Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 13 de noviembre de 2023
Concede en parte la tutela
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo, a la inamovilidad laboral, al debido proceso, de no discriminación; así como los derechos a la vida y a la salud de su hermano -Marcelo Aníbal Fernández Melgar-; puesto que, el 18 de enero de 2023, presentó una nota al Director hoy accionado, haciéndole conocer su condición de tutor de su hermano que cuenta con un grado de discapacidad intelectual grave, y que fue demandado en un proceso de declaración judicial de interdicción del mismo, solicitando su inamovilidad laboral; sin embargo, el 19 de igual mes y año, fue despedido de manera intempestiva a través del Memorando de Agradecimiento de Servicios 037374 de 17 de ese mes y año, como represalia a su nota presentada un día anterior y con notoria discriminación hacia su persona y su hermano discapacitado; y a pesar de sus reclamos no fueron respondidos sus pedidos de inamovilidad laboral. En consecuencia, corresponde determinar en revisión si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 74 de 11 de julio de 2023, cursante de fs. 429 a 433 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada con relación a los derechos al trabajo e inamovilidad laboral de Heberth Fernández Melgar, así como los derechos a la vida y a la salud de su hermano con discapacidad Marcelo Aníbal Fernández Melgar, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; disponiendo:
a) Dejar sin efecto el Memorando de Agradecimiento de Servicios 037374 de 17 de enero de 2023, emitido por Julio César Koca Paniagua, Director y la entonces Gerente de la Unidad de Recursos Humanos, ambos del Servicio Departamental de Salud del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz; b) Se reincorpore a Heberth Fernández Melgar a su fuente laboral en el cargo de Responsable del Programa de Discapacidad de la Unidad de Servicios y Programas de Salud del SEDES del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz;
c) El pago de sus sueldos devengados desde el 19 de enero de 2023 hasta el momento de su reincorporación laboral efectiva. Debiendo el Director y el Gerente de la Unidad de Recursos Humanos, ambos del Servicio Departamental de Salud del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz abstenerse de cualquier acto que constituya acoso laboral contra Heberth Fernández Melgar. 2° DENEGAR en cuanto a los derechos al debido proceso y de no discriminación, de acuerdo a los expresado en este fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1090/2023-S3 Sucre, 13 de noviembre de 2023 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de amparo constitucional Expediente: 58236-2023-117-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 74 de 11 de julio de 2023, cursante de fs. 429 a 433 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Heberth Fernández Melgar contra Julio César Koca Paniagua, Director y Jorge Lizandro Mendoza Carrizales, Gerente de la Unidad de Recursos Humanos (RR.HH.), ambos del Servicio Departamental de Salud (SEDES) del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz.
El accionante por memorial presentado el 23 de junio de 2023, cursante de fs. 38 a 43, manifestó lo siguiente:
Desde el 1 de septiembre de 2021, cumplía funciones a cargo del Programa de Discapacidad en el SEDES del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz. Al encontrarse hace bastante tiempo al cuidado y manutención de su hermano Marcelo Aníbal Fernández Melgar, que cuenta con un grado de discapacidad intelectual grave, según su Carnet de Discapacidad 07-19860127MFM, evidenciado por Informe Social con Cite: SDSDH – SEDEPOS – DIPEDIS – INF 2/“2022” de 17 de enero de 2023; además de ser demandado como tutor del mismo en una demanda sobre declaración judicial de interdicción; el 18 del citado mes y año, presentó una nota al Director ahora accionado, haciéndole conocer su condición de tutor de una persona con discapacidad y solicitando su inamovilidad laboral; sin embargo, el 19 del mismo mes y año, fue despedido de manera intempestiva a través del Memorando de Agradecimiento de Servicios 037374 de 17 de ese mes y año, como represalia a su nota presentada un día anterior y con notoria discriminación hacia su persona y su hermano discapacitado. Ante esa situación acudió al Colegio Médico de Santa Cruz, institución que el 27 de enero de 2023, envió una nota al SEDES solicitando dejar sin efecto el Memorando de Agradecimiento de Servicios 037374, en respeto a su inamovilidad laboral como colegiado, de conformidad a los arts. “14.2 del Estatuto Médico Laboral” y 34 de la Ley General para Personas con Discapacidad -Ley 223 de 2 de marzo de 2012- al tener bajo su dependencia y ser tutor de una persona con discapacidad. Por su parte, mediante Nota de 27 de enero de 2023 y memoriales de 7 y 27 de febrero del mismo año, solicitó al Director ahora accionado respuesta a su pedido de inamovilidad laboral, quien no respondió a los mismos mostrando desprecio a sus derechos y normas legales que garantizan su estabilidad laboral. Para su destitución no existió proceso administrativo alguno que justifique esa medida, la cual resulta arbitraria e ilegal.
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo, a la inamovilidad laboral, al debido proceso, de no discriminación; así como los derechos a la vida y a la salud de su hermano -Marcelo Aníbal Fernández Melgar-; citando al efecto los arts. 14.II, 15.I, 18.I y II, 71.I, 48.I, II y III, 115.II y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE); 3 y 25 inc. 1) de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); y, 10, 25 inc. f) y 28 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia: a) Se deje sin efecto el Memorando de Agradecimiento de Servicios 037374 de 17 de enero de 2023 y la destitución o retiro de su persona; b) Se proceda de manera inmediata a su reincorporación en su calidad de médico, con el Ítem 77106, como encargado del Programa de Discapacidad en el SEDES del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz; c) Se proceda al pago de sueldos -devengados-desde el 19 de igual mes y año hasta el momento de la reincorporación efectiva de sus funciones; y, d) Se ordene reprimir cualquier forma de acoso laboral por las autoridades ahora accionadas en su contra, con la advertencia de la responsabilidad por la vulneración de derechos constitucionales.
Celebrada la audiencia virtual el 11 de julio de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 425 a 429, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional, y ampliándolo, manifestó que: 1) Es tutor de su hermano discapacitado -de treinta y siete años de edad- debido a que sus padres son personas de la tercera edad que no pueden cumplir con su mantenimiento, salud, alimentación y otros. Existiendo una orden judicial nombrándolo como tutor de su hermano, para su manutención, curación, compra de medicamentos, entre otros; 2) Las cartas que presentó al SEDES del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz no tuvieron respuesta, existiendo durante todo este tiempo un silencio administrativo; 3) Fue demandado como tutor de su hermano, habiendo dispuesto el Juez correspondiente declarar su interdicción, siendo designado como tutor de un discapacitado; y, 4) Se vulneraron los derechos a la vida y a la salud de su hermano, ya que al ser una persona con discapacidad, no puede valerse personalmente, necesitando de cuidados y atención inmediata, diaria y continua.
