Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 4 de septiembre de 2025
Deniega la tutela
El peticionante de tutela alega la vulneración de sus derechos a la vida e integridad personal, a la libertad y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación; y, al principio de legalidad; toda vez que, la Vocal ahora demandada al emitir el Auto de Vista de 16 de febrero de 2023, no se pronunció sobre la mejoría de la situación jurídica del imputado con relación al riesgo inserto en el art. 234.7 del CPP, así como a la solicitud de la aplicación del principio de proporcionalidad, dado que correspondía que determine que la Jueza de instancia realice el test de proporcionalidad. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: a) La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso; a.1) La exigencia de fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares: Las resoluciones de los tribunales de apelación y la interpretación del art. 398 del Código de Procedimiento Penal; b) La protección de víctimas niñas y adolescentes en los procesos penales; b.1) El enfoque interseccional b.2) El enfoque interseccional para el análisis de la violencia hacia niñas y adolescentes mujeres; c) El riesgo procesal establecido en el art. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución SC2-CBB-AL-005/2023 de 4 de abril, cursante de fs. 426 a 432, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1088/2025-S1 Sucre, 4 de septiembre de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 54789-2023-110-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución SC2-CBB-AL-005/2023 de 4 de abril, cursante de fs. 426 a 432, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Ademar Giovanni Gonzales Paniagua y Elsa Gabriela Ortega Sarmiento en representación sin mandato de Ernesto Medina Chile contra Zullma Raiza García Basualdo, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.
Mediante memorial presentado el 3 de abril de 2023, cursante de fs. 309 a 316, el impetrante de tutela a través de sus representantes sin mandato, expresó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
Señala que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de abuso sexual -previsto y sancionado por el art. 312 del Código Penal (CP)- fue detenido preventivamente en el Centro Penitenciario de San Sebastián Varones de Cochabamba, mediante el Auto Interlocutorio de 23 de febrero de 2022, ante la concurrencia de los riesgos procesales previstos en los arts. 233.1 y 2; en relación al 234.7 y 235.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP). Con la finalidad que el imputado -ahora demandante de tutela-, pueda tener una calidad de vida óptima, por sus condiciones de salud, solicitó cesación a la detención preventiva conforme al art. 239.1 del referido código y del análisis del principio de proporcionalidad; así, el 9 de febrero de 2023, se celebró la audiencia de cesación a la detención preventiva, con relación al riesgo procesal establecido en el art. 234.7 de la mencionada norma procesal, fue fundado por la peligrosidad del imputado sobre la víctima, sin considerar que el acusado nunca habitó en el mismo domicilio de la víctima; por lo que, se presentaron los certificados de antecedentes penales, no violencia, un dictamen pericial que evidencia que no presenta ningún trastorno psicológico ni conductas compulsivas concluyendo que el mismo ha generado problemas psicológicos emergentes de su detención preventiva. Respecto al riesgo procesal establecido en el art. 235.2 del mencionado Código, este hubiese sido desvirtuado por el certificado de permanencia dentro del mencionado Centro Penitenciario, el informe del registro de visitas en el penal y el informe de secretaría del Juzgado de Instrucción contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital de ese departamento, mediante el cual se informó que se recibió la declaración anticipada de la víctima en la que no existe mención alguna que el acusado haya ejercido alguna influencia negativa sobre la misma. En su momento, se acompañó un certificado médico forense que acreditó que cuenta con un trasplante renal y que durante su estadía en el referido Centro Penitenciario, su salud se deterioró de manera constante; para esa audiencia también se presentó un certificado médico que acreditó que el acusado cuenta con insuficiencia renal crónica, así como, el certificado médico expedido por Régimen Penitenciario que evidenció que el acusado también sufre de hipertensión arterial; por lo que, no se puede desconocer su delicado estado de salud, impetrando la aplicación del principio de proporcionalidad, favorabilidad y objetividad; y así, disponer su detención domiciliaria con custodio permanente, dado que generó una trombosis en su brazo del que fue intervenido y necesita una dieta especial. Solicitud que fue rechazada por el Juez de la causa, con razonamientos ambiguos y poco claros dado que con relación al riesgo del art. 234.7 del citado Código procesal, estableció que el dictamen pericial es un elemento que corresponde ser valorado en juicio oral y únicamente valoró el párrafo cuarto, pero no señaló en qué medida se mejoró su situación jurídica. En relación al principio de proporcionalidad, se limitó a señalar que el solicitante de tutela se encuentra delicado de salud, sin embargo, sus necesidades habrían sido atendidas, que no existe documentación idónea sobre la dieta especial, tampoco se cuenta con documentación que evidencie de qué manera mejoraría su salud estando en detención domiciliaria, sin realizar el test de proporcionalidad. Ante esa situación, la defensa del peticionante de tutela formuló recurso de apelación incidental, cual fue sorteado ante la Vocal Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de ese departamento; en el que, se hizo conocer los agravios por vulneración al derecho al debido proceso por mala fundamentación, motivación y errónea valoración de la prueba; sin embargo, la autoridad judicial ahora demandada, emitió el Auto de Vista de 16 de febrero de 2023, donde no se pronunció sobre la mejoría de la situación jurídica del imputado, ahora demandante de tutela con relación al riesgo del art. 234.7 del citado Código y de la misma forma en cuanto a la petición de la aplicación del principio de proporcionalidad, dado que correspondía que determine que la Jueza de instancia realice el test de proporcionalidad; de esa manera, la referida Vocal realizó una errónea fundamentación incompatible con los antecedentes del proceso y la jurisprudencia constitucional, sin considerar el art. 15 de la Constitución Política del Estado (CPE).
El solicitante de tutela a través de sus representantes sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la vida e integridad personal, libertad y al debido proceso, en sus elementos de fundamentación, motivación; y, al principio de legalidad, citando los arts. 15, 125, 126 y 127 de la CPE.
Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga que la autoridad demandada en el plazo de veinticuatro horas, emita nuevo Auto de Vista, considerando los aspectos cuestionados, y con el beneficio de reparación de daños y perjuicios.
Efectuada la audiencia de manera virtual de la presente acción de libertad el 4 de abril de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 424 a 425 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El peticionante de tutela a través de sus representantes sin mandato, se ratificó de manera íntegra en los términos de su memorial de acción tutelar.
Zullma Raiza García Basualdo, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, presentó informe escrito cursante a fs. 333 a 336 vta. y en lo principal señaló: a) Corresponde observar la línea jurisprudencial emitida por la SC 0165/2011-R de 21 de febrero, que estableció que la jurisdicción constitucional no tiene competencia para ingresar a valorar la prueba, dado que esta compulsa corresponde exclusivamente a la jurisdicción ordinaria, ratificada por la SC 0662/2010-R de 19 de julio; b) El ahora accionante se limitó a realizar una descripción de las decisiones emitidas con argumentos subjetivos que no reflejan los verdaderos fundamentos expuestos en el Auto de Vista de 16 de febrero de 2023, por cuanto se resolvió la apelación formulada bajo una correcta valoración de los antecedentes remitidos, con fundamentos claros y precisos, suficientemente motivado y de acuerdo a lo previsto en los arts. 124 y 398 del CPP, así como la correcta interpretación de la jurisprudencia constitucional pertinente al caso; en consecuencia, el Auto de Vista no resulta ser lesivo al derecho a la libertad física con relación al debido proceso, menos tiene una errónea fundamentación, más aun si no especifica de qué manera se hubiese vulnerado el debido proceso, sin embargo, de los fundamentos expuestos en el mismo, se advierte el porqué de la determinación asumida; c) La SCP 0909/2014 de 14 de junio, refiere que la apelación incidental se concibe como un recurso para resolver incidentes y no aquellas cuestiones vinculadas a la causa de fondo, así la apelación incidental no puede sustanciarse en elementos probatorios distintos a los considerados y ponderados por el Juez de la causa, de donde resulta la imposibilidad de admitir prueba en apelación incidental sobre lo ya resuelto por el inferior; d) Por otra parte, en cuanto al riesgo procesal previsto en el art. 234.7 del citado Código, no se advierte en qué consiste cada una de las vulneraciones alegadas, por cuanto en segunda instancia para determinar si concurre o no los riesgos procesales no se puede volver a valorar la prueba, ni presentar ninguna otra, en razón a que esta medida impuesta por el Juez siempre es revisable en cualquier estado del proceso, más aun si la resolución cuestionada fue clara en establecer que con la documentación acompañada ante el Juez inferior, no desvirtuó el grado de vulnerabilidad y desventaja en el cual se encontraba la menor a momento del hecho, ni la conducta exteriorizada por el imputado a momento y con posterioridad al hecho, pretendiéndose con ello desconocer que la menor víctima cuenta con ocho años de edad, que es de sector vulnerable, la afinidad existente entre la víctima y el acusado, su entorno familiar y las circunstancias en las que fue abusada en reiteradas oportunidades; e) Respecto a no haberse considerado el principio de proporcionalidad, se respondió en sentido que la modificación de la medida personal gravosa que se hubiese dispuesto en relación a que padecía de insuficiencia renal, conforme la prueba no importa una vulneración de derechos del recurrente debido a que los permisos fueron atendidos con prontitud, habiendo recibido atenciones médicas en el Hospital “Univalle”; y, f) En ese sentido el Tribunal de alzada actuó dentro de sus competencias y conforme la SCP 0077/2012 debe considerarse que la decisión de medidas cautelares se funda bajo los principios de instrumentalidad y variabilidad, pudiendo ser modificada conforme el art. 239 del Código adjetivo penal; por lo que, solicitó se deniegue la tutela impetrada.
Gisela Cámara Rodríguez en representación del Ministerio Público, en audiencia, señaló: 1) La acción de libertad interpuesta no constituye un recurso procesal dentro del ordenamiento penal ordinario, respecto de lo que se hubiese determinado en apelación por la autoridad judicial; 2) El impetrante de tutela sustenta la acción en base a elementos probatorios que no fueron expuestos ante las autoridades jurisdiccionales, conforme se expresó en el informe de la autoridad recurrida, no corresponde a la vía constitucional suplir tales falencias, por una parte; y por otra, refiere que si se pretendía hacer valer con un informe pericial sobre la peligrosidad del agresor, este elemento en función del art. 239.1 del CPP debió ser debidamente fundamentado, en función a lo determinado respecto del riesgo procesal del art. 234.7 del citado Código y en consideración a que la víctima resulta ser menor de edad, correspondiendo en tal caso realizar un enfoque interseccional con perspectiva de género, que fue fundamentado por las autoridades jurisdiccionales respecto a la situación de vulnerabilidad de la víctima; 3) Los argumentos de la acción de libertad, no corresponden sean dilucidados a través de una medida cautelar, sino al fondo del proceso a sustanciarse en juicio oral; y, 4) Respecto al test de proporcionalidad alegado, fue considerado por la Juez de instancia, así como por la Vocal demandada en el Auto de Vista al realizar la vinculación de los derechos de la menor versus los intereses del procesado, aspecto que excluye su consideración dentro las competencias de un tribunal de garantías, por lo que solicita se mantenga lo resuelto. Cinthia Karem Incata Bedoya, Representante de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y de la víctima, en audiencia, señaló: La acción interpuesta fue presentada sin tomar en cuenta que los riesgos procesales fueron determinados en relación a la situación de la víctima niña, por lo que solicita se rechace la petición realizada por el solicitante de tutela.
