Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 4 de septiembre de 2025
Concede la tutela
El accionante considera lesionados sus derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento de celeridad, verdad material e igualdad de las partes, alegando que la Jueza de Instrucción Penal Tercera de Quillacollo del departamento de Cochabamba ahora demandada, suspendió la audiencia de consideración de salida alternativa de procedimiento abreviado alegando que no fue remitida el acta de la apelación incidental de medidas cautelares. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para tal efecto, se analizarán los siguientes temas: a) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho; b) El principio de celeridad en las actuaciones procesales sobre medidas cautelares; c) Trámite del procedimiento abreviado; y, d) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 4/2023 de 29 de marzo, cursante de fs. 16 a 18, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de Quillacollo del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, conforme a los fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional, con la aclaración que no se dispone la libertad del accionante.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1086/2025-S1 Sucre, 4 de septiembre de 2025 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 54776-2023-110-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 4/2023 de 29 marzo, cursante de fs. 16 a 18, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Ángel Bascopé Lazo contra María Teresa Apaza Paz, Jueza de Instrucción Penal Tercera de Quillacollo del departamento de Cochabamba.
Mediante memorial presentado el 28 de marzo de 2023, cursante de fs. 2 a 4 vta., el accionante expresó lo siguientes argumentos de hecho y de derecho:
Señala que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de Violencia Familiar o Doméstica previsto y sancionado por el art. 272 bis del Código Penal (CP), se señaló audiencia de consideración de salida alternativa de procedimiento abreviado el 28 de marzo de 2023, a horas 16:30, para considerar la referida salida alternativa; sin embargo, María Teresa Apaza Paz, Jueza de Instrucción Penal Tercera de Quillacollo del departamento de Cochabamba -ahora demandada-; sin causa justificada suspendió la audiencia siendo que ésta salida alternativa viene vinculada al derecho a la libertad, bajo el argumento ilógico de que está pendiente el acta de apelación de medidas cautelares la cual incluso ya fue resuelta, pero la autoridad demandada indicó “…que no tiene esa documental y que por ese motivo sería razón suficiente para suspender…” (sic). Precisó que, el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP) establece: “La resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos (72) horas...” (sic), incluso siendo posible llevarse a cabo una nueva cesación antes de la resolución de apelación, lo cual queda plenamente establecido en el Código de Procedimiento Penal y la jurisprudencia -se entiende constitucional-; además de esto, afecta el fondo del proceso en cuanto a la finalidad del procedimiento abreviado, no siendo causal de suspensión la apelación de la audiencia de medidas cautelares, lo que deviene en un fundamento ilegal e indebido que vulnera el derecho a la libertad del impetrante de tutela.
El impetrante de tutela considera lesionados sus derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento de celeridad, verdad material e igualdad de las partes; citando al efecto los arts. 23.I, 115.I, 125 y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, exhorte a la autoridad jurisdiccional demandada, observe el principio de celeridad y el valor de la libertad a fin de que no vuelva a reiterar actos dilatorios.
Celebrada la audiencia virtual el 30 de marzo de 2023, según consta en el acta cursante a fs. 15 y vta., se produjeron los siguientes actuados:
El peticionante de tutela, a través de su abogado, en audiencia ratificó los argumentos expuestos en su demanda tutelar y ampliando sus fundamentos, señaló que: a) El motivo de la acción tutelar es que no se puede suspender donde solicta una salida alternativa y sanciones alternativas en libertad en base una apelación de medida cautelar que no tiene efecto suspensivo “…para aceptar o negar de llevar a cabo la audiencia, no siendo esta una causal de suspensión, más aun tomándose en cuenta que la decisión que se toma es para determinar la libertad de una persona…” (sic), las salidas alternativas merecen prioridad y se debe tomar en cuenta por el art. 115 de la CPE con relación a una justicia pronta y oportuna sin dilataciones; y, b) Solicitó se le conceda la tutela y se ordene que se lleve a cabo la audiencia de procedimiento abreviado dentro de las veinticuatro horas, más aun cuando la fiscalía presentó una solicitud de la referida salida alternativa y dicha audiencia ha sido suspendida tres veces.
