Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 10 de septiembre de 2025
Concede en parte la tutela
El accionante denuncio la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia, impugnación, tutela judicial efectiva, presunción de inocencia, “iura novit curia; por homine y legalidad; así como del derecho a la propiedad; toda vez que, la Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Auto de Vista 231/2023 de 27 de marzo, declaró admisible su recurso de apelación y la procedencia parcial del agravio vinculado a la detención preventiva, sustituyéndola por su internación en un centro de rehabilitación incurriendo en incongruencia, respecto: a) A los reclamos expresados en audiencia de apelación sobre la probabilidad de autoría prevista en el art. 233.1 del CPP, en relación al tipo penal imputado de Transporte -art. 55 de la Ley 1008- y la acreditación del delito de Consumo y tenencia para el consumo -art. 49 de la Ley 1008-; b) A los riesgos procesales de fuga y obstaculización previstos en los arts. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 118/2023 de 16 de junio, cursante de fs. 103 a 109 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia, 1º CONCEDER en parte la tutela impetrada, respecto a la denuncia de lesión al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, congruencia, tutela judicial efectiva, legalidad y derecho a impugnar, vinculada al agravio sobre la confiscación del vehículo de propiedad del accionante, disponiendo dejar sin efecto en parte el Auto de Vista 231/2023 de 27 de marzo, y ordenando que la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emita un nuevo pronunciamiento, con base a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, siempre y cuando por el transcurso del tiempo la situación jurídica reclamada no haya sido modificada. 2º DENEGAR la tutela, respecto al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, congruencia, impugnación, tutela judicial efectiva, presunción de inocencia, iura novit curia, pro homine y legalidad, así como del derecho a la propiedad y a la propiedad privada, respecto a los otros agravios expresados en el recurso de apelación del impetrante de tutela. 3º Exhortar a los Vocales de la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que en futuras acciones tutelares que sean de su conocimiento observen la jurisprudencia emitida por este Tribunal con relación a los terceros interesados.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1086/2025-S3 Sucre, 10 de septiembre de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional Expediente: 57143-2023-115-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 118/2023 de 16 de junio, cursante de fs. 103 a 109 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Sergio Carlo Cruz Tejerina contra Margot Pérez Montaño, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
Por memorial presentado el 16 de mayo de 2023, cursantes de fs. 53 a 66 vta., el accionante manifestó lo siguiente:
En la mañana del 14 de marzo de 2023, fue arrestado por personal de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) Zona Sur de la ciudad de La Paz, a cargo del funcionario policial Héctor Millares Apaza, y posteriormente fue trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) de la ciudad de El Alto, al habérsele encontrado en posesión de marihuana; no obstante, la recolección de elementos de prueba se realizó de forma arbitraria e ilegal, dándose así inicio al proceso penal en su contra por la presunta comisión del delito de transporte de sustancias controladas, previsto en el art. 55 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas -Ley 1008 de 19 de julio de 1998-, causa con Código Único de Denuncia (CUD) 201102062300038. En el marco de dichas actuaciones, prestó su declaración informativa ante el Ministerio Público, explicando que la sustancia hallada era para su uso personal, debido a un cuadro depresivo derivado del fallecimiento de su padre, la ruptura con su pareja y el hecho que su lugar de trabajo se encuentra en una zona aislada, circunstancias que lo llevaron a consumir marihuana desde temprana edad, habiendo recibido incluso tratamiento psicológico y de rehabilitación antes del inicio del proceso penal; no obstante, a pesar de las explicaciones la representación fiscal emitió la Resolución de Imputación Formal de 15 de marzo de 2023, atribuyéndole el referido delito y solicitando su detención preventiva; además de la confiscación de su vehículo, sin demostrar indicios objetivos ni establecer un hilo conductor que acredite el transporte de la sustancia controlada de un lugar a otro por un precio convenido, apartándose del precedente establecido en el “Auto Supremo N°314/2015-RR”. En la audiencia de consideración de medidas cautelares personales, el Juez de Instrucción Penal Segundo de la Zona Sur del departamento de La Paz, mediante Auto Interlocutorio 102/2023 de 16 de marzo, dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, por el lapso de sesenta días y la confiscación de su vehículo marca JAC, color gris, con placa de control 4788 GFD, modelo 2019, en favor del Estado, sin valorar los elementos probatorios ni los argumentos de la defensa técnica que acreditaban su condición de consumidor y la inexistencia de riesgos procesales. Vulneración del debido proceso en su elemento fundamentación en el primer fallo judicial Con relación a la probabilidad de autoría -art. 233.1 del CPP-, con la prueba presentada en audiencia cautelar -informe psicológico, prueba toxicológica y el Auto Supremo 209/2017 de 21 de marzo- acreditó que es adicto a la marihuana y que consumió esta sustancia antes de su detención, lo cual quiere decir que lo encontrado era para su consumo personal, destruyéndose así la hipótesis del Ministerio Público; sin embargo, el Juez de la causa mediante Auto Interlocutorio 102/2023, se remitió únicamente a la prueba del Ministerio Público y si bien concluyó en base en la misma que sería consumidor, refirió que se encuentra sujeto a un proceso investigativo, causando así agravio y un perjuicio a sus derechos y garantías; motivo por el que, interpuso su recurso de apelación. Falta de fundamentación, motivación y congruencia, así como el ilegal pronunciamiento sobre la medida cautelar real de confiscación de su vehículo en el pronunciamiento de alzada Interpuesto el recurso de apelación incidental, fue conocido y resuelto por la Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora demandada-, quien mediante Auto de Vista 231/2023 de 27 de marzo, declaró la admisibilidad de su recurso y la procedencia parcial del agravio vinculado a la detención preventiva, incurriendo en las siguientes irregularidades. Los agravios expuestos en su recurso de apelación respecto a la probabilidad de autoría no fueron contrastados ni analizados en el Auto de Vista 231/2023, limitándose a motivar la comparación realizada en relación al gramaje permitido para el consumo en otros países, citando el Auto Supremo 209/2017 RRC, pero sin hacer ninguna valoración sobre su contenido, para concluir que la calificación del hecho puede ser modificado incluso antes de dictar sentencia. Incurrió en incongruencia externa al no referirse a los agravios fundamentados en la audiencia de apelación, entre ellos, que el Juez a quo mencionó que se había acreditado el delito de consumo y tenencia para el consumo y tampoco explicó cómo se cometió el ilícito de “Tránsito” -lo correcto es Transporte-, requisito según la jurisprudencia constitucional para acreditar la probabilidad de autoría; lo cual además, implica una motivación arbitraria pues no se valoró la prueba presentada en audiencia de medidas cautelares. Por otra parte, es incongruente respecto a lo manifestado por su defensa técnica en apelación, habiendo incumplido la verificación del art. 231.1 del CPP, contrariamente a la previsión del art. 235 ter en relación al art. 398, ambos del mismo cuerpo normativo, que