La Sala Constitucional Segunda del departamento de Cochabamba, mediante Resolución SC2-CBB-AL-05/2023 de 4 de abril, cursante de fs. 426 a 432, denegó la tutela solicitada, con base a los siguientes fundamentos: i) El Auto de Vista de manera razonable contiene la estructura necesaria, así como la debida fundamentación, motivación y congruencia respecto de los elementos que le correspondió revisar a tiempo de pronunciar la resolución en función a los argumentos expuestos en los agravios del recurrente; ii) La Vocal demandada se remitió a revisar lo resuelto por la “Jueza” de la causa y en relación a los fundamentos que dieron lugar a la persistencia de los peligros procesales incursos en los arts. 234.7 y 235.2 del CPP, pasando a desglosar lo que la Jueza a quo hubiese determinado en cuanto al peligro procesal incurso en el art. 234.7 del citado Código, emitiendo criterio propio y motivado respecto a lo determinado, estableciendo que la documentación acompañada por el acusado no resulta suficiente para desvirtuar el riesgo del previamente identificado; por cuanto, no se desvirtuó el grado de vulnerabilidad y desventaja que se encontraba la menor a tiempo del hecho, ni la conducta o el comportamiento exteriorizado por el imputado en relación a la víctima al momento y con posterioridad al hecho, así como la situación de desconocer que la menor víctima cuenta con ocho años de edad y se encuentra vulnerable; además, de la relación de afinidad existente entre la víctima y el acusado, su entorno familiar y las circunstancias en la que fue objeto de abuso en reiteradas oportunidades, además de encontrarse la misma bajo amenazas y presión a su corta edad; iii) En cuanto al informe pericial alegado por la defensa en el recurso de apelación, refiere que se centró en la conducta personal del imputado posterior al hecho denunciado que seguramente será valorado en la etapa procesal que corresponde; iv) Sobre el peligro procesal del 235.2 del Código adjetivo penal, remitiéndose a los elementos probatorios que fueron acompañados, la Vocal arribó al convencimiento de que existe una acusación formal contra el acusado, la declaración ampliatoria informativa que hubiese sido realizada por el mismo proporcionando nuevos elementos de juicio, como ser la circunstancia que todo lo manifestado por la víctima resulta una venganza a mérito de una deuda económica, requiere ser demostrado en la audiencia de juicio oral; por lo que, en relación a las circunstancias que motivaron la construcción del indicado peligro procesal, como ser la situación social de desventaja en la que se encuentra la menor y sus familiares, el hecho de que toda esa familia resultan ser testigos esenciales del hecho, hacen entender que este numeral se mantiene latente; v) En cuanto al principio de proporcionalidad alegado en el recurso, después de revisar los elementos probatorios proporcionados al efecto, la Vocal demandada llegó al convencimiento propio y razonado de que no fue acreditado suficientemente por la defensa lo relacionado a su salud, que no pudiere ser tratado dentro del recinto penitenciario o en su caso se hubiere presentado elementos en el que exista una recomendación para que el paciente sea internado en algún nosocomio, por cuanto refiere, haberse observado de contrario, que de manera regular se encuentra asistiendo a sus controles médicos, siendo de conocimiento de la Jueza, no habiéndose demostrado que la medida extrema al presente estuviese ocasionándole un daño irreversible al acusado advirtiendo que recibe de manera frecuente las atenciones necesarias; vi) La Vocal ahora demandada se pronunció con criterio y razonamiento propio a los agravios expuestos en el recurso de apelación, en función a la revisión de los antecedentes, por cuanto partiendo del acta de audiencia de aplicación de medidas cautelares y lo que se hubiese construido para la concurrencia de la probabilidad de autoría se tiene que por Auto de 5 de julio de 2022, en una anterior solicitud de cesación a la detención preventiva del procesado, ya valoró los elementos probatorios que hubiesen sido nuevamente presentados, pero actualizando fechas; asimismo, afirma que el procesado a tiempo de solicitar una nueva cesación a la detención preventiva en el escrito de 6 de febrero de 2023, y que dio origen al Auto Interlocutorio de 9 de febrero de 2023, objeto de apelación, circunstancia que se tiene claramente plasmado en el Considerando II de la indicada resolución; en el mismo sentido, al haberse resuelto sobre el principio de razonabilidad, proporcionalidad y otros, que hubieren sido argumentados en esa ocasión y que también habrían sido ya objeto de análisis y resolución por la jueza de instancia, resolución que no fue objeto de recurso de apelación; vii) De igual manera, mediante Auto de 9 de agosto de 2022, ante una nueva solicitud de cesación a la detención preventiva, alegando la defensa del procesado que desvirtúa el riesgo del 235.2 del citado código, ya hubiera sido valorado por la Jueza de Instrucción Penal y de contra la Violencia hacia la Mujer Segunda de la “EPI Sur” de la Capital de ese departamento, la declaración anticipada de la víctima cuyo elemento fue reiterado por la defensa ante la Jueza de Sentencia que emitió el Auto Interlocutorio de 9 de febrero de 2023, que fue rechazado manteniendo persistente el indicado peligro de obstaculización; viii) Con relación al principio de proporcionalidad, fue objeto de análisis y valoración tanto por la Jueza de la causa como por la Vocal demandada, así como los derechos de la víctima que resulta ser una niña, ix) En tal sentido, conforme señala el art. 239.1 del Código adjetivo penal, en relación al Auto de Vista cuestionado, se tiene que no hubiese sido cumplida por la parte recurrente, por cuanto la consideración del principio de proporcionalidad se tiene plasmado en el art. 221 del mencionado Código, en sentido, la libertad personal solo podrá ser restringida cuando sea indispensable para asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley conforme al art. 7 del mismo cuerpo legal; x) Conforme fue resuelto por la autoridad demandada, en el contexto integral del caso y de la revisión de los actuados procesales pertinentes, se precisó que al tenerse como una víctima a una niña en situación de vulnerabilidad, vinculada al delito previsto en el art. 312 del CP, que tiene que ver con la libertad sexual; por lo que, considerando lo dispuesto por el art. 15.I de la CPE, el principio de proporcionalidad y consecuentemente, el test de proporcionalidad que se reclama y cuyos entendimientos se tienen inmersos en lo previamente determinado, por cuanto en relación al riesgo del art. 234.7 del CPP fue determinada la situación de la víctima de ocho años, de cuyos elementos se precisó que lo argumentado por el impetrante de tutela no resulta evidente; consecuentemente, no se verificó la vulneración al derecho a la libertad ni el debido proceso del ahora demandante de tutela; y, xi) Al igual que la normativa de Derechos Humanos inmersos en el bloque de constitucionalidad, se debe considerar el interés superior del niño previsto por el art. 60 de la CPE, lo que conlleva a la relevancia constitucional, cuando las medidas cautelares determinadas resultan ser modificables previo cumplimiento de los presupuestos legales, por cuanto, aun de ordenarse se emita nuevo Auto de Vista, se tendría como efecto se pronuncie una decisión en el mismo sentido frente al incumplimiento de los presupuestos previstos en el art. 239.1 del CPP.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta Auto Interlocutorio de 23 de febrero de 2022, emitido dentro del proceso penal seguido contra por el Ministerio Público contra Ernesto Medina Chile -ahora accionante-, por la presunta comisión del delito de abuso sexual, que dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario de San Sebastián Varones de Cochabamba, por el periodo de seis meses, al haberse establecido la probabilidad de autoría y los riesgos procesales previstos en los arts. 234.7 y 235.2 del CPP; asimismo, se advierte que el abogado de la defensa interpuso recurso de apelación ante lo cual la autoridad jurisdiccional, dispuso su remisión al Tribunal de alzada (fs. 40 a 43). II.2. Cursa Auto de Vista 86/2022 de 7 de abril, emitido por el Vocal de Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba por el que se declaró improcedente el recurso de apelación, en consecuencia, confirmó la decisión de 23 de febrero de 2022 (fs. 147 a 150). II.3. Por Auto Interlocutorio de 5 de julio de 2022, la Jueza de Instrucción Penal y de Violencia contra la Mujer Segunda de la “EPI Sur” de la Capital del mencionado departamento, rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva planteada por el imputado -ahora accionante-, manteniéndose lo dispuesto por el Auto de 23 de febrero de 2022, seguidamente la defensa del imputado interpuso recurso de apelación por lo que la Jueza a quo ordeno su remisión al Tribunal de alzada (fs. 201 a 205). II.4. En audiencia pública de apelación de medida cautelar de 11 de julio de 2022, la Vocal de Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia del mencionado departamento, declaró improcedente el recurso de apelación formulado, manteniendo incólume el Auto de 5 de igual mes y año (fs. 229 a 231). II.5. Consta Acta de audiencia de cesación de la detención preventiva de 9 de agosto de 2022, en la que la Jueza de Instrucción Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Segunda de la “EPI Sur”, emitió el Auto Interlocutorio de la misma fecha que rechazó la solicitud impetrada, manteniendo lo dispuesto por Auto de 23 de febrero de igual año (fs. 259 a 261). II.6. Cursa acta de audiencia de cesación de la detención preventiva de 9 de febrero de 2023, en la cual, la Jueza de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Segunda de la Capital del departamento de Cochabamba, rechazó la mencionada solicitud, ante la persistencia de los riesgos procesales y la falta de acreditación idónea de la necesidad de su modificación, ante tal determinación, el solicitante de tutela interpuso recurso de apelación; por lo que, la autoridad judicial, dispuso la remisión de los antecedentes a la Sala Penal de Turno (fs. 290 a 302). II.7. Durante la audiencia de apelación incidental de 16 de febrero de 2023, se pronunció el Auto de Vista de la misma fecha por el que, Zullma Raiza García Basualdo, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia del señalado departamento -autoridad ahora demandada-, que declaró improcedente la apelación formulada por el procesado (fs. 303 a 307).
El peticionante de tutela alega la vulneración de sus derechos a la vida e integridad personal, a la libertad y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación; y, al principio de legalidad; toda vez que, la Vocal ahora demandada al emitir el Auto de Vista de 16 de febrero de 2023, no se pronunció sobre la mejoría de la situación jurídica del imputado con relación al riesgo inserto en el art. 234.7 del CPP, así como a la solicitud de la aplicación del principio de proporcionalidad, dado que correspondía que determine que la Jueza de instancia realice el test de proporcionalidad. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: a) La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso; a.1) La exigencia de fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares: Las resoluciones de los tribunales de apelación y la interpretación del art. 398 del Código de Procedimiento Penal; b) La protección de víctimas niñas y adolescentes en los procesos penales; b.1) El enfoque interseccional b.2) El enfoque interseccional para el análisis de la violencia hacia niñas y adolescentes mujeres; c) El riesgo procesal establecido en el art. 234.7 del CPP -peligro efectivo para la víctima o el denunciante- en delitos relacionados a violencia contra la mujer; d) La cesación de la detención preventiva por el supuesto contemplado en el art. 239.1 del Código de Procedimiento Penal y la jurisprudencia constitucional; y, e) Análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, reiterada por las SSCCPP 0349/2018-S2 y 0353/2018-S2 ambas de 18 de julio -entre otras-, desarrolló el siguiente razonamiento: El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre; la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se vulnera dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio, se aclara que dicha garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios.
Posteriormente, en el Fundamento Jurídico III.3 de la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se establecieron los requisitos que debe contener toda resolución jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación y fundamentación como elementos configurativos del debido proceso, como ser:
a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado. En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio, precisó que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso. Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre, se refirió a la fundamentación como sustento de una resolución disciplinaria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, la que desarrolla el contenido 2El FJ III.3, refiere: “…la garantía del debido proceso no es únicamente aplicable en el ámbito judicial, sino también en el administrativo y disciplinario, cuanto tenga que determinarse una responsabilidad disciplinaria o administrativa e imponerse una sanción como ha ocurrido en el presente caso”. 3El FJ III.2.3, señala: “Toda autoridad administrativa que emita una resolución en segunda instancia, debe mínimamente exponer en la resolución: 1) Los hechos, citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución, efectuando la relación de causalidad entre los hechos y la norma aplicable; 2) Pronunciamiento sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso de alzada, actuando en mínima petita, considerando cada aspecto de manera puntual y expresa, desarrollando una valoración lógica de los puntos impugnados, efectuar lo contrario, elimina la parte fundamental de la resolución, lesionando efectivamente el debido proceso, derivando en el extremo inaceptable que los procesados no puedan conocer cuáles son las razones del fallo y cuál es la posición del tribunal de alzada en relación con los puntos impugnados.
En tanto y en cuanto, las resoluciones administrativas de segunda instancia conlleven insertas en su texto de manera expresa, las respuestas a todos los aspectos cuestionados en el recurso de impugnación, el sujeto sometido al proceso disciplinario, tendrá la plena convicción respecto a que la decisión asumida por la autoridad administrativa es a todas luces justa. Esta afirmación nos lleva a concluir que no le está permitido a la autoridad administrativa, reemplazar una adecuada y sustanciosa fundamentación por una elemental relación de antecedentes”.
4El FJ III.4, expresa: “Consiguientemente, aplicando los principios informadores del derecho sancionador, las resoluciones pronunciadas por el sumariante y demás autoridades competentes deberán estar fundamentadas en debida forma, expresando lo motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. Fundamentación que no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos y presentación de pruebas o los criterios expuestos por las partes, y en los casos en los que existan coprocesados, resulta primordial la individualización de los hechos, las pruebas, la calificación legal de la conducta y la sanción correspondiente a cada uno de ellos en concordancia con su grado de participación o actuación en el hecho acusado”.
5El FJ III.1, manifiesta: “En ese marco, se tiene que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son: (1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada esencial del derecho a una resolución fundamentada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: 1) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad del control de la resolución por medio de los recursos; 4) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y, 5) La observancia del principio dispositivo, que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-. Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión: i) Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten; ii) Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; iii) Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad. Estos elementos se desarrollarán a continuación:
(…)
(2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia.
(…)
b) En correspondencia con lo anterior, la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) Una `decisión sin motivación´, o extiendo esta es b.2) Una `motivación arbitraria´; o en su caso, b.3) Una `motivación insuficiente´.
(…)
c) La arbitrariedad también se expresa en la falta de coherencia, o incongruencia de la decisión (principio de congruencia), cuando el conjunto de las premisas, -formadas por las normas jurídicas utilizadas para resolver el caso, más los enunciados fácticos que describen los hechos relevantes- no son correctas, fundadas y si, además, su estructura también no lo es. Esto, más allá si la resolución que finalmente resuelva el conflicto es estimatoria o desestimatoria a las pretensiones de las partes. Es decir, como señala Robert Alexy, se trata de ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación”. 6El FJ III.2, establece: “A las cuatro finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión cuáles son: 1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad (SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, se suma un quinto elemento de relevancia constitucional; y, 5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo. 5) La observancia del principio dispositivo, implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos”.
omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y, iv) Por la falta de coherencia del fallo, se da: iv.a) En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; y, iv.b) En su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010-R de 22 de junio, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo, señaló que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada. La jurisprudencia contenida en la SCP 2221/2012 como en la SCP 0100/2013 citadas anteriormente fue modulada por la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero; la cual, entendió que únicamente es posible conceder la tutela y disponer la nulidad de la resolución judicial o administrativa, ordenando se emita otra nueva, ante la 7El FJ III.3, expresa: “Que, al margen de ello, también cabe reiterar que el art. 236 CPC, marca el ámbito de contenido de la resolución a dictarse en apelación, pues estipula que la misma, deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que además hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, de manera que el Juez o tribunal ad-quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”.
