista 1 de junio de 2023. Al respecto, el accionante sostuvo que la autoridad demandada repitió los argumentos expuestos por el Juez de primera instancia para sostener un supuesto riesgo de obstaculización, sin demostrar ni identificar cómo, por ser policía, podría influir en testigos, víctimas o peritos, basándose solo en hipótesis y en contradicción con la “SCP 276/2018-S2”. Al respecto, la autoridad demandada a través del referido Auto de Vista señaló lo siguiente:

 “…nos ha señalado en su apelación la parte de la defensa con relación al peligro de obstaculización únicamente la conclusión asumida por la autoridad jurisdiccional y nos dice utilizando la palabra del ‘podría’ dice tomando en cuenta que la de la condición del imputado que se encuentra trabajando en el Comando Departamental de Cochabamba y como ha mencionada que se va quedar en el mismo durante el tiempo máximo de 4 años es que la autoridad judicial considera con seguridad que va a ejercer influencia en la coimputada Susana Castro y en los otros testigos tomando en cuenta también, que el peligro de obstaculización concurre aún en ejecución de sentencia, si esa es la conclusión, debe analizarse por qué se llega a esa conclusión y dice en su aspecto fundamentantivo refiriendo a la SC 278/2018-S2 que ese peligro no se puede fundar en la concurrencia o con la argumentación basada en una de las presunciones o especulaciones y en este caso debe tomar en cuenta cuáles son los testigos que faltan por recibir sus declaraciones y que la coimputada Susana Castro ya prestó en dos oportunidades su declaración y que ya no concurriría el riesgo de obstaculización, tomando en cuenta, los elementos para este riesgo procesal del numeral 2) del Art. 235 del Código de Procedimiento Penal, cualquier circunstancia que permite sostener fundadamente que el imputado con su comportamiento entorpecerá la averiguación de la verdad, al estar en etapa preparatoria en el que se realiza la averiguación de la verdad, señala esta autoridad jurisdiccional que las declaraciones que hacen referencia al abogado de la defensa no tiene conocimiento el Ministerio Público en su condición de Director de esta investigación porque se tiene del reverso de las declaraciones que es del DIDIPI y que se ha tomado en cuenta desde la notificación con la resolución de imputación formal y que aún existen seis meses para la investigación de la etapa preparatoria, la autoridad jurisdiccional dice que el Ministerio Público no ha acompañado documentación idónea para demostrar que el imputado va a ejercer esa influencia de manera negativa de manera concreta, por ello la autoridad jurisdiccional dice que tomando en cuenta la condición del imputado, el trabajo que va desarrollar en el Comando Departamental y que va ejercerlo durante 4 años estos elementos hacen que se considere con seguridad que se va a influenciar en la coimputada Susana Castro, además de los otros testigos, no lo dice de manera específica pero señala que este riesgo concurre también aún en ejecución de Sentencia. Por ello se considera que sí concurre el riesgo de obstaculización porque se va a influenciar negativamente en la víctima, partícipes, peritos, testigos para que se comporten de manera reticente o declaren falsamente, esa es la razón por la que concurre según la Autoridad jurisdiccional en base a esos elementos. (…)

con referencia a la concurrencia del numeral 2) del Art. 235 del Código de Procedimiento Penal, habrá que señalar que aunque es escasa la argumentación de la Autoridad jurisdiccional en cuanto a estos elementos se basa en el hecho de que el imputado es parte de la Policía Boliviana y en esa condición efectivamente al tratarse de una investigación de carácter personal y relacionado al tráfico de drogas se considera que este razonamiento para determinar la concurrencia resulta idóneo en sentido de que aquellos aspectos relacionados a la investigación del DIDIPI por faltas disciplinarias o no se hayan considerado aquellos otros aspectos no es conducente para desvirtuar este riesgo que es toda circunstancia y efectivamente es la situación de ser funcionario policial…” (sic).

De lo expuesto, este Tribunal advierte que la autoridad demandada sí cumplió con el deber de fundamentación y motivación. En efecto, a través del Auto de Vista impugnado se precisó que, tratándose de una investigación vinculada al tráfico de drogas, la sola condición del imputado como funcionario de la Policía Boliviana, sumada al hecho de que debía desempeñar funciones en el Comando Departamental de la Policía Boliviana por un periodo de cuatro años, resultaba suficiente para configurar el riesgo procesal de obstaculización, careciendo de relevancia los antecedentes disciplinarios o las investigaciones internas en el DIDIPI para desvirtuar dicho riesgo. De este modo, la autoridad demandada desarrolló un razonamiento propio en torno a la valoración de la condición funcional del imputado y su potencial incidencia en el curso de la investigación penal. Asimismo, en relación con la afirmación de que el Tribunal de alzada se limitó a reproducir los argumentos del Juez a quo, tal como se señaló en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, corresponde precisar que el deber de motivación en segunda instancia puede cumplirse mediante la confirmación razonada de lo ya expuesto por el Juez de primera instancia, siempre que dicha fundamentación satisfaga las exigencias de racionalidad y legalidad. En ese marco, el Tribunal de apelación ratificó como racional el razonamiento de la Jueza a quo al considerar que la condición policial del accionante y la posibilidad de influir en otros sujetos procesales, entre ellos, la coimputada Susana Castro, quien además era su expareja-configuraban un riesgo procesal de obstaculización y que si bien la defensa del impetrante de tutela alegó que la coimputada ya había declarado en dos oportunidades, se constató que dichas declaraciones no fueron recibidas por el Ministerio Público, sino por el DIDIPI -dentro de un proceso disciplinario-, extremo que se acredita en el reverso de las actas invocadas por la defensa. En consecuencia, se concluye que la autoridad demandada sí atendió los agravios formulados por el accionante y atendió a la debida fundamentación de las resoluciones expresando de manera concreta las razones por las cuales consideró concurrente el riesgo procesal de obstaculización, previsto en el art. 235.2 del CPP modificado por la Ley 1173.

En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 077/2023 de 14 de julio, cursante de fs. 51 a 55 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con base en los argumentos vertidos en este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1090_2025-S2.pdf · páginas 1 a 9.

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