Julio César Koca Paniagua, Director del SEDES del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, mediante informe presentado el 11 de julio de 2023, cursante de fs. 90 a 103 vta.; así como en audiencia, a través de sus abogados, señaló que: i) El accionante ingresó en la función pública como funcionario público provisorio el 1 de septiembre de 2021, mediante Memorando 037113 de igual fecha de designación interna, ocupando el cargo de Profesional del Área de Coordinación Urbana del SEDES, mientas duraba la declaratoria en comisión del “Dr. Vargas”; posteriormente cumplió diversas funciones, siendo la última como Responsable del Programa de Discapacidad de la Unidad de Servicios y Programas de Salud, mediante Memorando 035021 de 7 de octubre de 2022, bajo dependencia del referido SEDES, manteniendo su Ítem 77106 del presupuesto en vigencia y nivel salarial; ii) A través del Memorando de Agradecimiento de Servicios 037374, se comunicó al accionante que se prescindía de sus servicios, siendo notificado el 19 de enero de 2023; iii) La solicitud de inamovilidad laboral fue presentada por el accionante el 18 de ese mes y año, un día antes de ser retirado; manifestando que presentó una demanda de declaración judicial de interdicción solicitando la tutoría de su hermano. En esa fecha -dicha demanda- solamente contaba con decreto de admisión, y no así con la designación de tutor interino; iv) De acuerdo a lo establecido por el art. 2.II del Decreto Supremo (DS) 29608 de 18 de junio de 2008, se demuestra que hasta la fecha en que se produjo la desvinculación laboral del accionante, no se tenía conocimiento de manera formal de la existencia de una sentencia judicial que lo declare tutor de su hermano con discapacidad, ni que los padres de este último se encuentren vivos; requisito que debió hacer efectivo, conforme lo determinó las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0802/2017-S3 de 23 de agosto y 0377/2019-S4 de 18 de junio; v) Recién el 24 de enero de 2023, la Jueza Pública de Familia Decimocuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz, emitió el Auto Interlocutorio por el cual designó interinamente al accionante como tutor de su hermano de treinta y seis años de edad; y el 8 de febrero del mismo año, se pronunció la Sentencia 39/2023 nombrándolo su tutor ad litem; vi) Teniendo en cuenta los presupuestos procesales de subsidiariedad e inmediatez, el accionante debió justificar y demostrar cual era el daño irremediable e irreparable que le pueda afectar a sus derechos aparentemente vulnerados. La sola mención “DEL PRINCIPIO” dentro de su memorial no justifica ni fundamenta tal extremo, y tampoco acreditó a supuesta inmediatez; vii) El accionante ingresó a la función pública el 21 de septiembre de 2021, con pleno conocimiento de que el Ítem 77106 le correspondía a un funcionario de carrera que ingresó conforme al Estatuto del Médico Empleado, mediante un concurso de méritos y examen de competencia, quien en ese momento se encuentra declarado en comisión; y, viii) Al quedar ese Ítem “intervalo”, los entonces Directores del SEDES del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz le asignaron al accionante para que realice inicialmente las actividades de gerencia y luego como del Programa de Discapacidad de la Unidad de Servicios y Programas de Salud. Por lo expuesto, solicitaron se declare la improcedencia de la acción de defensa por el principio de subsidiariedad, o se deniegue la tutela peticionada en caso de ingresarse al fondo de la misma. Jorge Lizandro Mendoza Carrizales, Gerente de la Unidad de RR.HH. del SEDES del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, en audiencia a través de su abogado señaló que: a) El accionante presentó una carta que fue designado como tutor de su hermano, adjuntado una copia de la demanda respectiva y de su “auto” de admisión de 16 de enero de 2023, en el cual no se lo designa interinamente en esa calidad; b) El 24 del referido mes y año, la autoridad judicial correspondiente le designó de manera interina como tutor de su hermano; c) La presentación de su solicitud -de inamovilidad- fue extemporánea; d) El 8 de febrero del mencionado año, el accionante recién hizo conocer que existía una resolución judicial firme y ejecutoriada que lo designaba como tutor, con toda la representación y capacidad legal para exigir los derechos que le correspondían a su hermano con discapacidad; e) Su accionar estuvo enmarcado en la ley, y de presentar el accionante los documentos y las resoluciones judiciales para solicitar su inamovilidad laboral, se hubiera respetado ese derecho; f) El accionante tenía la posibilidad de formular los recursos de revocatoria y jerárquico, y agotar la instancia administrativa para después acudir a la jurisdicción constitucional; no habiendo excepción al principio de subsidiariedad, porque no hay un daño inminente o irreparable como para obviar ese presupuesto procesal de la acción de amparo constitucional, previsto como causal de improcedencia; y, g) Cuando se le entregó el ítem al accionante, él sabía que era temporal o provisional al tener el mismo “un propietario”; en ese sentido, tenía un inicio del ejercicio laboral y tendría que acabar cuando el dueño vuelva a retomar ese ítem que ganó vía concurso de méritos; por lo que no podía disponerse la inamovilidad laboral. Por lo expuesto, solicitó se deniegue la tutela al no existir acto vulneratorio del derecho al trabajo del accionante y falta de protección de la persona discapacitada.
El Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, a través de sus representantes legales, por memorial presentado el 11 de julio de 2023, cursante de fs. 401 a 417 y en audiencia, manifestó que: 1) El accionante ingresó a la función pública como funcionario público provisorio el 1 de septiembre de 2021, según Memorando 037113, de designación interna, ocupando el cargo de Profesional del Área de Coordinación Urbana del SEDES, siendo cancelados su haberes con cargo al Ítem 77106. Luego ocupó diversos cargos provisorios manteniendo el ítem y nivel salarial, hasta que fue desvinculado, decisión notificada el 19 de enero de ese año; 2) El sujeto procesal que debió ser accionado era el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, y no así el SEDES que es apenas una repartición en su interior. El funcionario público con legitimación pasiva que debió ser citado era el Gobernador de la referida entidad departamental, y no el Director y el Gerente de la Unidad de RR.HH., ambos del SEDES; 3) Por la vinculación del SEDES con el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, esta última entidad debió ser convocada de oficio como tercera interesada, y al no ocurrir aquello, les obligó a apersonarse de manera espontánea, acreditando interés legal; 4) El accionante, el 18 de igual mes y año; es decir, un día antes de ser retirado presentó su solicitud de inamovilidad laboral, indicando la existencia de una demanda de declaración judicial de interdicción en su contra, solicitando la tutoría de su hermano. En esa fecha solamente contaba con el decreto de admisión de la demanda y no así con la designación de tutor interino, conforme lo establece el art. 63 del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF); 5) Luego de su desvinculación laboral presentó notas y memoriales solicitando su reincorporación laboral; 6) Llama la atención la incongruencia del grado de discapacidad que figura en su carnet de discapacidad, con el Informe Social con Cite: SDSDH – SEDEPOS – DIPEDIS – INF 2/“2022”, emitido por la Trabajadora Social de la Dirección Departamental de Personas con Discapacidad (DIPEDIS), que indica que Marcelo Aníbal Fernández Melgar presenta una discapacidad intelectual con deficiencia intelectual con un porcentaje de 52% de acuerdo a la evaluación del equipo de calificación, con un diagnóstico de retraso mental leve F70; 7) Esa inconsistencia de datos y discrepancias denota que hubo falsedad ideológica en la información empleada para la extensión de carnet de discapacidad y apartándose del grado de evaluación vertido por la Trabajadora Social de DIPEDIS, siendo contradictorio que ese dato pase desapercibido por la Jueza que conoció la demanda alegada; 8) De acuerdo al Informe Técnico I.T. 004/2023 U.RR.HH. SEDES de 9 de febrero, emitido por el Gerente de la Unidad de RR.HH. hoy coaccionado, se tiene entre otros aspectos, que el accionante ingresó a la institución mediante un libre nombramiento, considerado como cargo de confianza; 9) Hasta la fecha en que se produjo la desvinculación laboral del accionante, el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz a través del SEDES, no tenía conocimiento de manera formal, de la existencia de una sentencia judicial que lo declare como tutor de su hermano, siendo un requisito que debió hacerse efectivo; 10) El ítem que el accionante ocupaba no era concursado, ni fue objeto de una convocatoria pública. Jamás accedió a ese cargo meritocráticamente; 11) El puesto que ocupaba de Responsable del Programa de Discapacidad de la Unidad de Servicios y Programas de Salud era de libre nombramiento, equivalente al de Jefe de Unidad, y acorde a las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal, es el último en la carrera administrativa; 