8El FJ III.3.1, señala: “De esa esencia deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”.
9El FJ III.2, indica: “La abundante jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, ha señalado con relación al principio de congruencia -que es determinante en cualquier proceso judicial o administrativo- como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, que implica la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume (SC 1619/2010-R de 15 de octubre). Bajo ese razonamiento, el principio de congruencia forma parte de derecho-garantía-principio del debido proceso, contemplado en el art. 115.I de la CPE”.
10El FJ III.1, refiere: “Además de ello, toda resolución dictada en apelación, no sólo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de apelación expuestos por la parte apelante, que se entiende deben estar relacionados con lo discutido ante el juez a quo. Para el mismo objetivo -resolver la apelación-, también el juez ad quem, si se trataran de varias apelaciones y deba resolverlas en una sola resolución deberá individualizar a las partes, lo que supone también, la individualización de sus pretensiones y resolverlas de la misma forma; pues en el único caso que podrá dirigirse en su fundamentación a dos o más apelantes, será cuando éstos hubieran coincidido en sus argumentos al presentar su apelación, o varios hubieran presentado apelación en forma conjunta. Ahora bien, la misma obligación que tiene el juez ad quem frente a los apelantes, también debe cumplirla frente a la parte adversa, para el caso de que el procedimiento aplicable admita que la misma pueda responder al recurso, pues omitir las consideraciones a la respuesta igual que no responder a los puntos de apelación, resulta arbitrario y por lo mismo, daría lugar a una omisión indebida plasmada en la resolución que resuelve la apelación”.
denuncia de arbitraria o insuficiente fundamentación, previo análisis de la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; es decir, previo análisis de su relevancia constitucional; por cuanto, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal, únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; en ese sentido, en el Fundamento Jurídico III.1, estableció que:
Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aún carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela por carecer de relevancia constitucional, con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna. En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o cuando ésta sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa, cuya tutela por vía de amparo procederá siempre y cuando tenga relevancia constitucional.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0447/2018-S2 de 27 de agosto, precedida por la SCP 0353/2018-S2 de 18 de julio -entre otras-, desarrolló el siguiente razonamiento: Los estándares de fundamentación y motivación contenidos en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2221/2012 y 0100/2013 -citadas anteriormente-, son aplicables a las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares, conforme a las exigencias específicas en materia procesal penal y a lo dispuesto en los arts. 233.1 y 2; 234 y 235 del CPP; asimismo, la SCP 0077/2012 de 16 de abril, en una resolución judicial que resolvió una medida cautelar en apelación, interpretó el art. 398 del mismo Código. Ahora bien, la modulación efectuada por la SCP 0014/2018-S2, que analiza previamente la relevancia constitucional, para disponer la nulidad de la resolución cuando se denuncia arbitraria o insuficiente motivación, no alcanza a las resoluciones que imponen la medida cautelar de detención preventiva, en las que sí, es exigible disponer la nulidad y realizar el reenvío ante la autoridad jurisdiccional ordenando se emita nueva resolución; por cuanto en estos casos, aun se advierta que la corrección de una decisión con fundamentación o motivación arbitraria o insuficiente, no modificará la parte resolutiva, esto es, la decisión de la detención preventiva; sin embargo, es esencial que el imputado y el juez o tribunal conozcan las razones jurídicas que sustentaron la decisión de detención preventiva respecto a las condiciones establecidas en el art. 233.1 y 2 del CPP, vinculadas a los arts. 234 y 235 del citado cuerpo legal; es decir, es esencial que conozcan cuáles fueron los elementos de convicción y supuestos que determinaron la imposición de la medida, a efectos que: a) Por una parte, el imputado pueda solicitar en el futuro su cesación, aportando nuevos elementos de convicción que demuestren que ya no concurren los motivos que la determinaron, y por tanto, solicite medidas sustitutivas o su libertad irrestricta; y, b) Por otra, el juez o tribunal analice de manera ponderada, si los nuevos elementos de convicción que aportó el imputado, demuestran que ya no concurren los motivos que determinaron la medida o la conveniencia que la misma sea sustituida por otra. En efecto, conforme destacó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs. Ecuador, en la Sentencia de 21 de noviembre de 2007 sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, la motivación de la decisión judicial que restringe la libertad personal, garantiza el derecho a la defensa, por cuanto, evita que una falta de motivación impida que el imputado conozca las razones por las cuales permanece privado de libertad, además, que le dificulta su tarea de presentar nueva evidencia o argumentos con el fin de lograr su liberación o impugnar de mejor manera una prueba de cargo determinante. Por lo que, tanto la resolución que impone la medida cautelar de detención preventiva, como la que resuelve la apelación deben tener, en palabras de la Corte IDH, una fundamentación suficiente, que permita al privado de libertad conocer los motivos por los cuales se mantiene su restricción a este derecho; y si la detención se ajusta a las condiciones necesarias para su aplicación -indicios razonables que vinculen al acusado, fines legítimos, aplicación excepcional y criterios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad-. En el marco de lo anotado, el art. 236 del CPP, exige que la resolución que disponga la detención preventiva, se encuentre debidamente motivada sobre los presupuestos que dieron lugar a su determinación. Por su parte, el Tribunal Constitucional en la SC 0012/2006-R de 4 de enero, en el Fundamento Jurídico III.1.7, explicó la necesidad constitucional de motivar las resoluciones que disponen la detención preventiva, así como las que rechazan el pedido de su imposición, las que la modifican, sustituyen o revocan, al señalar lo siguiente:
La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, consagrados en el art. 16.IV Constitucional, y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria; sin embargo, ello no supone que las decisiones jurisdiccionales tengan que ser exhaustivas y ampulosas o regidas por una particular estructura; pues se tendrá por satisfecho este requisito aun cuando de manera breve, pero concisa y razonable, permita conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez a tomar la decisión; de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la resolución; y así, dada esa comprensión, puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el ordenamiento; resulta claro que la fundamentación es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla.
Más tarde, la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, en el Fundamento Jurídico III.4, sobre la motivación de las resoluciones judiciales, estableció que éstas deben expresar las razones de hecho y derecho en las cuales basa su convicción y el valor que otorga a los medios de prueba que presenten las partes, aclarando que esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes, señalando que:
…la autoridad judicial competente, para adoptar la decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, está obligado a verificar y determinar la concurrencia de los requisitos mencionados por el art. 233 CPP, para lo que deberá contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio Público con los elementos de prueba presentados sobre la concurrencia de los requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 234 y 235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar en derecho la decisión de aplicar la medida cautelar de carácter personal, pues tomando en cuenta que uno de los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho es la motivación de las decisiones de las autoridades públicas, el juez está obligado a expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basa su convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, así como el valor otorgado a los medios de prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado a expresar los presupuestos jurídicos que motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la descripción clara y objetiva de los elementos de convicción concurrentes. Por otra parte, el deber de motivación de las resoluciones judiciales también ataña a los tribunales de apelación, sobre el particular la jurisprudencia constitucional recalcó la importancia de que los tribunales de segunda instancia fundamenten sus decisiones, debido a que en los hechos, hacen una revisión de la resolución del inferior, teniendo especial importancia la del tribunal de apelación, que revisa una decisión que impuso una medida cautelar, que la revoca, la modifica, la sustituye u ordena la cesación de una detención preventiva, por su vinculación con los derechos a la libertad y la presunción de inocencia. Al respecto, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, reiterada, entre otras, por la SCP 0166/2013 de 19 de febrero, en el Fundamento Jurídico III.2, establece que:
…la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar.
Consecuentemente, el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva. Recogiendo dichos entendimientos, la SCP 0077/2012 de 16 de abril señala que el art. 398 del CPP establece que los tribunales de alzada deben circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución; lo que no implica, que estos se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución, por la cual, deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, revocarla, sustituirla o disponer la cesación; quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los presupuestos que la normativa legal prevé.
13El FJ III.3, refiere: “Finalmente, cabe remitirse a lo previsto en el 236 del CPP, entre cuyos requisitos del auto de detención preventiva se encuentran: `3) La fundamentación expresa sobre los presupuestos que motivan la detención, con cita de las normas legales aplicables´. En el marco de las normas legales citadas, aplicables al caso que se examina, se establece que el límite previsto por el art. 398 del CPP a los tribunales de alzada, de circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución, no implica que los tribunales de apelación se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución por la cual deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva, en el entendido que ésta última determinación únicamente es válida cuando se han fundamentado los dos presupuestos de concurrencia, para cuya procedencia deberá existir: 1) El pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiere constituido en querellante; 2) La concurrencia de los requisitos referidos a la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible y la existencia de elementos de convicción suficiente de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad; circunstancias que deben ser verificadas y determinadas por el tribunal y estar imprescindiblemente expuestas en el auto que la disponga, por lo mismo, la falta de motivación por parte de los tribunales de alzada no podrá ser justificada con el argumento de haberse circunscrito a los puntos cuestionados de la resolución impugnada o que uno o varios de los presupuestos de concurrencia para la detención preventiva no fueron impugnados por la o las partes apelantes.
En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos para su procedencia, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP”.
En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares o determine la cesación o rechace ese pedido, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP. Cuando se trata de la protección del derecho a la libertad personal por medio del recurso de apelación de la medida cautelar, el análisis del tribunal de alzada, no puede reducirse a una mera formalidad, sino, debe examinar las razones invocadas por el recurrente y manifestarse expresamente sobre cada una de ellas, de acuerdo a los parámetros establecidos en el punto anterior, debiendo expresar fundadamente los motivos por los que considera que efectivamente se dan los riesgos procesales previstos por el art. 233 del CPP. En todo caso, el tribunal de apelación debe realizar una revisión integral del fallo del juez que impuso la medida cautelar, considerando los motivos de agravio que fundamenta el recurso de apelación, los argumentos de contrario, analizar y valorar fundadamente las pruebas que se traen a su consideración, para finalmente en su determinación, expresar las circunstancias concretas de la causa que le permiten presumir razonadamente la existencia de los riesgos procesales que justifican que se mantenga la detención preventiva; no siendo posible un rechazo sistemático de la solicitud de revisión, limitándose a invocar, por ejemplo, presunciones legales relativas al riesgo de fuga. El tribunal de apelación no puede limitarse a invocar presunciones legales relativas a los riesgos procesales o normas, que de una forma u otra, establecen la obligatoriedad del mantenimiento de la medida. Si a través del fundamento de la resolución, no se demuestra que la detención preventiva de la persona es necesaria y razonable, para el cumplimiento de sus fines legítimos, la misma deviene en arbitraria. En virtud a lo señalado, la fundamentación y motivación no exige que las resoluciones sean ampulosas, sino que contengan una explicación razonable de los motivos que llevaron a la autoridad judicial a decidir sobre la aplicación de una medida cautelar, en especial la detención preventiva; lo que implica que, se deberá razonar sobre el cumplimiento de los requisitos formales y materiales de legalidad, así como de los principios de proporcionalidad y razonabilidad, siempre que corresponda; aclarándose que, respecto a la proporcionalidad, cuando se analice la necesidad de la medida, no es menester que la autoridad judicial exponga las razones por las cuales se desestima cada una de las medidas sustitutivas previstas en el Código de Procedimiento Penal, sino que explique, por qué resulta indispensable su aplicación en mérito a los riesgos procesales existentes, a partir de la argumentación realizada por el Ministerio Público o la parte acusadora.
El Tribunal Constitucional Plurinacional mediante la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto, reiterada por la SCP 0001/2019-S2 de 15 de enero, asumió el siguiente razonamiento:
El enfoque interseccional se constituye en una herramienta útil para analizar la vulneración de los derechos, en especial de la igualdad, cuando se presentan múltiples factores de discriminación que se entrecruzan y que influyen en el ejercicio y goce de los derechos de las personas. A partir de ello, es posible tener una mirada plural de la discriminación y violencia hacia diversas categorías biológicas, sociales y culturales, como el sexo, el género, la clase, la discapacidad, la orientación sexual, la religión, la edad, la nacionalidad y otros ejes de identidad que se interaccionan en múltiples, y a menudo, en simultáneos niveles de discriminación y violencia, comprendiendo las desigualdades y necesidades de esta población en los casos concretos, las cuales pueden estar atravesadas por diversas identidades u otros factores, que las coloquen en situaciones mayores de subordinación, violencia o discriminación. El enfoque interseccional, se está incorporando de manera gradual, permitiendo superar un análisis unidimensional, para introducir una interpretación múltiple de la discriminación y las interacciones entre los factores o categorías de discriminación, que se está materializando a través de informes de las instancias de seguimiento y aplicación de las recomendaciones de los instrumentos tanto en el Sistema de Protección de Derechos Humanos de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), como en los Sistemas Regionales.
