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SCP 1087/2026-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 9 de julio de 2026

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera Especializada
Fecha
9 de julio de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Expediente
53180-2023-107-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de los derechos a la libertad y seguridad personal; así como, al principio de celeridad; puesto que, el Auto de Vista 818/2022 de 4 de noviembre, dispuso la medida cautelar de detención domiciliaria junto con otras medidas de carácter personal, entre las mismas se encuentra como requisito la vigilancia de dos custodios policiales, dispuestos por el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, ese aspecto fue puesto a conocimiento del Director ahora accionado, mediante Oficio con CITE: Of. 314/2022 de 11 de noviembre; empero, hasta la fecha de interposición de la presente acción de defensa el citado Director no informó si se cuenta o no con el personal necesario para cumplir con la vigilancia impuesta. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) Subsidiariedad excepcional en acción de libertad; y, ii) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 46/2022 de 15 de noviembre, cursante de fs. 22 a 26 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal y Perdida de Dominio Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

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Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Subsidiariedad excepcional en acción de libertad
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1087/2026-S1 Sucre, 9 de julio de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 53180-2023-107-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 46/2022 de 15 de noviembre, cursante de fs. 22 a 26 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Eddy Santos Sirpa Quispe en representación sin mandato de Orlando Hernández Moreno contra David Rodolfo Machicado Cuela, Director del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 14 de noviembre de 2022, cursante de fs. 3 a 4, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona -Orlando Hernández Moreno-, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, previsto y sancionado por el art. 48 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas -Ley 1008 de 19 de julio de 1988-, signado con el IANUS 201618665, desde 2016, se encuentra injustamente detenido preventivamente en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, ejerciendo sus derechos solicitó audiencia de cesación de la detención preventiva conforme establece el art. 239 del Código de Procedimiento Penal (CPP), celebrada la mencionada audiencia la Jueza de la causa emitió la resolución, rechazando su solicitud de cesación de la detención preventiva, contra la cual, planteó recurso de apelación incidental, radicandose la causa en la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que emitió el Auto de Vista 818/2022 de 4 de noviembre, revocando dicha determinación y otorgó la medida cautelar de detención domiciliaria junto con otras medidas de carácter personal. Sin embargo, .

una semana después de haberse emitido el referido Auto de Vista se le imposibilitó efectuar dichas medidas; ya que, entre las mismas se encuentran como requisito la vigilancia de dos custodios policiales, dispuestos por el referido Centro Penitenciario, ese aspecto fue puesto a conocimiento del Director ahora accionado mediante Oficio con CITE: Of. 314/2022 de 11 de noviembre; empero, “hasta la fecha” -se entiende de interposición de la presente acción de defensa- el indicado Director no informó si se cuenta o no con el personal necesario para cumplir con la vigilancia impuesta. Por lo que, esa dilación le impide acceder y gozar de la medida sustitutiva dispuesto judicialmente y en consecuencia, se encuentra indebidamente privado de libertad.

I.1.2. Derechos y principio supuestamente vulnerados

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de los derechos a la libertad y seguridad personal; así como, al principio de celeridad; citando al efecto el art. 23.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se ordene al “Gobernador” del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, que disponga de forma inmediata, la respuesta al -Oficio con CITE: Of. 314/2022 de 11 de noviembre-, sea con la designación de custodios policiales para su vigilancia o en su defecto, proceda a la representación de dicho Oficio.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 15 de noviembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 20 a 21, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado, en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

David Rodolfo Machicado Cuela, Director del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, en audiencia, manifestó que: a) No existe la vulneración al principio de celeridad; puesto que, el Oficio con CITE: Of. 314/2022 al que hace mención el accionante, fue presentado el 11 de noviembre de 2022, en horas de la tarde y el día de “hoy” 15 de igual mes y año, el Jefe de Seguridad Externa del referido Centro Penitenciario emitió la respuesta y seguramente “…mañana a primera hora de la mañana, ya estará la respuesta en el juzgado con la debida información…” (sic), si se cuenta o no con escoltas al momento; b) Es oportuno .

aclarar que “a la fecha” -se entiende de presentación de esta acción de libertad- el indicado Centro Penitenciario, acoge a tres mil doscientos setenta y siete privados de libertad y que diariamente ingresan entre ciento cincuenta a ciento sesenta memoriales, los mismos son derivados a las áreas correspondientes, para su atención que demora entre cuatro a cinco días para otorgar respuesta; y, c) El accionante debió accionar ante los tribunales de justicia, considerando que se encuentra recluido desde el año 2016, y recién después de seis años, el nombrado está consiguiendo lo que pretende; empero, interpone la presente acción de libertad contra el Director hoy accionado por un día sin que hubiese remitido respuesta, cuando lo normal es que el referido tramite se cumple en un plazo de cinco días; por lo que, solicitó se deniegue la tutela.