María Teresa Apaza Paz, Jueza de Instrucción Penal Tercera de Quillacollo del departamento de Cochabamba, mediante informe escrito presentado el 29 de marzo de 2023, cursante a fs. 13 y vta., informó lo siguiente: 1) El accionante solicitó audiencia de procedimiento abreviado, misma que se suspendió a solicitud del prenombrado, fijándose audiencia para el 28 de marzo de 2023, a horas 16:30, misma que se no se llevó a cabo, ya que por informe de la secretaría de su Juzgado dio cuenta “… que hasta ese momento NO fue devuelto el cuaderno de APELACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES de la Sala Penal 3ra. Interpuesta por la defensa…” (sic); 2) La remisión del Auto determinará “PROCEDENTE O IMPROCEDENTE” esa apelación y por esa falencia la autoridad demandada suspendió dicha audiencia hasta conocer sobre el Auto de Vista de la Sala Penal, a esa decisión el abogado del accionante interpone el recurso de reposición para que se modifique esa decisión y se lleve a cabo la audiencia; por lo cual la Jueza demandada emitió el Auto de 28 de marzo de 2023, donde la prenombrada mantiene la decisión asumida hasta conocer la resolución del ad quem, al existir y con la existencia “…DE UN ACTUADO IMPORTANTÍSIMO PENDIENTE QUE ES EL DE CONSIDERAR LA AUTORIDAD AD-QUEN SOBRE EL PRESUPUESTO MATERIAL Y PRESUPUESTO PROCESAL DE LA RESOLUCIÓN DEL A-QUO, DETERMINADO LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA, O EN SU CASO LA NULIDAD DEL AUTO APELADO…” (sic).
Raúl Fernando Ureña Illanes, Fiscal de Materia, señaló que después de escuchar la exposición del abogado del ahora demandante de tutela y de la revisión del memorial de la acción tutelar, no se advierte cual derecho y garantía constitucional se ha vulnerado, si bien es evidente que existe un procedimiento abreviado que se suspendió en varias oportunidades con argumentos diversos, sin embargo no hay ningún derecho que se haya vulnerado por lo que solicitó que se rechace la presente acción tutelar. 1.2.4. Resolución El Tribunal de Sentencia Penal Segundo de Quillacollo del departamento de Cochabamba, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 4/2023 de 29 de marzo, cursante de fs. 16 a 18, concedió la tutela solicitada, disponiendo que en el plazo de cuarenta y ocho horas se señale nueva fecha para la consideración de la salida alternativa de procedimiento abreviado, y sin costas por ser excusable; fundamentando lo siguiente: i) El impetrante de tutela denuncia que denuncia la vulneración de sus derechos, que la autoridad demandada con su actuar habría suspendido la audiencia de procedimiento abreviado con el argumento ilógico, que estaría pendiente el acta de apelación de medidas cautelares, la cual estaría resuelta con un “RECHAZO”; empero, no se tendría la documentación y que ese motivo sería suficiente para suspender la prenombrada audiencia; y, ii) A este efecto se debe entender que la suspensión de ese acto procesal que fue señalado para el 28 de marzo de 2023, por los motivos antes mencionados “…NO CORRESPONDE TODA VEZ QUE LA APELACIÓN INCIDENTAL PLANTEADA por la parte acusada en su momento, NADA TIENE QUE VER CON EL FONDO MISMO DEL PROCESO…” (sic), más aún si el procedimiento abreviado es una salida alternativa que busca finalizar el proceso penal con anticipación, en el cual el ahora demandante tutela acepta de manera expresa y voluntaria los hechos, por lo cual renuncia a ser juzgado dentro de un juicio oral, público, continuo y contradictorio, con el objetivo de recibir una pena mínima, es por tal que los plazos y etapas procesales se acortan, por el cual la ausencia de esta resolución de la autoridad ad quem de ninguna manera tiene incidencia.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: II.1. Cursa informe de 29 de marzo de 2023, presentado dentro de la presente acción de libertad por María Teresa Apaza Paz, Jueza de Instrucción Penal Tercera de Quillacollo del departamento de Cochabamba -ahora demandada- (fs. 13 y vta.).
El accionante considera lesionados sus derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento de celeridad, verdad material e igualdad de las partes, alegando que la Jueza de Instrucción Penal Tercera de Quillacollo del departamento de Cochabamba ahora demandada, suspendió la audiencia de consideración de salida alternativa de procedimiento abreviado alegando que no fue remitida el acta de la apelación incidental de medidas cautelares. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para tal efecto, se analizarán los siguientes temas: a) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho; b) El principio de celeridad en las actuaciones procesales sobre medidas cautelares; c) Trámite del procedimiento abreviado; y, d) Análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0755/2018-S2 de 8 de noviembre, asumió el siguiente razonamiento:
La Constitución Política del Estado en su art. 23, establece que toda persona tiene derecho a la libertad física, como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo por constituir un derecho inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima con el propósito que este derecho, goce de protección especial cuando se pretenda lesionarlo o esté siendo amenazado de lesión. A ese efecto, la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una lesión a producirse o correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida.
Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, el que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del que se encuentra el hábeas corpus instructivo, que se admite cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado con el derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos; debiendo ser tramitados, resueltos -SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-.
Con ese razonamiento, toda autoridad judicial que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad 1El FJ III.1.1, señala: “Para la procedencia del hábeas corpus reparador es decisivo que se haya configurado una situación de privación de libertad física ilegal inobservando las formalidades esenciales, por ejemplo una detención ejecutada sin orden escrita, o resuelta por autoridad incompetente (…)”.
El FJ III.1.2, menciona: “El hábeas corpus procede como un medio preventivo, cuando la detención aún no se ha producido pero puede presuponerse que la misma es inminente, en tanto que la amenaza pueda demostrarse positivamente (…)”.
El FJ III.1.3, determina: “El hábeas corpus denominado correctivo, protege al detenido de aquellas condiciones que agravan en forma ilegítima la detención, violando su condición humana. A través de este recurso, se garantiza el trato humano al detenido, establecido en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos. La base legal de este tipo de hábeas corpus, la encontramos en el art. 89 de la LTC, que amplía los alcances protectivos de esta garantía, al referirse a otras `violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas…´. Conforme a esto, una de las formas en que se manifiestan estas violaciones vinculadas a la libertad, está la referida al agravamiento ilegal de la situación del detenido o condenad (…)”.
2El FJ III.5, refiere que: “El primer (instructivo); hace referencia a los supuestos, en que el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida, fundamentalmente en los casos de desaparición forzada de personas, y tiene como objeto identificar el paradero de la víctima, disponer su libertad e individualizar a los autores del hecho, garantizándose el derecho a la vida y también el derecho a la integridad física.
Este hábeas corpus, ahora está previsto en el art. 125 de la CPE, cuando hace referencia a los casos en los que la persona considere que su vida está en peligro. Esta ampliación es coherente con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en la Opinión Consultiva OC-8/87 de 30 de enero de 1987, al absolver la consulta formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a la interpretación de los arts. 25.1 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación a la última frase del art. 27.2 de dicha Convención, que enumera los derechos que no pueden suspenderse durante los estados de excepción; estableció que, la función del hábeas corpus es esencial como: `…medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes´ (…)
Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.
posible, o cuando menos, dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa otorgar o dar curso a la petición en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud efectuada con la adecuada celeridad.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0142/2018-S2 de 30 de abril -entre otras-, asumió el siguiente razonamiento: Respecto a la celeridad con la que deben actuar los administradores de justicia, corresponde indicar que el art. 178.I de la CPE, deja establecido que: “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos”; a su vez, el art. 180.I de la misma Norma Suprema, determina que: “La jurisdicción ordinaria, se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad (…) eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez”; disposiciones que se encuentran en concordancia con lo previsto en el art. 30 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010-; pues, el principio de celeridad comprende la agilidad en la tramitación de los procesos judiciales, procurando que su desarrollo garantice el ejercicio oportuno y rápido de la administración de justicia.
En cuanto a la aplicación del principio de celeridad exigida a toda autoridad judicial, que asuma conocimiento de una solicitud de cesación de la detención preventiva de una persona privada de libertad, debe ser entendido como la actividad procesal que tiene por finalidad realizar las diligencias judiciales con la prontitud debida, dejando de lado cualquier posibilidad que implique demora en el desarrollo y continuidad del proceso; debiendo entender que la tardía atención a una petición formulada al juez, que involucre un derecho fundamental, afecta no solo el debido proceso, sino también, la seguridad jurídica, más aún, tratándose del derecho a la libertad que se encuentra restringido por una medida cautelar, como es la detención preventiva. Sobre el particular, la jurisprudencia desarrollada por la SC 0224/2004-R, en el Fundamento Jurídico III.1, sostiene que:
…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud. Entendimiento reiterado en las SSCC 1213/2006-R de 1 de diciembre y 0900/2010-R de 10 de agosto, entre otras.