Este enfoque, permite analizar la discriminación y violencia hacia las mujeres, comprendiendo sus desigualdades y necesidades en casos concretos, como lo exige, además, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém Do Pará), en cuyo art. 9 establece como criterio interpretativo sobre las obligaciones internacionales de los Estados, que éstos tendrán especialmente en cuenta, la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer, en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada, así, como embarazada, discapacitada, menor de edad, anciana o que se encuentre en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad. Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), utilizaron el enfoque interseccional, cuando se presentaron varios factores de discriminación. Así, la referida Corte IDH, en el Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú, a través de la Sentencia de 25 de noviembre de 2006, sobre Fondo, Reparaciones y Costas, en el párrafo 259 inc. i), hizo referencia a la violencia sexual contra las mujeres que se encuentran bajo la custodia del Estado, señalando que: “…Las mujeres han sido víctimas de una historia de discriminación y exclusión por su sexo, que las ha hecho más vulnerables a ser abusadas cuando se ejercen actos violentos contra grupos determinados por distintos motivos, como los privados de libertad...”. La misma Sentencia en el párrafo 292, también se refirió a las mujeres embarazadas que se encontraban en prisión, indicando que: “…Las mujeres embarazadas que vivieron el ataque experimentaron un sufrimiento psicológico adicional, ya que además de haber visto lesionada su propia integridad física, padecieron sentimientos de angustia, desesperación y miedo por el peligro que corría la vida de sus hijos…”. Asimismo, hizo referencia a las madres internas, indicando en el párrafo 330, que:
La incomunicación severa tuvo efectos particulares en las internas madres. Diversos órganos internacionales han enfatizado la obligación de los Estados de tomar en consideración la atención especial que deben recibir las mujeres por razones de maternidad, lo cual implica, entre otras medidas, asegurar que se lleven a cabo visitas apropiadas entre madre e hijo. La imposibilidad de comunicarse con sus hijos ocasionó un sufrimiento psicológico adicional a las internas madres. Por otra parte la Corte IDH, en el Caso Gónzalez y Otras (“Campo Algodonero”) vs. México, a través de la Sentencia de 16 de noviembre de 2009 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, en los párrafos 408 y 409, además de analizar la relación de la violencia de género con las relaciones sociales, culturales y económicas de discriminación, para caracterizar a las víctimas, también lo hizo respecto a las discriminaciones de género, pobreza y edad, al hacer referencia a los derechos de las víctimas menores de edad, indicando:
408. (…) el Estado debe prestar especial atención a las necesidades y los derechos de las presuntas víctimas en consideración a su condición de niñas, como mujeres que pertenecen a un grupo en una situación vulnerable.
409. En el presente caso, la Corte considera que el Estado tenía la obligación de adoptar todas las medidas positivas que fueran necesarias para garantizar los derechos de las niñas desaparecidas. En concreto, el Estado tenía el deber de asegurar que fueran encontradas a la mayor brevedad, una vez los familiares reportaron su ausencia, especialmente debido a que el Estado tenía conocimiento de la existencia de un contexto específico en el que niñas estaban siendo desaparecidas.
En el mismo sentido, la Corte IDH en los Casos Rosendo Cantú y Otra VS. México -Sentencia de 31 de agosto de 2010 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas- y Fernández Ortega y Otros VS. México -Sentencia de 30 de agosto de 2010 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas-, efectuó el análisis sobre la discriminación y violencia de las mujeres indígenas, estableciendo que debía garantizarse el acceso a la justicia de los miembros de las comunidades indígenas, adoptando medidas de protección que tomen en cuenta sus particularidades propias, sus características económicas y sociales, su situación de especial vulnerabilidad, su derecho consuetudinario, así como sus valores, usos y costumbres. También cabe mencionar, el Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile, en cuya Sentencia de 24 de febrero de 2012 sobre Fondo, Reparaciones y Costas, donde la Corte IDH hizo referencia a la discriminación sufrida por las mujeres con orientación sexual diversa; pues se impuso a la accionante, que en su condición de mujer atendiera y privilegiara sus deberes como madre:
139. Al respecto, el Tribunal considera que dentro de la prohibición de discriminación por orientación sexual se deben incluir, como derechos protegidos, las conductas en el ejercicio de la homosexualidad. Además, si la orientación sexual es un componente esencial de identidad de la persona, no era razonable exigir a la señora Atala que pospusiera su proyecto de vida y de familia. No se puede considerar como “reprochable o reprobable jurídicamente”, bajo ninguna circunstancia, que la señora Atala haya tomado la decisión de rehacer su vida. Además, no se encontró probado un daño que haya perjudicado a las tres niñas.
140. En consecuencia, la Corte considera que exigirle a la madre que condicionara sus opciones de vida implica utilizar una concepción “tradicional” sobre el rol social de las mujeres como madres, según la cual se espera socialmente que las mujeres lleven la responsabilidad principal en la crianza de sus hijos e hijas y que en pos de esto hubiera debido privilegiar la crianza de los niños y niñas renunciando a un aspecto esencial de su identidad. Por tanto, la Corte considera que bajo esta motivación del supuesto privilegio de los intereses personales de la señora Atala tampoco se cumplía con el objetivo de proteger el interés superior de las tres niñas.
El enfoque interseccional antes descrito, debe ser utilizado en el presente caso, considerando por una parte, que la víctima es una mujer víctima de violencia sexual; y por otra, es una adolescente. Este enfoque, permitirá comprender de mejor manera la situación de vulnerabilidad de la misma, así como identificar los criterios reforzados de protección contenidos tanto en nuestra Constitución Política del Estado como en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos respecto a niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, conforme se desarrollará en el siguiente punto.
El art. 60 de la CPE, sostiene que:
Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado. Conforme a dicha norma, el constituyente boliviano estableció que las niñas, niños; y, las y los adolescentes gozan de especial protección y atención de sus derechos, mediante la corresponsabilidad del Estado en todos sus niveles con la familia y la sociedad, debiendo ser atendidos con preferencia en centros de salud, en la escuela, entidades judiciales, por la Policía Boliviana, entre otros.
Por su parte, los estándares de protección existentes en el ámbito internacional, que constituyen fuente de obligación para el Estado, y que a partir de los principios contenidos en los arts. 13 y 256 de la CPE, pueden ser aplicados de manera preferente, si son más favorables a las normas contenidas en nuestra Norma Suprema. En ese sentido, existen una serie de instrumentos que tienen especial relevancia para la solución del caso y que servirán como parámetro normativo y jurisprudencial para ese propósito.
Pues bien, en el ámbito interamericano, la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes encuentra su sustento jurídico, en las disposiciones contenidas en el art. 19 de la CADH, que establece que los mismos, tienen derecho a las medidas de protección, que su condición de menores, requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. En similar sentido, el art. 16 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -Protocolo de San Salvador-, reconoce por un lado, el derecho a medidas de protección; y por otro, incorpora explícitamente una obligación para el Estado respecto a adoptar medidas especiales de protección a fin de garantizarles la plena maduración de sus capacidades física, intelectual y moral.
16Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 19: “Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”. Suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos en San José de Costa Rica, 1969. Entra en vigor el 18 de julio de 1978. A la cual Bolivia se adhiere mediante Decreto Supremo (DS) 16575 el 13 de junio de 1979, elevado a rango de Ley 1430 de 11 de febrero de 1993.
17Protocolo de San Salvador, art. 16: “Todo niño sea cual fuere su filiación tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. Todo niño tiene el derecho a crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres; salvo circunstancias excepcionales, reconocidas judicialmente, el niño de corta edad no debe ser separado de su madre. Todo niño tiene derecho a la educación gratuita y obligatoria, al menos en su fase elemental, y a continuar su formación en niveles más elevados del sistema educativo.” También, art. 15 con el título “Protección de la familia”; en el cual, es muy relevante la obligación de los Estados de brindar adecuada protección al grupo familiar, así dentro del numeral 2, literal c., indica: “adoptar medidas especiales de protección de los adolescentes a fin de garantizar la plena maduración de sus capacidades física, intelectual y moral”. Suscrito en San Salvador de El Salvador, el 17 de noviembre de 1988, en el décimo octavo período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA). Entró en vigor el 16 de noviembre de 1999. Ratificado por Bolivia mediante Ley 3293 de12 de diciembre de 2005.
Asimismo, el art. VII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADH), por su parte hace referencia a la protección y cuidado especial del que gozan los niños; de igual modo, la Declaración de los Derechos del Niño incorpora entre sus principios, el derecho a la protección contra cualquier forma de abandono, crueldad y explotación; y, el deber de ser siempre los primeros en recibir protección y socorro.
Ahora bien, un elemento importante en este acervo jurídico internacional de protección de los niños, niñas y adolescentes, representa la adopción y ratificación por parte de todos los Estados miembros de la Convención sobre los Derechos del Niño; a través de lo cual, se consolida la vigencia de sus preceptos dentro del derecho doméstico o interno de dichos Estados, cuyo ámbito personal de protección, se circunscribe a las personas menores de 18 años de edad.
La Convención sobre los Derechos del Niño, de la misma forma que los otros instrumentos de derechos humanos, orienta y limita los actos del Estado, sus instituciones y particulares, así como le impone deberes que suponen la creación de las condiciones jurídicas, institucionales, culturales y económicas, para garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención, entre ellas, la dispuesta en su art. 39, que señala: “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y la reintegración social de todo niño víctima de: cualquier forma de abandono, explotación o abuso (…). Esa recuperación y reintegración se llevarán a cabo en un ambiente que fomente la salud, el respeto de sí mismo y la dignidad del niño”. En esta misma línea, la referida Convención incorpora entre los principios básicos de la protección integral, a los de protección especial y de efectividad. El principio de protección especial consignado a lo largo de todo el articulado de la Convención, acuerda medidas especiales de protección o adicionales, reafirmando en primer lugar, la aplicación de aquellos derechos ya reconocidos a los seres humanos en general; y en segundo lugar, establece normas que atañen exclusivamente a la niñez, que representa una protección adicional, basadas en una atención positiva y preferencial de los niños que se encuentran en situaciones de desprotección, para restituir esta condición a parámetros normales de protección.
A su vez, a través del principio de efectividad que se halla inserto en la disposición del art. 4 del citado instrumento jurídico, se prescribe de manera imperativa la tarea de adoptar mecanismos de cualquier índole, tendientes a lograr la efectividad de los derechos de los niños y desarrollo de garantías, incluidas institucionales y administrativas. Descritas las normas internas e internacionales sobre la protección de niñas, niños y adolescentes, cabe hacer referencia a las similares normas vinculadas a mujeres víctimas de violencia sexual y las específicas regulaciones conectadas a violencia contra niñas y adolescentes. Así, el art. 15 de la CPE, señala:
I. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. (…) II. Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad. III. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional (…), tanto en el ámbito público como privado (las negrillas son nuestras).
De este modo, se puede ver que el constituyente boliviano, sobre el problema de la violencia contra la mujer, fue preciso en reconocerle un derecho específico del que deriva la obligación para el Estado, en todos sus niveles, no solo de investigar y sancionar actos de violencia contra la mujer, sino, de actuar en las distintas etapas y manifestaciones de este fenómeno, así como de ofrecer reparación y socorro a las víctimas a fin de preservar su integridad; por tanto, cualquier inacción resultaría desde el punto de vista jurídico, reprochable.