12) Al no encontrarse incorporado en la carrera administrativa y ostentar la condición de funcionario público de libre nombramiento que provisionalmente ocupaba dicho cargo, se encuadra en la excepcionalidad de inamovilidad laboral que fue reglada por la jurisprudencia contenida en la SCP 0285/2021-S4 de 22 de junio; 13) El accionante, el 17 de enero de 2023 tomó conocimiento vía telefónica de que sería retirado de su fuente laboral, y rehusó notificarse; por lo que el 19 del mismo mes y año se le notificó y entregó el Memorando de Agradecimiento de Servicios 037374; y, 14) En ese intervalo, cuando tomó conocimiento se apersonó ante el Servicio Departamental de Políticas Sociales (SEDEPOS) para hacer evaluar a su hermano como supuesto discapacitado, hecho reflejado en el mencionado Informe Social. Por lo expuesto, solicita se deniegue la tutela. Heberth Fernández Vaca y Elva Melgar Jordan, en audiencia mediante su abogado, manifestaron que: i) La discapacidad de su hijo -Marcelo Aníbal Fernández Melgar- se hizo conocer el 18 de enero de 2023, y luego se emitió la carta de despido; lo que significa que hubo una discriminación por esa condición; ii) La relación laboral del accionante emergió en razón al Ítem 77106, el cual estaría asignado a un funcionario de carrera; sin embargo, en esa audiencia no se demostró si le corresponde o no a ese funcionario y si el mismo sigue vigente; al contrario, de manera extraoficial conocen que fue otorgado a otra persona y no al referido funcionario de carrera, que en realidad no existe; por lo que el accionante debió continuar con ese ítem; iii) En cuanto a los informes de SEDEPOS y DIPEDIS, dichas instituciones son dependientes del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, quienes regulan esa supuesta contradicción sobre la discapacidad leve y grave, siendo ellos a quienes les corresponde establecer ese aspecto; además, en la instancia jurisdiccional se demostró que -su hijo Marcelo Aníbal Fernández Melgar- si tenía una discapacidad grave y así lo refiere su carnet de discapacidad presentado y que se encuentra en el cuaderno procesal; y, iv) Se ratifican en los argumentos de la acción de amparo constitucional presentada por el accionante, respecto a la discapacidad y dependencia de su hijo menor; pidiendo se conceda la tutela solicitada en su favor.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 74 de 11 de julio de 2023, cursante de fs. 429 a 433 vta., concedió la tutela solicitada, sin costas; disponiendo que en el marco del derecho de petición, al realizarse la reconducción de los derechos alegados como vulnerados, así como la solicitud efectuada y lo modulado por la jurisprudencia constitucional, las autoridades ahora accionadas deben dar respuesta formal, motivada, fundamentada y congruente, en resguardo a los derechos y garantías constitucionales de todos los sujetos procesales; decisión asumida bajo los siguientes fundamentos: a) El accionante interpone su acción tutelar argumentando que no se le dio respuesta a diversas notas presentadas y a un memorial de 1 de marzo del indicado año, en el cual solicitó se le explique por qué no se tomó en cuenta su condición de persona que tiene la tutoría legal de una persona con discapacidad; b) En la acción de defensa se alegó que las autoridades hoy accionadas no le otorgaron ninguna respuesta; en ese sentido, al no existir una resolución contra la cual se hubiese interpuesto la presente acción tutelar, y teniendo en cuenta el derecho que se pide sea tutelado, bajo el principio de reconducción de oficio, conforme la potestad que tiene el Tribunal de garantías, a efectos de que el accionante tenga los elementos suficientes para que pueda ejercer su derecho a la impugnación, respecto a lo que ahora considera que es ilegal; c) La reconducción dispuesta, no es precisamente sobre lo que está demandando el accionante, sino en función al derecho que tiene todo ciudadano de tener una información y una respuesta justa, adecuada, fundamentada y motivada de manera formal; d) El derecho de petición es transversal, y conforme lo argumentado por el accionante de que no le fueron respondidas cinco notas emitidas, entre ellos un memorial de 1 de marzo de 2023; de acuerdo a lo establecido por el art. 24 de la CPE que señala que para el ejercicio de ese derecho no se requiere otro requisito sino la identificación del peticionario, quien en ese caso solicita que no se tomó en cuenta su condición de tutor de su hermano para que se le permita continuar en sus labores dentro de la administración pública en el SEDES dependiente del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz; y en ese sentido, pueda desarrollar su funciones conforme al derecho a la inamovilidad laboral, por pertenecer a un grupo de protección reforzada; y, e) Respecto a las notas remitidas al SEDES, las autoridades hoy accionadas tienen la obligación de responderlas oportuna y adecuadamente; además, con la debida motivación y fundamentación. En vía de aclaración, enmienda y complementación, el accionante solicitó a la Sala Constitucional que al ser notificado el 19 de enero de 2023, con el Memorando de Agradecimiento de Servicios 037374, y al concederse la tutela solicitada con relación al derecho de petición; en qué quedaría el plazo de los seis meses computables a partir de esa fecha, hasta que se resuelva el derecho tutelado, al darles un nuevo plazo. En vía de aclaración, enmienda y complementación, el Gobierno Autónomo Departamental hoy tercero interesado, a través de su representante legal, solicitó a la Sala Constitucional, que al ser el fundamento de la Resolución 74, la reconducción de la acción tutelar respecto al derecho de petición; empero, en el memorial de acción de amparo constitucional no se mencionó como derecho vulnerado a la petición, sino el derecho al trabajo; en ese sentido, conforme al principio de congruencia se complemente la Resolución 74, aclarando como es que se amplía la tutela hacia un derecho que no fue alegado por el accionante. En la misma vía, Heberth Fernández Vaca y Elva Melgar Jordan ahora terceros interesados, refirieron a la Sala Constitucional que no escucharon el plazo otorgado al Gobierno Autónomo Departamental hoy tercero interesado, en la repartición del SEDES, para que se dé respuesta sobre lo peticionado y lo reconducido en audiencia respecto al derecho de petición; es decir, dentro de qué plazo emitirán esa respuesta. En mérito a esas solicitudes, la Sala Constitucional, manifestó que: 1) La fecha en que empezaría a computarse los seis meses para interponer cualquier acto, correría a partir de la respuesta formal que emitan las autoridades ahora accionadas; 2) Respecto a la solicitud de la entidad departamental hoy tercera interesada, declaró no ha lugar a la misma; sin embargo, refirió que al emitirse la Resolución 74, se efectuó la revisión y el análisis de todo lo cursante en el cuaderno procesal, así como de los fundamentos expuestos por los sujetos procesales, entre ellos la citada entidad departamental como tercero interesado -identificando como vulnerado el derecho de petición-. Si bien como se manifiesta, el SEDES es una parte de esa entidad; empero, a esa dependencia es a la cual el accionante solicitó en reiteradas oportunidades se pronuncie sobre su inamovilidad laboral, siendo esa instancia la que debe responder en el marco de lo establecido por el art. 24 de la CPE, de manera formal, amplia y oportuna; en ese sentido, -para la reconducción- se consideraron esos actuados del mencionado expediente y la respuesta que debe emitirse para que el accionante conozca las razones por las cuales se emitió el Memorando de Agradecimiento de Servicios 037374; y si estima vulnerados sus derechos, acuda a los mecanismos que le franquea la norma para su resguardo. El Tribunal de garantías puede efectuar la reconducción de oficio, al respecto se tiene a la SCP 0617/2016-S2 de 30 de mayo, cuando dentro de la acción de defensa se encuentren grupos de protección reforzada, como en ese caso de discapacidad; y, 3) Sobre lo peticionado por Heberth Fernández Vaca y Elva Melgar Jordan ahora terceros interesados -padres del accionante-, se complementa la Resolución 74, otorgando el plazo de cuarenta y ocho horas a las autoridades ahora accionadas para que emitan respuesta de manera fundamentada, motivada y congruente a las diversas solicitudes realizadas por el accionante, debiendo notificarle formalmente. Ante la intervención del Gerente hoy coaccionado, quien solicitó que se aclare desde qué momento corre el plazo de cuarenta y ocho horas para que respondan a las solicitudes del accionante; se indicó que las partes quedaban notificadas en audiencia con la resolución emitida, y cuya ejecución era inmediata; en ese sentido, el cumplimiento era a partir de esa notificación a los sujetos procesales.