I.2.3. Participación de la tercera interviniente

Patricia Mendoza Murillo, Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del departamento de La Paz, no asistió a la audiencia de consideración de la acción de libertad, ni remitió informe alguno pese a su notificación cursante a fs.9.

I.2.4. Resolución

El Juez de Sentencia Penal y Perdida de Dominio Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 46/2022 de 15 de noviembre, cursante de fs. 22 a 26 vta., denegó la tutela solicitada, disponiéndose que el accionante debe acudir a la autoridad competente, que tiene el control jurisdiccional a objeto de hacer conocer los actos que vulneran sus derechos constitucionales; debido a que, existen otros mecanismos legales a través de los cuales el accionante puede hacer valer sus derechos presuntamente vulnerados; todo ello, bajo los siguientes fundamentos: 1) En el presente caso el accionante señaló que mediante “nota” -Oficio con CITE: Of. 314/2022 de 11 de noviembre-, el Juzgado de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del referido departamento, puso a conocimiento del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, la resolución por la cual en aplicación al art. 231 bis de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, se dispuso entre otras medidas la detención domiciliaria, la misma que debe ser cumplida con dos custodios policiales debidamente acreditados por el mencionado Centro Penitenciario y que al presente el Director ahora accionado no hubiese cumplido con dicha disposición, al respecto conforme a lo manifestado por el propio accionante, evidenciándose que se encuentra involucrado en un proceso penal seguido por el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, en el referido proceso la autoridad judicial con competencia y jurisdicción emanada dispuso su detención preventiva, en consecuencia, no existe una detención ilegal ni indebida; y, 2) De la propia argumentación efectuada por el accionante, se observa que su proceso penal .

se encuentra bajo el control jurisdiccional del indicado Juzgado, quien dispuso la detención domiciliaria con dos custodios policiales; empero, al no existir una respuesta al Oficio con CITE: Of. 314/2022; por lo cual, solicitó la asignación de dos custodios policiales, el accionante debió acudir de forma oportuna ante el mencionado Juzgado, antes de acudir a la jurisdicción constitucional, debió agotar los mecanismos intraprocesales que la ley le otorga, a objeto de dar a conocer que el Director ahora accionado no se hubiese pronunciado con relación a la asignación de dos custodios policiales, con el objeto de cumplir la medida de detención domiciliaria y una vez agotada la referida vía, acudir a la jurisdicción constitucional. En vía de aclaración complementación y enmienda, el accionante a través de su abogado, solicitó al Juez de garantías, se aclare si se ingresó en el fondo de la presente acción tutelar. En mérito a esa solicitud, el Juez de garantías en audiencia emitió el Auto de 15 de noviembre de 2022; por el cual, refirió que se está aplicando el principio de subsidiariedad que limita a sus autoridades a ingresar a considerar el fondo de la problemática planteada; puesto que, no se agotaron los medios intraprocesales, en consecuencia se dispuso en la parte dispositiva que previamente debe acudir a la autoridad jurisdiccional que tiene el control, a objeto de hacer conocer los actos que considera vulnerados por parte del Director hoy accionado.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Asimismo, por Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución a Comisión de Admisión de los expedientes sorteados a los Magistrados cesados, los cuales se encontraban pendientes de resolución, a efecto de que se realice un nuevo sorteo, con la finalidad de que los actuales Magistrados asuman conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas; por consiguiente, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es dictada dentro del plazo establecido. Mediante decreto constitucional de 13 de marzo de 2026, cursante a fs. 37, se dispuso la suspensión de plazo para la emisión de la correspondiente resolución a efectos de recabar documentación complementaria, reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el decreto constitucional de 8 de julio del citado año, cursante a fs. 41; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del término legal.