Asimismo, el Estado al ratificar un convenio internacional de derechos humanos, adquiere la obligación de respetar y proteger los derechos reconocidos en dicho instrumento. Así, la Convención Belém Do Pará de 9 de junio de 1994, ratificada por Bolivia mediante Ley 1599 de 18 de agosto de igual año, se constituye en el primer Tratado Interamericano que reconoce la violencia hacia las mujeres, como una violación de derechos humanos; en cuyo art. 7, consigna los deberes que tienen los estados, de adoptar políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, entre ellos, el de abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer, y velar, porque las autoridades y funcionarios se comporten de acuerdo a esa obligación; es decir, actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer, de cualquier forma, que atente contra su integridad o propiedad; establecer procedimientos legales, justos y eficaces para aquella que fue sometida a violencia, que incluyan medidas de protección, juicio oportuno y acceso efectivo a esos procedimientos. En tal sentido, las obligaciones consignadas en los instrumentos jurídicos de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que fueron anotados precedentemente, se complementan y refuerzan para aquellos Estados Partes de los mismos, con las obligaciones de la Convención Belém Do Pará, dotando de contenido a la responsabilidad estatal de aplicar políticas de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer con perspectiva de género. Así, el art. 9 de dicha Convención establece, que los Estados tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer, en razón, entre otras, por ser menor de edad o estar en situación socioeconómica desfavorable. Ahora bien, entre los estándares del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, vinculados con la violencia de género, cabe mencionar a la Recomendación 19 pronunciada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité de la CEDAW), que es una de las más relevantes en temas de violencia; afirmándose en ella, que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que impide gravemente que ésta goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre. La Recomendación también señala que la violencia contra la mujer conlleva responsabilidad estatal, no solamente, por actos violentos cometidos por agentes estatales, sino por particulares, cuando el Estado no implementa los mecanismos necesarios para protegerlas de este tipo de violencia; y, cuando no adopta medidas con la diligencia debida, para impedir la lesión de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas. En la misma Recomendación, el Comité de la CEDAW señala que los Estados Partes, entre otras medidas, deben velar porque las leyes contra la violencia y los malos tratos en la familia, la violación, los ataques sexuales y otro tipo de violencia contra la mujer, protejan de manera adecuada a todas las mujeres, respetando su integridad y su dignidad; proporcionando protección y apoyo a las víctimas; capacitando a los funcionarios judiciales, a los agentes del orden público y a otros funcionarios públicos para que apliquen la Convención antes referida. El mencionado Comité de la CEDAW, en la Recomendación General 33 de 3 de agosto de 2015, sobre el acceso de las mujeres a la justicia, examinó las obligaciones de los Estados Partes, para asegurar que éstas tengan acceso a dicho derecho, al advertir que existen obstáculos y restricciones que les impiden efectivizarlo en el marco de la igualdad; obstáculos que se producen en un contexto estructural de discriminación y desigualdad, debido a factores como los estereotipos de género, leyes discriminatorias, procedimientos interseccionales de discriminación, las prácticas y los requisitos en materia probatoria; limitaciones que constituyen violaciones persistentes a los derechos humanos de las mujeres. En dicha Recomendación, se hace referencia a la justiciabilidad, estableciendo que se requiere el acceso irrestricto de la mujer a la justicia, y para ello, recomienda que se debe mejorar la sensibilidad del sistema de justicia a las cuestiones de género, empoderando a las mujeres para lograr la igualdad de jure y de facto -de derecho y hecho-; asegurando que los profesionales de los sistemas de justicia, tramiten los casos, teniendo en cuenta las cuestiones de género; y, revisando las normas sobre la carga de la prueba, para asegurar la igualdad entre las partes, en todos los campos, en aquellas relaciones de poder que priven a las mujeres a la oportunidad de un tratamiento equitativo de su caso. El mencionado Comité de la CEDAW, también recomienda a los Estados Partes establecer y hacer cumplir recursos adecuados, efectivos, atribuidos con prontitud, holísticos y proporcionales a la gravedad del daño sufrido por las mujeres; recursos que deben incluir, según corresponda, la restitución -reintegración-, la indemnización -en forma de dinero, bienes o servicios- y la rehabilitación -atención médica, psicológica y otros servicios sociales-. Asimismo, establece recomendaciones específicas en la esfera del Derecho Penal, encomendando que los Estados ejerzan la debida diligencia para prevenir, investigar, castigar y ofrecer la reparación, por todos los delitos cometidos contra mujeres, ya sea, perpetrados por agentes estatales o no estatales; garantizando que la prescripción se ajuste a los intereses de las víctimas, tomando medidas apropiadas para crear un entorno de apoyo, que las aliente a reclamar sus derechos, denunciar delitos cometidos en su contra y participar activamente en los procesos; revisando las normas sobre pruebas y su aplicación específicamente en casos de violencia contra la mujer; y, mejorando la respuesta de la justicia penal a la violencia en el hogar. Asimismo, la Decisión del Comité de la CEDAW, en el Caso, LC vs. Perú -octubre 2011- basado en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, resulta un importante precedente en el ámbito de protección de los derechos de las mujeres y niñas, por cuanto el Comité, además de abordar el derecho del aborto en casos de violencia sexual, reconoció la obligación de protección reforzada, que recae sobre las niñas, adolescentes y mujeres como mayores víctimas de violencia sexual.
El mismo Comité, en la Recomendación General 33 sobre el acceso de las mujeres a la justicia, examina las obligaciones de los Estados Partes para asegurar que las mujeres tengan acceso a la justicia, siendo una de ellas, el asegurar que las niñas cuenten con mecanismos independientes, seguros, eficaces, accesibles, tomando en cuenta su situación e interés superior. Por su parte, el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, a través de la Corte IDH, al tiempo de pronunciarse sobre los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, en el Caso Veliz Franco y otros Vs. Guatemala -Sentencia de 19 de mayo de 2014 sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas-, sostiene en el párrafo 133, que:
…en relación con niñas, los derechos y obligaciones antedichos deben observarse en el marco del acatamiento del artículo 19 de la Convención Americana y siendo pertinente, atendiendo a lo dispuesto en la Convención Belém do Pará. El artículo 19 de la Convención establece, como se ha dicho en otras oportunidades, el derecho de “los y las niñas a (…) medidas especiales de protección que deben ser definidas según las circunstancias particulares de cada caso concreto”. El Tribunal ha indicado, asimismo, que “…la adopción de tales medidas […] corresponde tanto al Estado como a la familia, la comunidad y la sociedad a la que el niño o niña pertenece”. Además, la Corte ha reiterado que revisten especial gravedad los casos en los cuales las víctimas de violaciones a derechos humanos son niñas y niños quienes en razón de su nivel de desarrollo y vulnerabilidad, requieren protección que garantice el ejercicio de sus derechos dentro de la familia, de la sociedad y con respecto al Estado”. En ese sentido, “han de ceñirse al criterio del interés superior del niño las acciones del Estado y de la sociedad en lo que respecta a la protección de los niños y a la promoción y preservación de sus derechos”. Por otra parte, el artículo 7 de la Convención de Belem do Para, sobre el que el Tribunal es competente (…) instituye deberes estatales para “prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer que especifican y complementan las obligaciones que tiene el Estado respecto al cumplimiento de los derechos consagrados en la Convención Americana, tales como los establecidos en los artículos 4, 5 y 7. En consecuencia, es de notar que estos instrumentos jurídicos visibilizan la vulnerabilidad a la que está expuesta la niñez, la cual se acentúa por la condición de mujer, ello exige por su importancia, mayor diligencia de parte de los actores políticos como el Estado y otros de carácter social como la familia y la sociedad, cuando se trata de proteger y asegurar el ejercicio de los derechos de las niñas y adolescentes, frente al hecho o posibilidad de vulneración de los mismos, en los que subyacen actos de violencia, con el fin de erradicarlos.
En el marco de dichas normas internacionales, el Estado boliviano promulgó el Código Niña, Niño y Adolescente, mediante Ley 548 de 17 de julio de 2014, cuyo objeto es garantizar el ejercicio pleno e integral de los derechos de la niña, niño y adolescente, implementando el Sistema Plurinacional Integral de la Niña, Niño y Adolescente (SPINNA), para garantizar la vigencia plena de sus derechos, mediante la corresponsabilidad del Estado, a través de todas sus instituciones públicas y privadas, en todos sus niveles, la familia y la sociedad. Este nuevo instrumento legal se basa en once principios; cuales son, interés superior, prioridad absoluta, igualdad y no discriminación, equidad de género, desarrollo integral, corresponsabilidad, ejercicio progresivo de derechos y especialidad. En el Capítulo VIII del citado Código, se desarrolla el derecho a la integridad personal y la protección contra la violencia a las niñas, niños y adolescentes, priorizando el resguardo contra cualquier forma de vulneración a su integridad sexual; disponiendo se diseñen e implementen políticas de prevención y protección contra toda forma de abuso, explotación o sexualización precoz. Así, el art. 145.I, establece que: “La niña, niño y adolescente, tiene derecho a la integridad personal, que comprende su integridad física, psicológica y sexual”. Por su parte, el art. 148.II inc. a) del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA), respecto a este sector poblacional, prevé el derecho de ser protegidas y protegidos contra la violencia sexual; la cual es definida como: “…toda conducta tipificada en el Código Penal que afecte la libertad e integridad sexual de una niña, niño o adolescente”. Asimismo, el art. 157 del CNNA, en el marco del derecho de acceso a la justicia, establece:
I. Las niñas, niños y adolescentes, tienen el derecho a solicitar la protección y restitución de sus derechos, con todos los medios que disponga la ley, ante cualquier persona, entidad u organismo público o privado (…) IV. La preeminencia de los derechos de la niña, niño y adolescente, implica también, la garantía del Estado de procurar la restitución y restauración del derecho a su integridad física, psicológica y sexual. Se prohíbe toda forma de conciliación o transacción en casos de niñas, niños o adolescentes víctimas de violencia (las negrillas son incorporadas).
El art. 15 de la Ley de Protección a las Víctimas de Delitos Contra la Libertad Sexual -Ley 2033 de 29 de octubre de 1999-, indica:
La víctima de delitos contra la libertad sexual tendrá, además de los derechos y garantías reconocidas en la Constitución Política del Estado, en el Código de Procedimiento Penal y demás leyes, los siguientes derechos: (…)
10. A la seguridad, por lo que la autoridad investigadora y la jurisdiccional están obligadas a ordenar las medidas necesarias para la protección de la víctima, sus familiares, dependientes y testigos de cargo, de su domicilio y posesiones cuando se pongan en peligro por el probable responsable o sus cómplices mediante actos de intimidación o represalias;
11. A la renuncia del careo con el imputado. En caso de aceptación de la víctima este debe realizarse en presencia de su defensor (…). En esta misma línea, se promulgó la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013- con el objeto de establecer mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia; en ella se indica, que su aplicación es preferente respecto a cualquier otra norma, debiendo ser utilizada de forma inmediata para salvaguardar la vida, las integridades física, psicológica y sexual de las mujeres en situación de violencia. De la misma manera, la referida Ley implementó el Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en Razón de Género (SIPASSE), con el fin de garantizar a las mujeres, una vida digna en el ejercicio de sus derechos; de igual forma, modificó los artículos referentes a delitos que atentan la libertad sexual, contenidos en el Código Penal. El art. 6.1 de la citada Ley, conceptualiza la violencia como: “…cualquier acción u omisión, abierta o encubierta, que cause la muerte, sufrimiento o daño físico, sexual o psicológico a una mujer u otra persona, le genere perjuicio en su patrimonio, en su economía, en su fuente laboral o en otro ámbito cualquiera, por el sólo hecho de ser mujer”.
Por lo que, si dicha conducta omisiva o de abstención, causare sufrimiento psicológico para la mujer u otra persona, constituiría un acto de violencia, lo cual, puede darse en los distintos ámbitos en los que se desarrolla, incluidos el educativo y judicial. Dada la gravedad e intensidad de la violencia contra las mujeres, se visibiliza a la mujer como sujeto afectado en los contenidos de las tipificaciones penales, buscando así la prevención de estos delitos, sumado a que el Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad, la erradicación de la violencia contra las mujeres:
ARTÍCULO 3. (PRIORIDAD NACIONAL). I. El Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género.
La declaratoria de prioridad nacional, implica que todas las instituciones públicas deben adoptar las medidas y políticas necesarias para erradicar la violencia contra las mujeres, asignando recursos económicos y humanos suficientes, con carácter obligatorio. Asimismo, la Ley 348 que acoge el contenido de las disposiciones nacionales e internacionales, define como tareas específicas, coordinar y articular la realización de instrumentos, servicios, acciones y políticas integrales de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, tanto en el nivel central del Estado como en las Entidades Territoriales Autónomas (ETA). Rompiendo progresivamente las tradicionales prácticas, procedimientos y decisiones, que revelan sesgos de género que relativizaban los hechos de agresión hacia la mujer, y por ende, su vida e integridad. En este entendido, el art. 11 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP) -Ley 260 de 11 de julio de 2012-, establece que en los delitos cometidos contra niñas, niños y adolescentes, el Ministerio Público debe brindar una protección inmediata a los mismos. Conforme a lo anotado, si bien internamente tenemos un adecuado desarrollo normativo; sin embargo, es evidente que las disposiciones legales, en muchos casos, requieren ser interpretadas, considerando el contexto de violencia -estructural y concreta- de la víctima, así como su situación especial de vulnerabilidad. Es, en ese marco de interpretación, que tanto las autoridades judiciales, como del Ministerio Público y la Policía Boliviana, deben tomar en cuenta el enfoque interseccional, cuando se trate de niñas o adolescentes víctimas de violencia, a efectos de actuar inmediatamente, con prioridad, adoptando las medidas de protección que sean necesarias, evitando todas aquellas acciones que se constituyan en revictimizadoras y no tomen en cuenta el interés superior de la niña o la adolescente. En ese sentido, el enfoque interseccional permite dar concreción al principio de igualdad, comprendido desde una perspectiva material; pues analiza las situaciones que colocaron a una persona, en el caso concreto, en mayores niveles de vulnerabilidad, con la finalidad de resolver el caso aplicando medidas, cuando corresponda, que permitan reparar y transformar las situaciones de subordinación, discriminación o violencia, no solo de la víctima en concreto, sino también, de todas las personas que se encuentren en situación similar.
El Tribunal Constitucional Plurinacional mediante la SCP 0617/2020-S1 de 14 de octubre, asumió el siguiente entendimiento:
Conforme lo dispone el art. 11 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, -Ley 1173 de 8 de mayo de 2019-, modifica el Título II del Libro Quinto de la Primera Parte del Código de Procedimiento Penal, Ley 1970 de 25 de marzo de 1999, entre otros, el peligro de fuga antes establecido en el numeral 10 del art. 234 del CPP, ahora numeral 7; mismo que mantiene la misma redacción. La concurrencia del riesgo procesal relativo al peligro efectivo para la víctima, contemplado en el artículo 234.10 del CPP, la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto, con base en lo desarrollado en la SCP 0056/2014 de 3 de enero -que declaró la constitucionalidad del art. 234.10 del CPP-26, señaló que:
“Conforme a dicho entendimiento, el peligro efectivo para la víctima o el denunciante debe ser materialmente verificable, lo que supone la existencia de 26La SCP 0056/2014 de 3 de enero, en su FJ.III.5.3, señaló que: “En definitiva, el peligro relevante en materia penal al que hace referencia la norma demandada, es la posibilidad de que la persona imputada cometa delitos, pero no el riesgo infinitesimal al que se refiere Raña y descrito en el Fundamentos Jurídicos III.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, sino el riesgo emergente de los antecedentes personales del imputado por haberse probado con anterioridad que cometió un delito, lo que genera una probabilidad adicional de delinquir; más, esa situación es similar a la establecida en el art. 234.8 del CPP, referido a: “La existencia de actividad delictiva reiterada o anterior”; empero, aunque parecida no es similar, encontrando diferencia puesto que la norma demandada adicionalmente precisa que la situación de peligrosidad sea efectiva, mientras que la del art. 234.8 del CPP, precisa antecedentes criminales reiterados; en ese orden, es también necesario comprender la efectividad de la peligrosidad exigida por la norma demandada.