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por Memorando 037113 de 1 de septiembre de 2021, emitido por el entonces Director del SEDES del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, se designó a Heberth Fernández Melgar -hoy accionante-, como Profesional del Área de Coordinación Urbana del SEDES “…mientras dure la declaratoria en comisión del Dr. Vargas…” (sic), cuyos haberes serían cancelados en el Ítem 77106 del presupuesto actual en vigencia (fs. 58). Luego fue nombrado en diferentes cargos, hasta que mediante Memorando 035021 de 7 de octubre de 2022, fue designado como Responsable del Programa de Discapacidad de la Unidad de Servicios y programas de Salud del SEDES, manteniendo su ítem y nivel salarial (fs. 64). II.2. Cursa Carnet de Discapacidad 07-19860127MFM de 19 de octubre de 2022, emitido por el Ministerio de Salud, correspondiente a Marcelo Aníbal Fernández Melgar, que acredita que tiene como tipo de discapacidad intelectual, con grado de discapacidad grave (fs. 6). II.3. Consta memorial presentado el 13 de enero de 2023 dirigido a la Jueza Pública de Familia Decimocuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz; por el cual Heberth Fernández Vaca y Elva Melgar Jordan -ahora terceros interesados- formularon la demanda de declaración judicial de interdicción de Marcelo Aníbal Fernández Melgar contra el accionante, con la finalidad de que se haga cargo de su hermano -antes nombrado- y asuma su tutoría y cuidado; escrito que mereció el decreto de admisión 35/23 de 16 de enero de 2023, pronunciado por la citada Jueza (fs. 15 a 18). II.4. Cursa Informe Social con Cite: SDSDH – SEDEPOS – DIPEDIS – INF 2/“2022” de 17 de enero de 2023, dirigido a Roxana Vaca Castro, Directora de Área - DIPEDIS; por el cual Karen Escalier Gutiérrez, Profesional 3 Trabajadora Social de DIPEDIS, elevó un Informe Social de la situación actual de Marcelo Aníbal Fernández Melgar (fs. 10 a 13). II.5. Mediante Nota de 18 de enero de 2023, dirigida a Julio César Koca Paniagua, Director del SEDES del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz -ahora accionado-; Heberth Fernández Melgar -hoy accionante- hizo conocer que fue objeto de una demanda de declaración judicial de interdicción respecto a Marcelo Aníbal Fernández Melgar, buscando su tutoría; solicitando al respecto, su continuidad -en su fuente de trabajo- por inamovilidad laboral (fs. 14). II.6. A través del Memorando de Agradecimiento de Servicios 037374 de 17 enero de 2023, emitido por el Director ahora accionado y Kadidja Ovando Ruiz, entonces Gerente de la Unidad de RR.HH. ambos del SEDES del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, comunicaron al accionante que prescindían de sus servicios prestados en la Institución como Responsable del Programa de Discapacidad de la Unidad de Servicios y programas de Salud; con el que fue notificado el 19 del señalado mes y año (fs. 19 y vta.). II.7. Por Auto Interlocutorio 74/23 de 24 de enero de 2023, pronunciado por la Jueza de la causa, se designó de manera interina al accionante como tutor de Marcelo Aníbal Fernández Melgar, fijando al mismo tiempo, audiencia de producción de prueba pericial e inspección judicial para la verificación del nombrado en caso de no presentarse a dicha audiencia (fs. 23). II.8. Mediante Sentencia 39/2023 de 8 de febrero, emitida por la Jueza de la causa, se declaró probada la demanda de declaración judicial de interdicción, declarando interdicto a Marcelo Aníbal Fernández Melgar y nombrando como tutor ad litem al accionante (fs. 27 a 30; 71 a 74). II.9. Por Nota de 25 de mayo de 2023, dirigida a la Jefa Departamental de Santa Cruz del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social; el accionante solicitó su reincorporación laboral, haciendo conocer que se prescindió de sus servicios en el SEDES del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz sin expresar los motivos de esa determinación y de que tenía a su cargo una persona con discapacidad (fs. 34).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo, a la inamovilidad laboral, al debido proceso, de no discriminación; así como los derechos a la vida y a la salud de su hermano -Marcelo Aníbal Fernández Melgar-; puesto que, el 18 de enero de 2023, presentó una nota al Director hoy accionado, haciéndole conocer su condición de tutor de su hermano que cuenta con un grado de discapacidad intelectual grave, y que fue demandado en un proceso de declaración judicial de interdicción del mismo, solicitando su inamovilidad laboral; sin embargo, el 19 de igual mes y año, fue despedido de manera intempestiva a través del Memorando de Agradecimiento de Servicios 037374 de 17 de ese mes y año, como represalia a su nota presentada un día anterior y con notoria discriminación hacia su persona y su hermano discapacitado; y a pesar de sus reclamos no fueron respondidos sus pedidos de inamovilidad laboral. En consecuencia, corresponde determinar en revisión si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0105/2019-S2 de 5 de abril, estableció que: “…si bien es evidente que antes de la presentación de una acción de amparo constitucional, el accionante debe agotar los recursos que tenga a su alcance para la protección del derecho que alega como vulnerado, no es menos evidente que en determinados casos, que involucren a personas discapacitadas, debe aplicarse la excepción al principio de subsidiariedad, toda vez que la Constitución Política del Estado establece un marco de protección para los derechos fundamentales de las personas discapacitadas, que al ser un grupo vulnerable merece un trato especial por parte del Estado... Entendimiento que fue confirmado en la SCP 1052/2012 de 5 de septiembre respecto a la protección del interés de los más frágiles como es el sector de las personas con discapacidad. En suma, las personas con discapacidad y quienes tengan bajo su cuidado a dichas personas, pueden acudir directamente ante la justicia constitucional, haciendo abstracción del principio de subsidiariedad que rige la acción de amparo constitucional” (las negrillas nos corresponden).
De acuerdo a lo establecido por el art. 3.I del Estatuto del Funcionario Público (EFP), su ámbito de aplicación abarca a todos los funcionarios o servidores públicos que presten servicios con relación de dependencia con cualquier entidad estatal, independientemente de su fuente de remuneración. Esta norma establece una clasificación de los funcionarios públicos, en funcionarios electos, designados, de libre nombramiento, de carrera e interinos. En ese sentido, el art. 5 del EFP, realiza la siguiente clasificación de los servidores públicos: “a) Funcionarios electos: Son aquellas personas cuya función pública se origina en un proceso eleccionario previsto por la Constitución Política del Estado. Estos funcionarios no están sujetos a las disposiciones relativas a la Carrera Administrativa y Régimen Laboral del Presente Estatuto. b) Funcionarios designados: Son aquellas personas cuya función pública emerge de un nombramiento a cargo público, conforme a la Constitución Política del Estado, disposición legal u Sistema de Organización Administrativa aplicable. Estos funcionarios no están sujetos a las disposiciones relativas a la Carrera Administrativa del presente Estatuto. c) Funcionarios de libre nombramiento: Son aquellas personas que realizan funciones administrativas de confianza y asesoramiento técnico especializado para los funcionarios electos o designados. El Sistema de Administración de Personal, en forma coordinada con los Sistemas de Organización Administrativa y de Presupuesto, determinará el número y atribuciones específicas de éstos y el presupuesto asignado para este fin. Estos funcionarios no están sujetos a las disposiciones relativas a la Carrera Administrativa del presente Estatuto. d) Funcionarios de carrera: Son aquellos que forman parte de la administración pública, cuya incorporación y permanencia se ajusta a las disposiciones de la Carrera Administrativa que se establecen en el presente Estatuto’. e) Funcionarios interinos: Son aquellos que, de manera provisional y por un plazo máximo e improrrogable de 90 días, ocupan cargos públicos previstos para la carrera administrativa, en tanto no sea posible su desempeño por funcionarios de carrera conforme al presente Estatuto y disposiciones reglamentarias”. A su vez, el art. 71 del citado Estatuto, respecto a la condición de funcionario provisorio, estableció que: “Los servidores públicos que actualmente desempeñen sus funciones en cargos correspondientes a la carrera administrativa y cuya situación no se encuentre comprendida en el artículo precedente, serán considerados funcionarios provisorios, que no gozarán de los derechos a los que hace referencia el Numeral II del Artículo 7 de la presente Ley”. De acuerdo a lo referido, es importante precisar que los funcionarios públicos electos, designados y de libre nombramiento no forman parte de la carrera administrativa; por lo tanto, no tienen derecho a la estabilidad laboral, conforme lo señalan los arts. 233 de la CPE y 5 del EFP, y en cuanto a los funcionarios provisorios -que resultan distintos a los de libre nombramiento- la SC 0474/2011-R de 18 de abril, interpretando el art. 71 del EFP reconoció que en la Administración Pública continúan existiendo funcionarios públicos provisorios, entendidos como aquellos cargos sujetos a la carrera administrativa; empero, de manera provisional, ya que no ingresaron por el procedimiento regular establecido en el ordenamiento jurídico sino por la decisión discrecional de la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE), quienes tampoco tienen derecho a la estabilidad laboral dado su forma de ingreso.