obligaban a la emisión de un fallo debidamente fundamentado circunscribiéndose a los agravios de la apelación. También existe incongruencia interna, pues la autoridad demandada estableció que, solo por el hecho de haberle encontrado en posesión de sustancias controladas, su conducta se subsumía al delito de transporte, previsto en el art. 55 de la Ley 1008, señalando que debía promoverse la investigación a partir de este tipo penal, cuando en la parte resolutiva concluyó en la existencia del delito de consumo y tenencia para el consumo, previsto y sancionado por el art. 49 del mismo cuerpo legal, disponiendo por ello su rehabilitación, contradicción que se evidencia porque el tipo penal de transporte no admite la posibilidad de internación en un instituto de farmacodependencia; por lo que, para imponer la rehabilitación, bajo los principios iura novit curia, pro homine, legalidad y congruencia, la Vocal demandada debió circunscribir la probabilidad de autoría al delito de consumo o tenencia para el consumo, careciendo entonces la decisión de fundamentación, motivación y congruencia. Con relación a los riesgos procesales de fuga y obstaculización previstos en los arts. 234.7 y 235.2 del CPP, hizo referencia a la presentación en audiencia de apelación del certificado del Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP), la posibilidad de influenciar negativamente en los tres funcionarios policiales que intervinieron en el hecho investigado, así como a la inexistencia de razones y pruebas por las cuales el Ministerio Público y el Juez a quo consideraron que estos últimos podían ser influenciados, a través de amenazas, hostigamiento o por un status económico o relevante; sin embargo, la Vocal demandada incurrió en fundamentación omisiva -citra petita- al señalar que en apelación no es posible tomar en cuenta prueba que no fue presentada en audiencia cautelar, basándose entonces este riesgo en suposiciones judiciales sin tomar en cuenta la SCP 1109/2022-S1 de 5 de octubre. Ahora bien, dispuesta la confiscación de su vehículo por el Juez a quo, debido al requerimiento indebido del Ministerio Público, la Vocal demandada erróneamente concluyó que el Juez de primera instancia no había ordenado tal medida; en tal sentido, ante la solicitud de complementación, explicación y enmienda prevista en el art. 125 del CPP, reconoció su error luego que se le leyó la parte resolutiva del fallo apelado, pero al verse imposibilitada de modificar el fondo de lo resuelto, manifestando desconocer la medida cautelar de carácter real que debía aplicarse, declaró “NO HA LUGAR” la complementación solicitada, lesionando con ello el derecho a la impugnación a través de una motivación omisiva, arbitraria e incongruente respecto del Auto Interlocutorio 102/2023 y los fundamentos de la apelación, sin considerar que existen otras medidas cautelares reales para poner a buen recaudo el vehículo como el secuestro, la anotación preventiva y la incautación; consecuentemente, también lesiona el derecho a la tutela judicial efectiva o acceso a la jurisdicción. Finalmente, al omitir pronunciarse sobre todos los agravios de su recurso de apelación, existe una contraposición al derecho de recurrir; pero además, esta falta de pronunciamiento sobre la confiscación de su vehículo sin ningún fundamento legal, limitó el derecho propietario sobre el mismo, pues no se consideraron otros mecanismos legales idóneos; por lo que, con abuso de poder fue desapoderado de su motorizado sin que existe una sentencia condenatoria ejecutoriada, inobservando el art. 365 del CPP, al tratarse de una medida que lo despoja definitivamente de su derecho propietario, afectando el principio de la presunción de inocencia.
Denunció la lesión de su derecho a la propiedad, así como al debido proceso en sus elementos impugnación, tutela judicial efectiva, fundamentación, motivación, congruencia, iura novit curia, pro homine, legalidad y presunción de inocencia; citando al efecto, los arts. 56.I, 115.II, 116.I, 117.I y II y 180.II con relación al 13 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 y 17.1 y 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH); 8.2, 21.1 y 2, y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); 18 de la Declaración Americana de los Derechos del Hombre (DADH); y, 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Solicita se conceda la tutela y, en consecuencia: a) Se deje sin efecto y/o se anule en parte la Auto de Vista 231/2023 de 27 de marzo, el Auto de complementación, aclaración y enmienda de la misma fecha, así como las posteriores actuaciones; b) Se emita una nueva resolución de manera inmediata, respondiendo a los agravios expuestos en la audiencia del recurso de apelación referidos a la probabilidad de autoría, la subsunción de la conducta al delito de consumo y tenencia para el consumo por el cual procede la rehabilitación, la inexistencia del peligro de obstaculización y la imposibilidad de aplicar la medida real de confiscación; y, c) Debiendo expresamente quedar inalterable la medida de rehabilitación dispuesta en alzada.
Celebrada la audiencia pública virtual el 16 de junio de 2023, según consta en acta cursante de fs. 98 a 102 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, a través de sus abogados, ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola, señaló que: 1) La autoridad judicial demandada no fundamentó de manera adecuada el agravio referente a la probabilidad de autoría, ni los riesgos procesales previstos en los arts. 233.1, 233.2 y 235.2 del CPP; así como la medida cautelar real de confiscación del vehículo, dispuesta en contravención al art. 365 del mismo cuerpo legal; 2) Sostuvo que, pese a haber demostrado en audiencia de medidas cautelares su condición de consumidor de marihuana, mediante informe psicológico e informe toxicológico, la juez de instancia dispuso indebidamente su detención preventiva y la confiscación de su vehículo; alegó que tales pruebas -junto con la jurisprudencia del Auto Supremo 209/2017-RRC- acreditaban que la sustancia incautada era para consumo personal y no para transporte; por lo que, el Ministerio Público y el juez de instrucción vulneraron el debido proceso y el principio de fundamentación, aspecto que fue ratificado por la autoridad judicial demandada; 3) Argumentó que el Auto Interlocutorio 102/2023, emitido por el Juez de instancia, no valoró las pruebas presentadas ni justificó adecuadamente la probabilidad de autoría, configurando una vulneración al derecho a la motivación; añadió que en apelación, la autoridad judicial demandada mediante la Resolución 231/2023 de 27 de marzo de 2023, no analizó los agravios planteados por la defensa, limitándose a realizar una fundamentación insuficiente y contradictoria; 4) Señaló que la Vocal demandada incurrió en incongruencia externa e interna, puesto que en su resolución afirmó que la conducta del imputado se subsumía al delito de transporte de sustancias controladas; no obstante, en la parte resolutiva dispuso la medida de rehabilitación, propia del delito de consumo o tenencia para el consumo; a su entender dicha contradicción vulnera los principios de legalidad, congruencia e iura novit curia, afectando directamente el debido proceso; 5) Asimismo, denunció que la autoridad judicial demandada no se pronunció sobre la ilegalidad de la medida de confiscación del vehículo, a pesar que el art. 365 del CPP -modificado por la Ley de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas -Ley 913 de 16 de marzo de 2017- establece que la confiscación únicamente procede cuando existe sentencia condenatoria ejecutoriada; y, 6) Sostuvo que, tampoco fundamentó de forma suficiente la existencia de riesgo procesal de obstaculización, al señalar de forma genérica que el imputado podría influir en tres efectivos policiales sin precisar su identidad, funciones o la existencia de elementos objetivos que acrediten tal posibilidad.