Por consiguiente, debe entenderse, que si bien la privación de libertad fue dispuesta por orden judicial, esta determinación no es indefinida, tiene límites en el tiempo y sobre la base del cumplimiento de requisitos que están expresamente previstos en la ley, de manera que cuando un procesado solicita la cesación de su detención preventiva, habiendo cumplido tales condiciones y el juez o tribunal no responde dentro de plazo a la pretensión efectuada, la privación se convierte en una detención indebida, razonamiento expresado en la SC 0862/2005-R.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0040/2018-S2 de 1 de abril, asumió el siguiente razonamiento: El Código de Procedimiento Penal establece la procedencia del procedimiento abreviado, así como su trámite y resolución; en ese sentido, el art. 373 del referido cuerpo legal, modificado por la Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal -Ley 586 de 30 de octubre de 2014-, dispone:
Artículo 373º.- (Procedencia).
I. Concluida la investigación, la o el imputado la o el Fiscal podrá solicitar que se aplique el procedimiento abreviado; en la etapa preparatoria ante la o el Juez de Instrucción conforme al Numeral 2 del Artículo 323 del presente Código; y en la etapa de juicio hasta antes de dictarse sentencia, tanto en el procedimiento común como en el inmediato para delitos flagrantes. II. Cuando la solicitud sea presentada por la o el Fiscal, para que sea procedente deberá contar con la aceptación de la o el imputado y su defensor, la que deberá estar fundada en la admisión del hecho y su participación en él.
III. En caso de oposición fundada de la víctima o que el procedimiento común permita un mejor conocimiento de los hechos, la o el Juez podrá negar la aplicación del procedimiento abreviado.
IV. La existencia de varios imputados en un mismo procedimiento, no impedirá la aplicación de estas reglas a alguno de ellos.
Así, el art. 374 del CPP, dispone que la solicitud de procedimiento abreviado debe ser resuelta en audiencia oral, en la que el juez escuchará al fiscal, al imputado, a la víctima o al querellante, previa comprobación de:
1) La existencia del hecho y la participación del imputado.
2) Que el imputado voluntariamente renuncia al juicio oral ordinario, y, 3) Que el reconocimiento de culpabilidad fue libre y voluntario.
De acuerdo a la jurisprudencia constitucional contenida, entre otras, en la SC 1659/2004-R de 11 de octubre, en la solicitud de procedimiento abreviado, es necesario exhibir todos los elementos probatorios que generen en la autoridad judicial, la plena convicción que los hechos se suscitaron tal y como los presentó la autoridad fiscal encargada de la investigación; por lo que, no basta con solo presentar el acuerdo del imputado y su defensor. Por otra parte, la SC 1075/2005-R de 12 de septiembre, expone que el rechazo a la salida alternativa no es discrecional, sino, que debe 4El FJ III.1, señala: “Con relación a la aplicación de esta salida alternativa, es necesario señalar, que la solicitud de procedimiento abreviado, contiene implícitamente una acusación formal, en la que se solicita la pena requerida; por ello, es necesario presentar junto a la misma, todos los elementos probatorios, expresando lo que se pretende demostrar con cada uno de éstos; por lo que no es suficiente contar con el acuerdo del imputado y su defensor, fundado en la admisión del hecho y su participación en él a que hace referencia el art. 373 del CPP; en razón de que este procedimiento está sustentado en el principio de legalidad y de la verdad real, no pudiendo esta última ser reemplazada por la verdad consensuada entre las partes; consiguientemente, es imprescindible generar en el Juez la plena convicción de que los hechos se suscitaron tal y como presentó o relacionó el Fiscal encargado de la investigación y demostrados en audiencia, porque ello determina que esta autoridad acepte el procedimiento abreviado, en cuyo caso, la Sentencia se fundará en el hecho admitido por el imputado, o en su defecto, rechace el mismo, cuando ha percibido insuficiencia de elementos que le impidan dictar Sentencia sin causar agravio al acusado, cuando exista oposición fundada de la víctima o por haber llegado a la conclusión de que el procedimiento común permitirá un mejor conocimiento de los hechos; quien inclusive, podrá determinar la absolución del sindicado ante la ausencia de pruebas o porque éste no tiene responsabilidad en el hecho. (…)
…el 374 del mismo cuerpo legal le faculta a la autoridad judicial, a comprobar la existencia o realización de determinados actos procesales y el cumplimiento de los requisitos exigidos por ley al determinar que 'En audiencia oral el juez escuchará al fiscal, al imputado, a la víctima o al querellante, previa comprobación de:
1. La existencia del hecho y la participación del imputado.
2. Que el imputado voluntariamente renuncia al juicio oral ordinario, y,
3. Que el reconocimiento de culpabilidad fue libre y voluntario´” (las negrillas son agregadas).
5El FJ III.3, indica: “De la previsión del art. 373 del CPP y de la jurisprudencia glosada queda claro que el juez puede rechazar el procedimiento abreviado, sin embargo el rechazo de ningún modo es discrecional sino está sometido a la ley y sólo se puede dar en los siguientes casos: 1) cuando ha percibido insuficiencia de elementos que le impidan dictar Sentencia sin causar agravio al acusado; 2) cuando exista oposición fundada de la víctima; y 3) por haber llegado a la conclusión de que el procedimiento común permitirá un mejor conocimiento de los hechos. Tanto en la aceptación como en el rechazo del procedimiento abreviado en cualquiera de los casos referidos líneas arriba la resolución debe estar debidamente fundamentada, conforme exige el art. 124 del CPP con criterios objetivos, expresando los motivos de hecho y de derecho en que basa su decisión y el valor otorgado a los medios de prueba, pues sólo de ese modo la autoridad judicial podría argumentar por ejemplo que la calificación de los hechos acordada entre la víctima y el fiscal no es la correcta, que no lo es el quantum de la pena que pueda emerger de esa calificación o también que existen elementos de convicción que hacen presumir la existencia de una autoincriminación”.
estar sometido a la ley, y que en todo caso, tiene que estar expresado en una resolución debidamente fundamentada. Cabe señalar, que si bien el art. 373.III del CPP antes citado, solo anota dos causales para el rechazo del procedimiento abreviado, como son: la oposición fundada de la víctima o que el procedimiento común permita un mejor conocimiento de los hechos; la jurisprudencia contenida en la SC 1075/2005-R antes glosada, incluye el supuesto de insuficiencia de elementos que le impidan dictar sentencia, sin causar agravio al acusado; supuesto que se presentaría, en los casos en los que no se pudo comprobar la renuncia voluntaria al juicio ordinario o que el reconocimiento de culpabilidad fue libre y voluntario, que son requisitos para la procedencia del procedimiento abreviado. Ahora bien, por la relevancia del tema en el análisis del caso, es necesario hacer referencia a la causal de rechazo del procedimiento abreviado, referida a la oposición fundada de la víctima a aceptar el procedimiento abreviado; la cual, debe contener los suficientes argumentos que permitan generar en el juzgador duda en su aplicación, en sentido que en el proceso común, se podrá tener un mejor conocimiento de los hechos, ya sea porque existen más partícipes o una inadecuada calificación jurídica o insuficiente fundamentación sobre el quantum -cantidad- de la pena solicitada, entre otros aspectos, que podría alegar la víctima; pues, en todo caso, no corresponde al juez o tribunal censurar las causas de la oposición, las cuales podrán ser o no aceptadas por la autoridad judicial. Entendimiento que está contenido en la SCP 0233/2016-S1 de 18 de febrero, en cuyo Fundamento Jurídico III.2, señala:
De manera particular, la víctima o el querellante, conforme el tercer parágrafo del art. 373 del CPP, podrá plantear su oposición fundada a la aplicación del procedimiento abreviado, derecho que debe ser respetado y garantizado durante la tramitación del referido mecanismo de descongestionamiento procesal; pues la víctima o querellante puede ejercerlo por todos los medios legales previstos, una vez tenga conocimiento de la pretensión del imputado a la aplicación de la salida alternativa y del contenido del requerimiento conclusivo formulado por parte del Fiscal de Materia; además del derecho de participar en la audiencia a ser señalada por el juez contralor para el trámite y resolución de procedimiento abreviado. De modo que establecer limitaciones a este derecho de oposición, significaría vulnerar el derecho que tiene la víctima de oponerse a tal pretensión; entendido como la posibilidad a expresar su disconformidad con una petición, la que puede ser aceptada o no por el juzgador. En este contexto, si los fundamentos de la autoridad fiscal y del imputado no convencen al juzgador de la pertinencia del procedimiento abreviado, o si la oposición fundada de la víctima generó duda en la autoridad judicial respecto a su aplicación, la misma podrá rechazar el procedimiento abreviado a través de una resolución debidamente fundamentada, que contenga argumentos razonables; aclarándose, que una decisión de rechazo que se base en el incumplimiento de la reparación del daño causado, no resulta razonable; puesto que, por una parte, ese aspecto no está previsto entre los requisitos del art. 373 del CPP; y por otra, en caso de declararse procedente el procedimiento abreviado, se emitirá la sentencia condenatoria y la víctima tendrá expedita la vía para reclamar la reparación del daño, mediante el procedimiento establecido en los arts. 382 y siguientes del CPP.