La SCP 0724/2021-S3 de 6 de octubre, citando a la SCP 0105/2019-S2 de 5 de abril, señaló que: «“A partir de la promulgación de la Constitución Política del Estado el 7 de febrero de 2009, los derechos fundamentales y garantías constitucionales adquieren un lugar preeminente en el orden constitucional, privilegio que en el sistema jurídico boliviano se infiere, porque por una parte amplió de manera explícita el catálogo de derechos fundamentales y garantías jurisdiccionales en un Título específico consignado en la parte dogmática del texto constitucional; y por otra, reconoció el bloque de constitucionalidad en el art. 410 de la Norma Suprema, integrando a los Convenios Internacionales sobre Derechos Humanos al texto constitucional. Estas consideraciones resultan indispensables al tiempo de referirnos a los derechos reconocidos a las personas con discapacidad, contemplados en los Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos y en la Ley Fundamental. Así, el constituyente boliviano acogió en el texto constitucional de manera expresa y extensa, una sección destinada a los derechos de las personas con discapacidad, el art. 70, señala: Toda persona con discapacidad goza de los siguientes derechos: 1. A ser protegido por su familia y por el Estado
2. A una educación y salud integral gratuita.
3. A la comunicación en lenguaje alternativo. 4. A trabajar en condiciones adecuadas, de acuerdo a sus posibilidades y capacidades, con una remuneración justa que le asegure una vida digna.
5. Al desarrollo de sus potencialidades individuales. Por su parte, el art. 71 de la CPE prohíbe y sanciona cualquier tipo de discriminación, maltrato, violencia y explotación a toda persona con discapacidad, y en el parágrafo II, dispone que; ‘El Estado adoptará medidas de acción positiva para promover la efectiva integración de las personas con discapacidad en el ámbito productivo, económico, político, social y cultural, sin discriminación alguna’. En el marco de los instrumentos jurídicos internacionales y regionales sobre protección de los derechos de personas con discapacidad, el Estado boliviano se obligó a adoptar medidas de cualquier naturaleza que permitan lograr la eficacia de los derechos reconocidos a este segmento poblacional, tal como se estipula en el art. 4 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD). Asimismo, con el objetivo común consensuado por los Estados parte de estos Acuerdos multilaterales, de lograr su plena integración y erradicar cualquier tipo de discriminación contra este sector poblacional, se adquirió el compromiso de adoptar medidas de carácter laboral, de acuerdo a la disposición contenida en los arts. II y III de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad. De acuerdo a las disposiciones constitucionales internas antes glosadas, se reconoce de manera expresa la protección por la familia y por el Estado; por lo que, conviene analizar por separado, los deberes de los familiares y las responsabilidades públicas o estatales. En ese marco, la protección a las personas con discapacidad por su familia es especialmente importante, porque se encuentran en situación de especial vulnerabilidad; por cuanto, las limitaciones físicas, psíquicas o intelectuales, merman determinadas capacidades de dichas personas y adicionalmente, pueden impedir que ejerzan, por sí mismos, determinados derechos, como el trabajo de donde deriva que la satisfacción de sus necesidades, conlleva un coste económico, el cual debe erogarse a través de la asistencia del entorno familiar. En cuanto a la protección por parte del Estado, cabe señalar que la especial vulnerabilidad antes anotada, demanda acciones afirmativas por parte del Estado, siendo una de ellas la protección del trabajador que tiene como dependiente a una persona con discapacidad. Esto se transcribe en el reconocimiento de la garantía de inamovilidad laboral, instituida en el art. 2.V de la Ley de Inserción Laboral y de Ayuda Económica para Personas con Discapacidad -Ley 977 de 26 de septiembre de 2017- a favor de la madre o el padre, cónyuge, tutora o tutor que se encuentre a cargo de una persona o más personas con discapacidad; protección que no es absoluta, por cuanto se mantiene en tanto el trabajador no incurra en las causales de despido contempladas por la Ley General del Trabajo. De lo que resulta, que el Estado Plurinacional de Bolivia, en virtud a los principios antes mencionados, garantiza la inamovilidad laboral de la o el trabajador que tiene una persona dependiente con discapacidad, con la finalidad de lograr la protección de todas las personas que, por razones ligadas a la falta o la pérdida de la autonomía física, psíquica o intelectual, tienen necesidad de asistencia para ejercer sus derechos y asegurarles una existencia digna. Desde esta perspectiva, dicho resguardo, al igual que la protección de las personas con discapacidad, encuentra su fundamento en la dignidad humana, así como en la no discriminación, con el objetivo de lograr la igualdad real e integración anhelada por los Estados; ya que además, estas personas tienen los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que otras; los cuales, incluido el de no verse sometidos a discriminación basada en la discapacidad, dimanan de la dignidad y la igualdad, que son inherentes a todo ser humano. En el mismo orden, la Observación General 5 emitida por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) y la Declaración de los Derechos de los Impedidos, proclamada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), mediante Resolución 344 del 9 de diciembre de 1975, son instrumentos internacionales que reflejan el compromiso de eliminar situaciones discriminatorias contra las personas con discapacidad, procurando la creación de oportunidades de trabajo para este grupo vulnerable. Asimismo, el Tribunal Constitucional a través de la SC 0235/2007-R de 10 de abril, tuteló la garantía de inamovilidad funcionaria y laboral de estos trabajadores, en el entendido que la ruptura de la continuidad de la relación laboral, puede afectar no solo al trabajador sino también a un dependiente con discapacidad; razonamiento jurisprudencial que fue reiterado posteriormente, por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0391/2012 de 22 de junio, 0614/2012 de 23 de julio y 0390/2014 de 25 de febrero, entre otras. En consecuencia, esta protección conlleva obligaciones pasivas para el empleador, de abstenerse a realizar cualquier medida que limite el ejercicio de estos derechos, entendiendo que de la vulneración del derecho al trabajo y otros derechos laborales conexos, que corresponden al trabajador, deriva la lesión al ejercicio de los derechos de aquella persona dependiente con discapacidad, que atañen a su dignidad e igualdad. Al contrario, le corresponde al empleador tanto en las entidades públicas y privadas, asegurar al trabajador a cargo de la asistencia y manutención de esta persona, la permanencia en su fuente de trabajo; empero, esta protección no es absoluta, toda vez que, está condicionada a una buena conducta del trabajador en su desempeño laboral, ya que el retiro se justifica si éste incurre en una causal de despido establecido conforme a ley”. Acotando a los fundamentos desarrollados, es necesario puntualizar que, el citado art. 2.V de la Ley de Inserción Laboral y de Ayuda Económica para Personas con Discapacidad, textualmente señala: “El Estado Plurinacional de Bolivia garantizará la inamovilidad de las personas con discapacidad, así como de la madre o el padre, cónyuge, tutora o tutor que se encuentre a cargo de una o más personas con discapacidad menores de dieciocho (18) años o con discapacidad grave y muy grave, en los sectores público y privado, siempre y cuando cumplan con la normativa vigente y no existan causales que justifiquen su desvinculación”. Evidentemente, la garantía de permanencia laboral del trabajador que tiene bajo su dependencia a una o más personas con discapacidad no es absoluta, pues, -como se dijo-está condicionada a su correcto desempeño; de manera que, no procederá cuando este incursione en una causal de desvinculación legal; pero también, es importante determinar que dicho beneficio no alcanza a todos los trabajadores que se encuentren en esa situación, sino, únicamente a aquellos que tengan bajo su cuidado a una o más personas en esa condición de vulnerabilidad que sean menores de edad, o siendo mayores, padezcan de una discapacidad grave o muy grave. A ese efecto, el art. 5 de la Ley General para Personas con Discapacidad establece los siguientes grados de discapacidad: “11. Grado de Discapacidad Leve. Calificación que se refiere a personas con síntomas, signos o secuelas existentes que justifican alguna dificultad para llevar a cabo las actividades de la vida diaria, pero son compatibles con la práctica de las mismas 12. Grado de Discapacidad Moderada. Calificación que se refiere a personas con síntomas, signos o secuelas que causan una disminución importante o imposibilidad de la capacidad de la persona para realizar algunas de las actividades de la vida diaria, siendo independiente en las actividades de autocuidado. 13. Grado de Discapacidad Grave. Calificación que se refiere a personas con síntomas, signos o secuelas que causan una disminución importante o imposibilidad de la capacidad de la persona para realizar la mayoría de las actividades de la vida diaria, pudiendo estar afectada alguna de las actividades de autocuidado, requiriendo asistencia de otra persona para algunas actividades. 14. Grado de Discapacidad muy Grave. Calificación que se refiere a personas con síntomas, signos o secuelas que imposibilitan la realización de las actividades de la vida diaria y requiere asistencia permanente de otra persona”.