Margot Pérez Montaño, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a través de informe escrito presentado el 15 de junio de 2023, cursante de fs. 94 a 96, solicitó se deniegue la tutela impetrada, en merito a los siguientes argumentos: i) Señaló que mediante el Auto de Vista 231/2023, se declaró la procedencia parcial del recurso de apelación interpuesto por el accionante contra el Auto Interlocutorio 102/2023 de 16 de marzo de 2023, que había dispuesto la detención preventiva; ii) Sostuvo que actuó dentro de los límites de su competencia conforme al art. 398 del CPP y al principio de imparcialidad previsto en el art. 178.I de la CPE, al haberse pronunciado únicamente sobre los agravios expresamente planteados en la apelación; afirmó que el Auto de Vista fue emitido con base en fundamentos de hecho, derecho y jurisprudenciales; por lo que, no vulnera el debido proceso ni adolece de falta de motivación; iii) En relación con el agravio sobre la probabilidad de autoría, manifestó que la defensa técnica del accionante cuestionó la calificación del delito de transporte de sustancias controladas sosteniendo que el imputado era únicamente consumidor de marihuana; sin embargo, el Juez de Instrucción Penal Segundo de la Zona Sur del departamento de La Paz, consideró que el Ministerio Público investiga hechos, no tipos penales definitivos, y que la modificación de la tipificación puede efectuarse al concluir la etapa preparatoria o en sentencia; motivo por el cual, no existía agravio que resolver; iv) En cuanto a la alegada incongruencia interna explicó que la disposición de rehabilitación fue una medida sustitutiva menos gravosa, adoptada en consideración a los informes psicológicos y toxicológicos que evidenciaban el consumo de marihuana, pero sin que ello implicara modificar el tipo penal en esta etapa procesal; v) Respecto al cuestionamiento vinculado al riesgo procesal de obstaculización previsto en el art. 235.2 CPP, señaló que la defensa no ofreció ni presentó prueba alguna al momento de interponer la apelación que demuestre que el demandante de tutela no podía influir en los funcionarios policiales mencionados; en tal sentido, invocó la Sentencia Constitucional 1181/2006-R de 24 de noviembre, donde se establece que solo pueden valorarse pruebas ofrecidas o incorporadas válidamente al momento de plantear el recurso de apelación, y que no es posible considerar elementos nuevos fuera de dicho marco; vi) En relación a la observación sobre la confiscación del vehículo, la Vocal demandada reconoció que inicialmente no advirtió dicha disposición en el Auto Interlocutorio 102/2023; sin embargo, en la fase de complementación verificó su existencia; explicó que, no podía pronunciarse sobre el fondo del asunto por respeto al principio de imparcialidad, señalando además que en etapa preparatoria la ley prevé otras medidas reales como secuestro o la anotación preventiva para resguardar bienes; vii) El Auto de Vista 231/2023 cumple con los requisitos de motivación y fundamentación, previstos en los arts. 124 y 173 del CPP, y que las medidas adoptadas -entre ellas la rehabilitación en sustitución de la detención preventiva-fueron dispuestas dentro del marco legal vigente, sin vulnerar el debido proceso, la legalidad ni la tutela judicial efectiva; y, viii) Los Tribunales de garantías constitucionales, no constituyen una instancia revisora de la jurisdicción ordinaria, por lo que la valoración de la prueba, la interpretación de normas o la congruencia de las resoluciones no son materia de control constitucional, salvo que exista una relación directa y acreditada con la vulneración de derechos fundamentales, situación que -según señaló- no ocurrió en el presente caso.
Aly Rosario Venegas Miranda, representante del Ministerio Público, por informe escrito presentado el 15 de junio de 2023, cursante de fs. 91 a 92 vta., solicitó que se deniegue la tutela; señalando que: a) Explicó que el 14 de marzo de 2023, durante un operativo de control vehicular efectuado por la UTOP Zona Sur, el accionante fue interceptado mientras conducía un vehículo marca JAC color plomo con placa de control 4788-GFD; en el asiento trasero se encontró una bolsa de nylon transparente con elemento verduzco de característica a marihuana; practicada la prueba de campo -narco test-, el resultado fue positivo para cannabis; por lo que, se procedió a su aprehensión en flagrancia, al secuestro de la sustancia controlada y del vehículo, y ante la comunicación de los hechos al Ministerio Público, se dispuso el inicio de la investigación penal y la emisión de la Resolución de Imputación Formal, solicitando la detención preventiva; b) Indicó que el juez de instancia mediante Auto Interlocutorio 102/2023, dispuso la detención preventiva del accionante por el lapso de sesenta días, así como la aplicación del procedimiento inmediato otorgándole a la representación fiscal el plazo de treinta días para la presentación del requerimiento conclusivo; c) Señaló que, dentro del plazo establecido por el art. 393 ter parágrafo II, núm. 2 del CPP, se presentó la Acusación Formal de 12 de abril de 2023 contra el impetrante de tutela por el delito de transporte de sustancias controladas, en aplicación del procedimiento especial para delitos flagrantes; d) Informó que el dictamen pericial del 11 de abril de 2023, confirmó la presencia de metabolitos de marihuana (THC) en las muestras analizadas; e) Manifestó que, aunque la defensa alega consumo personal, la cantidad incautada no puede considerarse mínima, y que el propio peticionante de tutela, al momento de su arresto, declaró que la sustancia pertenecía a un amigo, sin admitir su consumo; razón por la cual, el Ministerio Público calificó jurídicamente el hecho como “Transporte de Sustancias Controladas”, y no como “Consumo o Tenencia para el Consumo”; f) En los delitos vinculados al narcotráfico, la cantidad de sustancia no constituye un elemento determinante para su tipificación penal; toda vez que, la Ley 1008 establece un tratamiento especial y riguroso por tratarse de conductas que afectan la salud pública; g) El accionante conserva pleno derecho para ejercer su defensa en juicio oral, instancia en la que se valorarán las pruebas, incluyendo los informes psicológicos o toxicológicos que haya presentado; y, h) Actuó conforme a los arts. 393 bis y siguientes del CPP, cumpliendo con las diligencias propias de la etapa preparatoria y remitiendo el cuaderno de investigaciones a la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de justicia de La Paz, solamente para fines de revisión, reiterando que su actuación se enmarcó dentro del marco de la legalidad, la objetividad y la competencia del funcional del Ministerio Público.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Resolución 118/2023 de 16 de junio, cursante de fs. 103 a 109 vta., denegó la tutela impetrada; bajo los siguientes fundamentos: 1) Se advirtió que el contenido del Auto de Vista 231/2023, respondió a los agravios expuestos por el accionante; 2) Una de las obligaciones de la autoridad jurisdiccional es procurar la reinserción de las personas para que puedan ser reincorporados a la sociedad a través de fallos que se adecuen a dicho propósito; 3) El Auto de Vista impugnado no es definitiva; razón por la cual, no causa estado y la misma puede ser modificada o revocada por la autoridad que está en conocimiento del proceso; 4) Los Tribunales de garantías no constituyen tribunales ordinarios ni de otra instancia destinados a revisar decisiones emitidas por la jurisdicción ordinaria; 5) La acción de amparo carece de claridad en su petitorio, al solicitar que se deje sin efecto y se anule parcialmente el Auto de Vista 231/2023 y su Auto de Complementación y Enmienda, pues una resolución no puede mantenerse en parte y dejarse sin efecto en otra; y, 6) Respecto a la confiscación, los Tribunales de garantía no se encuentran facultados para revocar dichas determinaciones; por lo que, el accionante deberá acudir ante la instancia competente.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido contra el impetrante de tutela por la presunta comisión del delito de transporte de sustancias controladas, el Fiscal de Materia asignado al caso, mediante memorial presentado ante el Juzgado de Instrucción Penal de Turno de la Capital del departamento de La Paz, el 15 de marzo de 2023, dio a conocer el inicio de investigación e imputación formal; asimismo, solicitó la detención preventiva del accionante, la confiscación de su vehículo y la aplicación de procedimiento inmediato por delito flagrante (fs. 33 a 41). II.2. En audiencia de medidas cautelares personales, el Juez de Instrucción Penal Segundo de la Zona Sur de la Capital del departamento de La Paz, mediante Auto Interlocutorio 102/2023 de 16 de marzo, dispuso: i) La detención preventiva del hoy accionante en el Centro Penitenciario San Pedro del mismo departamento, por el lapso de sesenta días, al haberse acreditado la probabilidad de autoría, los peligros de fuga y obstaculización previstos en los arts. 233.1, 234.7 y 235.2 del CPP; ii) La aplicación de procedimiento inmediato para delitos flagrantes, otorgándose para este fin al Ministerio Público el plazo de treinta días a objeto que emita requerimiento conclusivo; y, iii) La confiscación de su vehículo; determinación, que fue objeto de apelación de manera oral en audiencia de conformidad a lo establecido en los art. 251, 403 y 404 del citado cuerpo legal (fs. 4 a 13).