II. CONCLUSIÓN

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De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Oficio con CITE: Of. 314/2022 de 11 de noviembre, con referencia “SOLICITUD DE CUSTODIOS” presentado ante el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, Patricia Eugenia Mendoza Murillo, Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del referido departamento, -hoy tercera interviniente- puso en conocimiento el Auto de Vista 818/2022 de 4 de noviembre emitido por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento, a través del cual, se dispuso medidas cautelares distintas de la detención preventiva en favor de Orlando Hernández Moreno -ahora accionante-, una de ellas, la detención domiciliaria con la vigilancia permanente de dos custodios policiales, a ser designados por el indicado Centro Penitenciario (fs. 11 a 12).

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de los derechos a la libertad y seguridad personal; así como, al principio de celeridad; puesto que, el Auto de Vista 818/2022 de 4 de noviembre, dispuso la medida cautelar de detención domiciliaria junto con otras medidas de carácter personal, entre las mismas se encuentra como requisito la vigilancia de dos custodios policiales, dispuestos por el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, ese aspecto fue puesto a conocimiento del Director ahora accionado, mediante Oficio con CITE: Of. 314/2022 de 11 de noviembre; empero, hasta la fecha de interposición de la presente acción de defensa el citado Director no informó si se cuenta o no con el personal necesario para cumplir con la vigilancia impuesta. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) Subsidiariedad excepcional en acción de libertad; y, ii) Análisis del caso concreto.

III.1. Subsidiariedad excepcional en acción de libertad

La SCP 0213/2025-S1 de 25 de marzo, reiterando el razonamiento de la SCP 0584/2018-S1 de 1 de octubre, sobre la verificación de existencia de mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos y oportunos para restituir el derecho a la libertad o procesamiento indebido vinculado a esta, señala que: «Se tiene establecido que las lesiones a la libertad física o de locomoción generadas dentro de procesos judiciales, están llamadas a ser restauradas por la misma jurisdicción ordinaria donde se tramita la causa, a través de los medios y recursos idóneos, .

oportunos y eficaces previstos en el ordenamiento jurídico para la restitución de derechos; y, solo en caso de ser agotados sin que se produzca el restablecimiento solicitado, es posible acudir a la justicia constitucional, ello en observancia al principio de subsidiariedad que establece que no debe existir otro medio procesal idóneo, efectivo y oportuno previo a la interposición de esta acción de defensa.

En ese sentido se ha pronunciado, entre otras, la SCP 1424/2016-S3 de 6 de diciembre, asumiendo los entendimientos sentados por el anterior Tribunal Constitucional, sosteniendo que: “…la SC 0008/2010-R de 6 de abril, estableció que: ‘I. El recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad, es el medio idóneo y eficaz para conocer y restituir cualquier tipo de lesión o vulneración que pueda atentar al derecho a la vida, la libertad o constituir una persecución o procesamiento indebido que atente o ponga en peligro el derecho a la libertad, cuando de acuerdo a las circunstancias concretas, a pesar de existir mecanismos de protección específicos y establecidos por la ley procesal vigente, éstos resulten ser evidentemente inoportunos o inconducentes, de manera tal que esta acción de defensa, por la urgencia de la situación, se configura como el medio más eficaz para restituir los derechos afectados; empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas”’» (las negrillas nos corresponden).

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de los derechos a la libertad y seguridad personal; así como, al principio de celeridad; puesto que, el Auto de Vista 818/2022 de 4 de noviembre, dispuso la medida cautelar de detención domiciliaria junto con otras medidas de carácter personal, entre las mismas se encuentra como requisito la vigilancia de dos custodios policiales, dispuestos por el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, ese aspecto fue puesto a conocimiento del Director ahora accionado, mediante Oficio con CITE: Of. 314/2022 de 11 de noviembre; empero, hasta la fecha de interposición de la presente acción de defensa el citado Director no informó si se cuenta o no con el personal necesario para cumplir con la vigilancia impuesta. De la revisión de antecedentes, se evidencia que mediante Oficio con CITE: Of. 314/2022 con referencia “SOLICITUD DE CUSTODIOS”

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ante el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, la Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del referido departamento, -hoy tercera interviniente- puso en conocimiento el Auto de Vista 818/2022 emitido por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento, a través del cual, se dispuso medidas cautelares distintas de la detención preventiva en favor del accionante, una de ellas, la detención domiciliaria con la vigilancia permanente de dos custodios policiales, a ser designados por el indicado Centro Penitenciario (Conclusión II.1.). Ahora bien, conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídicos III.1. de la Presente Sentencia Constitucional Plurinacional, cuando existan las lesiones a la libertad física o de locomoción generadas dentro de procesos judiciales, están llamadas a ser restauradas por la misma jurisdicción ordinaria donde se tramita la causa, a través de los medios y recursos idóneos, oportunos y eficaces previstos en el ordenamiento jurídico para la restitución de derechos; y, solo en caso de ser agotados sin que se produzca el restablecimiento solicitado, es posible acudir a la jurisdicción constitucional. De la revisión del cuaderno procesal, se advierte que la problemática en cuestión radica en que el accionante fue favorecido con la medida cautelar de detención domiciliaria con la presencia de dos custodios policiales debidamente acreditados por el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, ese aspecto fue puesto a conocimiento del Director ahora accionado, mediante Oficio con CITE: Of. 314/2022; empero, hasta la fecha de interposición de la presente acción de defensa el mencionado Director no informó si cuenta o no con el personal necesario para cumplir con la vigilancia impuesta; además, el accionante refirió que “…no se tiene algo claro…” (sic) de que el Director hoy accionado hubiese derivado a las áreas correspondientes o respondido el mencionado Oficio; por lo que, acudió de forma directa al presente mecanismo de defensa, pretendiendo que se resuelva la referida problemática -solicitando dos custodios policiales- cuando se tiene una autoridad de control jurisdiccional quien conoce la causa. En ese marco, conforme a los antecedentes se tiene el accionante solicitó audiencia de cesación de la detención preventiva en la que la Jueza de la causa mediante resolución rechazó su petición, contra la cual, planteó recurso de apelación incidental; por lo que, la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a través del Auto de Vista 818/2022, revocó dicha resolución y otorgó la medida cautelar de detención domiciliaria junto con otras medidas de carácter personal, entre las mismas se encuentra como requisito la vigilancia de dos custodios policiales, dispuestos por el Centro Penitenciario San Pedro del mismo departamento, ese aspecto fue puesto a conocimiento .

del Director ahora accionado, mediante Oficio con CITE: Of. 314/2022; sin embargo, hasta la fecha de interposición de la presente acción de defensa el citado Director no informó si se cuenta o no con el personal necesario para cumplir con la vigilancia. Por lo señalado, si bien el accionante fue favorecido con la medida cautelar de detención domiciliaria, ese aspecto fue puesto en conocimiento del Director hoy accionado, mediante Oficio con CITE: Of. 314/2022 emitido por la Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del departamento de La Paz; empero, hasta la fecha de interposición de la presente acción de libertad el mencionado Director no informó si se cuenta o no con el personal necesario para cumplir con la vigilancia; en consecuencia, la dilación injustificada estaría vulnerando sus derechos fundamentales; más aún, cuando hay una orden judicial expresa para la efectivización de la detención domiciliaria con custodio, quedando abierta la posibilidad de que el accionante, acuda ante la Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del indicado departamento, quien emitió el referido Oficio al Director ahora accionado, a efectos de que la señalada Jueza en ejercicio del control jurisdiccional, vele por el cumplimiento de sus derechos y garantías, y de esta forma pueda resolver la denuncia del accionante, en el presente caso la falta de respuesta a su Oficio con CITE: Of. 314/2022. Cabe aclarar que la jurisdicción constitucional solo se activa cuando los agravios son oportunamente denunciados y agotados en sus instancias en la vía ordinaria; bajo ese contexto, este mecanismo constitucional no procede, en aplicación de la excepción al principio de subsidiariedad; de lo contrario, se crearía una disfunción procesal contraria al orden jurídico; por consiguiente, de acuerdo al Fundamento Jurídico III.1. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, el mismo no puede activarse; razón por la cual, corresponde denegar la tutela solicitada, sin ingresar al análisis de fondo de la problemática. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 46/2022 de 15 de noviembre, cursante de fs. 22 a 26 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal y Perdida de Dominio Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

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Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1087_2026-S1.pdf · páginas 1 a 9.

Huella digital del PDF (SHA-256): e82719c7d583de6c7adfb9f66efc185b0b08047a82550837b0fed47484b86cc7

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