En ese sentido, el trabajador que tenga bajo su cuidado a una o más personas mayores de dieciocho años con discapacidad leve o moderada, no se beneficiará con la inamovilidad laboral por dicha causa; puesto que, estas personas pueden ser incorporadas a una fuente laboral o bien dedicarse a una actividad económica independiente, en condiciones adecuadas, de acuerdo a sus posibilidades y capacidades, en el marco de la Ley General para Personas con Discapacidad y la Ley de Inserción Laboral y de Ayuda Económica para Personas con Discapacidad”» (las negrillas y el subrayado nos corresponden).
Asimismo, la SCP 0019/2017-S3 de 8 de febrero, señala que: “Inicialmente cabe referir que de acuerdo a lo descrito ut supra, la limitación a la inamovilidad laboral, fue establecida para funcionarios electos, designados y de libre nombramiento, pero en el caso presente ninguna de estas condiciones incluye al ahora accionante (…), pues como se evidencia del Memorando de designación es un funcionario provisorio, que ocupa un puesto de la carrera administrativa, y por tanto su inamovilidad no representa un riesgo a la continuidad del servicio público o a la metas institucionales, ya que no desempeña funciones jerárquicas; tampoco su cargo es de especialidad o confianza de la MAE, circunstancia frente a la cual no puede realizarse una excepción a la inamovilidad laboral y por el contrario corresponde en favor del accionante la inamovilidad. No obstante, debe quedar establecido que al ser un funcionario provisorio, ocupa un puesto de la carrera administrativa que de acuerdo al Estatuto del Funcionario Público debe ser institucionalizada, en procura de la especialización y el cumplimiento de las metas y fines institucionales del servicio público, por lo cual la inamovilidad relacionada a la discapacidad, en cualquiera de las circunstancias establecidas por ley; es decir, beneficio directo del trabajador por su condición de discapacitado, o por que tenga bajo su dependencia a personas con discapacidad, en funcionarios que tengan la condición de provisorios, será únicamente hasta que la administración inicie y concluya el proceso de selección de personal e institucionalización, proceso del cual por supuesto podrá ser participe la persona discapacitada que ocupa el puesto o aquella que tiene bajo su directa dependencia una persona con discapacidad” .(las negrillas son nuestras).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo, a la inamovilidad laboral, al debido proceso, de no discriminación; así como los derechos a la vida y a la salud de su hermano -Marcelo Aníbal Fernández Melgar-; puesto que, el 18 de enero de 2023, presentó una nota al Director hoy accionado, haciéndole conocer su condición de tutor de su hermano que cuenta con un grado de discapacidad intelectual grave, y que fue demandado en un proceso de declaración judicial de interdicción del mismo, solicitando su inamovilidad laboral; sin embargo, el 19 de igual mes y año, fue despedido de manera intempestiva a través del Memorando de Agradecimiento de Servicios 037374 de 17 de ese mes y año, como represalia a su nota presentada un día anterior y con notoria discriminación hacia su persona y su hermano discapacitado; y a pesar de sus reclamos no fueron respondidos sus pedidos de inamovilidad laboral. De la revisión de antecedentes se tiene que a través del Memorando 037113, el accionante fue designado como Profesional del Área de Coordinación Urbana del SEDES del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, haciendo constar que ese nombramiento era “…mientras dure la Declaratoria en Comisión del Dr. Vargas…” (sic) y que sus haberes serían cancelados en el Ítem 77106 del presupuesto actual en vigencia; luego de ello, fue designado como Profesional del Área de Habilitación por Memorando 034581 de 24 de marzo de 2022; como Responsable de Habilitación a.i. del Área de Gestión de Calidad mediante Memorando 034573 de 19 de abril de ese año; en la misma fecha, como Responsable de Habilitación de Establecimientos de Salud a.i., del Área de Gestión de Calidad de acuerdo al Memorando 034590; como Responsable del Área de Habilitación de Establecimientos de Salud, por Memorando 036953 de 12 de mayo del citado año (fs. 58 a 63). Y como Responsable del Programa de Discapacidad de la Unidad de Servicios y Programas de Salud del SEDES del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, mediante Memorando 035021 de 7 de octubre de igual año, manteniendo su ítem y nivel salarial (Conclusión II.1.). El 19 de octubre de 2022, se extendió en favor de Marcelo Aníbal Fernández Melgar, el Carnet de Discapacidad 07-19860127MFM, que acredita que tiene una discapacidad intelectual grave (Conclusión II.2.); Carnet que formó parte de la documentación presentada junto a la demanda de declaración judicial de interdicción de Marcelo Aníbal Fernández Melgar, interpuesta por Heberth Fernández Vaca y Elva Melgar Jordan ahora terceros interesados el 13 de enero de 2023, contra el accionante, con la finalidad de que se haga responsable de su hermano discapacitado, asuma su tutoría y cuidado para darle una mejor calidad de vida; puesto que por su avanzada edad, sus enfermedades y al ser de escasos recursos económicos no podían hacerse cargo del mismo; en ese sentido, la Jueza de la causa emitió el decreto de admisión 35/23, disponiendo el traslado al accionante para su contestación (Conclusión II.3.). Por su parte, a solicitud del accionante (fs. 162), la Profesional 3 Trabajadora Social de DIPEDIS, emitió el Informe Social con Cite:
SDSDH – SEDEPOS – DIPEDIS – INF 2/“2022”, dirigido a la Directora de Área - DIPEDIS, por el cual se realizó el Informe Social de la situación actual de Marcelo Aníbal Fernández Melgar, señalando entre otros aspectos, que: i) El nombrado vive en la casa que le pertenece a Heberth Fernández Vaca y Elva Melgar Jordan ahora terceros interesados, junto con su hermano -accionante-, la esposa de este último y el hijo de ambos; ii) El accionante con su trabajo en el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, lleva el sustento para su hogar y para cubrir los gastos de su hermano menor discapacitado; iii) Actualmente los referidos hoy terceros interesados, al ser personas de la tercera edad, le están dejando como tutor al accionante, por ser el hermano mayor y contar con posibilidades de cuidar a su hermano con discapacidad; iv) El accionante tiene toda la predisposición de cuidar de su hermano con discapacidad y cubrir económicamente su manutención con el trabajo que efectúa como funcionario púbico en el SEDES del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz; v) Se constató el cariño y el compromiso del accionante de cuidar de su hermano discapacitado y darle las atenciones que requiere de acuerdo a sus posibilidades económicas; y, vi) Actualmente el accionante es quien se encuentra a cargo de su hermano Marcelo Aníbal Fernández Melgar que tiene una discapacidad y es dependiente del accionante (Conclusión II.4.). Con base a los antecedentes citados precedentemente, mediante Nota de 18 de enero de 2023, el accionante hizo conocer al Director ahora accionado, que se formuló una demanda de declaración judicial de interdicción de su hermano Marcelo Aníbal Fernández Melgar, por parte de sus padres -ahora terceros interesados- en su contra, solicitando se declare la tutoría de su hermano discapacitado acreditado con su respectivo Carnet de Discapacidad; por lo que solicitó se instruya al respecto, la continuidad en su fuente de trabajo por inamovilidad laboral, al encontrarse al cuidado de una persona con discapacidad grave (Conclusión II.5.); sin embargo, el Director hoy accionado y la entonces Gerente de la Unidad de RR.HH. ambos del SEDES del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, por Memorando de Agradecimiento de Servicios 037374, comunicaron al accionante que prescindían de sus servicios como Responsable del Programa de Discapacidad; siendo notificado con ese actuado el 19 de enero de 2023 (Conclusión II.6.). Luego, dentro de la referida demanda judicial, la Jueza a cargo de la misma, por Auto Interlocutorio 74/23, designó de manera interina al accionante como tutor de Marcelo Aníbal Fernández Melgar (Conclusión II.7.). Y el 27 de enero de 2023, en conocimiento del