II.3. Mediante Auto de Vista 231/2023 de 27 de marzo, la Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora demandada- declaró la admisibilidad del recurso de apelación incidental, interpuesto por el peticionante de tutela y la procedencia en parte con relación a la detención preventiva, disponiendo medidas cautelares personales previstas en el art. 231 bis del CPP y su internación en un centro de rehabilitación (fs. 14 a 19).
El accionante denuncio la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia, impugnación, tutela judicial efectiva, presunción de inocencia, “iura novit curia; por homine y legalidad; así como del derecho a la propiedad; toda vez que, la Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Auto de Vista 231/2023 de 27 de marzo, declaró admisible su recurso de apelación y la procedencia parcial del agravio vinculado a la detención preventiva, sustituyéndola por su internación en un centro de rehabilitación incurriendo en incongruencia, respecto: a) A los reclamos expresados en audiencia de apelación sobre la probabilidad de autoría prevista en el art. 233.1 del CPP, en relación al tipo penal imputado de Transporte -art. 55 de la Ley 1008- y la acreditación del delito de Consumo y tenencia para el consumo -art. 49 de la Ley 1008-; b) A los riesgos procesales de fuga y obstaculización previstos en los arts. 234.7 y 235.2 del CPP, basados en la inexistencia del REJAP y la influencia negativa en los tres efectivos policiales que intervinieron en el presente caso; y, c) A la confiscación de su vehículo sin que existe una sentencia condenatoria ejecutoriada, omitiendo considerar que existen otras medidas cautelares reales para poner a buen recaudo el vehículo como el secuestro, la anotación preventiva y la incautación. En base a lo anterior, el impetrante de tutela solicita que: 1) Se deje sin efecto y/o se anule en parte la Auto de Vista 231/2023 de 27 de marzo, el Auto de complementación, aclaración y enmienda de la misma fecha, así como las posteriores actuaciones; 2) Se emita una nueva resolución de manera inmediata, respondiendo a los agravios expuestos en la audiencia del recurso de apelación referidos a la probabilidad de autoría, la subsunción de la conducta al delito de consumo y tenencia para el consumo, por el cual procede la rehabilitación, la inexistencia del peligro de obstaculización y la imposibilidad de aplicar la medida real de confiscación; y, 3) Debiendo expresamente quedar inalterable la medida de rehabilitación dispuesta en alzada. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Los estándares de fundamentación y motivación contenidos en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2221/2012 y 0100/2013 -citadas anteriormente-, son aplicables a las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares, conforme a las exigencias específicas en materia procesal penal y a lo dispuesto en los arts. 233.1 y 2; 234 y 235 del CPP. Ahora bien, la modulación efectuada por la SCP 0014/2018-S2, que analiza previamente la relevancia constitucional, para disponer la nulidad de la resolución cuando se denuncia arbitraria o insuficiente motivación, no alcanza a las resoluciones que imponen la medida cautelar de detención preventiva, en las que sí, es exigible disponer la nulidad y realizar el reenvío ante la autoridad jurisdiccional ordenando se emita nueva resolución; por cuanto en estos casos, aun se advierta que la corrección de una decisión con fundamentación o motivación arbitraria o insuficiente, no modificará la parte resolutiva, esto es, la decisión de la detención preventiva; sin embargo, es esencial que el imputado y el juez o tribunal conozcan las razones jurídicas que sustentaron la decisión de detención preventiva respecto a las condiciones establecidas en el art. 233.1 y 2 del CPP, vinculadas a los arts. 234 y 235 del citado cuerpo legal; es decir, es esencial que conozcan cuáles fueron los elementos de convicción y supuestos que determinaron la imposición de la medida, a efectos que: a) Por una parte, el imputado pueda solicitar en el futuro su cesación, aportando nuevos elementos de convicción que demuestren que ya no concurren los motivos que la determinaron, y por tanto, solicite medidas sustitutivas o su libertad irrestricta; y, b) Por otra, el juez o tribunal analice de manera ponderada, si los nuevos elementos de convicción que aportó el imputado, demuestran que ya no concurren los motivos que determinaron la medida o la conveniencia que la misma sea sustituida por otra. En efecto, conforme destacó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs. Ecuador, en la Sentencia de 21 de noviembre de 2007 sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, la motivación de la decisión judicial que restringe la libertad personal, garantiza el derecho a la defensa, por cuanto, evita que una falta de motivación impida que el imputado conozca las razones por las cuales permanece privado de libertad, además, que le dificulta su tarea de presentar nueva evidencia o argumentos con el fin de lograr su liberación o impugnar de mejor manera una prueba de cargo determinante. Por lo que, tanto la resolución que impone la medida cautelar de detención preventiva, como la que resuelve la apelación deben tener, en palabras de la Corte IDH, una fundamentación suficiente, que permita al privado de libertad conocer los motivos por los cuales se mantiene su restricción a este derecho. Por su parte, el Tribunal Constitucional en la SC 0012/2006-R de 4 de enero, en el Fundamento Jurídico III.1.7, explicó la necesidad constitucional de motivar las resoluciones que disponen la detención preventiva, así como las que rechazan el pedido de su imposición, las que la modifican, sustituyen o revocan, al señalar lo siguiente:
La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, consagrados en el art. 16.IV Constitucional, y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria; sin embargo, ello no supone que las decisiones jurisdiccionales tengan que ser exhaustivas y ampulosas o regidas por una particular estructura; pues se tendrá por satisfecho este requisito aun cuando de manera breve, pero concisa y razonable, permita conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez a tomar la decisión; de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la resolución; y así, dada esa comprensión, puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el ordenamiento; resulta claro que la fundamentación es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla. Más tarde, la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, en el Fundamento Jurídico III.4, sobre la motivación de las resoluciones judiciales, estableció que éstas deben expresar las razones de hecho y derecho en las cuales basa su convicción y el valor que otorga a los medios de prueba que presenten las partes, aclarando que esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes, señalando que:
…la autoridad judicial competente, para adoptar la decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, está obligado a verificar y determinar la concurrencia de los requisitos mencionados por el art. 233 CPP, para lo que deberá contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio Público con los elementos de prueba presentados sobre la concurrencia de los requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 234 y 235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar en derecho la decisión de aplicar la medida cautelar de carácter personal, pues tomando en cuenta que uno de los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho es la motivación de las decisiones de las autoridades públicas, el juez está obligado a expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basa su convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, así como el valor otorgado a los medios de prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado a expresar los presupuestos jurídicos que motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la descripción clara y objetiva de los elementos de convicción concurrentes. Por otra parte, el deber de motivación de las resoluciones judiciales también ataña a los tribunales de apelación, sobre el particular la jurisprudencia constitucional recalcó la importancia de que los tribunales de segunda instancia fundamenten sus decisiones, debido a que en los hechos, hacen una revisión de la resolución del inferior, teniendo especial importancia la del tribunal de apelación, que revisa una decisión que impuso una medida cautelar, que la revoca, la modifica, la sustituye u ordena la cesación de una detención preventiva, por su vinculación con los derechos a la libertad y la presunción de inocencia. Al respecto, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, reiterada, entre otras, por la SCP 0166/2013 de 19 de febrero, en el Fundamento Jurídico III.2, establece que:
…la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar.
Consecuentemente, el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva.