El concepto “efectivo” que se debe adicionar a la peligrosidad para que opere como fundamento de la detención preventiva por peligro de fuga, hace alusión, según el diccionario jurídico que utiliza este Tribunal, a un peligro existente, real o verdadero, como contraposición a lo pretendido, dudoso, incierto o nominal; es decir a un peligro materialmente verificable, más allá del criterio subjetivo del juez, que puede ser arbitrario, por ello supone la existencia de elementos materiales comprobables en la situación particular concreta desde la perspectiva de las personas y los hechos, por ello se debe aplicar bajo el principio de la razonabilidad y la proporcionalidad, no encontrando en ello ninguna inconstitucionalidad por afectación del debido proceso o de la presunción de inocencia consagrados constitucionalmente.
En consecuencia, el peligro efectivo, encuentra justificación en la necesidad de imponer medidas de seguridad a las personas que hubieran sido encontradas culpables de un delito anteriormente, pero no le sindica como culpable del ilícito concreto que se juzga, ni provoca que en la tramitación del proceso sea culpable del presunto delito cometido (El subrayado y las negrillas nos corresponde).
elementos comprobables respecto a la situación concreta de las víctimas. Conforme a ello, en el marco de las normas internacionales e internas glosadas en el anterior Fundamento Jurídico III.1 y desde una perspectiva de género, en los casos de violencia contra las mujeres, corresponderá que la autoridad fiscal y judicial, considere la situación de vulnerabilidad o desventaja, en la que se encuentre la víctima o denunciante respecto al imputado; las características del delito, cuya autoría se atribuye al imputado; y, la conducta exteriorizada por éste, contra la víctima o denunciante, antes y con posterioridad a la comisión del delito, para determinar si la misma puso y pone en evidente riesgo de vulneración, los derechos, tanto de la víctima como del denunciante.
Conforme a ello, las medidas orientadas a desvirtuar los peligros de fuga, como la contenida en el art. 234.10 del CPP -peligro efectivo para la víctima o el denunciante-, de ninguna manera deben significar una revictimización…”.
En esta línea, la SCP 0394/2018-S2, estableció que en los casos de violencia contra las mujeres y/o en razón de género, corresponderá a la autoridad judicial, no solo considerar la concurrencia de los requisitos previstos en el art. 233 del CPP, sino la situación de vulnerabilidad o desventaja, en la que se encuentra la víctima o denunciante respecto al imputado, en función a las características del delito, cuya autoría se atribuye al imputado; así como las circunstancias concurrentes al caso concreto; entre ellas, la conducta exteriorizada por éste, contra la víctima o denunciante, antes y con posterioridad a la comisión del delito, en el caso que pueden ser de muy variada índole, como ejemplos, amenazas de muerte, cuadró sistemático de violencia, etc., para determinar si la misma puso y pone en evidente riesgo de vulneración sus derechos; es decir, que los elementos a valorarse no son concluyentes, dada la diferencia de los bienes jurídicos tutelados en la clasificación de los distintos tipos de violencia, pues los factores que convergen en la violencia familiar o doméstica tendrán sus propias peculiaridades y requerirá además abordarse con la complejidad y multicausalidad de este hecho; de las que también dependerá el estándar probatorio. Con relación a ello Marina Gascón Abellan, indica que el estándar de prueba, muestra “el nivel de suficiencia que requiere el grado de probabilidad para tenerse como probado”; probabilidad de alcanzar elementos materialmente verificables u objetivos, que en algunos casos como la violencia de tipo psicológico o la violencia de tipo sexual consumada en la clandestinidad, se torna menos exigente, más aun cuando el proceso se encuentra en etapa de investigación, por lo que dicho estándar probatorio variará también en función a la etapa del proceso, incluida la valoración de la existencia de riesgo objetivo para la víctima de violencia, a tiempo de disponer una medida de cautelar;
entre ellos, un pronóstico de peligro futuro de que la persona investigada atentará contra bienes jurídicos de la víctima, que es un presupuesto básico de la adopción de las medidas de protección y medidas cautelares en hechos de violencia. A este fin, en los casos de violencia contra las mujeres, debe considerarse las particularidades propias del delito de violencia doméstica, y entre ellos varios aspectos a valorarse, como la existencia o no de violencia sistemática; perfil psicológico del agresor, a partir de la conducta exteriorizada por el presunto agresor antes y con posterioridad de la presunta comisión del delito, la valoración policial del riesgo, que se realiza conforme al Protocolo Policial Para la Valoración del Riesgo y Protección Policial de la Violencia contra las Mujeres “Genoveva Ríos” para la atención de casos en el marco de la Ley 348, aprobada por Resolución Administrativa de 3 de diciembre de 2014, constituye una herramienta útil para que la autoridad judicial, determine el grado de seguridad o riesgo que tiene la víctima de sufrir violencia en el futuro, y en el caso de que hubiera de sus dependientes; tomando en cuenta, la alta probabilidad de que quien fuere agresor se reintegre al seno familiar y otros elementos de prueba recabados, testifical, documental, pericial, sin sesgos de género, identificando la existencia de una relación de asimetría y situación de vulnerabilidad en la que se halle inmersa la víctima, a efecto de determinar el peligro latente contra su integridad, utilizando como técnica el test de proporcionalidad y razonabilidad. Asimismo, en delitos de violencia de género, las medidas cautelares no se constriñen únicamente a asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso, sino también la aplicación de la ley -art. 221 del CPP-, por lo que conforme a las disposiciones de la Ley 348, las garantías que debe tener toda mujer en situación de violencia, entre ellos numeral 8, la averiguación de la verdad, la reparación del daño y prevención de la reiteración de los actos de violencia -art. 45-, concordante con los principios establecidos en la primera parte de esta Ley, de aplicación preferente que cualquier otra norma jurídica, que señala en el Título V, “Legislación penal”, en el Capítulo III, art. 86 de la Ley 348, que establece los principios procesales que deben regir los hechos de violencia contras las mujeres, disponiendo que las juezas y jueces en todas las materias, fiscales, policías y demás operadores de justicia, además de los principios establecidos en el Código Penal deberán regirse bajo los siguientes principios y garantías procesales:
“(…)
11. Verdad material. Las decisiones administrativas o judiciales que se adopten respecto a casos de violencia contra las mujeres, debe considerar la verdad de los hechos comprobados, por encima de la formalidad pura y simple. 12. Carga de la prueba. En todo proceso penal por hechos que atenten contra la vida, la seguridad o la integridad física, psicológica y/o sexual de las mujeres, la carga de la prueba corresponderá al Ministerio Público.
13. Imposición de medidas cautelares. Una vez presentada la denuncia, la autoridad judicial dictará inmediatamente las medidas cautelares previstas en el Código Procesal Penal, privilegiando la protección y seguridad de la mujer durante la investigación, hasta la realización de la acusación formal. En esta etapa, ratificará o ampliará las medidas adoptadas”. Por lo que, además la valoración de la prueba para determinar la conveniencia de imposición de medidas cautelares como la detención preventiva, debe efectuarse de acuerdo a la pauta hermenéutica establecida por el legislador en la imposición de medidas cautelares durante la etapa de investigación hasta la acusación formal, de dar preminencia a la protección y seguridad de la mujer inmersa en un cuadro de violencia y conforme al enfoque instrumental de las medidas cautelares en delitos de violencia contra la mujer referido a la prevención de la reiteración de los actos de violencia.
Penal y la jurisprudencia constitucional El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0222/2020-S1 de 31 de julio, asumió el siguiente razonamiento:
El art. 239.1 del CPP -incluso después de la reforma efectuada por la Ley de Modificaciones al Sistema Normativo Penal -Ley 007 de 18 de mayo de 2010- determina que la detención preventiva cesará: “Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida”. De acuerdo a la previsión contenida en el referido numeral 1 del art. 239 del CPP, para resolver una solicitud de cesación de la detención preventiva, amparada en esa causal, el juez o tribunal debe realizar el análisis ponderado de dos elementos: i) ¿Cuáles fueron los elementos de convicción y supuestos que determinaron la imposición de la detención preventiva?; y, ii) ¿Los nuevos elementos de convicción que aportó el imputado, demuestran que ya no concurren los motivos que determinaron la medida o la conveniencia que la misma sea sustituida por otra?; ello, conforme lo precisó la jurisprudencia constitucional uniforme, contenida en las SSCC 0320/2004-R, 0719/2004-R, 1466/2004-R, 0807/2005-R y 0568/2007-R, entre otras. Así, la SCP 0014/2012 de 16 de marzo, reiterando el entendimiento de la SC 0320/2004-R de 10 de marzo, en el Fundamento Jurídico III.2, señaló que:
“Cuando el juez o tribunal deba una solicitud de cesación de la detención preventiva amparada en la previsión del art. 239.1 del CPP, ésta debe ser el resultado del análisis ponderado de dos elementos: i) cuáles fueron los motivos que determinaron la imposición de la detención preventiva y ii) cuáles los nuevos elementos de convicción que aportó el imputado para demostrar que ya no concurren los motivos que la determinaron o en su caso demuestren la conveniencia de que la medida sea sustituida por otra. Quedando claro que si a través de los nuevos elementos de juicio que se presenten por el imputado se destruyen ambos o cualquiera de los motivos que fundaron la detención preventiva, el Juez o Tribunal debe realizar una valoración de estos nuevos elementos; valoración similar a la que hizo para disponer la detención preventiva a prima facie, sin que ello implique inmiscuirse en la investigación del hecho. Debiendo, en consecuencia, el imputado probar conforme a la norma precedentemente señalada la existencia de nuevos elementos de juicio que demuestren que no concurren los motivos que fundaron su detención preventiva o tornen conveniente que sea sustituida por otras medidas”. Posteriormente, la SC 1249/2005-R de 10 de octubre, complementó el criterio anterior, señalando que el análisis de los dos elementos debe ser realizado tanto por el juez cautelar como por el tribunal de alzada, además, señala que la valoración integral debe ser motivada. Por su parte, la SCP 0012/2006-R de 4 de enero, asume los entendimientos anteriores, empero, complementa la línea jurisprudencial, señalando que las y los jueces o tribunales de alzada, en su valoración integral, no pueden basarse en una sola circunstancia si existieren varias y que, para una valoración integral, deberán considerarse también los elementos de prueba de la parte acusadora y de la víctima. Ulteriormente, la SC 1147/2006-R de 6 de noviembre, indicó que la motivación en la valoración integral de los elementos de prueba, plasmarán los motivos de hecho y derecho que funden la determinación; es decir, que la decisión debe sustentarse en verdaderas razones jurídicas, que, además, contemplen interpretaciones favorables y lo menos gravosas posibles para el imputado, que además sustenten la necesidad de la medida en caso de ser restrictiva a la libertad física. Añadiendo, además, que la SCP 0014/2012, contextualizó los entendimientos asumidos por este Tribunal, que deben ser considerados al momento de resolver problemáticas vinculadas o referidas a la cesación de la detención preventiva; haciendo especial énfasis, en la obligación que tiene el tribunal de alzada al tiempo de resolver la apelación, de pronunciar una resolución motivada y con una valoración objetiva e integral de la prueba aportada por ambas partes procesales. Aclarando que la valoración integral, está referida a la obligación que tiene el juez y el tribunal de apelación de considerar de manera integral tanto los nuevos elementos de juicio aportados por el imputado, que demuestren que no concurren los motivos que fundaron la determinación de su detención preventiva o la existencia de otros que demuestren la conveniencia de sustituirla por otra medida; así como los medios de prueba aportados por la parte acusadora o víctima, que acreditan que tales motivos subsisten.