Memorando de Agradecimiento de Servicios 037374, el Colegio Médico de Santa Cruz envió una nota al Director ahora accionado solicitando respeto a la inamovilidad laboral del accionante como su colegiado y se deje sin efecto dicho Memorando, permitiendo que continúe desempeñando sus funciones en el SEDES del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz (fs. 20 a 21). Por su parte, el accionante envió una nota ese mismo día al indicado Director, reiterando su pedido de inamovilidad laboral y se dé respuesta a la Nota de 18 del citado mes y año; asimismo, le hizo conocer que el 24 el citado mes y año, fue designado interinamente como tutor de su hermano con discapacidad (fs. 22), y por memorial de 7 de febrero de 2023, reiteró se emita una respuesta positiva a su solicitud de inamovilidad laboral (fs. 24 a 25). Una vez pronunciada la Sentencia 39/2023, que declaró probada la demanda de declaración judicial de interdicción, declarando interdicto a Marcelo Aníbal Fernández Melgar y nombrando al accionante como su tutor ad litem (Conclusión II.8.), por memorial presentado el 27 de ese mismo mes y año, puso en conocimiento del Director ahora accionado esa determinación judicial, solicitando se pronuncie sobre su pedido de inamovilidad laboral y sea restituyéndolo a su fuente laboral (fs. 26 y vta.), pedido que fue reiterado por memorial de 1 de marzo del año mencionado (fs. 31 a 33). Asimismo, se tiene que por Nota de 25 de mayo de 2023, el accionante acudió a la Jefatura Departamental de Santa Cruz del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, solicitando su reincorporación laboral; sin embargo, no se tiene antecedentes ni constancia alguna de que su pedido fue admitido, y por tratarse el presente caso de una situación que involucra a una persona con discapacidad, se ingresará al análisis de fondo de la problemática planteada. Establecidos los antecedentes procesales, se advierte que a través de la acción de defensa, el accionante identifica como el acto vulneratorio de sus derechos y de su hermano con discapacidad Marcelo Aníbal Fernández Melgar, la desvinculación sufrida de su fuente laboral a través del Memorando de Agradecimiento de Servicios 037374, emitido como represalia por las autoridades hoy accionadas, luego de solicitar su inamovilidad laboral por su condición de tutor de su hermano que cuenta con un grado de discapacidad intelectual grave, y que fue demandado en un proceso de declaración judicial de interdicción del mismo. Con carácter previo, corresponde referirse al argumento expuesto por el Gerente hoy accionado, referido al principio de subsidiariedad, indicando que el accionante debía agotar la instancia administrativa formulando los recursos de revocatoria y jerárquico contra el Memorando de Agradecimiento de Servicios 037374, para después acudir a la jurisdicción constitucional.
Al respecto, corresponde señalar que conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es posible abstraerse del principio de subsidiariedad cuando se denuncie la vulneración de derechos de personas que forman parte de los grupos vulnerables que tienen una protección reforzada, como las personas con discapacidad o de aquellas que tienen a su cargo a las mismas; como ocurre en el presente caso, en el cual el accionante es tutor de su hermano que cuenta con una discapacidad intelectual grave según su Carnet de Discapacidad; a quienes les está permitido acudir de manera directa a la jurisdicción constitucional sin agotar los medios de impugnación o los mecanismos de defensa ordinarios; por consiguiente, corresponde a esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional ingresar a analizar la problemática planteada. En cuanto al argumento expuesto por las representantes legales del Gobierno Autónomo Departamental ahora tercero interesado, relativo a la falta de legitimación pasiva del Director y del Gerente de la Unidad de RR.HH., ambos del SEDES; corresponde señalar que estos últimos fueron quienes suscribieron el Memorando de Agradecimiento de Servicios 037374, que el accionante considera como el acto lesivo de sus derechos y de su hermano con discapacidad; en ese sentido, los mismos al asumir esa determinación que lo desvinculó de su fuente laboral, cuentan con la debida legitimación pasiva para constituirse en parte accionada dentro de la presente acción de defensa, y son además, dependiendo de las circunstancias, los encargados de reponer dichos derechos. Así también, tomando en cuenta que el Director y el Gerente de la Unidad ahora accionados en sus informes presentados dentro de esta acción tutelar, clara y expresamente reconocieron que el accionante es un funcionario provisorio; en ese sentido, considerando lo expresado en el Fundamento Jurídico III.2. de este fallo constitucional sobre esa condición; corresponde señalar que por esa circunstancia ocupa un puesto dentro de la carrera administrativa, en el que su inamovilidad no representaría un riesgo a la continuidad del servicio público o a la metas institucionales, ya que no desempeña funciones jerárquicas; por consiguiente, y de acuerdo a lo mencionado, al ser el accionante un funcionario provisorio como lo reconocieron los accionados y no uno de libre nombramiento; si bien no tiene estabilidad laboral por su forma de designación; sin embargo, conforme al razonamiento mencionado en el Fundamento Jurídico III.3. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional le alcanzaría la garantía de inamovilidad laboral. Ahora bien, a través de la presente acción tutelar, el accionante denuncia que fue desvinculado de su fuente de trabajo, como represalia por solicitar su inamovilidad laboral, manifestando para ello tener la condición de tutor de su hermano con discapacidad intelectual grave y haber sido demandado en un proceso judicial buscando su declaración de interdicción. Al respecto, las autoridades hoy accionadas argumentan que el 18 de enero de 2023, cuando el accionante solicitó su inamovilidad laboral; es decir, un día antes de ser desvinculado de su fuente laboral, aún no existía una determinación judicial que lo declaraba como tutor de su hermano discapacitado, sino que la demanda alegada únicamente contaba con decreto de admisión y no así con la designación de tutor interino, que recién fue dispuesta el 24 de igual mes y año; y posteriormente, el 8 de febrero del mismo año, se hizo conocer que existía una Sentencia que lo designaba como tutor; por lo que su accionar estuvo enmarcada en la ley. Conforme lo referido, es necesario hacer notar que el 18 de enero de 2023, cuando el accionante solicitó su inamovilidad laboral, acompañó a su nota correspondiente, una fotocopia de la demanda de declaración judicial de interdicción de Marcelo Aníbal Fernández Melgar y su auto respectivo, interpuesta por Heberth Fernández Vaca y Elva Melgar Jordan ahora terceros interesados en su contra, con la finalidad de que asuma su tutoría, cuidado y se haga responsable del mismo; así también, adjuntó el carnet de discapacidad de su hermano y el Informe Social con Cite: SDSDH – SEDEPOS – DIPEDIS – INF 2/“2022” (fs. 82 y vta.), éste último solicitado por su persona (fs. 162). El Informe Social con Cite: SDSDH – SEDEPOS – DIPEDIS – INF 2/“2022”, como ya se tiene señalado, estableció que Marcelo Aníbal Fernández Melgar vive con el accionante y su familia, quien se encargaba de los gastos de su hermano discapacitado, producto del trabajo que desempeñaba en el SEDES del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, y que sus padres, al ser personas de la tercera edad le dejaban -al accionante-, como tutor de su hermano, por contar éste con posibilidades para su cuidado; asimismo, se informó que el accionante tenía toda la predisposición de cuidar de su hermano con discapacidad y cubrir económicamente su manutención; además de brindarle cariño, demostrar el compromiso de su cuidado y otorgarle las atenciones requeridas, siendo él quien en la actualidad se encuentra a cargo de dicha persona con discapacidad. Lo referido precedentemente, denota que el argumento expuesto por las autoridades ahora accionadas para justificar la emisión del Memorando de Agradecimiento de Servicios 037374, manifestando que hasta antes de disponerse el retiro del accionante del ejercicio de sus funciones, no existía aún una determinación judicial que lo declaraba como tutor de su hermano discapacitado, deviene en infundado y arbitrario en el presente caso; puesto que un día antes de despedir al accionante, ya les constaba y sabían que sus padres accedieron a dejarlo como tutor de su hermano con discapacidad; así también, al solicitar dicho accionante de manera personal y voluntariamente la elaboración del Informe Social con Cite: SDSDH – SEDEPOS – DIPEDIS