Recogiendo dichos entendimientos, la SCP 0077/2012 de 16 de abril, señala que el art. 398 del CPP establece que los tribunales de alzada deben circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución; lo que no implica, que estos se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución, por la cual, deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, revocarla, sustituirla o disponer la cesación; quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los presupuestos que la normativa legal prevé. En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares o determine la cesación o rechace ese pedido, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP. Cuando se trata de la protección del derecho a la libertad personal por medio del recurso de apelación de la medida cautelar, el análisis del tribunal de alzada, no puede reducirse a una mera formalidad, sino, debe examinar las razones invocadas por el recurrente y manifestarse expresamente sobre cada una de ellas, de acuerdo a los parámetros establecidos en el punto anterior, debiendo expresar fundadamente los motivos por los que considera que efectivamente se dan los riesgos procesales previstos por el art. 233 del CPP. En todo caso, el tribunal de apelación debe realizar una revisión integral del fallo del juez que impuso la medida cautelar, considerando los motivos de agravio que fundamenta el recurso de apelación, los argumentos de contrario, analizar y valorar fundadamente las pruebas 3 El FJ III.3, refiere: “Finalmente, cabe remitirse a lo previsto en el 236 del CPP, entre cuyos requisitos del auto de detención preventiva se encuentran: `3) La fundamentación expresa sobre los presupuestos que motivan la detención, con cita de las normas legales aplicables´. En el marco de las normas legales citadas, aplicables al caso que se examina, se establece que el límite previsto por el art. 398 del CPP a los tribunales de alzada, de circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución, no implica que los tribunales de apelación se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución por la cual deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva, en el entendido que ésta última determinación únicamente es válida cuando se han fundamentado los dos presupuestos de concurrencia, para cuya procedencia deberá existir: 1) El pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiere constituido en querellante; 2) La concurrencia de los requisitos referidos a la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible y la existencia de elementos de convicción suficiente de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad; circunstancias que deben ser verificadas y determinadas por el tribunal y estar imprescindiblemente expuestas en el auto que la disponga, por lo mismo, la falta de motivación por parte de los tribunales de alzada no podrá ser justificada con el argumento de haberse circunscrito a los puntos cuestionados de la resolución impugnada o que uno o varios de los presupuestos de concurrencia para la detención preventiva no fueron impugnados por la o las partes apelantes.
En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos para su procedencia, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP”.
que se traen a su consideración, para finalmente en su determinación, expresar las circunstancias concretas de la causa que le permiten presumir razonadamente la existencia de los riesgos procesales que justifican que se mantenga la detención preventiva; no siendo posible un rechazo sistemático de la solicitud de revisión, limitándose a invocar, por ejemplo, presunciones legales relativas al riesgo de fuga. El tribunal de apelación no puede limitarse a invocar presunciones legales relativas a los riesgos procesales o normas, que, de una forma u otra, establecen la obligatoriedad del mantenimiento de la medida. Si a través del fundamento de la resolución, no se demuestra que la detención preventiva de la persona es necesaria y razonable, para el cumplimiento de sus fines legítimos, la misma deviene en arbitraria. En virtud a lo señalado, la fundamentación y motivación no exige que las resoluciones sean ampulosas, sino que contengan una explicación razonable de los motivos que llevaron a la autoridad judicial a decidir sobre la aplicación de una medida cautelar, en especial la detención preventiva; lo que implica que, se deberá razonar sobre el cumplimiento de los requisitos formales y materiales de legalidad, así como de los principios de proporcionalidad y razonabilidad, siempre que corresponda; aclarándose que, respecto a la proporcionalidad, cuando se analice la necesidad de la medida, no es menester que la autoridad judicial exponga las razones por las cuales se desestima cada una de las medidas sustitutivas previstas en el Código de Procedimiento Penal, sino que explique, por qué resulta indispensable su aplicación en mérito a los riesgos procesales existentes, a partir de la argumentación realizada por el Ministerio Público o la parte acusadora (negrillas añadidas). Precedente constitucional, invocado por la SCP 0447/2018-S2 de 27 de agosto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de las SCP 0506/2018-S2 de 14 septiembre, entre otras, asumió el siguiente entendimiento: La SC 1181/2006-R, entre otras, estableció que podía admitirse prueba en apelación de las medidas cautelares: “…en virtud al principio de favorabilidad, que informa la aplicación de las medidas cautelares, conforme lo determina el art. 221 del CPP, es posible que la prueba presentada en apelación, pueda ser compulsada y valorada por los vocales que conocen la causa al momento de pronunciar Resolución”.
En el mismo sentido, puntualizando los alcances del citado entendimiento, la SC 1251/2006-R de 8 de diciembre, precisó en el Fundamento Jurídico III.4, que:
… pueden ser incorporadas válidamente en la audiencia de apelación, aquellas pruebas que hayan sido ofrecidas o propuestas en el memorial de apelación o a tiempo de interponerla en forma oral; este entendimiento, emerge del derecho a la igualdad que tienen las partes intervinientes en el proceso penal -acusadora e imputada-, el cual exige que ambas actúen en igualdad de condiciones, con similares derechos procesales, oportunidades y posibilidades, para sostener y fundamentar lo que cada cual estime conveniente, ejerciendo los medios de ataque y de defensa; pues una situación contraria, generaría una situación de indefensión, ya que la falta de comunicación procesal de la prueba a la parte contraria le privaría la suficiente oportunidad para preparar la contradicción a esa prueba e incluso de ofrecer otra para desvirtuarla, provocando una vulneración al debido proceso, más cuando la decisión judicial cause un agravio al basarse en las pruebas no ofrecidas oportunamente; siendo pertinente puntualizar, que esa afectación no se producirá si la parte contraria conocía de la prueba que no fue ofrecida e incluso tuvo la oportunidad de contradecirla en la audiencia, habida cuenta que en esta última situación, si bien se vulnera la formalidad, no se afecta la garantía que se protege.
Este razonamiento fue reiterado por las SSCC 1432/2010-R, 0645/2011-R y 1036/2011-R, entre muchas otras. Posteriormente, la SCP 0295/2012 de 8 de junio, cambió dicho precedente y señaló que en apelación de medidas cautelares no es posible valorar nueva prueba, debiendo el tribunal de apelación ceñirse a la revisión del fallo de primera instancia, a lo cuestionado por las partes en la exposición de agravios y a la actuación del juez cautelar. La Sentencia mencionada, entendió expresamente que:
En ese orden de ideas, la apelación incidental no puede sustanciarse en elementos probatorios distintos a los considerados y ponderados por el juez a 4 FJ. III.2.1. “De acuerdo al art. 403 inc. 3) del CPP, el recurso de apelación incidental procede -entre otras- contra la resolución por la que se resolvió una medida cautelar o su sustitución. A este respecto -y a diferencia de la apelación restringida-, destaca que la naturaleza y alcance de este medio de impugnación, radica en que está instituido en el ordenamiento jurídico boliviano con la finalidad de impugnar las resoluciones que se emiten durante la etapa preparatoria del proceso y -en algunos casos- las dictadas durante la etapa de ejecución, pero siempre como emergencia de una determinación asumida ante el planteamiento de una cuestión incidental.
Lo anterior, se sustenta en que la apelación incidental se concibe como un recurso para resolver incidentes y no aquellas cuestiones vinculadas a la causa de fondo o resolución principal; por ello, tiene un trámite sumario, pronto y efectivo, lo que conlleva a que interpuesto y admitido este recurso, se abre la competencia del tribunal de alzada únicamente para la revisión sobre cuestiones de derecho y no de hecho que hubieran sido resueltas por la autoridad judicial a quo; ya que no constituye una nueva instancia en la que sea admisible la consideración de nueva prueba por el tribunal de apelación, que está obligado únicamente a pronunciarse sin más trámite sobre la base exclusiva de los puntos cuestionados de la resolución de primera instancia, ciñéndose a su competencia establecida en el art. 398 del CPP, por cuanto a través del recurso de apelación incidental se impugnan los agravios que el juzgador de primera instancia pudo causar al emitir su fallo.