De conformidad a lo anotado, las autoridades jurisdiccionales, tanto de primera como de segunda instancia, al analizar solicitudes de cesación de la detención preventiva deben: a) Establecer y valorar los motivos que determinaron la detención preventiva; b) Identificar los nuevos motivos introducidos por la o el imputado para solicitar la cesación de la detención preventiva; y, c) Valorar integralmente los medios probatorios presentados por el o la imputada, la parte acusadora y/o víctima. En ese orden, el juez de instrucción penal y el tribunal de alzada, al momento de fundamentar y motivar cuáles fueron los elementos de convicción y supuestos que determinaron la imposición de la detención preventiva, tienen el deber de verificar si se cumplieron con los supuestos que permiten imponer una detención; caso contrario, de constatar su inobservancia, deben disponer la libertad personal, o en su caso, si se dan los supuestos, imponer medidas sustitutivas. Por lo que, solo cuando la autoridad jurisdiccional llegó a tal convicción, que supone revisar su propia resolución y ratificar la medida de detención preventiva o abandonarla, puede ingresar a contrastar si los nuevos elementos de convicción que aportó el imputado, demuestran que ya no concurren los motivos que determinaron la detención preventiva o la conveniencia que ésta sea sustituida por otra, a través de una debida fundamentación y motivación. Es decir, el deber de verificación -explicado precedentemente- tiene que ser cumplido por las autoridades judiciales ante una solicitud de cesación de la detención preventiva, tanto en primera instancia como en apelación, porque posibilita revisar la resolución que impuso la medida cautelar de detención preventiva, en el marco de lo previsto por el art. 250 del CPP, que establece que el Auto que imponga una medida cautelar o la rechace es revocable o modificable, aun de oficio. Esta revisión permitirá ratificar la resolución, únicamente, si se cumplieron la condiciones de validez exigibles a partir de la Constitución Política del Estado; análisis previo, que antecede a la contrastación que debe realizar la autoridad jurisdiccional con los nuevos elementos de convicción que aporte el imputado para demostrar que ya no concurren los motivos que determinaron su detención preventiva; labor que visibiliza un estudio diferenciado que tiene que realizar el juzgador; por cuanto, surge el deber de otorgar la cesación de la detención preventiva cuando la medida, a pesar de haber sido impuesta, cumpliendo con tales condiciones de validez, no puede ser mantenida contra el imputado, porque éste aportó nueva prueba que da cuenta que existen nuevos elementos de convicción que demuestran que no concurren los motivos que determinaron tal medida. Conforme a lo anotado, a los criterios sobre las medidas cautelares, a los estándares para la valoración de la prueba respecto a los riesgos procesales desarrollados en los anteriores Fundamento Jurídicos de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, así como a los supuestos para resolver una solicitud de cesación de la detención preventiva, desarrollado en el presente Fundamento Jurídico, deben ser considerados por los jueces ordinarios y la justicia constitucional, cuando se denuncian lesiones al derecho a la libertad personal o libertad física vinculados con estas medidas cautelares de carácter personal.
El demandante de tutela alega la vulneración de sus derechos a la vida e integridad personal, a la libertad y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación; y, al principio de legalidad; toda vez que, la Vocal ahora demandada al emitir el Auto de Vista de 16 de febrero de 2023, no se pronunció sobre la mejoría de la situación jurídica del imputado con relación al riesgo inserto en el art. 234.7 del CPP, así como a la solicitud de la aplicación del principio de proporcionalidad, dado que correspondía que determine que la Jueza de instancia realice el test de proporcionalidad. En ese contexto, de la compulsa de los antecedentes contenidos en el expediente tutelar, se evidencia que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Ernesto Medina Chile -ahora solicitante de tutela- por la presunta comisión del delito de abuso sexual, consta el Auto Interlocutorio de 23 de febrero de 2022, que dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario de San Sebastián Varones de Cochabamba, por el periodo de seis meses, al estar concurrente la probabilidad de autoría y los riesgos procesales previstos en los arts. 234.7 y 235.2 del citado código; posteriormente, se advierte que el abogado de la defensa interpuso recurso de apelación ante lo cual la autoridad jurisdiccional dispuso su remisión al tribunal de alzada (Conclusión II.1), donde se emitió el Auto de Vista de 7 de abril de 2022, por el Vocal de Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, que declaró la improcedencia del recurso de apelación, en consecuencia, confirmó la decisión de 23 de febrero de 2022 (Conclusión II.2). Posteriormente, por Auto Interlocutorio de 5 de julio de 2022, la Jueza de Instrucción Penal y de Violencia contra la Mujer Segunda de la “EPI Sur” de la Capital del departamento de Cochabamba, rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva impetrado por el imputado, manteniendo lo dispuesto por el Auto de 23 de febrero de 2022; seguidamente, la defensa del imputado interpuso recurso de apelación por lo que la Jueza a quo, ordenó su remisión al tribunal superior (Conclusión II.3), así en audiencia pública de apelación de medida cautelar de 11 de julio de 2022, la Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba declaró improcedente el recurso de apelación formulado, manteniendo incólume el Auto de 5 de julio de 2022 (Conclusión II.4).
Consta Acta de audiencia de cesación de la detención preventiva de 9 de agosto de 2022, en la que la referida Jueza de Instrucción Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Segunda de la “EPI Sur”, pronunció el Auto Interlocutorio de la misma fecha, que rechazó la solicitud impetrada, manteniendo lo dispuesto por Auto de 23 de febrero de 2022 (Conclusión II.5). Cursa acta de audiencia de cesación de la detención preventiva de 9 de febrero de 2023, en la que la Jueza de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Segunda de la Capital del departamento de Cochabamba, rechazó su solicitud, ante la persistencia de los riesgos procesales y la falta de acreditación idónea de la necesidad de su modificación; contra tal determinación, la defensa del imputado interpuso recurso de apelación; por lo que, la autoridad judicial, determinó la remisión de los antecedentes a la Sala Penal de Turno (Conclusión II.6). En audiencia de apelación incidental de 16 de febrero de 2023, se emitió el Auto de Vista de la misma fecha por la Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -ahora demandada-, que declaró improcedente la apelación formulada por el procesado (Conclusión II.7). Ahora bien, a efectos de verificar si el Auto de Vista de 16 de febrero de 2023, cumple con la debida fundamentación y motivación en cuanto a las denuncias de la acción tutelar, es necesario identificar los agravios del recurso extractados del Acta de audiencia de apelación, en lo pertinente se tiene:
“ … sucede que en audiencia de detención preventiva dentro el presente proceso, esta parte acompaño suficiente documentación para poder enervar el numeral 7) del Art. 234 del CPP, a este aspecto nos remitimos al auto de aplicación de medidas cautelares que dispuso la detención preventiva, donde se fundamenta que supuestamente Ernesto Medina era un peligro para la víctima porque existía una valoración psicológica que sostenía la existencia de desventaja que el Sr. Ernesto Medina Quispe respecto a la menor víctima, por cuanto el primero supuestamente tenía 41 y la menor 8 años y ese era el principio de vulnerabilidad, por tanto se consideraba que su defendido era un peligro efectivo para la víctima, a este aspecto cuando hablamos de que no se ha realizado una valoración correcta, el elemento de prueba acompañado por esta parte que esencialmente nos referimos a la pericia psicológica realizada por la Mgr. Ilosva Prado, Perito Psicóloga donde de manera clara se señala y cursa en antecedentes del proceso a fojas 50 que del resultado de las características de personalidad de Ernesto Medina Chile, si el mismo es un peligro efectivo para la víctima o para la sociedad, responde la Sra. Perito ante el Juzgado que se establece por lo detallado que se encuentra a Fs. 51 último punto de la pericia que Ernesto Medina Chileno no es un peligro efectivo para la víctima, ni para la sociedad, ya que las características de su personalidad se enmarcan en parámetros de normalidad, por lo que no constituye un riesgo para la sociedad ni la víctima, su proyecto de vida es lograr el bienestar familiar, este aspecto no fue correctamente valorado por la Sra. Juez, toda vez que en el auto apelado dice simplemente que este elemento de prueba no desvirtuaría este riesgo procesal, apartándose de lo que se habría dicho en audiencia de aplicación de medida cautelares, que si bien no se está desvirtuando la vulnerabilidad de la víctima pero si se está demostrando que su defendido no es un peligro efectivo para la víctima, es decir, no se está enervando la intensidad de este riesgo procesal pero si se está mejorando su situación, aspectos que no fueron valorados correctamente por la Sra. Juez y mucho menos fueron fundamentados, a este aspecto se ha apartado de este principio de razonabilidad. (…)
Ahora bien, en cuanto al principio de proporcionalidad se ha vulnerado ese principio de proporcionalidad de fojas 34 a 47, hemos acompañado suficiente documentación que establece que el señor Ernesto Medina Chile es un enfermo renal que tiene un trasplante renal y a raíz de encontrarse detenido en el San Sebastián Varones lamentablemente su salud ha decaído sustancialmente aspecto que hemos demostrado, con suficientes documentos consistentes en certificados médicos que evidencian que el señalado está muy delicado, a raíz inclusive de haber sido intervenido el año 2022 que ya se encontraba detenido en el Hospital Univalle, estos aspectos inclusive fueron presentados con un certificado médico forense en la anterior audiencia. Pero no solo eso, sino también para poder establecer que el mismo si está muy delicado de salud hemos presentado todas las que se han realizado para que el mismo sea trasladado de manera urgente al nosocomio del Hospital de Univalle del Sur, porque es el único lugar donde puede ser atendido el Sr. Medina Chile, a raíz del convenio que tiene esa institución para personas que han tenido su trasplante renal, no se tomó en cuenta, no se valoró lo que establece el artículo 15 de la Constitución Política del Estado, que es un derecho a la salud (…)”. Así, el Auto de Vista de 16 de febrero de 2023 después de señalar los fundamentos de la Juez a quo y referir los establecidos por las SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto, 0001/2019-S2 de 15 de enero, y 0056/2014, en la parte pertinente, refiere:
“… De lo que se tiene que la documentación acompañada por el acusado, no resulta suficiente para desvirtuar el numeral 7 del Art. 234 del Procedimiento Penal, por cuanto no se descartó el grado de vulnerabilidad y desventaja en el cual se encuentra o se encontraba la menor a tiempo del hecho, ni la conducta exteriorizada o el comportamiento exteriorizado por el imputado en relación a la víctima, a momento y con posterioridad la hecho, pretendiéndose con ello desconocer que la menor víctima cuenta con la edad 8 años, que se encuentra en un sector vulnerable, la afinidad existente entre la víctima y el acusado, su entorno familiar y las circunstancias en las que fue abusada en reiteradas oportunidades, esto es bajo amenaza y presión que la menor-víctima por su corta edad no podía paralizar y/o enfrentar, a raíz de la conducta conveniente que el acusado manifestaba hacia la víctima. Como el caso de amenaza y de conseguir su silencio con regalos, aspectos a los que el Informe Pericial elaborado por la Mrg. Ilosca Miranda Prado no hacen referencia, centrando su trabajo en la conducta personal del imputado, posterior al hecho denunciado que seguramente serán valorados en la etapa procesal que corresponda (…) Por lo demás respecto al principio de proporcionalidad que se señala respecto a la modificación de la medida personal gravosa que se hubiese dispuesto esto específicamente en relación al hecho de que el ahora acusado a raíz de que el mismo hubiese sido intervenido en relación a la Insuficiencia Renal que padecía, requiere de un tratamiento especial, en relación a los cuidados que requiere, así como la alimentación, acompañándose para ello inclusive documentación emitida por el Hospital de Univalle y los Informes Médicos emitidos por el Médico General del Régimen Penitenciario, respecto a las constantes consultas externas que recibe el Hospital de Univalle a cargo de la Dra. Elvy Espinoza David, quien conforme los informes de fechas 07 de septiembre, 18 y 24 de noviembre, 05 de diciembre de 2022 y 20 de enero de 2023, se tiene que el acusado ERNESTO MEDIDA CHILE, estuviera recibiendo las atenciones médicas que hacen a su situación de salud, sin especificarse los señalados informes médicos que la Hipertensión Alterial, la Trombosis Fistula Arteriovenosa Extremidad Superior Izquierda, no pudiesen ser tratados dentro el Recinto Penitenciario o en su caso exista una recomendación para que el señalado paciente sea internado en algún nosocomio, observándose al contrario que el mismo de manera regular se encuentra asistiendo a sus controles médicos, aspecto que es de conocimiento de la Jue A quo, así como de los funcionarios de Régimen Penitenciario, consiguientemente, no habiéndose demostrado que la medida extrema estuviese ocasionándoles al hoy imputado un daño irreversible de peligro, advirtiéndose al contrario que el mismo de manera frecuente con permisos que son resueltos de manera efectiva y oportuna se encuentra recibiendo las atenciones médicas necesarias, encontrándose el proceso a tiempo de desarrollarse el juicio oral, habiéndose resuelto esta medida en base a los fundamentos expuestos en la resolución de fecha 05 de julio de 2022 que no obstante el tiempo transcurrido no fueron desvirtuados por la defensa, no habiéndose observado ninguna violación a los derechos del apelante, por cuanto se tiene que la resolución apelada se encuentra motivada y fundamentada en base a la los datos del proceso…” Ahora bien, con la finalidad de realizar un análisis adecuado a tiempo de pronunciarse a las problemáticas planteadas, inicialmente es necesario averiguar cuál fue el fundamento primigenio que dio origen al riesgo previsto en el art. 234.7 del CPP -peligro para la víctima-, para ello, tenemos que acudir al Auto interlocutorio de 23 de febrero de 2022, que refiere:
“Con relación al Art. 234 núm. 7, mencionado por la representante del Ministerio Publico así como la adhesión que realiza la representante de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, peligro efectivo para la sociedad o para la víctima o denunciante, en ese sentido, la autoridad fiscal refiere que, ante la situación de vulnerabilidad del niño, pues el imputado resulta ser ese peligro para la niña en su condición de hombre adulto y habiendo realizado estos actos sexuales, así como lo manifestado por la representante de la Defensoría indicando que la madre de la menor se encuentra desahuciada con cáncer terminal, eso hace un entorno de vulnerabilidad de la ahora víctima estando desprotegida, al efecto, claramente se puede establecer que tan solo la condición de niño de la víctima, pues hace lógicamente de su minoridad una situación de vulnerabilidad frente a los acontecimientos que pueden ir en contra de su integridad física y sexual, en ese sentido, una niña de aproximadamente 8 años frente a un adulto de 41 años, lógicamente se ve en una desventaja abismal, en el entendido de que la misma resultaría ser vulnerable con su sola condición de ser niño y no poder repeler cualquier acto o ataque que vaya en contra de la misma, es así que la misma indica en sus declaraciones que habría manifestado que porque le hacia esos actos, que habría intentado empujarlo al ahora imputado lógicamente se encuentra en desventaja de poder defenderse de los ataques que ha proferido el ahora imputado, en ese sentido, se verifica una situación de vulnerabilidad en la víctima y una situación de peligrosidad por parte del imputado hacia la víctima, en el entendido de que el mismo, aprovechando que vivía en el entorno familiar de la menor en el domicilio de la denunciante, ha cometido estos actos que anteriormente se han mencionado, inclusive con la condición en que la madre se encontraría en la actualidad. Al efecto, se ha verificado dicha situación y resulta ser un peligro para la propia víctima, en ese sentido concurre el núm. 7 del Art. 234 del CPP”. Ingresando a resolver, en relación a la primera problemática referida a que la Vocal demandada emitió el Auto de Vista de 16 de febrero de 2023, sin pronunciarse sobre la mejoría de la situación jurídica del imputado con relación al riesgo del art. 234.7 del citado Código adjetivo penal, debe considerarse inicialmente que, corresponde previamente referirse al entendimiento desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, a partir de la cual se puede establecer que la fundamentación se refiere a la labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el cual está impelido a expresar cuál el fundamento legal de la decisión, citando todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su determinación; por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos fácticos, así como los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación; de igual manera, en cuanto a la justificación, conviene precisar que esta se define como un procedimiento argumentativo a través del cual se brindan las razones de la conclusión arribada por el juzgador. Asimismo, conforme al Fundamento Jurídico III.4 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, ante la solicitud de cesación de la detención preventiva la autoridad judicial debe: i) Establecer y valorar los motivos que determinaron la detención preventiva; ii) Identificar los nuevos motivos introducidos por la o el imputado para solicitar la cesación de la detención preventiva; y, iii) Valorar integralmente los medios probatorios presentados por el o la imputada, la parte acusadora y/o víctima. En ese marco, se advierte que la Vocal demandada a tiempo de resolver el agravio, se advierte que ha fundamentado adecuadamente el Auto de Vista, toda vez que, a tiempo de explicar las razones jurídicas de la decisión, cito a las SCP “0056/2014”, SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto, y la SCP 0001/2019-S2 de 15 de enero, y 0056/2014 y lo dispuesto por el art. 234. 7 del mencionado Código, aplicando de manera correcta la premisa normativa al caso concreto. También, se advierte que la decisión emitida por la Vocal demandada, al establecer los motivos concretos de porqué el caso analizado se subsume en dichos fundamentos jurídicos, valorando la prueba ofrecida por la parte imputada como es la pericia, explica de manera motivada y razonable que la misma no resulta suficiente para desvirtuar el riesgo procesal del art. 234.7 del señalado Código adjetivo penal, como bien lo refiere el mismo abogado al momento de interponer el agravio, entonces dado que este riesgo procesal desde el Auto Interlocutorio primigenio de 23 de febrero de 2022, fue construido en base a la vulnerabilidad evidente que atraviesa la víctima; toda vez que, consideró la relación de asimetría, donde la víctima era una menor de ocho años frente a su agresor un adulto de cuarenta y un años al momento del hecho y que se hubiese producido en circunstancias donde la madre de la menor se encuentra desahuciada con cáncer terminal, encontrándose de esa manera la niña en un contexto de absoluta indefensión y fragilidad manifiesta, aspecto que no fue desvirtuado con la pericia psicológica que se efectuó a la conducta personal del imputado; en ese entendido, el imputado no cumplió con los requisitos del Fundamento Jurídico III.4 del presente fallo constitucional, cuando se refiere a dar por desacreditado un riesgo procesal; en ese entendido, se advierte que la autoridad jurisdiccional demandada fundamentó, motivó suficientemente y se pronunció de manera congruente respecto a la persistencia de este riesgo procesal previsto en el art. 234.7 del CPP, cumpliendo lo dispuesto en los Fundamentos Jurídicos III.1, III.2 y III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, razón por la que se debe denegar la tutela al respecto. Con relación a la segunda problemática donde el peticionante de tutela se refiere a la solicitud de la aplicación del principio de proporcionalidad, alegando que se hubiese realizado una errónea fundamentación incompatible con los antecedentes del proceso, como de la jurisprudencia constitucional y no tomó en cuenta el art. 15 de la CPE; al respecto, a efectos de imponer una medida cautelar debe necesariamente efectuarse el test de proporcionalidad, que está constituido por tres elementos como la idoneidad, necesidad y la proporcionalidad en sentido estricto, que consiste en dilucidar si la afectación, restricción o limitación al derecho fundamental no resulta exagerada o desmedida frente a las ventajas que se obtienen con tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida. En el caso concreto, la Vocal demandada a tiempo de pronunciar el Auto de Vista impugnado, tal como se refirió de manera textual ut supra, consideró el estado de salud del imputado, advirtiendo que se encuentra asistiendo a sus controles, recibe los tratamientos y atenciones médicas necesarias en relación a su padecimiento renal, hipertensión y Trombosis Fistula Arteriovenosa, sin haberse demostrado que la medida extrema estuviese ocasionándole peligro a su vida, además tomó en cuenta la situación de vulnerabilidad y fragilidad manifiesta de la víctima; por lo que, concluye que mantener la detención preventiva resulta necesaria, adecuada y proporcional para proteger a la víctima vulnerable, por lo que no advirtió lesión al principio de proporcionalidad; tal determinación de la Vocal demandada, resulta razonable en el contexto porque toda solicitud de salida médica que efectuó el procesado se atendió de manera positiva y oportuna en consideración justamente de su estado de salud. La determinación de mantener la detención preventiva del ahora impetrante de tutela, resulta suficiente clara y precisa, cumpliendo con los tres elementos la idoneidad, necesidad y la proporcionalidad, más en el antecedente que se encuentran latentes los riesgos procesales previstos en los arts. 234.7 y 235.2 del CPP; razón por la que, no corresponde modificar la medida impuesta, acreditándose así que no se vulneró los derechos a la vida e integridad personal, libertad, ni al debido proceso.
Por otra parte, se verifica que, la Vocal ahora demandada a tiempo de pronunciar el Auto de Vista aplico correctamente el enfoque intersecional conforme el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, cumpliendo así la obligación del estado en la lucha contra la violencia sexual, tomando en cuenta el contexto de violencia sexual que está siendo investigado que está vinculado a una niña de ocho años de edad, que es prima del imputado, en circunstancias de que la madre padece cáncer terminal, lo que hace más frágil y vulnerable a la víctima que se encuentra en una situación especial de indefensión material, por lo que la justicia tiene que otorgar una protección reforzada y con mayor intensidad. Concluyéndose, que la Vocal demandada al pronunciar el Auto de Vista de 16 de febrero de 2023, a tiempo de resolver el recurso de apelación planteado por el imputado -ahora accionante-, no ha vulnerado el derecho al debido proceso en las vertientes invocadas, por el contrario, la decisión de alzada cumple con el canon de fundamentación, motivación razonable y congruencia, que es compatible con las obligaciones internacionales que ha asumido el Estado Boliviano para erradicar la violencia sexual contra las niñas; por lo que corresponde denegar la tutela solicitada. En consecuencia, la Sala Constitucional al denegar la tutela solicitada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución SC2-CBB-AL-005/2023 de 4 de abril, cursante de fs. 426 a 432, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
1 El Cuarto Considerando, indica: “…el derecho al debido proceso, que entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos y al margen de ello, la fundamentación legal que sustenta la parte dispositiva de la misma. …consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión arbitraria y dictatorial que vulnera de manera flagrante el citado derecho que otorga a las partes saber el porqué de la parte dispositiva de un fallo o Resolución”.
11 El párrafo 118, señala: “Por otro lado, la Corte destaca que la motivación de la decisión judicial es condición de posibilidad para garantizar el derecho de defensa. En efecto, la argumentación ofrecida por el juez debe mostrar claramente que han sido debidamente tomados en cuenta los argumentos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado rigurosamente, más aún en ámbitos en los que se comprometen derechos tan importantes como la libertad del procesado. Ello no ocurrió en el presente caso. La falta de motivación en las decisiones de la Jueza impidió que la defensa conociera las razones por la cuales las víctimas permanecían privadas de su libertad y dificultó su tarea de presentar nueva evidencia o argumentos con el fin de lograr la liberación o impugnar de mejor manera una prueba de cargo determinante”.
12 El párrafo 107, indica: “El Tribunal recalca que son las autoridades nacionales las encargadas de valorar la pertinencia o no del mantenimiento de las medidas cautelares que emiten conforme a su propio ordenamiento. Al realizar esta tarea, las autoridades nacionales deben ofrecer la fundamentación suficiente que permita a los interesados conocer los motivos por los cuales se mantiene la restricción de la libertad (…)”. Del mismo modo, el párrafo 117, subraya: “De igual forma, ante cada solicitud de liberación del detenido, el juez tiene que motivar aunque sea en forma mínima las razones por las que considera que la prisión preventiva debe mantenerse (…)”.
14 ZOTA-BERNAL, Andrea Catalina, Incorporación del análisis interseccional en las sentencias de la Corte IDH sobre grupos vulnerables, su articulación con la interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos. Eunomía. Revista en Cultura de la Legalidad Nº 9, octubre 2015 – marzo 2016, Universidad Nacional de Colombia y Universidad Autónoma de Madrid; en cuya nota de pie de la página 73, señala: “Este artículo se centra en la incorporación de la interseccionalidad en el Sistema Interamericano de protección de Derechos Humanos, no obstante en el ámbito europeo esta emergencia se ha dado en
varias etapas: i) a partir del año 2000 mediante la caracterización de las mujeres como sujetos habitualmente discriminados de manera múltiple: recogido en las directivas 43 y 78 del Consejo de laUnión Europea; ii) a partir del año 2013 se analiza la situación de otros sujetos históricamente discriminados de manera múltiple: Resoluciones del Parlamento Europeo del 12 de marzo de 2013 sobre mujeres con discapacidad, del 4 de febrero de 2014 sobre homofobia y discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género y Resolución del 25 de febrero de 2014 sobre violencia de género; y iii) un enfoque más amplio de la discriminación en la Resolución del Parlamento Europeo del 26 de febrero de 2014 al abordar la prostitución y la explotación sexual, como fenómenos vinculados a criterios como el género, la exclusión social, la edad, la pobreza, la vulnerabilidad, la migración , entre otros”. Disponible en: https://e-revistas.uc3m.es/index.php/EUNOM/article/view/2803/1534 15Ibídem.
18 Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, art. VII: “Toda mujer en estado de gravidez o en época de lactancia, así como todo niño, tienen derecho a protección, cuidados y ayuda especiales”. Adoptada en la novena Conferencia Interamericana, celebrada en Bogotá, Colombia, 1948, conjuntamente con la constitución de la OEA. 19Declaración de los Derechos del Niño, Principio 8: “El niño debe, en todas las circunstancias, figurar entre los primeros que reciban protección y socorro”. Principio 9: “El niño deber ser protegido contra toda forma de abandono crueldad y explotación (…)”
20 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-17/2002 de 28 de agosto de 2002, párrafo 54: “Tal como se señalara en las discusiones de la Convención sobre los Derechos del Niño, es importante destacar que los niños poseen los derechos que corresponden a todos los seres humanos –menores y adultos– y tienen además derechos especiales derivados de su condición, a los que corresponden deberes específicos de la familia, la sociedad y el Estado”. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_17_esp.pdf 21Convención sobre los Derechos del Niño, art. 4: “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención…”.
22 Convención Belén Do Pará, art. 9: “Para la adopción de las medidas a que se refiere este capítulo, los Estados Partes tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada. En igual sentido se considerará a la mujer que es objeto de violencia cuando está embarazada, es discapacitada, menor de edad, anciana, o está en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad”.
23 Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, ratificada por el Estado boliviano por la Ley 1100 de 15 septiembre de 1989. 24Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Caso L. C. vs. Perú, Comunicación 22/2009 de 18 de junio. Documento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) CEDAW/C/50/D/22/2009 (25 de noviembre de 2011).
25 Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/ninosninas3.pdf
27 Marina Gascón Abellán, “Cuestiones probatorias”. Editorial Universidad Externado de Colombia, serie de teoría jurídica y filosofía del derecho. Primera edición, Bogotá D.C. 2012, p. 76. 28Ante la incapacidad de alcanzar verdades absolutas, el concepto de probabilidad constituye el criterio o método racional del conocimiento empírico o de los hechos. GASCÓN ABELLÁN, ob. cit., p. 49.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1088_2025-S1.pdf · páginas 1 a 46.
Huella digital del PDF (SHA-256): 788276ee6efab33c30085983fdb9254690a34f035bd4faee58844ed6c4486aa6
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