– INF 2/“2022”, y encontrándose a cargo del mismo en la actualidad demostrando su predisposición para cuidarlo, cubrir su manutención y brindarle cariño; además de manifestar el compromiso de su cuidado y darle las atenciones pertinentes por su condición; la designación judicial de tutor de su hermano, extrañada por las autoridades ahora accionadas, era previsible e innegable; situación que no fue considerada ni tomada en cuenta por los nombrados al momento de emitir de manera apresurada el acto administrativo que lo desvinculó de su fuente laboral con los perjuicios consiguientes, como la vulneración de su derecho al trabajo, con la afectación directa de los derechos de su hermano con discapacidad. Más aún si las autoridades hoy accionadas tomaron conocimiento de que el accionante al contestar la demanda de declaración judicial de interdicción de su hermano, contestó afirmativamente la misma, pidiendo que se lo designe como su tutor, haciendo conocer que él se hacía cargo de su hermano por contar con las condiciones al ser médico especialista en salud y podía otorgarle una mejor atención, cuidados y medicación, y darle una mejor calidad de vida (fs. 27 vta.); además de hacer conocer que fue designado como tutor interino (fs. 22 a 23 ) y luego como tutor ad litem por Sentencia 39/2023 (fs. 26 a 30); aspectos que se trasuntan en verdad material que esta jurisdicción constitucional no puede desconocer ni pasar por alto; quedando plenamente establecido por lo precedentemente señalado, que el accionante es tutor legal de su hermano Marcelo Aníbal Fernández Melgar, con discapacidad intelectual grave, según su Carnet de Discapacidad 07-19860127 MFM y los informes médicos elaborados dentro de la referida demanda de declaración judicial de interdicción. En ese sentido, en cuanto a la inamovilidad laboral de los trabajadores que tienen bajo su dependencia a una persona con discapacidad, la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.3. del presente fallo constitucional, determinó la ampliación de la protección estatal de las personas con discapacidad a aquellos trabajadores que tengan bajo su dependencia, cuidado y protección a una persona que cuente con una discapacidad, reconociendo su inamovilidad laboral conforme lo establecido por el art. 2.V de la Ley de Inserción Laboral y Ayuda para Personas con Discapacidad -Ley 977 de 26 de septiembre de 2017-, al señalar que: “El Estado Plurinacional de Bolivia garantizará la inamovilidad de las personas con discapacidad, así como de la madre o el padre, cónyuge, tutora o tutor que se encuentre a cargo de una o más personas con discapacidad menores de dieciocho (18) años o con discapacidad grave y muy grave, en los sectores público y privado, siempre y cuando cumplan con la normativa vigente y no existan causales que justifiquen su desvinculación” (las negrillas nos corresponden).
Bajo ese contexto jurisprudencial y normativo, se tiene garantizada la inamovilidad laboral de los trabajadores que se encuentran a cargo de una persona con discapacidad, que siendo mayor de edad padezca de una discapacidad grave, como ocurre en el presente caso, en el cual el accionante tiene bajo su dependencia a su hermano mayor de edad, que cuenta con una discapacidad intelectual grave, acreditada documentalmente con su respectivo Carnet de Discapacidad; sin embargo, corresponde referir que esa protección estatal no resulta absoluta; puesto que se mantendrá mientras cumpla con la normativa vigente y no existan causales que justifiquen legalmente su desvinculación laboral. Por todo lo expuesto, corresponde conceder la tutela solicitada al evidenciarse la vulneración de los derechos al trabajo y a la inamovilidad laboral del accionante, así como los derechos a la vida y a la salud de su hermano con discapacidad, que se vieron directamente afectados por la arbitraria decisión asumida por las autoridades ahora accionadas, de despedirlo de su fuente laboral del cual emergen los respectivos recursos económicos para solventar sus gastos de manutención, para su alimentación, medicación, entre otros gastos; en ese sentido, se debe dejar sin efecto el Memorando de Agradecimiento de Servicios 037374, emitido por las referidas autoridades, quienes deben reincorporar al accionante a su fuente laboral como Responsable del Programa de Discapacidad de la Unidad de Servicios y Programas de Salud del SEDES del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz; así como el pago de sus sueldos devengados desde el 19 de enero de 2023 hasta el momento de su reincorporación efectiva, al demostrarse que su desvinculación laboral no se produjo por el incumplimiento de la normativa vigente, ni se encontraba sustentado en alguna causal que justifique esa medida, previa verificación y comprobación mediante un debido proceso. En cuanto a la reincorporación laboral dispuesta, amerita señalar que no existe documentación ni constancia alguna que corrobore las afirmaciones expuestas por las autoridades hoy accionadas, de que el ítem bajo el cual fue designado el accionante le correspondía a un funcionario de carrera que ingresó conforme al Estatuto del Médico Empleado, mediante un concurso de méritos y examen de competencia y que se encontraría declarado en comisión; en ese sentido, la reincorporación laboral ordenada debe ser al último cargo que ocupaba en el SEDES del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, al encontrarse garantizada su inamovilidad laboral por ser un trabajador a cargo de una persona mayor de edad con un grado de discapacidad grave, pudiendo conservar su fuente laboral, en tanto cumpla la normativa vigente, y no incurra en alguna causal de desvinculación, previa comprobación en un debido proceso, o se institucionalice el cargo que ocupa, donde también podrá participar el accionante.
Al no fundamentarse adecuadamente la forma en que las autoridades hoy accionadas vulneraron los derechos al debido proceso y de no discriminación, no corresponde emitir un pronunciamiento al respecto. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela solicitada, aunque con otros fundamentos, obró de manera parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 74 de 11 de julio de 2023, cursante de fs. 429 a 433 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada con relación a los derechos al trabajo e inamovilidad laboral de Heberth Fernández Melgar, así como los derechos a la vida y a la salud de su hermano con discapacidad Marcelo Aníbal Fernández Melgar, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; disponiendo:
a) Dejar sin efecto el Memorando de Agradecimiento de Servicios 037374 de 17 de enero de 2023, emitido por Julio César Koca Paniagua, Director y la entonces Gerente de la Unidad de Recursos Humanos, ambos del Servicio Departamental de Salud del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz; b) Se reincorpore a Heberth Fernández Melgar a su fuente laboral en el cargo de Responsable del Programa de Discapacidad de la Unidad de Servicios y Programas de Salud del SEDES del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz;
c) El pago de sus sueldos devengados desde el 19 de enero de 2023 hasta el momento de su reincorporación laboral efectiva. Debiendo el Director y el Gerente de la Unidad de Recursos Humanos, ambos del Servicio Departamental de Salud del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz abstenerse de cualquier acto que constituya acoso laboral contra Heberth Fernández Melgar. 2° DENEGAR en cuanto a los derechos al debido proceso y de no discriminación, de acuerdo a los expresado en este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1090_2023-S3.pdf · páginas 1 a 26.
Huella digital del PDF (SHA-256): e72170850f5d701ca2f1a40714f0f36c274d4d581eeb51584386e554df0569bf
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