En ese orden de ideas, la apelación incidental no puede sustanciarse en elementos probatorios distintos a los considerados y ponderados por el juez a quo; de hacerlo, su revisión sería intrascendente, por cuanto los agravios tendrían un sustento sustancialmente diferente a los fundamentos de la resolución cuestionada, de donde resulta la imposibilidad de admitir prueba en apelación incidental sobre lo ya resuelto por el inferior; puesto que desvirtuaría la naturaleza y alcance del recurso de alzada que -se reitera- tiene por objeto únicamente conocer y resolver los puntos apelados en relación al contenido de la resolución emitida por el juzgador a quo y eventualmente corregir las irregularidades en las que habría incurrido al asumir su determinación. Razonamiento que implica el cambio de línea jurisprudencial establecido por las SSCC 1181/2006-R, 1432/2010-R y 1036/2011-R”.
quo; de hacerlo, su revisión sería intrascendente, por cuanto los agravios tendrían un sustento sustancialmente diferente a los fundamentos de la resolución cuestionada, de donde resulta la imposibilidad de admitir prueba en apelación incidental sobre lo ya resuelto por el inferior; puesto que desvirtuaría la naturaleza y alcance del recurso de alzada que -se reitera- tiene por objeto únicamente conocer y resolver los puntos apelados en relación al contenido de la resolución emitida por el juzgador a quo y eventualmente corregir las irregularidades en las que habría incurrido al asumir su determinación. Razonamiento que implica el cambio de línea jurisprudencial establecida por las SSCC 1181/2006-R, 1432/2010-R y 1036/2011-R. Este entendimiento fue asumido por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1922/2013 de 4 de noviembre y 0909/2014 de 14 de junio, entre otras. La SCP 1744/2013 de 21 de octubre, en el FJ. III.4., bajo el nombre de “En la aplicación excepcional de las medidas cautelares, se deberá estar a lo que sea más favorable”, señala:
Estamos en presencia del derecho a la libertad, el cual no puede ser suprimido por aplicación de meros formalismos; si bien es cierto que, las pruebas para acreditar la inexistencia de los riesgos de fuga deben ser presentados ante el juez que establece las medidas cautelares; ello no impide que se deba presentar en la instancia superior, otras pruebas que favorezcan al imputado, destinadas a obtener su libertad o beneficiarse con medidas sustitutivas, las que deben ser valoradas en merito a la obtención posterior y la aplicación del principio de favorabilidad, progresividad in dubio pro reo, sin que ninguna de las pruebas presentadas deba ser rechazada en su valoración. En el mismo sentido, la SCP 2175/2013, en su FJ. III.3. se refirió a la línea contenida en las SSCC 1186/2006-R, 1251/2006-R, estableciendo que todas aquellas pruebas que hayan sido ofrecidas o propuestas en el memorial de apelación o a tiempo de interponerla en forma oral, pueden ser incorporadas válidamente en la audiencia de apelación. Ahora bien, efectuando un examen de la línea jurisprudencial antes referida, las SSCC 1186/2006-R, 1251/2006-R y SSCCPP 1744/2013 y 2175/2013, permiten la incorporación en audiencia de aquellas pruebas ofrecidas o propuestas en el memorial de apelación o a tiempo de interponer el recurso en forma oral, efectuando, por ende, una interpretación amplia del derecho a la defensa, en el marco del principio de favorabilidad.
De la revisión de los antecedentes y conforme a los datos consignados en el presente fallo constitucional, se advierte que, dentro del proceso penal seguido contra el accionante por la presunta comisión del delito de transporte de sustancias controladas, la Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora demandada- mediante Auto de Vista 231/2023, declaró la admisibilidad del recurso de apelación y la procedencia parcial del agravio vinculado a la detención preventiva, sustituyéndola por su internación en un centro de rehabilitación; no obstante, el impetrante de tutela denuncia que la autoridad judicial demandada omitió pronunciarse respecto a todos los agravios planteados en su recurso de apelación, además de no fundamentar y motivar adecuadamente respecto a la probabilidad de autoría, el riesgo procesal de obstaculización previsto en el art. 235.2 del CPP y la confiscación del vehículo considerada indebida. Ingresando al fondo de la problemática traída a revisión, se observa que el 14 de marzo de 2023, el peticionante de tutela fue arrestado por efectivos policiales de la UTOP por la zona Irpavi de la ciudad de La Paz, siendo posteriormente trasladado a dependencias de la FELCN, al habérsele encontrado en el asiento trasero de su vehículo una bolsa nylon transparente conteniendo una sustancia verdusca que luego de realizar la prueba de campo dio como resultado marihuana; razón por la cual, el fiscal asignado al caso emitió imputación formal en contra del accionante por la presunta comisión del delito de transporte de sustancias controladas; asimismo, solicitó la aplicación de procedimiento inmediato por delito flagrante y la confiscación del vehículo marca JAC, color gris, con placa de control 4788 GFD, modelo 2019 (Conclusión II.1). En la audiencia de consideración de medidas cautelares, sustanciada por el Juez de Instrucción Penal Segundo de la Zona Sur de la Capital del departamento de La Paz, mediante Auto Interlocutorio 102/2023 de 16 de marzo, dispuso la detención preventiva del accionante por el lapso de seis meses en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz; la aplicación de procedimiento inmediato, la confiscación de su vehículo y otorgó el plazo de treinta días para que la representación fiscal emita requerimiento conclusivo; ante dicha determinación, el prenombrado a través de su defensa técnica interpuso de manera oral en audiencia recurso de apelación incidental (conclusión II.2); que luego de su correspondiente sorteo llegó a conocimiento de la Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora demandada- quien mediante Auto de Vista 231/2023 declaró la admisibilidad del recurso de apelación incidental y determinó la procedencia en parte de su recurso de apelación con relación a la detención preventiva, disponiendo las medidas cautelares personales de presentarse ante el fiscal todos los miércoles en horas de la mañana, arraigo mientras se encuentre vigente el proceso, presentar dos garantes solventes, además de familiares en caso de fuga, la prohibición de consumo de bebidas alcohólicas y sustancias controladas; y, buscar un centro de rehabilitación para su internación (conclusión II.3). En ese contexto corresponde precisar que conforme al Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, los Tribunales de apelación, al resolver recursos sobre medidas cautelares, deben emitir resoluciones fundamentadas y motivadas al disponer, modificar o confirmar una detención preventiva; la fundamentación exige sustentar jurídicamente la decisión; la motivación, exponer las razones y hechos que la respaldan; toda resolución debe contener elementos de convicción suficientes que acrediten la probabilidad de autoría o participación del imputado y la existencia de riesgos procesales; y, en el caso de los tribunales de alzada deben pronunciarse sobre los puntos impugnados, sin quedar exentos de motivar su fallo; la omisión o deficiencia de motivación vulnera el debido proceso, al impedir conocer las razones del fallo y obstaculizar su control de legalidad; en consecuencia, la motivación y fundamentación debe ser clara, razonada y suficiente, sin la necesidad que las resoluciones sean ampulosas, sino que contengan una explicación razonable de los motivos que llevaron a la autoridad judicial a su decisión. Habiendo realizado dichas precisiones, a efectos de determinar si los actos lesivos denunciados por el accionante existieron, corresponde remitirnos a los agravios y alegatos presuntamente carentes de fundamentación y motivación, y si estos fueron efectivamente resueltos por el Auto de Vista 231/2023 cuestionado; razón por la cual, procederemos a desarrollarlos a continuación: i) Con relación a la probabilidad de autoría