El accionante considera lesionados sus derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento de celeridad, verdad material e igualdad de las partes de alegando que la Jueza de Instrucción Penal Tercera de Quillacollo del departamento de Cochabamba ahora demandada, suspendió la audiencia de consideración de salida alternativa de procedimiento abreviado, alegando que no fue remitida el acta de la apelación incidental de medidas cautelares.
En ese entendido, la autoridad demandada mediante informe escrito manifestó que no se vulneró los derechos y garantías constitucionales del accionante; todas vez que, la audiencia señalada para el 28 de marzo de 2023, fue suspendida; puesto que, el acta de apelación de medidas cautelares no fue remitida por parte de la Sala Penal, siendo que es un actuado importante y era necesario conocer si dicha resolución declaraba procedente o improcedente el recurso de apelación incidental; por ese motivo la autoridad ahora demandada suspendió la mencionada audiencia (Conclusión II.1).
Con estos antecedentes, del análisis de lo referido en la audiencia de consideración de la presente acción tutelar, el informe de la autoridad demandada y de la jurisprudencia desarrollada por el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional, se tiene que el art. 373 del CPP, regula que el juez tiene plena facultad para aceptar la aplicación del procedimiento abreviado, cuando la solicitud sea presentada por la o el Fiscal, que deberá contar con la aceptación de la o el imputado y su defensor, la que deberá estar fundada en la admisión del hecho y su participación en él; de la misma manera, se establece que el Juez puede analizar la solicitud del Ministerio Público, y si después de un análisis considera que el desarrollo del juicio oral le permitiría tener una mayor convicción de los hechos, puede rechazar tal petición, a través de un Auto Interlocutorio debidamente fundamentado, en el marco de lo establecido en el art. 124 del CPP; por lo que, en ese sentido la causal de suspensión de la prenombrada audiencia, carece de justificación ya que la ausencia o la falta de remisión del acta de apelación incidental no es causal suficiente para la suspensión de la audiencia de consideración de procedimiento abreviado, en ese contexto la autoridad ahora demandada incurrió en una dilación injustificada, innecesaria e indebida, correspondiendo conceder la tutela impetrada en la modalidad de pronto despacho, de acuerdo a los Fundamentos Jurídicos III.1 y III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que refiere que toda autoridad que tenga conocimiento de una petición en la cual se involucre el derecho a la libertad física o personal, debe tramitarla con la mayor celeridad posible; caso contrario, ésta genera lesiones a los derechos fundamentales.
El entendimiento antes referido, concuerda con los arts. 326.I y 328.II del CPP modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, los cuales indican que estas solicitudes -salidas alternativas- deben atenderse con carácter prioritario frente a otras; no obstante, resulta oportuno subrayar que lo referido no implica que la petición debe ser solucionada positiva o negativamente, sino únicamente resuelta o tramitada con inmediatez, conforme a derecho y en aplicación del principio procesal de celeridad previsto en el art. 180.I de la CPE; por lo que, corresponde conceder la tutela solicitada, con la expresa aclaración que no se analizó el fondo de la situación jurídica; tampoco corresponde disponer la libertad del ahora accionante, la que debe ser considerada por la autoridad demandada, además aplicando un juzgamiento con perspectiva de género al existir en el presente caso una víctima en situación de vulnerabilidad.
En consecuencia, el Juez de garantías al conceder la tutela solicitada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 4/2023 de 29 de marzo, cursante de fs. 16 a 18, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de Quillacollo del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, conforme a los fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional, con la aclaración que no se dispone la libertad del accionante. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
3 El FJ III.2, refiere que: “…el tratamiento que debe darse a las solicitudes en la que se encuentre de por medio el derecho a la libertad, entre ellas, la cesación de la detención preventiva, debe tener un trámite acelerado y oportuno, pues de no hacerlo podría provocarse una restricción indebida de este derecho, cuando, por un lado, exista una demora o dilación indebida en su tramitación y consideración, o en su caso, cuando existan acciones dilatorias que entorpezcan o impidan que el beneficio concedido pueda efectivizarse de inmediato, dando lugar a que la restricción de la libertad se prolongue o mantenga más de lo debido”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1086_2025-S1.pdf · páginas 1 a 12.
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