Al respecto, la accionante señaló que se encontraba en posesión de 20 gramos de marihuana, destinados a su consumo y que además en la legislación boliviana no se establecía la cantidad de sustancia controlada para el consumo y el tráfico de sustancias contraladas; razón por la cual, solicitó la aplicación de manera análoga del Auto Supremo 209/2017-RRC del 23 de marzo, al haberse resuelto una situación similar. La Vocal demandada, al respecto manifestó que la probabilidad de autoría se habría configurado porque el accionante se encontraba en posesión de la sustancia controlada denominada marihuana o cannabis y que el Ministerio Público investiga hechos con relación a la calificación del hecho investigado como transporte, previsto y sancionado por el art. 55 de la Ley 1008, estableció que esta es provisional y que podría ser modificado a la conclusión de la atapa preparatoria o incluso a momento de emitir sentencia. De lo expuesto, se advierte que la autoridad judicial demandada, al resolver este agravio del recurso de apelación incidental, explicó que la probabilidad de autoría respecto a la presunta comisión del delito de transporte de sustancias controladas se sustentó en la posesión de marihuana atribuida al accionante, reiterando que la calificación del delito es provisional y puede variar durante el desarrollo del proceso penal, incluso hasta la emisión de la sentencia definitiva; asimismo, indicó que subsistían los riesgos procesales de fuga y obstaculización; razón por la cual, el Juez de Primera Instancia dispuso su detención preventiva en el Recinto Penitenciario de San Pedro de La Paz; sin embargo, al advertir que el solicitante de tutela era consumidor de sustancias controladas, la autoridad de alzada consideró adecuado revocar la medida extrema de detención preventiva, sustituyéndola por medidas cautelares personales y disponiendo su internación en un centro de rehabilitación, en aplicación de los principios de proporcionalidad, humanidad y favorabilidad que rigen las medidas restrictivas de libertad en el marco constitucional. De lo anteriormente desarrollado, se evidencia que la Vocal demandada, al motivar y fundamentar la probabilidad de autoría y modificar la medida de detención preventiva, expuso de manera clara, razonada y suficiente los motivos que la condujeron a adoptar tal determinación; aunque el Auto de Vista 231/2023 no resulta extenso, contiene una argumentación jurídicamente coherente y congruente con los antecedentes procesales, que permite comprender las razones determinantes de la decisión asumida, la resolución impugnada cumple con los requisitos mínimos de motivación, fundamentación y congruencia, garantizando el derecho al debido proceso y el acceso a una justicia razonada y comprensible conforme a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; en consecuencia, corresponde denegar la tutela solicitada con relación al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, congruencia, tutela judicial efectiva, presunción de inocencia, iura novit curia, pro homine y legalidad, al evidenciarse que la autoridad judicial actuó dentro del marco legal y constitucional, respecto del agravio objeto de análisis. ii) Respecto a la motivación y fundamentación de los riesgos procesales de fuga y obstaculización El impetrante de tutela manifestó que el Juez de instancia al momento de fundamentar el riesgo procesal previsto en el art. 234.7 del CPP, basó su decisión en la inexistencia del certificado del REJAP, que acredita que el accionante no contaba con una sentencia condenatoria previa; por tal motivo, durante la audiencia de apelación, presentó la documentación omitida, argumentando que la autoridad judicial de instancia sustentó su decisión en meras suposiciones. Asimismo, señaló que el riesgo de obstaculización previsto en el art. 235.2 del CPP, fue sustentado en la posibilidad que el accionante influya negativamente en tres efectivos policiales que intervinieron el día de los hechos; en consecuencia, a efectos de desvirtuar tal afirmación presentó en audiencia de apelación, el informe elaborado por las autoridades policiales intervinientes, con el fin de demostrar la inexistencia de dicho riesgo procesal. En respuesta a ambos agravios, la Vocal demandada citó la SC 1251/2006-R, en la que se establece que la incorporación de prueba en alzada es válida únicamente cuando dichas pruebas han sido propuestas en el memorial de apelación o al momento de interponer el recurso de manera oral; luego de revisar la interposición del recurso de apelación incidental, la autoridad judicial verificó que la defensa técnica del solicitante de tutela no mencionó la presentación del REJAP para desvirtuar el riesgo de fuga, ni ofreció los informes policiales para descartar el peligro de obstaculización; por esta razón, concluyó que no era posible considerar tales documentales al momento de resolver el recurso, a fin de no vulnerar el derecho de defensa de las partes, disponiendo en consecuencia mantener la concurrencia de ambos riesgos procesales. De lo anteriormente expuesto se infiere que, la autoridad demandada, al motivar y fundamentar su decisión de mantener latentes los riesgos procesales de fuga y obstaculización, informó de manera clara y razonada al peticionante de tutela que, al interponer su recurso de apelación incidental en la audiencia de medidas cautelares, su defensa técnica tenía la obligación de manifestar expresamente su intención de presentar prueba documental -REJAP y los informes emitidos por los efectivos policiales- con el propósito de enervar los riesgos procesales invocados; este razonamiento es coherente y compatible con el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; el cual establece que, una interpretación amplia del derecho a la defensa permite que la prueba presentada en apelación sea examinada, considerada y valorada por los vocales que conocen la causa al momento de emitir la resolución, siempre que dichas pruebas hayan sido ofrecidas o propuestas oportunamente en el memorial de apelación o en la interposición oral del recurso; de esta forma, la autoridad judicial actuó en estricto cumplimiento de la jurisprudencia constitucional aplicable, garantizando la observancia de los principios de seguridad jurídica, congruencia y motivación en la tramitación del recurso.
En el caso concreto, se advierte que al haber interpuesto su recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio 102/2023 de manera oral en la misma audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares personales celebrada el 16 de marzo de 2023, la defensa del ahora impetrante de tutela no ofreció ni propuso a tiempo de interponer su recurso de apelación en forma oral la prueba documental que pretendió producir en segunda instancia; es decir, el REJAP ni los informes policiales, para que esta sea considerada e incorporada al proceso, lo cual impidió que la autoridad de alzada pueda incorporar válidamente dichas documentales dentro del debate recursivo; en tal virtud, la Vocal demandada explicó fundada y motivadamente que se encontraba imposibilitada de valorar esos medios de prueba, pues ello hubiera implicado desconocer el principio de igualdad procesal y de contradicción, además de alterar las reglas de admisibilidad probatoria en alzada; en consecuencia, no se evidencia que la autoridad judicial haya actuado de manera arbitraria o carente de motivación, sino que respetó las garantías esenciales del debido proceso y las reglas de la correcta valoración probatoria; por tanto, corresponde denegar la tutela solicitada respecto al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, congruencia y tutela judicial efectiva, con relación al presente agravio. iii) Referente a la confiscación del vehículo
Al momento de interponer su recurso de apelación, el demandante de tutela sostuvo que la confiscación de su vehículo, dispuesta por el Juez a quo en su Auto Interlocutorio 102/2023, resultaba improcedente y arbitraria porque vulneraba sus derechos a la presunción de inocencia, a la propiedad privada y a la impugnación; por esta razón, solicitó se revoque dicha determinación; reiterando esta pretensión al momento de formular su petición de explicación, complementación y enmienda. Al respecto, la Vocal demandada señaló que luego de revisar la resolución de primera instancia, no advirtió ninguna disposición que ordene la confiscación del vehículo; motivo por el cual, consideró que dicho aspecto no podía ser objeto de análisis en el recurso de apelación. No obstante, al momento de emitir el Auto de Explicación Complementación y Enmienda, la citada autoridad ratificó la confiscación del vehículo motorizado perteneciente al accionante bajo el argumento que la defensa técnica únicamente había sostenido la improcedencia de dicha medida en la etapa preparatoria, pero había reconocido su viabilidad en ejecución de sentencia; en esa línea concluyó señalando textualmente: “estamos en una etapa preparatoria, cuál sería el medio eficaz para que el juez en la etapa investigativa pueda procederse con el vehículo, o incluir, porque vulneraría el principio de imparcialidad, entonces No Ha Lugar a su complementación, pueden retirarse”. Ahora bien, de la revisión integral de obrados se advierte prima facie que, la autoridad fiscal asignada al caso, a tiempo de presentar la imputación formal, solicitó -entre otros- la confiscación del vehículo marca JAC, color gris, con placa de control 4788 GFD, modelo 2019 (Conclusión II.1); dicho requerimiento fue ratificado por el Juez de instancia mediante Auto Interlocutorio 102/2023 (Conclusión II.2); sin embargo, la Vocal demandada omitió advertir este extremo al momento de emitir el Auto de Vista 231/2023; razón por la cual, no se pronunció de manera fundamentada y motivada sobre el agravio vinculado a la incautación del vehículo; esta omisión constituye una deficiencia sustancial, porque impidió al accionante conocer los argumentos jurídicos y fácticos que justificaban la medida restrictiva de su bien cuestionado en alzada. Sin embargo, al emitir el Auto de Explicación, Complementación y Enmienda, la Vocal demandada ratificó la confiscación del vehículo sin brindar un fundamento jurídico válido, ni una motivación razonada y suficiente que explique las razones de su decisión; la resolución impugnada carece de análisis sobre la proporcionalidad, necesidad y razonabilidad de la medida, así como de la valoración de los elementos probatorios que la sustenten, contraviniendo los estándares de motivación establecidos por la jurisprudencia constitucional; además, la autoridad judicial no precisó la finalidad procesal de la confiscación ni la base normativa que la habilitara durante la etapa preparatoria, lo cual evidencia un incumplimiento del deber de fundamentación y una afectación directa al derecho al debido proceso, a la defensa, a la tutela judicial efectiva y al acceso a una justicia razonada y comprensible; tales omisiones revelan que la decisión adoptada carece de soporte jurídico, impidiendo verificar si la medida se ajusta a los fines legítimos del proceso penal o constituye una restricción arbitraria de los derechos fundamentales del accionante. En virtud de lo expuesto, se concluye que la autoridad judicial demandada no actuó dentro del marco legal, constitucional y jurisprudencial vigente, al emitir una resolución carente de fundamentación jurídica, lógica y probatoria que respalde la ratificación de la medida real de confiscación del vehículo de propiedad del accionante; esta carencia genera inseguridad jurídica y contraviene los principios de motivación, legalidad, congruencia y control jurisdiccional efectivo, que constituyen pilares esenciales de la función jurisdiccional, además que inciden en el derecho a la impugnación que consiste en conseguir un fallo debidamente fundamentado y motivado de la autoridad jerárquica superior; en consecuencia, corresponde conceder la tutela constitucional solicitada respecto al presente agravio, en virtud a la lesión al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, congruencia, tutela judicial efectiva, legalidad y derecho a impugnar; no obstante, se deniega la tutela con relación al derecho a la propiedad privada denunciado por el accionante como lesionado, en razón a que no es evidente que la confiscación a favor del Estado de bienes muebles, dineros y valores, que hayan sido instrumento, medio, producto, resultado o utilizados; y de bienes inmuebles que hayan sido producto o resultado de la comisión de delitos vinculados al tráfico ilícito de sustancias controladas, dispuesta por un juez constituya ser una medida sancionatoria que despoja del derecho propietario a sus titulares, pues a partir de la previsión del art. 53.I de Ley de lucha contra el tráfico ilícito de sustancias controladas -Ley 913 de 23 de marzo de 2017-, esta medida por su carácter instrumental puede ser dispuesta, sin perjuicio de que conforme a lo establecido por el art. 365 del CPP, el Órgano Judicial a tiempo de emitir sentencia condenatoria decida sobre la confiscación conforme a ley.
Corresponde referirse a la actuación de la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; puesto que, de los actuados del proceso se advierte que a tiempo de admitir la presente acción tutelar y disponer la notificación de los terceros interesados, según proveído de 17 de mayo de 2023, cursante a fs. 69, se ordenó que se practique esta diligencia a la representación del Ministerio Público, sin considerar que la jurisprudencia constitucional estableció que esta repartición pública en ningún caso puede ser considerada como un tercero interesado; toda vez que, la misma se constituye en un órgano público al que se le atribuye en el marco del art. 225.I de la CPE, la defensa de la legalidad, además del ejercicio de la acción penal pública; es decir, que los intereses que protege son de índole general y no particular -SCP 0662/2020-S3 de 28 de octubre, citando la SC 1125/2010-R de 27 de agosto, y Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2161/2013 de 21 de noviembre y 0208/2018-S1 de 21 de mayo, entre otras-; ello sin perjuicio de que el Ministerio Público pueda y deba ser escuchado en todo proceso constitucional en el que acuda en dicha calidad; en tal entendido, si bien fue la parte accionante quien identificó al representante del Ministerio Público como tercero interesado, dicho aspecto debió ser corregido y no convalidado por la Sala Constitucional, otorgando a la presente acción tutelar la correcta y apropiada tramitación acorde a la jurisprudencia constitucional. En consecuencia, la Sala Constitucional al denegar la tutela impetrada, no obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 118/2023 de 16 de junio, cursante de fs. 103 a 109 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia, 1º CONCEDER en parte la tutela impetrada, respecto a la denuncia de lesión al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, congruencia, tutela judicial efectiva, legalidad y derecho a impugnar, vinculada al agravio sobre la confiscación del vehículo de propiedad del accionante, disponiendo dejar sin efecto en parte el Auto de Vista 231/2023 de 27 de marzo, y ordenando que la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emita un nuevo pronunciamiento, con base a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, siempre y cuando por el transcurso del tiempo la situación jurídica reclamada no haya sido modificada. 2º DENEGAR la tutela, respecto al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, congruencia, impugnación, tutela judicial efectiva, presunción de inocencia, iura novit curia, pro homine y legalidad, así como del derecho a la propiedad y a la propiedad privada, respecto a los otros agravios expresados en el recurso de apelación del impetrante de tutela. 3º Exhortar a los Vocales de la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que en futuras acciones tutelares que sean de su conocimiento observen la jurisprudencia emitida por este Tribunal con relación a los terceros interesados. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
1 El párrafo 118, señala: “Por otro lado, la Corte destaca que la motivación de la decisión judicial es condición de posibilidad para garantizar el derecho de defensa. En efecto, la argumentación ofrecida por el juez debe mostrar claramente que han sido debidamente tomados en cuenta los argumentos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado rigurosamente, más aún en ámbitos en los que se comprometen derechos tan importantes como la libertad del procesado. Ello no ocurrió en el presente caso. La falta de motivación en las decisiones de la Jueza impidió que la defensa conociera las razones por la cuales las víctimas permanecían privadas de su libertad y dificultó su tarea de presentar nueva evidencia o argumentos con el fin de lograr la liberación o impugnar de mejor manera una prueba de cargo determinante”.
2 El párrafo 107, indica: “El Tribunal recalca que son las autoridades nacionales las encargadas de valorar la pertinencia o no del mantenimiento de las medidas cautelares que emiten conforme a su propio ordenamiento. Al realizar esta tarea, las autoridades nacionales deben ofrecer la fundamentación suficiente que permita a los interesados conocer los motivos por los cuales se mantiene la restricción de la libertad (…)”. Del mismo modo, el párrafo 117, subraya: “De igual forma, ante cada solicitud de liberación del detenido, el juez tiene que motivar aunque sea en forma mínima las razones por las que considera que la prisión preventiva debe mantenerse (…)”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1086_2025-S3.pdf · páginas 1 a 24.
Huella digital del PDF (SHA-256): 85c434887fb0bb8bee67423a8d06d2038c6e043f6e34675a23c1901cc0e1ea63
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →